Doy por supuesto que el lector está suficientemente informado de las andanzas disparatadas de la presidenta de la Comunidad de Madrid por México. Entiendo que no es necesario añadir un nuevo comentario. Pero sí me parece oportuno tomar lo ocurrido durante el viaje como un indicador sobre la conveniencia de revisar la decisión que se adoptó en 1987 de convertir el 12 de octubre en “la” fiesta nacional del país.

La interpretación del 12 de octubre como un día de “fiesta nacional” únicamente tendría sentido si hubiera una coincidencia muy mayoritaria en dicha interpretación, no solamente en España, sino en todos los países a los que dicha interpretación interpela. 

Resulta evidente que no es así. El 12 de octubre como “fiesta nacional” no es la expresión del nacionalismo español sin más, sino del “nacional-catolicismo”, es decir, de la versión más brutal del nacionalismo español que se impuso mediante la Guerra Civil. Y que se prolongó durante cuarenta años bajo el Régimen del general Franco.  

El hecho de que no fuera un Gobierno del general Franco, sino un Gobierno socialista presidido por Felipe González, el que decidiera convertir el 12 de octubre en fiesta nacional, es un indicador de hasta qué punto fue profunda la destrucción de la democracia por parte del Régimen del general Franco. El “nacional-catolicismo”, que fue una pieza esencial en la destrucción de la República, sería recuperado en la Monarquía Parlamentaria de la Constitución de 1978 de la mano de un Gobierno socialista en su segunda mayoría absoluta. 

Era cuestión de tiempo, de no mucho tiempo, que dicha recuperación se volviera contra los que la habían recuperado. Roma no paga traidores. Aunque los jalea, cuando han pasado a ser inofensivos. 

El discurso político más coherente con el 12 de octubre como “la” fiesta nacional de España es el de Isabel Díaz Ayuso. Materialmente, la elevación del 12 de octubre a la condición de fiesta nacional está en contra de la “memoria democrática”, que nos tendría que repugnar a los españoles tanto como a los hispanoamericanos. Quizá sea un buen momento para abrir el debate político sobre si “la” fiesta nacional debe coincidir con esa fecha. No para “resignificarla”, como se suele decir. Sino, lisa y llanamente, para suprimirla.

En la separación del poder político de la propiedad está la clave de la superioridad del Estado sobre todas las demás formas de organización del poder político conocidas en la historia de la humanidad.

Antes del Estado Constitucional, el poder político había sido un correlato de la propiedad de la tierra. No era un poder “representativo”, sino un poder ejercido directamente por quienes disponían de la propiedad agraria.

Con la Revolución Industrial en el siglo XVIII se empezarían a crear las condiciones materiales que harían posible que se pusiera fin a dicha conexión. Sería un proceso lento y rápido al mismo tiempo. Durante todo el siglo XIX y todavía en los primeros decenios del siglo XX, la propiedad de la tierra fue una pieza esencial en la organización del Estado Constitucional. Pero la afirmación del Estado como un poder representativo, que exige que los gobernantes sean elegidos por los gobernados, se convertirá en la única forma legítima para el ejercicio del poder, con fórmulas censitarias inicialmente y que acabarían dejando paso al sufragio universal en el siglo XX. Fue un proceso lento, contemplado desde la perspectiva de la aceleración del tiempo histórico actual, pero muy rápido si lo analizamos con la referencia del tiempo preestatal.

El poder no puede ser de nadie. En consecuencia, tiene que ser de todos. Entre ese nadie y ese todos, entre la “soberanía de origen divino” y la “soberanía popular”, está la historia del proceso de transición del Estado Constitucional, fuertemente oligárquico a lo largo de todo el siglo XIX que dio paso al Estado Democrático a partir del final de la Primera Guerra Mundial, pero que solamente se estabiliza como tal después de la Segunda. Y no de forma universalizada, sino de manera minoritaria. Estados Unidos, Canadá y algunos países iberoamericanos, los países del occidente europeo, con excepciones como Grecia, Portugal y España, Australia y Nueva Zelanda y poco más. En todo caso, el principio de legitimidad democrática se acabaría convirtiendo en la única forma aceptable de organización del poder.

La tensión entre la democracia como forma política y el capital como principio de constitución económica es consustancial al Estado Constitucional. Hasta el momento, no hemos encontrado una fórmula de gobierno que pueda prescindir de la misma. Permanentemente, estamos oscilando entre periodos en que la democracia se fortalece o se debilita frente a la pretensión del capital de sustraerse a los límites que el poder democráticamente constituido trata de imponer. Estamos viviendo en una fase particularmente crítica de esta tensión, que se inclina a favor del principio de constitución económica en detrimento del principio democrático.

La corrupción es la hipoteca de la democracia. Es la subordinación de manera más o menos soterrada, pero siempre espuria, del poder político a la propiedad privada. Ataca al Estado democrático en lo que es su núcleo esencial, en el secreto de su superioridad como forma política. La recesión democrática viene siempre precedida por un aumento de la corrupción, que conlleva una crisis de la legitimidad democrática.

De ahí la necesidad de estar siempre alerta a las prácticas corruptas. Pero también la necesidad de diferenciar entre dichas prácticas y no confundir episodios de corrupción con el ejercicio corrupto del poder. No todas las prácticas corruptas son iguales. La equiparación de todas ellas, “todos los políticos son iguales”, es una forma de dar por perdida la lucha contra la corrupción.

En España lo estamos viviendo en estos días de una manera paradigmática. En el Tribunal Supremo se está juzgando un “episodio” de corrupción con el caso Mascarillas. Y en la Audiencia Nacional se está juzgando un “ejercicio corrupto del poder” con el caso Kitchen.

Son dos casos de corrupción completamente distintos y, sin embargo, el mensaje que se está transmitiendo a la opinión pública es equidistante, como si fueran equivalentes. La información paralela sobre ambos con la que abren los medios de comunicación, en lugar de ilustrar sobre la especificidad de la naturaleza corrupta de cada uno de ellos, conduce a la confusión nocturna de que todos los gatos son pardos.

El caso Mascarillas es un episodio de corrupción. Repulsivo como todos, pero un episodio. Se presentó inicialmente como un caso de corrupción económica de una envergadura extraordinaria y ha sido instruido y enjuiciado como un caso de conducta desordenada por parte de un exministro y su colaborador en el Ministerio, en el que el sexo ocupa un lugar mucho más destacado que la repercusión económica. En el caso Mascarillas, las mascarillas han brillado por su ausencia. No ha sido el indicador de una forma de ejercer el poder, sino de un ejercicio puntual desviado del poder, del que no hay réplicas en los demás ministerios, no hay financiación irregular del PSOE y los protagonistas han sido expulsados del partido.

Queda por ver qué dice la sentencia. Pero, por la forma tan extraña en que se ha procedido tanto en la instrucción como en el juicio oral, va camino de convertirse en un “parto de los montes”.

El caso Kitchen es completamente distinto. Se trata de un caso en el que se hace uso del Ministerio del Interior, que es la pieza maestra del “monopolio de la coacción física legítima” en que el Estado consiste (Max Weber), para sustraer al conocimiento del poder judicial la documentación del tesorero del PP sobre la financiación irregular de este partido.

El caso Kitchen es una secuela del caso Gürtel, en el que se acreditó judicialmente en la Audiencia Nacional, y se confirmó después en el Tribunal Supremo, que el PP se había financiado irregularmente. En la sentencia de la Audiencia Nacional estuvo el origen de la moción de censura que acabó con la Presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy y su sustitución por Pedro Sánchez.

Aunque la sentencia del caso Gürtel fue de 2018, no se conocía en ese momento la operación Kitchen. El PP fue condenado por haberse beneficiado a título lucrativo con Gürtel, pero no se sabía que había hecho uso de una manera torticera del Ministerio de Interior para sustraer información incriminatoria al órgano judicial que estaba encargado de la investigación para el presidente, vicepresidente y secretaria general del partido.

Como no es infrecuente que ocurra en estos casos, la reacción para tapar un escándalose convierte en un escándalo todavía mayor. El caso Watergate es el ejemplo al que siempre se recurre. Es lo que está ocurriendo en nuestro país. El caso Kitchen va mucho más allá del caso Gürtel.

Para impedir que la información incriminatoria acumulada por el tesorero del partido contra el presidente Mariano Rajoy, el vicepresidente Javier Arenas y la secretaria general Dolores de Cospedal, acabara en manos del juez instructor, se organizó una nueva operación, con la finalidad de sustraer dicha información. Para ello se utilizaron 70 policías, ocho comisarios, el que había sido chofer de Luis Bárcenas y un falso cura que asaltó el domicilio del tesorero. Se les retribuyó con fondos reservados y se le prometió al chofer un puesto como policía nacional.

La dimensión de la operación Kitchen desbordaba con mucho a la operación Gürtel. Ya no se trataba de que el PP fuera “partícipe a título lucrativo” de determinados movimientos dinerarios, sino de generar una “policía a-judicial”, que actuara sin conocimiento del juez instructor y que impidiera la operatividad constitucional de la administración de justicia, con la finalidad de proteger a Mariano Rajoy, Javier Arenas y Dolores Cospedal, además de al propio partido.

Una vez conocida la operación Kitchen y residenciada judicialmente, el ejercicio fraudulento y corrupto del poder ha tenido que extenderse a la propia instrucción del caso. El juez García Castellón circunscribió la operación al Ministerio de Interior, excluyendo la investigación de los tres dirigentes del partido, que eran los únicos que figuraban en la documentación incriminatoria de Luis Bárcenas. Como subrayó uno de los fiscales, no se podía entender que el juez instructor estableciera una “línea roja” que impedía la investigación en sede judicial del partido y de los dirigentes que eran los beneficiarios directos de la operación.

A pesar de los indicios abrumadores contra ellos, quedaron fuera del auto de apertura del juicio oral. Pero como los indicios no han desaparecido, al fraude en la instrucción se ha añadido un fraude en el juicio oral, en el que, de manera insólita, la presidenta del Tribunal está limitando el ejercicio del derecho a la acusación, además de “orientar” a los testigos sobre la respuesta que deben dar a las preguntas que se les formulan.

El caso Kitchen no es un episodio de corrupción, sino un ejercicio continuado del poder de forma corrupta, que salta del espacio político-administrativo al espacio judicial y destroza las garantías constitucionales del proceso penal.

De ahí que la equidistancia entre el caso Mascarillas y el caso Kitchen resulte insoportable. No todas las corrupciones son iguales.  

Vox ha sido el único partido de extrema derecha europea que ha optado por Donald Trump en su enfrentamiento con León XIV.

Llama la atención que haya ocurrido en un país como España, en el que la elección del papa es, con diferencia, la elección más importante de todas las que se celebran en el mundo. Para la sociedad española no hay ningún mandatario extranjero al que se le reconozca la autoridad que se le reconoce al papa. Tuvimos ocasión de comprobarlo en el proceso constituyente de 1978, en el que la Iglesia católica consiguió ser mencionada expresamente en el articulado, además de incluir una regulación del derecho a la educación a su medida y de adjuntar al texto constitucional unos “Acuerdos con la Santa Sede”, materialmente preconstitucionales aunque formalmente postconstitucionales, que preservan la posición privilegiada de la Iglesia en nuestro sistema político.

La sombra del pontificado de Juan Pablo II se proyectó a continuación sobre la inicial puesta en marcha de nuestro sistema constitucional, en especial desde que en 1982 el PSOE consiguió la presidencia del Gobierno, que mantendría durante cuatro legislaturas.

La evidencia empírica de que disponemos nos enseña que la Iglesia Católica es el instrumento de movilización política de la derecha española. Es la única institución que es capaz de unificarla. Cuando ella decide abrazar una determinada causa, las derechas se convierten en una sola. De ahí que su presencia o ausencia resulte decisiva.

La primera foto de Colón, con Alberto Rivera, Pablo Casado y Santiago Abascal, fue sumamente expresiva. La manifestación había sido convocada para el día antes de la apertura de juicio oral del procés, con la finalidad más que evidente de crear un ambiente de cruzada antinacionalista. La ausencia de la Iglesia la redujo a una manifestación importante, pero nada más. Se notó en el propio juicio, como tuvimos ocasión de comprobar los que asistimos a la primera sesión y a las posteriores.

El pontificado de Francisco supuso un cambio en la Iglesia Católica que ha acompañado de manera significativa a los años de Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno. En las condiciones tan difíciles en que ha tenido que ejercer la presidencia, es difícil que hubiera podido hacerlo durante tantos años con un Papa como Juan Pablo II y con una Conferencia Episcopal alineada con él.

La continuidad de la trayectoria de Francisco por León XIV, en un momento en que la guerra y la inmigración se han convertido en los dos problemas de mayor envergadura, ha sido un elemento de suma importancia para devaluar políticamente al presidente Donald Trump y para dar oxígeno al presidente del Gobierno español.

Con otro papa y con una Iglesia española alineada en otra dirección, hubiera sido muy difícil que el presidente del Gobierno hubiese podido liderar la posición contraria a Donald Trump. Convertirse en la némesis de Donald Trump, como lo calificó el Financial Times.

De ahí que no se entienda muy bien que Santiago Abascal haya adoptado una posición tan abiertamente beligerante contra la Iglesia española. Si Donald Trump ha tenido que recular porque no podía sostener un enfrentamiento con el Papa en los términos en que lo había iniciado, porque empezaba a perder el apoyo de los católicos estadounidenses, ¿qué puede esperar Santiago Abascal, que tiene que enfrentarse, además, con una Iglesia más resabiada, como es la Iglesia española?

En las elecciones andaluzas, Vox va a tener la oportunidad de comprobar si ha acertado o no con su agresión a la Iglesia. Si consigue un buen resultado, sería la primera vez que una derecha española lo consigue. El impacto que podría tener en las próximas elecciones generales podría ser determinante.

Dediqué cuatro artículos en el diario El País al caso Dolores Vázquez, aunque habría que calificarlo como el caso Rocío Wanninkhof que se acabó convirtiendo en el caso Dolores Vázquez. Porque caso Rocío Wanninkhof hubo, pero caso Dolores Vázquez no. El caso Dolores Vázquez nunca existió. Fueron el juez de instrucción, el fiscal, los agentes de la policía judicial y los magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga los que se lo “inventaron” con vulneración continuada e incomprensible de los derechos fundamentales que deben presidir la instrucción de un proceso penal de acuerdo con la Constitución.

El primero, “El uso judicial de la prisión provisional”, lo publiqué el 27 de enero de 2001. En dicho artículo ponía de manifiesto que el auto de adopción de la medida de prisión provisional contra Dolores Vázquez era manifiestamente anticonstitucional. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, para dictar un auto de prisión provisional, no es suficiente que concurran las circunstancias previstas en los artículos 503y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino que es necesario que el juez justifique que la finalidad que se persigue es constitucionalmente legítima. 

La justificación de la finalidad es el elemento decisivo para determinar si el auto de prisión provisional es constitucional o no lo es. Y la finalidad está dominada por la presunción de inocencia. De ahí que no se pueda perseguir con el auto “el impulso de la instrucción sumarial, propiciando la obtención de prueba de declaraciones de los imputados” (STC 128/1995). La finalidad del auto no puede ser que el imputado se derrumbe y acabe confesando. 

Esto es lo que ocurrió en el caso Dolores Vázquez. En el auto del juez de instrucción no hay un solo indicio objetivamente verificable de su conducta delictiva. Tampoco en el de la Audiencia Provincial que lo confirmó.

Así empezó el caso Dolores Vázquez. Y ese comienzo lo condicionó todo.

El 22 de septiembre de 2001 publiqué el segundo: “Una condena sin pruebas”, en el que ponía de manifiesto como tanto en el veredicto de los miembros del jurado como en la sentencia del magistrado presidente no había ninguna prueba incriminatoria de cargo que destruyera la presunción de inocencia de Dolores Vázquez. Y ninguna es ninguna.

No podía ser de otra manera. Si en la instrucción no se había podido identificar un solo indicio objetivamente verificable de la autoría del delito por parte de Dolores Vázquez, era imposible que en el juicio pudiera aparecer por arte de birlibirloque una prueba incriminatoria destructora de su presunción de inocencia. 

La anticonstitucionalidad en la manera de proceder del juez de instrucción y de la policía judicial, así como en la del ministerio fiscal y en la de los magistrados de la sala que confirmó el auto de prisión provisional, tenía que conducir a la anticonstitucionalidad del veredicto de los miembros del jurado y de la sentencia del magistrado presidente.

Terminaba el artículo preguntándome si la sentencia del tribunal del jurado hubiera sido la misma, si Dolores Vázquez no hubiera estado en prisión 519 días antes de la celebración del juicio. El caso no debió de llegar nunca al tribunal del jurado. Pero si llegaba como llegó, la sentencia no podía ser otra que la que fue. 

En todo caso, así continuó el inexistente caso Dolores Vázquez

El tercero, “Un punto de sensatez”, apareció el 17 de febrero de 2002. En dicho artículo analicé la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anuló la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado por falta de motivación tanto del veredicto de los miembros del jurado como de la sentencia del magistrado presidente. 

La sentencia desautoriza en términos inequívocos a los miembros del jurado, pero, sobre todo, enjuicia con mucha dureza la ejecutoria del magistrado presidente, que no debía haber permitido que los jueces legos pudieran actuar como lo hicieron. Lo que puede ser comprensible, aunque no justificable, en personas que carecen de formación jurídica, no puede serlo nunca en un profesional de la judicatura como lo es el magistrado presidente del tribunal del jurado. 

La sentencia del TSJA era materialmente una sentencia de amparo constitucional. El TSJA en esta sentencia no administra justicia, sino que anula una sentencia dictada anticonstitucionalmente y ordena la repetición del juicio con otro jurado y otro magistrado presidente que dicte sentencia sin vulneración de los derechos fundamentales de la acusada.

Este juicio nunca llegó a celebrarse. Dolores Vázquez recuperaba la presunción de inocencia, que no había sido destruida por la sentencia del tribunal del jurado, pero seguía estando imputada en el caso Rocío Wanninkhof. Y flotando en el ambiente una “presunción de culpabilidad”.

El cuarto artículo, “Éxito y fracaso”, apareció el 21 de septiembre de 2003. En ese momento se había resuelto el caso Rocío Wanninkhof, como consecuencia de la detención de Tony Alexander King como autor de la muerte de Sonia Carabantes. La huella genética del autor coincidía con la de la boquilla de un cigarro que la policía encontró junto al cuerpo sin vida de Rocío Wanninkhof. Tony Alexander King había sido el autor de la muerte de Rocío y de Sonia. Dolores Vázquez no había sido la autora. El caso Dolores Vázquez no había existido. Había sido el resultado de una “invención” de jueces, fiscales, y miembros de la policía judicial.

Este cuarto artículo lo publiqué, porque los medios de comunicación, que no habían manifestado reserva alguna sobre la actuación de la policía judicial hasta ese momento, se apresuraron a publicar artículos laudatorios sobre ella. Con el título “Éxito policial. Un crimen se esclarece” el Diario de Sevilla diría: “Es de destacar la notable profesionalidad con que han actuado las fuerzas de orden público, dotadas de medios técnicos notables, a la vez que movidas por una gran profesionalidad, prudencia y sentido de servicio público”.

Me pareció y me sigue pareciendo que la alabanza que, en este caso, Sonia Carabantes, mereció la actuación de la policía judicial, no puede desvincularse de la censura que mereció su actuación en la investigación del caso Rocío Wanninkhof. Si en la investigación de la muerte de Sonia Carabantes hubo “profesionalidad, prudencia y sentido de servicio público”, en la investigación de la muerte de Rocío Wanninkhof hubo todo lo contrario.

Argumentaba que no se puede desvincular en el análisis y valoración de un servicio público tan esencial como el que prestan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el éxito del fracaso. Y añadí que, si hoy, Sonia Carabantes, podemos decir que la actuación policial ha sido “profesional y prudente”, tenemos también que decir que ayer, Rocío Wanninkhof, no fue ni lo uno ni lo otro. Y que, como consecuencia de su falta de profesionalidad y prudencia, se ocasionó un daño grave al proceso de administración de justicia y una lesión prácticamente irreparable a Dolores Vázquez. 

Tan es así, que incluso a un autor como Antonio Soler, en un artículo publicado el 20 de septiembre de 2001 titulado “Furia”, con cuyo contenido estaba y estoy básicamente de acuerdo, se le escapó la frase: “Quizá Dolores Vázquez resulte inocente”. 

Estoy seguro de que no quería decir lo que dijo. Pero a esto es a lo que condujo la actuación de jueces, fiscales y miembros de la policía judicial en la instrucción del caso Rocío Wanninkhof: a transformar la presunción de inocencia en presunción de culpabilidad. 

La reparación de Dolores Vázquez no se habrá producido hasta que no se borre la más mínima duda sobre su conducta. Está bien el acto de homenaje de esta semana en el Ministerio de Igualdad. Pero habría que ir un poco más lejos. 

Esperemos que así sea. 

La investidura de María Guardiola esta semana ha puesto de manifiesto cómo el Partido Popular, lejos de distanciarse de los postulados racistas y xenófobos de Vox, los va asumiendo como parte de su ideario en un intento por captar el electorado de la fuerza de Abascal.

La inclusión de la prioridad nacional como eje para posibles ayudas constituye, además de una ruptura del principio de igualdad y no discriminación, una auténtica ruina moral porque permite distinguir entre personas a la hora de recibir servicios básicos del Estado. 

Que haya pasado esto además en una Comunidad Autónoma como Extremadura, con un 4% de inmigración, demuestra que el asunto no tiene que ver con un problema social real sino con la intención de Vox de extender su programa xenófobo. La novedad vendría por lo rápido que el Partido Popular está asimilando determinados contenidos, haciéndolos suyos. 

La apariencia de que se está administrando justicia es un elemento constitutivo del proceso a través del cual la justicia se administra. Si no parece que se está administrando justicia, es que se está haciendo otra cosa.

En España se está produciendo con cierta reiteración la ausencia de dicha apariencia. El abogado de Begoña Gómez se lo dijo directamente al juez instructor Juan Carlos Peinado en una comparecencia reciente y la Unión Progresista de Fiscales ha llevado a la ONU la “sucesión de irregularidades” en la causa contra el fiscal general. Por no hablar de la persecución política disfrazada de proceso judicial de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, procesados y condenados por el delito imposible de prevaricación administrativa por haber presidido el Consejo de Gobierno que aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Una vez declarada anticonstitucional dicha persecución por quien puede hacerlo -el Tribunal Constitucional-, la Audiencia Provincial de Sevilla ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no la va a admitir a trámite siquiera por no tener competencia para ello. O por no hablar de las decisiones de la Sala Segunda sobre la Ley de Amnistía…

Da la impresión de que los órganos judiciales de más alto nivel en nuestro país, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, han desarrollado una peculiar afición a esta tendencia de hacer justicia sin parecer que lo hacen. Lo estamos viendo en estos días con dos casos de relumbrón. El caso de las mascarillas en el Tribunal Supremo (TS) y el caso Kitchen en la Audiencia Nacional. 

Del primero, el lector de este diario ha tenido la oportunidad de leer dos artículos excelentes, uno de Carlos López Keller, 'Crónica de una condena anunciada', el 6 de abril, y otro de Ignacio Escolar, 'Ábalos y Fernández Díaz: busca las diferencias', el 11 de abril. 

Solamente tengo una cosa que añadir y es que, en mi opinión, hay motivos más que suficientes para interponer un recurso de amparo contra esa “condena anunciada” por parte del TS. Este tribunal no puede convertirse en un juez de primera y única instancia de la manera que a él le parezca oportuno. Se trata de una anomalía tan extraordinaria que el TS tendría que justificar su decisión de una manera objetiva y razonable, algo que brilla por su ausencia en la decisión que ha adoptado. 

Tal vez no haya un órgano constitucional que esté tan afectado, en términos generales“ por la ”interdicción de la arbitrariedad“ de los poderes públicos enunciada en el artículo 9 de la Constitución, como lo está el TS. Por su propia posición en el edificio del Estado constitucional. Y tal vez no haya un asunto en que dicha interdicción haya sido desconocida de manera tan reiterada como en el caso mascarillas. 

La razón de esta arbitrariedad reiterada en cada uno de los pasos por parte del TS no es otra que la de hacer coincidir en el tiempo el juicio del caso mascarillas con el del caso Kitchen en la Audiencia Nacional y dictar una sentencia condenatoria firme que suponga el ingreso en prisión de un exministro del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y de un exsecretario de organización del PSOE con Pedro Sánchez como secretario general, antes de que exista una sentencia condenatoria firme contra un exministro del PP.

Lo más llamativo del caso mascarillas es que, a medida que ha avanzado el juicio, las mascarillas casi brillan por su ausencia. Lo que se anunciaba como un gigantesco caso de corrupción de libro, está resultando ser un examen de conductas repugnantes, pero que casi nada, por no decir nada, tienen que ver con la “madre de todas las corrupciones” que se nos había prometido. 

El caso mascarillas es el de menor entidad de todos los casos sobre mascarillas que ya se han resuelto y de los que quedan por resolver. El de Almería, por ejemplo. La apariencia de administración de justicia brilla por su ausencia. No es justicia, sino otra cosa, lo que está haciendo el TS.

El Tribunal Constitucional, muy a su pesar, tendrá que acabar poniendo orden, porque, de no hacerlo, lo tendrá que hacer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nos avergonzará a todos.  

Lo mismo está ocurriendo en la Audiencia Nacional con el caso Kitchen. Que se sepa, Luis Bárcenas no ha sido tesorero del Ministerio del Interior. Fue tesorero del PP. Fue el tesorero que, por su condición de tal, disponía de la documentación acreditativa de la financiación presuntamente delictiva del PP. Para evitar que dicha documentación pudiera acabar en manos del juez que estaba investigando dicha financiación, el Ministerio de Interior del Gobierno presidido por Mariano Rajoy puso en marcha una operación, denominada posteriormente como Kitchen, con decenas de policías pagados con fondos reservados para apropiarse de la documentación en manos de Luis Bárcenas y su mujer, a fin de que no acabara en las manos del juez. 

La documentación en manos de Luis Bárcenas no era incriminatoria para el Ministerio de Interior. No incriminaba ni al ministro ni a ningún otro funcionario del Ministerio. Incriminaba presuntamente al presidente del PP, Mariano Rajoy, al vicepresidente, Javier Arenas, y a la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Y al propio PP. Pero a nadie más. 

Obviamente, únicamente las personas cuya presunción de inocencia podía ser destruida en sede judicial con las pruebas que contenía la documentación de Luis Bárcenas podían tener interés en que dicha documentación no acabara en manos del juez.

Fue la condición de presidente del Gobierno de Mariano Rajoy la que posibilitó que la operación Kitchen se activara. Ni Fernández Díaz ni ninguno de los demás miembros del Ministerio procesados tenían interés en hacerlo. Sin el impulso del presidente Mariano Rajoy, la operación Kitchen no habría existido.

Sin embargo, la instrucción se detuvo en el momento de investigar al partido, para circunscribirla al ámbito del Ministerio. En la documentación que se sustrajo a Luis Bárcenas no había ni una sola referencia al Ministerio ni al ministro. Sí la había respecto a M. Rajoy o respecto a Arenas y Cospedal.  

¿Puede alguien pensar que se está administrando justicia cuando los principales y únicos beneficiarios de la operación Kitchen no figuran entre los procesados? 

Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro han sido, presuntamente, los protagonistas de los dos asuntos de corrupción más importantes desde la entrada en vigor de la Constitución. No ha habido ningún otro en el que se haya “privatizado el Ministerio de Interior”, como ha ocurrido en la operación Kitchen. O en el que se haya “privatizado el ejercicio de la potestad legislativa” de las Cortes Generales mediante un despacho profesional, Equipo Económico, que cobraba a las empresas gasistas para conseguir la aprobación de legislación hecha a su medida y redactada por ellas mismas. 

No se me ocurre un caso de corrupción que pueda ir más allá de la corrupción del Ministerio de Interior o de la potestad legislativa de las Cortes Generales. Del primero ya estamos viendo como el PP intenta eximirse de responsabilidad. Veremos si lo acaba consiguiendo o no. Del segundo, todavía está por ver que acabe siendo sometido siquiera al juicio por parte del poder judicial.

En esas estamos.

El mismo día en que se publicó en el BOE el decreto de regularización de inmigrantes, el Washington Post publicó un editorial con el título America`s worker shortage is now a crisis (La escasez de trabajadores en los Estados Unidos es ahora una crisis)

Toda la evidencia empírica de que se dispone indica que la inmigración ha tenido unos efectos no ya positivos, sino muy positivos para la sociedad estadounidense. Dicha evidencia empírica fue desconocida por el presidente Donald Trump ya en su primer mandato, pero lo ha sido mucho más en el comienzo del segundo. Sin inmigrantes la población de Estados Unidos habría descendido desde que ha llegado por segunda vez a la presidencia y estaría afectando a áreas decisivas para el bienestar del país, ya que, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Migration Policy Institute, los inmigrantes representan el 23,6% de los trabajadores en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, el 15,9% en enfermería y el 28,4% en el de los trabajadores de la salud en general. 

Por su parte el Cato Institute: Immigrants Effects on Government Budgets 1994-2023, informa que “los inmigrantes generaron en impuestos más que todos los beneficios recibidos a través de todos los niveles del Gobierno (federal, estatal y municipal)”; “crearon un superávit fiscal cumulativo de 14.500 millones de dólares”. La aportación de los inmigrantes hubiera supuesto el equivalente al 33% de los déficits combinados en todos los niveles de gobierno entre 1994-2023, que se habrían producido sin dicha aportación.

La crisis que el WP detecta como consecuencia de la política inmigratoria de Donald Trump es extrapolable a los países miembros de la Unión Europea en general y a España en particular. La “prioridad nacional”, “American First”, es negativa en ambas orillas del Atlántico, como subrayó George Mombiot en The Guardian: “The facts are stark: Europe must open the door to migrants or face its own extinction” (Los hechos son testarudos: Europa tiene que abrir la puerta a los inmigrantes o afrontar su propia extinción).

Afortunadamente España, que ha sido un país de emigración hasta mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, ha sabido convertirse de una manera razonablemente efectiva en un país con una notable tasa de inmigración, en torno al 15%. La regularización de la población inmigrante que ya reside en territorio español ha sido el instrumento jurídico del que se ha hecho uso por parte de Gobiernos tanto del PSOE o del PP.

La que ahora mismo está iniciando su andadura se diferencia de las anteriores en que su origen está en una “iniciativa legislativa popular” de más de setecientos mil ciudadanos, que fue admitida a trámite por el Congreso de los Diputados por casi unanimidad, PP incluido.

Ha sido a través de la combinación de la democracia directa y la democracia representativa como se ha decidido poner en marcha esta regularización. Dicha iniciativa dice mucho a favor de la sociedad española. Por ello, en buena lógica, no debería haberse planteado ningún problema en la implementación de esta medida. 

Desafortunadamente no ha sido así, aunque, afortunadamente, su oposición no va a impedir que la regularización se produzca. Y que, su aceptación por el conjunto de la sociedad se produzca con naturalidad, como ha ocurrido con las anteriores. Y es que, como ha dicho la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, criticando de manera expresa la decisión de la alianza PP y Vox en Extremadura: “no se puede dejar a nadie al margen de un sistema al que contribuye”. 

Las personas que conviven en un territorio tienen que hacerlo en pie de igualdad en el ejercicio de los derechos. Con la excepción del derecho de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución, los extranjeros deben poder ejercer los demás derechos reconocidos como fundamentales en la Constitución. En ese ejercicio descansa la posibilidad misma de una convivencia pacífica, justamente lo contrario de lo que están diciendo estos últimos días los dirigentes del PP y Vox.

Esta semana, el Consejo de Ministros aprobaba un proceso de regularización extraordinaria, la séptima, que podría beneficiar hasta a 500.000 personas que ya conviven y trabajan con nosotros. Además de tratarse de una cuestión esencial de humanidad, porque se trata de reconocer derechos a personas que no los tenían, supone un acierto desde el punto de vista económico pues muchas de ellas pasarán a contribuir a través de sus impuestos. 

El proceso se produce, además, en un contexto internacional singular, con Donald Trump liderando una persecución sin precedentes contra los inmigrantes en su país, que son deportados e incluso tiroteados por el ICE sin ninguna garantía. Una vez más, España, con el gobierno de coalición al frente, marcando el camino a la Unión Europea, pocos días después de que Viktor Orban perdiera en las urnas tras dieciséis años en el gobierno de Hungría. 

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La presidencia de Donald Trump lo distorsiona todo. Con otro presidente en el Despacho Oval, las elecciones en Hungría de este pasado domingo no habrían sido seguidas con el interés que lo han sido en prácticamente todo el mundo, ni sus resultados habrían tenido el alcance global que han tenido desde la misma noche electoral. Los comicios húngaros y los de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre próximo se han convertido en las dos elecciones más importantes de 2026. 

Que las elecciones de mitad de mandato tengan una relevancia excepcional no sorprende. Que lo sean las elecciones en Hungría debería ser completamente anómalo. Si exceptuamos la vinculación de Viktor Orbán con Donald Trump y con su estrategia de debilitar la Unión Europea, no hay absolutamente nada en la trayectoria de Hungría desde la caída del Muro de Berlín en 1989 que justifique que sus elecciones tengan alcance global. 

El azar ha querido que Hungría haya sido el punto de intersección en el desencuentro entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hungría con Viktor Orbán era la pieza europea más sólida de la estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos hecha pública hace unas semanas. En dicha estrategia, la Unión Europea ocupa un lugar destacado de lo que Donald Trump considera el “enemigo interior”, que debe ser debilitado desde el interior de la propia Unión Europea. De ahí su apoyo a los que califica como “partidos patrióticos”, entre los que destacaba como primero de todos el Fidesz húngaro, al que habría que añadir el Frente Nacional francés, Alternativa para Alemania, el Gobierno de Giorgia Meloni, Vox de Santiago Abascal y algunos otros.

Viktor Orbán y Fidesz han sido la avanzadilla anti Unión Europea de la “internacional” configurada bajo el impulso de Donald Trump. La presencia de los líderes más destacados de dicha “internacional” en las elecciones del pasado domingo lo dice todo. Y eso es lo que sabemos. Lo que debe haber habido y que no sabemos debe ser todavía mucho más.

Si añadimos a todo ello la intervención del Kremlin con Vladímir Putin, resulta comprensible el alcance global de las elecciones húngaras de este pasado domingo. El triángulo Trump, Putin y Orbán es lo que explica el interés de las elecciones húngaras.

Este pasado domingo no era el gobierno de Hungría lo que estaba en juego, sino comprobar, por un lado, si la Unión Europea sigue teniendo fuerza atractiva o no y, por otro, su capacidad de resistencia frente al envite de la “internacional de las derechas” con Orbán y Fidesz como punta de lanza. Las elecciones se celebraban en Hungría. Pero no era Hungría, sino la resiliencia de la Unión Europea, lo que estaba en juego.

El resultado no ha podido ser más demoledor para quienes han montado la operación. La reafirmación de la Unión Europea como baluarte democrático no ha podido ser más rotunda. Lo que vaya a hacer su sucesor, Peter Magyar es una incógnita. Magyar, de 45 años, se formó en las filas de Orbán, aunque luego se produjo una ruptura entre ambos, y representa a un partido conservador (Tisza). Pero a juzgar por el perfil de muchos de sus votantes, que le permitieron una victoria arrolladora de dos tercios de escaños en el Parlamento, es previsible que la aproximación de Magyar a la UE sea mucho más amigable y constructiva que la que ha caracterizado a su antiguo mentor.

El resultado de las elecciones húngaras continúa, además, la estela que han dejado las recientes elecciones municipales en Francia, las legislativas en Dinamarca o el referéndum de reforma de la Constitución en Italia. O las maniobras del Gobierno del Reino Unido para aproximarse a la Unión Europea. “Keith Starmer defiende un plan de alineamiento más estrecho con las normas de la Unión Europea sin necesidad de una votación parlamentaria”, “dicho alineamiento con Europa va en la dirección del mejor interés del Reino Unido, particularmente en una situación internacional tan turbulenta como consecuencia de la guerra de Irán” (The Guardian, lunes 13 de abril).

En un momento de “recesión democrática”, se está poniendo de manifiesto que la Unión Europea es la fórmula política más sólida para contrarrestar dicha recesión y para alimentar la esperanza en la supervivencia de la democracia como forma política. Y eso debería tenerlo muy claro la derecha española encarnada por el PP, que en muchas ocasiones ha mantenido una actitud ambivalente con respecto a Orbán. Cabe esperar, por el bien de nuestra democracia, que la derrota del líder de Fidesz lleve a Alberto Núñez Feijóo y su partido sumarse sin ambigüedades a los valores que encarna la UE. Y que la aceptación de figuras iliberales como Orbán solo tenga cabida en la extrema derecha que representa Santiago Abascal.

Mientras Donald Trump siga siendo presidente de los Estados Unidos el riesgo de avance de la “recesión democrática” no puede descartarse, así como tampoco nuevas maniobras para debilitar la Unión Europea. Pero, tras el resultado electoral del pasado domingo, pienso que podemos tener una mayor confianza en que podemos enfrentarnos con éxito a dichas maniobras. La fuerza atractiva de la Unión Europea sigue estando muy viva.

Han pasado ya más de 40 días del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán, desatando una guerra que se ha extendido ya a numerosos países, se ha cobrado muchas vidas y amenaza con lastrar a la economía global. Un ataque en el que Israel ha arrastrado a Estados Unidos y cuyo fin trata de boicotear atacando Líbano e incumpliendo la frágil tregua anunciada.

No podemos seguir llamando Guerra de Irán a lo que es una guerra iniciada y dirigida por Israel, en función de sus intereses estratégicos. Después de las miles de personas muertas en Gaza, los ataques se centran ahora en Irán y Líbano en una escalada en la que Estados Unidos se ha visto envuelto y del que no es capaz de salir. 

La falta de previsión y estrategia del presidente de Estados Unidos está dejando en evidencia que no había ni plan ni conocimiento de las capacidades reales de un país como Irán que no ha dudado en atacar objetivos estratégicos en los países aliados de Trump en la zona. Veremos como avanza todo esto pero, mientras tanto, llamemos a las cosas por su nombre. Estamos ante la guerra de Israel. 

La decisión de disolver el Parlamento el 7 de abril y convocar elecciones para el 17 de mayo no puede entenderse como una disolución y convocatoria anticipada, pero sí fue una decisión discrecional del presidente. En algo más de un mes, la disolución y subsiguiente convocatoria habría sido automática por haberse agotado la legislatura. Juan Manuel Moreno Bonilla no habría tenido que tomar ninguna decisión.

Algo más de un mes no es tiempo suficiente como para que se pueda hablar de adelanto electoral, pero ello no quiere decir que esa anticipación sea neutra políticamente. El presidente andaluz, de manera no solo completamente legal sino también legítima, ha llegado a la conclusión de que el mejor momento para que los ciudadanos acudan a las urnas es el 17 de mayo y nada se le puede objetar.

La facultad de disolver discrecionalmente el Parlamento es una prima a la posesión del poder. El presidente puede decidir en qué momento puede llamar a los ciudadanos para que elijan a sus representantes. La decisión puede consistir en disolver anticipadamente o en no hacerlo. Tan política puede ser la motivación en un caso como en el otro, como hemos tenido ocasión de comprobar en este mismo año. El PP ha diseñado un calendario electoral en las Comunidades Autónomas en las que gobierna con la doble finalidad de levantar la hipoteca que le supone la dependencia de Vox para la formación de Gobierno y de debilitar al PSOE y prefigurar con las victorias del PP en el imaginario colectivo el resultado de las próximas elecciones generales.

El diseño no ha dado el resultado esperado en Extremadura y Aragón, donde el PP sigue dependiendo de Vox, pero sí en cierta medida en Castilla-León, donde va a tener que contar con Vox, pero donde este último no ha tenido el resultado que esperaba, dándole con ello un cierto respiro al PP.

Pero en dicho calendario el momento decisivo era y sigue siendo el de las elecciones andaluzas. Más todavía después de lo poco concluyente que ha sido el resultado electoral de las tres Comunidades que ya han celebrado elecciones. Andalucía, además de ser políticamente más importante que las otras tres Comunidades Autónomas, es la única de las cuatro en la que el PP gobierna con mayoría absoluta. De mantener o no dicha mayoría depende el éxito del calendario electoral diseñado por el PP. Si después de no poner fin a su dependencia de VOX en Extremadura, Aragón y Castilla-León, resulta que vuelve a depender también en Andalucía para la investidura de Moreno Bonilla como presidente, está claro que la operación no habría conseguido el objetivo que perseguía. 

La renovación de la mayoría absoluta se ha convertido para Moreno Bonilla en una cuestión decisiva. Si no lo consigue, el estigma del “pato cojo” que acompaña a los presidentes de los Estados Unidos después de las elecciones de mitad de mandato de su segunda presidencia empezaría a aplicársele. Quedaría muy debilitado.

La mayoría absoluta es la clave. ¿Es más probable mantener la mayoría absoluta adelantando las elecciones unas semanas o esperando a agotar la legislatura? Unas semanas son poco tiempo, pero en un escenario político como en el que nos encontramos puede ser mucho. 

Por varios motivos. 

En primer lugar, por la Guerra de Irán, que ya está siendo un problema para las derechas europeas y que puede serlo todavía mucho más, si la escalada que se está produciendo en este momento conduce a una prolongación indefinida de la misma. Pedro Sánchez ha tomado la iniciativa en el 'No a la guerra' a escala no solamente española sino europea. Cuanto más tiempo se mantenga el escenario de guerra, más incómoda va a ser la campaña para el PP, que tendrá que intentar diferenciarse de Vox, pero sin parecer que coincide con el Gobierno. Reducir el tiempo antes de acudir a las urnas se ha convertido en algo apremiante para el presidente andaluz.

En segundo lugar, porque, en el momento en que decidió adelantar las elecciones unas semanas, Vox no tenía todavía designado su candidato para liderar el partido y, en consecuencia, tenía que improvisar una candidatura con el riesgo que una improvisación supone en todo proceso electoral. 

Y en tercer lugar y sobre todo, porque, en el momento en que decidió adelantar las elecciones, la desunión de los partidos de la izquierda no socialista era manifiesta. La reducción en varias semanas de tiempo para que pudieran ponerse de acuerdo parecía un golpe definitivo para que pudieran hacerlo.

Posiblemente, este era el motivo más importante para adoptar la decisión de convocar para el 17 de mayo. Intentar conseguir que la izquierda no socialista se quedara en los cinco escaños de 2022.

Y aquí es donde su decisión ha sido más errónea. Acortar el plazo reduce hasta el punto de casi anular la posibilidad de discutir, que es lo que más divide a las izquierdas. El plazo fijado en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para la formación de coaliciones es tan reducido que los partidos no pueden enredarse en pactar las diferencias que los separan, sino que les obliga a cerrar el pacto de manera insoslayable. 

Esto es lo que le ocurrió a Macron, cuando, tras las elecciones al Parlamento Europeo, decidió disolver y convocar las elecciones legislativas. Pensaba que la izquierda no iba a ser capaz de concurrir conjuntamente y que, en la segunda vuelta acabarían votando a su partido, a fin de que no ganara el partido de Le Pen. Pero ocurrió lo contrario. Las izquierdas no tuvieron tiempo para discutir y concurrieron conjuntamente y ganaron las elecciones. El desconcierto en que se encuentra Macron tuvo su origen en el adelanto electoral.

Esto es lo que ha ocurrido en esta semana en Andalucía. Se ha formalizado el acuerdo entre IU, Movimiento Sumar y Podemos y otros cuatro partidos menores para concurrir juntos a las elecciones. Políticamente supone un cambio importante, por cuanto de todos son conocidas las tensiones en el seno del espacio a la izquierda del PSOE, especialmente entre Sumar y la formación que dirige Ione Belarra. Nada más que hay que ver la recepción que ha tenido en los medios de comunicación progresistas el acuerdo para deducir que se trata de un anuncio de trascendencia en un momento en que las urnas están castigando severamente la desunión de las izquierdas. 

El acuerdo se ha alcanzado, además, en un momento en que se está produciendo un cambio en la dirección del viento. Las elecciones presidenciales en Portugal, las municipales en Francia, las legislativas en Dinamarca, el referéndum en Italia nos está indicando que la resistencia frente al avance de la derecha está empezando a tener consistencia en el continente europeo. Está por ver qué impacto tendrá el citado acuerdo cuando llegue el momento del escrutinio, pero sin duda es un paso en una buena dirección. Cualquier iniciativa que se encamine a no dispersar los votos de la izquierda debe ser bienvenida. No es solamente la mayoría absoluta lo que pueda estar en juego el 17 de mayo, sino de qué color es la mayoría para la formación del Gobierno. Lo que parecía impensable hace una semana ya no lo es tanto. 

El pasado 23 de marzo el director de The New Republic, Michael Tomasky, se interrogaba de manera retórica:“¿Qué es lo más aterrador de la guerra de Irán?” (The scariest thing about this War?), para despejar el interrogante a continuación con un rotundo: “Que él (Donald Trump) está sentado en el Despacho Oval ”(He´s sitting in the Oval Office). Este era el título del artículo.

La combinación de un presidente errático y corrupto que es, al mismo tiempo, el comandante en jefe del ejército más poderoso que se ha conocido en la historia de la humanidad, convierte la guerra de Irán en una amenaza aterradora a escala mundial.

Se trata de una guerra sumamente anómala, ya que, en el Congreso, que es el órgano constitucional que tiene atribuida la facultad de declarar la guerra, no se ha producido un debate antes de que se iniciaran las operaciones bélicas, pero sí se han producido, hasta el momento, dos debates acerca de por qué no se debían poner límites a cualquier decisión presidencial respecto del futuro de las mismas. Se ha producido la inversión más completa de la lógica constitucional. El Congreso ha aceptado que la guerra se puede iniciar sin su consentimiento. Como consecuencia de ello, entiende que no puede no aceptar que la guerra continúe sin contar con dicho consentimiento. Con el no debate sobre el momento inicial de la guerra y con el doble debate con resultado negativo sobre cualquier posible límite a la continuidad de la misma, el Congreso se ha desposeído formal y materialmente de la facultad constitucional de hacer la guerra y se la ha transferido al presidente, que, justamente por ello, carece de límites.

Y no a un presidente cualquiera, sino a Donald Trump. Una vez adoptada esta decisión, es imposible saber qué es lo que puede ocurrir y hasta dónde puede llegar la escalada. Es fácil imaginar, dice Tomasky, que Donald Trump se aburre literalmente de la guerra, especialmente si los acontecimientos no se suceden de la forma en que él los había imaginado y, como consecuencia de ello, las encuestas empiezan a arrojar resultados negativos o muy negativos sobre su gestión de la misma. La tentación de anunciar que se ha conseguido la victoria y que no tiene sentido continuar con la presencia de tropas en el Golfo se convierte en irresistible.

Pero también es fácil imaginar lo contrario y que el presidente pueda optar por la dirección opuesta y decida que, una vez que ha acumulado una enorme cantidad de efectivos, no tiene sentido no aprovechar la ocasión para invadir Irán, apoderarse del uranio enriquecido y poner fin por el tiempo en que es posible hacer predicciones a la amenaza atómica.

Ante este escenario la reacción del Gobierno español de decir no a la guerra y de no autorizar el uso de las bases de Rota y Morón y cerrar el espacio aéreo para cualquier intervención en la guerra, es la mejor de las reacciones posibles. Es la misma senda que han seguido a continuación varios países de la Unión de manera expresa e implícitamente los demás y la propia Unión.

Pienso que la guerra tiene todavía recorrido y que el chantaje de los Estados Unidos puede activarse de forma acentuada en cualquier momento. El escenario aterrador no puede ser descartado mientras Donald Trump continúe en la Casa Blanca. 

El anuncio de Moreno Bonilla de convocar las elecciones andaluzas el 17 de mayo ha supuesto una sorpresa a pesar de que tenían que celebrarse necesariamente antes de finales de junio. El hecho de que se hayan adelantado unas semanas, demuestra que hay cierto temor a que el viento sople en contra. 

Aunque es difícil calibrar el efecto que pueda tener el complicado escenario internacional en unas elecciones autonómicas, todo indica que el 'No a la guerra', mayoritariamente instalado en la población española, podría pasarle factura a un Partido Popular incómodo con las decisiones de Trump pero incapaz de desligarse de sus posiciones, muy influido por las tesis de Aznar y FAES.

Solo el tiempo dirá si Moreno Bonilla ha acertado, pero los 50 días que quedan hasta la celebración de elecciones, en un mundo en guerra, donde se han roto algunas cadenas de suministro esenciales y la escasez de petróleo amenaza la economía mundial puede ser un período de tiempo muy largo con el viento soplando en contra. Veremos. 

La identidad de la Unión Europea fue el resultado de la imposición de la democracia como forma política a escala continental. En la Europa predemocrática, la Unión Europea era imposible. En la Europa democrática es indispensable. 

El continente europeo, desde el colapso del Imperio Bizantino en 1453 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, ha sido testigo de una permanente lucha por la supremacía, en la que se han producido alianzas y coaliciones bélicas entre distintos territorios, la mayor parte de los cuales antes del siglo XIX no tenían siquiera la condición de Estados tal como los entendemos hoy.

Quiere decirse, pues, que la guerra ha sido el eje en torno al cual ha girado la coexistencia entre los diferentes territorios y Estados antes de que la democracia hiciera acto de presencia en el continente en el siglo XX. 

Serían las dos últimas guerras europeas del siglo XX, que acabarían convirtiéndose en dos Guerras Mundiales, las que acabarían conduciendo a la génesis de la democracia la primera y a la imposición como única forma política aceptable la segunda.

La democracia nace en el continente europeo tras las Primera Guerra Mundial a través de la imposición del sufragio universal masculino y femenino en Inglaterra y las monarquías parlamentarias del norte de Europa o mediante la transformación de las demás monarquías no parlamentarias en repúblicas. Es ese el momento en que se identificaría al “pueblo” como lugar de residenciación del poder, que es la exigencia inexcusable del principio de igualdad para que el Estado Constitucional sea técnicamente organizable. De ese lugar de residenciación del poder derivaría la definición normativa canónica del principio de legitimidad democrática: “El poder reside en el pueblo del que emanan todos los poderes del Estado”. 

Pero la democracia tras la Primera Guerra Mundial no pone fin a la guerra como eje en torno al cual va a girar la lucha por la supremacía continental, sino todo lo contrario. Casi desde el momento mismo en que acaba la Primera Guerra Mundial, se inicia la preparación de la que acabaría siendo la segunda. 

Será con el final de esta segunda cuando la democracia se estabiliza como forma política y cuando se convertirá en una forma política no susceptible de ser siquiera sometida a discusión. Una vez consolidada la democracia en los años inmediatamente posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, en la mayor parte de los Estados de Europa occidental se iniciaría el proceso de construcción política democrática a escala continental.

A diferencia de lo que había ocurrido en los siglos anteriores, el No a la guerra será el eje que presidirá el horizonte de dicho proceso. En el No a la guerra está la raíz constituyente de lo que ha acabado siendo la Unión Europea.

En las décadas de los cincuenta, sesenta, setenta y ochenta la inmensa mayoría de los países de Europa Occidental se convertirán en Estados miembros de las Comunidades Europeas. Portugal y España serían los dos últimos en incorporarse en 1986.

Con la caída del Muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión Soviética, el parsimonioso proceso de las décadas anteriores para culminar la integración de los Estados europeos occidentales se aceleró de manera notable en los Estados europeos orientales. En 1992 con el Tratado de Maastricht las comunidades europeas darían paso a la Unión Europea, en la que han llegado a integrarse 27 Estados.  

En la democracia está, pues, la identidad de la Unión Europea, que es una comunidad jurídica más que una comunidad política. La fuerza de la Unión Europea es la fuerza del Derecho. No puede existir sin el respeto escrupuloso de sus Tratados constitutivos y de las demás normas que se van aprobando de la forma en ellos previstos. Para garantizar dicho respeto la Unión Europea dispone de un poder judicial propio cuyas decisiones son de obligado cumplimiento por todos los Estados.

Obviamente el respeto del Derecho Internacional y la autoridad de Naciones Unidas en general, y en particular en materia de declaración de guerra, forma parte también de la identidad de la Unión Europea. De dicho respeto depende la propia supervivencia de la Unión Europea. 

Esta identidad de la Unión Europea fue desafiada en 2003 por los Estados Unidos con la guerra de Irak y está siendo desafiada en este 2026 con la guerra de Irán. 

En 2003 los Estados Unidos consiguieron dividir a la Unión Europea y dividirla además de manera visible y solemne en una votación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que Francia y Alemania se opusieron vehementemente a la guerra, mientras que el Reino Unido y España se alinearon con los Estados Unidos. De aquella votación vino la distinción por parte de Donald Rumsfeld entre la “vieja” y la “nueva” Europa sin que se entienda muy bien por qué la Europa que representan Alemania y Francia es más vieja que la que representan Reino Unido y España. Pero lo que quería decir se entendió por todos.

La guerra de Irak supuso un shock, que obligó a los países constitutivos de la Unión Europea a reflexionar sobre su propia identidad y su lugar en el mundo. Dicha reflexión se expresaría a través de manifestaciones masivas contra la guerra en las ciudades europeas o en reflexiones intelectuales como las del recientemente fallecido Jürgen Habermas y Jacques Derrida, que articularon una visión kantiana de la identidad europea enraizada en el multilateralismo, el derecho internacional y el poder blando (soft power). En contra de lo que pareció ser en un primer momento, la guerra de Irak de 2003 se convirtió en un momento central en la afirmación de la identidad europea. Especialmente tras el reconocimiento del fracaso por quienes pusieron en marcha la operación bélica. Con la excepción de José María Aznar, todos se han disculpado por la decisión. 

El segundo desafío que está suponiendo la guerra de Irán es distinto y mucho más preocupante. En 2003 los Estados Unidos se sintieron obligados a debatir en Naciones Unidas y a intentar justificar ante la opinión pública mundial la razón que le asistía para llevar la guerra a Irak. No aceptaron la decisión de Naciones Unidas e hicieron una guerra ilegal, pero no marginaron por completo a la institución y no dejaron de sentir la necesidad de dar explicaciones. 

En 2026, Donald Trump no solamente ha anunciado, en declaraciones a The New York Times, que no se considera limitado por el Derecho Internacional, sino únicamente por “su propia conciencia”, sino que, además, ha dejado clara cual es Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, en la que las Naciones Unidas y el derecho internacional brillan por su ausencia.

El orden mundial sin reglas no es cosa del futuro. Está ya aquí. Las ejecuciones extrajudiciales en las costas venezolanas, el secuestro de Nicolás Maduro, la apropiación de facto del petróleo de Venezuela, la amenaza sobre Groenlandia, el chantaje a México y la guerra de Irán son manifestaciones de ese mundo sin reglas. Es un elemento constitutivo de la estrategia de Donald Trump. 

También en este desafío pareció en un primer momento que la Unión Europea podía dividirse, como lo hizo en 2003, y que podía dejar arrastrarse por Estados Unidos en sus aventuras unilaterales. Pero no ha sido así por el momento. El “No a la Guerra” de Pedro Sánchez ha conseguido que los países de la Unión Europea y la propia Comisión Europea hayan ido corrigiendo lo que parecía ser una pulsión seguidista de la política de los Estados Unidos, para acabar reafirmando el no a la guerra como seña de identidad de la Unión.

El “No a la Guerra” de Pedro Sánchez se ha convertido en “esta no es nuestra guerra” del conjunto de los países de la Unión Europea. 

El desafío de los Estados Unidos a la Unión Europea no ha hecho más que comenzar y queda mucho recorrido por delante. La visión kantiana de Habermas y Derrida necesita ser reafirmada, porque dicha visión es la raíz constituyente de la Unión Europea. 

La imagen de los líderes de los 27 países de la UE con el secretario general de la ONU, António Guterres, este jueves en la cumbre de Bruselas escenifica muy bien la esencia de Europa, una entidad jurídica basada en reglas, en el respeto al Derecho y a la democracia frente a la ley del más fuerte que Trump, Netanyahu y sus aliados están tratando de imponer. 

A pesar de los titubeos iniciales de algunos líderes europeos, la posición decidida del Gobierno de España, rechazando la agresión ilegal de Estados Unidos e Israel a Irán, ha conseguido marcar el paso de una Unión Europea que, no sin contradicciones, parece haber encontrado una posición común de rechazo a esta guerra. Esperemos que los elementos trumpistas en el seno de la Unión Europea -Abascal y Ayuso en España- no logren imponer su tesis porque lo que está en juego no es solo la participación en una guerra ilegal. Se busca la desestabilización de la Unión Europea y lo que representa: democracia y derechos. La vuelta a un mundo sin reglas nos llevaría inexorablemente a una supeditación a otras potencias como Estados Unidos. Y en cuanto a nuestro modelo de vida, supondría el fin del Estado de Derecho, como está sucediendo en Estados Unidos. 

La suerte ha querido que al frente del Gobierno de España esté el gobierno de coalición progresista y no Feijóo, que seguiría los dictados de Aznar y FAES: seguidismo de Estados Unidos en su voluntad por hacer caer el orden internacional establecido. Qué distinta sería la posición de Europa si el presidente del gobierno no hubiera plantado cara a Trump, a pesar de sus amenazas. Por eso, en cada elección que se produce en España, no nos jugamos solo como se resuelven los problemas domésticos. Nos jugamos un modelo de vida, el nuestro, el europeo, que apuesta por la democracia y los derechos frente a la Ley del más fuerte de Trump y los suyos. 

La semana en la que se cumplen 22 años de los terribles atentados del 11M en Madrid vuelve a resonar con fuerza el 'No a la guerra' que entonces los españoles y españolas gritamos contra la guerra de Irak y entre cuyas consecuencias se encuentra el terrorismo yihadista que nos golpeó tan duramente.

Hasta ahí los paralelismos, porque entonces Aznar nos llevó con entusiasmo a participar en una guerra para buscar unas supuestas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Para ello no se escatimaron esfuerzos en convencer a la ONU de que era necesaria y se buscó el amparo del Derecho Internacional, aunque fuera con mentiras. 

Hoy la ONU ha perdido el papel relevante que tuvo entonces, ninguneada por Trump y Netanyahu, que ni siquiera han intentado convencernos de que se seguían las reglas del Derecho Internacional. Y el Gobierno de coalición de nuestro país ha rechazado de plano la participación en una guerra como esta, que se ha extendido ya a más de una docena de países, y ha negado a EEUU la utilización de las bases militares de Rota y Morón.  

En el plano interno, Aznar ha manifestado su apoyo a Estados Unidos e Israel, marcando así la posición del Partido Popular, desconociendo el sentir de la inmensa mayoría de españoles y españolas que vuelve a gritar No a la Guerra. 

Hace una semana del ataque ilegal conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Desde entonces, el conflicto se ha extendido a trece países y se ha cobrado unas mil víctimas. Y ya está teniendo consecuencias sobre el comercio internacional, las bolsas y los precios de los derivados del petróleo. 

Donald Trump vuelve a mostrar su absoluto desprecio al Derecho Internacional, no preocupándose siquiera de justificar el ataque en base a sus reglas. El orden internacional parece haber saltado por los aires dejándonos un mundo sin orden ni concierto. Tampoco ha contado con la autorización del Congreso, paso previo imprescindible según la Constitución norteamericana. Si no entiende de límites internos como va a reconocer los externos. 

En lo que respecta a España, la posición clara del Gobierno de coalición, recogiendo el sentir mayoritario de la opinión pública, no ha gustado al presidente norteamericano, que lleva días amenazando a España. La negativa a dejar que las bases estadounidenses en suelo español sean utilizadas en una guerra ilegal deja clara la posición española, en contra de una guerra que incumple con las exigencias del Derecho Internacional. Sin embargo y de manera inexplicable, el Partido Popular abraza las posiciones de Trump justificando el ataque ilegal y culpando al gobierno español de las consecuencias que pueda traernos la negativa a someternos al presidente norteamericano. 

En la Unión Europea la posición no es unánime, pero parece que empieza a primar un sentimiento contrario a esta guerra ilegal que no sabemos qué consecuencias puede acarrear. Veremos la evolución de todo esto. 

Este es el título del podcast de 2 de marzo de la revista Slate. Títulos similares, aunque no tan contundentes, han aparecido a lo largo de estos días en diarios y revistas publicados en los Estados Unidos. Algunos poniendo el énfasis en la legalidad internacional y otros en la legalidad interna, empezando por la propia Constitución, que es por donde, en mi opinión, hay que empezar.

Porque la guerra contra Irán es, ante todo, anticonstitucional, ya que se vulnera de manera flagrante la división de poderes que figura en el texto constitucional. La decisión de hacer la guerra es competencia del Congreso. La dirección de las fuerzas armadas, una vez declarada la guerra, es competencia del presidente de los Estados Unidos.

La lógica de la división salta a la vista. Primero hay que debatir si se debe declarar la guerra y por qué. Es algo que solo puede hacer un órgano único, pero múltiple, en el que esté representado el conjunto de la sociedad. Con base en el principio de legitimidad democrática no cabe otra alternativa. 

Una vez debatida y explicada a través del debate a la opinión pública, la conveniencia o incluso la inevitabilidad de tomar dicha decisión, es al presidente de los Estados Unidos en cuanto comandante en jefe de las fuerzas armadas al que corresponde ejecutar la decisión adoptada por el Congreso.

En el momento parlamentario está la legitimidad de la decisión. En el momento presidencial está la eficacia de la operación. Si no hay debate parlamentario en el origen, no se puede saber por qué se va a hacer uso de la fuerza, ni qué objetivo se persigue con la misma. Ni hasta dónde alcanza la autoridad del presidente. Si no hay unidad en la dirección de las fuerzas armadas, es difícil, por no decir imposible, que se pueda hacer un uso eficaz de las mismas.

De esta separación entre el momento parlamentario y el momento presidencial es de la que se ha prescindido por completo por parte del presidente Donald Trump, no solamente en la guerra de Irán, sino de forma generalizada. En su interpretación de la fórmula de gobierno de los Estados Unidos, al ser la presidencia el único órgano que el constituyente previó que fuera elegido por todo el pueblo de los Estados Unidos, hay una habilitación implícita para hacer un uso unitario del poder siempre que las circunstancias, en su opinión, lo exijan.

Con dicha habilitación se puede justificar la imposición de aranceles, la creación o supresión de agencias federales, coaccionar a las Universidades en la elaboración de sus programas de estudio e investigación y, por supuesto, la decisión de utilizar la fuerza fuera de las fronteras en ejecuciones extrajudiciales, como lo ha venido haciendo con determinadas embarcaciones en las costas de Venezuela, o para capturar al presidente del país y someterlo al control de los tribunales americanos o para apoderarse de los recursos minerales, especialmente del petróleo. O para presionar a México para que actúe de una determinada manera contra los cárteles de la droga dentro de su propio territorio. O para intervenir en Ecuador.

O para hacer la guerra a Irán. Al eximirse del límite interno, Donald Trump se está eximiendo de cualquier límite externo. Como dijo en una entrevista a periodistas del New York Times, el único límite que reconoce es el de su propia conciencia.

Ya de por sí, esta interpretación de la presidencia de los Estados Unidos es jurídicamente monstruosa. Pero Donald Trump la está llevando todavía más lejos. Está afirmando, por ejemplo, que el Estado español no puede limitar el uso que él decida hacer de las bases americanas en España, a pesar de que existen tratados en que dicha cuestión está regulada. Hasta el momento el presidente del Gobierno español no ha aceptado la interpretación del presidente de los Estados Unidos. De ahí viene la agresión verbal que está recibiendo y la amenaza de sanciones de momento comerciales.

Como me temo que la agresión no va a quedar aquí, pienso que sería urgente que Pedro Sánchez solicitara la convocatoria de un Pleno del Congreso de los Diputados para explicar la política que ha decidido poner en práctica respecto del uso de las bases americanas en la guerra de Irán y recabar la opinión de la Cámara.

Sería el momento para que Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal pudieran proponer una política alternativa, si es que la tienen, y que el Congreso de los Diputados decidiera qué debe hacerse. 

El debate surgido en torno a la necesidad de una candidatura unitaria a la izquierda del PSOE ha cobrado fuerza en las últimas dos semanas, a raíz de la propuesta de Gabriel Rufián y de la presentación el sábado 21 en Madrid de una nueva coalición formada por Más Madrid, los Comunes, Izquierda Unida y Movimiento Sumar y abierta a nuevas incorporaciones. Parece claro que ante el auge de la extrema derecha, la necesidad de buscar nuevas fórmulas que además de conjurar las trampas del sistema electoral pueda ilusionar a la mayoría progresista de este país se abre camino. 

Más lejos aún van propuestas como la de Javier Pérez Royo, coautor de este videoblog, avanzada en este diario, en el que apuesta por una unidad electoral con el PSOE en el Senado, que en la próxima legislatura tiene que renovar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, dos piezas fundamentales en el engranaje de poderes constitucionales. Un acuerdo entre toda el ala izquierda con el PSOE impediría además el uso fraudulento de esta Cámara, que está siendo utilizado por el Partido Popular para atacar al gobierno progresista de coalición retorciendo su posición y funciones constitucionales. 

Ayer jueves se hizo público el auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que rechaza el incidente de nulidad de actuaciones que Álvaro García Ortiz había interpuesto contra la sentencia que lo condenó no se sabe muy bien por qué, pero que lo condenó, poniendo fin con ello a su condición de fiscal general del Estado. 

Nadie tenía la más mínima duda de que la decisión del TS iba a ser la que ha sido, de la misma manera que tampoco la hubo de que la sentencia sería la que fue. La dimisión como fiscal general del Estado previa a la apertura del juicio oral era la única forma que tenía Álvaro García Ortiz de evitar la condena. No quiero decir que, si hubiera dimitido, no habría sido condenado, pero sí que, sin dimisión, la condena era segura. Los avisos de la Sala Segunda del TS no pueden no ser atendidos, pues es la credibilidad de la propia Sala lo que está en juego. Si no atiende el aviso y me obliga a llegar hasta aquí, allá usted. Esa es la manera de proceder de la Sala Segunda del TS. 

Obviamente, una vez que se ha dictado la sentencia, estaba claro que la Sala Segunda no iba a aceptar que la condena se había producido con vulneración de derechos fundamentales, a pesar de que se trataba de un caso para el que el incidente de nulidad de actuaciones viene como anillo al dedo, porque no creo que haya habido ningún otro en el que las vulneraciones de derechos fundamentales hayan sido tan numerosas y tan flagrantes. Con el incidente de nulidad de actuaciones la Sala Segunda podría haberse ahorrado el bochorno por el que va a tener que pasar con la fundamentación jurídica de la sentencia del Tribunal Constitucional.  

El Auto conocido ayer estaba, en consecuencia, “descontado”, por decirlo en términos de la información propia de las cotizaciones de acciones en la bolsa.

La buena noticia procede de que se haya dictado en un tiempo razonable. El riesgo para Álvaro García Ortiz residía en que la Sala Segunda se demorara en resolver, ya que no tiene fijado un plazo para dar respuesta al mismo. La interposición del incidente no tenía más finalidad que la de que se abriera la puerta al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Una vez abierta la puerta, no hay la más mínima duda de que la sentencia condenatoria de la Sala Segunda será anulada por vulneración de los derechos fundamentales que el TS no reconoce en su auto. 

Dada la velocidad con la que ha procedido la Sala Segunda del TS en la instrucción y en el enjuiciamiento del caso, cabe esperar que proceda de la misma manera el Tribunal Constitucional y que el recurso de amparo sea resuelto en un plazo acorde al que ha necesitado la Sala Segunda para dictar sentencia y para resolver el incidente de nulidad de actuaciones. 

La luz al final del túnel empieza a verse. Es una buena noticia para la justicia española. A pesar de todos los pesares, el Estado español va a poder demostrar que es un Estado democrático de Derecho. 

En pocas semanas se conocerá también la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Ley de Amnistía a la que seguirá la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la aplicación desviada de la misma por la Sala Segunda del TS a Carles Puigdemont. 

Todo parece indicar que esta primavera va a ser primavera en la Justicia española, respecto de asuntos que han generado un dolor inmenso y una desconfianza enorme en nuestro sistema de administración de justicia.