El catedrático emérito de Historia de la Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, José Luis Villacañas, recibe a elDiario.es en su domicilio de València. La entrevista se desarrolla en su extraordinaria biblioteca particular, un espacio desde el que podría explicarse buena parte de la historia del pensamiento humano. También la actualidad, algo que preocupa —y mucho— al profesor, que se dedica cada semana, casi cada día, a reflexionar sobre los temas más variados: geopolítica, poder e ideologías.

Donald Trump y la política de Estados Unidos, el futuro de la Unión Europea, China o el desafío de la inteligencia artificial son algunos de los asuntos que aborda en sus últimas obras, tres publicadas en apenas medio año.

La más reciente es Senderos que se bifurcan (Arpa, 2026), donde Villacañas analiza la historia del poder desde los neandertales hasta Trump. En Tierra o ser (Akal, 2026), con una mirada más filosófica, recoge su pensamiento sobre una de las dicotomías que más han preocupado al ser humano. A finales de 2025, el prolífico intelectual se adentró en la biografía de Diego de Saavedra Fajardo en La lealtad conocida (Fundación Banco Santander, 2025). En conjunto, un recorrido por el conocimiento desde distintas perspectivas, pero siempre con un pie en la actualidad: en los problemas y las posibles soluciones de hoy, que solo se explican desde el ayer.

Villacañas insiste desde el inicio de la entrevista en un punto fundamental: “Trump no es un loco, ni un improvisado, ni un accidente histórico. Es un síntoma del declive estructural de Estados Unidos y, al mismo tiempo, un estratega capaz de actualizar las líneas maestras de la doctrina geopolítica estadounidense para un mundo cada vez más hostil y competitivo”. En lugar de interpretar el trumpismo como una ruptura con la tradición, el profesor lo describe como una reformulación agresiva de principios establecidos por autores como Brzezinski y Huntington.

Durante décadas, la hegemonía norteamericana se sostuvo sobre tres pilares: su supremacía militar, su control financiero global y la legitimación ideológica del liberalismo económico y político, reflexiona. Sin embargo, la crisis financiera de 2008, la erosión industrial del país, la creciente polarización interna y el ascenso de China han socavado estos fundamentos. “Trump representa, en este contexto, una respuesta desesperada pero lúcida: la renuncia a la idea de un orden mundial liberal para abrazar un imperialismo neomercantilista basado en la presión económica, los aranceles, la militarización del comercio y la destrucción del multilateralismo”.

Villacañas subraya que los analistas europeos cometen un error al interpretar el trumpismo como una anomalía pasajera. “En realidad, expresa la transición entre dos paradigmas históricos del poder estadounidense. El primero, heredado de Roosevelt y consolidado tras 1945, se basaba en instituciones multilaterales y en un capitalismo expansivo. El segundo, encarnado por Trump, se fundamenta en la idea de que Estados Unidos debe replegarse para sobrevivir, abandonar compromisos globales costosos y explotar intensivamente sus ventajas residuales”, argumenta el catedrático, que no ve al presidente de Estados Unidos como “un loco”: “Hay un plan y una estrategia detrás”.

Una de esas estrategias del nuevo orden se basa, según Villacañas, en la alianza entre Trump y la industria tecnológica. “Tradicionalmente, Silicon Valley se había alineado con el Partido Demócrata y con el proyecto neoliberal de Obama y Clinton. Sin embargo, este vínculo empezó a fracturarse cuando la élite tecnológica comprendió que su verdadero poder residía no en la política progresista, sino en la capacidad de controlar infraestructuras digitales globales”.

Para Villacañas, el episodio clave fue el asalto al Capitolio. “Al cortar las plataformas digitales la comunicación del presidente de Estados Unidos, se reveló que el soberano en la era digital no es necesariamente el Estado, sino quien controla las redes de comunicación. Elon Musk, Peter Thiel y otros actores emergieron entonces como los nuevos depositarios de la soberanía técnica”, recuerda.

Villacañas destaca especialmente la figura de Thiel, a quien considera el verdadero arquitecto del proyecto político que rodea a Trump. “Desde principios de los años 2000, Thiel ha defendido la idea de que la Constitución estadounidense limita en exceso el poder del Ejecutivo. Su tesis central es que la estructura de contrapesos, pensada en el siglo XVIII para evitar tiranías, se ha convertido en un obstáculo para gobernar un país enfrentado a amenazas globales”, arguye el profesor.

“La solución de Thiel es radical: instaurar un Ejecutivo unitario que pueda gobernar sin interferencias judiciales ni legislativas. Para lograrlo, considera necesario un líder dispuesto a romper el equilibrio constitucional. Ese líder, para Thiel, es Trump. Para el futuro ya preparan a su sucesor el vicepresidente JD Vance”, prosigue.

“Palantir, la empresa creada por Thiel, encarna la dimensión operativa de esta visión. Con su capacidad para procesar millones de datos en tiempo real, ofrece a los servicios de inteligencia herramientas capaces de clasificar a la población en categorías de riesgo”, asegura. Para Villacañas, este sistema reproduce modelos de vigilancia masiva empleados en Israel y constituye una amenaza directa para las libertades civiles.

La solución de Thiel es radical: instaurar un Ejecutivo unitario que pueda gobernar sin interferencias judiciales ni legislativas. Para lograrlo, considera necesario un líder dispuesto a romper el equilibrio constitucional. Ese líder, para Thiel, es Trump.

Villacañas profundiza también en el significado geoestratégico de la guerra en Ucrania. A su juicio, Estados Unidos ha considerado siempre la región euroasiática como “el corazón del poder global”. Brzezinski definió este principio en los años noventa: quien controle Eurasia controlará el mundo. La retirada de Afganistán ha sido interpretada por muchos como un signo de abandono, pero Villacañas señala que no se trató de un repliegue estratégico, “sino de una reconfiguración”. “Afganistán, aislado y costoso, ya no ofrecía valor geopolítico; Ucrania, en cambio, es el auténtico punto de fricción”, añade.

Según Villacañas, la postura de Trump respecto a Ucrania es más pragmática que la de Biden. “El trumpismo estaría dispuesto a aceptar como frontera el río Dniéper, renunciando a la pretensión maximalista de controlar todo el Donbás. Sin embargo, esta concesión táctica no implica renunciar al objetivo principal: impedir que Rusia controle el corredor euroasiático”.

El profesor también enfatiza el papel creciente de Israel como principal instrumento estadounidense en la región. Mientras Europa vacila, Israel actúa con decisión para contener la influencia de Irán, un país clave para la Ruta de la Seda china y para la integración energética de Eurasia. Un ejemplo es la guerra abierta que Estados Unidos e Israel han lanzado hace semanas contra Irán. Esta entrevista se realizó pocos días antes de la primera ofensiva militar contra el país gobernado por los ayatolás.

Para Villacañas, el análisis económico del trumpismo es central. Estados Unidos, explica, “ya no puede sostener el coste de su imperio”. “Su deuda pública es gigantesca y los intereses de la deuda aumentan cada año. En este contexto, la idea consiste en trasladar el coste del imperio al resto del mundo”.

Esta estrategia, según el profesor, explica “los aranceles impuestos a China y Europa, la presión para que Europa compre armamento estadounidense, la dependencia energética y las exenciones fiscales a las tecnológicas norteamericanas en el extranjero, que forman parte de un mismo diseño: reforzar la economía nacional a costa del exterior”.

Para el catedrático, este proceso es comparable al funcionamiento de los viejos imperios. “Cuando un imperio entra en crisis, tiende a exprimir aún más a sus aliados y territorios dependientes. Un ejemplo histórico es Felipe II, que requisaba barcos privados para sostener sus campañas. Algo parecido estaría ocurriendo hoy con Estados Unidos: Europa paga el precio del imperio mediante compras obligadas de gas y armamento”.

La guerra económica, sin embargo, entraña un riesgo sistémico para Estados Unidos: “Si el dólar pierde credibilidad, el país perdería su hegemonía. Por eso actúa de forma agresiva para mantener su dominio financiero, incluso a costa de fracturar las reglas del comercio internacional”.

El ascenso “paciente” de China

“Frente a la ansiedad estratégica de Estados Unidos, China se mueve con serenidad”, reflexiona Villacañas. A su juicio, la principal ventaja del país es “su paciencia histórica”. “Como civilización milenaria, no opera con los tiempos cortos de las democracias occidentales. Cada movimiento está inscrito en un horizonte de décadas”.

“China ha logrado articular una economía capaz de generar prosperidad interna, construyendo una clase media que refuerza la estabilidad del país. Además, ha creado instituciones financieras alternativas al dólar, lo que le brinda autonomía sobre sus inversiones globales. En África y América Latina, su presencia se ha expandido sin recurrir a la militarización, sino mediante la financiación de infraestructuras”.

Sin embargo, Villacañas advierte de un punto débil: Taiwán. La reunificación con la isla es vista por el Partido Comunista como una cuestión existencial. “Durante los próximos veinte años, toda la estrategia china estará condicionada por ese objetivo”.

Ante este escenario global, Villacañas señala a la Unión Europea como una posible salida: “Poderosa pero indecisa, rica pero políticamente impotente”. La UE se encuentra atrapada entre el imperialismo estadounidense y el ascenso chino, mientras Rusia busca fracturar su unidad.

El filósofo critica la incapacidad de Europa para actuar como un actor político soberano. La dependencia militar de la OTAN, la fragmentación interna y la regla de la unanimidad en la toma de decisiones dificultan cualquier estrategia coherente.

La UE ante sus retos

Aun así, no es completamente pesimista. Cree que Europa aún puede articular un bloque de democracias capaz de resistir tanto al autoritarismo chino como al imperialismo estadounidense. Para ello, propone tres ideas: romper la regla de la unanimidad, fortalecer alianzas con la Commonwealth, América Latina e India y considerar una OTAN sin Estados Unidos. “La OTAN puede seguir manteniéndose con Estados Unidos fuera”, sostiene. También recomienda a los europeos “apoyar los movimientos de resistencia que están surgiendo en Estados Unidos”.

En este contexto, Villacañas aborda también el papel de las redes sociales. “La democracia solo puede sostenerse si existen ciudadanos capaces de razonar críticamente. Pero las plataformas digitales han colonizado la mente colectiva. TikTok, Instagram o X funcionan como herramientas de desestructuración psicológica: fomentan el narcisismo, la impulsividad y la despolitización”.

En ese sentido, advierte: “Sin una universidad fuerte y sin humanidades robustas, la democracia está perdida. La filosofía no puede limitarse a deconstruir conceptos: debe reconstruir un sujeto democrático capaz de resistir la presión de las plataformas”.

La democracia solo puede sostenerse si existen ciudadanos capaces de razonar críticamente. Pero las plataformas digitales han colonizado la mente colectiva.

“La democracia, sin una cultura que la sostenga, puede desmoronarse por dentro. El mundo que viene exigirá estrategia, lucidez y resistencia cultural. Los europeos debemos dejar de esperar y empezar a actuar”, concluye el profesor, que ya prepara su próxima obra mientras la geopolítica global se complica por momentos.

El cap de Bombers Forestals d’Alzira, Alberto Pardo, va entregar aquest dijous totes les comunicacions relacionades amb el dia de la dana que mantenia amb l’exconsellera de Justícia i principal investigada en la causa, Salomé Pradas. Aquest comandament va ser l’encarregat de rebre la consellera llavors quan va acudir a visitar la zona i, en la seua declaració de dilluns, va posar en dubte que José Miguel Basset, cap de Bombers de la Diputació de València i coordinador dels efectius, desconeguera la retirada dels companys que vigilaven el barranc de Poio, una de les principals negligències que investiga la jutgessa de Catarroja.

En un dels àudios aportats al procediment i validats pel secretari judicial, Pardo explica a l’exconsellera que van ser els comandaments de l’emergència els que els van impedir fer més i que, en el cas de Pradas, van ser els seus superiors els qui li «van tallar les ales». La conversa va tindre lloc el mes de març del 2026: «No res, Salomé, estigues tranquil·la, perquè al final continue dient: per a mi vas fer fins on podies, fins on et van deixar. Perquè al final, tant tu com nosaltres teníem caps per damunt. Entre ells, una de les nostres caps ets tu, i tu tens els teus caps per damunt que, si et van tallant les ales, doncs, com als bombers forestals ens les van tallar des del consorci».

Una declaració que deixa entreveure que Pradas podria haver fet més, però que van ser els seus superiors els que haurien limitat la seua capacitat de decisió.

El bomber prossegueix en el seu àudio amb crítiques als comandaments: «Lamentablement, els caps visibles d’alt càrrec —que en aquest cas éreu vosaltres— sou les que més perjudicades eixireu de tot això. Sempre ho he dit i sempre ho diré: a mi ningú em dirà què vas fer, almenys fins on jo vaig estar; tota la resta ha anat sabent-se. Si a tu et van tallant les ales, doncs, no ho sé. Mentir o no mentir, no ho sé, perquè al final totes les vies telefòniques, tots els WhatsApp… tot es desvirtua molt. Però bé, és el que hi ha. No tinc cap problema que tingues l’informe. Això sí: el té Raúl, el té l’empresa, el té el consorci, no ha eixit a la llum. Jo te’l passe a tu, però et demanaria que, fins que no el demanen, no traure’l».

L’informe a què es refereix és l’elaborat pel mateix cap de Bombers Forestals d’Alzira, que també ha sigut incorporat a la causa.

En un altre àudio, també inclòs en el procediment, el bomber insisteix que Pradas va fer el que va estar a la seua mà, encara que al·ludeix a una conversa el contingut de la qual no vol revelar: «Llavors, no res, dir-te que no et preocupes. Jo sé què vas parlar en el cotxe i no diré res que no siga… Si em pregunten per tu o qualsevol cosa, si vaig escoltar alguna informació, continue mantenint que vas mobilitzar tot l’imaginable des del meu cotxe. No sé amb qui parlaves, això sí, però vas mobilitzar tothom. I que l’UME, quan tu vas pujar al meu cotxe, ja estava mobilitzada; són paraules textuals teues amb algú amb qui parlaves. Ja et vaig dir en el seu moment que, si algun dia haguera d’anar a declarar, no tindria cap problema, perquè al final es tracta que tothom sàpia la veritat, que cadascú tinga la responsabilitat que tinga i s’ha acabat».

Aquests àudios aporten informació rellevant que Alberto Pardo no va esmentar en la seua declaració de dilluns. El cap de Bombers Forestals d’Alzira va afirmar llavors que li «costa creure» que José Miguel Basset no estiguera al corrent de la desmobilització dels bombers enviats a vigilar els llits del Magre i el Poio.

Preguntat per qui hauria d’haver informat Basset d’aquesta desmobilització, va respondre que l’oficial de guàrdia d’aquella jornada. Va relatar que, malgrat estar disponibles, va haver-hi unitats de bombers forestals que no es van mobilitzar, com les de Xàtiva, Castelló de Rugat o Ròtova, i va insistir que «caldria preguntar a Basset el motiu», segons fonts coneixedores de la declaració judicial a Catarroja.

Aquest responsable va explicar que aquell 29 d’octubre de 2024 van ser requerits cap a les 12.45 per a comprovar el nivell del riu a Carlet, però no van poder fer cap mesurament perquè l’escala ja estava completament inundada. A més, al voltant de les 13.45 van saber que, aigua avall, hi havia un camió dins de l’aigua i que el conductor no apareixia.

Pardo va ser també qui va rebre la consellera llavors quan va acudir a visitar la zona, una trobada sobre la qual va assenyalar: «El dia no estava per a fer-se fotos; no era el moment».

Juntament amb Pradas van visitar el pont sobre el Magre a Carlet, el llit del qual «ja anava molt ple». En tornar, segons va declarar, la consellera llavors va ser informada —no sap per qui— que la situació s’havia complicat a Utiel.

Ja a la vesprada, aquest testimoni va explicar que, cap a les 19.00, van ser advertits de possibles avingudes des de la presa de Forata. Segons va assegurar, la seua unitat va romandre activa durant tota la matinada, amb intervencions en la residència de Carlet, en el polígon i en diversos habitatges. «A les set del matí vam tornar a la base per a canviar-nos de roba; no volíem anar-nos-en a casa perquè no era moment de descansar», va declarar.

Fonts de la defensa de l’exconsellera Pradas consideren que la testifical d’aquest bomber confirma la seua versió quant a la visita a Carlet per a «interessar-se per la situació de la dana a la Ribera Alta».

Així mateix, subratllen que la consellera llavors va ser informada durant aquesta visita que la situació es complicava a Utiel i que «va mobilitzar tots els efectius disponibles». També recorden que els bombers forestals depenen operativament del Consorci Provincial i que són els comandaments d’aquest organisme els que decideixen la mobilització i la desmobilització.

José María Tomás Llavador parla a poc a poc, però amb una convicció que no deixa espai per a ambigüitats. Ja fa dècades que exerceix com a arquitecte i, des d’aquesta experiència, observa la crisi de l’habitatge no com un fenomen conjuntural, sinó com un problema estructural que ha deixat de ser únicament urbanístic i ha esdevingut —diu— “una urgència quasi democràtica”.

Ho fa, a més, en un moment en què ha decidit fer un pas al capdavant. Després de setmanes de converses amb col·legues, confirma que prepara la seua candidatura per a presidir el Col·legi Territorial d’Arquitectes de València, una decisió que vincula directament amb la falta de veu del col·lectiu en un dels debats centrals de la societat actual. “L’habitatge és la nostra funció principal com a arquitectes”, sosté. I, no obstant això, lamenta que el col·legi haja romàs absent. “No ha intervingut en cap proposta ni en el diàleg amb l’Administració. No sabem què pensa”.

Aquest silenci institucional és, per a ell, un dels motius que expliquen el seu salt a l’arena col·legial.

Tomás Llavador no defuig el diagnòstic. La falta d’accés a l’habitatge afecta tant la ciutadania com els mateixos professionals. L’arquitectura, recorda, té en l’habitatge el seu eix central, però el sistema actual no garanteix aquest dret bàsic. Davant això, planteja una mesura concreta i d’aplicació immediata: impulsar habitatge públic de lloguer a preus realment assequibles. “Ha de situar-se per davall d’un terç del salari mínim”, explica, fixant un llindar clar perquè la solució siga efectiva.

El problema, com tantes vegades, és el sòl. I ací introdueix la seua proposta clau: mobilitzar el sòl dotacional destinat a educació o altres usos sense utilitzar i que ja està en mans de l’Administració. “El sòl dotacional no utilitzat pot transformar-se en habitatge social de lloguer. És un procés relativament ràpid”, afirma.

A parer seu, no es tracta de substituir el mercat privat —que continuarà produint habitatge lliure—, sinó que l’Administració assumisca el seu paper com a promotora en l’àmbit social, siga mitjançant empreses públiques, consorcis o fórmules de col·laboració.

El pas avant: la candidatura “del canvi”

La crítica al col·legi no és retòrica. És el punt de partida del seu projecte. “En les pròximes setmanes anunciaré la meua candidatura a presidir el Col·legi Territorial d’Arquitectes de València”, confirma. Parla d’un “canvi profund” en el paper de la institució, tant cap a dins —en defensa de la professió— com cap a fora —en la seua interlocució amb la societat i les administracions—. La candidatura, explica, està gestant-se juntament amb un grup d’arquitectes i arquitectes que comparteixen aquest diagnòstic.

La seua primera mesura, si ix elegit, seria precisament activar aquest diàleg que ara troba a faltar: convocar reunions per a plantejar propostes concretes sobre habitatge públic i obrir canals estables amb l’Administració.

Però l’habitatge no és l’únic front. Tomás Llavador dibuixa un panorama preocupant per a la professió, marcat per la precarietat i la degradació de les condicions laborals. Denuncia que l’actual política de contractació pública, centrada a fer prevaldre el preu, ha afonat els honoraris fins a nivells insostenibles. “Hi ha contractes per davall fins i tot dels convenis salarials”, adverteix.

Les conseqüències són directes: pèrdua de qualitat en els projectes, precarització dels estudis i una fugida constant de talent jove cap a altres països europeus, malgrat l’alt nivell de formació a les escoles valencianes. Per a revertir aquesta situació, reclama un compromís institucional clar: que les administracions garantisquen honoraris dignes en els concursos públics des del primer dia. “No es pot treballar a pèrdues”, resumeix, com, a parer seu, aboca la llei de contractes públics.

Arquitectes jubilats: pensions insuficients

Un dels punts més durs del seu diagnòstic apareix en parlar dels arquitectes jubilats. Descriu un sistema que, al seu judici, ha fallat en l’essencial. “Tenim pensions entre 400 i 900 euros”, assenyala, xifres que situen molts professionals per davall de la mitjana del sistema espanyol. L’origen del problema, explica, rau en una aplicació deficient del model de mutualitat. I, de nou, critica la falta de reacció del col·legi davant aquesta situació. La seua proposta implica obrir un procés d’escolta i diàleg amb els afectats per a construir solucions que garantisquen una jubilació digna.

Més enllà de l’habitatge i la professió, Tomás Llavador també es deté en l’evolució urbana de València. Considera que el procés de conversió en zona de vianants ha quedat a mig camí, especialment en el centre històric i en els antics nuclis de barri. Més que grans intervencions, defensa una transformació més profunda en la manera d’entendre l’espai públic: no sols com un lloc de trànsit, sinó com un espai de vida ciutadana.

El prolífic arquitecte de València, que té mig cor en el municipi de Bocairent, sap de què parla quan opina d’urbanisme. És l’autor del redisseny de la plaça de la Reina de València, que va passar de ser un pàrquing d’autobusos i taxis intransitables, a ser una de les places més concorregudes de la capital. Fa poc, també ha sigut l’autor de la rehabilitació del mític Col·legi Major Lluís Vives de la Universitat de València.

José María Tomás Llavador habla despacio, pero con una convicción que no deja espacio para ambigüedades. Lleva décadas ejerciendo como arquitecto y, desde esa experiencia, observa la crisis de la vivienda no como un fenómeno coyuntural, sino como un problema estructural que ha dejado de ser únicamente urbanístico para convertirse —dice— en “una urgencia casi democrática”.

Lo hace, además, en un momento en el que ha decidido dar un paso al frente. Tras semanas de conversaciones con colegas, confirma que prepara su candidatura para presidir el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, una decisión que vincula directamente con la falta de voz del colectivo en uno de los debates centrales de la sociedad actual. “La vivienda es nuestra función principal como arquitectos”, sostiene. Y, sin embargo, lamenta que el colegio haya permanecido ausente. “No ha intervenido en ninguna propuesta ni en el diálogo con la administración. No sabemos qué piensa”.

Ese silencio institucional es, para él, uno de los motivos que explican su salto a la arena colegial.

Tomás Llavador no rehúye el diagnóstico. La falta de acceso a la vivienda afecta tanto a la ciudadanía como a los propios profesionales. La arquitectura, recuerda, tiene en la vivienda su eje central, pero el sistema actual no está garantizando ese derecho básico. Frente a ello, plantea una medida concreta y de aplicación inmediata: impulsar vivienda pública de alquiler a precios realmente asequibles. “Debe situarse por debajo de un tercio del salario mínimo”, explica, fijando un umbral claro para que la solución sea efectiva.

El problema, como tantas veces, es el suelo. Y ahí introduce su propuesta clave: movilizar el suelo dotacional destinado a educación u otros usos sin utilizar y que ya está en manos de la administración. “El suelo dotacional no utilizado puede transformarse en vivienda social de alquiler. Es un proceso relativamente rápido”, afirma.

A su juicio, no se trata de sustituir al mercado privado —que seguirá produciendo vivienda libre—, sino de que la administración asuma su papel como promotora en el ámbito social, ya sea mediante empresas públicas, consorcios o fórmulas de colaboración.

El paso adelante: la candidatura “del cambio”

La crítica al colegio no es retórica. Es el punto de partida de su proyecto. “En las próximas semanas anunciaré mi candidatura a presidir el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia”, confirma. Habla de un “cambio profundo” en el papel de la institución, tanto hacia dentro —en defensa de la profesión— como hacia fuera —en su interlocución con la sociedad y las administraciones—. La candidatura, explica, se está gestando junto a un grupo de arquitectos y arquitectas que comparten ese diagnóstico.

Su primera medida, si resulta elegido, sería precisamente activar ese diálogo que ahora echa en falta: convocar reuniones para plantear propuestas concretas sobre vivienda pública y abrir canales estables con la administración.

Pero la vivienda no es el único frente. Tomás Llavador dibuja un panorama preocupante para la profesión, marcado por la precariedad y la degradación de las condiciones laborales. Denuncia que la actual política de contratación pública, centrada en primar el precio, ha hundido los honorarios hasta niveles insostenibles. “Hay contratos por debajo incluso de los convenios salariales”, advierte.

Las consecuencias son directas: pérdida de calidad en los proyectos, precarización de los estudios y una fuga constante de talento joven hacia otros países europeos, pese al alto nivel de formación en las escuelas valencianas. Para revertir esta situación, reclama un compromiso institucional claro: que las administraciones garanticen honorarios dignos en los concursos públicos desde el primer día. “No se puede trabajar a pérdidas”, resume, como a su parecer aboca la ley de contratos públicos.

Arquitectos jubilados: pensiones insuficientes

Uno de los puntos más duros de su diagnóstico aparece al hablar de los arquitectos jubilados. Describe un sistema que, a su juicio, ha fallado en lo esencial. “Tenemos pensiones de entre 400 y 900 euros”, señala, cifras que sitúan a muchos profesionales por debajo de la media del sistema español. El origen del problema, explica, está en una aplicación deficiente del modelo de mutualidad. Y, de nuevo, critica la falta de reacción del colegio ante esta situación. Su propuesta pasa por abrir un proceso de escucha y diálogo con los afectados para construir soluciones que garanticen una jubilación digna.

Más allá de la vivienda y la profesión, Tomás Llavador también se detiene en la evolución urbana de Valencia. Considera que el proceso de peatonalización ha quedado a medio camino, especialmente en el centro histórico y en los antiguos núcleos de barrio. Más que grandes intervenciones, defiende una transformación más profunda en la manera de entender el espacio público: no solo como un lugar de tránsito, sino como un espacio de vida ciudadana.

El prolífico arquitecto de València, que tiene medio corazón en el municipio de Bocairent, sabe de qué habla cuando opina de urbanismo. Es el autor del rediseño de la Plaza de la Reina de València, que pasó de ser un parking de autobuses y taxis intransitable, a ser una de las plazas más concurridas de la capital. Recientemente, también ha sido el autor de la rehabilitación del mítico colegio mayor Lluís Vives de la Universitat de València.

El jefe de Bomberos Forestales de Alzira, Alberto Pardo, entregó este jueves todas las comunicaciones relacionadas con el día de la dana que mantenía con la exconsellera de Justicia y principal investigada en la causa, Salomé Pradas. Este mando fue el encargado de recibir a la entonces consellera cuando acudió a visitar la zona y, en su declaración de este lunes, puso en duda que José Miguel Basset, jefe de Bomberos de la Diputación de Valencia y coordinador de los efectivos, desconociera la retirada de los compañeros que vigilaban el barranco del Poyo, una de las principales negligencias que investiga la jueza de Catarroja.

En uno de los audios aportados al procedimiento y validados por el secretario judicial, Pardo explica a la exconsellera que fueron los mandos de la emergencia quienes les impidieron hacer más y que, en el caso de Pradas, fueron sus superiores quienes le «cortaron las alas». La conversación tuvo lugar este mes de marzo de 2026: «Nada, Salomé, estate tranquila, porque al final sigo diciendo: para mí hiciste hasta donde podías, hasta donde te dejaron. Porque al final, tanto tú como nosotros teníamos jefes por encima. Entre ellos, una de nuestras jefas eras tú, y tú tienes a tus jefes por encima que, si te van cortando las alas, pues como a los bomberos forestales nos las cortaron desde el consorcio».

Una declaración que deja entrever que Pradas podría haber hecho más, pero que fueron sus superiores quienes habrían limitado su capacidad de decisión.

El bombero prosigue en su audio con críticas a los mandos: «Lamentablemente, las cabezas visibles de alto cargo —que en este caso erais vosotros— sois las que más perjudicadas vais a salir de todo esto. Siempre lo he dicho y siempre lo diré: a mí nadie me va a decir lo que hiciste, por lo menos hasta donde yo estuve; todo lo demás se ha ido sabiendo. Si a ti te van cortando las alas, pues no lo sé. Mentir o no mentir, no lo sé, porque al final todas las vías telefónicas, todos los WhatsApp… todo se desvirtúa mucho. Pero bueno, es lo que hay. No tengo ningún problema en que tengas el informe. Eso sí: lo tiene Raúl, lo tiene la empresa, lo tiene el consorcio, no ha salido a la luz. Yo te lo paso a ti, pero te pediría que, hasta que no lo pidan, no sacarlo».

El informe al que se refiere es el elaborado por el propio jefe de Bomberos Forestales de Alzira, que también ha sido incorporado a la causa.

En otro audio, también incluido en el procedimiento, el bombero insiste en que Pradas hizo lo que estuvo en su mano, aunque alude a una conversación cuyo contenido no quiere revelar: «Entonces, nada, decirte que no te preocupes. Yo sé lo que hablaste en el coche y no voy a decir nada que no sea… Si me preguntan por ti o cualquier cosa, si escuché alguna información, sigo manteniendo que movilizaste todo lo habido y por haber desde mi coche. No sé con quién estabas hablando, eso sí, pero movilizaste a todo el mundo. Y que la UME, cuando tú montaste en mi coche, ya estaba movilizada; son palabras textuales tuyas con alguien con quien hablabas. Ya te dije en su día que, si algún día tuviese que ir a declarar, no tendría ningún problema, porque al final se trata de que todo el mundo sepa la verdad, que cada uno tenga la responsabilidad que tenga y santas pascuas».

Estos audios aportan información relevante que Alberto Pardo no mencionó en su declaración del lunes. El jefe de Bomberos Forestales de Alzira afirmó entonces que le «cuesta creer» que José Miguel Basset no estuviera al corriente de la desmovilización de los bomberos enviados a vigilar los cauces del Magro y el Poyo.

Preguntado por quién debió informar a Basset de esa desmovilización, respondió que el oficial de guardia de aquella jornada. Relató que, pese a estar disponibles, hubo unidades de bomberos forestales que no se movilizaron, como las de Xàtiva, Castelló de Rugat o Rótova, e insistió en que «habría que preguntar a Basset el motivo», según fuentes conocedoras de la declaración judicial en Catarroja.

Este responsable explicó que aquel 29 de octubre de 2024 fueron requeridos sobre las 12:45 horas para comprobar el nivel del río en Carlet, pero no pudieron realizar ninguna medición porque la escala ya estaba completamente inundada. Además, alrededor de las 13:45 horas supieron que, aguas abajo, había un camión dentro del agua y que su conductor no aparecía.

Pardo fue también quien recibió a la entonces consellera cuando acudió a visitar la zona, un encuentro sobre el que señaló: «El día no estaba para hacerse fotos; no era el momento».

Junto a Pradas visitaron el puente sobre el Magro en Carlet, cuyo cauce «ya iba muy lleno». A la vuelta, según declaró, la entonces consellera fue informada —no sabe por quién— de que la situación se había complicado en Utiel.

Ya por la tarde, este testigo explicó que, sobre las 19:00 horas, fueron advertidos de posibles avenidas desde la presa de Forata. Según aseguró, su unidad permaneció activa durante toda la madrugada, con intervenciones en la residencia de Carlet, en el polígono y en varias viviendas. «A las siete de la mañana volvimos a la base para cambiarnos de ropa; no nos queríamos ir a casa porque no era momento de descansar», declaró.

Fuentes de la defensa de la exconsellera Pradas consideran que la testifical de este bombero confirma su versión en lo relativo a la visita a Carlet para «interesarse por la situación de la dana en la Ribera Alta».

Asimismo, subrayan que la entonces consellera fue informada durante esa visita de que la situación se estaba complicando en Utiel y que «movilizó a todos los efectivos disponibles». También recuerdan que los bomberos forestales dependen operativamente del Consorcio Provincial y que son los mandos de este organismo quienes deciden su movilización y desmovilización.

La jutgessa que investiga la gestió de la dana, Nuria Ruiz, ha rebutjat la personació de Mazón en la causa sol·licitada aquest dilluns a través del seu advocat, segons ha avançat Levante EMV i ha confirmat elDiario.es.

La maniobra de Mazón es va produir pocs dies després que la magistrada l'haja citat a declarar en qualitat de testimoni, amb obligació per tant de dir la veritat, una compareixença per a la qual encara no hi ha data.

Precisament, aquest mateix dimarts l'expresident ha assegurat a les Corts que amb la seua petició de personació buscava conèixer si se li està investigant o si no.

Segons la interlocutòriia de la jutgessa, a la qual ha tingut accés aquesta redacció, l'article 118 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal (Lecrim) a la qual fa referència Mazón per sol·licitar la seua personació, “seria aplicable si en el present moment existiren indicis contra l'aforat” i afegeix que la resolució del TSJCV de 16 de març de 2026 l'exclou al eximir-lo pel moment de responsabilitat penal, per la qual cosa “sols podria ser part el senyor Mazón, en aquest moment processal, en el cas que pretenguera reconèixer un fet delictiu, i dit extrem no s'afferma en el seu escrit en el qual sol·licita la seua personació com a part”.

Per això, prossegueix la resolució, que la personació interessada sols podria basar-se en: “La voluntat del senyor Mazón de reconèixer la participació en la causació dels presumptes homicidis i lesions imprudents; o el fet que estime dit testimoni que una declaració com a tal, amb l'obligació de dir veritat, implicaria ineludiblement l'assunció de responsabilitats penals, i que sols pot declarar com a investigat”.

Segons la jutgessa, “cap d'aquestes dues opcions s'al·lega en l'escrit del senyor Mazón”. Per altra banda, “el que és quelcom ben diferent a la personació com a investigat, és que en el cas que el senyor Mazón fora investigat, encausat o enjudiciat en un altre procediment penal relacionat amb aquest, i la declaració testifical acordada en aquest procediment poguera perjudicar-lo, podria comparèixer en la declaració testifical assistit de lletrat”. No obstant això, “no consta ni s'al·lega dita situació processal en l'escrit referit”.

Per contra, argumenta Núria Ruiz que “la decisió d'escoltar com a testimoni el senyor Carlos Mazón Guixot i requerir-li directament els seus missatges i factura de telefonades, del dia 29 d'octubre de 2024, relacionades amb l'emergència, està subjecta a la fermesa de la resolució del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de data 16 de març de 2026, sobre l'exposició raonada que respecte del senyor Mazón va ser remesa a dit òrgan”.

La jutgessa insisteix que “la situació processal actual del senyor Mazón, després de la interlocutòria del TSJ, exclou la responsabilitat de forma completa en la seua vessant omissiva, al no ostentar la posició de garant, i no aprecia tampoc el TSJ indicis de delicte en l'acció de l'aforat en una eventual participació activa”.

Per tant, “no és factible efectuar un judici de futur sobre l'obtenció, durant la instrucció, d'indicis que derivaren en eventuals responsabilitats penals del senyor Carlos Mazón. Una eventualitat que es desconeix i que en cap cas pot ser obstacle, després de la resolució del TSJ, a l'objecte d'acordar la seua declaració testifical”.

La jueza que investiga la gestión de la dana, Nuria Ruiz, ha rechazado la personación de Mazón en la causa solicitada este lunes a través de su abogado, según ha avanzado Levante EMV y ha confirmado elDiario.es.

La maniobra de Mazón se produjo pocos días después de que la magistrada lo haya citado a declarar en calidad de testigo, con obligación por lo tanto de decir la verdad, una comparecencia para la que aún no hay fecha.

Precisamente, este mismo martes el expresidente ha asegurado en las Corts que con su petición de personación buscaba saber si se le está investigando o si no. Tras conocer la decisión de la jueza, ha asegurado que estudiará la resolución y actuará en consecuencia.

Según el auto de la jueza, al que ha tenido acceso esta redacción, el artículo 118 bis de la Ley de Enjuicimiento Criminial (Lecrim) al que hace referencia Mazón para solicitar su personación, “sería aplicable si en el presente momento existieran indicios contra el aforado” y añade que el auto del TSJCV de 16 de marzo de 2026 lo excluye al eximirle por el momento de responsabilidad penal, por lo que “solo podría ser parte el señor Mazón, en este  momento procesal, en el caso de que pretendiera reconocer un hecho delictivo, y dicho extremo no se afirma en su escrito en el que solicita su personación como parte”.

Es por ello, prosigue la resolución, que la personación interesada solo podría basarse en: “La voluntad del señor Mazón de reconocer la participación en la causación de los presuntos homicidios y lesiones imprudentes; o el hecho de que estime dicho testigo que una declaración como tal,  con la obligación de decir verdad, implicaría ineludiblemente la asunción de  responsabilidades penales, y que solo puede declarar como investigado”.

Según la jueza, “ninguna de estas dos opciones se alega en el escrito del señor Mazón”. Por otra parte, “lo que es algo bien diferente a la personación como investigado, es que en el caso de que el señor Mazón fuera investigado, encausado o enjuiciado en otro procedimiento penal relacionado con éste, y la declaración testifical acordada en este procedimiento pudiera perjudicarle,  podría comparecer en la declaración testifical asistido de letrado”. Sin embargo, “no consta ni se alega dicha situación procesal en el escrito referido”.

Por el contrario, argumenta Nuria Ruiz que “la decisión de oír como testigo al señor Carlos Mazón Guixot y requerirle directamente sus mensajes y factura de llamadas, del día 29 de octubre de 2024, relacionadas con la emergencia, está sujeta a la firmeza de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de fecha 16 de marzo de 2026, sobre la exposición razonada que respecto del señor Mazón fue remitida a dicho órgano”.

La jueza insiste en que “la situación procesal actual del señor Mazón, tras el auto del TSJ, excluye la responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante, y no aprecia tampoco el TSJ indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa”. 

Por lo tanto, “no es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención, durante la instrucción, de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales del señor Carlos Mazón. Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice, tras el auto del TSJ, al objeto de acordar su declaración testifical”.

El subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, ha declarado como testigo este martes en el juzgado de Llíria y ha confesado a la jueza que fue Presidencia de la Generalitat quien reclamó en audio entre dos técnicos que posteriormente fue filtrado y manipulado para atacar a Aemet, tergiversando la realidad y asegurando que la agencia estatal informó erróneamente de la situación de la dana del 29 de octubre de 2024. Suárez ha dicho que es la primera vez que le pedían algo similar desde que está en el cargo.

Suárez ha explicado a preguntas de la juez, la Abogacía del Estado y los abogados de las acusaciones populares ejercidos por el PSPV-PSOE y Podemos que el director general de Emergencias y mano derecha de Carlos Mazón en ese departamento, Alberto Martin Moratilla, fue quien pidió a la jefa de servicio localizar la llamada entre la técnica de Aemet y Emergencias y hacer una transcripción. “Luego llegó Ricardo García, subsecretario de Emergencias, diciendo que era urgente y se le dio la llamada en un pendrive y por eso no se llegó a transcribir. A Martín Moratilla se le explicó que ya se le había dado la memoria a Ricardo García. García fue a su despacho personalmente y le pidió que era urgente”, ha asegurado el subdirector de Emergencias.

Jorge Suárez ha insistido a preguntas de la jueza que buscaban una llamada en concreto. “Ricardo García fue a ese despacho y no se fue hasta que se localizó la llamada. Una vez localizada la llamada se genera una copia y se pone un USB que se entregó a Ricardo García”, ha añadido. Fue el propio subsecretario de Emergencias el que le dijo que “había prisa” y que era una “petición de Presidencia”. Meses después el audio fue manipulado y distribuido por varios medios de comunicación. Nada más publicarse la noticia, el propio Carlos Mazón la lanzó por sus redes sociales atacando a Aemet.

Según el subdirector de Emergencias fue Martín Moratilla el que le pidió localizar la llamada sobre la que se había basado un informe de la GVA . Primero la buscaron en Comcord y después el compañero fallecido hace poco la localizó en un teléfono fijo. “Mientras estaban buscando se personó Ricardoo García y dijo que era urgente y quiso ir personalmente a ver donde estaban buscando la llamada, con un técnico de Ilunion, Javier Ballester”, ha añadido.

Durante el interrogatorio como testigo, Jorge Suárez ha explicado el sistema de grabación de llamadas entre técnicos. Hay diferentes sistemas de grabación, dependiendo de por donde entren las llamadas. El 112 está conectado con el Comcord. También hay entradas de llamadas por teléfono de sobremesa que se guardan en un disco duro.

La llamada objeto del procedimiento entró por el teléfono de sobremesa. “Se registra de manera digital en un ordenador al que de manera habitual acceden solo cuatro personas identificadas por la Guardia Civil de la empresa tecnológica que da soporte al 112”, ha añadido.

La Fiscalía de Valencia aprecia un posible delito en la filtración de la conversación del pasado 29 de octubre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la técnico del 112 de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Como informó en exclusiva este diario, la propia Aemet cursó una denuncia ante la Fiscalía de la Comunitat Valenciana el pasado viernes 14 de marzo por la filtración de este audio que el presidente del Gobierno valenciano y miembros destacados de su Ejecutivo y del PP no tardaron en compartir en sus redes el pasado 12 de febrero. Compartieron la grabación manipulada, de manera que daba a entender que Aemet no estaba dando una información fidedigna, un bulo que se desmintió poco después cuando diferentes medios, entre ellos elDiario.es, publicaron la conversación de forma íntegra.

L’expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, s’ha embravit després de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que va rebutjar de pla investigar-lo pels 230 possibles homicidis imprudents del dia de la dana del 29 d’octubre de 2024, situant-lo així pràcticament en una posició d’inimputabilitat.

Ara, després que la jutgessa de Catarroja el citara com a testimoni en la causa, l’excap del Consell ha tornat a fer ús dels seus privilegis com a aforat i ha invocat una figura legal poc utilitzada, l’article 118 bis de la Llei d’enjudiciament criminal, per a personar-se en la causa i influir en la investigació. Aquesta maniobra legal no impediria que haguera d’acudir a declarar, encara que podria fer-ho assistit d’advocat i acollir-se al seu dret a no inculpar-se o fins i tot a faltar a la veritat. La figura és la de l’anomenat testimoni interessat.

L’article en què Mazón s’empara es va modificar el 2021 en el marc de la reforma de la Llei d’enjudiciament criminal i, en essència, es va orientar a reforçar les garanties dels aforats. El legislador va atendre les queixes de càrrecs públics els noms dels quals apareixien en els mitjans vinculats a investigacions sense possibilitat efectiva de defensa. La intenció de la modificació és evitar que un aforat puga ser investigat sense poder defensar-se i sense quedar marcat per l’estigma de la imputació.

Amb aquest canvi d’estratègia, l’excap del Consell passa de no haver atés en tres ocasions el requeriment de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra per a acudir al jutjat assistit de lletrat, a reclamar ara formar part de la investigació per a exercir la seua defensa. Aquesta situació li permetria sol·licitar la pràctica de diligències, proposar proves, impugnar preguntes i accedir al conjunt de les actuacions. Una manera de blindar-se davant una eventual imputació futura.

La jutgessa de la dana podria negar -se a reconéixer-li aquesta prerrogativa al·legant que ja li va oferir declarar amb assistència lletrada, encara que la decisió final podria recaure en la Secció Segona de l’Audiència Provincial de València. Aquest òrgan ja ha avalat la investigació de la magistrada i l’ha instada a continuar les perquisicions, malgrat que apunten a Mazón, fins i tot sent aforat. No obstant això, també és conegut pel seu perfil garantista, cosa que podria portar-lo a exigir la plena efectivitat del dret de defensa. En aquest escenari, Mazón podria utilitzar una eventual negativa de la jutgessa per a qüestionar la seua imparcialitat. Cal recordar que la principal investigada, Salomé Pradas, ha presentat una queixa davant el Consell General del Poder Judicial, encara en fase de tramitació.

Fonts jurídiques assenyalen que no hi ha precedents d’un aforat citat com a testimoni que haja invocat aquest precepte. La jutgessa de la dana, la Fiscalia i les parts hauran de pronunciar-se ara sobre aquesta estratègia processal.

L’escut del TSJ valencià

Carlos Mazón a penes ha tingut presència pública des que va dimitir com a president de la Generalitat. Només va comparéixer davant els mitjans després de conéixer la interlocutòria del TSJCV que l’exonerava de responsabilitat. L’excap del Consell es va limitar llavors a remetre’s a les paraules del president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, que va afirmar després de conéixer la resolució: «Tot és bastant clar». L’expresident de la Generalitat ha tornat així a beneficiar-se de l’aforament: primer, impedint que la jutgessa poguera investigar-lo des de l’inici; segon, evitant la seua imputació; i tercer, eludint l’obligació de declarar com a testimoni amb el deure de dir la veritat.

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha envalentonado tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que rechazó de plano investigarle por los 230 posibles homicidios imprudentes del día de la DANA del 29 de octubre de 2024, situándolo así prácticamente en una posición de inimputabilidad.

Ahora, después de que la jueza de Catarroja lo citara como testigo en la causa, el exjefe del Consell ha vuelto a hacer uso de sus privilegios como aforado y ha invocado una figura legal poco utilizada, el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para personarse en la causa e influir en la investigación. Esta maniobra legal no impediría que tuviera que acudir a declarar, aunque podría hacerlo asistido de abogado y acogerse a su derecho a no inculparse o incluso a faltar a la verdad. La figura es la del llamado testigo interesado.

El artículo en el que Mazón se ampara fue modificado en 2021 en el marco de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en esencia, se orientó a reforzar las garantías de los aforados. El legislador atendió a las quejas de cargos públicos cuyos nombres aparecían en los medios vinculados a investigaciones sin posibilidad efectiva de defensa. La intención de la modificación es evitar que un aforado pueda ser investigado sin poder defenderse y sin quedar marcado por el estigma de la imputación.

Con este cambio de estrategia, el exjefe del Consell pasa de no haber atendido en tres ocasiones el requerimiento de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra para acudir al juzgado asistido de letrado, a reclamar ahora formar parte de la investigación para ejercer su defensa. Esta situación le permitiría solicitar la práctica de diligencias, proponer pruebas, impugnar preguntas y acceder al conjunto de las actuaciones. Una forma de blindarse frente a una eventual imputación futura.

La jueza de la DANA podría negarse a reconocerle esta prerrogativa alegando que ya le ofreció declarar con asistencia letrada, aunque la decisión final podría recaer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. Este órgano ya ha avalado la investigación de la magistrada y la ha instado a continuar las pesquisas pese a que apuntan a Mazón, aun siendo aforado. No obstante, también es conocido por su perfil garantista, lo que podría llevarle a exigir la plena efectividad del derecho de defensa. En ese escenario, Mazón podría utilizar una eventual negativa de la jueza para cuestionar su imparcialidad. Cabe recordar que la principal investigada, Salomé Pradas, ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, aún en fase de tramitación.

Fuentes jurídicas señalan que no existen precedentes de un aforado citado como testigo que haya invocado este precepto. La jueza de la DANA, la Fiscalía y las partes deberán ahora pronunciarse sobre esta estrategia procesal.

El escudo del TSJ valenciano

Carlos Mazón apenas ha tenido presencia pública desde que dimitiera como presidente de la Generalitat. Solo compareció ante los medios tras conocerse el auto del TSJCV que le exoneraba de responsabilidad. El exjefe del Consell se limitó entonces a remitirse a las palabras del presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, quien afirmó tras conocer la resolución: «Todo está bastante claro».

El expresidente de la Generalitat ha vuelto así a beneficiarse del aforamiento: primero, impidiendo que la jueza pudiera investigarle desde el inicio; segundo, evitando su imputación; y tercero, eludiendo la obligación de declarar como testigo con el deber de decir la verdad.

Al voltant de 16 milions d'euros destinats a implementar la intel·ligència artificial en la sanitat valenciana hauran d'esperar fins a la signatura d'un conveni, a causa de la falta d'entesa entre administracions. El Ministeri de Transformació Digital i de la Funció Pública pretenia celebrar el passat 26 de març un acte amb mitjans de comunicació a La Fe de València, però la impossibilitat d'assistir del conseller Marciano Gómez per qüestions d'agenda va provocar que la presentació i, per tant, la signatura del conveni no pogueren realitzar-se. La Conselleria de Sanitat no va contestar a la possibilitat de l'ús de les instal·lacions públiques de l'hospital sense el conseller i l'acte es va anul·lar.

«El conveni és amb la Generalitat, per la qual cosa no tenia gaire sentit fer una presentació sense la Generalitat», argumenten fonts de la Conselleria, que precisen que mai es va negar l'espai de La Fe i que va ser el ministeri el que «no va proposar una data alternativa».

Fonts del Ministeri de Transformació Digital van lamentar la «manca d'esperit de cooperació» de la Conselleria de Sanitat, i consideren que ni tan sols es va arribar a valorar la sol·licitud d'un espai «per a la presentació d'un projecte que beneficia tots els valencians i valencianes». «Entenem que aquesta nul·la voluntat de cooperació opera únicament en detriment dels interessos de la ciutadania valenciana», asseguren en unes paraules que també van ser traslladades a l'equip del conseller.

La petició formal del ministeri amb la data proposada es va realitzar el passat 20 de març. En haver-hi un cap de setmana pel mig, la resposta va arribar el dilluns, gairebé al migdia. En ella, la Conselleria al·legava que ni el conseller ni el secretari autonòmic podrien assistir el dia 26 a la presentació. Hores després, aquest mateix dia 23, el ministeri va reiterar la sol·licitud de la sala a l'Hospital La Fe i va plantejar la possibilitat que acudira un altre representant de Sanitat. Aquesta vegada no va obtindre resposta. El 25 de març, el ministeri va enviar un altre correu en què retreia la falta de col·laboració i va haver de desistir en la seva intenció de celebrar l'acte de presentació del conveni de Serveis Digitals Intel·ligents en el Sistema Nacional de Salut amb la Generalitat Valenciana.

Fonts de la Conselleria de Sanitat van mostrar el seu malestar amb la situació: “El conseller tenia compareixença a les Corts i el secretari autonòmic, una roda de premsa. El conveni és amb la Generalitat, per la qual cosa no tenia gaire sentit fer una presentació sense la Generalitat. Van insistir que el ministre tenia una agenda molt complicada i que no podia un altre dia. Nosaltres reiterem que l'agenda ja estava tancada. El següent va ser un correu dient-nos que no la feien per la 'poca col·laboració'”, van explicar des del departament de Marciano Gómez.

Sobre la possibilitat que l'arribada dels 16 milions d'euros puguen bloquejar-se, des de la Conselleria assenyalen que «aquest mateix conveni s'ha signat amb altres comunitats autònomes telemàticament, sense condicionar-lo a un acte de presentació».

Des del Ministeri de Transformació Digital també van mostrar el seu malestar per no poder presentar el conveni. Entenen que, tractant-se d'una inversió tan elevada, resulta inapropiat signar de manera telemàtica. «Cal explicar-ho perquè no és la primera vegada que s'apropien de fons que vénen de l'Estat com si foren seus», ironitzen.

En el rerefons d'aquesta polèmica es troba l'intensa batalla política a la Comunitat Valenciana i l'ús, per part del Consell, de l'argument del greuge per la manca d'inversió del Govern central al territori que el Govern vol revertir. Ambdues administracions necessiten traslladar a la ciutadania el seu compromís amb els valencians i valencianes.

Alrededor de 16 millones de euros destinados a implementar la inteligencia artificial en la sanidad valenciana tendrán que esperar hasta la firma de un convenio, debido a la falta de entendimiento entre administraciones. El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública pretendía celebrar el pasado 26 de marzo un acto con medios de comunicación en La Fe de València, pero la imposibilidad de asistir del conseller Marciano Gómez por cuestiones de agenda provocó que la presentación y, por tanto, la firma del convenio no pudieran realizarse. La Conselleria de Sanidad no contestó a la posibilidad del uso de las instalaciones públicas del hospital sin el conseller y el acto se anuló.

«El convenio es con la Generalitat, por lo que no tenía mucho sentido hacer una presentación sin la Generalitat», argumentan fuentes de la Conselleria, que precisan que nunca se negó el espacio de La Fe y que fue el ministerio el que «no propuso una fecha alternativa».

Fuentes del Ministerio de Transformación Digital lamentaron la «falta de espíritu de cooperación» de la Conselleria de Sanidad, y consideran que ni siquiera se llegó a valorar la solicitud de un espacio «para la presentación de un proyecto que beneficia a todos los valencianos y valencianas». «Entendemos que esta nula voluntad de cooperación opera únicamente en detrimento de los intereses de la ciudadanía valenciana», aseguran en unas palabras que también fueron trasladadas al equipo del conseller.

La petición formal del ministerio con la fecha propuesta se realizó el pasado 20 de marzo. Al haber un fin de semana de por medio, la respuesta llegó el lunes, casi al mediodía. En ella, la Conselleria alegaba que ni el conseller ni el secretario autonómico podrían asistir el día 26 a la presentación. Horas después, ese mismo día 23, el ministerio reiteró la solicitud de la sala en el Hospital La Fe y planteó la posibilidad de que acudiera otro representante de Sanidad. Esta vez no obtuvo respuesta. El 25 de marzo, el ministerio envió otro correo en el que afeaba la falta de colaboración y tuvo que cejar en su intención de celebrar el acto de presentación del convenio de Servicios Digitales Inteligentes en el Sistema Nacional de Salud con la Generalitat Valenciana.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad mostraron su malestar con la situación: “El conseller tenía comparecencia en Les Corts y el secretario autonómico, una rueda de prensa. El convenio es con la Generalitat, por lo que no tenía mucho sentido hacer una presentación sin la Generalitat. Insistieron en que el ministro tenía una agenda muy complicada y que no podía otro día. Nosotros reiteramos que la agenda ya estaba cerrada. Lo siguiente fue un correo diciéndonos que no la hacían por la 'poca colaboración'”, explicaron desde el departamento de Marciano Gómez.

Sobre la posibilidad de que la llegada de los 16 millones de euros pueda bloquearse, desde la Conselleria señalan que «ese mismo convenio se ha firmado con otras comunidades autónomas telemáticamente, sin condicionarlo a un acto de presentación».

Desde el Ministerio de Transformación Digital también mostraron su malestar por no poder presentar el convenio. Entienden que, tratándose de una inversión tan elevada, resulta inapropiado firmarlo de manera telemática. «Hay que explicarlo porque no es la primera vez que se apropian de fondos que vienen del Estado como si fueran suyos», ironizan.

En el trasfondo de esta polémica se encuentra la intensa batalla política en la Comunitat Valenciana y el uso, por parte del Consell, del argumento del agravio por la falta de inversión del Gobierno central en la región que el Gobierno quiere revertir. Ambas administraciones necesitan trasladar a la ciudadanía su compromiso con los valencianos y valencianas.

No per esperat ha generat menys sorpresa. L'anunci realitzat aquest dissabte per l'exvicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra, de liderar la candidatura de Compromís a l'alcaldia de València ha posat potes en l'aire el tauler polític a la tercera ciutat d'Espanya. Aquest 28 de març de 2026 marca l'inici de la carrera per conquerir el que fora el segon gran bastió dels governs del canvi de 2015 —nomé superat en població per la Barcelona d'Ada Colau—.

S'acosten uns comicis que poden ser dels més interessants de l'Estat: la distància entre els blocs d'esquerra i dreta és d'un regidor i tots els partits presenten els seus millors candidats. I encara pot haver-hi més sorpreses.

Mònica Oltra va demostrar aquest dissabte que, malgrat el judici pendent —encara sense data— pel presumpte encobriment dels abusos del seu exmarit, una causa sostinguda únicament per acusacions impulsades per l'extrema dreta, ha dedicat els quatre anys fora de la política a reflexionar, observar el seu entorn i identificar les receptes necessàries per vèncer “des de l'amor” a uns ultres que considera “envalentonats”.

Oltra és conscient que s'enfrontarà a un procés judicial complex, probablement agreujat per l'anomenada pena de banqueta, però també sap que de l'infern es pot tornar. I té com a espill el president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva: el polític brasiler va ressorgir després de passar per la presó per greus acusacions que van acabar desacreditades i va acabar guanyant l'extrema dreta al seu país. “Van intentar enterrar-me viu i ací estic”, va dir l'actual president brasiler en vèncer Bolsonaro el 2022.

L'exvicepresidenta serà la candidata de Compromís, però ningú dubta que aspira també a convertir-se en la referència de totes les esquerres situades a l'esquerra del PSOE. També del denominat “espai de ruptura”: sectors que se senten cada vegada més perdedors del sistema i que actualment migren en massa cap a opcions com Vox o Se Acabó la Fiesta (SALF).

Serà clau veure com la coalició valencianista articula una llista unitaria en la qual Podem i Esquerra Unida —ambdós sense representació a València— se senten còmodes i remen en la mateixa direcció. Tampoc tenen moltes més opcions posat que les enquestes els continuen situant fora de l'ajuntament i amb intencions de vot que no superen els 10.000 sufragis, que semblen pocs però que poden donar un tomb electoral si entren en l'urna adequada.

Oltra es mesurarà a dues de les polítiques valencianes en millor moment. Per una banda, l'actual alcaldessa de València, María José Catalá, la candidata més votada el 2023 i persona de màxima confiança d'Alberto Núñez Feijóo a la Comunitat Valenciana. Tal és la confiança del líder popular en la dirigent de Torrent que va arribar a considerar-la com a possible successora de Carlos Mazón a la Generalitat per mirar de contenir la crisi de la dana, que va enfonsar el PP valencià a les enquestes.

Per altra banda, els socialistes estaran encapçalats per l'actual delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, una de les dirigents amb més projecció del PSPV-PSOE. El seu paper durant la dana la va catapultar a l'escena mediàtica nacional i, juntament amb Oltra, és una de les poques figures capaces de fer-se un lloc als grans mitjans.

A l'esquerra hi haurà gairebé amb tota seguretat dos llistes, però el principal problema per a Catalá pot sorgir per la dreta. Vox estudia presentar un altre perfil molt conegut: l'extorero i exvicepresident de la Generalitat amb Carlos Mazón, Vicente Barrera. Barrera ha pres el control del partit a València i compta amb una notable notorietat pública.

Queda per veure si Se Acabó la Fiesta presenta candidat i si Ciudadanos conserva encara suficient estructura per concórrer a la capital, on podria llepar alguns —tot i que pocs— vots moderats. Però 2.000 vots ben bé poden valdre una alcaldía.

Qui podria dinamitar el bloc de la dreta és Francisco Camps. L'expresident de la Generalitat porta mesos reclamant un congrés al PP de la Comunitat Valenciana per tornar a les “majories absolutes”, però ha estat completament ningú per l'actual direcció.

Si no li permeten competir internament ni reconeixen el seu llegat, Camps podria optar per impulsar una candidatura independent. No ho ha verbalitzat públicament, però és conscient que on més opcions tindria seria a la ciutat de València, on podria aglutinar tant descontents del partit com part de l'electorat més afí a la desapareguda Rita Barberá.

I Camps sap que hi ha partit i estaria encantat de mesurar-se amb dos de les polítiques de les quals més recela: Mónica Oltra i María José Catalá. Alguns sondejos, en preguntar per la possibilitat que l'expresident concorra amb una candidatura pròpia, li atorguen fins a 30.000 vots. Aquesta xifra podria traduir-se en un parell de regidors i, sobretot, en una fragmentació del vot de la dreta que ni l'actual alcaldessa ni Vox poden permetre's.

Aquests mateixos sondejos —distints de l'intern de Compromís que preguntava per Mònica Oltra— apunten a un empat tècnic entre els blocs d'esquerra i dreta. El que significa que la candidata que obtinga més vots entre Compromís i el PSPV-PSOE tindrà serioses opcions de convertir-se en alcaldessa de València. València serà la gran batalla política d'Espanya.

No por esperado ha generado menos sorpresa. El anuncio realizado este sábado por la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, de liderar la candidatura de Compromís a la alcaldía de València ha puesto patas arriba el tablero político en la tercera ciudad de España. Este 28 de marzo de 2026 marca el inicio de la carrera por conquistar el que fuera el segundo gran bastión de los gobiernos del cambio de 2015 —solo superado en población por la Barcelona de Ada Colau—.

Se avecinan unos comicios que pueden ser de los más interesantes del país: la distancia entre los bloques de izquierda y derecha es de un concejal y todos los partidos presentan a sus mejores candidatos. Y aún puede haber más sorpresas.

Mónica Oltra demostró este sábado que, pese al juicio pendiente —aún sin fecha— por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido, una causa sostenida únicamente por acusaciones impulsadas por la extrema derecha, ha dedicado los cuatro años fuera de la política a reflexionar, observar su entorno e identificar las recetas necesarias para vencer “desde el amor” a unos ultras que considera “envalentonados”.

Oltra es consciente de que se enfrentará a un proceso judicial complejo, probablemente agravado por la llamada pena de banquillo, pero también sabe que del infierno se puede volver. Y tiene como espejo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva: el político brasileño resurgió tras pasar por la cárcel por graves acusaciones que acabaron desacreditadas y terminó ganando a la extrema derecha en su país. “Intentaron enterrarme vivo y aquí estoy”, dijo el actual presidente brasileño al vencer a Bolsonaro en 2022.

La exvicepresidenta será la candidata de Compromís, pero nadie duda de que aspira también a convertirse en la referencia de todas las izquierdas situadas a la izquierda del PSOE. También del denominado “espacio de ruptura”: sectores que se sienten cada vez más perdedores del sistema y que actualmente migran en masa hacia opciones como Vox o Se Acabó la Fiesta (SALF).

Será clave ver cómo la coalición valencianista articula una lista unitaria en la que Podemos y Esquerra Unida —ambos sin representación en València— se sientan cómodos y remen en la misma dirección. Tampoco tienen muchas más opciones puesto que las encuestas les siguen situando fuera del ayuntamiento y con intenciones de voto que no superan los 10.000 sufragios, que parecen pocos pero que pueden dar un vuelco electoral si entran en la urna adecuada.

Oltra se medirá a dos de las políticas valencianas en mejor momento. Por un lado, la actual alcaldesa de València, María José Catalá, la candidata más votada en 2023 y persona de máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo en la Comunitat Valenciana. Tal es la confianza del líder popular en la dirigente de Torrent que llegó a considerarla como posible sucesora de Carlos Mazón en la Generalitat para tratar de contener la crisis de la dana, que hundió al PP valenciano en las encuestas.

Por otro lado, los socialistas estarán encabezados por la actual delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, una de las dirigentes con mayor proyección del PSPV-PSOE. Su papel durante la dana la catapultó a la escena mediática nacional y, junto a Oltra, es una de las pocas figuras capaces de hacerse un hueco en los grandes medios.

En la izquierda habrá casi con toda seguridad dos listas, pero el principal problema para Catalá puede surgir por la derecha. Vox estudia presentar a otro perfil muy conocido: el ex torero y exvicepresidente de la Generalitat con Carlos Mazón, Vicente Barrera. Barrera ha tomado el control del partido en València y cuenta con una notable notoriedad pública.

Queda por ver si Se Acabó la Fiesta presenta candidato y si Ciudadanos conserva aún suficiente estructura para concurrir en la capital, donde podría arañar algunos —aunque pocos— votos moderados.

Quien podría dinamitar el bloque de la derecha es Francisco Camps. El expresidente de la Generalitat lleva meses reclamando un congreso en el PP de la Comunitat Valenciana para volver a las “mayorías absolutas”, pero ha sido completamente ninguneado por la actual dirección.

Si no le permiten competir internamente ni reconocen su legado, Camps podría optar por impulsar una candidatura independiente. No lo ha verbalizado públicamente, pero es consciente de que donde más opciones tendría sería en la ciudad de València, donde podría aglutinar tanto a descontentos del partido como a parte del electorado más afín a la desaparecida Rita Barberá.

Y Camps sabe que hay partido y estaría encantado de medirse con dos de las políticas de las que más recela: Mónica Oltra y María José Catalá. Algunos sondeos, al preguntar por la posibilidad de que el expresidente concurra con una candidatura propia, le otorgan hasta 30.000 votos. Esa cifra podría traducirse en un par de concejales y, sobre todo, en una fragmentación del voto de la derecha que ni la actual alcaldesa ni Vox pueden permitirse.

Esos mismos sondeos —distintos del interno de Compromís que preguntaba por Mónica Oltra— apuntan a un empate técnico entre los bloques de izquierda y derecha. Lo que significa que la candidata que obtenga más votos entre Compromís y el PSPV-PSOE tendrá serias opciones de convertirse en alcaldesa de València. València será la gran batalla política de España.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de CaixaBank ha aprobado este viernes todos los acuerdos sometidos a votación, entre los que se encuentra la distribución del dividendo complementario en efectivo, con cargo a los beneficios de 2025, de 2.320 millones de euros, equivalente a 33,21 céntimos de euro brutos por acción. De este montante de liquidez para los accionistas, 417,6 millones irán a parar a las arcas del Estado, ya que participa en el 18 % del accionariado de la compañía.

Además, el banco incrementa sus objetivos a tres años con unas previsiones de crecimiento del volumen de negocio de un 6% de media y una reducción de la morosidad por debajo del 2% “apoyados en la buena situación de la economía española y portuguesa”, según ha revelado el consejero delegado de la compañía, Gonzalo Gortázar.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebra este viernes en el Palacio de Congresos de València, ciudad donde la compañía tiene su sede social. El anuncio estrella y más esperado de la mañana ha sido el segundo pago de dividendos que se realizará el próximo 9 de abril. Este segundo abono, junto con el dividendo a cuenta de 16,79 céntimos de euros brutos por acción abonado el pasado mes de noviembre, eleva la remuneración al accionista en efectivo para el ejercicio 2025 a 0,50 euros brutos por acción. Esto supone un incremento del dividendo bruto anual por acción del 15%, frente a los 0,4352 euros brutos por acción del ejercicio anterior.

De esta manera, la cuantía destinada a dividendos con cargo a los resultados de 2025 asciende a 3.499 millones de euros, 629,82 acabarán en las arcas del Estado para su redistribución en políticas públicas.

De este total de retribución al accionista, alrededor del 50% revierte directamente en la sociedad, pues lo reciben la Fundación “la Caixa” y el FROB. Además, la entidad cuenta con 515.620 accionistas (cierre de 2025), en su inmensa mayoría minoristas.

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, en su intervención ante la Junta General de Accionistas, ha afirmado que la entidad “ha sido, un año más, líder con un modelo de banca comprometida con la sociedad, sólida y rentable. Un liderazgo cimentado en nuestros magníficos resultados, pero también, y sobre todo, en una manera distinta de entender la banca: cercana, con valores y orientada al largo plazo”.

“Nuestro modelo inspira, innova y pone el compromiso en el centro de su actuación para hacer realidad nuestros valores: calidad, confianza y compromiso social”, ha defendido el presidente de CaixaBank, quien ha añadido que el crecimiento en 2025 “ha sido posible, una vez más, gracias a la capacidad de entender las necesidades de las personas”.

Según Muniesa, “esto solo es posible con un modelo cercano y especializado, que no deje atrás a nadie. No importa si vives en una gran ciudad o en un entorno rural, en la península o en el extranjero, nos vas a encontrar. Si eres un cliente particular de retail, un autónomo, una pyme o una multinacional, también tenemos las soluciones que necesitas”.

Además, ha apuntado, “la banca necesita contar con la confianza de clientes y mercados, y la mejor manera de lograrla es ofrecer un modelo de relación con el cliente de largo recorrido, con un catálogo de soluciones para todo el ciclo vital”.

Muniesa pide “un gran consenso” para abordar la longevidad, la vivienda o la inmigración

Por otra parte, el presidente de CaixaBank ha repasado la situación geopolítica, la elevada incertidumbre actual, debido a la guerra en Irán, y los retos que enfrenta, en concreto, la economía española. “La longevidad, el mercado laboral, la inmigración y la vivienda, tan interrelacionados entre sí, necesitan un planteamiento global y un gran consenso político y social”, ha indicado.

En este contexto, el presidente de CaixaBank ha puesto en valor el papel que juega la entidad, con el objetivo de “contribuir en el avance hacia una economía más sostenible y apoyar el desarrollo económico y social de todos”.

De esta manera, ha subrayado, el compromiso social de CaixaBank en 2025 “se materializó en el ámbito de la inclusión financiera y social y en otras áreas con impacto social positivo: más de 1,8 millones de personas fueron beneficiarias de alguna solución inclusiva promovida por el Grupo”.

El presidente de CaixaBank ha expuesto también cómo el banco ha creado valor para los accionistas y ha destacado el “sólido comportamiento de la acción en 2025”. La evolución de su precio fue “muy significativa”, y prácticamente duplicó su valor, desde los 5,24 euros hasta los 10,45 euros a 31 de diciembre.

El incremento de CaixaBank fue del 99,5% frente al 80% del Euro Stoxx Banks y el 49% del IBEX‑35, por lo que superó ampliamente a ambos índices de referencia. “Ello refleja la fuerte confianza y el reconocimiento del mercado a la estrategia y la gestión del banco”, ha señalado.

Positiva evolución del negocio en 2025

Por su parte, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, ha presentado a los accionistas el detalle de los resultados y la actividad de la entidad durante 2025, y se ha mostrado confiado en la evolución del entorno económico en 2026 pese a los riesgos asociados a la situación geopolítica actual y a la incertidumbre generada por la guerra en Irán. Ha asegurado, además, que “la situación de fortaleza de CaixaBank nos permitirá seguir apoyando a la economía, a las empresas y a las familias, además de reforzar nuestro compromiso social y seguir creando valor para nuestros accionistas”.

“2025 ha sido un gran año para CaixaBank”, ha indicado el consejero delegado, quien ha explicado que la entidad obtuvo un beneficio neto de 5.891 millones de euros, un 1,8% más, gracias a la buena evolución de la actividad comercial, que permitió incrementar el volumen de negocio un 6,9% en el año (hasta situarse en 1,1 billones de euros).

Gortázar ha destacado el “fuerte aumento del crédito, impulsado por el dinamismo de la demanda”, que supuso un aumento del 7% en la cartera de crédito sana, con incrementos significativos tanto en empresas como en particulares; y ha puesto en valor “el crecimiento robusto en recursos”, con un alza del 6,8% en el año.

Además, se ha referido a la fortaleza del balance del Grupo, con una reducción de la tasa de mora que se sitúa de nuevo en niveles mínimos (2,1%), una cómoda posición de liquidez y una fuerte generación orgánica de capital.

Protestas de los trabajadores por la “presión comercial”

Los sindicatos han protestado a las puertas del Palacio de Congresos de Valencia al inicio de la Junta General. El Sindicato de Empleados de CaixaBank (SECB), mayoritario con una representación del 42 %, ha señalado que con los paros parciales de una hora realizados durante los días 3 y 9 de marzo, que secundaron 15.000 empleados, y la huelga de 24 horas convocada para hoy quiere denunciar la “presión comercial” de la plantilla y su afección en la salud mental.

La huelga llama a toda la plantilla, oficinas, servicios centrales y departamentos a nivel nacional, si bien es la red comercial la que sufre “más presión”, según ha manifestado la presidenta del SECB, Begoña Peiró. Reclaman que cambie el sistema de retos, ahora cuatrimestral, lo que “estresa” mucho a la plantilla, que haya una sistemática comercial más autónoma para los empleados y que no se esté “fiscalizando” continuamente a los empleados.

Peiró ha afirmado que CaixaBank ha logrado “grandes triunfos” y la plantilla, unas 38.000 personas, ha demostrado que sabe trabajar de forma autónoma.

Por parte de CCOO, el responsable estatal de CaixaBank, Íñigo Vicente Herrero, ha señalado que la huelga no está motivada por un ERE o por el convenio colectivo sino por “el clima laboral, la situación de presión y de carga de trabajo”.

Desde 2008, la plantilla del conjunto del sector financiero y de las entidades que formaron Caixabank “hicieron muchos sacrificios y asumieron muchos esfuerzos para garantizar la viabilidad de la entidad”, y ahora que está en beneficio récord no se invierte en “beneficios en la plantilla” y, de hecho, los gastos de personal han pasado de representar el 76 % de los beneficios a nueve puntos menos. Ha manifestado que esperan que la huelga, en la que confían tener un seguimiento masivo, “haga reflexionar” a la entidad “en un día donde aprueba sus resultados y la gestión”.

Raquel Ruiz, secretaria general de UGT en CaixaBank, ha denunciado que la plantilla “está cansada, está enfadada y está muy decepcionada” por “una presión laboral brutal desde hace muchos años”. “A causa de la sordera y la ceguera de la dirección de la empresa, ni nos escuchan, ni nos hablan, ni quieren saber nada de cómo está la plantilla”, ha lamentado.

También desde CSIF, la representante de la sección sindical, Elena Villalba, ha hablado de “un clima laboral insostenible” que afecta a la salud mental de los empleados y repercute en los clientes, que se quejan “de cómo esa presión nos ha convertido, en lugar de en un sistema bancario al que acudían con confianza para exponer sus necesidades financieras, en una especie de spam”.

Tanto el presidente como el consejero delegado han aprovechado sus intervenciones para hacer un reconocimiento a la plantilla del Grupo CaixaBank, conformada por más de 47.000 personas, que ha sido pieza fundamental en los buenos resultados del ejercicio 2025 y que lo será para afrontar los retos de 2026.

“Os puedo asegurar que la contribución de cada una de las personas que formáis CaixaBank ha contado, es una labor visible siempre. Cada una, cada uno, sois los artífices reales de este modelo de banca reconocible y diferencial”, ha expresado Muniesa. Para Gortázar, “su profesionalidad, entrega y compromiso durante el año, pero también en el pasado, ha hecho de CaixaBank entidad de referencia en España no sólo en volúmenes sino también, y más importante, en calidad y saber hacer”.

Acelerar la transformación

Por su parte, Gonzalo Gortázar ha explicado, “nos ha permitido cerrar el ejercicio con crecimientos superiores a los previstos y con una solidez financiera aún más robusta”. Como consecuencia, ha destacado, “hemos revisado al alza los principales objetivos de crecimiento y rentabilidad para los próximos años, manteniendo la ambición de acelerar la transformación operativa”.

En este sentido, ha querido dejar claro que la transformación “no es solo un proyecto tecnológico, sino que debe entenderse como un compromiso de largo plazo para hacer las cosas de manera distinta, anticipándonos a las necesidades de nuestros clientes y a un entorno que evoluciona con enorme rapidez”. “Aceleramos la transformación, sí, pero siempre con una visión clara: queremos ser útiles para la sociedad”, ha agregado.

Así, ha aseverado el consejero delegado de CaixaBank, “reforzamos nuestra manera diferente de hacer banca: estamos cerca de las personas para todo lo que importa, contribuimos al bienestar financiero de nuestros clientes y al progreso de toda la sociedad, y afianzamos nuestros valores de calidad, confianza y compromiso social”.

Acuerdos de la Junta de Accionistas

Además de la distribución del dividendo complementario con cargo a los beneficios de 2025, la Junta General de Accionistas de CaixaBank ha dado el visto bueno a todos los acuerdos sometidos a votación, entre los que se encuentran la aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas, y de sus respectivos informes de gestión, correspondientes a 2025; la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio, la reducción del capital social hasta un importe máximo correspondiente al 10% del mismo, o la reelección del auditor de las cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2027.

La Junta también ha respaldado la reelección como consejero de Tomás Muniesa, con la categoría de consejero dominical a propuesta de la Fundación Bancaria “la Caixa”, por un periodo de cuatro años.

Ha aprobado, asimismo, el nombramiento de Ana María García Fau como consejera independiente de la entidad por un periodo de cuatro años, para cubrir la vacante de Amparo Moraleda Martínez, que ha presentado su renuncia al cargo de consejera con efectos en el momento de finalización de la Junta de Accionistas; la reelección de Eduardo Javier Sanchiz como consejero independiente, y la ratificación del nombramiento por cooptación de Pablo Arturo Forero Calderón como consejero independiente.

La entidad reconoce y agradece la labor de Amparo Moraleda durante los doce años que ha sido miembro del Consejo, donde ha aportado su amplio conocimiento y experiencia en los ámbitos tecnológico y financiero.

El Consejo de Administración de CaixaBank mantiene la estructura de 15 miembros, de los cuales 10 -el 67%- son consejeros independientes, y sigue contando con una representación de mujeres que alcanza el 40%.

El president de la Cambra de Comerç d’Alacant i de la Federació de Comerç i Pimes de la Província d’Alacant (Facpyme), Carlos Baño, continua amb la seua agenda pública en la institució cameral —que rep milions d’euros en fons públics— com si no haguera passat res, malgrat haver sigut detingut fa una setmana durant deu hores per la policia i al fet que un jutjat d’instrucció investiga en secret des de fa setmanes la seua gestió del bo comerç de la Diputació d’Alacant.

L’advocat de Baño va assegurar que els delictes que se li imputen —al que va ser “germà” de l’expresident Carlos Mazón— són falsedat i frau en subvencions, però fonts coneixedores de la investigació afirmen que podria haver-hi més delictes en la llista. De fet, va ser la Secció de Blanqueig de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (EDEF) la que va fer els registres i lidera la investigació.

En la setmana posterior a la seua detenció, Baño ha mantingut la seua agenda sense alteracions i ha participat en dos actes públics: un d’acostament entre empreses alacantines i romaneses i un altre sobre l’empresa familiar. I és que, en la Cambra d’Alacant, en la Confederació de Cambres i en la patronal CEV, sembla que ningú s’ha donat per al·ludit després de l’operació policial i l’actuació d’Anticorrupció sobre la seua gestió en Facpyme. Fins i tot hi ha hagut qui ha eixit a defensar-lo sense reserves. El més contundent va ser el seu vicepresident en la Cambra, Jesús Navarro: “És l’home més honrat que he vist en la vida. Crec al 100% en la seua innocència total, com a professional i com a amic”.

Tampoc Baño mateix, que, malgrat prodigar-se públicament, continua sense donar cap explicació de la detenció huit dies després. Només ha negat les irregularitats i ha “col·laborat amb la justícia”. Baño no ha oferit rodes de premsa ni entrevistes en profunditat, no ha explicat públicament la seua gestió del bo comerç, no ha respost a les crítiques polítiques ni a les peticions d’auditoria i tampoc ha fet declaracions rellevants durant la setmana posterior a la seua detenció.

De moment, la veritat és que en la Plaça número 4 de la Secció d’Instrucció d’Alacant s’investiga des de fa setmanes Carlos Baño en una causa que continua sota secret, malgrat la seua detenció i els escorcolls de quatre hores practicats en Facpyme i en diversos trasters. El secret de les actuacions, així com els escorcolls, sol decretar-se per a evitar la possible destrucció de proves. Es tracta d’una mesura extraordinària que el jutge ha de justificar i acreditar amb rigor.

La denúncia la va presentar la Fiscalia Anticorrupció, que va fer seua una denúncia inicial de l’Agència Valenciana Antifrau, que va detectar tota mena d’irregularitats en la gestió dels diners que la Diputació d’Alacant i diversos ajuntaments van destinar al bo comerç i van posar en mans de l’empresa Nexo Retail Alicante, creada per Facpyme expressament per a aquesta comesa.

En un primer moment, l’Agència Valenciana Antifrau va detectar irregularitats i va obligar l’Ajuntament de Torrevella a tornar una part important de l’ajuda. Posteriorment, en una segona denúncia, es va posar el focus en Nexo Retail Alicante SL, administrada per Baño, que va gestionar el bo comerç de desenes d’ajuntaments movent importants quantitats de diners. El 2022, amb tot just cinc mesos d’activitat, la societat instrumental de Facpyme va facturar 676.896 euros i va obtindre uns beneficis de 512.966 euros, cosa que suposa una rendibilitat superior al 75%. El 2023, ja amb l’exercici complet, els ingressos van descendir fins a 371.627 euros, encara que els beneficis es van situar en 147.640 euros, segons els comptes depositats en el Registre Mercantil.

Quan elDiario.es va publicar la informació sobre la investigació de l’Agència Antifrau, des de Facpyme no es van oferir explicacions. Per part seua, la Cambra d’Alacant tampoc va donar compte de la situació, malgrat que el seu president comparteix l’administració amb l’empresa investigada. Tampoc van reaccionar ni Baño, ni la Cambra ni Facpyme quan es va fer públic que Anticorrupció havia assumit la investigació.

Ara, amb Carlos Baño detingut, en llibertat amb càrrecs i amb un jutge investigant sota secret la seua actuació com a president de la Cambra d’Alacant, tot continua igual: la música continua sonant, els músics continuen tocant i el “germà” de Carlos Mazón manté la seua agenda pública com si no passara res. I ningú en les patronals o en les cambres s’ha atrevit a formular la més mínima crítica davant una situació tan extraordinària.

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación de Comercio y Pymes de la Provincia de Alicante (Facpyme), Carlos Baño, continúa con su agenda pública en la institución cameral —que recibe millones de euros en fondos públicos— como si nada hubiera ocurrido, pese a haber sido detenido hace una semana durante diez horas por la policía y a que un juzgado de instrucción investiga en secreto desde hace semanas su gestión del bono comercio de la Diputación de Alicante.

El abogado de Baño aseguró que los delitos que se le imputan —al que fuera “hermano” del expresidente Carlos Mazón— son falsedad y fraude en subvenciones, pero fuentes conocedoras de la investigación afirman que podría haber más delitos en la lista. De hecho, fue la sección de Blanqueo de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (EDEF) la que realizó los registros y lidera la investigación.

En la semana posterior a su detención, Baño ha mantenido su agenda sin alteraciones y ha participado en dos actos públicos: uno de acercamiento entre empresas alicantinas y rumanas y otro sobre la empresa familiar. Y es que, en la Cámara de Alicante, en la Confederación de Cámaras y en la patronal CEV, parece que nadie se ha dado por aludido tras la operación policial y la actuación de Anticorrupción sobre su gestión en Facpyme. Incluso ha habido quienes han salido a defenderlo sin reservas. El más contundente fue su vicepresidente en la Cámara, Jesús Navarro: “Es el hombre más honrado que he visto en mi vida. Creo al 100 % en su total inocencia, como profesional y como amigo”.

Tampoco el propio Baño que, pese a prodigarse públicamente, sigue sin dar ninguna explicación de la detención ocho días después. Solo ha negado las irregularidades y ha “colaborado con la justicia”. Baño no ha ofrecido ruedas de prensa ni entrevistas en profundidad, no ha explicado públicamente su gestión del bono comercio, no ha respondido a las críticas políticas ni a las peticiones de auditoría y tampoco ha hecho declaraciones relevantes durante la semana posterior a su detención.

Por el momento, lo cierto es que en la plaza número 4 de la sección de Instrucción de Alicante se investiga desde hace semanas a Carlos Baño en una causa que continúa bajo secreto, pese a su detención y a los registros de cuatro horas practicados en Facpyme y en varios trasteros. El secreto de las actuaciones, así como los registros, suele decretarse para evitar la posible destrucción de pruebas. Se trata de una medida extraordinaria que el juez debe justificar y acreditar con rigor.

La denuncia fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que hizo suya una denuncia inicial de la Agencia Valenciana Antifraude, la cual detectó todo tipo de irregularidades en la gestión del dinero que la Diputación de Alicante y diversos ayuntamientos destinaron al bono comercio y pusieron en manos de la empresa Nexo Retail Alicante, creada por Facpyme expresamente para ese cometido.

En un primer momento, la Agencia Valenciana Antifraude detectó irregularidades y obligó al Ayuntamiento de Torrevieja a devolver una parte importante de la ayuda. Posteriormente, en una segunda denuncia, se puso el foco en Nexo Retail Alicante SL, administrada por Baño, que gestionó el bono comercio de decenas de ayuntamientos moviendo importantes cantidades de dinero. En 2022, con apenas cinco meses de actividad, la sociedad instrumental de Facpyme facturó 676.896 euros y obtuvo unos beneficios de 512.966 euros, lo que supone una rentabilidad superior al 75 %. En 2023, ya con el ejercicio completo, los ingresos descendieron hasta los 371.627 euros, aunque los beneficios se situaron en 147.640 euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

Cuando elDiario.es publicó la información sobre la investigación de la Agencia Antifraude, desde Facpyme no se ofrecieron explicaciones. Por su parte, la Cámara de Alicante tampoco dio cuenta de la situación, pese a que su presidente comparte la administración con la empresa investigada. Tampoco reaccionaron ni Baño, ni la Cámara ni Facpyme cuando se hizo público que Anticorrupción había asumido la investigación.

Ahora, con Carlos Baño detenido, en libertad con cargos y con un juez investigando bajo secreto su actuación como presidente de la Cámara de Alicante, todo sigue igual: la música continúa sonando, los músicos siguen tocando y el “hermano” de Carlos Mazón mantiene su agenda pública como si nada ocurriera. Y nadie en las patronales o en las cámaras se ha atrevido a formular la más mínima crítica ante una situación tan extraordinaria.

És molt complicat, si no impossible, conéixer els béns reals i el seu valor vertader dels regidors d'ajuntament. En la informació que es fa pública al començament de la legislatura o quan es produeixen noves preses de possessió, els edils només mostren el valor cadastral dels béns immobles (sense especificar el percentatge de propietat) i el valor total d’altres béns, sense aclarir tampoc la seua naturalesa. Sí que donen dades més detallades al secretari, però aquestes no es fan públiques.

Gràcies a aquesta falta d’informació, habitatges de gran valor queden camuflats en xifres que no es corresponen amb el valor real o de mercat. Aquesta ha sigut una de les principals reclamacions dels defensors de la transparència, però sempre acaba xocant amb la realitat i amb l’escassa voluntat dels legisladors municipals.

Per exemple, en les Corts Valencianes o en el Congrés, les dades que els càrrecs electes proporcionen són molt més detallades i permeten més fiscalització per part de la ciutadania, ja que s’especifica cada bé amb el seu valor concret i l’any d’adquisició.

És el cas de l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, que en la seua declaració de béns publicada en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) fixa el valor cadastral total dels seus immobles en 195.720,55 euros. En concret, i segons ha pogut esbrinar elDiario.es a partir de la informació disponible en el Registre de la Propietat, es tracta de dos pisos confrontants en el centre d’Alacant que sumen 250 metres quadrats i que es van comprar l’any 2000, així com d’un baix comercial a Sant Joan d’Alacant de 115 metres quadrats, adquirit el 2003.

Barcala posseeix el 50% dels tres immobles juntament amb la seua dona, que —com ja va contar aquest diari— també disposa d’un habitatge protegit (HPO) en propietat al 100%, que té llogat des que el va adquirir.

Sens dubte, el pis on resideix l’alcalde d’Alacant és el de més valor, encara que, per la manera com es reflecteix en la seua declaració de béns, és impossible saber-ne el preu real. Sobre els dos pisos adquirits el 2000 —l’un a la dreta i l’altre a l’esquerra, cosa que va permet unificar-los en un únic habitatge— pesa una hipoteca global de 190.000 euros constituïda el 2016 i amb venciment el 2036: uns 95.000 euros per a cada immoble.

Només l’import d’aquesta hipoteca, que podria haver-se utilitzat per a una reforma integral, ja aconseguiria el valor cadastral total declarat en el Butlletí Oficial de la Província per l’alcalde.

Declaració de béns de l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, presentada el 2023. elDiariocv

A aquests dos pisos cal sumar el baix comercial, adquirit el 2003 mitjançant una hipoteca de 80.000 euros que va véncer el 2013. El local, situat en el municipi de Sant Joan d’Alacant, té 115 metres quadrats útils i 144 de construïts. elDiario.es s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament d’Alacant per a obtindre més informació sobre els béns declarats de l’alcalde, però no ha obtingut resposta.

El patrimoni immobiliari de l’alcalde d’Alacant i la seua família adquireix una rellevància especial després que aquest diari revelara que tant la seua dona com la seua excunyada van obtindre sengles habitatges protegits el 2006, en el mateix edifici i la mateixa planta, dins de la promoció Los Lirios de la capital alacantina.

Encara que aquest cas no té relació amb la controvertida promoció Les Naus —on diversos càrrecs vinculats al PP van ser adjudicataris d’habitatges protegits sense complir els requisits—, sí que crida l’atenció que, en el seu moment, les parelles de l’actual alcalde i del seu germà accediren a habitatges de protecció pública que, a més, van destinar al lloguer.

La dona de Barcala manté encara l’habitatge per a llogar i mai hi ha residit, encara que es beneficia de la seua revaloració en cas d’una futura venda. Per part seua, en el cas de la seua excunyada, fonts d’Alcaldia van assegurar en el seu moment que l’immoble sempre ha estat a nom de l’ara exdona del seu germà.

Malgrat això, diverses fonts coneixedores de la situació han assenyalat que era Carlos Barcala qui habitualment s’encarregava de les gestions relacionades amb aquest habitatge protegit, fins i tot després de separar-se.

L’immoble es va posar a la venda el 2020, una vegada transcorreguts els deu anys de protecció durant els quals havia de destinar-se al lloguer amb un preu taxat per la Generalitat i a inquilins que compliren els requisits establits en la normativa autonòmica en matèria de renda i altres limitacions.

Algunes fonts del sector immobiliari asseguren que s’hauria venut per uns 165.000 euros, quasi el triple del preu inicial. Des de l’Alcaldia van insistir que va ser l’exdona de Carlos Barcala, com a propietària del pis, la que el va vendre quan ja estaven divorciats.

Així doncs, en una mateixa promoció d’habitatge protegit i porta amb porta, la dona i la cunyada llavors de l’alcalde d’Alacant van obtindre sengles habitatges en condicions especialment avantatjoses, amb la possibilitat de vendre’ls a preu de mercat transcorreguts deu anys. L’excunyada ja l’ha monetitzat, mentre que la dona de Barcala encara el manté per a llogar, tot i que el seu valor s’ha disparat. Per a vendre’l, necessitaria autorització de la Generalitat que permetria fixar un preu de fins a 250.000 euros.

Crida l’atenció que famílies d’Alacant amb professions liberals i ingressos elevats també pogueren accedir a habitatges protegits i, en el cas de persones vinculades a l’alcalde, fer-ho mitjançant fórmules que han permés l’explotació posterior en el mercat del lloguer.

En la comissió d’investigació sobre els HPO d’Alacant que arranquen dilluns en l’Ajuntament, seria interessant també incloure els habitatges adquirits per l’entorn de l’alcalde. La raó és que la gestió dels habitatges de protecció pública a la ciutat sempre estan embolicats en casualitats curioses.

Es muy complicado, si no imposible, conocer los bienes reales y su valor verdadero de los concejales de los ayuntamientos. En la información que se hace pública a principio de legislatura o cuando se producen nuevas tomas de posesión, los ediles solo muestran el valor catastral de los bienes inmuebles (sin especificar el porcentaje de propiedad) y el valor total de otros bienes, sin aclarar tampoco su naturaleza. Sí que entregan datos más pormenorizados al secretario, pero estos no se hacen públicos.

Gracias a esta falta de información, viviendas de gran valor quedan camufladas en cifras que no se corresponden con su precio real o de mercado. Esta ha sido una de las principales reclamaciones de los defensores de la transparencia, pero siempre acaba chocando con la realidad y con la escasa voluntad de los legisladores.

Por ejemplo, en Les Corts Valencianes o en el Congreso, los datos que los cargos electos proporcionan son mucho más detallados y permiten una mayor fiscalización por parte de la ciudadanía, ya que se especifica cada bien con su valor concreto y el año de adquisición.

Es el caso del alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien en su declaración de bienes publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) fija el valor catastral total de sus inmuebles en 195.720,55 euros. En concreto, y según ha podido averiguar elDiario.es a partir de la información disponible en el Registro de la Propiedad, se trata de dos pisos colindantes en el centro de Alicante que suman 250 metros cuadrados y que fueron comprados en el año 2000, así como de un bajo comercial en Sant Joan d’Alacant de 115 metros cuadrados, adquirido en 2003.

Barcala posee el 50 % de los tres inmuebles junto a su mujer, quien —como ya contó este periódico— también dispone de una vivienda de protección oficial (VPO) en propiedad al 100 %, que tiene alquilada desde su adquisición.

Sin duda, el piso donde reside el alcalde de Alicante es el de mayor valor, aunque, por la forma en que se refleja en su declaración de bienes, es imposible conocer su precio real. Sobre los dos pisos adquiridos en 2000 —uno a la derecha y otro a la izquierda, lo que permite unificarlos en una única vivienda— pesa una hipoteca global de 190.000 euros constituida en 2016 y con vencimiento en 2036: unos 95.000 euros para cada inmueble.

Solo el importe de esta hipoteca, que podría haber sido utilizada para una reforma integral, ya alcanzaría el valor catastral total declarado en el Boletín Oficial de la Provincia por el alcalde.

A estos dos pisos hay que sumar el bajo comercial, adquirido en 2003 mediante una hipoteca de 80.000 euros que venció en 2013. El local, situado en el municipio de Sant Joan d’Alacant, cuenta con 115 metros cuadrados útiles y 144 construidos. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alicante para obtener más información sobre los bienes declarados del alcalde, pero no ha obtenido respuesta.

El patrimonio inmobiliario del alcalde de Alicante y su familia cobra especial relevancia después de que este periódico revelara que tanto su mujer como su excuñada obtuvieron sendas viviendas de protección oficial en 2006, en el mismo edificio y planta, dentro de la promoción Los Lirios de la capital alicantina.

Aunque este caso no guarda relación con la controvertida promoción Les Naus —donde varios cargos vinculados al PP fueron adjudicatarios de viviendas protegidas sin cumplir los requisitos—, sí llama la atención que, en su momento, las parejas del actual alcalde y de su hermano accedieran a viviendas de protección pública que, además, destinaron al alquiler.

La mujer de Barcala mantiene todavía la vivienda en alquiler y nunca ha residido en ella, aunque se beneficia de su revalorización en caso de una futura venta. Por su parte, en el caso de su excuñada, fuentes de Alcaldía aseguraron en su día que el inmueble siempre ha estado a nombre de la ahora exmujer de su hermano.

Pese a ello, diversas fuentes conocedoras de la situación han señalado que era Carlos Barcala quien habitualmente se encargaba de las gestiones relacionadas con esta vivienda protegida, incluso después de su separación.

El inmueble se puso en venta en 2020, una vez transcurridos los diez años de protección durante los cuales debía destinarse al alquiler con un precio tasado por la Generalitat y a inquilinos que cumplieran los requisitos establecidos en la normativa autonómica en materia de renta y otras limitaciones.

Algunas fuentes del sector inmobiliario aseguran que se habría vendido por unos 165.000 euros, casi el triple de su precio inicial. Desde Alcaldía insistieron en que fue la exmujer de Carlos Barcala, como propietaria del piso, quien lo vendió cuando ya estaban divorciados.

Así, en una misma promoción de vivienda protegida y puerta con puerta, la mujer y la entonces cuñada del alcalde de Alicante obtuvieron sendas viviendas en condiciones especialmente ventajosas, con la posibilidad de venderlas a precio de mercado transcurridos diez años. La excuñada ya la ha monetizado, mientras que la mujer de Barcala todavía la mantiene en alquiler, aunque su valor se ha disparado. Para venderla, necesitaría autorización de la Generalitat que permitiría fijar un precio de hasta 250.000 euros.

Llama la atención que familias de Alicante con profesiones liberales y elevados ingresos también pudieran acceder a viviendas de protección oficial y, en el caso de personas vinculadas al alcalde, hacerlo mediante fórmulas que han permitido su posterior explotación en el mercado del alquiler.

En la comisión de investigación sobre las VPO de Alicante que arrancan este lunes en el ayuntamiento sería interesante también incluir las viviendas adquiridas por el entorno del alcalde. Y es que la gestión de las viviendas de protección pública en la ciudad siempre están envueltas en curiosas casualidades.

La Universitat Cardenal Herrera-CEU es va salvar d’una multa de fins a 601.012,10 euros per una infracció “molt greu” de la normativa sanitària després d’haver embalsamat durant anys més de 650 cadàvers amb personal no qualificat. Els inspectors van considerar que aquesta actuació estava tipificada amb el màxim nivell de penalització, però la multa imposada va ser la mínima possible gràcies als atenuants aplicats. La Conselleria de Sanitat va acabar sancionant el centre educatiu amb 15.100 euros, amb la possibilitat de rebaixar la quantitat a 9.000 euros en cas de pagament ràpid i de renunciar a recórrer-hi en contra.

Quins han sigut aquests atenuants que han beneficiat la Universitat Cardenal Herrera-CEU? Segons la resolució a què ha tingut accés elDiario.es, “el desconeixement normatiu per part de l’entitat interessada i la falta d’intencionalitat en l’incompliment”. Uns arguments cridaners si es comparen amb l’actuació d’altres organismes sancionadors, com la Direcció General de Trànsit, l’Agència Tributària o la Inspecció de Treball.

Així doncs, encara que en la resolució es qualifiquen els fets de “molt greus”, amb sancions que poden oscil·lar entre 15.025,31 i 601.012,10 euros, finalment s’imposa el mínim. “Se li comunica que, per a aquest expedient sancionador, s’ha determinat la multa corresponent a la infracció en la quantitat mínima, dins del rang aplicable a la infracció molt greu inicialment imputada, considerant les circumstàncies atenuants posades de manifest en l’informe de 16 de gener de 2026, consistents en el desconeixement normatiu per part de l’entitat interessada i la falta d’intencionalitat en l’incompliment”, diu la resolució.

En el mateix informe, els inspectors van concloure que els fets estaven plenament acreditats. “En la inspecció practicada, es va sol·licitar informació sobre la persona encarregada de la realització de les tècniques de conservació dels cadàvers. La compareixent en la Inspecció, com a vicerectora d’Investigació i Transferència, va manifestar que era el senyor C.R.M., i no s’havia fet cap tècnica de conservació de cadàvers per part d’un altre professional”, van explicar. Aquesta persona, que a més és la denunciant de les irregularitats, era l’“encarregada de la realització de les pràctiques de conservació dels cadàvers i no disposa de la titulació de metge, tal com s’indica en l’article 35 del Decret 39/2005, del 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, modificat pel Decret 195/2009, del 30 d’octubre, del Consell. Les tècniques d’embalsamament i conservació transitòria les ha de fer un metge designat lliurement per la família”.

A més, la qualificació dels inspectors també va ser molt clara: “El fet constitutiu de la presumpta infracció que se li imputa en aquest procediment conté prou circumstàncies i elements per a qualificar la infracció de molt greu, d’acord amb el que s’estableix en els articles 34 i 35.c.1) de la Llei 14/1986, general de sanitat, i l’article 102 de la Llei 10/2014, de salut de la Comunitat Valenciana, en relació amb els articles 35 i 50.3.b) del Decret 39/2005, del 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el reglament que regula les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l’àmbit de la Comunitat Valenciana”, certifica el document de proposta de sanció.

La proposta de sanció atenuada es va presentar al començament de febrer. L’expedient té un termini de fins a nou mesos per a resoldre’s.