Mi madre, en 1961, parió una niña que nunca llegó a ver. Ante la insistencia, el doctor mostró un cadáver infantil a las dos abuelas que, aunque desconfiantes, aceptaron lo que no podían evitar. No existe registro de nacimiento ni de defunción, sí la inhumación de una caja que ya fue exhumada sin avisar a familiares y vuelta a inhumar en fosa común, según han informado. Ya en el siglo XXI he descubierto que aquella niña, mi hermana, muy probablemente siga viva, en otra familia, con otros apellidos y ella no lo sepa. Una trama de robo y adopción de recién nacidos imperaba en cada ciudad española. Mi madre fue una de las elegidas, indiciariamente.

Con la retranca verbal actual se hubiera llamado, entonces, gestación subrogada en diferido. Yo lo sigo llamando robo de bebés. Entonces era una inmoralidad e ilegalidad, a pesar de que las élites nacional-católicas participaron de este negocio. Hoy es una inmoralidad igual e igualmente ilegal, por eso el rebozado verbilocuente para intentar hacerlo digerible a la sociedad y que permita un cambio normativo que “regule” esta “oportunidad de negocio”. Porque efectivamente, más que solidaridad o altruismo, parece una clara oportunidad de negocio, pero no para la madre que aporta su útero, sino para familias adineradas que no tengan posibilidad de tener hijos naturales o en las que ella no quiera “estropear su cuerpo”.

¿Fue mi madre un vientre de alquiler? Parece evidente. Mi madre no recibió ni ha recibido aún compensación alguna por aquél crimen, ni siquiera la facilidad de poder investigar lo ocurrido. ¿La nueva regulación propuesta da seguridad jurídica a esas mujeres que quieran ceder “altruistamente” su cuerpo? Evidentemente no. Las mujeres pobres cederán a un contrato económico (eso sí, “altruista”) en función de su precariedad vital, que será compensada a la baja precisamente por su necesidad. ¿Alguien ve la posibilidad de que una mujer rica ceda su útero para la gestación del hijo de una mujer pobre a cambio de nada? Indudablemente no. Ni siquiera a cambio de algo. Luego la gestación subrogada es una esclavitud de clase como siempre ha sido el vientre de alquiler.

Si durante 56 años (sí, desde 1936 hasta 1992 al menos, Dictadura y Transición) se han producido robos de bebés, ha sido porque el régimen primero y el pos-régimen después (médicos, Iglesia, Administración, medios de comunicación, etc.) se encargaron de silenciarlo, ya que este negocio ilegal fue permitido a grandes familias, a personas importantes afines al régimen franquista. Esto es lo que dicen los últimos estudios especializados. Ninguna mujer pobre participó del mismo si no fue en calidad de perjudicada, ¿por qué iba a hacerlo ahora?

El caso de mi hermana no es un caso aislado. Hay muchos bebés robados, entre 30.000 y 300.000, según las fuentes, algunos vendidos a extranjeros (en sospecha las bases militares norteamericanas). El cálculo es muy difícil por la opacidad de la Administración y la Iglesia Católica española hasta hoy en día. Es decir, los partidos gobernantes han sido, cuanto menos, cooperadores necesarios para que este tema no se investigue. De igual modo ha actuado la Iglesia al no facilitar la información de sus archivos referentes a monjas-enfermeras y matronas y curas-confesores).

Ahora Cs quiere promover una ley para que sea legal a partir de ahora, pero siga permaneciendo en el olvido social todo lo anterior. Objetivo: beneficiar a los mismos, a ese electorado de posibilidades económicas y dominio social. Poca regeneración es ésta.

Y aún es más aterrador si el servicio llegara a “democratizarse” (otro eufemismo) para hacerlo posible a toda la población española, con lo que se comprarían vientres de países extranjeros, evidentemente los pobres, que serían más baratos. Algunos lo llamarán globalización.

Hasta ahora me he centrado en el punto de vista adulto, el de los padres, el de la madre destrozada por la muerte primero y por la duda después, el del padre que no podía abandonar el trabajo para llorar la pérdida. Pero, ¿y el bebé?, cuando crece, ¿tiene derecho a conocer su origen? Está claro que en el caso de los bebés robados no lo fue ni lo sigue siendo. ¿Puede alguien pensar que será diferente en el futuro a pesar de la regulación?

Me viene a la mente una lucha que tenemos los familiares de niños desaparecidos. Si existiera un registro público y solvente de ADN (a nivel mundial), no se podrían robar bebés, niños y niñas y estos, una vez adultos, podrían conocer su pasado, sean robados o consentidos.

Por último me surge una reflexión inquietante: ¿soluciona a una mujer pobre vender su útero una vez o deberá continuar gestando para poder sobrevivir? Si nuestra sociedad no es capaz de proveer de empleo digno a toda la población, tampoco lo podrá hacer con estas mujeres que “quieran” ceder su útero, por lo que nunca saldrán de su miserable situación. Poca ética y poca moralidad soy capaz de imaginar.

En definitiva, veo poca posibilidad de altruismo en este tema y mucha posibilidad de negocio, para los mismos, me temo. Porque, ¿no será más lógico asumir la imposibilidad de ser padre o madre como una condición más de vida, que obstinarse en lo contrario porque otros cargarán con el “trabajo” más pesado a cambio de mi dinero? ¿Alguien cree que es posible la cesión de útero altruista? Es esta una propuesta antisocial digna de unos tiempos pasados a los que yo, como parece lógico, no quiero volver; un truco muy viejo.