La superficie agraria en regadío consume algo más del 70% del agua en el territorio español, y un 10% adicional para ganadería y otros usos agrarios. La superficie de regadío se ha elevado un 15,6% entre 2004 y 2021, y la de invernaderos en un 25,6%, mientras que la superficie agraria total se ha mantenido constante. Por mucho dinero que se gaste en mejora de la eficiencia en los regadíos (150 millones de euros/año desde inicios de siglo), el resultado es que el consumo total de agua en el sector agrario es cada año mayor. Y esto incluso sin contabilizar el consumo del más de medio millón de pozos ilegales estimados por algunas entidades. Pero este agua produce alimentos, y esto reviste una importancia estratégica incuestionable: aunque el regadío apenas representa el 22,6 % de la superficie agraria cultivada en España, en ella se obtiene el 65 % del valor de la producción final agraria. En las siguientes líneas trataré de reflexionar, a partir de los datos de superficies contenidos en (ESYRCE 2021), sobre los regadíos desde la perspectiva de otros beneficios que la alimentación aporta a la sociedad: empleo, valor añadido, seguridad alimentaria y ecosistemas diversos.

Regadíos, agricultura familiar y empleo

Se destinan importantes presupuestos públicos destinados a mejoras en la productividad a través de los regadíos, y se prevé el gasto de 563 M€ adicionales hasta 2026. Sin embargo el último Censo agrario (2020) publicado por el INE en mayo de 2022, muestra que en los últimos 10 años se han perdido un 7,6% de las explotaciones y un 7,7% del empleo. Los regadíos no revierten la concentración de tierras y beneficios en las explotaciones de mayor tamaño, sino que más bien parece que aceleran dicha tendencia, fomentando un modelo de agricultura desligada del territorio y basada en una agricultura sin agricultores. En algunos cultivos (por ejemplo los frutales y la hortaliza, que suman un 23% del regadío y se destinan en gran medida a la exportación) se sigue manteniendo empleo en las explotaciones familiares, sobre todo en las labores de cosecha y realizado en gran medida gracias a la fuerza de trabajo de origen extranjero. Otros “cultivos sociales” de regadío, que tradicionalmente requerían mucha mano de obra y por tanto han permitido fijar población en el medio rural, como el tabaco, han sido mecanizados y su potencial de empleo se ha reducido de forma muy sensible. Cultivos altamente demandantes de mano de obra, pero en secano desde hace 2000 años, han sufrido en las últimas décadas un importante proceso de reconversión, en el que la incorporación de regadío ha venido vinculada a cambios en el manejo agrario y a la mecanización, en muchos casos, de la cosecha. Es el caso del olivo (22,7% de la superficie de regadío), con la cosecha mecánica vinculada a los modelos hiperintensivos de plantación y manejo, mucho más demandantes de agua; el del viñedo (10,3%), con el paso al cultivo en espaldera y la posibilidad de cosecha mecánica en algunas variedades; o el del almendro (4%).

Regadíos y valor añadido

Las políticas agrarias de la Unión Europea se justifican por el fomento de la producción de alimentos sanos y sostenibles y de calidad, y por tanto de alto valor añadido, y capaces de fijar empleo y renta en el medio rural. Sin embargo los regadíos no siempre apoyan cultivos que generan alimentos de calidad y de alto valor añadido. Buena parte de las producciones que más agua consumen (como las frutas y hortalizas) se van al mercado exterior, con precios en origen muy reducidos. Por otro lado están los cultivos destinados a la alimentación animal (como el maíz, que ocupa el 8,8% del regadío; o la alfalfa, con el 4%), que están a su vez fuertemente subvencionados por las ayudas agroambientales europeas, sin las cuales no se sostendrían. Mientras que buena parte de la alfalfa se exporta desecada a otros países, el maíz (la mayor parte transgénico) se destina mayormente a alimentar una ganadería intensiva (sobre todo cerdo y pollo). Estas carnes tienen escaso valor de mercado por kg y amplio impacto ambiental, y su alimentación entra en competencia por los alimentos con las personas, al contrario que la ganadería rumiante.

Por su parte, el fomento del paso de secano a regadío en cultivos mediterráneos tradicionales ha generado un importante incremento en las producciones por hectárea, paralelo a un hundimiento de los precios percibidos en origen por los y las agricultoras. El incremento de la superficie en regadío entre 2004 y 2021 del olivar (98%) y el viñedo (48%) han supuesto, entonces, una transferencia de fondos públicos a la agroindustria, que ha podido obtener más materia prima y más barata. A cambio los agricultores familiares están perdiendo fertilidad en sus suelos, se han endeudado (debido a las inversiones necesarias) y en muchos casos las explotaciones de menor tamaño han desaparecido o han pasado a tener la agricultura como segunda actividad, debido a unos precios que no remuneran su trabajo, y a veces ni siquiera cubren costes. Han sido las explotaciones de mayor tamaño, los denominados “aguatenientes”, quienes han podido invertir y ampliar las escalas de producción para hacer rentable el regadío, llegando el olivar superintensivo a atraer importantes inversiones de agroindustria e inversores ajenos al sector.

Regadíos y seguridad alimentaria

Entendemos por seguridad alimentaria el acceso de toda la población a alimentos y dietas sostenibles, saludables, nutritivas y adecuadas a sus diversos patrones culturales. Si la producción se está concentrando, más aun se concentra el poder de la agroindustria (especialmente en la industria de la carne) y, especialmente, de la distribución alimentaria al consumidor final, lo que condiciona nuestra forma de alimentarnos. Los incrementos en la producción del regadío no están revirtiendo en un abaratamiento de precios de los alimentos saludables para el consumidor, sino más al contrario, en un alza en los precios finales unido a una disminución en el precio que perciben los agricultores. La intensificación y el incremento en los regadíos coinciden en el tiempo con una mayor desigualdad en el reparto de márgenes en la cadena alimentaria, especialmente en estos últimos meses de crisis, aunque con ellas se pretenda lo contrario y a pesar de la Ley de la Cadena Alimentaria. Este alza de precios supone un más difícil acceso de la población a alimentos vegetales frescos (frutas y verduras), diversificados y de calidad, y por lo tanto un empeoramiento de las dietas y de la salud pública. Por su parte cultivos de regadío como el maíz, orientados a la ganadería intensiva de cerdo y pollo (las principales producciones españolas, contrasta con la falta de apoyo público a la ganadería rumiante (caprino, ovino, vacuno), que es capaz de alimentarse de hierba y se adapta mejor a climas áridos como el mediterráneo. Y esto en un marco en el que las autoridades sanitarias y las políticas climáticas están recomendando limitar al máximo el consumo de carne.

Por otro lado los regadíos tradicionales del interior peninsular (las denominadas “vegas”, algunas con infraestructuras de regadío desde los tiempos de Al Andalus) vienen sufriendo desde hace décadas un proceso de extensificación productiva. Estas zonas de regadío histórico, de fincas pequeñas y a menudo con climas duros, han visto como las tierras más fértiles se destinaban a cultivo subvencionados, mecanizados y con poca mano de obra (sobre todo forrajes y granos para alimentación animal, o chopos), ante su dificultad para competir en precios en el mercado global. Se han perdido así explotaciones en la España vaciada y empleo en las cosechas, y se gasta mucha agua en productos de escaso valor de mercado. A su vez perdemos seguridad alimentaria eliminando las producciones tradicionales, la biodiversidad y la cultura gastronómica del interior peninsular, en un escenario de alta incertidumbre en cuanto a los flujos globales de alimentos.

Regadíos y ecosistemas

Las producciones más demandantes de agua se han ido concentrando en las zonas de mayor insolación de la península, que coinciden con las zonas más áridas y por tanto frágiles a nivel ambiental. Pero cada vez hay menos agua disponible, y esto hace que haya que gastar más energía y dinero en sostener los regadíos desalando agua o bombeándola desde muy profundo. O que haya que arrancar cultivos cuando el agua no llega, como está pasando con algunas de las 23.500 hectáreas de aguacates y mangos de las costas de Málaga y Granada, con el consiguiente coste para los agricultores a quienes se ha prometido agua. 

Los enclaves de agricultura más intensiva también suelen coincidir con los acuíferos más contaminados y con mayor dificultad para su recarga. Las formas más intensificadas en tecnología requieren, para ser rentables, de mayores extensiones y más homogéneas, lo que está generando impactos opuestos a los objetivos europeos de conservación y restauración de la biodiversidad. A su vez, el riego localizado (goteo y aspersión, sobre todo) solo aporta el agua a los cultivos, y por tanto reduce el agua disponible para el resto del ecosistema. Los costes de esta intensificación en el uso de agua los pagamos entre toda la sociedad (mares que se mueren, lagos que se secan, pueblos con cortes de agua o con agua que no se puede beber, agua cada vez menos accesible para los pequeños agricultores), mientras que los beneficios económicos no redundan ni en la producción primaria ni en el consumo.

Conclusiones: regadíos para una seguridad alimentaria sostenible

El acceso a agua de riego estará en los próximos años cada vez más limitado, y debemos asegurar que el regadío que se mantenga sigue cumpliendo con sus funciones sociales: permitir rentas dignas a la agricultura familiar; mantener población y empleo estable, ligado al territorio, en nuestro medio rural; y producir alimentos de calidad, que permitan dietas saludables y que aseguren una seguridad alimentaria sostenible a nuestra población. Para lograrlo será necesario una mayor transparencia y reparto justo del valor en la cadena alimentaria, así como diversificar y relocalizar las producciones, en línea con los debates sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles que actualmente se dan en la Unión Europea. Pero además, como hemos visto, para prevenir la escasez de agua quizá necesitamos, más que regadíos más eficientes y digitalizados para poder regar más, impulsar sistemas alimentarios y formas de manejo agrario (agroecológicas) que produzcan alimentos de calidad y empleo sostenible, consumiendo menos agua.

En las últimas semanas se viene dando un intenso debate, rodeado de urgencia, sobre la crisis alimentaria sobrevenida con la crisis de Ucrania y el alza en los precios de la gasolina. El tema no es baladí y las declaraciones más o menos apresuradas de actores interesados en rebajas en ciertas políticas ambientales, sociales y sanitarias para mantener baratas ciertas producciones agroalimentarias vienen acompañadas de otras declaraciones e informes de entidades globales que alertan de una más que posible e intensa crisis alimentaria global. Hay una gran distancia entre las voces que ponen el grito en el cielo para mantener el negocio de los alimentos tal y como está (cada vez más concentrado en un número menor de grandes empresas globales), en nombre de la economía y el empleo, y la falta de respuestas frente a los desafíos que introduce una crisis múltiple: pandemia de COVID, cambio climático, disponibilidad decreciente y alza de precios de combustibles fósiles y otros recursos minerales, caída de rentas y de empleo en la agricultura familiar, inflación, y guerra en Ucrania, por nombrar los que se expresan con mayor urgencia. Especialmente asusta la dificultad para considerar todos estos problemas, derivados de una insostenible presión sobre los recursos naturales, desde una perspectiva integrada. Y la verdad -si es que existe algo parecido a la verdad- es que no es para menos.

La guerra en Ucrania y la amenaza de desabastecimiento de alimentos

La guerra en Ucrania ha puesto en peligro el abastecimiento de algunos alimentos e insumos agrarios, al ser Ucrania y Rusia grandes productoras de granos (trigo y maíz, entre otros) y Rusia de los nitratos y la potasa -componentes de la mayoría de los fertilizantes- necesarios para producirlos. La producción de nitratos y de otros insumos se encarece además por su dependencia del gas, encarecido y escaso en Europa debido a la guerra. Esto ha generado alarma respecto a un posible desabastecimiento de alimentos (incluido el aceite de girasol) que ha sido desmentido por el Ministerio de Agricultura. Pero de esta alarma han surgido, entre otras medidas, ayudas públicas por valor de 124 millones de euros para el sector del vacuno de leche (para que compre unos piensos que hoy son más caros), y un cambio en la normativa ambiental que permite cultivar en barbechos y en las “superficies de interés ecológico” para poder producir cereales.

En efecto, nuestro país es un gran importador de granos, especialmente maíz, que junto con la soja (importada en su casi totalidad) son la base de la alimentación de la ganadería intensiva (especialmente a través de piensos para la producción industrial de cerdos, pollos y leche de vaca). La escasez y el alza de precios de los cereales son un problema para el sector ganadero nacional, especialmente el intensivo que produce carne de cerdo y pollo de bajo valor añadido y altos impactos ambientales, que es un gran exportador de carne y que sostiene una importante industria agroalimentaria. La escasez y el alza en los precios de los combustibles fósiles y de los nitratos también va a suponer un problema en general para la producción local de granos, altamente dependientes de fertilizantes químicos y de maquinaria pesada.

La guerra en Ucrania está sirviendo de excusa para reducir exigencias ambientales, sociales y sanitarias con argumentos en favor de mantener el empleo y sostener la economía. ¿Pero qué economía? ¿La de un sector agrario que lleva décadas con una caída en picada de la renta agraria, un incremento sideral del endeudamiento de las explotaciones, y la desaparición de un 10% de explotaciones agrarias cada 10 años? ¿La de un consumo de alimentos cada vez más caros, más contaminantes y que nos enferman? ¿La de un empleo agrario cada vez más precario y desprotegido, presionado con los bajos y decrecientes precios que perciben las pequeñas y medianas explotaciones agrarias por sus productos? ¿Estas medidas van a mejorar las condiciones de vida de ese 14% de la población española en situación de inseguridad alimentaria tras la pandemia de COVID, según un reciente estudio de la Universidad de Barcelona?

Agricultura, salud, cambio climático y agotamiento de recursos

La Comisión Europea acaba de publicar una propuesta de reglamento que incrementa el control de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y de contaminantes en las grandes explotaciones de ganadería intensiva, aquellas que suponen un tercio del total y emiten un 60% de los gases de amonio y un 43% del metano del sector. El borrador propone a su vez el apoyo a las pequeñas y medianas granjas de ganadería extensiva. Es una propuesta claramente insuficiente y que se implementará tarde (en su caso, en 2025), a todas luces, si atendemos a la urgencia en la acción climática que exigen el Secretario General de Naciones Unidas y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Pero algunas voces de peso dicen que ahora no es el momento.

Y es que nunca llega el momento de actuar para revertir la dinámica que nos ha llevado a traspasar muchos de los principales límites planetarios y del propio bienestar humano: pérdida de biodiversidad, cambio climático, ciclos de fósforo y nitrógeno, o sistema de usos de la tierra. El Estado español ha sido multado por el Tribunal de Justicia de la UE por no haber tomado medidas suficientes frente a la contaminación por nitratos proveniente de la agricultura y la ganadería intensiva. El gasto sanitario relacionado con el consumo excesivo de carnes, y especialmente de carnes industriales, ha sido estimado en 5.500 millones anuales por la Comisión Europea. La Organización Mundial de la Salud lleva años señalando la necesidad de reducir el consumo de carne y de alimentos procesados y ultraprocesados, que generan enfermedades no transmisibles a 2.000 millones de personas en el Mundo. Y el último informe del IPCC resalta el papel de la agricultura, y especialmente de los cambios en los usos del suelo para la producción de piensos, forrajes y carne, como responsable de un 22% de las emisiones globales de GEI. A su vez, señala el cambio de dieta y los cambios en las prácticas agrarias (para reducir el uso de fertilizantes y combustibles fósiles) como algunas de las herramientas más poderosas en la mitigación del cambio climático.

La guerra en Ucrania está sirviendo para mostrar al sector de la ganadería intensiva, especialmente el de las denominadas “macrogranjas” de pollos, huevos, cerdos y leche de vaca“, como un sector dependiente de insumos insostenibles, y por lo tanto de rentabilidad social y económica artificiales. La justificación de por qué se apoya a este sector es la misma que llevó a una dura crítica a la estrategia europea ”De la Granja a la Mesa“, que en 2020 fijaba objetivos para 2030 de un 25% de superficie agraria cultivada en agricultura ecológica, y de reducción de un 50% en el uso de fertilizantes químicos, antibióticos y pesticidas. Pero el último informe del IPCC es muy claro: el coste de tomar inmediatamente las medidas necesarias para mitigar el cambio climático será mucho menor que los costes si no se toman las decisiones adecuadas. Según el último informe de IPCC, si mantenemos las actuales políticas de producción y consumo, el incremento de temperatura media del planeta en 2100 se situaría alrededor de 2,7ºC, muy por encima de los 1,5ºC establecidos en los acuerdos de la COP25 de París como deseables. Dicho incremento sería catastrófico, y en parte ya lo está siendo.

Demasiados problemas y falsas soluciones

Para algunas voces el cambio climático va a ser la mayor de todas las guerras, por los efectos que ya está teniendo sobre nuestras economías y nuestras vidas. Y es una guerra que nos hacemos a nosotros y nosotras mismas. Hemos puesto a la naturaleza a trabajar a marchas forzadas para el crecimiento de la producción y el consumo, y ahora nos estamos dando cuenta de que ya no da para más. De lo que parece que aún no nos damos cuenta, como señala Jason W. Moore, es de que somos naturaleza, y que la naturaleza somos nosotros y nosotras. Aun alimentamos el mito de que podemos controlar la naturaleza como algo externo, sustituible por capital y que queda fuera de las ciudades que habitamos. Y por este espejismo nuestra clase política no está tomando las decisiones adecuadas, a pesar de que tanto la ciencia como la sociedad civil tenemos claro cuál es el único camino a tomar: reorganizar nuestra sociedad para reducir el consumo de materiales y energía. Cada vez más informes y declaraciones de las Naciones Unidas y la Comisión Europea nos urgen también en esta línea.

Un par de ejemplos de “inacción activa”. A pesar de que nuestro gobierno ha suscrito los compromisos de la estrategia europea “De la Granja a la Mesa”, que muchas personas y entidades consideramos insuficientes frente a los retos globales, en esta crisis se están destinando millones a apoyar modelos de agricultura y ganadería poco sostenibles (como las macrogranjas); y que generan poco empleo y de poca calidad, miles de millones de euros en gasto sanitario, cambio climático y contaminación. Mientras tanto se considera al sector de la producción ecológica como un sector marginal al que se dan muy escasos apoyos, incluso siendo el 5º en el Mundo y con un crecimiento anual superior al 5% tanto en consumo como en producción. Otro ejemplo: a pesar de que la palabra “decrecimiento” aparece 28 veces en el citado documento del IPCC (suscrito por cientos de científicos y científicas del primer nivel mundial), esta desaparece completamente en el texto de “Resumen Ejecutivo”, aquel que es negociado y aprobado, palabra a palabra, por representantes de los gobiernos de los 195 estados miembro del Panel. La fe ciega en la tecnología aparece en este consenso intergubernamental como la única salida para compaginar crecimiento económico y reducción de emisiones, pero en realidad esta fe no está dando sus frutos frente a la crisis climática. Al contrario, las evidencias científicas apuntan a que a más tecnología, más consumo de materiales y energía, y más degradación.

Es tiempo de cambiar nuestros sistemas alimentarios

Ya no es posible superar las tensiones sociales mediante el crecimiento económico, al traspasar la tensión hacia una mayor presión sobre los recursos naturales (más energía, más minerales, más producción agraria), como se viene haciendo en los últimos siglos. Un evento tan desolador como la guerra en Ucrania -que como todas las guerras tiene una importante dimensión de control de los recursos naturales- no puede ser excusa para apretar más a la naturaleza, porque esta ya no da más. El sistema económico mundial no está funcionando, y seguir apretando en la misma dirección, en la alimentación y en el resto de sectores, es echar más leña al fuego. Seguir en el mismo modelo es precipitar los próximos episodios de crisis, que se solaparán con las que ya sufrimos. La guerra en Ucrania es una expresión de esta misma situación.

En esta pandemia de ceguera que nos asola, digna del libro de Saramago, hay algunas preguntas que me vienen a la cabeza una y otra vez. Si estamos preocupados por si habrá alimentos para todos y todas en calidad y cantidad suficiente y a precios accesibles; si consideramos la alimentación algo tan estratégico como para inyectar muchos millones de euros para tratar de contener la inestabilidad de precios (si Adam Smith levantase la cabeza…); ¿por qué no se intervienen y protegen los precios de los alimentos, tal y como se hace, por ejemplo, con el agua? Si la alimentación adecuada y sostenible es un bien público y un derecho reconocido por las NNUU en 2005; si hoy reconocemos el papel central de las malas agricultura y alimentación en las crisis ambiental y sanitaria actuales; si las actuales crisis globales anidadas están revelando un sistema alimentario altamente vulnerable y una seguridad alimentaria global en riesgo, ¿por qué no sacamos la alimentación de los acuerdos globales de libre comercio? ¿Por qué no se regula la alimentación en base al interés público y no en base a la especulación y las ganancias privadas?

La responsabilidad de la actual crisis agraria está entre las administraciones y las grandes empresas agroindustriales, que en este escenario se están expresando con voz única. Los intereses de las grandes empresas de procesado y distribución de alimentos, cuyos beneficios crecen cada año, no responden a las necesidades de la agricultura y ganadería familiares, ni del consumo, ni de la sociedad en su conjunto. Necesitamos un modelo económico que enfríe el planeta, que reduzca la presión sobre los recursos naturales, y que deje de enfermarnos con malas dietas y alimentos insanos y/o tóxicos. Necesitamos diversificar las producciones locales y asegurar que quienes las cultivan perciben precios dignos y suficientes por hacer una agricultura sostenible, que no dependa de insumos de territorios lejanos e industrias contaminantes. Necesitamos comer menos carne y derivados cárnicos, y comerlos de la ganadería extensiva adaptada a nuestros ecosistemas mediterráneos: pequeños rumiantes (caprino y ovino) y sus derivados. Y necesitamos una clase política valiente que construya las condiciones para que las opciones de consumo justo, sostenible y saludable sean las más cómodas, accesibles y apetecibles. Ya es el mejor momento de empezar a hacer las cosas bien.

El sistema alimentario se ha situado en el centro del debate sobre la respuesta social a la pandemia COVID-19. La posibilidad de una zoonosis como origen, la mayor mortalidad en personas con dietas inadecuadas, el incremento en la demanda en ayuda alimentaria, la dificultad de proveer de dietas adecuadas a familias vulnerables. El papel que confieren las instituciones internacionales a la alimentación sostenible y saludable abre un nuevo horizonte.

En la gestión de la pandemia COVID-19, la provisión de alimentos y su calidad ha saltado al centro del debate local e internacional. Algunos sectores se han apresurado a decir que nuestros sistemas alimentarios han resultado exitosos, otros matizan esta afirmación. Se ha multiplicado el número de personas demandantes de ayuda alimentaria, el descenso del gasto alimentario familiar indica un peligroso empeoramiento de la dieta que nos hace más vulnerables en una situación de rebrote y este sistema alimentario ha promovido a lo largo del estado de alarma que, mientras los precios que percibían las personas agricultoras se reducían, los que pagan las y los consumidores se elevaban.

Es impresionante la bolsa de nuevas personas demandantes de ayuda alimentaria, en países como el Reino Unido las familias en situación de privación alimentaria se han multiplicado por cuatro durante las semanas de emergencia; entidades como Cáritas señalan que la demanda de asistencia en España se ha triplicado en las grandes ciudades; y las redes ciudadanas autoorganizadas para abastecer de alimentos se han multiplicado, cubriendo los huecos que deja un sistema de asistencia pública completamente desbordado. El sistema alimentario global no ofrece seguridad alimentaria para los grupos sociales empobrecidos.

Hay otros lados del problema. Numerosas voces hablan de un descenso en el gasto alimentario familiar en estas semanas que va de la mano de un empeoramiento de la dieta, falta de acceso a alimentos frescos y mayor consumo de procesados, algo totalmente en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las malas dietas causan enfermedades relacionadas con la mala alimentación, que le cuesta al sistema sanitario español casi 2.000 millones de euros al año. Esta mala alimentación nos ha hecho más vulnerables al coronavirus y nos deja en peores condiciones de afrontar posibles rebrotes. El sistema alimentario global no ha asegurado alimentación de calidad, saludable, y sostenible; y mucho menos para los grupos sociales vulnerables.

Además, un sistema alimentario en buen estado no puede suponer una reducción constante de los ingresos de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias (la inmensa mayoría). El sistema alimentario globalizado, mediante el desigual reparto de valor en la cadena alimentaria, fuerza al sector agrario a manejos agresivos. La inequidad en el reparto de riqueza está en el origen de desertificación y pérdidas de suelo fértil por erosión; o en la contaminación de acuíferos por nitratos o pesticidas. También, y por el mismo reparto desigual de la riqueza en la cadena alimentaria, las mujeres y los jóvenes huyen de la actividad agraria y abandonan nuestro medio rural; se fuerza a la sobreexplotación de la fuerza de trabajo jornalera, mayormente extranjera y a veces en condiciones infrahumanas; y se expone a las mujeres trabajadoras en el sector agrario a situaciones intolerables de abuso. El sistema alimentario actual no permite avanzar hacia la justicia y equidad sociales, más bien al contrario.

La alimentación sostenible y saludable: un objetivo global

La OMS lleva alertando desde 2009 de la incidencia sanitaria de las dietas basadas en alimentos procesados, comida basura o lo que denominan “calorías vacías”, que sitúan entre las principales causas de muerte por enfermedades no transmisibles, con especial incidencia en grupos sociales empobrecidos. La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de Naciones Unidas lleva desde 2014 impulsando la agroecología como la mejor forma de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sistema agroalimentario, y de realizar el Derecho a la Alimentación de toda la población mundial. El Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas (2015), con 25 ciudades españolas firmantes, ha situado a las ciudades en la primera línea en el impulso de sistemas alimentarios sostenibles, saludables y justos

En mayo la Comisión Europea (CE) presentó sus esperadas estrategias “Farm to Fork Strategy -Para un sistema alimentario justo, saludable y amistoso con el medio ambiente”“y la ”EU Biodiversity Strategy 2030“. Estos documentos se sitúan en el centro de las propuestas del llamado Pacto Verde Europeo (The European Green Deal) y definen también cómo habría de ser la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) de la UE post-2020 (que hasta el momento se lleva un 40% del presupuesto europeo). Ambos documentos abren importantes oportunidades, dentro, para el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles, saludables y justos, resaltando el papel de la agroecología, la agricultura ecológica y los sistemas alimentarios locales. La CE se ha comprometido a aumentar la superficie de cultivo ecológico a un 25% del total de la superficie agraria útil en Europea (lo que supondría triplicar la cifra actual) y ha anunciado un plan de acción para el fomento de la producción y el consumo ecológicos que se transponga a las normativas de los estados miembro: habilitando la reducción de impuestos a la venta de alimentos vegetales ecológicos frescos; con un nuevo marco para el etiquetado de los alimentos que considere criterios nutricionales, ambientales o sociales; estableciendo restricciones en la promoción de alimentos ricos en azúcar, grasas y sal; concretando en una reducción del 50% en el uso de pesticidas, fertilizantes y antibióticos; marcando objetivos para la sostenibilidad en la pesca y creando una nueva normativa que facilite la compra pública alimentaria ”verde“ con criterios de sostenibilidad en municipios y regiones. Algo que trabajaremos insistentemente desde la Red de Ciudades por la Agroegología.

Los sistemas alimentarios locales han de ser sistemas estratégicos de abastecimiento

No podemos perder la oportunidad de reconstruir nuestras economías. Los millones de euros que hoy se presupuestan deben tener una clara visión de equidad social y de la capacidad para poder afrontar con éxito eventos imprevistos en nuestras sociedades. Deben prevenir y adaptarse al cambio climático y a nuevas zoonosis, a través de ecosistemas vivos y biodiversos. Deben generar empleo en base a producciones socialmente útiles y que no supongan 'falsas soluciones' que generan crecimiento en el PIB destruyendo nuestro medio ambiente. En este sentido, la producción, distribución y consumo de alimentos sostenibles, a través de dietas equilibradas, de temporada y locales serán un elemento clave.

La pandemia ha mostrado que los sistemas alimentarios locales han de ser considerados sistemas estratégicos de abastecimiento urbano, como los de agua o energía. Las redes de producción y distribución locales y sostenibles, orientadas a la producción agroecológica, basadas en el trabajo digno fortalecen las economías locales, fijan población en nuestros territorios, y aseguran la provisión de alimentos frescos, que según la OMS deben constituir la base de la dieta. Los objetivos de asegurar el acceso a alimentos suficientes han de vincularse a dietas de alta calidad accesibles para todos los grupos sociales, especialmente los más vulnerables.

La alimentación es una cuestión demasiado seria y demasiado importante. Los procesos y órganos de gobernanza participativa, en distintas escalas, deben permitir y facilitar la participación de toda la sociedad -especialmente la mayoritaria agricultura familiar y consumo- en lo que se produce, distribuye y se come. La aplicación de las Estrategias al territorio español habría de hacerse desde la colaboración entre distintos actores sociales y el debate entre las distintas escalas territoriales. En este sentido, las administraciones locales han demostrado ser pioneras en la promoción de sistemas alimentarios sostenibles y saludables. Algunos municipios rurales y urbanos han demostrado su compromiso con las comunidades locales Tanto éstas como la ciudadanía -y aldeanía- en general deben estar atentos en los siguientes meses en cómo se aplican estas Estrategias en la futura Política Agraria Común, que es quien pondrá el presupuesto. No podemos desaprovechar la oportunidad, especialmente en un momento en el que las situaciones de privación alimentaria se disparan y en el que los grupos sociales más vulnerables necesitan más que nunca una alimentación de calidad, sostenible y saludable.

Los días 15 y 16 de septiembre se celebrarán en València las jornadas “Sociedad Civil, Alimentación y Ciudades Sostenibles”. En la organización de estas jornadas, impulsadas por los Ayuntamientos de València y Zaragoza, convergen dos procesos paralelos. Por un lado, la vocación de la ciudad de València de organizar, dentro de los eventos de la Capitalidad Mundial de la Alimentación Sostenible (2017), y como acto previo a la cumbre mundial de alcaldes de ciudades firmantes del Pacto de Milán, un evento centrado en el protagonismo de la sociedad civil en las políticas alimentarias urbanas. Y por el otro, el proceso de constitución de una Red estatal de Ciudades por la Agroecología, impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Entretantos, que pretende aprobar en esta ocasión su acta fundacional.

A este evento se espera la asistencia de delegaciones de más 15 gobiernos locales, junto con las organizaciones sociales y agrarias locales que les están acompañando en el desarrollo y la implementación de sus estrategias alimentarias. Y habrá espacios para visibilizar el protagonismo de la sociedad civil y el propio sector productor en la promoción de numerosos proyectos innovadores.

Con este encuentro, la Red de Ciudades por la Agroecología refuerza su vocación de construir las políticas alimentarias urbanas desde procesos de gobernanza desde abajo, al construir el debate sobre políticas urbanas en un espacio compartido y horizontal entre administración, sociedad civil, sector producto y universidad. El jueves 14 se inicia la programación con una reunión de la Red de Ciudades por la Agroecología, que aprovecha esta convocatoria para avanzar en su constitución legal y consolidar e impulsar su iniciativa de intercambio y coordinación de políticas agroecológicas. El viernes estará dedicado a trabajar sobre la gobernanza alimentaria y el papel que distintos sectores, organizaciones y agentes sociales tienen a la hora de garantizar una alimentación sana, accesible y de calidad para la ciudadanía. Tras los debates y conclusiones del viernes la sesión del sábado estará dedicada fundamentalmente a conocer las iniciativas que actualmente se están desarrollando en el Estado español y en el ámbito europeo, al intercambio de experiencias y al análisis de buenas prácticas sobre diferentes cuestiones relacionadas con la alimentación. Los actos se cerrarán el sábado por la noche con la Fiesta de los Mercados de Abastos Municipales de València.

Gobernanza alimentaria: El sistema alimentario global y nuestras vidas cotidianas

El concepto de gobernanza se puede entender como el proceso en el que los sistemas de gestión de los asuntos públicos interactúan con la realidad, en un proceso complejo en el que participan directa o indirectamente muy diversos actores, tanto públicos como privados. En este sentido, se puede entender la gobernanza alimentaria global como la interacción entre los grandes actores económicos globales (agroindustria y gran distribución); el comportamiento cotidiano de la ciudadanía (a través del consumo) y el sector productor; y el complejo entramado de certificaciones (Denominaciones de Origen y otras marcas de calidad), controles oficiales (Paquete Higiénico-Sanitario y otros), y acuerdos y organismos estatales e internacionales (Codex Alimentarius y muchos otros) que velan por una alimentación suficiente, adecuada y segura para la población mundial.

Este último objetivo se encuentra frecuentemente puesto en entredicho por fríos datos como los 1.500 millones de personas obesas en el Mundo y los 800 millones de personas hambrientas; o por casos como el de los huevos contaminados por pesticidas prohibidos. También por las presiones que sufren instituciones como la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para no aceptar el herbicida glifosato como posible carcinógeno, o para no prohibir los insecticidas neonicotinoides que se relacionan con la muerte masiva de abejas, cuestión que tampoco el parlamento europeo ha sido capaz de desarrollar con decisión.

También por otros eventos más lejanos en el tiempo como el síndrome de las vacas locas o el de la gripe aviar. O los compromisos con grandes empresas como Monsanto, ya sean explícitos u ocultos (y revelados a través de los wiki-leaks), de altos cargos de sucesivos ministerios de agricultura para garantizar la entrada de cultivos transgénicos en el Estado español, en contra de la opinión pública generalizada y de una mayoría del sistema científico.

De hecho, este entramado de relaciones globales que impulsa el sistema alimentario industrial y globalizado ha resultado ser un importante y nocivo espacio de la acumulación por desposesión. Entre sus consecuencias más nocivas se puede citar su enorme impacto en el cambio climático, su contribución a problemas de salud masivos relacionados tanto con la comida basura como con la desnutrición y el hambre, el ser un fuerte contaminante de aguas y suelos, generador de desempleo rural y migraciones masivas, y por desgracia, también de alimentos tóxicos.

La buena gobernanza alimentaria es participada por la sociedad

La construcción de una buena gobernanza alimentaria, por tanto, habría de ser un proceso impulsado desde abajo, y participado en condiciones equitativas por todos los actores implicados en la cadena alimentaria, incluidos producción y consumo. Un proceso vivo y en adaptación constante a la cambiante realidad, capaz de situar la alimentación como un bien común para toda la sociedad. Un escenario, por tanto, orientado a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, desde la múltiple perspectiva ecológica (desde la reducción de insumos hasta la reutilización y reciclaje de residuos), social ( garantizando el acceso de toda la población a una alimentación suficiente, equilibrada, sana y de calidad), cultural (alimentos adecuados a cada grupo social y a sus hábitos gastronómicos) y económica (precios justos para quien produce y para quien consume, para que la alimentación sostenible y de calidad no sea un lujo).

En este sentido, los movimientos sociales por la Agroecología y la Soberanía Alimentaria llevan mucho trabajo hecho, tal y como ya se ha comentado en otros artículos de este mismo blog, como los recientes sobre la VII Conferencia de La Vía Campesina, o el que hablaba sobre los Mercados Agroecológicos y el Pacto de Milán sobre políticas alimentarias urbanas. Mucho trabajo hecho en favor de la buena gobernanza alimentaria y contra el entramado global que subordina la alimentación a los dictados del mercado y la reduce a mera mercancía. Y mucho trabajo hecho en la experimentación, promoción, acompañamiento y protección de experiencias alternativas a este sistema, desde esa visión de la actividad agraria como generadora de riqueza social y ecológica y como un bien común que sustenta a la sociedad. Los tejidos sociales que promueven y protegen la articulación entre producción y consumo o el manejo agrario agroecológico se han ido convirtiendo, bajo este impulso, espacios de innovación social para la sostenibilidad, beneficiosos para toda la sociedad.

Ciudades comprometidas con la gobernanza alimentaria desde abajo

Después de décadas de experimentación a contracorriente, y a menudo contra normativas y políticas mal pensadas, la buena noticia es que hay sectores de la administración que, en vez de torpedear estas iniciativas agroecológicas autogestionadas, las están dando espacio y las están apoyando. Hablamos del apoyo de algunas administraciones locales a los mercados de productores y productoras agroecológicos/as (Zaragoza, València, Madrid, El Prat de Llobregat, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca); a la protección de los suelos agrarios urbanos a través de parques agrarios (Baix Llobregat, Rivas-Vaciamadrid, Fuenlabrada) o de leyes de protección de la huerta histórica (València); de programas de compra pública sostenible para la alimentación escolar (Andalucía, Islas Canarias, Pamplona-Iruña, Zaragoza, Palma de Mallorca); a la facilitación de la comercialización de alimento local y ecológico en los Mercas y mercados de abastos municipales (Barcelona, València, Zaragoza).

Como planteaba Ángel Calle en el artículo ya mencionado: las ciudades, a pesar de ser el nivel de la Administración con menores competencias en la cadena alimentaria, están siendo el principal espacio de innovación en las políticas alimentarias. Quizá por su cercanía a la población, y su mayor exposición y sensibilidad a las necesidades cotidianas de ésta. Y quizá también porque en ese nivel administrativo no está en juego la gran tarta de las subvenciones agroalimentarias y del mercado de insumos agrarios (fertilizantes, semillas, pesticidas, etc.), por lo que la presión del entramado agroindustial a través de lobbies y puertas giratorias es más reducida. En todo caso, esta innovación también ha llegado a la gobernanza alimentaria, y algunas ciudades están generando espacios consultivos y de trabajo junto con la sociedad civil respecto a las políticas alimentarias, especialmente a partir del Pacto de Milán.

En este marco, un importante número de ciudades españolas se han implicado en la creación de una Red de Ciudades por la Agroecología, cuyo documento de adhesión ya ha sido firmado por 8 ciudades. Este proyecto, impulsado por los Ayuntamientos de Zaragoza y València, trata de articular a las ciudades más avanzadas en las políticas alimentarias sostenibles (buena parte de ellas ya mencionadas más arriba). Sus objetivos son facilitar el intercambio de experiencias y recursos (reglamentos, normativas, proyectos, etc.) entre los equipos de gobierno municipales, así como visibilizar este tipo de propuestas en niveles territoriales superiores. Esta Red también trata de dotar de vida y profundidad al propio Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas, al articular a la mayoría de las ciudades españolas firmantes y facilitar su desarrollo en acciones concretas. Además, la participación de la sociedad civil es un elemento central, formalizado a partir de la participación de la sociedad civil de cada ciudad miembro en los encuentros, debates y grupos de trabajo de la Red.

La compleja interacción entre administración local y sociedad civil

Las organizaciones y movimientos sociales por la Agroecología y la Soberanía Alimentaria no solo son vanguardia en la construcción de sistemas alimentarios locales y sostenibles, sino también un punto de apoyo clave para los gobiernos locales. Desde su experiencia acumulada estas organizaciones han generado un saber-hacer pionero, en relación con un espacio de acción que hasta ahora no se había incorporado en las administraciones públicas: una mirada integral a los sistemas alimentarios.

Por ello, están siendo en muchos casos quienes asesoran a las ciudades en estas políticas innovadoras, bien trabajando directamente con los gobiernos municipales o bien a través de los procesos y órganos formales de gobernanza alimentaria que algunas ciudades van creando, como los Comités de Seguimiento del Pacto de Milán (Madrid, Córdoba) o los Consejos Alimentarios Municipales (València). El apoyo de las organizaciones sociales a estas políticas pioneras está siendo un apoyo clave, también dada la dificultad de la administración local para abrir nuevos departamentos y espacios de administración, constreñida por las políticas de austeridad, recortes y rigidez presupuestaria que ha dejado en herencia la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Esta colaboración entre sociedad civil y gobiernos locales debería ser la norma en los procesos generales de buena gobernanza. Sin embargo, como plantea el reciente libro “Arraigar las instituciones. Propuestas de políticas agroecológicas desde los movimientos sociales”, también presenta numerosos retos y claroscuros. La buena salud democrática no sólo se promueve mediante estos mecanismos de colaboración, sino que también debe garantizarse la necesaria independencia de la sociedad civil respecto a la administración, y el ejercicio de la crítica radical que la primera puede y debe articular respecto a las políticas que implemente la segunda.

Por otro lado, la flexibilidad que introduce la externalización de las políticas alimentarias, como única salida frente a las políticas de austeridad presupuestaria, permite una importante creatividad y efectividad en las políticas a implementar. Pero también introduce una gran debilidad al ser procesos externos a la propia administración, y por tanto dependientes de los vientos electorales, y a veces de los caprichos del funcionariado. Y otra gran debilidad es la carga impuesta a las organizaciones sociales con tareas propias de la función pública, limitando sus fuerzas para la innovación –que normalmente surge en contextos de autogestión– y para el propio análisis crítico. La interacción sociedad civil-administración local se sitúa por tanto en un terreno ambiguo y arriesgado para ambos lados, que necesariamente deberá evolucionar hacia situaciones de mayor estabilidad desde la independencia.

De hecho, este impulso de colaboración entre administración y movimientos sociales podría entenderse como un ejercicio de dispersar el poder para prevenir su concentración. También se puede entender, por supuesto, como un ejercicio de cooptación de los movimientos sociales por parte de las administraciones públicas. Podríamos decir que el que la balanza se incline hacia uno u otro lado depende de la fuerza y del saber-hacer de cada una de las partes en este proceso. También podríamos decir que esta dialéctica “dispersión del poder-cooptación” es de ciclo largo, y actualmente inevitable si se quieren generar saltos de escala hacia sistemas alimentarios locales y sostenibles. En todo caso, parece que es tiempo de mojarse en el desarrollo de políticas al servicio de la gente y de la sostenibilidad, cada cual desde donde se sienta con más comodidad.