Desde el impacto que produce sobre el empleo la uberización de la economía, a la desestructuración de nuestra agricultura exportadora por obra de la precipitada negociación europea, estamos presenciando cómo la proximidad emerge como poder capaz de articular soluciones adecuadas a los problemas concretos y reales de la ciudadanía frente a estos procesos.

Sin embargo, el portavoz de la ciudadanía española legitimado ante Europa es el Estado, y esto ya sabemos que ha producido no pocas distorsiones en la elección de las prioridades puesto que la lógica centralista ha impregnado la política energética, la de infraestructuras, la política comercial, e incluso la atención humanitaria a los refugiados. Resulta evidente que la apertura de canales de participación a comunidades autónomas, municipios y personas no suponen más que mero cumplimiento de obligaciones formales.

Esto difícilmente se sostiene dada la evolución que estamos viviendo. Por una parte, constatando que nuestros municipios ya no son el simple ámbito de gestión de las necesidades más básicas (asfaltado, alumbrado, limpieza), o de mera ejecución delegada de decisiones de otras esferas de gobierno supramunicipales (infraestructuras), sino que - por efecto de los resultados de las elecciones de mayo de 2015- han pasado a ser los verdaderos escenarios de transformación y cambio en un contexto marcado por la crisis global y las políticas de austeridad.

Por otra parte, los territorios reivindicamos nuestra importancia y reclamamos la financiación que nos corresponde, porque es un hecho constatado que los gobiernos y administraciones regionales, -y esto es denominador común en otros estados miembros- sobrellevan la carga de la gestión del Estado de Bienestar clásico -sanidad, educación y servicios sociales- y, también, la durísima gestión medioambiental de protección del suelo y los recursos naturales. Por tanto sin nuestra participación directa, difícilmente podrá editarse un nuevo Estado de Bienestar basado en la solidaridad, la sostenibilidad y la mirada de género.

Las elecciones europeas no pueden pasar por alto estos procesos territoriales. Como la València de Joan Ribó, muchas otras ciudades pasaron a ser gobernadas por nuevas fuerzas políticas surgidas de distintos movimientos sociales, con propuestas de renovación de gran alcance, a veces no estrictamente institucionales, en temas como la garantía de la vivienda social y la protección frente a los desahucios, el acceso a los recursos energéticos, los nuevos desarrollos urbanos sostenibles, los desafíos de la movilidad urbana, o los proyectos de economía colaborativa.

Dinámicas que han dado madurar nuestros proyectos urbanos y permiten, tras las elecciones municipales, enfrentarnos a una segunda fase de gobernanza municipal en la que de forma natural esas personas que ahora han comprobado cómo Europa y la globalización determina sus vidas, seguirán avanzando para ocupar su espacio político.

Ya no vale seguir arguyendo el manido dogma del “déficit democrático europeo”, como expresión de desaliento ante una estructura institucional compleja que nos aboca a una inevitable relación fatal entre ciudadanos e instituciones europeas. Al contrario, ahora toca un empoderamiento de ciudadanos, ayuntamientos, pymes y regiones en un mejor conocimiento de los procesos de toma de decisión europeos, que permita una participación proactiva y continuada, y no sólo reactiva y episódica, como ocurrió hace unos años en los casos de abusos urbanísticos.

Sólo así se puede compensar la negativa evidencia de que el Estado español, desde su legitimidad de intermediario, se ha venido dedicando a trasmitir relatos incompletos o distorsionados, como parece que ha sucedido con el Comisario de Agricultura Paul Hogan. Evidentemente no ha sido sólo eso, pero no deja de poner de manifiesto la importancia de la complementariedad, del acompañamiento y del seguimiento directo de nuestros intereses junto al trabajo que desarrolle el estado.

Las Comunidades Autónomas no podemos esperar a que el Comité de las Regiones aumente sus competencias, tal como plantea la reforma institucional de Picketty. En estas elecciones nos encontramos realmente frente a una oportunidad para todos estos actores tan decisivos y tan ausentes.

Es cierto que contamos con herramientas de participación y transparencia como las Iniciativas Ciudadanas, el Derecho de Petición, incluso y sobretodo el uso del lobbismo por parte de la municipalidad y las ong´s que se muestran realmente democráticas y funcionales, aunque minoritarias. Precisamente en estos días, gracias a plataformas municipalistas promovidas desde Cádiz, Barcelona y Amsterdam, se ha logrado frenar en seco ante la Comisión el enésimo intento de reforma de la denostada Directiva Bolkenstein (¿la recuerdan?). La reforma de esta Directiva, ya en su día polémica, pretendía ahora otorgar a la Comisión el poder de veto sobre cualquier normativa municipal reguladora de servicios básicos que no satisficieran el Mercado Único Interior. Esto hubiera supuesto que la regulación del suministro del agua, de la gestión de los residuos o de los centros de cuidado de los menores, por poner algunos ejemplos, pudieran ser paralizadas en sede europea.

Toca mayor presencia de las regiones, toca posicionarse, toca por ejemplo conocer qué sucederá a nivel institucional si finalmente Reino Unido abandona el club. Para ello se necesitan fuerzas políticas que representen los intereses de la periferia como #CompromisoporEuropa. Algunos Estados Miembros como los Países Bajos ya han programado estrategias nacionales para ocupar los posibles espacios representativos, pero no sabemos qué evaluación estará haciendo nuestro estado ante esta eventualidad. ¿Seguirá ausente, como de costumbre?

En este contexto el bloque verde europeo, en el que se ubica la coalición Compromiso por Europa, se encuentra en fase ascendente y esto es así precisamente por la nítida y generalizada comprensión de la urgencia en la transición del modelo productivo, y con ello del relanzamiento del Estado de Bienestar en torno a un New Green Deal bien anclado en las periferias. Es éste un cambio progresista que no puede silenciarse por la preocupación frente al acecho del neofascismo. Es la nueva oportunidad que da Europa al Mediterráneo, con el régimen electoral actual, para proyectarnos en el mundo y para fortalecer Europa con la energía y los valores de los territorios periféricos que representa nuestra coalición.

*Myriam Fernández Herrero, candidata a las Elecciones Europeas 2019 por Compromiso por EuropaCompromiso por Europa

La exportación de nuestros valores y de nuestra gestión transparente se ha iniciado ya. Lo hicimos con nuestra entrada en el Congreso, y ahora cruzaremos las fronteras. Y así es desde el momento que la propia Comisión ha puesto blanco sobre negro, cómo nuestro sistema de lucha contra el fraude es de los más avanzados y eficaces en toda Europa.

Queremos seguir trasladando nuestras experiencias, también en el ámbito de la dignificación social y de la igualdad laboral y salarial de las mujeres y de otros sectores discriminados por razón de su orientación sexual. Hemos hecho frente a la brecha salarial de las empleadas de hogar, al reconocimiento y compensación de los salarios en los servicios sociales públicos también altamente feminizados y precarizados, a la problemática de las kellys del sector turístico. Todos ellos sectores laborales femeninizados y enquistados en sus reivindicaciones desde hacia décadas. Pero también abordamos la explotación, laboral y sexual, de otros sectores en crecimiento, cero sostenibles y con condiciones socialmente insoportables, como son las mujeres inmigrantes dedicadas a las tareas agrícolas, o la situación de quienes ejercen la prostitución en un marco de explotación y desprotección absolutas.

Por fin ha habido una aproximación feminista, un análisis de problemas clásicos con miradas nuevas. Compromís ha sabido entender las disfunciones ocultas de una sociedad que depende de los cuidados -familiares y profesionales- pero que no se quería autorreconocer como tal.

La brecha social y de género existe y ha de ser combatida con todos los recursos institucionales a nuestro alcance. En esta línea se sitúa otra de las propuestas que quisiera llevar al Europarlamento, y que concierne directamente al ámbito de la Educación y a la activación de la población entre 20 a 29 años, en un momento en el que el ascensor social se ha parado, se han truncado las expectativas de mejora intergeneracional, y no acabamos de hacer un diagnóstico suficientemente claro de cómo todo esto se combina con una sociedad progresivamente envejecida.

Quiero por ello prestar atención a una medida aparentemente sencilla en su diseño y aplicación, pero enormente potente en sus efectos. Me refiero a la universalidad del acceso al Programa Erasmus que hasta ahora era más conocido como una beca, preferentemente universitaria, para el turismo y a ser posible la formación.

Más de un millón de bebes nacidos en parejas Erasmus, estudiantes que ya no volvieron a sus países de origen, que levantaron empresas prósperas, e incluso llegaron a ser concejales de movilidad geniales en alguna gran ciudad! ... Muchas son las anécdotas que hemos ido coleccionando, a lo largo de treinta años de vida de esta experiencia única de intercambio intercultural. Pero lo cierto, e importante, es que una gran parte de nuestros jóvenes no ha podido conocer la apertura de horizontes mentales, laborales y emocionales que permite este programa, y ello debido a motivos pura y duramente económicos.

Convencidos de que las diferencias económicas o sociales no deberían ser un obstáculo para conseguir una educación de calidad. Convencidas del valor que llegaría a tener la igualación de oportunidades de los jóvenes, en relación al servicio educativo público de mayor éxito de la historia de la Unión Europea, estoy segura de que muchas familias suscribirían la posibilidad de facilitar y democratizar este recurso que acelera los procesos de madurez y emancipación de nuestros hijos e hijas.

Europa no puede desarrollarse si no implica y empodera a su juventud para que tenga una participación activa en la vida política y social, ellos y ellas son el fermento de una sociedad democrática.

En estos días asisto a reuniones de trabajo para ir definiendo las prioridades que deberá tener el presupuesto europeo de los próximos siete años, el llamado Marco Financiero Plurianual, en las que buscamos fórmulas de sostenibilidad y mejora de la cohesión social. Observo y van sumándose las evidencias que refuerzan que la universalización real del Programa Erasmus podria ser una gran aportación de Compromís desde el Europarlamento, en el que me encantaría integrarme si los votos así lo deciden.

Coincidiendo con el Comisario Europeo de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, creo que son los jóvenes quienes tienen las ideas más innovadoras, y sobretodo la valentía de poner en práctica nuevas maneras de resolver los problemas. Exactamente lo que ahora necesitamos, para poder transitar hacia el nuevo modelo económico de producción y consumo, que resuelva nuestros urgentes problemas de sostenibilidad.

Estoy convencida de que esta generación formada, consciente y responsable del momento que le toca vivir, va a hacer una gran aportación social. Porque han comprendido mejor que nosotros que este modelo económico se ha agotado, y se preparan para transitar hacia el nuevo, como hizo la sociedad británica en el siglo XIX cuando abolió la esclavitud en plena recesión, para embarcarse a continuación en la Revolución Industrial.

Por eso, porque honestamente creo que los jóvenes representan esa fuerza innovadora y de cambio, y porque nuestro programa electoral busca activar la Economia a base de reconectarla con la Vida, espero que pronto podamos ver un Programa Erasmus Universal en el que todas y todos los estudiantes de Formación Profesional y universitarios disfruten del acceso a una experiencia que cambia el rumbo y revoluciona la vida de las personas, acercándoles a un futuro (laboral y vivencial) mejor, al futuro que desean.

Tras la regresión que supuso el neoliberalismo en Europa, en España, y muy crudamente entre los valencianos y valencianas de la mano de la corrupción institucionalizada por el PP, la aparición del fenómeno Compromís y el cumplimiento de sus promesas ha hecho que el Estado de Bienestar reemerja y permita la redistribución entre todos los ciudadanos de una segunda generación de servicios públicos que ha reverdecido la vida cotidiana de muchas personas gracias al pago de la dependencia, la educación infantil entre 0 y 3 años, la garantía de una escolarización completa gratuita que incluye los libros de texto, y finalmente el compromiso renovado con una sanidad pública de calidad. Una primera etapa dura y fascinante, en la que se ha superado esa desestructuración del sistema público y ha vuelto a ganar en compacidad y potencia.

Sin embargo, la fragilidad de nuestro pequeño mundo no nos va a permitir reeditar de nuevo un Estado de Bienestar basado en el crecimiento económico sin condiciones. Las evidencias científicas y sociales de los límites de este modelo son muchas, y quizá por ello quienes han dado las primeras señales de emergencia hayan sido los más jóvenes, y lo han hecho con inteligencia de mujer.

El modelo que se avecina apunta en la línea que Compromís propugna, basado en los principios feministas de la sostenibilidad. Principios identificables a pie de calle, de sentido común, como la necesidad de volver hacia una consumo lento, local, menor, limpio, no agresivo de los recursos naturales, y de productos con vocación de durabilidad. Un modelo perfectamente viable que eliminaría excesos prescindibles, e introducirá la innovación con nuevos modelos de negocio como la economia colaborativa, sin ventajismos, que en muchos casos podrán ser fórmulas de cohesión social. Y reforzando este proceso además con otro principio de resiliencia feminista, que cada problema (y esto se puede ver bien con la generación de residuos) puede ser siempre una oportunidad para seguir adelante.

La nueva generación de políticas públicas desdibujará la frontera entre la planificación económica y la distribución política de los recursos sociales a la población, porque el modelo productivo tendrá que desenvolverse sí o sí en términos sostenibles, a riesgo de que los logros de las políticas de sanidad por ejemplo, o de protección del territorio se hagan inviables, para cualquier gobierno.

El inminente segundo Botànic está generando un patriotismo social, una conciencia colectiva suficiente como para iniciar ese camino hacia la reversión o adaptación del modelo de producción y consumo. Estamos seguros de que todas las batallas libradas en esta legislatura (la defensa de La Huerta y nuestro Litoral, el Corredor Mediterráneo, la infrafinanciación), han hecho que finalmente los procesos participativos ciudadanos arraiguen con la calidad suficiente como para que herramientas como el planeamiento urbanístico o el diseño de cláusulas de sostenibilidad en la contratación pública incluyan esos cambios, y permitan alinear los objetivos de legisladores, diseñadores de políticas públicas, la industria y la ciudadanía.

En Europa ya hay algunos estados miembros que han abierto los ojos, sus administraciones y a veces sus gobiernos trabajan con velocidad de crucero en las adaptaciones que exige este cambio de modelo económico. El Green New Deal forma parte ya de una fórmula de construcción de lo colectivo que empieza a tener muchas expresiones de éxito tanto en el plano local como en ámbitos estatales. Holanda, Irlanda, Escocia, Francia, Dinamarca, incluso Reino Unido entre otros trabajan ya bajo este paraguas, que es en realidad el modus operandi de Compromís, el del crecimiento entre todos y con todos.

Compromís está claramente en esa mainstream europea. En los grandes movimientos civiles e incluso desde entornos empresariales se ha comprendido, que existe ya suficiente grado de voluntad general entre consumidores/ciudadanos y productores/responsables públicos, que merece la pena explorar para impulsar hacia esa transición. Mientras, la derecha reaccionaria se mueve en debates estériles de cul de sac.

Me gusta pensar al igual que en muchos textos consttucionales internacionales reconoceremos la obligación de legar el patrimonio natural intacto a esta juventud con razón tan preocupada, la cumpliremos, y la desarrollaremos con las nuevas fórmulas democrátcas de protección y gestón.

*Myriam Fernandezi Herrero, politóloga. PhD. Directora general de Financiación y Fondos Europeos. Generalitat Valenciana (2015-2017). Candidata de Compromís en las elecciones europeas 2019

Los años de gobierno de Mariano Rajoy han sido tiempo perdido para la incorporación a nuestro país de las previsiones del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, hecho en Estambul en 2011. Si don Mariano hubiere aparcado su proverbial parsimonia, en éste y en otros temas, tal vez ahora tendríamos un Código Penal adaptado a lo que la moderna conciencia social exige, a saber, que no debe admitirse que se califique el sexo sin consentimiento como un delito aparte más leve, pues esto transmite a la población el erróneo mensaje de que una violación sólo existe cuando se utiliza la violencia. En este deficiente panorama normativo se pronunció la sentencia recaída en el juicio contra “La Manada”, que provocó una ola de indignación tan grande que movió al entonces ministro de Justicia, Rafael Català, a desempolvar la sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación para revisar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal. Como saben, la guinda insultante para nosotras fue enterarnos de que inicialmente esa comisión iba a estar formada exclusivamente por veinte hombres, lo que movió a nuevas protestas hasta que se produjo la incorporación de quince mujeres juristas,

El breve gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de las buenas intenciones declaradas por su Vicepresidenta Carmen Calvo y la predisposición favorable de partidos como Compromís, no ha dispuesto de margen de maniobra para enderezar la situación. De esta manera, las nuevas Cortes Generales que saldrán de las elecciones del próximo 28 de abril habrán de asumir la ineludible tarea de resetear nuestro Código Penal en línea con lo que España suscribió en Estambul y con lo que estamos reclamando desde la calle, porque el sexo impuesto sin consentimiento debe ser delito. ¿O es que no debe castigarse como violación a quien se aprovecha de una persona indefensa a causa de su embriaguez para mantener relaciones sexuales, evidentemente no consentidas? ¿No debería considerarse violación aprovecharse de la parálisis en que muchas veces queda la víctima, incapaz de decir si da o no da su consentimiento, como le pasó a la víctima de La Manada?

Evidentemente la situación de España no es la de Malta, donde los delitos sexuales entran en el capítulo de aquellos que afectan al buen orden de las familias. Tampoco es la de países como Lituania y Bulgaria, donde no se castiga la violación dentro del matrimonio. Pero sigue dejando mucho que desear, sobre todo por las consecuencias prácticas de la aplicación de una legislación ya desfasada por parte de unos integrantes del Poder Judicial cuya formación además en perspectiva de género debería ser mejorada. Si no conseguimos pronto un cambio normativo en España, posiblemente volveremos a pasar el enésimo sonrojo de que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que acabe poniendo las cosas en orden porque nosotros no hayamos querido hacerlo cuando correspondía, que es ya.

*Myriam Fernández Herrero, candidata al Parlamento Europeo en #PrimariesCompromís, directora General de Financiación y Fondos Europeos GVA (2015-2017), doctora en Derecho y Politóloga

En octubre de 2016 toda la prensa valenciana celebró la realidad de una inversión de 30 millones procedentes de la Unión Europea, en forma de Estrategia Urbana Sostenible. El proyecto del Ayuntamiento de València que resultó ganador en la primera convocatoria de Edusi, buscó desde el principio dignificar la zona del Cabanyal-Canyamelar y Cap de França frente a la destrucción planificada.

Tuve la inmensa satisfacción de participar en la Comisión de Valoración que seleccionó los proyectos, y junto con otras veinte personas, representantes de cuatro ministerios diferentes, defender la valía de un proyecto sin precedentes en la ciudad de València.

Nunca, hasta ahora, el Ayuntamiento había apostado tan fuerte por una visión realmente integradora del barrio y de la ciudad. Nunca hasta ahora de forma tan innovadora, integrando la política urbanística, de generación de empleo, de potenciación del pequeño comercio, de sostenibilidad de la movilidad en el barrio, y de aplicación de las nuevas tecnologías a la prestación de los servicios públicos, en torno a un claro objetivo: la dignificación del barrio.

Fue un placer y un honor, apoyada por diversos técnicos de la Generalitat, defender el listón de calidad y las puntuaciones obtenidas, y ello por comparación a otros proyectos de gran envergadura que fueron presentados por municipios de toda España. Pero ninguno, os puedo asegurar, con el peso y la densidad de la inteligencia colectiva que hay en el Cabanyal.

El Govern del Botànic ha construido su ADN sobre la voluntad de vertebrar una estrategia territorial valenciana. Y esto ha permitido que desde el primer momento hayamos diseñado y gestionado políticas que ayudan a reconocer y a hacer más fuertes los lazos entre todos los pueblos y ciudades de la Comunidad. Políticas coherentes que fusionan la triple componente de movilidad sostenible, solidaridad entre las personas e impulso a nuestro potencial económico.

Todo esto ha permitido impulsar en València y en otros municipios proyectos como éste, en el que la gran aportación es la revolución que comporta su forma de gestión: se crea una unidad administrativa especial que es la suma de la concejalías concernidas en las políticas mencionadas, y se “co-diseñan y co- gestionan” las diversas actuaciones que la integran, mediante un proceso de participación pública que puede seguirse en internet. De hecho, el lanzamiento de las Edusi ha ido en cada Ayuntamiento acompañado de una puesta de largo ante todos los actores sociales participantes, ya desde la redacción de la candidatura. Así, el 26 de noviembre del año pasado presentábamos la Edusi de Alicante en los salones de su Ayuntamiento, ante la expectación de todos sus genitores, cerca de 200 personas.

El importe destinado para la Comunitat Valenciana en el Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Sostenible (POCS) fue de 118'616 millones de euros, en la primera convocatoria en la que Valencia, Alicante y otros ocho municipios más lograron ayudas, empujados por el apalancamiento económico aportado por la Generalitat Valenciana. Y otros muchos municipios valencianos han ido obteniendo su oportunidad en la segunda, tercera y sucesivas convocatorias concatenadas, como son las Europe Innovative Action. 

El número de municipios que se ha ido presentando evidencia que un número representativos de más de la mitad de la población valenciana se encuentra ya inmerso en estrategias de captación de financiación europea. Y sólo es el principio. Una vez que un ayuntamiento se lanza a la búsqueda de la financiación europea, y tiene un proyecto colectivo y madurado bajo el brazo, las opciones y convocatorias a su alcance son muy numerosas, y así lo hemos estado trabajando en el Grupo de trabajo de financiación para entidades locales que reuní con regularidad.

Encantada por tanto, de ver cómo se han ido trabando equipos interdisciplinares en el seno de los ayuntamientos dispuestos a implementar las propuestas codiseñadas entre vecinos, funcionarios y agentes económicos y sociales del terreno. Y encantada de comprobar cómo aumenta el entendimiento de los objetivos compartidos en Europa, porque sólo así conseguiremos convencer para lograr nuevas inversiones de financiación europea.

Y felicidades al Alcalde de València, Joan Ribó, por el gran balance que presenta la ciudad en el Año 1de su trabajo de autoorganización y primer impulso de su Edusi.

Myriam Fernández Herrero es doctora en Ciencia Política, especializada en políticas públicas y ha sido  directora general de Financiación y Fondos Europeos de la Generalitat Valenciana entre 2015 y 2017.

Amb la finalitat que tots el territoris avancen al mateix ritme, cap a un estàndard semblant de benestar, en cada període pressupostari (set anys) es defineixen els àmbits en què ha d’invertir cada categoria de regió (més o menys desenvolupada) i els instruments que hauran d'utilitzar-se per fer arribar eixe finançament als benefiaris. És en eixe moment quan s'obrin els debats entre els estats sobre com produïr un major apalancament de les inversions: dirigir-les a la gran empresa o a les pymes?, al sector de l'energia o infraestructures de transport?, canalitzar-les via entitats publiques regionals o estatals?, donar major o menor coparticipació a les entitats financeres en eixe exercici de distribució i redistribució?, i tants altres apassionants i decisius aspectes que acaben acotant les proporcions de cada quota (la variable i la fixa), i les condicions. Importa quant, i importa sobretot com, perquè per la UE l'objectiu ùltim és articular les societats, les administracions i les economies.

Per exemple, a principis del milenni (període UE 2000-2006 i 2007-2013) a la Comunitat Valenciana s'obria l'oportunitat d'invertir en trens, carreteres i edificacions via la quota fixa de fons estructurals: les administracions publiques n'eren les responsables. Nogensmenys, amb l’arribada del període 2014-2020, el nostre status de regió “més desenvolupada” ens va obligar a dirigir eixos fons, sempre finalistes, cap a actuacions clarament vinculades a promoure la I+D+i o mesures d’eficiència energètica. Es va entendre que la mitjana d'infraestructures europea al territori CV ja estava coberta, i pertocava invertir (i no sols a les administracions) en capital humà i innovació que feren més sostenibles i eficaces les inversions anteriors. Amb tot, hui ja estem debatent a les institucions europees com, a partir de 2020, canviaran les condicions i l'estructura del nou finançament, i com cada regió haurà de fer participar els seus agents socials, econòmics, financers, i les seues administracions, per captar fons en la direcció que correspon al seu nivell de desenvolupament.

Paradoxalment, a la Comunitat Valenciana, i després de 30 anys de pertinença a la UE, els fons europeus són encara uns grans desconeguts per a la ciutadania. En l’Eurobaròmetre de juny s'evidencia que només un 35% dels ciutadans ha sentit parlar de la possibilitat de cofinançar els seus projectes amb fons europeus, i a Espanya el percentatge baixa fins a un 30%. Igualment, un 70% dels europeus declara no haver-se sentit mai beneficiat en la seua vida diària pels Fons (FEDER), i eixe percentatge puja fins al 80% en el cas d'Espanya.

Ha mancat la voluntat política que permetera a la propia Generalitat concòrrer de forma organitzada a eixes convocatòries, per ella mateixa o recoltzant-se en entitats privades, en companyia o per mediació d'un sector públic que estiguera perfectament en sintonia amb les polítiques impulsades des de les conselleries de què depenen en cada cas. Amb un “apadrinament” clar dels projectes davant Europa, enquadrats dins de les nostres estratègies territorials, amb una clara unitat d'acció que prestigiara la nostra regió.

Després de dos anys de govern, el nou Consell ha pogut fer balanç de totes les activitats de dinamització impulsades amb municipis, ONG, instituts d'investigació, parcs tecnològics, empreses i ciutadania compromesa en general, per trencar la dinámica heretada de l’etapa de governs del Partido Popular. Quasi un centenar de reunions de treball, actes divulgatius, posada en marxa de grups de treball especialitzats com la RIS 3, han creat una primera xarxa de complicitats, primer per a “traduir” a la lógica europea les necessitas explicitades pels demandants, i després per a contactar entre ells els socis més adients en les convocatòries mès properes, han obert finalment la finestra per a fer cada volta més nostres els diferents programes europeus i les xarxes associades. I mentrestant, el treball paral.lel d'organitzar els processos i les noves línies de treball del sector públic, per poder multiplicar la tasca de les Conselleries cap a una economia “d’escala”.

Hem treballat amb tot tipus d'organitzacions publiques i privades. Per vocació, ens iniciàrem primer amb les entitats locals per a les quals hem aconseguit pilotar i adaptar tres convocatòries d’Estratègies Urbanes Sostenibles (EDUSI) a la topografia valenciana. Un percentatge molt elevat de municipis de més de 20.000 habitants han obtingut o obtindran prompte finançament per projectes col.lectius de gran amplària, i això malgrat que l'objectiu inicial de la Comissió Europea era nomès financiar municipis de més de 100.000 habitants.

Però no hem de descuidar que els instruments que la UE dissenya per accedir als fons europeus són administrativament cada volta més complexos. Totes les conselleries i els seus servicis trasversals han d'estar sincronitzats amb una comprensió i capacitat d'interpretació de la normativa europea àgil i homogènia (contractació, intervenció, serveis económics, pressupostaris, advocacia), tots han d'anar acompassats. Països veïns del Mediterràni, com Itàlia, fa temps que han adaptat les seues estructures administratives i empresarials, i ja podem compartir eixes experiències amb naturalitat.

Ara que ja estan marcades les línies cal actuar. Els municipis que han trencat la mà amb les EDUSI, hauran de traure encara més suc als diagnòstics de necessitats fets i presentar–se a altres convocatòries UE. Els parcs i els instituts tecnològics, les entitats socials i sectorials comptaran amb les directrius de la RIS 3 per treballar el més a prop possible de les necessitats identificades per les conselleries. Les empreses, lògicament, hauran d'anar de la mà dels socis tecnològics i no haurien de perdre cap oportunitat de trauré rendibilitat económica als pilots ja assatjats, bé al nostre mercat o a d’altres mercats veïns menys desenvolupats en eixos productes. I fins i tot, un sector públic renovat hauria de visualitzar com, de veritat, actua com a prolongació ben articulada de les nostres conselleries, aportant la flexibilitat i els recursos que aquestes encara no tenen. Economia com a motor, i Sanitat com alumne avantatjat però també Infraestructures, Medi Ambient, Agricultura, Inclusió Social, Educació; tots els departaments se'n poden beneficiar. Només cal el disseny dels consorcis públic-privats adients, al voltant d'objectius clars i amb les bestretes escaients de recursos propis per a projectes retornables.

Potser no tots els àmbits de l'administració caminaran a la mateixa velocitat – doncs tenim de partida sectors més forts i més febles, i a més a més les prioritats UE també evolucionen-, però de forma acumulativa aquesta tasca d’acompanyament permetrà consolidar rutines de presentació de projectes i augmentar el percentatge de captació dels fons europeus. Estarem atents a totes les oportunitats.

Finalment, el coneixement i seguiment de projectes propis o d'altres regions, la divulgació i el debat sobre l'actualitat dels fons europeus per part dels mitjans de comunicació donarà la densitat necessaria per una nova forma d'entendre l'economia, des de l'esquema de col.laboració públic-privada que volem. Una gran oportunitat per a millorar les quotes de benestar i d’articulació socio-econòmica.

Myriam Fernandez Herrero, exdirectora general de Finançament i Fons Europeus. Membre de Compromís