La polémica que ha surgido en los últimos días alrededor de la ganadería, no por oportunista y electoralista, es menos pertinente. Quizá el momento político no sea el idóneo, ya que nos encontramos en un inicio de año electoral cargado de polaridad y crispación, de mensajes simplistas y falsos, de exabruptos en las redes sociales y consignas en los medios de comunicación que pueden hurtar de la sociedad una decisión colectiva fundamentada, en un tema clave como el modelo de alimentación.

La decisión de cómo producir y distribuir alimentos accesibles, sostenibles, seguros y sanos, y también cómo esta producción y consumo debe afectar a nuestra calidad de vida. La realidad del sistema alimentario y de los alimentos de origen animal es muy compleja en nuestro país y además de la alimentación afecta directamente a la gestión del territorio, la despoblación, el abandono, los usos del suelo y la conservación de la naturaleza. Sea el momento adecuado o no, se trata de un debate vital de cara al futuro, que se debe abordar de forma amplia y participada, escuchando atentamente a los ganaderos y ganaderas, empatizando con sus dificultades e intentando comprender sus reivindicaciones. También, entendiendo el escenario en el que se desarrolla la actividad ganadera y asumiendo la complejidad de una realidad que trasciende cualquier polémica que pretenda polarizar estrategias forzosamente flexibles y basadas en la participación del conjunto de la sociedad, y, en primer lugar, de las personas productoras.

Dicho esto, es importante recalcar que la ganadería extensiva per se, sin necesidad de compararse con otros modelos, constituye una actividad vital en nuestro sistema alimentario y territorial. A estas alturas ya se han difundido ampliamente las diferentes razones por las que es necesario contar con la presencia de ganado extensivo en la mayoría de la superficie de nuestro país. No obstante, hay ciertas prioridades que no están recibiendo la atención que merecen por parte de los poderes públicos, y esta desidia está empujando al cierre y al abandono a muchas explotaciones que aportan un gran valor añadido al conjunto de la sociedad. Abordar estos aspectos resulta imprescindible cuando se plantea una estrategia de futuro para las producciones alimentarias de origen animal, que demanda una presencia adecuada en nuestros campos tanto de animales domésticos como de las personas que los atienden.

Los diferentes paisajes ibéricos, desde los bosques más recónditos hasta los espacios periurbanos, incluso los cultivos o los humedales son, o han sido, territorios pastoreados, modelados a diente de cabras y ovejas. Muchos de ellos incluso dependen de esta actividad para mantenerse en buenas condiciones y, sobre todo, pueden conservarse y regenerarse a partir de la labor ecológica de un pastoreo bien planificado y bien ejecutado. 

Además, la ganadería extensiva utiliza como alimento materiales vegetales que, de otra manera, no pueden aprovecharse y se acumulan en los ecosistemas. En nuestros veranos, cada vez más secos debido al cambio climático, esta acumulación eleva el riesgo y la intensidad de los incendios, incrementando la vulnerabilidad de los paisajes y sus habitantes. Una buena parte de esta materia vegetal debe ser retirada del ecosistema para mantenerlo en buen estado de salud. Esto solamente lo pueden hacer los herbívoros a través de la ganadería extensiva, porque no tenemos capacidad económica para hacerlo de otra manera, y porque los mecanismos que usa la naturaleza (los grandes herbívoros salvajes), no pueden funcionar de forma autónoma en paisajes tan intervenidos y fragmentados como los nuestros.

El abandono del pastoreo y otras labores tradicionales en una sociedad cada vez más urbanizada, conducen inexorablemente a la degradación paisajística. Un pastoreo mal dirigido también puede ser perjudicial, pero nada comparable con secuelas del abandono, la fragmentación y el cambio en los usos del territorio. La pena, y la esperanza, es que la combinación de las lecciones aprendidas de nuestros mayores y los avances en el conocimiento científico de las últimas décadas, hacen del pastoreo una herramienta óptima, aunque minusvalorada, de cara a frenar el deterioro de suelos y paisajes y facilitar su restauración. La rica cultura pastoralista nos muestra un camino hacia la sostenibilidad y la regeneración, tanto en la producción de alimentos de origen animal como en el manejo del territorio y en el propio futuro productivo del medio rural.

Hablando de este futuro productivo, tan importante como el papel territorial es el papel socioeconómico de la extensividad. El pastoreo produce alimentos básicos de gran calidad, reduciendo la necesidad de insumos externos y de grandes inversiones, sólo a partir de hierba, ramas, hojas y vegetales que el territorio produce de forma sostenible. Tiene, por tanto, un rendimiento económico claro e innegable. Pero la falta de rentabilidad se ha convertido en una barrera infranqueable, produciendo un goteo de pequeñas explotaciones que abandonan, cierres por jubilación sin relevo generacional, jóvenes emprendedoras que se rinden en brazos de un empleo por cuenta ajena, renunciando a su auténtica vocación. Esta aparente contradicción se debe a que el pastoreo se ve obligado a producir bajo unas reglas amañadas que no diferencian su producción, no tienen en consideración la calidad de sus productos, no aprecian los servicios que prestan al conjunto de la sociedad y les hunde en una maraña burocrática y sanitaria en la que solo aquellos negocios con tamaño suficiente para contratar gestores especializados pueden, eventualmente, sobrevivir. Y por si fuera poco, los sucesivos gobiernos han ido cerrando las oficinas de extensión agraria que prestaban un magro apoyo a los ganaderos y agricultores, sustituyéndolas por el consejo interesado de los agentes comerciales de las grandes casas de agroquímicos. Aun así, las pequeñas ganaderías de pasto constituyen uno de los pocos negocios todavía factibles en el medio rural y una de las pocas actividades ligadas al territorio que permite, y exige, vivir en él.

El pastoreo genera riqueza y calidad de vida y se mantiene en base a una elevada intensidad de mano de obra que genera más empleo y de mejor calidad que otros modelos productivos. Hay ejemplos de éxito en nuestro país que muestran cómo rebaños reducidos de 100 vacas o menos pueden sacar adelante a una familia, o incluso dos o tres si se le acopla una quesería artesanal o una iniciativa turística. Eso sí, en situaciones de saturación del mercado, como sucede en el caso de la leche, la apertura de grandes instalaciones hiperindustrializadas significa el cierre inmediato de muchas pequeñas, expulsadas del mercado, no por falta de rentabilidad sino por puro abuso, a menudo respaldado por un apoyo político insensible ante el vaciado rural.

La sociedad es responsable de cómo se cuida y se gestiona su territorio, y para ello es imprescindible que haya personas establecidas en él, cuidándolo, vigilándolo, restaurando el paisaje y protegiendo sus valores. Lógicamente, estas personas necesitan una alternativa de vida digna, y la ganadería extensiva todavía puede proporcionársela. La apuesta social por este modelo de producción ganadera debe ser decidida y audaz. Y no hace falta hacer trampas ni mendigar ayudas. La principal condición necesaria es un terreno de juego equitativo: unas normas sanitarias y productivas que reconozcan las peculiaridades de la ganadería extensiva, su interacción con la naturaleza y su interdependencia con los procesos ecosistémicos; una diferenciación clara de sus productos que permita a consumidores y consumidoras elegir y apoyar sus productos en la cesta de la compra; un apoyo público decidido a su labor social y ambiental y, qué menos, que un poco de empatía con las personas que cada día se esfuerzan para que sigamos disfrutando de unos alimentos de primera calidad y que además generan beneficios colectivos que alimentan nuestro futuro común.

Los días 15 y 16 de septiembre se celebrarán en València las jornadas “Sociedad Civil, Alimentación y Ciudades Sostenibles”. En la organización de estas jornadas, impulsadas por los Ayuntamientos de València y Zaragoza, convergen dos procesos paralelos. Por un lado, la vocación de la ciudad de València de organizar, dentro de los eventos de la Capitalidad Mundial de la Alimentación Sostenible (2017), y como acto previo a la cumbre mundial de alcaldes de ciudades firmantes del Pacto de Milán, un evento centrado en el protagonismo de la sociedad civil en las políticas alimentarias urbanas. Y por el otro, el proceso de constitución de una Red estatal de Ciudades por la Agroecología, impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Entretantos, que pretende aprobar en esta ocasión su acta fundacional.

A este evento se espera la asistencia de delegaciones de más 15 gobiernos locales, junto con las organizaciones sociales y agrarias locales que les están acompañando en el desarrollo y la implementación de sus estrategias alimentarias. Y habrá espacios para visibilizar el protagonismo de la sociedad civil y el propio sector productor en la promoción de numerosos proyectos innovadores.

Con este encuentro, la Red de Ciudades por la Agroecología refuerza su vocación de construir las políticas alimentarias urbanas desde procesos de gobernanza desde abajo, al construir el debate sobre políticas urbanas en un espacio compartido y horizontal entre administración, sociedad civil, sector producto y universidad. El jueves 14 se inicia la programación con una reunión de la Red de Ciudades por la Agroecología, que aprovecha esta convocatoria para avanzar en su constitución legal y consolidar e impulsar su iniciativa de intercambio y coordinación de políticas agroecológicas. El viernes estará dedicado a trabajar sobre la gobernanza alimentaria y el papel que distintos sectores, organizaciones y agentes sociales tienen a la hora de garantizar una alimentación sana, accesible y de calidad para la ciudadanía. Tras los debates y conclusiones del viernes la sesión del sábado estará dedicada fundamentalmente a conocer las iniciativas que actualmente se están desarrollando en el Estado español y en el ámbito europeo, al intercambio de experiencias y al análisis de buenas prácticas sobre diferentes cuestiones relacionadas con la alimentación. Los actos se cerrarán el sábado por la noche con la Fiesta de los Mercados de Abastos Municipales de València.

Gobernanza alimentaria: El sistema alimentario global y nuestras vidas cotidianas

El concepto de gobernanza se puede entender como el proceso en el que los sistemas de gestión de los asuntos públicos interactúan con la realidad, en un proceso complejo en el que participan directa o indirectamente muy diversos actores, tanto públicos como privados. En este sentido, se puede entender la gobernanza alimentaria global como la interacción entre los grandes actores económicos globales (agroindustria y gran distribución); el comportamiento cotidiano de la ciudadanía (a través del consumo) y el sector productor; y el complejo entramado de certificaciones (Denominaciones de Origen y otras marcas de calidad), controles oficiales (Paquete Higiénico-Sanitario y otros), y acuerdos y organismos estatales e internacionales (Codex Alimentarius y muchos otros) que velan por una alimentación suficiente, adecuada y segura para la población mundial.

Este último objetivo se encuentra frecuentemente puesto en entredicho por fríos datos como los 1.500 millones de personas obesas en el Mundo y los 800 millones de personas hambrientas; o por casos como el de los huevos contaminados por pesticidas prohibidos. También por las presiones que sufren instituciones como la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para no aceptar el herbicida glifosato como posible carcinógeno, o para no prohibir los insecticidas neonicotinoides que se relacionan con la muerte masiva de abejas, cuestión que tampoco el parlamento europeo ha sido capaz de desarrollar con decisión.

También por otros eventos más lejanos en el tiempo como el síndrome de las vacas locas o el de la gripe aviar. O los compromisos con grandes empresas como Monsanto, ya sean explícitos u ocultos (y revelados a través de los wiki-leaks), de altos cargos de sucesivos ministerios de agricultura para garantizar la entrada de cultivos transgénicos en el Estado español, en contra de la opinión pública generalizada y de una mayoría del sistema científico.

De hecho, este entramado de relaciones globales que impulsa el sistema alimentario industrial y globalizado ha resultado ser un importante y nocivo espacio de la acumulación por desposesión. Entre sus consecuencias más nocivas se puede citar su enorme impacto en el cambio climático, su contribución a problemas de salud masivos relacionados tanto con la comida basura como con la desnutrición y el hambre, el ser un fuerte contaminante de aguas y suelos, generador de desempleo rural y migraciones masivas, y por desgracia, también de alimentos tóxicos.

La buena gobernanza alimentaria es participada por la sociedad

La construcción de una buena gobernanza alimentaria, por tanto, habría de ser un proceso impulsado desde abajo, y participado en condiciones equitativas por todos los actores implicados en la cadena alimentaria, incluidos producción y consumo. Un proceso vivo y en adaptación constante a la cambiante realidad, capaz de situar la alimentación como un bien común para toda la sociedad. Un escenario, por tanto, orientado a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, desde la múltiple perspectiva ecológica (desde la reducción de insumos hasta la reutilización y reciclaje de residuos), social ( garantizando el acceso de toda la población a una alimentación suficiente, equilibrada, sana y de calidad), cultural (alimentos adecuados a cada grupo social y a sus hábitos gastronómicos) y económica (precios justos para quien produce y para quien consume, para que la alimentación sostenible y de calidad no sea un lujo).

En este sentido, los movimientos sociales por la Agroecología y la Soberanía Alimentaria llevan mucho trabajo hecho, tal y como ya se ha comentado en otros artículos de este mismo blog, como los recientes sobre la VII Conferencia de La Vía Campesina, o el que hablaba sobre los Mercados Agroecológicos y el Pacto de Milán sobre políticas alimentarias urbanas. Mucho trabajo hecho en favor de la buena gobernanza alimentaria y contra el entramado global que subordina la alimentación a los dictados del mercado y la reduce a mera mercancía. Y mucho trabajo hecho en la experimentación, promoción, acompañamiento y protección de experiencias alternativas a este sistema, desde esa visión de la actividad agraria como generadora de riqueza social y ecológica y como un bien común que sustenta a la sociedad. Los tejidos sociales que promueven y protegen la articulación entre producción y consumo o el manejo agrario agroecológico se han ido convirtiendo, bajo este impulso, espacios de innovación social para la sostenibilidad, beneficiosos para toda la sociedad.

Ciudades comprometidas con la gobernanza alimentaria desde abajo

Después de décadas de experimentación a contracorriente, y a menudo contra normativas y políticas mal pensadas, la buena noticia es que hay sectores de la administración que, en vez de torpedear estas iniciativas agroecológicas autogestionadas, las están dando espacio y las están apoyando. Hablamos del apoyo de algunas administraciones locales a los mercados de productores y productoras agroecológicos/as (Zaragoza, València, Madrid, El Prat de Llobregat, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca); a la protección de los suelos agrarios urbanos a través de parques agrarios (Baix Llobregat, Rivas-Vaciamadrid, Fuenlabrada) o de leyes de protección de la huerta histórica (València); de programas de compra pública sostenible para la alimentación escolar (Andalucía, Islas Canarias, Pamplona-Iruña, Zaragoza, Palma de Mallorca); a la facilitación de la comercialización de alimento local y ecológico en los Mercas y mercados de abastos municipales (Barcelona, València, Zaragoza).

Como planteaba Ángel Calle en el artículo ya mencionado: las ciudades, a pesar de ser el nivel de la Administración con menores competencias en la cadena alimentaria, están siendo el principal espacio de innovación en las políticas alimentarias. Quizá por su cercanía a la población, y su mayor exposición y sensibilidad a las necesidades cotidianas de ésta. Y quizá también porque en ese nivel administrativo no está en juego la gran tarta de las subvenciones agroalimentarias y del mercado de insumos agrarios (fertilizantes, semillas, pesticidas, etc.), por lo que la presión del entramado agroindustial a través de lobbies y puertas giratorias es más reducida. En todo caso, esta innovación también ha llegado a la gobernanza alimentaria, y algunas ciudades están generando espacios consultivos y de trabajo junto con la sociedad civil respecto a las políticas alimentarias, especialmente a partir del Pacto de Milán.

En este marco, un importante número de ciudades españolas se han implicado en la creación de una Red de Ciudades por la Agroecología, cuyo documento de adhesión ya ha sido firmado por 8 ciudades. Este proyecto, impulsado por los Ayuntamientos de Zaragoza y València, trata de articular a las ciudades más avanzadas en las políticas alimentarias sostenibles (buena parte de ellas ya mencionadas más arriba). Sus objetivos son facilitar el intercambio de experiencias y recursos (reglamentos, normativas, proyectos, etc.) entre los equipos de gobierno municipales, así como visibilizar este tipo de propuestas en niveles territoriales superiores. Esta Red también trata de dotar de vida y profundidad al propio Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas, al articular a la mayoría de las ciudades españolas firmantes y facilitar su desarrollo en acciones concretas. Además, la participación de la sociedad civil es un elemento central, formalizado a partir de la participación de la sociedad civil de cada ciudad miembro en los encuentros, debates y grupos de trabajo de la Red.

La compleja interacción entre administración local y sociedad civil

Las organizaciones y movimientos sociales por la Agroecología y la Soberanía Alimentaria no solo son vanguardia en la construcción de sistemas alimentarios locales y sostenibles, sino también un punto de apoyo clave para los gobiernos locales. Desde su experiencia acumulada estas organizaciones han generado un saber-hacer pionero, en relación con un espacio de acción que hasta ahora no se había incorporado en las administraciones públicas: una mirada integral a los sistemas alimentarios.

Por ello, están siendo en muchos casos quienes asesoran a las ciudades en estas políticas innovadoras, bien trabajando directamente con los gobiernos municipales o bien a través de los procesos y órganos formales de gobernanza alimentaria que algunas ciudades van creando, como los Comités de Seguimiento del Pacto de Milán (Madrid, Córdoba) o los Consejos Alimentarios Municipales (València). El apoyo de las organizaciones sociales a estas políticas pioneras está siendo un apoyo clave, también dada la dificultad de la administración local para abrir nuevos departamentos y espacios de administración, constreñida por las políticas de austeridad, recortes y rigidez presupuestaria que ha dejado en herencia la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Esta colaboración entre sociedad civil y gobiernos locales debería ser la norma en los procesos generales de buena gobernanza. Sin embargo, como plantea el reciente libro “Arraigar las instituciones. Propuestas de políticas agroecológicas desde los movimientos sociales”, también presenta numerosos retos y claroscuros. La buena salud democrática no sólo se promueve mediante estos mecanismos de colaboración, sino que también debe garantizarse la necesaria independencia de la sociedad civil respecto a la administración, y el ejercicio de la crítica radical que la primera puede y debe articular respecto a las políticas que implemente la segunda.

Por otro lado, la flexibilidad que introduce la externalización de las políticas alimentarias, como única salida frente a las políticas de austeridad presupuestaria, permite una importante creatividad y efectividad en las políticas a implementar. Pero también introduce una gran debilidad al ser procesos externos a la propia administración, y por tanto dependientes de los vientos electorales, y a veces de los caprichos del funcionariado. Y otra gran debilidad es la carga impuesta a las organizaciones sociales con tareas propias de la función pública, limitando sus fuerzas para la innovación –que normalmente surge en contextos de autogestión– y para el propio análisis crítico. La interacción sociedad civil-administración local se sitúa por tanto en un terreno ambiguo y arriesgado para ambos lados, que necesariamente deberá evolucionar hacia situaciones de mayor estabilidad desde la independencia.

De hecho, este impulso de colaboración entre administración y movimientos sociales podría entenderse como un ejercicio de dispersar el poder para prevenir su concentración. También se puede entender, por supuesto, como un ejercicio de cooptación de los movimientos sociales por parte de las administraciones públicas. Podríamos decir que el que la balanza se incline hacia uno u otro lado depende de la fuerza y del saber-hacer de cada una de las partes en este proceso. También podríamos decir que esta dialéctica “dispersión del poder-cooptación” es de ciclo largo, y actualmente inevitable si se quieren generar saltos de escala hacia sistemas alimentarios locales y sostenibles. En todo caso, parece que es tiempo de mojarse en el desarrollo de políticas al servicio de la gente y de la sostenibilidad, cada cual desde donde se sienta con más comodidad.