Que la instrucción del juez Juan Carlos Peinado en el asunto de la mujer del presidente del Gobierno está plagada de decisiones chocantes no constituye, a estas alturas, novedad alguna. Pero quiero ahora destacar las concomitancias que encuentro entre algunas singularidades de esa instrucción y ciertos pasajes de la novela El proceso de Franz Kafka. 

Sabemos por la prensa que, en uno de los zigzagueantes meandros de la interminable e insondable instrucción de Peinado, este citó como investigada a la secretaria general de la Presidencia para recibirle declaración un domingo por la tarde – en hora casi taurina, a las 17,30 - ya que en la fecha inicialmente fijada para tal fin su abogada estaba ya comprometida con otras citaciones judiciales.

Es cierto que el artículo 184 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que, tratándose de la instrucción de causas criminales, todos los días del año y todas las horas son hábiles. Ello no obstante, si no hay causa que imponga o justifique una urgencia inaplazable no es común llamar a declarar a investigados o testigos en domingo o día festivo; es razonable que en esos días quiera el juez desligarse de toda carga laboral para entregarse al gozo de la privacidad y el descanso, y debe suponerse que el ciudadano objeto de citación estará deseoso de igual recogimiento. Lógico. Por consiguiente, solo razones perentorias – desconocidas en este caso – pueden servir de apoyo a tan particular e impaciente convocatoria.

Esa citación dominguera me trae inevitablemente a la memoria el pasaje de El proceso en el que el atribulado Josef K., protagonista del angustioso relato, es citado en domingo para someterse a un primer interrogatorio del juez de instrucción. En la novela, la inusual citación se explica por el deseo del tribunal de no molestar al interrogado en sus quehaceres profesionales. No parece, ni consta, que el juez Peinado actuara movido por igual deferencia hacia las ocupaciones laborales de la persona que va a ser interrogada, toda vez que la citación originaria estaba señalada para un día laborable. Desconozco entonces los motivos de la decisión del juez, si es que pretende dar apariencia de una actividad instructora de alto voltaje y corriente continua, perseverante e inagotable, o si se trata de un solapado escarmiento a quienes le obligan a mudar la fecha originaria por él señalada; también -admitámoslo- es posible que el juez no dispusiese de otra fecha cercana en día laborable. 

Otra decisión de Peinado, sorprendente por extravagante, tuvo lugar con ocasión de recibir declaración al ministro Bolaños en Moncloa, momento en el que, llegado a la sede oficial, solicitó una tarima para situarse sobre ella y así, en estado de autoelevación, llevar a cabo el interrogatorio. Inaudito. Está claro que quería reproducir la disposición de jerarquías que representan los estrados de una sala de audiencia. No le bastaba con el rango inherente al cargo y la posición procesal del juez que, en rigor, no precisan de aditivos; al parecer, tenía por inexcusable que, de alguna manera, se hiciese visible la supremacía judicial del momento, poder mirar al ministro desde arriba, por encima del hombro. El poder siempre ha querido afirmarse en posición encumbrada, y no solo porque los súbditos eran obligados a comparecer rebajados a cota inferior, sino porque con aquella altura – de ahí alteza- de vocación levitante, todas las miradas inevitablemente convergen en quien lo encarna. 

No dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 413) que en las ocasiones en las que el juez haya de desplazarse al despacho de una alta autoridad para la práctica de un interrogatorio, haya de reproducirse la gradación de alturas propia de la sala de vistas de un tribunal. Dicho de otro modo, la sala de audiencia no es escenario itinerante. Si tan relevante o necesario era el auxilio de la tarima para el cometido del interrogatorio, bien pudo plantearse el juez la posibilidad de llevarse consigo a Moncloa alguna tarima de mano, plegable y transportable, como si de una herramienta más de trabajo se tratara, y liberar así a los funcionarios de las dependencias ministeriales de la que debió ser para ellos una carga inesperada y tan enojosa como insólita. 

Me pregunto si el juez Peinado hubiese hecho valer igual exigencia si, en la hipótesis prevista artículo 419 de la LECrm, se hubiese trasladado al domicilio de un particular impedido físicamente de acudir al llamamiento judicial, para recibirle allí declaración.

Pues bien, esta ocurrencia de la tarima, que va de alturas, niveles, rangos y apariencias, me traslada de nuevo a imágenes de El proceso. Uno de los personajes de la novela, Leni, enfermera de Huld, el abogado al que Josef K. había encomendado su defensa, le muestra el retrato de un juez de instrucción que, siendo hombre de estatura “casi diminuta”, en el cuadro se hace representar alto “porque es insensatamente vanidoso, como todos los de aquí”. De nuevo el síndrome del engrandecimiento, la preocupación por la elevación, la obsesión por el nivel dominante desde donde la mirada del juez puede examinar, escudriñar acaso, al justiciable.

Toda vanidad y afán velado de prepotencia es incompatible con la toga de administrar justicia (por ello soy contrario a que en ella se luzcan medallas, collares y condecoraciones; nada como la sobriedad). Sabia era la crítica de Kafka, que en su ejercicio profesional debió conocer a más de un juez y las flaquezas de algunos. Coincido con el profesor Ramos Méndez cuando dice que sería tremendamente pedagógico disponer en nuestros tribunales de ejemplares gratuitos de El proceso. Para lectura de los jueces, claro. Es una idea, Sr. ministro.

El Anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la del Poder Judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal aborda varias cuestiones, algunas de ellas especialmente conflictivas y delicadas como es, por ejemplo, y entre otras, la situación de los jueces sustitutos, problema que debe tratarse con suma cautela. Pero ahora me voy a ocupar solo de las concretas modificaciones proyectadas en lo que afecta al sistema de selección de jueces o, lo que es lo mismo, a las pruebas en las que se desarrolla el ya vetusto régimen de oposiciones.

Como conozco el paño de los contradictores, quiero adelantar algunas advertencias: la primera, no me opongo sin más a la existencia de un régimen de acceso a la judicatura por medio de oposición libre. Pero soy contrario a que aquella se configure solo y exclusivamente con pruebas de exposición preponderantemente memorística. La segunda, no trato de subestimar la memoria, imprescindible, como es obvio, en todo examen o prueba de conocimientos, pero sí opugno la sobrevaloración de esa memorización textual a que conduce el sistema de ejercicios de recitación contra reloj, sujeta a un tiempo predeterminado. Y tercera, es evidente que, pese a sus imperfecciones, el sistema ha dado buenos jueces, pero no por ello debo renunciar a una apreciación crítica de lo visto y oído durante los treinta años que he ejercido como juez en un tribunal de apelación. 

En el ya citado anteproyecto, el Gobierno se ha decidido a reformar el sistema de selección de jueces o, lo que es lo mismo, el régimen de oposiciones. Y la verdad es que, en lo que a las pruebas se refiere, lo hace de modo prudente, sin provocar estremecimiento alguno. Se puede decir que el anteproyecto, en lo que a este extremo concierne, se ocupa más de establecer garantías útiles que de introducir modificaciones que pongan en riesgo los cimientos del sistema, a excepción de las omisiones a que luego aludiré. Pese a ello, la derecha judicial y política se sobresaltan, se rasgan togas y vestiduras y temen que con ellas también se desgarre el velo del templo sagrado de la justicia. Francamente, me parece una sobreactuación gestual injustificada.

Por más que algunos no quieran obstinadamente ver la realidad, es lo cierto que, en la actualidad, los ejercicios orales que constituyen la clave y esencia de la oposición, están concebidos como demostración y prueba del aprendizaje memorizado de unos temas de contenido calculado para su exposición ante el tribunal de forma comprimida bajo el apremio del reloj que marca un tiempo concreto de recitado. Decir que ese método permite evaluar “la capacidad de razonamiento y de expresión, así como la madurez de los candidatos” (así lo hace, por ejemplo, el portavoz de Foro Judicial Independiente) es de todo punto insostenible. También lo es afirmar –como justificación de la oralidad de los ejercicios– que la tarea jurisdiccional se basa en la expresión oral, criterio rotundamente inaceptable toda vez que acontece justamente lo contrario: lo más notable y propio de la función judicial tiene lugar en el dictado de resoluciones escritas. En suma, que para defender lo indefendible se ha recurrido a argumentos de inconcebible atrevimiento.

Es difícil entender que las moderadas propuestas del anteproyecto relativas a los ejercicios de la oposición puedan suscitar protesta. Veamos:

1º. Con objeto de paliar el memorismo automático de los ejercicios orales, el anteproyecto dice que la prueba oral no podrá consistir, en ningún caso, en una exposición memorística. Es una corrección oportuna, bienintencionada, por más que falte, a mi juicio, una concreción del modo en que tal propósito pueda conseguirse, esto es, mediante qué fórmula ha de neutralizarse aquella exigencia. 

2º. Para el ejercicio oral también se prevé su registro en soporte audiovisual, garantía cuya necesidad vengo demandando desde 2016 en sucesivos artículos. ¿De verdad que esta previsión puede merecer reproche serio? ¿En nombre de qué principios? 

3º. La incorporación de un ejercicio práctico (eliminatorio) responde a una necesidad ineludible; se trata, además, de una prueba escrita que cuenta con la garantía del anonimato. Que las pruebas de acceso a la judicatura estén limitadas a solo dos ejercicios orales, como actualmente ocurre, sin que el aspirante sea sometido a prueba alguna dirigida a comprobar sus aptitudes argumentativas, su destreza en el razonamiento, su capacidad para detectar los problemas, su habilidad hermenéutica, es de todo punto irrazonable. Si tal ejercicio práctico se da en otras oposiciones (notarías, registros, abogados del Estado) ¿cómo es posible que se prescinda de él a la hora de seleccionar a los jueces cuyo cometido profesional consiste precisamente en la diaria puesta a prueba de aquellas aptitudes? 

Se reprocha el carácter discrecional de esta prueba. A esto debemos responder: primero, que por más que se tache de objetivo el ejercicio oral –es argumento miméticamente reiterado– hay discrecionalidad en la valoración de los ejercicios orales; no es objetiva una prueba que depende de la subjetividad de un tribunal que ha de evaluar la exposición del opositor. La realidad es, por otra parte, tristemente elocuente. He oído varias veces las explicaciones dadas por miembros de tribunales para justificar el rechazo de algún opositor que son muestra palmaria de una manifiesta discrecionalidad y, en ocasiones, de irritante injusticia. Segundo, no se trata de que, en la resolución del caso práctico o confección del dictamen, el examinando “acierte” en la concreta solución del caso, a gusto del tribunal; eso sería absurdo; a diario, los tribunales discrepan en la resolución de los litigios, en la interpretación y aplicación de la ley. Objetivo de aquellas pruebas ha de ser comprobar la razonabilidad de la argumentación y solución ofrecida, la no arbitrariedad o veleidad del razonamiento o interpretación de la norma. 

He leído lo que a propósito de los ejercicios de la oposición dice el informe redactado por la muy conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Es la expresión del más trasnochado inmovilismo. En su opinión, quienes critican la evaluación memorística de las actuales oposiciones es que “no saben lo que las oposiciones son o no ha opositado”. Este criterio supone un empecinamiento en negar una realidad patente que precisamente conocen quienes han opositado y sufren quienes preparan una oposición. Y, sin duda, desconoce la legión de antiguos opositores, hoy jueces y magistrados, que reconocen y reprueban el decisivo componente mnemónico de las pruebas orales. Dice también el informe que la actual configuración de estos ejercicios permite evaluar no solo los conocimientos de teorías doctrinales y cuestiones jurisprudenciales, sino también el “trabajo bajo presión del cronómetro, aprovechamiento del tiempo, firmeza, tranquilidad y sosiego en situaciones de estrés”. Sin comentarios. Y, para rematar la inconsistencia de estos juicios, termina por defender lo innecesario del ejercicio escrito sobre un caso práctico. También sin comentarios. Como dice Pasquau Liaño, la necesidad del ejercicio práctico “no debería tener que argumentarse. Su ausencia produce rubor”. 

Jueces para la Democracia aprueba plenamente las modificaciones proyectadas en los ejercicios de la oposición. 

En el comunicado emitido por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ninguna referencia se hace a las modificaciones proyectadas en relación con los ejercicios de las oposiciones; se limita a expresar su legítima y razonable preocupación sobre otros aspectos del anteproyecto.

De Foro Judicial Independiente no me consta pronunciamiento oficial al respecto, pero sí manifestaciones de su portavoz, ya recogidas líneas atrás.

Por mi parte, y ciñéndome a lo que concierne al sistema de oposición (hay otros temas en el anteproyecto de notable importancia que merecen cuidadosa atención), al margen de lo ya dicho, debo mostrarme crítico, por ejemplo, con la ausencia en los ejercicios orales de materias como el Derecho Mercantil y el Derecho procesal civil y penal (llevados estos últimos al ejercicio práctico), la no previsión de posible interpelación del tribunal al opositor una vez terminada la exposición oral, el mantenimiento de la unidad de oposición para las Carreras Judicial y Fiscal pese a la tan diferente función de ambas y, por ende, a la distinta formación que cada una requiere.

En cualquier caso, el Gobierno ha puesto el tema sobre la mesa; es la hora del debate. 

Para conmemorar el centenario de su muerte, hacemos de este el “año Kafka” destinado al recuerdo del escritor checo; volvemos una vez más sobre su figura y su obra enigmática que hizo de la sombra un manual de estilo (Angélica Tanarro), una obra que deslumbró a Walter Benjamin, Hanna Arendt, Citati, Calasso, Borges, Elías Canetti, Camus, Adorno, Nabokov… Han pasado cien años desde su desaparición y seguimos leyendo sus libros, meditando sobre ellos e interpretando sus historias crípticas y poliédricas; según Adorno, ello es debido a que su obra es como una oficina de información -actual y eterna- de la situación del hombre. Es lo que acontece con los clásicos, sabios conocedores de la condición humana.

En agosto de 1917 es diagnosticado de una tuberculosis que le llevará lentamente a la muerte ocurrida casi siete años después en el sanatorio de Kierling, cerca de Viena. Los últimos días son terribles; no puede ya hablar; se comunica por escrito con Dora Diamant, la mujer con la que vivió al final de su vida. Los dolores arrecian, se hacen insoportables e implora la administración de morfina; su amigo Klopstock se resiste a ello y Kafka le dice: “Máteme, o es usted un asesino”.

 El 3 de junio de 1924, a un mes de cumplir los 41 años, dejaba de existir. Había expresado el deseo de que con su desaparición lo hiciesen todos sus escritos, papeles y diarios; nada debía quedar que testimoniase su radical vocación de escritor, y así se lo pide a su amigo íntimo Max Brod. Este se niega a cumplir ese deseo destructivo de reducción a la nada; aspira a ser su albacea literario, no el pirómano de su legado. Hoy tenemos por acertada su deslealtad redentora con la que dio comienzo a una entusiasta labor de apostolado en favor de un escritor genial del que el propio Brod proclamaba su santidad laica. Propugnó una interpretación religiosa de su obra, apenas secundada por los estudiosos (salvo Citati; también de la Rica con su interpretación cristológica de En la colonia penitenciaria). Mucho más interesante y fructífera será la interpretación socio-política. Hay en Kafka una preocupación constante por el poder, la autoridad y la ley; Costas Despiniadis lo define como un anatomista del poder.

En el fondo, Kafka no hizo sino escribir sobre sí mismo. Él dijo en carta Felice Bauer: “Yo soy la novela. Yo soy mis historias”. Espeleólogo nocturno de su mundo interior, nos fue llevando por las galerías angostas de su espíritu complejo, mostrándonos los rincones absurdos de la existencia y recurriendo a relatos de textura onírica para describir la atmósfera propia de una realidad hostil. Por eso hicimos de su nombre el adjetivo de lo absurdo y lo angustioso. Con su excepcional sensibilidad, fronteriza con lo visionario, acertó en la radiografía del hombre contemporáneo, sumido en la angustia del desarraigo y el desvalimiento, presa de incertidumbres y perplejidades. W.H. Auden dijo que Kafka es tan importante para nosotros porque sus problemas son los problemas del hombre de hoy. Han pasado cien años desde su muerte, pero Kafka, conocedor profundo de la condición humana, dejó su palabra escrita y con ella habita entre nosotros.

Cuántos hombres y mujeres despiertan cada mañana, tras un sueño agitado, dándose de bruces con la pesadilla de sentirse lo que no quieren ser, atrapados en una circunstancia que el tiempo fue tejiendo a su alrededor, caparazón insoportable, deformación grotesca de sí mismos proyectada en el espejo cóncavo de una vida a la contra. La vida impuesta como exilio irremediable.

Cuántos hombres y mujeres sienten sobre sus vidas la gravidez de un poder invasivo, dominador y codicioso, de rostro y origen desconocidos, del que es secreción viscosa una burocracia envolvente que nos enreda hasta la impotencia y la insignificancia, el desasosiego y el desamparo. Es el sistema aplastante y laberíntico que al final prevalece sobre el individuo. Kafka dijo a su amigo Janouch: “Las cadenas de la atormentada humanidad están hechas de papel de oficina”.

Kafka da testimonio del hombre que se siente amenazado por un poder absorbente, controlador, que quiere ser dueño de nuestros pensamientos y conductor de nuestros deseos, un poder que no duda, si a su interés conviene, en escondernos la verdad y llamar posverdad a la mentira, un poder, en suma, que quiere impedirnos el acceso al recinto donde se guarda el secreto de la ley, la verdad y la vida, custodiado por un guardián disuasorio que juega con nosotros y tampoco dice la verdad.

Acertó a oír anticipadamente el temblor subterráneo que anunciaba los totalitarismos que despuntaban tras el horizonte; y fue, por ello, avisador del fuego, como dice Reyes Mate. Con su novela El proceso, colocó a Joseph K. en el vórtice de un proceso en un sistema judicial aberrante y deforme, de atmósfera opresiva y febril, acusado y condenado por un delito nunca conocido. Nos hizo saber que cualquier persona podía ser perseguida y condenada, no por sus actos o su conducta sino por ser quien era, por su condición, por su ideario. Es lo que los penalistas llaman “derecho penal de autor” que es lo contrario al derecho penal del hecho, propio de un Estado de Derecho que, como dice Ferrajoli, penaliza acciones y no autores, comportamientos y no identidades.

Cuántos cuerpos de hombres y mujeres llevan tatuada su piel por la acción violenta de un poder que se quiso mostrar omnímodo. Y cuántos habrán vivido la tragedia de una condena sin culpa, como Ahmed Tommouhi y Abderrazak Mounib, ambos condenados por una violación que no habían cometido y cuya condena cumplió el primero (el segundo murió en prisión mientras la cumplía). Cuántas personas habrán sufrido el espanto de Kathleen Folbigg que, siendo inocente, fue condenada en 2003 como autora de la muerte de sus cuatro hijos, condena por la que pasó varios años en la cárcel. Y cuántas otras habrán sido víctimas, como Elena Scherbakova, de una acusación y encarcelamiento debidos a errores o negligencias burocráticas. Entre estas ruinas, entre estos estragos humanos transita perenne la sombra afilada de Kafka.

Tiene razón Costas Despiniadis, quien se acerca a su obra difícilmente seguirá viendo el mundo de la manera en que lo veía antes.

Estas pasadas Navidades circuló por las redes una singular –digámoslo así– felicitación navideña del vocal del Consejo General del Poder Judicial José María Macías Castaño. Cuando la vi, pensé que se trataba de un meme, una composición fotográfica hecha iocandi causa, como broma o chanza. Luego comprobé que no, que aquella felicitación navideña, aunque insólita, era real. Este hombre, miembro del ya momificado CGPJ –¡hay vida más allá de la caducidad!– se prodigaba entre amigos y enemigos con el envío de una tarjeta navideña de la siguiente hechura: en la margen izquierda, la conocida efigie de la Justicia, con su espada y su balanza, y los ojos vendados, lo que, por fortuna, le exime de leer el texto impreso que la acompaña. En la parte superior derecha, el escudo o sello del CGPJ, para que no hubiera duda de la condición en la que actuaba el devoto remitente. Y, en el centro, un texto que literalmente rezaba (y nunca mejor dicho) de esta guisa: “Te ruego, Señor, que atiendas esta plegaria y que, en estos tiempos de incertidumbre y miseria moral, libres del acoso a los hombres y mujeres que sirven a la Justicia”. Inaudito. En otro tiempo, he recibido puntual felicitación navideña de algún vocal con mensajes al uso, portadores de los deseos de paz y felicidad propios de esas fechas. Pero este texto era absolutamente inusual, y desde luego, no pertinente.

Siempre he tenido por improcedente la presencia de signo o aditamento alguno de contenido religioso en espacio que es propio de lo institucional, cuando ello es propiciado por quien ostenta cargo público; se trata de una incursión, una mixtura incompatible con la aconfesionalidad del Estado, que tal es lo que proclama el artículo 16.3 de nuestra Constitución. Es fácilmente entendible que los miembros de una institución del Estado, a la hora de comunicarse con terceros, deben mantener una actitud acorde con la laicidad del Estado. Las convicciones religiosas pertenecen al ámbito de lo privado, y aún de lo íntimo, ya que se forjan en lo arcano del alma humana. Quien ejerce cargo público y en tal condición se dirige a los ciudadanos –cual hizo el vocal Macías– debiera abstenerse del uso de enunciados o expresiones, jaculatorias o invocaciones propias de una creencia religiosa determinada puesto que no es ese el contexto en el que debe comunicarse con los administrados. Pero algunos gobernantes (siempre de la derecha, claro) se empeñan en actuar de espaldas a la laicidad del Estado español, y gustan de impregnar actos que son realizados en aquella condición con gestos, señales o mensajes que, por su significación religiosa, están destinados a ser compartidos en la esfera privada con sus correligionarios.

Hay, con todo, muestras de diverso calibre; la de Macías es menor si la comparamos con otras que adquieren dimensiones de auténtico despropósito. Véase, por ejemplo, la del que fue ministro del Interior con Rajoy, Jorge Fernández Díaz, que por dos veces concedió sendas medallas a la Virgen: la de Oro al Mérito Policial a la Virgen María Santísima del Amor, y la de Plata de la Guardia Civil a la Virgen de los Dolores de Archidona, gestos que, lejos de corresponder a una devoción seria y verdadera, caen en lo grotesco y folklórico, además de resultar absolutamente fuera de lugar en ministro de un Estado constitucionalmente laico; aún más, en el fondo, se me antoja que, en contra de lo pretendido, supone un trato no respetuoso para con la Virgen, a la que se hace partícipe de estos terrenales y prosaicos galardones de banda y medalla. Y como muestra pintoresca de cóctel edilicio-eclesial son dignas de recordar las homilías navideñas de sabor tridentino que acostumbra a pronunciar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso. Lo dicho, que muchos no se han enterado –o no se quieren enterar– del artículo 16.3 de nuestra Constitución. Quienes así actúan dan un monumental salto atrás, retrotrayéndose al tiempo de la lucha de las investiduras (1075-1122), que en su día supuso el inicio de la separación entre la Iglesia y el Estado, entre lo terrenal y lo sagrado, y cuyas fronteras se consolidarían más tarde con la Revolución Francesa. Hoy, lo único sagrado para los políticos y su acción pública es la Constitución; no hay en lo público otra dimensión.

Pero volvamos al “rezo institucional” del vocal Macías. Pide al Señor que proteja a los hombres y mujeres servidores de la Justicia del acoso de los miserables. Y puesto que se acompaña en la misiva de la representación de la diosa Themis, es claro que lo hace en nombre y por el bien de la Justicia. Quiere que las potencias celestiales intervengan directamente en estas pelamesas humanas para sellar la boca de los acosadores. Acaso hubiera sido preferible que demandase del Altísimo luz y sabiduría para proceder en justicia en el desempeño del cargo, y que acierten a ser ellos quienes, fieles a su función, amparen a juezas y jueces del acoso ilegítimo, pero a todos sin excepción, pues la experiencia conocida nos enseña que algún juez reiteradamente vituperado y anatematizado por las fuerzas conservadoras no obtuvo el amparo que con razón impetró del Consejo, que habiendo sido tan presto para otros, con él anduvo sordo y mudo. Pongamos que hablo del magistrado José Ricardo de Prada. 

Al parecer, el citado magistrado de la Sala Segunda no es – no quiere ser- ni conservador ni progresista. ¿Acaso es posible sustraerse a una de esas dos condiciones que son emanación de la propia personalidad y conforman un modo de ver, un modo de mirar, una visión de la vida? Tengo para mí que quienes se muestran como arcángeles de toga alada y aura virginal, cuyo espíritu sitúan por encima de ese encasillamiento, son jueces que cándidamente militan en la mítica cofradía de la Inmaculada Jurisdicción. Invariablemente, son conservadores.

Pero es que luego se lía la toga a la cabeza y dice que el árbitro del partido no puede ser de uno de los dos equipos contendientes porque nadie creería en la independencia judicial. ¿Pero qué es esto? ¿Acaso ser progresista o conservador coloca al juez en uno de los dos bandos contendientes en un proceso? Esta conclusión ya es “el desequilibrio en bicicleta”, que diría Miguel Hernández. Pero aún se atreve a más; afirma que partir de la idea – él lo llama error- de que hay jueces conservadores y jueces progresistas “prostituye el sistema judicial”. ¡Qué barbaridad! Pienso, por el contrario, que anatematizar esa dicotomía como contraria a la imparcialidad judicial es un error tan dañino como inadmisible. Dicho de otro modo, quienes, so capa de inmunidad arcangélica, quieren desligarse de esas adscripciones a las que tienen por infectas y espurias, hasta el punto de vincularlas a la degradación del sistema judicial, están alentando la idea de una densa contaminación política de aquellos jueces a los que se adscribe a una u otra categoría. Más daño que etiquetar a los jueces de conservadores o progresistas hace el sugerir la idea disparatada de que ello compromete su imparcialidad.

Frente a lo que ese anatema quiere sugerir, la imparcialidad judicial no se ve afectada por el solo hecho de que el juez llamado a juzgar sea conservador o progresista. Si así fuera, la ley hubiera incluido ese rasgo entre los motivos de abstención o recusación, cosa que no ocurre (véase el art. 219 LOPJ). Adviértase que aquellos apelativos, por más que aludan a un sesgo ideológico, son de una generalidad inocua. Para que pudiera verse comprometida, real o aparencialmente, la imparcialidad judicial tendría que tratarse de casos de notorio sesgo extremista y egocéntrico (y, por tanto, no legocéntrico) o de claras implicaciones partidistas o con manifiestos vínculos políticos.

Como lógica consecuencia de lo que vengo diciendo, tampoco puedo compartir lo dicho recientemente por el ex presidente del Tribunal Constitucional (TC), Sr. González-Trevijano, cuando habla de la “falsaria dicotomía entre jueces conservadores y progresistas”. Sorprende este rechazo cuando él mismo había declarado que “los juristas somos casi todos conservadores, porque el Derecho es una ciencia conservadora”, con lo que está haciendo uso distintivo de uno de los elementos de la vituperada taxonomía del estamento judicial. Sin entrar en la fortuna de esa afirmación, hay que concluir que si “casi todos” son conservadores es que hay un reducto que no lo son, y que, por consiguiente, habrá que adscribir al grupo de los progresistas, según nomenclatura al uso. Pero es que, además, la idea de jueces conservadores y progresistas está implícitamente reconocida en la heterogeneidad de discernimiento o entendimiento de las cuestiones jurídicas. Lo revela el propio TC en sus resoluciones, curiosamente citadas por su ex presidente en el discurso de despedida. Según aquel tribunal, la “inevitable incidencia en la interpretación jurídica de las particulares concepciones del Derecho y visiones del mundo de cada magistrado se refleja en la necesaria pluralidad de perspectivas jurídicas que confluyen en las deliberaciones y decisiones del tribunal como órgano colegiado por excelencia” (auto107/2021). “Esa heterogeneidad de posiciones guarda una estrecha correspondencia con el pluralismo político que, como valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), permite diversas formas de organización de la comunidad. Una diversidad que se plasma en disposiciones normativas de distinto rango, susceptibles de distintas interpretaciones jurídicas en las que inevitablemente influyen elementos conceptualmente ideológicos, todos ellos dentro del amplio espacio diseñado por el texto constitucional” (auto 180/2013). Y lo dicho, vale tanto para los magistrados del TC, a los que se refieren las citas que acabo de hacer, como para los de tribunales ordinarios, pues ellos son inevitablemente portadores de particulares concepciones del Derecho y visiones diversas del mundo, como lo son, también, de un cúmulo de experiencias de su trayectoria vital y cultural que conforman su personalidad. En palabras de José María Mena, la independencia e imparcialidad que son exigibles a todo juez no deben “significar ni engendrar indiferencia o marginalidad social, cívica o cultural”.

Ese distinto cariz personal de cada juez puede traducirse en una diversa sensibilidad de percepción de la norma y, por ende, de su interpretación -que es ejercicio netamente jurisdiccional-, especialmente cuando están en juego determinados valores y derechos constitucionales, sin que ello tenga que comportar desviación alguna en la imparcialidad del juez. Piense el lector en una sonata de Chopin; la misma partitura puede ser interpretada por dos pianistas de sensibilidad diversa, de forma que cada uno de ellos ejecutará de modo diferente la misma pieza, sin que por ello se vea traicionada la creación del compositor. Lo mismo cabe decir de la pintura. Puestos ante el mismo paisaje, dos pintores lo llevaran al lienzo de modo distinto, según sus diferentes técnicas y modos de sentir el paisaje, la luz, las sombras, los colores; cada mirada, cada pupila habrá recreado a su manera la misma realidad sin por ello falsearla.

Aparte de estas consideraciones generales, evoco mi propia experiencia de cuarenta años de ejercicio profesional, de los cuales veintinueve lo han sido en tribunal colegiado, donde con frecuencia confluyen sensibilidades y sesgos diferentes. Nunca he visto que el cariz ideológico del juez le haya desviado del deber sagrado de imparcialidad, ni se haya traducido en acepción de personas. Por lo demás, a veces ha habido coincidencia de criterios entre magistrados del mismo tribunal y diferente adscripción ideológica, en otras ocasiones salta la discrepancia expresada en voto particular, y he visto también disensiones de jueces progresistas entre sí, como también discrepancias entre conservadores, sin que nunca estuviera comprometida la imparcialidad de los miembros del tribunal. Solo puro ejercicio de la libertad de interpretación. 

Se estrenó en el cargo con un exabrupto irrespetuoso para con los jueces de este país, una ocurrencia impropia de quien, por su alta responsabilidad, se esperaba inteligencia, respeto y mesura. A los jueces se les controla con el palo y la zanahoria, se atrevió a decir. Una torpeza. Naturalmente, él tenía el palo y disponía de la zanahoria. No hubo retractación, ni rectificación, ni matización alguna. Nada. Mal comienzo. No solo era ello signo inconfundible de su talante, sino también de su concepción de la judicatura española como grey funcionarial, gobernable con método tan hosco como tosco. Las asociaciones judiciales, indignadas, salieron al paso calificando su “metáfora” de “grosería inaceptable”, “torpe y denigrante manifestación”, y, en consecuencia, le negaron, con toda la razón, “aptitud para seguir ostentado el cargo de presidente del Consejo General del Poder Judicial” (CGPJ) al tiempo que le invitaban a la renuncia al cargo. Pinchaban en hueso. La soberbia no dimite. Allí quedaba la grotesca imagen del auriga togado, sobre un carro tirado por una larga asnada también togada, conducida reciamente -que no rectamente- a base de palos y zanahorias. Nunca un alto cargo había desairado a los jueces ante la opinión pública de esa manera. Quien falta al respeto no puede aspirar después a ser respetado por los agraviados.

No podíamos imaginar entonces que, después de todo, aquel exabrupto era una escueta pero reveladora tarjeta de presentación, precursor aviso de lo que había, porque, en rigor, no había más; aquel era el resumen de lo más abultado de su programa, que no era sino el proyecto de una indisimulada repoblación de los tribunales con magistrados afines, de genotipo genuinamente conservador. 

Si es que en algo se aprecia y valora lo que el CGPJ ha de ser, Lesmes nunca debió acceder a su presidencia. Importa sobremanera recordar lo que el Informe N.°10 (2007) del Consejo Consultivo de Jueces Europeos dice a propósito de las condiciones que deben adornar a quien presida el órgano de gobierno de los jueces; ha de ser “persona imparcial alejada de los partidos políticos”. Es obvio que en el caso de Lesmes esta prevención fue desdeñada por el ministerio que lo apadrinó (el calamitoso Gallardón) y los vocales que lo votaron. Basta con ver su trayectoria. Fue Director General de Objeción de Conciencia (1996-2000) y después de Relaciones con la Administración de Justicia (2000-2004), cargos que desempeñó durante el gobierno de José María Aznar y bajo la jefatura de ministros del ramo: Margarita Mariscal de Gante, José María Michavila y Ángel Acebes.

Hay que afirmar, pues, algo más que una simple cercanía al Partido Popular; sirvió durante ocho años a sus gobiernos con todo lo que ello comporta de inevitable retícula envolvente y viscosa, trenzada de contactos y contagios, influencias, ascendientes y privanzas. Con el gobierno de Zapatero, volvió al ejercicio de la jurisdicción. En 2010 fue promovido a magistrado del Tribunal Supremo y, más tarde, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, es nombrado presidente del TS y del CGPJ. 

Es evidente que el abandono de tan prolongada actividad política no devuelve al ejercicio profesional a un hombre inmaculado, sin adherencia alguna. Quien viene precedido de este historial de indisimulados vínculos políticos en el dilatado desempeño de cargos al servicio de una opción política, con una muy activa implicación, carece de idoneidad para presidir un órgano llamado a personalizar y defender la independencia judicial. Dicho de otro modo, por su trayectoria, Lesmes venía ya desprovisto ab origine de la auctoritas que el cargo requiere. Tal vez por eso quiso investirse desde el primer momento de una inelegante potestas, expresada en la vulgar metáfora de los palos y las zanahorias. Sucede, por otra parte, que después, a lo largo del ejercicio de su mandato, ha sido incapaz de recuperar para el CGPJ el prestigio que de forma continuada ha venido perdiendo, mandato tras mandato, siempre a manos de sus propios integrantes. Es más, en la época Lesmes, ha alcanzado lamentables cotas de deterioro. 

Resulta lamentable saber que quien desempeñó tan alta magistratura durante años era en su día identificado por la prensa como el candidato del Ministerio de Justicia (Gallardón). Y resulta en verdad extravagante que en la presidencia del órgano al que corresponde la defensa de la independencia del poder judicial se coloque a una persona patrocinada y apadrinada por el ejecutivo al que además ha servido meses antes en cargo de libre designación. Y para empeorar las cosas, aquel ministro, con escandalosa deslealtad a su electorado, llevó a cabo una reforma del órgano de gobierno de los jueces que no solo nada tenía que ver con la promesa electoral, sino que diseñó un CGPJ de corte presidencialista para uso y manejo del nuevo presidente, al que dotó de una inusitada capacidad de maniobra para crear un hábitat judicial propicio. 

A mi juicio, el presidente del CGPJ ha de ser persona,  hombre o mujer, dotada de sabiduría -en el sentido de la “frónesis” griega- con “auctoritas”, y, por tanto, respetada en la Carrera Judicial, sin vinculación o adherencia alguna a formaciones políticas, ni antecedentes en el desempeño de cargo político de designación en gobiernos anteriores, que no aspire a capitanear facciones dentro del Consejo, sino que sea capaz de aunar voluntades, árbitro en la disidencia, respetuoso con la dignidad de la función judicial, comprometido seriamente con la mejora de la justicia y decididamente valeroso a la hora de defender y alzaprimar la independencia del Poder Judicial.

Lesmes, que venía lastrado por el improcedente patrocinio del Ejecutivo, carecía de esas cualidades. La procelosa historia de este Consejo está colmada de desaciertos, omisiones, silencios y nombramientos sorprendentes, que han proyectado hacia la sociedad y los jueces en general un perfil más político que judicial de su presidente.

Es incumbencia del CGPJ asegurar resultados de excelencia en su importante cometido de nombramientos. No ha sido así; su presidente y buen número de sus vocales no pocas veces han permitido de modo consciente que intereses espurios y un afrentoso mercadeo se hayan antepuesto al mérito y la capacidad, lo que vale tanto como decir que han antepuesto intereses particulares a los generales de la Administración de Justicia. Fue conocido a nivel nacional el malhadado episodio del nombramiento del presidente de la Sala Tercera del TS, hecho contra viento y marea, contra razón y justicia. Muchas veces han gozado de preferencia para puestos jurisdiccionales destacados quienes sumaban méritos asociativos y eran por ello aupados por sus correligionarios aun a sabiendas de la concurrencia de candidatos de mayor mérito que quedaron injustamente preteridos; otras veces fueron las filias y fobias o el amiguismo, y no el mérito y la capacidad, los que decidieron los nombramientos. 

Este CGPJ, con Lesmes al frente, es el que ha desatendido la reiterada petición de los jueces de una fijación de las cargas de trabajo. No se hizo, y no sería precisamente por falta de tiempo. Ha sido un injustificable e incalificable desdén al colectivo judicial. Eso sí, llegadas las vacas flacas, Lesmes se apresuró a pedir un “esfuerzo adicional” para vadear las dificultades planteadas por la pandemia del coronavirus. ¿Acaso no sabía que ese esfuerzo era ya una constante en el trabajo diario de los jueces? 

Loado sea el momento de su ya muy demorada dimisión. Lo celebro; y me consta que son legión quienes comparten este sentimiento. Espero que al marchar no se haya olvidado de retirar cuantas varas y zanahorias quedasen aún almacenadas en el cuarto oscuro del Consejo.

La desastrosa era Lesmes ha llegado a su fin. Goodbye, Lesmes, goodbye.

La juez María Jesús del Barco, decana de los jueces de Madrid y presidenta de la ultraconservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), fue entrevistada recientemente por Jiménez Losantos en su programa de radio; en el curso de sus declaraciones salieron de su boca algunas perlas dignas de comentario. Ya al comienzo de la conversación, y en un espasmo de entusiasta autocomplacencia, afirmó que la asociación que preside es “la más profesional”. Ahí es nada. Cualquiera que sea el sentido que quiso dar al término, es una afirmación de ineducado – y hasta ridículo- engreimiento frente a las demás asociaciones (Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) que, le guste o no a la juez decana de Madrid, son de una profesionalidad indiscutible que ella no debió subestimar. Ha de saber que, del mismo modo que el hábito no hace al monje, la denominación social no hace necesariamente al colectivo. Y debiera también recordar que, en fecha reciente, las cuatro asociaciones judiciales actuaron de consuno para enarbolar frente a los poderes públicos todo un repertorio de reivindicaciones profesionales sostenidas en común y por igual, y no veo razón alguna para que aquella pueda arrogarse ni autorregalarse un liderazgo de profesionalidad entre los colectivos judiciales que no le corresponde y nadie le ha atribuido. 

En la entrevista se refirió a la preocupación del Consejo General del Poder Judicial por el déficit de jueces. Pues bien, pese a la gravedad de esta inveterada e irresuelta carencia de nuestra Administración de Justicia, inexplicablemente se ha negado a firmar un comunicado conjunto suscrito por las otras tres asociaciones en el que reclaman, una vez más, “no solo un incremento de la plantilla judicial, sino también el correspondiente esfuerzo presupuestario para sostenerla”. En el mismo escrito ya se advierte que la inacción del Ejecutivo en este extremo, además de precarizar las condiciones de trabajo de los miembros de la carrera judicial, lesiona los derechos de los justiciables al contar con un poder judicial que, en este estado de cosas, no puede ampararlo eficazmente. Y esta demanda tan urgente y necesaria no es suscrita ni compartida por la APM. ¿Acaso tan egregia asociación no tiene por suficientemente profesionales el interés defendido y el objetivo pretendido? Parece obvio que lo que las demás asociaciones solicitan del Ejecutivo es no solo una reivindicación netamente, decididamente profesional, sino de interés común para jueces y justiciables.

En el fragor de la entrevista, dijo más adelante que algunos quieren cargarse las oposiciones a la Carrera Judicial porque “el mérito y la capacidad en este país parece ser un insulto al resto de la ciudadanía”. Meritoria es, desde luego, la superación de prueba tan ardua como la de una oposición, y más si es de aquellas que se basan en el acopio memorístico de saberes comprimidos y preordenados para su exposición en tiempo tasado. Dejemos ahí lo del mérito. En cuanto a la capacidad, no tiene razón, a mi juicio. He de adelantar, pues me conozco los reproches, que el sistema, pese a sus deficiencias, ha dado buenos jueces. Pero ello no ha de ser óbice para que decir que los ejercicios de esta oposición, en su actual concepción y estructura, no están en modo alguno pensados para evaluar las capacidades que han de acompañar al delicado y complejo ejercicio de la función jurisdiccional. Dejando a un lado el test previo, cuyo objetivo es la reducción de la oposición a un número razonable de aspirantes, el grueso de la prueba consiste en la realización de dos ejercicios orales de una hora cada uno; se trata de exponer unos temas, seleccionados al azar y en tiempo reglado; esa exigencia de medido ajuste entre palabra y tiempo exige inexcusablemente del dominio memorístico del discurso, objetivo que se logra tras un estudio meramente repetitivo durante años.

Dicho de otro modo, del aspirante a juez no se requiere otra prueba que esa hazaña memorística, pero ninguna otra orientada a la verificación de las aptitudes que la tarea judicial requiere; por ejemplo, y por citar solo algunas, la capacidad de raciocinio, argumentación y aplicación del derecho. Pregúntese el lector si es razonable reconocer la habilitación para conducir vehículos a motor con la sola comprobación de que el aspirante tiene memorizado el código de circulación, pero sin someterle a prueba alguna sobre su destreza y aptitudes en la conducción. He escrito en varias ocasiones sobre esta cuestión y no me voy a repetir aquí. Pero como conozco algunas reacciones, más viscerales que racionales, debo advertir que la crítica al sistema actual de oposiciones no comporta una correlativa y automática defensa de las designaciones a dedo, sin acreditamiento de la cabal preparación jurídica del aspirante y sin los controles oportunos que conjuren el nepotismo, el amiguismo o la conveniencia partidista. 

La Sra. Del Barco dice que solo abogan por la supresión de las oposiciones quienes no las han preparado. No es cierto. Por de pronto, no se trata de suprimir las oposiciones, sino de rehacerlas bajo una concepción diversa, de no mantener el actual sistema bárbaro, absurdo e irracional que subsiste gracias a una inercia indolente y absolutamente acrítica. Muchos de los jueces que se muestran decididamente críticos con el sistema actual, son jueces por oposición. Yo mismo, si se me permite la alusión personal, aprobé, de forma sucesiva, dos oposiciones a los antiguos cuerpos de la judicatura, Jueces de Distrito y Carrera Judicial, y soy muy crítico con un sistema que, como mínimo, está urgentemente necesitado de reformas profundas, de un replanteamiento serio dirigido a optimizar el sistema de selección de jueces. Durante mucho tiempo he mantenido trato continuado con opositores y, de los cuarenta años de ejercicio profesional, cuento sobre mis espaldas con veintinueve en un tribunal de apelación y sé lo que digo, circunstancia esta última que me permito dudar de la juez decana de Madrid.

Lo que voy a narrar es la crónica de una injusticia cometida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la que la Sala Tercera del Tribunal Supremo puso al final remedio. Se trata de la sanción impuesta a un juez que el alto tribunal deja sin efecto en sentencia de 18 de noviembre pasado. El hecho tiene interés en la medida en que pone de manifiesto la clase de jueces que el Consejo quiere y fomenta, y cuál es, en verdad, su modelo de juez. 

Estos son, resumidamente, los hechos tal como resultan de la sentencia:

La Comisión Disciplinaria del CGPJ impuso al titular de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción una sanción pecuniaria (multa por importe de mil euros) como autor responsable de una falta grave de retraso injustificado del artículo 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Confirmada la sanción por el Pleno del Consejo, el juez sancionado interpone recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Se reprochaba al magistrado el nivel de pendencia y el tiempo de respuesta en su juzgado, ambos superiores a la media provincial, autonómica y nacional.

El Tribunal Supremo entiende certeramente que la cuestión que se ha de dilucidar es si el retraso acumulado por el juez en el desempeño de su labor en el Juzgado es consecuencia de la desatención a sus obligaciones jurisdiccionales, o si se debe más bien a la carga de trabajo que pesa sobre el Juzgado.

El tribunal destaca que los índices de rendimiento del juez son muy superiores a los módulos establecidos por el CGPJ.

También señala la sentencia que, aunque se dan unos índices de retraso apreciables – pero no exorbitantes-, es cierto que el juzgado se encuentra en una situación evidente de sobrecarga de trabajo en materia civil (144%), y que los índices de rendimiento del juez sancionado revelan que su dedicación es notablemente superior a la que el órgano de gobierno del poder judicial ha estipulado como razonable. Por todo ello, concluye el Tribunal Supremo, no hay retraso injustificado ni conducta merecedora de la sanción impuesta. 

A la vista de los antecedentes expuestos, el Tribunal Supremo anula la sanción. Pero resumamos y digamos las cosas en román paladino: el juez supera los niveles de trabajo y dedicación que el propio Consejo establece, pero este, en su avidez estadística, quiere que se alcancen cotas más altas de productividad -es decir, que el juez dicte aún más sentencias- para que el juzgado, que viene arrastrando una sobrecarga de trabajo, no sufra retrasos, como si la saturación del juzgado fuera responsabilidad del juez y no del exceso de asuntos que registra. En esta situación, al CGPJ no se le ocurre mejor remedio que la sanción disciplinaria al juez que supera el nivel cuantitativo de resoluciones que el propio Consejo establece. Sencillamente, aberrante y, en cualquier caso, injusto.

La historia es un ejemplo claro de cómo el CGPJ entiende la función jurisdiccional y cuál es el tipo de juez que le seduce... y le conviene. Es evidente que el órgano de gobierno de los jueces tiene una idea pobre, raquítica y estrecha del quehacer judicial. El profesor Alejandro Nieto escribe con toda razón que para el CGPJ “la Administración de Justicia es una granja donde se valora a los animales por su producción, medida exclusivamente por cantidades y tiempos”. Cierto; se ha enseñoreado de aquel órgano un irrefrenable frenesí por la concepción gallinácea del juez al que, como pluriovíparo togado, exige ser fértil ponedor de sentencias. Siempre ha sobreestimado la productividad funcionarial, propia de un mecanicismo burocrático por encima de otras exigencias y valores que, en rigor, se esperan del quehacer jurisdiccional. Le cautiva el juez estajanovista, le fascina el “juzgar a destajo”, en expresión crítica de Doménech Pascual, sin que parezcan inquietarle los riesgos e inconvenientes de ese modo de desempeñar la tarea judicial. 

Y metido el CGPJ en la magna empresa de fomentar la feracidad resolutiva, se apresta a aguijonear el arrebato productivo mediante el seductor señuelo de la gratificación económica. Se trata de alentar a los jueces para que se presten a desobstruir el fenomenal atasco y saturación de asuntos en los tribunales a que han conducido años y años de desvalimiento y abandono en que se ha tenido a la Administración de Justicia. A mi juicio, se trata de una práctica contraria a las indicaciones y espíritu del “Estatuto Universal del Juez” (noviembre-1999) cuando advierte en su artículo 13 que la remuneración no debe depender del resultado de la actividad del juez. Por su parte, el “Estatuto del Juez Iberoamericano” (mayo-2001) dice que los jueces deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan y con las exigencias y responsabilidades que conlleva (art. 32). En sentido similar, la “Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces” (julio-1998, art. 6.2). En ningún momento se les ocurre a los firmantes de estos acuerdos supranacionales acudir a la modulación de la retribución en función del rendimiento o a la previsión de incentivos por productividad. Incentivos que, lamentablemente, han avivado una nefasta picaresca togada; algunos jueces, en efecto, pronto discurrieron estrategias de trabajo selectivo de las que resultaba una ficticia hiperproductividad aplicada a los asuntos fáciles, pero que hacen número y producen renta; los difíciles que esperen, y sus interesados también; vergonzosa argucia maquinada en interés (económico) propio, no en el de los justiciables. Verdaderamente deplorable. 

La incitación a la sobreproducción resolutiva conduce a una justicia de rebajas: dos sentencias por el tiempo de una, compulsión expedidora incompatible con el temple reflexivo que debe acompañar a la función jurisdiccional. Y nada importan los riesgos, lo que cuenta es el momento de exhibir musculatura estadística ¿Para qué ampliar plantillas, para qué crear más tribunales allí donde se necesitan si, bien espoleados, los burócratas del redil van zurciendo eficazmente las estadísticas?

Y de pronto, casi abruptamente, al modo kafkiano, nos hemos encontrado en medio de la distopía. La realidad es ya una pesadilla en la que vivimos atrapados. No hay puertas, solo muros y ventanas; las calles se dejan ver en su desnudez, vacías, como corredores de asfalto y silencio por donde serpentean el miedo y la sospecha. Vivimos acosados por un enemigo invisible del que solo vemos sus estragos. Y todos a una hemos retrocedido. Un ejército encubierto ha ganado el espacio y desde entonces vivimos agazapados, como si aquel adversario espantoso nos hubiese inmovilizado y confinado en un gueto. A la noche, en las noticias, el parte de guerra, el recuento de bajas, la contabilidad del dolor, y la inquietud de saber que todos entramos en el sorteo del destino.

Irrumpió la epidemia en un mundo bullicioso y confiado, y de pronto se hizo el silencio y sobrevino la quietud. Hacía poco hablábamos de la España vacía, de esos pueblos sumidos en un silencio de quimera y rostro desconchado cuyos habitantes habían viajado hacia una tierra prometida para hacinarse en las ciudades. Y así, hacinados y apilados, nos quería el virus para crecer y multiplicarse, para propagarse como una llamarada incontenible. Ahora son las calles de las ciudades las que han quedado vacías. Es toda España la que se vacía. Nos hemos recluido en el reducto del hogar, en el útero doméstico. Hemos abandonado las calles; nos hemos escondido en nuestras madrigueras, asustados, ante el poder destructor de la COVID-19. La cuarentena ha acallado las voces de la calle. Reina el silencio. Suena el toque de queda mientras el fantasma viral campa a sus anchas de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. De nuevo, es la mirada de Kafka que nos invita a descubrir que la realidad auténtica es irreal. 

Sumidos en el espanto y el dolor, parece que algo en el tic-tac de la vida se hubiera suspendido para imponer una tregua, letargo de quietud y silencio para meditar sobre lo que acontece y sobre nuestro entorno. 

Es el virus un huracán que asola la población. Muchos miles de personas sucumben, otros miles lloran las pérdidas, otros viven sumidos en la angustia. Es la humanidad entera la que sufre. Diríase que es ahora la propia naturaleza la que se revuelve contra nosotros, que tantos estragos venimos causando en ella. Hemos irrumpido como bárbaros en territorios sagrados para la vida, hemos descoyuntado su equilibrio, su armonía, estamos hiriendo de muerte el planeta. Nos comportamos como un virus destructivo, impío, y, sordos a toda advertencia, quebramos la salud de la naturaleza y comprometemos la vida y bienestar de las próximas generaciones con injustificable desdén. 

Y ahora, esa naturaleza, a la que venimos emponzoñando, nos devuelve la moneda, y desde rincones secretos de sus entrañas nos avisa de que ella también sabe diezmar nuestra existencia, que somos frágiles y vulnerables, más de lo que creemos. Quiero pensar que la siempre sabia naturaleza nos está llamando a la introspección, a la reflexión sobre nuestra forma de vida.

Dicen algunos, que vencida la pandemia y pasado este Rubicón del pánico, no volveremos a ser los mismos, que habrá un antes y un después. Lamento, querido lector, ser pesimista. Somos de fácil e interesada desmemoria. Ha habido otras pandemias y no podemos decir que, pasadas aquellas, la humanidad haya sido mejor ni haya avanzado en valores esenciales. Volverá el bullicio ensordecedor, la cultura del consumo y el hedonismo desmedidos, el impúdico e impío afán de poder y riqueza, la indiferencia ante la injusticia y la desigualdad, la indolencia ante el cambio climático y sus perniciosas consecuencias en los ecosistemas. El letargo de la cuarentena, estos “ejercicios espirituales” a que nos invita la pandemia, nos ayudarán a defendernos del virus, pero no de nosotros mismos.  

Antes de la celebración de las últimas elecciones, el Consejo General de la Abogacía organizó un encuentro con candidatos a diputados por diversos partidos a fin de conocer aquellas reformas que, a su juicio, convienen a la Administración de Justicia. La información de prensa dice, acaso con harta largueza, que allí compareció “uno de los planteles de mayor nivel jurídico de los últimos tiempos, a tenor de su procedencia profesional”; lo integraban un magistrado, dos abogados del Estado, dos abogadas y una profesora de Derecho Civil.

Siguiendo la noticia sobre este acto, compruebo con profunda decepción – que es preludio de enojo e irritación- la poquedad de lo que allí se dijo, el vuelo alicorto de las ideas expuestas a propósito del objetivo para el que habían sido convocados los componentes de la mesa-coloquio.

Por de pronto, sorprende que quien hablaba por el PSOE dijese que la Justicia es el “único elemento vertebrado [sic] del Estado que no ha sido sometido a una renovación”, razón por la que destaca la necesidad de “hablar, dialogar con operadores jurídicos y poner voluntad política para superar este punto negro de la democracia, así como una gran apuesta tecnológica”. Nos preguntamos por qué, en los no pocos años de sucesivos gobiernos de su partido, no se ha llevado a cabo esa invocada renovación, qué ha hecho entonces su partido en todo ese tiempo. Pues probablemente no otra cosa que hablar, solo hablar; dialogar, solo dialogar. Pero la hora de actuar no puede esperar más. Facta, non verba, diremos una vez más.

Y estupor produce comprobar cómo algunos aspiran a distraernos de los problemas verdaderos proponiendo la incorporación de los llamados “jueces divulgadores o explicadores”, cuya función, comunicadora y didáctica, consiste en hacer entendibles a los ciudadanos las sentencias judiciales relevantes. ¿Cómo es posible que con las graves carencias que afectan a la Administración de Justicia, nuestros políticos se entretengan con esta figura que, por interesante y útil que sea, ni es urgente ni contribuye a aminorar las penurias que aquella padece? ¿Cómo puede ocupar su atención esta nueva figura en un país que destaca en Europa por su baja dotación de jueces por habitante? Cuando son muy otras las demandas y necesidades, la propuesta del juez comunicador, en este momento, se mueve entre la falta de respeto y la irresponsabilidad. Tengo para mí que esa tan acusada miopía sobre las necesidades de nuestra Justicia no es sino un deliberado recurso distractor del esfuerzo que supone ponerse a la dura y difícil tarea de elaborar un proyecto serio de reformas.

La representante del PP mantuvo que en su programa electoral va la elección del órgano de gobierno de los jueces directamente por los miembros de la carrera judicial. ¿Pero qué broma es esta? ¿Cómo de nuevo a vueltas con una promesa ya incumplida por Gallardón, con deslealtad y alevosía?

Y, en fin, Podemos pone el acento en la modificación del sistema de oposiciones, necesario, sin duda, pero olvida otras muchas cuestiones capitales que afectan al día a día de los tribunales.

Parece que quienes aspiran a representarnos en el Parlamento no están al tanto de lo que las asociaciones judiciales vienen demandando desde hace tiempo como urgencias de la Justicia. No es este el lugar ni el momento de transcribir el repertorio de sus peticiones. Pero en aquel encuentro en la sede del Consejo General de la Abogacía nada se dijo, por ejemplo, acerca de la insoslayable necesidad de incrementar seriamente la partida presupuestaria dedicada a Justicia, sin cuya realidad nada efectivo puede hacerse. Tampoco hubo referencia alguna a una puesta al día y a nivel europeo del número de jueces. También se ha omitido olímpicamente la tan demandada como orillada regulación de la carga de trabajo, pues no es de recibo querer sanar los problemas estructurales de la Administración de Justicia recabando de los jueces un sobreesfuerzo continuado. Ausente estuvo también toda alusión crítica al sistema de nombramientos de altos cargos judiciales, materia en la que, al margen de flagrantes injusticias y arbitrariedades, está comprometida la imagen de la independencia de la Justicia sin la que no puede esperarse la confianza de los ciudadanos. Y nada se dijo, en fin, sobre la dotación de medios materiales y personales adecuados que sirvan de auxilio a jueces y fiscales encargados de la causas de corrupción. Y no sigo.

Todo este toreo de salón, esta esgrima verbal de vals y rigodón, en forma de encuentros, mesas redondas y debates, de nada sirven si, al cabo, no cristalizan en decisiones ejecutivas, que obras son amores y no buenos coloquios. No caben ya aplazamientos, ni promesas. El tiempo de las palabras está agotado. Es llegada la hora de los hechos, de las inversiones, de la planificación de una Administración de Justicia del siglo XXI. Debo recordar que en su día las asociaciones judiciales fueron claras cuando, no hace mucho, dijeron a los propios parlamentarios: “Sentimos decirlo, pero tenemos dificultades para garantizar la tutela judicial efectiva. Nuestra situación es límite y el malestar entre nuestros compañeros está muy extendido. Mucho más de lo que ustedes pudieran sospechar”. Porque lo que al fin y al cabo está en juego es la mejora de los medios que el Estado ha de poner para garantizar la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

Tampoco en ese tan citado encuentro se ha mentado la necesidad de una nueva demarcación territorial como instrumento indeclinable de la reforma profunda y radical que la Justicia requiere. Hubo un intento o proyecto que terminó en un pobre y nada innovador diseño pergeñado en el seno del Consejo General del Poder Judicial que Dívar presidió. Partía aquel engendro de un esquema simplista que trataba de reagrupar los antiguos partidos judiciales en circunscripciones más amplias, respetando el marco provincial de ubicación originaria.

La Administración de Justicia, como toda obra arquitectónica, debe empezar a construirse desde abajo, desde el suelo. Es necesaria una previa labor de replanteo; antes de levantar el edificio, debe llevarse a cabo la delimitación y parcelación del terreno sobre el que se va a construir, con traslación de las dimensiones de la obra que se va a acometer; siguiendo con el símil arquitectónico del replanteo, debe decidirse la ubicación de cimientos, zapatas, pilotes… Es decir, se trata de hacer una Ley de Demarcación adaptada a la actual textura territorial condicionada por factores de muy diverso orden, que impone una reestructuración del mapa judicial para el que muy probablemente no sirva ya la vieja configuración provincial.

Es preciso tomar conciencia de la necesidad de traducir al ámbito judicial una realidad sociológica y económica que no puede desconocerse, siguiendo así la pauta de otras demarcaciones ya existentes en ámbitos diversos de la Administración. No puede pensarse en un nuevo mapa judicial propio del siglo XXI sin tener en cuenta, no solo criterios de litigiosidad, sino otros geográficos, demográficos, económicos, de infraestructuras de transportes y de política territorial de las Comunidades Autónomas, que oportunamente han sido contemplados en el diseño de otras áreas de actuación administrativa.

La sucesión de ministros de Justicia me sugiere la atormentada imagen de Sísifo; cada uno recomienza la política de reformas parciales que serán luego nuevamente enmendadas por el siguiente. No hay política de continuidad, no hay un proyecto conductor y seductor, suprapartidista, volcado de hoz y coz en la cabal reconstrucción y articulación de la Justicia en este país.

Es dudoso que los partidos, por más que se titulen de democráticos, se cuiden de proporcionarnos una Justicia con plenitud de medios y cabalmente independiente. Y mucho menos si, cuando se reúnen para hablar de las necesidades exhiben su decepcionante indigencia de ideas y proyectos.

El pasado mes de junio asistí con un compañero, magistrado barcelonés, a una sesión del último ejercicio (oral) de las oposiciones para acceso a la Carrera Judicial que tenían lugar en el Tribunal Supremo. A las puertas de la sala donde se desarrollaban los ejercicios, dos jóvenes y angustiadas opositoras esperaban su turno. Entablamos conversación con ellas tratando de tranquilizarlas, dándoles ánimos, en un intento –inútil, lo sé– de aplacar sus nervios ante una prueba decisiva en sus vidas. Al fin, la primera de ellas es llamada por el tribunal; entramos y escuchamos pacientemente todo el ejercicio. La joven aprobó. Podríamos describirlo así: entró como opositora y salió como juez. Lo único que hizo ante el tribunal fue exponer, durante una hora, unos temas escogidos al azar, cuyo contenido había memorizado previamente a lo largo de unos años de machaconas repeticiones. Aquello fue como lo que Gómez Román, hace muchos años, calificaba de “acto fugaz y falaz”. Lo mismo había ocurrido en el ejercicio anterior: la opositora entra, declama y sale.

A mí, que además de oír su exposición, estuve hablando y cambiando impresiones con ella, me sería absolutamente imposible augurar si aquella mujer tenía o no condiciones para el ejercicio de la función judicial. En rigor, lo ignoraba todo acerca de su real preparación jurídica, si en verdad sabía derecho o era un simple loro recitador, como desconocía también si estaba dotada de capacidad analítica y dotes hermenéuticas o si, por el contrario, carecía de ellas. Nada sabía de su persona, ni de su percepción de la realidad social y económica del país en el que va a administrar justicia. En suma, no tenía conocimiento alguno acerca de las cualidades profesionales que han de esperarse de un juez. Pero lo cierto es que el tribunal tampoco. El tribunal, cuya única exploración de aptitudes de la aspirante se había limitado a escuchar una hora de recitado de unos temas, estaba en las mismas condiciones de inopia que yo. Y, sin embargo, pese a esa ceguera y con ese nivel de desconocimiento, concede su plácet a personas cuyas aptitudes para el ejercicio de la función judicial, en rigor, no le constan.

Me parece incontrovertible que con solo una hora (por cada ejercicio) de declamación memorística de unos temas tomados al azar, ese tribunal no podía estar en condiciones de llevar a buen fin un encargo de tanta trascendencia como es el de la selección de jueces. No puedo admitir que la fortuna coyuntural del “rapsoda jurídico” de unos textos comprimidos y enlatados –las consabidas “contestaciones al programa”– sirva para apreciar las aptitudes de un futuro juez, y que toda comprobación o indagación de las capacidades del aspirante al ejercicio de la función jurisdiccional se agote en ese tránsito efímero. No acierto a entender que con una prueba de esa índole el tribunal esté en condiciones de hacer una razonable prognosis acerca de la idoneidad y talentos de un opositor. O los tribunales tienen de sí mismos y de su capacidad de adivinación un excelente concepto o lo tienen muy pobre de lo que es ser juez y del alcance de la tarea jurisdiccional.

Terminado su ejercicio, y mientras la opositora siguiente velaba armas, abordo a dos miembros del tribunal –mujeres– que salieron de la sala. Hablo con ellas y les expongo las deficiencias de lo que está ocurriendo en unas oposiciones cuyo desarrollo seguía de cerca: criterios dispares en los tribunales a la hora de valorar los ejercicios, las desconcertantes, cuando no inadmisibles o arbitrarias, explicaciones con que algunos de sus componentes tratan de justificar y despachar sus veredictos negativos. Una de las integrantes del tribunal se envaró y, con mohín de ofendida, guardó silencio. La otra balbuceó excusas y terminó por decir que ellos valoraban los ejercicios “en conciencia”. Pero ¿cómo que en conciencia? ¿Pero qué modo de valorar un examen es ese?

He discutido mucho sobre este tema de palabra y por escrito. Pero esta vez he querido reparar en la plasticidad y elocuencia de la imagen que acabo de expresar: una joven que entra en la sala como opositora y sale como juez, con una sola y exclusiva prueba de exposición esencialmente memorística de unos temas en tiempo tasado.

Se mire como se mire, se excuse como se excuse, no es sino la expresión de un sistema extravagante e irracional del que cansinamente se predica, a modo de justificación, una objetividad que lo hace inmune a nepotismos y enchufismos. Sin embargo, en mi opinión, se trata de un sistema que debe ser ya revisado y que, cuando menos, requiere de radicales y urgentes reformas porque todo en él falla: el método selectivo, la composición de los tribunales, el contenido de los programas, la preponderancia de lo memorístico que los propios tribunales fomentan. No se confunda el lector; no estoy abogando por sistemas de designación discrecional donde las afinidades de todo tipo puedan traducirse en acepción de personas, ni por másteres al uso. No; abogo por sistemas que no se reduzcan al simplismo del actual, y que en la medida de lo posible adecuen las pruebas a la finalidad que deben cumplir: la comprobación de las cualidades que habilitan para el ejercicio de la función judicial. E insistiré una vez más; para empezar, y mientras se mantenga este régimen, es preciso grabar los ejercicios orales en prevención de un eventual contraste cuando se haga realmente necesario. Mientras no sea así, los tribunales gozarán de una injustificada impunidad y los opositores estarán indefensos ante hipotéticos errores del tribunal. Porque, eso sí, haberlos haylos.

Colette y Jean Claude Rabaté son un matrimonio de hispanistas franceses volcados desde hace tiempo en el estudio de la figura de Miguel de Unamuno. A pocos meses de publicar el primer tomo del Epistolario del rector salmantino (¡se anuncian ocho volúmenes!), llega ahora a las librerías 'En el torbellino. Unamuno en la Guerra Civil', en cuidada edición de Marcial Pons. Se trata de un excelente y documentado estudio sobre los primeros meses de la Guerra Civil española tan intensamente vividos por el pensador “donquijotesco”, aquel “fuerte vasco” “de quimérica montura”, como en verso le describió Antonio Machado. Ha sido propósito de los autores indagar sobre las “posturas vacilantes e incluso difícilmente explicables que adoptó frente a los dos bandos durante los primeros meses de la Guerra Civil” y tratan, en suma, de entender y reconstruir aquellos momentos de “tumulto y de confusión que vivieron muchos españoles, entre ellos el viejo catedrático.”

No es, desde luego, el primer libro que aborda las vivencias unamunianas en los meses de Guerra Civil que precedieron a su muerte el 31 de diciembre de 1936. Al margen de las biografías escritas (Rabaté, Juaristi, Salcedo), otros trabajos han abordado en particular ese período que de forma tan aflictiva y tormentosa vivió el rector salmantino (Carlos Rojas, González Egido, Blanco Prieto).

Me atrevería a decir que la lectura de lo escrito sobre estos meses de la vida de don Miguel debe acompañarse del excepcional documento –magníficamente glosado por Carlos Feal- que es El resentimiento trágico de la vida. Notas sobre la revolución y Guerra Civil españolas, agitados apuntes escritos por un Unamuno angustiado y sobrecogido por aquella “salvaje pesadilla”. Probablemente constituyan esas notas el postrer monodiálogo agónico y dramático de un hombre fiel a sí mismo, solo, enfrentado a todos, los “hunos” y los “hotros”.

Es sabido que el rector salmantino se adhirió en un principio al bando de los rebeldes y llevó a cabo actos difícilmente entendibles en quien era declarado antimilitarista. Elías Díaz explica esta actitud anómala de Unamuno, incoherente desde luego con sus propios presupuestos ideológicos, como error de un viejo liberal del siglo XIX que había ido perdiendo contacto con la compleja realidad española y europea. Sin duda, su perspectiva fue errónea, incluso incauta. Tomó aquel levantamiento militar como un intento de rectificación de una República- o mejor, del gobierno republicano- con cuya deriva él, que la proclamó desde el balcón del Ayuntamiento salmantino, se mostraba a disgusto y disconforme. Pudieron inducirle a error determinados gestos equívocos como las palabras de Queipo de Llano que afirmaba que el “movimiento es netamente republicano, de lealtad absoluta y decidida al régimen” y justificaba la sublevación por el bien de España y de la República. También el Comandante Militar de Salamanca, García Álvarez, cierra su bando con un “¡Viva la República!” Aún más, la bandera tricolor se mantuvo ondeando varios días en el Ayuntamiento de la ciudad. Pero don Miguel se estaba equivocando; se dará cuenta de ello y así lo reconocerá; pero para entonces ya había llevado a cabo actos de difícil explicación como la firma del Mensaje de la Universidad de Salamanca en apoyo del alzamiento, o la donación de 5.000 pts. para la causa, cantidad entonces importante.  En el balance de actos y gestos de apoyo al “bando nacional”, el matrimonio Rabaté entiende que, a la postre, son más bien “de fachada”, cargos emblemáticos y honoríficos.

Lo cierto es que al paso de los días se hace cargo de su errada percepción del alzamiento; nada de lo que ocurre tiene que ver con rectificación alguna de la República ni con la “defensa de la civilización occidental cristiana” que él tanto predicaba. Aquello era el suicidio colectivo de una guerra incivil, expresión máxima de la barbarie cainita. Pronto empieza a ver que sus amigos son encarcelados y asesinados; Casto Prieto, alcalde de Salamanca, y José Manso, diputado socialista, mueren a manos de falangistas venidos de Valladolid; el pastor protestante Atilano Coco es encarcelado como también lo fue su dilecto amigo Filiberto Villalobos. Con el tiempo reconocerá su dramática equivocación; contrariado por ella, escribe al escultor vasco Quintín de Torre: “Qué cándido y qué ligero anduve al adherirme al movimiento de Franco”.

El dolor y repulsa por lo que está sucediendo presionan las compuertas de su indignación. Cualquier mínima provocación le hará estallar. Y eso ocurre el 12 de octubre en el Paraninfo donde tiene lugar el ya mítico enfrentamiento entre el viejo rector y Millán Astray. Fiada a la memoria de unos y otros, se hace difícil una reconstrucción fidedigna de lo acontecido entonces entre las paredes de aquel Paraninfo; las versiones de los testigos presenciales no son coincidentes. En contra de lo hecho por otros autores (Salcedo, González Egido, Rojas, Portillo, Hugh Thomas) que llevan a cabo una reelaboración del breve discurso de Unamuno, los Rabaté no quieren aventurar una versión hipotética de un contenido a estas alturas difícil de reconstruir. Por eso, prefieren actuar con “mucha humildad y circunspección” a la hora de recomponer  aquel episodio, pues es tarea que ha de hacerse con testimonios cuya autenticidad es discutible. En tal trance, se limitan a glosar las notas  que el viejo rector escribió al dorso de la carta que le había enviado la mujer del pastor protestante Atilano Coco pidiendo ayuda para su marido encarcelado. Lo que allí figura anotado es lo que probablemente –y a lo mejor no todo- fue dicho por Unamuno. La frase ya acuñada como mítica –“venceréis, pero no convenceréis”- no parece que sea exacta; muy probablemente la forma verbal fue otra; el propio don Miguel dejó escrito que en su arremetida verbal increpó a militares y falangistas con un “vencer no es convencer”. Es la razón que se rebela contra la fuerza bruta, inteligencia contra barbarie, justamente allí, en el sagrado templo del saber y por boca de quien –según algunas versiones- dijo ser su sumo sacerdote.  

Tampoco hay unanimidad sobre el nivel de agitación desatada por la embestida verbal de Unamuno, y así lo explican los autores de En el torbellino. Se señala una cierta incoherencia o falta de correspondencia entre la sacudida producida por las palabras del rector y las arrebatadas invectivas de Millán Astray, por una parte, y lo que, por otra, reflejan las fotografías hechas instantes después, en el momento de la despedida, a la salida de acto. Pero sí debe aceptarse una crispación ambiental notable cuando, a propósito de este episodio, el propio Unamuno le dice a Quintín de Torre: “¡Hubiera usted oído aullar a esos dementes de falangistas azuzados por ese grotesco y loco histrión que es Millán Astray”.

A partir de ese incidente empieza un nuevo confinamiento para Unamuno; su casa de la calle Bordadores será su Fuerteventura en Salamanca; allí se mantendrá recluido; escribe cartas, poemas para su Cancionero, recibe visitas. Agitado por la situación de España, angustiado por terribles y certeros presagios, el 21 de noviembre escribe a Lorenzo Giusso: “Cuando se acabe esta salvaje guerra incivil, vendrá aquí el régimen de la estupidización general colectiva y del más frenético terror”. El tiempo le dio la razón.

El 31 de diciembre de 1936, envuelta en frío y nieve, rondaba cautelosa la muerte por entre las paredes de su casa, tal como él había prefigurado treinta años antes en la soledad de su estudio. Y a las cuatro de la tarde, le encontró al fin, sentado en su mesa camilla, al calor del brasero,  y de forma inesperada, sigilosamente, le sumió en el sueño final.

Al día siguiente de la muerte de Unamuno, Ortega y Gasset escribe: “Temo que padezca nuestro país una era de atroz silencio”.  Y así fue durante cuarenta años. Libros y trabajos como este –y otros- del matrimonio Rabaté contribuyen a mantener viva  la voz ejemplar e insobornable de quien, en palabras de Andrés Trapiello, fue el hombre más libre que ha dado España.

Leí ‘El proceso’ de Kafka en mis años de estudiante; recuerdo aquella primera lectura como una suerte de inmersión en una atmósfera de textura onírica en la que compartía con el atribulado Josef K. la pesadilla densa y grávida de un tribunal que, a lo largo de un proceso disparatado, va cercando a un hombre inocente que no sabe de qué delito se le acusa y por el que, al final, es ejecutado. Lo que en aquella historia ocurría –extraño e insólito- poco o nada tenía que ver con lo que en la vida real acontece, tanto que dentro de las innumerables interpretaciones que de la novela pueden hacerse, podría aventurarse la tesis de que el relato corresponde a una realidad distorsionada por la percepción de una mente enajenada. Escenarios y situaciones, diálogos y personajes aparecían con la desfiguración propia de los sueños y la dislocación de lo absurdo, al tiempo que palabras y conceptos se vaciaban de su significación originaria para adquirir un contenido grotesco. La detención de Josef K. no lo es al cabo, pues seguirá en libertad; el proceso, por arbitrario, no merece tal nombre; el tribunal no juzga, sino que persigue, acusa y condena; no existe la idea de una absolución definitiva. Todo se concita para ofrecer al lector un mosaico de factura extravagante.

Siguiendo el ‘procés’ secesionista catalán, he revivido aquella sensación de quiebra de la realidad; primero, porque ocurre lo inimaginable, y luego, porque se instaura una suerte de realidad paralela y virtual, una farsa que sirve de contrapunto pseudolegitimador del propio desvarío. Y una vez el desbarro se apodera de la realidad, se acude al uso mendaz de las palabras con el vano propósito de apuntalar aquella realidad artificial, inexistente, pero interesadamente acomodada a la percepción distorsionada de las cosas tal como interesa al visionario.

Hace algún tiempo hubiera tenido por inimaginable el escandaloso y espeluznante atropello de la legalidad y de los derechos de la oposición ocurrido en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre. ¿Acaso alguien podía prever tamaña osadía, semejante desafuero de impúdico desprecio por el orden democrático? Fue la gran deflagración secesionista que quiso abrir atajos sobre las cenizas de las instituciones democráticas; estorbaba el respeto y la observancia de la legalidad, como estorbaban también las normas que rigen en el templo donde la palabra, mediante el parlamento, se hace ley. ¿Cómo pueden demandar diálogo aquellos que tan abruptamente lo burlaron en la cámara del diálogo democrático por excelencia? Y al engendro de aquel golpe de lesa legalidad llamaron, sin pestañear, ley. Era impensable algo tan descabellado, pero ocurrió.

Tampoco nunca hubiera podido representarme una tan insólita como insolente imagen de la presidenta de la cámara legislativa de Catalunya al frente de una manifestación, arengando a la masa, ante la sede de los tribunales de Barcelona. ¿Se imagina el lector similar escena en Madrid con la presidenta del Congreso de los Diputados (poder legislativo) encabezando una manifestación ante el Tribunal Supremo (poder judicial)? Absolutamente impensable; y de seguro que no lo veremos. Es cosa que solo en sueños puede ocurrir; y a lo que se ve, con algunos catalanes también.

Los secesionistas tratan de recrear un escenario político-social propio de los años sesenta, necesitan configurar el gran holograma de una realidad a la contra que legitime su discurso mítico. Piden unas libertades que no han perdido y que están reconocidas en la Constitución, piden democracia como si vivieran aún en un régimen autocrático, y llaman represión a lo que no es sino necesaria reacción legal frente a actitudes de contumaz rebeldía contra el orden jurídico y las decisiones de los tribunales. Hablan en nombre del pueblo catalán del que dicen cumplir un mandato expresado en las urnas, unas urnas que fueron puestas al servicio de una algarabía de corte berlanguiano a la que dieron en llamar referéndum, pese a la notoria y escandalosa ausencia de garantías, esperpento pseudodemocrático donde votó quien quiso, donde quiso y cuantas veces quiso. Pero no importan estos dislates; prietas las filas, el ‘procés’ debe continuar. Los mensajes falsarios se repiten una y otra vez por aquello de que la mentira bien cultivada adquiere visos de verdad. Inevitable me resulta en estos días el recuerdo de Orwell cuando escribía que la mentira sistemática practicada por los estados totalitarios no es un recurso transitorio, sino que forma parte integral del totalitarismo (El poder y la palabra).

Los secesionistas proclaman que ‘esto no va de Catalunya ni de independencia sino de democracia’. No es así. Esto va de elemental y obligado respeto a la legalidad, que es en toda democracia fuente de legitimidad, libertad y seguridad, legalidad que de forma abrupta e insurrecta fue pisoteada públicamente en el Parlament. Tal vez no se haya enfatizado lo suficiente ante la opinión pública la idea de que la legalidad es núcleo vital de la democracia, ‘baluarte y premisa de la soberanía de los ciudadanos’ y ‘poder de los sin poder’, como dice Flores d´Arcais.

El predominio de lo insólito y extravagante y esa diplopía a que nos lleva la irracional fabulación de una realidad paralela, en suma, toda esta crónica donde lo real valdría como soñado y lo irreal se nos presenta como verdadero, es lo que da al ‘procés’ una reconocible connotación kafkiana

En algún lugar, el propio Kafka dijo que ‘la realidad auténtica es siempre irreal’. Y repasando el curso del ‘procés’, tenemos que darle la razón.

Cada mes de septiembre se repite en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo la sesión solemne de apertura de tribunales; con ceremonial de vigor plástico cuasisacral, tiene lugar allí la augusta composición escénica del mundo judicial, presidida por el Rey, en cuyo nombre se administra la justicia, según dispone el art. 117.1 de nuestra Constitución. Desaparecidos los que en otro tiempo eran llamados “días de estero y desestero”, hay uno en septiembre que se reserva para una suerte de estero ocasional, el de la gran alfombra roja que adornará el paso de autoridades del máximo rango que acuden al acto. Es el día del gran posado de la Justicia, que con especial esmero se engalana para la ocasión. El marco es majestuoso; por unas horas, se hace del Salón de Plenos egregio escenario en el que sus candilejas avivan paramentos rojos, las togas se revisten de medallas y collares cuyos dorados brillan bajo los focos, el recinto se puebla de vuelillos de altos vuelos, y un protocolo meticuloso, cual escenógrafo del ritual, ordena las jerarquías. En ese recinto hierático se suceden los discursos, entre sus paredes resuenan palabras hondas, de contenido y significado graves: justicia, democracia, derechos… También se habla de logros y propósitos, de esperanzas y proyectos.

Pese a todo, el paso de los años va dejando en mí la amarga sensación de la impotencia de un Aquiles que nunca alcanza a la tortuga. Desde hace décadas, toda cuanta reforma y medios se han venido aplicando a la Administración de Justicia han quedado siempre muy por debajo de las necesidades reales.

Se me antoja que ese espacio mayestático del Salón de Plenos semeja por un día la gran burbuja de una Justicia glamurosa. Pero fuera de ella, más allá de los gruesos muros del recinto palaciego, están las voces de miles de jueces que han avalado las catorce propuestas que las asociaciones judiciales –las abajo firmantes– llevan hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las que han dado cuenta a los grupos parlamentarios. Esta vez, las asociaciones han sido claras con los segundos: “Sentimos decirlo, pero tenemos dificultades para garantizar la tutela judicial efectiva. Nuestra situación es límite y el malestar entre nuestros compañeros está muy extendido. Mucho más de lo que ustedes pudieran sospechar”. Ya no bastan las palabras, es la hora de los hechos. Solo estos permitirán recobrar la confianza. Res, non verba.

Ese pliego de reivindicaciones –solo cuatro de ellas son de índole corporativa– contiene todo un repertorio de inquietudes y necesidades de inaplazable atención si de verdad aspiramos a una Justicia de siglo XXI; se refiere aquel, fundamentalmente, a la organización y funcionamiento del CGPJ, sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, nombramiento de altos cargos judiciales, plan de inversión suficiente y prolongado que asegure calidad y rapidez en la Administración de Justicia, esfuerzo inversor para hacer posible su modernización, incremento del número de jueces para equipararlo a la media europea, racionalización de la planta judicial, dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción. Se reclama también una regulación de las cargas de trabajo, petición que las asociaciones judiciales vienen haciendo al CGPJ desde el año 2014 para que se fijen de una vez unos módulos adecuados a la complejidad de la sociedad actual y, que sean, a la vez, compatibles con el derecho al descanso y la conciliación familiar. La dejación por parte del CGPJ ha llevado a las asociaciones judiciales a presentar una demanda de conflicto colectivo para que se proceda a la regulación de la carga de trabajo de los jueces.

Sería deseable que el Salón de Plenos, convertido por unas horas en burbuja rutilante y togada, fuese ese día caja de resonancia de la voz exacta y verdadera de una Carrera Judicial cansada de pedir para una Administración de Justicia herida por tantas carencias largamente desatendidas.

Terminará el acto solemne que anuncia el comienzo del nuevo año judicial; vacío y en penumbra el escenario, se hará el silencio en el Salón de Plenos, pero quien quiera oír percibirá un clamor incesante que viene de fuera y que por momentos adquiere el tono de un runruneo presísmico; es la voz de los jueces que al paso del tiempo arrecia.