9:00 AM, 1-O, Escola Mediterrani, Barcelona.

No se han abierto las puertas y unas cuantas personas, mayoritariamente mujeres, protegen la entrada para garantizar que se pueda votar.

Como en tantas otras escuelas que visitamos y testimonios que recogimos, la Policía Nacional hace acto de presencia con poco respeto al manido principio de que la primera garantía ha de ser la Seguridad Ciudadana. 

La PN revienta la puerta de la escuela y comienzan a caer al suelo y a ser agredidas señoras de avanzada edad. Los Mossos intervienen levantando y separando a las personas más vulnerables; ello provoca un enfrentamiento entre ambas Fuerzas de Seguridad. 

Una mujer mayor se acerca a otra mujer que porta un chaleco y acreditación y le relata cómo le han golpeado, rellena un formulario y sentencia: “He venido a votar que no, pero ahora voy a votar sí.” 

Lo anterior es un resumen del testimonio que recogemos de Montse, una de tantas que se organizaron para observar el incumplimiento de Derechos Humanos al que ha conducido esta situación de excepcionalidad y suspensión de garantías democráticas.

Montse está cansada, y nosotros también, llevamos desde la madrugada en las calles. Se sienta en una mesa en la que ambos compartimos un ordenador, recogemos las pruebas y testimonios de los grupos de observadores. Montse comienza a hablar en catalán. “Disculpe, somos castellanoparlantes”. Ella nos sonríe, “¿De dónde sois?” -De Madrid. “¿Y estáis aquí? Gracias”. 

Nos han dado muchas veces las gracias estos días.

Deviene incomprensible la demostración de violencia institucional, y más aún el amparo moral de que la policía únicamente defendía la legalidad. Nos preguntamos si el uso proporcionado o desproporcionado de la fuerza, es decir, el abuso de autoridad, es la única vía para evitar una ilegalidad.

¿Destrozar puertas, empujar, pegar, arrastrar, tirar de los pelos, utilizar gases lacrimógenos, pelotas de goma y balas de fogueo era la única manera de impedir esta votación, llamémosla referéndum o de cualquier otra forma? 

Esta situación ya se avecinaba como una demostración de fuerza, de ahí el recordatorio del Alto Comisionado de Derechos humanos de la ONU el día antes: “independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas.” Y eso no sucedió, por muchas mordazas que pongamos a la Justicia.

La Resolución 2116/2016 del Consejo de Europa, de 27 de mayo de 2016, indica que “Las concentraciones son habitualmente el último mecanismo del que disponen los ciudadanos para ser escuchados; restringir este derecho o usar violencia contra manifestantes pacíficos erosiona la democracia.”

Por su parte, la Recomendación 2001/10 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre un Código Europeo de Ética Policial, de 19 de septiembre de 2001, da en el clavo cuando asegura que “La policía puede utilizar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y sólo hasta el límite necesario para alcanzar un objetivo legítimo”. Es decir, que debe ser el último recurso disponible y siempre proporcional al objetivo pretendido.   

El referéndum había sido suspendido cautelarmente por el Constitucional antes de iniciarse el 1-O, por lo que sus efectos jurídicos eran, sin duda, inexistentes. Nada legal podía salir de una consulta ilegal. Podían haber votado el 100% de los catalanes llamados a votar y aún así las consecuencias legales habrían sido las mismas. Lo que estaba en juego no era el derecho al voto, era el derecho a la libertad de participación política, expresión y manifestación de miles de personas, y debía haberse protegido.  

El punto 13 de los principios básicos de la ONU para la dispersión de concentraciones nos indica que en caso de manifestaciones ilegales pacíficas “los agentes de la autoridad deberán evitar el uso de la fuerza o, si resulta necesario, deberán restringir su uso al mínimo imprescindible”

Se nos recuerda aquí que no basta con esgrimir la proporcionalidad en el uso de la fuerza, sino que previamente hay que dirimir su necesidad estricta. Hemos asistido a un uso de la fuerza no sólo excesivo y desproporcionado sino, ante todo, innecesario.

Como resultado de ello hay cientos de heridos, el Tribunal Constitucional se apunta a la modalidad express y fascistas caminan cantando el Cara al Sol por las calles.

A lo largo de estas semanas, hemos visto cómo se registraban imprentas, confiscaban materiales electorales, se bloqueaban sitios webs, se detenían cargos públicos, y se prohibían reuniones políticas. Todas ellas conductas vulneradoras de las mínimas libertades civiles, y propias de otras épocas ya vividas en esta España; encaminadas no sólo a comportamientos violentos y represivos, sino a limitar el flujo de información pública. 

Y así nos acostamos el domingo 1 de octubre, despertando el 3 en Madrid, escuchando aquí sentimientos contradictorios. Por un lado, la comprensión y solidaridad con la gente que fue a votar a pesar del temor a la violencia policial, pero también el recelo respecto de las posiciones políticas que promueven el independentismo y, sobre todo, con sus motivaciones. Enorme fractura la que sentimos entre lo institucional y lo popular.

Se ha antepuesto el fondo de la decisión sobre el propio derecho de la población catalana a tomar una decisión. No es cuestión de qué pongas en la papeleta, sino de que puedas, simplemente, votar.

Nuestra experiencia no deja de ser emocional, todas las personas actuamos y votamos guiados por ideas válidas y razonadas, pero también por sentimientos, intereses propios y hasta errores. “Entre mi madre y la Justicia, escojo mi madre”, decía Camus a propósito de su postura “de perfil” en la guerra de independencia argelina. No podemos ignorar el componente afectivo y sentimental que impregnan todas y cada una de nuestras decisiones diarias, y debemos asumir y comprender su existencia en los procesos de toma de decisiones democráticas. Y si alguien tomara decisiones solo de manera racional, sería irrelevante en nuestro sistema supuestamente democrático. 

Se debería haber ofrecido a la población catalana, sin ambages, la posibilidad real de escuchar sus voces mediante el voto. Quizás así no habríamos forzado a miles de ellos a ser arrastrados por la tormenta política entre los gobiernos estatal y autonómico.

Votar sí o votar no, no votar -por decisión propia o por miedo-, todas las opciones fueron afectadas por la polarización.  

Sin embargo, tras la violencia policial que muchos catalanes (y observadores, colaboradores, funcionarios públicos) sufrieron el domingo por su mero deseo de participar en la vida política, es urgente evitar escabullirnos en lo personal o en lo institucional, pese a la llamada de nuestras vísceras, y exigir herramientas y mecanismos que permitan conocer con certeza cuál es la voluntad de la población.

Nosotros fuimos como abogados con voluntad de conocer, pero en Barcelona fueron miles de personas quienes nos dieron una lección de soberanía popular. 

Si la democracia, para existir, necesita el consentimiento del pueblo, el uso de la violencia indiscriminada ataca directamente la soberanía popular e incurre en la quiebra del pacto social en el que basamos nuestra convivencia. De la misma manera, deslegitima al Gobierno y la institución estatal que se opone a los Derechos Fundamentales de la población.

“El derecho de huelga se consigue haciendo huelgas (...)” Marcelino Camacho, Charlas en la prisión: El movimiento obrero sindical, 1976.

La quiebra del pacto constitucional y democrático suele iniciarse con la inobservancia de los derechos de los más desprotegidos, hablando de una debilidad sistémica.

Por este motivo, entre otros, el Orden Social (Laboral) ostenta una importantísima peculiaridad respecto de los demás órdenes jurídicos. No se contempla la igualdad de partes (y ello no se refiere a que ambos litigantes, trabajador y empresa, no tengan los mismos derechos y mecanismos de defensa en un Juicio) sino a que no puede existir igualdad cuando el medio de vida (salario) de una, depende del contrario.

En el Derecho Social rige el Principio Tuitivo, es decir, de tutela de los derechos de los trabajadores, no de los derechos de la Empresa. Y este Principio Tuitivo, que es garantía constitucional, debe ser punto de partida para el análisis de cualquier conflicto laboral.

Las causas del conflicto en el Aeropuerto del Prat son conocidas: privatización de servicios encomendados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; licitaciones irresponsables precedidas por pliegos aún más irresponsables, que colocan a los trabajadores en un escenario de precariedad impensable en un Estado de Derecho; jornadas interminables; salarios miserables y todo tipo de contravenciones a la legislación sobre Salud Laboral.

AENA, final responsable de tamaño desaguisado, es también una empresa privada (51% estatalizada) siendo beneficiarios de la privatización mayoritariamente fondos extranjeros. Ni viendo el resultado de tal decisión AENA se plantea discutir que la privatización de los servicios de seguridad aeroportuaria contraviene el interés público.

Precisamente por ello el conflicto no es sólo en el Prat, sino en todos nuestros aeropuertos.

Poco hemos hablado en estos días de la Ley 5/2014 sobre Seguridad Privada, que establece que cuando el servicio prestado sea considerado esencial se podrá imponer limitación del Derecho de Huelga fijando la Delegación de Gobierno los servicios mínimos obligatorios. Esta Ley contraviene lo dispuesto en la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que atribuye a la Guardia Civil la competencia sobre la seguridad de los aeropuertos por mandato del artículo 104.1 de la Constitución. Y esto es importante porque una ley ordinaria –Seguridad Privada– no puede contradecir una ley Orgánica – Seguridad y Cuerpos de Seguridad–, pues ésta regula Derechos Fundamentales.

¿No será que esta privatización no fue y no es legal?

Sabemos que la regulación del Derecho de Huelga nace de normas preconstitucionales (RD 17/77) y corregido por la STC nº11/81; por tanto es una regulación muy sometida a debate que siempre ha de interpretarse desde la óptica del ya citado Principio Tuitivo.

En este caso es innegable que se ha realizado ingeniería de lo no jurídico para imponer unos servicios mínimos que han resultado enormemente abusivos. Asistimos la semana pasada a una enorme falacia cuantitativa, al manifestar el Ministerio que era necesaria la imposición del 90% de los servicios prestados habitualmente, complementados por el personal de la Guardia Civil (y según el Comité de Huelga por trabajadores sin contrato) y que, aun así, se producía una situación de extrema gravedad en la que se ha justificado la imposición gubernamental de un arbitraje. Y con ello la finalización de la Huelga.

Desde el rechazo de la última propuesta realizada por la Generalitat, ha prestado servicios una plantilla superior a la contratada. Algo nunca visto.

Normalmente encontramos empresas que contratan o subcontratan nuevos trabajadores al declararse su plantilla en huelga. Este tipo de esquirolaje fue denunciado por el Comité de Huelga del Prat ante la Inspección de Trabajo.

Menos habitual es que sea el Ministerio quien imponga la sustitución de huelguistas utilizando trabajadores públicos. No es algo común, pero por ello no deja de ser esquirolaje, además utilizando un cuerpo castrense.

No podemos más que entender que la presencia de la Guardia Civil, sustituyendo a los huelguistas, supuso una práctica inconstitucional disfrazada de “interés público”, el mismo interés del que se desprendieron sin sonrojarse al privatizar el servicio.

Hay dos opciones: o nos encontramos ante un servicio esencial que no puede ser privado porque ello incumple las disposiciones de la Constitución y la Ley Orgánica, o con que el Estado militarizó una empresa y servicio privados, vulnerando los derechos más básicos. Ninguna de las dos resulta legal.

Es cierto que el RD 17/77 otorga la posibilidad de que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, pueda establecer un arbitraje obligatorio, pero en sucesos verdaderamente graves y especiales.

Por ello el Consejo de Ministros reiteró que la imposición del arbitraje estaba justificada dado que “no había otra posibilidad legal para la salida de un conflicto que está provocando un problema en la economía, el turismo y la imagen del país”. Ello es incierto, y la imposición de este arbitraje en el seno de una empresa privada y con un Laudo cuyo contenido es aún peor que la propuesta ya rechazada por los trabajadores en Asamblea, resulta un atentado contra los derechos reclamados y los ejercidos por la plantilla.

Resulta evidente que ningún asalariado disfruta de perder su medio de vida haciendo huelga; debemos atender a la gravedad de las condiciones laborales en que se encuentra una plantilla cuando decide dejar de cobrar, y el Laudo dictado no resuelve la precariedad de las condiciones de estos trabajadores.

Resumidamente, se impone una salida impuesta como salida –que no solución– que supone un empeoramiento de la propuesta ya rechazada por los trabajadores.

Se ha impuesto un complemento mensual de 200 euros, de los que se absorben el resto de complementos percibidos por los trabajadores. Además, añade que los complementos que se aprueben en el nuevo Convenio Colectivo Sectorial serán absorbidos en los 200 euros. Esto es un exceso innecesario, pues los complementos salariales son materia de negociación colectiva no de laudo –éste de carácter obligatorio–.

En cuanto al refuerzo de plantilla en temporada alta, sólo se imponen 25 puestos de trabajo. Además, se acuerda la readmisión de los despedidos y se archivan los expedientes disciplinarios, por lo que se deja sin causa la convocatoria de huelga del 8 de septiembre.

Pero ¿cómo la imposición de peores características a la propuesta de los trabajadores rechazada en el laudo puede solucionar la conflictividad?

Una rebaja de derechos al mínimo indisponible, impidiendo el ejercicio de huelga, resulta una precedente enormemente peligroso para este derecho fundamental. La única conclusión que se puede extraer sobre la conducta de este Gobierno es que la imposición de esta medida, autoritaria y despótica, supone la voluntad pública de prohibir a los trabajadores del Prat su derecho a huelga.

Y un derecho que no se puede ejercitar es un derecho que no existe.

Un Gobierno que incumple las normas, cuando no las inventa al antojo de la minoría subvirtiendo el Orden Constitucional, me lleva a plantearme seriamente si nos encontramos ante un Gobierno que pueda calificarse como legítimo.