No es sensato que pueda ignorarse con argumentos de legalidad la voluntad de un colectivo diferenciado que de forma reiterada y con una mayoría significativa manifiesta su firme deseo de opinar sobre los términos de su inserción en España

¿Es posible que llegue a darse un proceso presidido por la sinrazón en el que los partícipes estén cargados de razones? Tal vez no sea lo más habitual, no lo sé, pero evidentemente es posible, porque está sucediendo ante nuestros ojos, para asombro y escándalo de quienes somos ciudadanos de a pie, sin ninguna pretensión de especialistas en la materia concernida, pero conservamos criterio y capacidad de discernimiento. Si no estoy hablando de algo relacionado con Trump, tendrá que referirse necesariamente a la cuestión catalana, porque se diría que el resto de problemas son secundarios si no banales: el paro, la exclusión, el deterioro de las condiciones reales de trabajo y de vida, la creciente desigualdad, la pertinaz invisibilidad de muchas mujeres, del ámbito doméstico, de los cuidados, el empobrecimiento de la democracia, las amenazas que se derivan del cambio climático y de la transgresión de los límites biofísicos que permiten y sostienen la vida. Pecata minuta. Lo principal es lo principal. Hablemos de ello.

Algunas constataciones ofrecen pocas dudas: provenimos de una trayectoria histórica compleja e interpretable de forma diversa, en la que, heterogéneos, hemos tenido fricciones y desajustes pero a la vez una larga realidad de convivencia; muchos tampoco negamos que en las décadas de dictadura franquista no solo se pisoteó la libertad, sino que los ciudadanos y pueblos, que vivimos en lo que conocemos como España, sufrimos la privación de derechos básicos de todo tipo, en un contexto sociopolítico en el que la persecución de los discrepantes no se detuvo en límites, en el que sufrió la cultura y la creatividad, en el que se agostaron las dinámicas más esperanzadoras que parecían haber germinado en la democracia precedente; luego, la agonía del franquismo y la transición hacia una nueva democracia se resolvieron en términos tergiversados por unos y por otros, donde la ejemplaridad se concentra en que conseguimos establecer un régimen de libertades homologable en muchos aspectos con los de nuestro entorno, sin volver a matarnos entre nosotros, pero donde el poder económico permaneció intocado, no hubo reconocimiento a las víctimas ni exigencia de responsabilidades a los victimarios, se construyó con alfileres la configuración territorial del Estado que en aquella correlación de fuerzas resultó posible y se dejaron abiertas a una eventual concreción ulterior muchas cuestiones capitales; es constatable que en las décadas transcurridas bajo la Constitución de 1978 ha habido que navegar situaciones difíciles, ha habido avances apreciables en muchos campos, nos hemos transformado, podríamos decir que con convivencia y pragmatismo, pero en modo alguno ha tenido lugar una interpretación creativa y progresista de las posibilidades latentes en el texto constitucional: lo que se cerró pobremente permanece y lo que permitía una evolución positiva no se ha concretado y, a menudo, mas bien ha sucedido lo contrario; ha cambiado el entorno y nuestra inserción en él, ha desaparecido el socialismo real, se ha profundizado la globalización, se ha hecho hegemónica una concepción neoliberal de las personas, de la vida social y del mundo, alejada de la búsqueda de cohesión social de las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX, se han enraizado entre nosotros los cambios que acompañan a la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, mientras las finanzas vuelan irrestrictas, independizadas del conjunto del sistema económico; finalmente, en este contexto, hemos dejado de ser una anomalía dentro de una Europa que a su vez iba pasando del sueño del tratado de Roma, al acuerdo de Maastricht y la creación de la eurozona, aceptando la cesión de soberanía y las reglas de juego imperantes en el club al que pasamos a pertenecer, haciendo que muchas cosas cambien radicalmente dentro de este proceso de integración: desde lo que tradicionalmente se ha entendido por soberanía, hasta el significado de Estado.

Desde estas bases, es hora de que nos detengamos en las razones. La Constitución de 1978 fue votada por los ciudadanos españoles, en unas condiciones homologables como democráticas en nuestro entorno, un conjunto de ciudadanos en los que, según el texto constitucional, reside la soberanía. Puede ser que el desarrollo constitucional del que nace el ordenamiento jurídico vigente sea muy imperfecto, algunos lo pensamos, pero no puede negarse que es el marco que nos ha permitido vivir en democracia durante casi cuatro décadas, el período más largo de la historia de este país. Por otro lado, es un hecho que la inserción que tenga Catalunya en España afecta en primer lugar a los ciudadanos catalanes, pero también, por múltiples razones, a todos los españoles, que con sencillo respeto pueden decir que ellos también tienen algo que decir al respecto. Como también es un hecho que ni la legalidad, ni las prácticas internacionales respaldan la autodeterminación de una parte de un Estado constituido democráticamente. Por no hablar de que, por otras razones, la UE y la eurozona ni pueden, ni quieren acoger automáticamente en su seno a partes de sus actuales miembros que aspiren a ser aceptados como nuevos Estados independientes. En suma, la legalidad establecida no es un valor absoluto, pero si se ha establecido a través de procesos convalidables democráticamente en un contexto y momento histórico determinados, la democracia no puede construirse transgrediendo esa legalidad, si ésta, por muy imperfecta que sea, se ejerce con mesura.

Pero tampoco es sensato que pueda ignorarse con argumentos de legalidad, la voluntad de un colectivo diferenciado (y en la definición de esta condición no debemos caer ni en nominalismos, ni en intentos de reducción al absurdo) si de forma reiterada y con una mayoría significativa manifiesta su firme deseo de opinar sobre los términos de su inserción en el Estado al que pertenece, en nuestro caso de su pertenencia a España. Podrá opinarse sobre la forma de hacerlo, sobre las condiciones que cabe exigir a esa expresión, sobre la forma de gestionar su resultado, pero difícilmente puede pretenderse impedirlo o ignorarlo si la sociedad que lo hace no está dispuesta a dejar de convivir en democracia y la que lo desea no decae en su propósito. Si es una pretensión carente de fundamento, de funcionalidad o, en el límite, de viabilidad, un ejercicio democrático bien entendido tiene instrumentos para que la argumentación, las cautelas y la negociación dificulten y hasta impidan que se asienten opciones que puedan resultar dañinas para unos, para otros o para todos. Y el riesgo de que no sea así hay que asumirlo, si no queremos sacrificar bienes de orden superior.

Si son tantas las razones sensatas de ambas posiciones, ¿dónde radica la sinrazón, que todo lo obscurece? Sencillamente, en no percibir y reconocer las razones del otro, que no hacen desaparecer las propias, pero que existen y no pueden ser ignoradas, si queremos construir una convivencia democrática, en la que quepamos todos.

Puede argüirse que, aunque seamos capaces de construir pacientemente actitudes y prácticas dialógicas, en las que reconozcamos y respetemos al otro, tal vez no haya margen para el encuentro, porque, por mucho que sea el empeño que pongan ambos, no puede resolverse la cuadratura del círculo. Es posible que sea así, pero no tenemos por qué aceptar como un apriorismo que estemos ante planteamientos excluyentes. La buena política se ha desarrollado para tratar y desenredar situaciones de esta naturaleza. No puede garantizarse el resultado, pero podemos afirmar que hasta ahora no se ha intentado y que hay una amplia gama de instrumentos y de transacciones que podrían contribuir a tratar contradicciones que se nos presentan como antagónicas sin serlo. Y los ciudadanos tenemos derecho a exigir que se exploren y debemos penalizar a las fuerzas políticas que se nieguen a hacerlo.

Es cierto que no es fácil llegar a transacciones que combinen diversidad y asimetría de territorios con igualdad ciudadana, manejar mayorías cualificadas para decisiones de un determinado alcance sin convertirlas en barreras insalvables para lo que se dice aceptar, articular pronunciamientos enlazados de todos los colectivos afectados sin que devengan entre si incompatibles, negociar los términos concretos de las distintas opciones sin eludir costes, plazos y contraprestaciones. Aceptemos que la dificultad es abrumadora pero, la política, además de para gestionar lo corriente también está para hacer frente a situaciones de esta complejidad y calado. Y a los políticos y partidos que desistan de hacerlo debemos decirles que abandonen el campo, si no son capaces de ejercer la función para la que han sido elegidos. Aunque tengan que irse muchos de los que actualmente están en ejercicio.