El accidente ferroviario de Urda de la semana pasada, colocaba en el centro del debate político la gestión de Óscar Puente, un Ministro de Transportes que había visto como dos trágicos accidentes en menos de un año se habían cobrado más de cien vidas. Desde la oposición frontal de PP y Vox hasta los socios de gobierno del Partido Socialista habían reclamado al dimisión de un ministro que desde el primer momento dio la cara ante los medios de comunicación. 

En una comparecencia a petición propia ante la Diputación Permanente el día 3 de Noviembre, el Ministro dió todas las explicaciones que consideró donde debía darlas, en la sede de la soberanía popular, el Congreso de los Diputados. Y obligó así, también a poscionarse a los distintos grupos del arco parlamentario. Después de varias horas de intenso debate, el ministro dimitió. Lo hizo cuando debía, después de dar las explicaciones oportunas en el Congreso del los Diputados, poniendo en valor el lugar que el Parlamento debe jugar en un sistema parlamentario de gobierno. 

Pero no siempre fue así. En la hemeroteca queda lo que dijeron e hicieron los responsables políticos que tantas explicaciones reclaman ahora tras tragedias como la del Yak-42, el accidente de Angrois o la Dana de Valencia. 

Desde que se produjo el accidente de Urda parecería que no ha habido tema más presente en el escenario político que la dimisión del ministro Óscar Puente. Apenas si se ha hablado y escrito de otra cosa durante los seis días transcurridos desde el accidente hasta la comparecencia a petición propia del ministro en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Y, sin embargo, mi impresión es que, aunque formalmente se ha estado hablando y escribiendo de la dimisión del ministro, materialmente se ha estado haciendo algo distinto: intentar conseguir lo que se lleva intentando desde que empezó la legislatura: poner fin a la presencia de Pedro Sánchez en el sistema político, evitando que pudiera concurrir a las próximas elecciones como candidato a la presidencia del Gobierno en representación del PSOE. Formalmente, se apuntaba a Óscar Puente. Materialmente, se disparaba contra Pedro Sánchez. 

Óscar Puente no ha gastado ni un minuto de su tiempo en diseñar una estrategia para eximirse de la responsabilidad política por el accidente de Urda. Esto es lo que lo diferencia de la conducta de Federico Trillo en el YAK-42, de Ana Pastor en el accidente de Angrois o de Carlos Mazón por la dana o de Isabel Díaz Ayuso por los 'protocolos de la vergüenza'. Con más vidas perdidas en todas ellas que en el accidente de Urda.

Esta es la razón por la que el ministro compareció ante los medios de comunicación y dio respuesta a todas las preguntas que se le formularon por los diferentes periodistas de todos los medios de comunicación sin dejar de atender a ninguno de ellos. Y a continuación solicitó la comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar explicaciones ante los representantes de los diferentes grupos parlamentarios, oír sus críticas y responder a sus preguntas.

La traslación de la respuesta al accidente de la rueda de prensa a la sede parlamentaria es lo que para la derecha española ha resultado insoportable, cuando debería haber sido lo contrario. Para los parlamentarios de PP y Vox debería ser tan obvio, como lo ha sido para el ministro, que una rueda de prensa no es lo mismo que una comparecencia en la Diputación Permanente. Por mucho que sea el respeto que se tenga por los periodistas en el ejercicio de la función constitucional de transmitir información veraz, no puede equipararse su posición a la de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios que conjuntamente representan la soberanía nacional en el ejercicio de control de la acción de Gobierno. La cita del 3 de noviembre ha sido la forma que ha tenido el ministro de expresar su respeto a las víctimas de la tragedia y a sus familiares. Y de respeto también al Congreso de los Diputados. No había forma más solemne de hacerlo. 

No se hizo con las víctimas del YAK-42, con las del accidente de Angrois, con las de la dana de Valencia o con las de los 'protocolos de la vergüenza' de Madrid. Con algunas ha habido funerales de Estado, como los va a haber también con las del accidente de Urda. Pero un funeral de Estado no es, ni de lejos, comparable a una comparecencia parlamentaria en la que los representantes del “pueblo español” tiene la posibilidad de fijar su posición sobre lo ocurrido.  

De esto es de lo que se ha preocupado el ministro. Las familias de las víctimas y el conjunto de la sociedad disponen hoy de una explicación detallada de todo lo que se sabe de lo ocurrido por parte del ministro con las opiniones de todos los grupos parlamentarios. Tal vez se debería tomar como modelo para aprobar un protocolo de cómo se debe de proceder en el futuro.

La reacción de PP y Vox ante la respuesta parlamentaria únicamente resulta explicable si el objetivo no era Óscar Puente, sino Pedro Sánchez. La derecha española, en connivencia con algunos de los que fueron máximos dirigentes del PSOE, con el concurso de jueces y magistrados de diversos tribunales de varias comunidades autónomas, así como de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, lleva intentando conseguir a lo largo de toda la legislatura que Pedro Sánchez no sea el candidato a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales.

Hasta el momento no lo han conseguido, aunque lo han intentado en este final de legislatura con Ceuta y han entrevisto la posibilidad de hacerlo con Urda. Para ello la figura de Óscar Puente era un obstáculo. Una dimisión sin explicación en sede parlamentaria del accidente por el ministro, permitía trasladar la responsabilidad inmediata del accidente al presidente del Gobierno, al que tal vez se le hubiera exigido que compareciera ante la Diputación Permanente con carácter urgente. Ya que no podemos impedir que se presenta, ensuciemos su figura lo más posible inmediatamente antes de que empiece la campaña electoral. 

La decisión, impecable desde un punto de vista político-constitucional de Óscar Puente, de comparecer y dar explicaciones en sede parlamentaria y después dimitir ha frustrado la estratagema del PP.

Las reacciones posteriores de los dirigentes del PP están dejando clara su frustración. En un corte en Hora 14 de la SER he oído que Alberto Núñez Feijóo ha calificado la dimisión en sede parlamentaria de Óscar Puente como la “forma más indigna” de dimitir. 

¿Qué entenderá Núñez Feijóo por dignidad?

La democracia es, ante todo, acuerdo sobre determinados principios que no pueden ser siquiera sometidos a discusión. En una sociedad democráticamente constituida se puede discutir “casi” todo, pero no todo. Es la indiscutibilidad de unos pocos principios lo que nos permite discutir civilizadamente todo lo demás. 

Que únicamente las personas físicas son los titulares del derecho de sufragio es uno de esos principios no susceptibles de ser sometidos a discusión. No se ha identificado jamás ni en la doctrina académica ni en alguna decisión judicial ni un solo supuesto en que se haya considerado que una persona jurídica podía ser titular de tal derecho.

Que Iustitia Europa y Vox no son personas físicas sino jurídicas tampoco es discutible. Como consecuencia de ello, no pueden ser titulares del derecho de sufragio. No puede, por tanto, habérseles vulnerado un derecho de cuya titularidad carecen. Por nadie. Ni por las personas que han adquirido la nacionalidad en aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y de la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 25 de octubre de 2022, ni por la Junta Electoral Central, ni por nadie. 

La titularidad de un derecho es el presupuesto de hecho inexcusable para la vulneración del mismo. Este principio es previo a la ley e indisponible incluso para el propio legislador. El legislador que regula el recurso de protección de los derechos fundamentales no puede otorgar legitimidad para interponer el recurso a quien no acredita previamente la titularidad del derecho que considera que le ha sido vulnerado. 

La legitimidad para interponer un recurso es el punto de intersección entre la titularidad y el ejercicio de un derecho fundamental. Este punto de intersección es lo primero que tiene que argumentar quien interpone un recurso de esta naturaleza y es lo primero que tiene que comprobar un órgano judicial cuando tiene que iniciar la tramitación de un recurso por protección de derechos fundamentales.  

¿De qué derecho es usted titular? ¿Quién y de qué manera considera usted que le ha sido vulnerado? Esto es lo primero que el órgano judicial tiene que preguntarle a quién recurre. Sin respuesta jurídicamente indiscutible a estos dos interrogantes el recurso no puede ser admitido a trámite. El recurrente tiene que hacer visible la intersección entre el derecho del que dice que es titular y la vulneración de la que considera que ha sido objeto.

Nada de esto se ha producido en el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo por Iustitia Europa y Vox contra la decisión de la Junta Electoral Central de abstenerse en la demanda de ambas organizaciones contra la inscripción en el censo electoral de las personas que habían adquirido la nacionalidad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática y la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica. Ni los recurrentes han acreditado la titularidad del derecho de sufragio y la consiguiente vulneración del mismo, ni el Tribunal Supremo ha exigido que lo hagan. 

Es un recurso que carece de objeto. Por eso no entiendo por qué el Tribunal Constitucional ha considerado que era prematuro la interposición del recurso de amparo por el Defensor del Pueblo.

La sentencia del Tribunal Supremo contra la que el Defensor del Pueblo interpuso el recurso de amparo es una sentencia nula de pleno derecho por manifiesta falta de legitimidad por quienes interpusieron recurso contra la decisión de la Junta Electoral para poder hacerlo. Esto es lo que debió decir el Tribunal Constitucional.

Aquí no ha habido más que rebelión del Tribunal Supremo contra la ley de memoria democrática, a la que el Tribunal Supremo está sometido. Eso tiene un nombre.  

En las elecciones generales del próximo 29N no nos jugamos solo si vamos a pagar más o menos impuestos, si habrá más dinero para la educación concertada y menos para las Universidades Públicas o qué tipo de sanidad pública queremos. Nos jugamos un cambio de modelo, porque Vox, que podría entrar en el gobierno de la mano del Partido Popular, supone una enmienda a la totalidad a la Constitución española. 

Recordemos como la Constitución de 1978 apostó por la descentralización territorial del poder que ha permitido el desarrollo del Estado de las Autonomías y por un Estado Social y Democrático de Derecho que colocaba los derechos de los ciudadanos en el centro. Un marco, que aún con sus imperfecciones, nos ha permitido avanzar en derechos de igualdad entre hombres y mujeres, tener un sistema educativo público, sanidad universal y un modelo de pensiones que garantiza nuestra subsistencia en el último tramo de vida. Sin embargo, todo eso podría saltar por los aires si el programa de la ultraderecha se impone, cuestionando además derechos históricos como el aborto, la muerte digna o la igualdad de derechos del colectivo LGTBI. No se trata solo de que cuestionen el cambio climático, negando la realidad o que hablen de libre mercado. Se trata de que podrían acabar con el sistema de derechos y libertades que nos dimos en el 78. Y ante esto, sólo se puede sentir vértigo, vértigo constitucional porque podríamos perder lo conseguido hasta ahora. 

Julian Borger, editor de asuntos internacionales en The Guardian, ha publicado este pasado domingo un artículo con el título 'Diez días que pueden sacudir el mundo', en el que sostiene la tesis de que la alternativa entre autoritarismo y democracia se puede ver afectada decisivamente en los diez días que van desde las elecciones en Brasil y Serbia el 25 de octubre y las elecciones de mitad de mandato en los Estados Unidos el 3 de noviembre, con las de Israel del 27 en medio de todas ellas. 

Toma como punto de partida la investigación del V-Dem Institute con sede en Suecia, uno de los centros de estudio más respetados en todo el mundo acerca de la calidad de la democracia, en la que llega a la conclusión de que “las libertades democráticas disfrutadas por el ciudadano global medio hoy han descendido a los niveles de 1978, mucho antes de la caída del Muro de Berlín y del colapso del comunismo en Europa”. 

El conjunto de las cuatro elecciones convocadas para los diez días mencionados, Brasil, Serbia, Israel y Estados Unidos, puede detener el avance de la autocracia que se ha producido en los últimos cincuenta años o fortalecerlo, dependiendo de que el resultado electoral sea favorable a los partidos de derecha y extrema derecha o lo sea a los partidos prodemocráticos. Los resultados en Brasil y Serbia este domingo, con las victorias de Luiz Inácio Lula da Silva y la Lista Estudiantil, respectivamente, invitan a la esperanza.

Para el momento en que, en la noche del 3 al 4 de noviembre, se haga el recuento de los votos en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el mundo del autoritarismo y de la democracia puede parecer completamente distinto. Porque las cuatro elecciones a las que se ha hecho referencia, no solamente van juntas, sino que están entrelazadas. El movimiento MAGA ha dado su apoyo político de una manera explícita a Netanyahu, Vucic y Bolsonaro. La huella israelí de Pegasus se ha encontrado en los teléfonos de los estudiantes activistas por la democracia en Serbia. Bolsonaro apoya decididamente a Israel y se ha comprometido a seguir a los Estados Unidos en el traslado de la Embajada a Jerusalén. Serbia se ha comprometido a gastar dos mil millones de dólares en el sistema de defensa de Israel y en este mismo mes de septiembre ambos países han inaugurado una fábrica de producción de armas de vigilancia y ataque. 

La deriva autoritaria o democrática de los cuatro países ha sido distinta, de acuerdo con la investigación del V-Dem Institute.

Brasil es el único de los cuatro que ha vivido en los últimos años, con la victoria de Lula en las elecciones anteriores, un resurgimiento de la democracia, habiendo escalado en el ranking democrático del Instituto al puesto número 28. El más alto que ha ocupado a lo largo de su historia. 

Serbia ocupa el número 112, tras doce años de gobierno de Aleksandar Vucic, en los que se ha corroído de manera sistemática los pilares de la democracia, de manera similar a como lo hizo Viktor Orbán en Hungría. 

Israel ocupa el número 48 y se enfrenta en estas elecciones a opciones que no se diferencian esencialmente en sus posiciones respecto de Palestina, pero sí en posiciones respecto a la decencia en el ejercicio del poder. Netanyahu es reconocido como el primer ministro más corrupto de la historia del Estado de Israel. Y la corrupción hace imposible el ejercicio democrático del poder y su reconocimiento tanto dentro como fuera del país. 

Estados Unidos, por último, ocupa el número 51. Ningún país occidental se ha desdemocratizado a la velocidad que lo ha hecho Estados Unidos, especialmente en este segundo mandato de Donald Trump. 

Ningún proceso de desdemocratización ha tenido el impacto que el de los Estados Unidos. Sin los Estados Unidos de Trump no se habría configurado la Internacional autoritaria que ha impulsado las opciones autocráticas tanto en el continente europeo como en el americano. 

Únicamente Brasil ha acudido a las elecciones con una experiencia de resurgimiento democrático activa. Serbia lo ha hecho, e Israel y EEUU lo harán, en medio de experiencias autoritarias y corruptas. Es una experiencia conjunta muy apropiada para calibrar la vis atractiva de la democracia y el autoritarismo.

El resultado de las elecciones de este domingo en Brasil y Serbia, y las posibles derrotas de Netanyahu y el trumpismo que vaticinan las encuestas en Israel y Estados Unidos, vistos en su conjunto, apuntalarían un cambio en la dirección del viento de cara al ciclo electoral que se abre el 29 de noviembre en España y que tendrá continuidad en Francia, Italia y Polonia. 

El domingo por la noche se respiraba de una manera distinta. Entre este martes y el próximo se acabará de decidir si nos dirigimos hacia un mundo simplemente más democrático o mucho más democrático. No es poca cosa.

La semana ha estado marcada por la visita del presidente argentino, Javier Milei, que se ha permitido insultar al presidente del Gobierno en un foro público, llamándolo incluso “dictador”. Más allá del daño que eso pueda hacer a la imagen de España y de que los líderes de PP y Vox no han querido verse con él esta vez, para no dañar sus posibilidades electorales, habría que pensar en cómo reaccionar a este tipo de visitas de mandatarios internacionales que se permiten insultar al Presidente y, en consecuencia, a todo nuestro sistema democrático.

Y en medio de todo este ruido, el Partido Popular ha lanzado un vídeo en el que utilizando la Inteligencia Artificial, aparecen Begoña Gómez, Ábalos y Santos Cerdán admitiendo delitos, con el claro propósito de confundir al electorado. Más allá de la responsabilidad por utilizar la voz e imagen de estas personas sin su consentimiento, la Junta Electoral debería intervenir para impedir este tipo de acciones en plena precampaña porque rebasan todos los límites. 

La decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho de voto de ciento sesenta mil personas que han adquirido la nacionalidad a través de la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática, la llamada Ley de nietos, abre una puerta muy preocupante, al negar por primera vez el derecho de voto de nacionales españoles. Lo hace además, usando un subterfugio porque la Ley de Memoria Democrática no ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional y la Instrucción del Ministerio de Justicia tampoco ha sido cuestionado ante los tribunales. Son constitucionales y por tanto, plenamente aplicables. 

En estos momentos en los que una ola reaccionaria recorre el mundo, asumir que haya nacionales sin derecho de voto sienta un precedente muy peligroso para que otros colectivos puedan perderlo. Movimientos como los que piden que las mujeres casadas no voten, presentes ya en los Estados Unidos, se extienden como la pólvora por todo el mundo. Y en este caso, el Tribunal Supremo parece cooperador necesario de esta quiebra del principio de igualdad entre españoles. 

Este pasado miércoles el Tribunal Supremo (TS) ha dado a conocer su respuesta al incidente de nulidad de actuaciones que el exministro José Luis Ábalos suscitó contra la sentencia de la Sala Segunda que lo condenó por varios delitos a una pena de 24 años de privación de libertad. 

En dicha respuesta el TS considera que no se ha producido vulneración alguna de derechos fundamentales del exministro y confirma la sentencia cuya nulidad se insta. Con ello, queda agotada la vía judicial y el exministro puede recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. 

Aunque en el incidente de nulidad de actuaciones la defensa del exministro no se ha limitado a recurrir la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a la segunda instancia en el proceso penal, es sobre la vulneración de esos dos derechos sobre la que tiene que articularse el recurso de amparo y sobre la que tendrá que dar respuesta en su sentencia el Tribunal Constitucional. Si se constatara la vulneración de ambos derechos, la sentencia del TS sería nula de pleno derecho y no sería necesaria argumentación alguna adicional sobre la vulneración de cualquier otro.

En el artículo 71, la Constitución reconoce la inviolabilidad de los Diputados y Senadores en el apartado 1, la inmunidad en el apartado 2 y el fuero jurisdiccional en el apartado tercero. Este último es el único que nos interesa: “En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”

Con esta decisión el constituyente excepciona la vigencia del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a la segunda instancia en el proceso penal, “durante el periodo de su mandato” (art. 71.2 de la Constitución)  

Mientras el Diputado o Senador conserve el acta, la Sala Segunda del TS es el juez ordinario predeterminado por la ley de su conducta y es, además, juez de primera y única instancia. 

¿Qué ocurre en el momento en que el Diputado o Senador pierde el acta y deja de ser miembro de las Cortes Generales? ¿Seguirá siendo competente en las causas contra ellos la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo?

Ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Judicial ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal dicen nada al respecto. Ni ninguna otra norma del ordenamiento jurídico español o de los tratados sobre derechos fundamentales y garantías constitucionales en el proceso penal válidamente ratificados por España. 

La condición de Diputado o Senador es el presupuesto de hecho del fuero jurisdiccional. Sin dicha condición, la Sala Segunda del Tribunal Supremo no puede ser competente en las causas contra ellos. 

Que yo sepa, esto no se ha discutido nunca por nadie. La pérdida de la condición de Diputado o Senador pone fin al fuero jurisdiccional y los exdiputados y exsenadores recuperan sus derechos al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a la segunda instancia en condiciones de igualdad con los demás ciudadanos españoles. La extensión del fuero jurisdiccional vulnera el principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución. 

No lo vulnera el fuero jurisdiccional, porque es una excepción querida por el constituyente. Pero sí lo vulnera la extensión del fuero jurisdiccional sin previsión constitucional que le dé cobertura. Esta vulneración de la igualdad constitucional sí deberá ser alegada en el recurso de amparo. 

José Luis Ábalos fue elegido Diputado en la jornada electoral del 23 de julio. Mantuvo su condición de Diputado hasta el 28 de enero de 2026. Desde el momento en que adquirió la condición de Diputado tras prometer o jurar la Constitución hasta el 28 de enero la Sala Segunda del Tribunal Supremo era el órgano judicial competente en primera y única instancia para entender de su conducta. ¿Lo continuaba siendo después del 28 de enero?

El TS no identifica ninguna norma con base en la cual se pueda justificar la prolongación del fuero jurisdiccional con la consiguiente excepción de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley y de la segunda instancia en el proceso penal. 

La Sala Segunda del TS hace descansar la retención de la competencia para entender de la conducta de José Luis Ábalos en un “Acuerdo” de un “Pleno no jurisdiccional” de la propia Sala Segunda de 2 de diciembre de 2014 que fijó “un criterio interpretativo constante y reiterado” sobre asignación de competencias. 

En dicho Acuerdo se decía que “en los casos de aforados, la resolución judicial que acuerde la apertura del juicio oral constituye el momento en el que quede definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad a esa fecha se haya perdido la condición de aforado”.

Dado que el 25 de diciembre de 2025 el juez instructor había dictado el auto de apertura del juicio oral y que José Luis Ábalos perdió la condición de Diputado el 28 de enero de 2026, la Sala Segunda entendió que tenía la competencia para entender de su conducta y fijó para el 12 de febrero de 2026 “la vista de cuestiones previas”.

En su respuesta al incidente de nulidad de actuaciones, la Sala Segunda no explica qué lugar ocupa un Acuerdo de un Pleno no Jurisdiccional en el sistema de fuentes del derecho y cómo se puede con base en el mismo incidir en el ejercicio de dos derechos fundamentales que figuran en la Sección Primera del Capítulo II, que está reservado a la Ley Orgánica (arts. 53.1 y 81.1 de la Constitución). 

Entiendo que los magistrados de la Sala Segunda tienen un altísimo concepto de sí mismos, pero nunca se me había pasado por la cabeza que consideraran que podían ocupar el lugar del legislador que reforma la Constitución y ni siquiera del legislador de los derechos fundamentales.

Está claro que estaba equivocado. Será el Tribunal Constitucional el que decida si, con base en un Acuerdo de un Pleno no jurisdiccional, la Sala Segunda puede extender el fuero jurisdiccional y entender en primera y única instancia de la conducta de José Luis Ábalos tras haber perdido la condición de Diputado. 

Obviamente, la defensa del exministro podría solicitar al Tribunal Constitucional que dejara en suspenso la condena hasta tanto se pronuncia sobre el fondo del asunto. 

El 29 de noviembre se juegan dos elecciones, la del Congreso de los Diputados y otra de la que se habla bastante menos, la del Senado, que en la próxima legislatura está llamado a cumplir una función esencial para el funcionamiento de nuestro sistema democrático: la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, bloqueada actualmente por el Partido Popular y, avanzada la legislatura, la de diez miembros del Consejo Judicial del Poder Judicial.  

Un Senado que por su configuración constitucional y su sistema electoral, mayoritario corregido, ha provocado que el Partido Popular haya gozado de mayoría absoluta en la última legislatura. Y lo haya utilizado como ariete contra el gobierno en un burdo intento de frenar el normal funcionamiento del sistema. Recordemos la reforma exprés del Reglamento de la Cámara para retrasar la tramitación de la ley de Amnistía o la creación de Comisiones de Investigación para amplificar los distintos casos de persecución judicial contra el gobierno. 

Para evitar la utilización fraudulenta del Senado es muy importante la acumulación de fuerzas, con la presentación de una única candidatura que aglutine al Partido Socialista con las fuerzas que se mueven a su izquierda. Con ello, no solo se conseguirá recuperar el Senado para que ejerza sus funciones constitucionales, sino que además se mandará un mensaje a la ciudadanía progresista de este país: las elecciones no están perdidas, el futuro no está escrito y se puede ganar. Porque no hay nada más reaccionario que el pesimismo. 

La ley de amnistía no debería haber sido necesaria, porque nunca debió el poder judicial entrometerse en un conflicto de naturaleza constitucional como el que se produjo en Cataluña en octubre de 2017. No se debió activar el artículo 155 de la Constitución, porque no era imprescindible para resolver el conflicto y, de activarse, debió hacerse con un acuerdo entre el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE, que excluyera la intervención del ministerio fiscal y la consiguiente judicialización del conflicto.

La integración de Catalunya en el Estado con base en la Constitución española de 1978 únicamente puede resolverse a través de un pacto entre el Parlament y el Congreso de los Diputados, que tiene que ser sometido a continuación a referéndum de los ciudadanos de Catalunya. El constituyente consideró inexcusable la combinación de la democracia representativa, con intervención de dos parlamentos, y de la democracia directa para dar respuesta a un problema de esta naturaleza. Cuando la cuestión está planteada en estos términos, la intromisión del poder judicial no es posible por la propia naturaleza del problema.

El Estado español demostró el 1 de octubre de 2017 que tenía recursos de sobra para obligar a las autoridades de Catalunya a dejar sin efecto las decisiones que había tomado antes y después del 1 de octubre e imponerle que se reintegrara en el ordenamiento constitucional con la convocatoria de unas elecciones autonómicas. No hubo ni un solo minuto en que se produjera el más mínimo atentado a la integración territorial del Estado español y se afirmara la independencia de Catalunya. La Generalitat no consiguió que el Estado dejara de ejercer su poder soberano sobre el territorio de la Comunidad Autónoma en su totalidad.

Buena prueba de ello fue que no hubo que recurrir a las Fuerzas Armadas, sino que fue suficiente la activación de una parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para desactivar la operación de depositar votos en las urnas, que, en ningún caso puede considerarse que fuera un referéndum, sino que era más bien un ejercicio anómalo del derecho de manifestación.

El Estado dispuso en todo momento de las bazas necesarias para dar políticamente una respuesta al desafío de Catalunya e imponer a las autoridades catalanas que tuvieran que dar marcha atrás en su desafío y reconocer ante sus propios ciudadanos que la alternativa independentista frente a la autonómica no era posible. No era necesario dejar la política y trasladar la respuesta al poder judicial.

El presidente del Gobierno no lo hizo y permitió que el Fiscal general del Estado decidiera que a la convocatoria del 1 de octubre había que dar respuesta mediante el poder judicial, calificando, además, dicha convocatoria como constitutiva del delito de rebelión.

Una vez expulsada la política, el conflicto constitucional dejaba de tener respuesta, ya que la Constitución únicamente posibilita una respuesta de esa naturaleza.

Han hecho falta nueve años, desde 2017 a 2026, para que esta evidencia haya podido abrirse paso. Porque esto es lo que significa la Ley de Amnistía. Para deshacer el entuerto generado por la intervención del poder judicial no eran suficientes actos gubernamentales, como los indultos, sino que era imprescindible un acto de Estado, del que únicamente las Cortes Generales mediante la aprobación de la ley podían ser protagonistas. Es lo que ha ocurrido en esta legislatura que ha estado dedicada en integridad, desde la investidura a la disolución, a la aprobación de la ley de amnistía y a la aplicación de la misma, desactivando la resistencia no solamente del poder judicial, pero sí fundamentalmente la del poder judicial.

El martes 6 de octubre se ha puesto punto final a la resistencia judicial y se ha devuelto de manera definitiva la integración de Catalunya dentro del Estado al terreno de la política del que nunca debió de salir. Ha sido necesario para ello la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional, ya que la resistencia numantina del poder judicial español en general y la del Tribunal Supremo en particular no ha podido ser vencida de otra manera.

Cabe esperar que se haya aprendido la lección.

En la próxima legislatura, al Senado le corresponderá la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y la elección de diez miembros del Consejo General del Poder Judicial. 

Los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional deberían haber sido renovados en diciembre de 2025, pero el PP se ha negado esperando estar en mejores condiciones para hacerlo tras las próximas elecciones. La renovación se producirá, por tanto, casi inmediatamente después de que se constituya el Senado tras las próximas elecciones.

La última renovación del Consejo General del Poder Judicial se produjo en julio de 2024. Dado que el mandato es por cinco años, la próxima renovación tendría que producirse en julio de 2029, es decir, dentro de los cuatro años de la próxima legislatura.

La renovación parcial de estos dos órganos constitucionales es, con mucha diferencia, la función constitucional más importante que tiene atribuida el Senado. En el ejercicio de todas las demás, el Senado está subordinado al Congreso de los Diputados y no puede, excepto en la activación del artículo 155 de la Constitución, adoptar ninguna decisión importante. Puede hacer mucho ruido, que no es poco, pero nada más. 

Para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y de los vocales del Consejo General del Poder Judicial es necesaria la mayoría de tres quintos, es decir, de 160 senadores. 

En el Senado actual el PP cuenta con 142 senadores y Vox con 15, 157 entre los dos. Están, por tanto, a tres senadores de la mayoría de tres quintos exigida. 

En el caso de que esa mayoría fuera alcanzada por el PP y Vox, ambos partidos dominarían de una manera difícilmente reversible la interpretación de la Constitución, es decir, del principio de legitimidad, y la interpretación del principio de legalidad mediante la ocupación del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. No sería necesario siquiera reformar la Constitución para que, de facto, nos encontráramos ante una nueva Constitución. La que el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial dominados por el PP decidieran.

Para evitar que esto ocurra, es imprescindible un pacto electoral entre el PSOE y los partidos de izquierda, que se tradujera en una candidatura única en todas las circunscripciones electorales. 

Puesto que el sistema electoral para el Senado es un sistema mayoritario corregido, en el que cada ciudadano o ciudadana puede elegir un máximo de tres de los cuatro senadores de cada circunscripción electoral, sería necesario que los partidos de izquierda pactaran una candidatura única con tres candidatos en cada provincia, a fin de que no se perdiera ningún voto.

Dicha candidatura podría componerse de dos propuestos por el PSOE y uno por todos los demás partidos de izquierda. Con ello se evitaría con seguridad, en primer lugar, la mayoría de tres quintos de los partidos de la derecha. 

Pero no solo ello. El PSOE obtendría mediante la elección provincial un mayor número de los que ha obtenido en esta legislatura y los partidos de izquierda, que no tienen más senadores que los que han alcanzado en representación de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, podrían obtener varias decenas de escaños.

El impacto no sería solamente defensivo, de defensa de la Constitución, que no es poco, sino también constructivo, en la medida en que permitiría influir en la cultura democrática tan dañada por el uso fraudulento que hace la derecha del Senado y que en esta legislatura ha alcanzado un nivel muy alto.

El PSOE debería enviar una propuesta a los partidos con la finalidad de cerrar un pacto en este sentido. Los partidos que quisieran participar en la candidatura conjunta podrían hacerlo y los que no, podrían ir por separado. 

Mañana mismo habría que empezar a configurar el pacto y a dar los pasos para hacerlo efectivo. No hay problema más importante que este para competir con posibilidades de éxito en la próxima convocatoria electoral. 

Resulta curioso que la legislatura que nació marcada por el apoyo de Junts a la investidura a cambio de la aprobación de la Ley de Amnistía pueda llegar a su fin, precisamente, por el NO de ese partido a la convalidación de los dos Decretos-Ley de Vivienda que esta semana se debían convalidar en el Congreso. 

Resulta difícil de entender esta manera de proceder de un partido que en Cataluña se encuentra más débil que nunca, asediado por un nuevo competidor de derechas y nacionalista, Aliança Catalana.

No sabemos si el presidente convocará elecciones de manera inmediata o esperará todavía un poco. Lo que parece evidente es que la votación de los Decretos-Ley de Vivienda supone un antes y un después de una legislatura que se inició muy tocada por el ataque de la derecha, que esperaba ganar y que ahora termina gracias al toque de gracia de Junts, en un movimiento que parece difícil de entender.

La Inteligencia Artificial nos informa que “la frase la Constitución es más lista que el constituyente es una adaptación del clásico aforismo alemán que afirma que la ley es más lista que el legislador”.

Y efectivamente así es. En la fase inicial de imposición del Estado Constitucional que va desde finales del siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial, la Constitución no tiene el carácter de norma jurídica, sino de documento político. El mundo del Derecho no gira en torno a la Constitución, sino en torno a la Ley. Habrá que esperar a que con el final de la Primer Guerra Mundial se abra paso el sufragio universal masculino y femenino para que el principio de legitimidad democrática se convierta en la única forma de legitimación aceptable. Dicho principio de legitimación democrática encontraría resistencias para imponerse en la práctica. Tantas, que sería necesaria una Segunda Guerra Mundial para conseguirlo en la parte occidental del continente europeo con las excepciones de Grecia, Portugal y España, y la caída del Muro de Berlín para conseguirlo en la parte oriental.

Una vez conseguida la imposición del principio de legitimación democrática, la Constitución adquiere el carácter de norma jurídica y en torno a ella gira el universo jurídico. La Ley sigue siendo una norma muy importante, pero ya no es la norma de cabecera del ordenamiento jurídico.

La Ley era el centro de gravedad del Estado Constitucional predemocrático. La Constitución lo es del Estado democrático.

Ahora bien, el hecho de que el Estado Constitucional predemocrático pudiera operar sin la Constitución como norma jurídica, no quiere decir que lo pudiera hacer sin un “mínimo jurídico constitucional”, que en España se expresaría en el Título Preliminar del Código Civil. Sigue figurando en el Código Civil tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978, pero nadie discute que su contenido es constitucional.   

Quiero decir con esta introducción que el aforismo aplicable al Estado Constitucional predemocrático le es de aplicación exactamente igual al Estado Constitucional democrático con el cambio de la Ley por la Constitución. Ni el Estado Constitucional predemocrático hubiera podido operar sin dicho aforismo, ni tampoco podría hacerlo el Estado Constitucional democrático.

Era la Ley publicada en el Boletín Oficial del Estado y no la voluntad subjetiva de los parlamentarios que la aprobaron la que presidía el ordenamiento jurídico predemocrático. Es la Constitución tal como figura en el Boletín Oficial del Estado y no la voluntad subjetiva de los constituyentes que la aprobaron la que preside el ordenamiento jurídico democrático. 

Si no fuera así, el ordenamiento quedaría petrificado y no se podría dar respuesta con base en el mismo al cambio incesante que se produce en una sociedad que no descansa económicamente en el “valor de uso”, sino en el “valor de cambio”. Si la Constitución y los grandes Códigos que encabezan las distintas ramas del derecho tuvieran que cambiar a la misma velocidad a que lo hacen las condiciones materiales de existencia, desaparecería la “seguridad jurídica”. También desaparecería si la interpretación de tales normas se tuviera que limitar a reproducir la opinión de las personas que las redactaron. 

El Estado Constitucional, tanto el predemocrático como el democrático, han podido operar como fórmulas políticas para la dirección de la sociedad porque tanto los poderes públicos como las personas físicas y jurídicas hemos estado sometidos al imperio de la Constitución y de la Ley y no a la voluntad individual de los constituyentes y legisladores que las aprobaron. 

Esto se les explica a los alumnos en el primer año de estudio en una Facultad de Derecho. La Constitución dice lo que dice y no lo que los diputados y senadores que la aprobaron dicen que ellos dijeron. 

Los padres de la Constitución pueden decir que ellos rechazaron que la Ley de Amnistía apareciera en la Constitución, pero en el texto de la Constitución se posibilita que se pueda aprobar una Ley de Amnistía por iniciativa del Gobierno, del Congreso de los Diputados, del Senado e incluso de las Asambleas de las Comunidades Autónomas. Únicamente se prohíbe que se pueda aprobar mediante la iniciativa legislativa popular. 

Así lo dice expresamente el artículo 87 de la Constitución, que no es un artículo cualquiera, sino que es el artículo con el que empieza la regulación constitucional de la potestad legislativa de las Cortes Generales.  

La Constitución dedica el Capítulo II del Título III (“De las Cortes Generales”) a la “Elaboración de las Leyes”. El constituyente procede de una manera singular, ya que empieza regulando las excepciones, Ley Orgánica (art. 81), Ley de Delegación (arts. 82 a 85), Decreto-ley (art. 86). A continuación, regula la “norma”, es decir, la elaboración de la ley sin adjetivos o, lo que es lo mismo, el ejercicio general de la potestad legislativa.

Como no podía ser de otra manera la Constitución empieza en el artículo 87 con la regulación de la iniciativa. En el apartado 1 atribuye la iniciativa “al Gobierno, al Congreso y al Senado”. En el apartado 2 contempla la posibilidad de la iniciativa de las Asambleas de las Comunidades Autónomas, de la que podemos prescindir. Y en el apartado 3 regula la “iniciativa popular” en unos términos que sí merecen ser reproducidos literalmente: “Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, nI en lo relativo a la prerrogativa de gracia”.

La Constitución no impone límite material alguno al Gobierno para remitir a las Cortes un proyecto de ley, ni tampoco al Congreso o al Senado para aprobar una proposición de ley. Sí lo impone a la iniciativa popular. En consecuencia, resulta indiscutible que el Gobierno podría haber aprobado un proyecto de ley de amnistía y que el Congreso y el Senado han podido aprobar una proposición de ley de amnistía. 

La resistencia a la aplicación de la ley de amnistía, a pesar de su constitucionalidad inequívoca, así como también a su no contradicción con el derecho europeo, se mantiene todavía frente a las próximas sentencias del Tribunal Constitucional mediante las que se resolverán los recursos de amparo de Carles Puigdemont y otros dirigentes independentistas contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarles la ley de amnistía, manteniendo incluso la orden de detención y entrega contra algunos de ellos. 

La rebelión contra la aplicación de la ley de amnistía ha sido bastante insólita, pero no se había llegado todavía a una rebelión contra la interpretación que de la misma pueda hacer el Tribunal Constitucional, que el máximo intérprete de la Constitución. ¿Se atreverá el Tribunal Supremo a dar ese paso?

Esta semana, el problema de la vivienda se ha mostrado con toda su crudeza: Maricarmen, una mujer de 87 años, con el 50 por ciento de discapacidad, sola, ha sido desahuciada por un fondo buitre, propietario de la que durante más de 70 años fue su casa en régimen de alquiler. Un alquiler que pagaba religiosamente.

Aquí han fallado todos: la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, que tenían que haberle facilitado una alternativa digna. El poder judicial, que tenía argumentos para paralizar el desahucio. Y han fallado las Cortes Generales. En concreto, el Congreso, que hasta en cuatro ocasiones ha impedido la aprobación o prórroga de medidas que permiten paralizar el desahucio de personas vulnerables como Maricarmen. 

Ahora que el problema está sobre la mesa como nunca lo estuvo, toca ser valientes y aprobar medidas contundentes en Consejo de Ministros. Y toca ver qué hacen esta vez PP, Vox y Junts cuando tengan que pronunciarse en el Congreso. Hay muchas Maricarmen en España y no pueden esperar.  

Desde que se conocieron los resultados electorales de julio de 2023 estuvo claro que la investidura del presidente del Gobierno exigiría el compromiso de aprobar una ley de amnistía para quienes habían participado, de una u otra manera, en el procés.

El resultado electoral del nacionalismo de origen “convergente”, por entendernos, había sido el peor de todos los obtenidos desde 1980, pero su concurso, imprescindible para la investidura de Pedro Sánchez, única posible, dada la presencia inexcusable de Vox en cualquier otra alternativa, le proporcionaba a Junts una posición inexpugnable. Con la composición del Congreso de los Diputados sin ley de amnistía sería imposible que la legislatura iniciara su andadura.

Así fue entendido por todas las fuerzas políticas desde posiciones completamente antagónicas respecto de la misma. Antes de que se constituyeran las Cortes Generales y antes de que se abriera el plazo para que el jefe del Estado hiciera la propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno, el PP presionó para que su candidato, Alberto Núñez Feijóo, aunque no tenía posibilidad de alcanzar una mayoría de investidura, fuera propuesto por el rey para ser el protagonista del primer debate de investidura. La derecha le impuso al rey una interpretación muy discutible del artículo 99 de la Constitución, inédita hasta el momento. 

Lo hizo, además, de manera fraudulenta, ya que el candidato propuesto no hizo el más mínimo esfuerzo de negociación con los demás partidos con representación parlamentaria para intentar configurar una mayoría parlamentaria ni tampoco para elaborar un programa de gobierno con base en el cual solicitar la confianza del Congreso de los Diputados. No hizo uso del encargo del rey para hacer lo que el candidato propuesto tiene que hacer, sino que se centró en una operación de anti-investidura del candidato socialista que sería propuesto a continuación. 

En la forma en que desempeñó el encargo del rey, Alberto Núñez Feijóo reconoció implícitamente que no estaba dando cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución, sino que hacía uso de manera torticera del artículo 99 de la Constitución para anunciar que ponía en marcha una oposición al futuro presidente del Gobierno sin respetar reglas de ningún tipo. 

De ahí que su discurso del debate de investidura se dedicara a la ley de amnistía que todavía no existía. No se centró en lo que haría como presidente del Gobierno de ser investido, sino en descalificar lo que haría el candidato socialista, una vez que, tras su fracaso, fuera propuesto por el rey. 

Desde antes de que la legislatura diera su primer paso con la investidura real y efectiva de un candidato propuesto por el monarca, la ley de amnistía ya había hecho acto de presencia. En torno a ella, directa o indirectamente ha girado toda la legislatura. 

Con base en el rechazo frontal a la ley de amnistía se intentó impedir la investidura de Pedro Sánchez, llegándose incluso a mendigar un “tamayazo” para hacerla imposible. Y una vez fracasado ese intento, se ha recurrido a toda suerte de trampas reglamentarias para dilatar la aprobación de la ley. Con éxito parcial, ya que no se consiguió impedir la aprobación de la ley, pero si se retrasó considerablemente dicha aprobación, condicionando de esta manera la ejecutoria parlamentaria de Junts, que era el partido beneficiado por la ley de amnistía, pero que no estaba dispuesto a pagar ningún precio por ello más allá del que consideraba que había pagado con la investidura de Pedro Sánchez. El retraso en la aprobación de la ley dificultaba sobremanera cualquier acuerdo entre Junts y el partido socialista sobre cualquier otro tema, es decir, dificultaba que la mayoría de investidura fuera mayoría de Gobierno. 

La dilatación de la tramitación parlamentaria posibilitó que se incorporara a la oposición política el poder judicial propiamente dicho, así como su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial. Operaciones inéditas de constitucionalidad más que dudosa, por no decir abiertamente anticonstitucionales, como las manifestaciones de jueces ante las sedes de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas, redacción de manifiestos por el CGPJ y utilización de las redes sociales contra la Ley se han sucedido de manera ininterrumpida a lo largo de la tramitación parlamentaria. 

Una vez aprobada la ley y publicada en el BOE, la oposición (¿rebelión?) judicial se mantuvo, incorporándose a la jurisdicción propiamente dicha, la jurisdicción contable, ya que el Tribunal de Cuentas recurrió la ley ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por considerarla contraria al Derecho de la Unión. De hecho, ha sido el primer recurso que ha resuelto el TJUE en un sentido claramente favorable a la Ley parlamentaria.

Pero ha sido el Tribunal Supremo (TS) quien ha dirigido en parte la oposición a la ley y en parte la rebelión contra ella. Primero la rebelión y después la oposición. 

La rebelión primero, porque el TS decidió hacer algo que no puede hacerse, como es trocear la ley de amnistía y decidir pronunciarse sobre el artículo 2 de la misma antes de hacerlo sobre el artículo 1. 

La finalidad de ese troceamiento no era otra que la de retrasar lo más posible la aplicación de la ley. La Sala Segunda sabía perfectamente que no podía hacer lo que estaba haciendo, pero daba prioridad a su oposición política a la ley que a su análisis jurídico. 

De elevar la cuestión de constitucionalidad de la ley de amnistía al Tribunal Constitucional tal como había sido aprobada, el asunto quedaría resuelto de manera relativamente rápida y Carles Puigdemont estaría en España desde hace meses. 

Para evitar que fuera así, el TS decidió pronunciarse en primer lugar sobre el delito de malversación, afirmando que no tenía dudas de que era constitucional siempre que se lo interpretara de una manera contraria a lo que la Ley decía. Carles Puigdemont y los demás consejeros se habían enriquecido porque no habían pagado el referéndum del 1 de octubre con su dinero, sino con dinero público y habían cometido, por tanto, el delito de malversación. Con esta condena se mantenía la orden de detención dictada contra todos ellos, así como la inhabilitación de Oriol Junqueras y demás dirigentes nacionalistas.

A continuación, elevó una cuestión de inconstitucionalidad respecto de la Ley de Amnistía salvo el artículo 2. Cuestión completamente anómala, ya que el TS se limita a un corta y pega de lo que se ha publicado por diferentes profesores y juristas sobre la anticonstitucionalidad de la Ley. 

Esta cuestión de inconstitucionalidad ya ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional en un sentido favorable a la decisión parlamentaria. La ley de amnistía es inequívocamente constitucional. 

Quedaba la decisión del TS sobre la condena por el delito de malversación, que en esta semana ya sabemos que el Tribunal Constitucional va a anular otorgando el amparo a Carles Puigdemont y a los demás condenados por la esperpéntica interpretación del delito de malversación. 

El 6 de octubre se harán públicas las sentencias del TC en los recursos de amparo que se resolverán ese día, pero cuya doctrina será de aplicación inmediata a todos los que están pendiente de solución. 

La amnistía se habrá producido. Pero el coste para el sistema político ha sido enorme, porque ha desbaratado el debate parlamentario sobre todos los demás temas sobre los que había que debatir y porque ha generado una deriva política en el poder judicial, que está poniendo en riesgo la supervivencia del Estado social y democrático de derecho definido en la Constitución.

Pero esto queda para un próximo artículo. 

Si el resultado de las elecciones celebradas en Sajonia-Anhalt se hubiera repetido en Meckelembourg-Pomerania y en Berlín, los motivos de preocupación serían más que considerables. Pero no ha sido así. Con estos resultados y con un sistema electoral tan proporcional como es el alemán es sumamente improbable que Alternativa para Alemania pueda convertirse en el partido que ocupe la Cancillería en las próximas elecciones federales. 

Es lo que se deduce del resultado electoral conjunto de los tres Länder en los que ha habido elecciones este otoño, que encajan relativamente bien con lo que indican los estudios de opinión para unas próximas elecciones federales. La dificultad para que se constituya Gobierno en Sajonia-Anhalt frente a la relativa facilidad con que se constituirá en los otros dos Länder, supondrá un obstáculo adicional para Alternativa para Alemania en las próximas elecciones federales. 

Con un sistema electoral genuinamente proporcional como el que tiene Alemania, no parece que Alternativa para Alemania pueda llegar a una posición que le permita gobernar la Federación. 

Teniendo en cuenta, además, que los instrumentos que figuraban en la Constitución de Weimar, de los que pudo hacer uso Adolf Hitler para poner fin a la democracia, no figuran en la Constitución vigente, existiendo, por el contrario, controles para impedir una deriva como la que se produjo en los años treinta, se puede anticipar que no es en Alemania donde está el mayor peligro para la democracia. La solidez de la experiencia democrática de los últimos casi ochenta años en Alemania no se pueden perder de vista. 

En Alemania se está produciendo el fin del bipartidismo imperfecto, que ya se ha producido en los demás países europeos. La CDU-CSU y el SPD, que con el Partido Conservador y el Partido Laborista han estado en el centro de la experiencia democrática europea, han dejado de ser lo que eran. El sistema de partidos bipolar que ha dominado después de la Segunda Guerra Mundial en los grandes países europeos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia a su manera hasta Berlusconi y España a partir de 1979, se está viniendo abajo con carácter general. 

Los resultados electorales en los grandes países europeos son más imprevisibles y las dificultades para formar Gobierno son cada vez mayores, pero, si nos mantenemos dentro del continente europeo, no se ve en el horizonte un riesgo existencial para la democracia. 

Otra cosa es la deriva que pueda producirse con los resultados de las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos. Dichas elecciones, aunque formalmente son exclusivamente americanas, materialmente son mucho más. 

Es obvio que, si el Partido Republicano saliera reforzado el 3 de noviembre, la deriva hacia la derecha en el 2027 electoral europeo podría ser notable, pudiendo llegar a impactar a la propia supervivencia de la Unión Europea tal como la conocemos.

Especialmente porque en marzo tendrán lugar las elecciones a la presidencia de la República en Francia, en las que está mucho más en juego de lo que ha estado en las tres elecciones regionales en Alemania. 

No menos obvio resulta que, si los resultados del 3 de noviembre responden a lo que están pronosticando las encuestas, el impacto que la derrota de Donald Trump y del Partido Republicano tendría en el resto del mundo en general y en Europa en particular sería más que notable.

Hay mucho partido todavía y, con el resultado del otoño electoral alemán, no hay motivos para que cunda el pesimismo.      

Cada día que pasa se hace más evidente que la derecha de este país no tiene ningún interés en solucionar el drama que están viviendo miles de personas migrantes en Ceuta y sus habitantes, que han visto la ciudad colapsada por personas que deambulan en las calles sin tener donde ir. A la falta de cooperación institucional del propio Vivas, que no había contestado a una solicitud formal de traslado de 500 menores a la península, se suma ahora un nuevo intento del poder judicial de paralizar la instalación temporal en el Puerto de Ceuta de más de mil personas. La derecha, otra vez, usando todos los medios a su alcance para derribar al gobierno legítimo de coalición.

El Estado Constitucional opera con base en dos presunciones: la presunción de constitucionalidad de la ley y la de legitimidad del acto administrativo. En ambas descansa la “seguridad jurídica”. Todas las leyes aprobadas por el poder legislativo son constitucionales. Todos los actos administrativos del poder ejecutivo son legítimos. 

Se trata, obviamente, de dos presunciones que admiten prueba en contrario. Una ley puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional y puede ser declarada anticonstitucional. Pero mientras no intervenga el tribunal, resolviendo un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, la Ley se presume constitucional. La destrucción de la presunción de constitucionalidad de la ley está reservada de manera exclusiva y excluyente al Tribunal Constitucional. 

Casi la totalidad, más del 99%, de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y publicadas en el BOE no son impugnadas ante el Tribunal Constitucional y operan con base en la presunción de constitucionalidad. Si cada ley que se aprueba por el poder legislativo tuviera que acreditar su constitucionalidad cada vez que se aplica, el ordenamiento jurídico quedaría paralizado. 

Lo mismo ocurre con la presunción de legitimidad del acto administrativo. El poder ejecutivo está generando de manera permanente actos administrativos que pueden ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que puede anularlos. Pero, mientras no sean recurridos y no haya sentencia del tribunal contencioso-administrativo, el acto administrativo se presume legítimo. Únicamente la jurisdicción contencioso-administrativa puede destruir dicha presunción de legitimidad. Es así, porque, si la Administración Pública tuviera que acreditar la legitimidad de cada paso que da, se quedaría inmóvil. 

Sin las presunciones de constitucionalidad y de legitimidad, los órganos constitucionales de naturaleza política no podrían dar cumplimiento a las funciones que tienen constitucionalmente encomendadas y el Estado entraría en un proceso de descomposición. 

La seguridad jurídica existe porque las presunciones de constitucionalidad de las leyes y de legitimidad de los actos administrativos únicamente pueden ser destruidas por la justicia constitucional y por la justicia administrativa. Mientras estas no actúen, todos los operadores jurídicos sin excepción están sometidos a lo que en ellas se dispone.

Esta introducción viene a cuento del reciente Auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo mediante el cual se han establecido medidas cautelares respecto del ejercicio del derecho de sufragio por parte de personas que habían adquirido la nacionalidad española o estaban en trámite de adquirirla de conformidad con la Disposición Adicional octava de la Ley de Memoria Histórica y la instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y de Fe Pública.

La Ley de Memoria Histórica y la Instrucción administrativa son el derecho vigente para la adquisición de la nacionalidad de las personas comprendidas en su ámbito de aplicación. Ni la Ley ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional, ni la Instrucción ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La presunción de constitucionalidad de la primera y la de legitimidad de la segunda están intactas.

Quiere decirse, pues, que no existe obstáculo, ni grande ni pequeño, que se interponga en el proceso de reconocimiento de la nacionalidad española a las personas destinatarias de la Ley de Memoria Histórica y de la Instrucción administrativa complementaria de la misma. Dado que la nacionalidad comporta la titularidad y el ejercicio del derecho de participación política mediante el ejercicio del derecho de sufragio, es obvio que no se les puede privar del mismo. Ni mediante medidas cautelares, ni de manera provisional, ni de ninguna forma. La dignidad humana y el derecho de sufragio son los elementos constitutivos de la igualdad constitucional y, por tanto, de la ciudadanía. 

Así lo entendió inicialmente la Junta Electoral Central cuando tuvo que pronunciarse sobre el recurso interpuesto por Iustitia Europa contra la inclusión en el censo electoral de las personas que habían adquirido la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria histórica tras haber recorrido el proceso articulado en la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica.

La Junta Electoral Central decidió que no era ni “juez de la constitucionalidad” de la Ley de Memoria Histórica, ni “juez de la legitimidad” de la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica. 

O, dicho de otra manera, que no era competente para resolver el asunto que se sometía a su consideración. Las leyes y las normas que las desarrollan son de obligado cumplimiento, mientras no hayan sido anuladas por la justicia constitucional y la justicia administrativa, que es lo que ocurre en este caso.

Esta decisión de la Junta Electoral Central no es recurrible ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo por quienes habían solicitado que no se inscribieran en el censo electoral las personas que habían adquirido la nacionalidad por la vía prevista en la Ley de Memoria Histórica. 

Y no lo es, porque quienes interponen un recurso no tienen derecho a que se les dé la razón, sino a que se les dé una respuesta jurídicamente motivada, que es lo que hizo la Junta Electoral Central. 

La decisión de la Junta Electoral Central hubiera podido ser recurrida por quienes han adquirido la nacionalidad, si el órgano supremo de la Administración Electoral hubiera atendido el recurso de Iustitia Europa y les hubiera privado del ejercicio del derecho de sufragio. Una decisión estimatoria del recurso de VOX sí hubiera podido ser recurrida. Una decisión desestimatoria como la que se produjo no puede serlo.     

La lógica es la misma que la del recurso de amparo, que está en el ordenamiento para reclamar contra la privación de un derecho fundamental, pero no para exigir que se condene a quien la justicia ordinaria no ha condenado. 

Exactamente esto es lo que ha ocurrido con el Auto de medidas cautelares del Tribunal Supremo. Vox solicita de la Sala de lo Contencioso Administrativo que, puesto que la Junta Electoral Central no ha privado a los que han adquirido la nacionalidad del derecho de sufragio, sea ella quien lo haga.

Es una suerte de amparo invertido o de “contra amparo”. A mí no se me ha privado de ningún derecho, pero como no he conseguido que la Junta Electoral Central prive del ejercicio del derecho de sufragio a las personas que han adquirido la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, solicito que sea la Sala del Tribunal Supremo la que lo haga.

El recurso de VOX no debería haber sido admitido a trámite. VOX no está pidiendo que se le reponga en el ejercicio de un derecho del que ha sido indebidamente privado, sino que está pidiendo que se prive del ejercicio del derecho de sufragio a personas que han adquirido la nacionalidad española en la forma prevista en la Ley de Memoria Histórica. Solicita que se penalice a quienes la Junta Electoral Central no ha penalizado. Es un recurso “vengativo”.

El Auto es un ejercicio desviado de la potestad jurisdiccional. Con la Ley de Memoria Histórica intacta y con la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica también intacta, el recurso no podía ser admitido a trámite. Lo único que la Sala podría haber hecho es elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, a fin de que o bien fuera declarada anticonstitucional la Disposición Adicional Octava de la Ley o bien se hiciera un “interpretación conforme a la Constitución” de la misma que excluyera que se pudiera hacer uso de dicha vía de adquisición de la nacionalidad mediante el procedimiento previsto en la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica. Nada de eso se ha hecho. 

Pienso que es un asunto de tal gravedad que sería necesario que la fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo recurrieran en amparo al Tribunal Constitucional, con la finalidad de impedir que se consume una operación masiva de privación del ejercicio de derecho de sufragio como la que se ha puesto en marcha. 

En todo caso, José Antonio Martín Pallín, Joaquín Urías y yo nos ofrecemos a cualquier persona que se haya visto afectada por las medidas cautelares para redactar el recurso de amparo.                

La democracia no consiste en el ejercicio del derecho de sufragio, pero el derecho de sufragio es la piedra angular de la democracia. El derecho de sufragio es el derecho constitutivo de la igualdad. En esto se diferencia de todos los demás. Y es así, porque el derecho de participación política mediante el ejercicio del derecho de sufragio es el único de los derechos fundamentales constitutivo directamente de la ciudadanía. El único del que no pueden ser titulares los extranjeros en los Estados democráticamente constituidos. De ahí que la definición constitucional de la igualdad incluya el componente nacional. “Los españoles son iguales…”, dice el artículo 14 de la Constitución. Como los franceses en Francia y así sucesivamente.

En todas las democracias dignas de tal nombre los ciudadanos son titulares en condiciones de igualdad de todos los derechos reconocidos en la Constitución, pero en lo que al ejercicio del derecho de sufragio se refiere, son “más iguales” que en el ejercicio de los demás. 

Por dos motivos: el primero por lo que se acaba de decir, porque es del único derecho del que los ciudadanos son titulares de manera excluyente; y el segundo, porque el momento de depositar el voto en la urna es el único momento de “igualdad real” que hay en la vida de los seres humanos en las sociedades democráticamente constituidas. Por eso, es el derecho constitutivo de la democracia. 

Todos los seres vivos son individuos únicos. No solamente los seres humanos, sino todos. El reino de la naturaleza animada es el reino de la individualidad. No hay dos seres vivos que hayan compartido jamás el mismo código genético. 

En el reino de la naturaleza animada no existen, por tanto, ni la igualdad ni la desigualdad, sino únicamente la diferencia. Todos los seres vivos son individuos únicos, diferente cada uno de ellos de todos los demás. La vida se expresa en el planeta como la coexistencia de un número lo más parecido al infinito de individuos diferentes.

La diferencia no se expresa, sin embargo, en todos los seres vivos de la misma manera. Los seres humanos somos los únicos seres vivos que hemos creado las categorías para clasificar a los demás seres vivos, diferenciarlos en especies y para estudiar las diferencias entre los individuos de una misma especie, con la finalidad de obtener un mejor rendimiento del conocimiento de dicha individualidad en nuestro propio beneficio. Vacas que produzcan enormes cantidades de leche, caballos de carrera y así sucesivamente.

En el conocimiento al que hemos llegado hasta el momento de la vida en el planeta, hemos llegado a la conclusión de que los individuos de todas las demás especies animales no necesitan, para coexistir, explicarse el cómo y el porqué de sus diferencias individuales, ni regular, en consecuencia, la forma en que deben producirse las relaciones entre las mismas. 

Hemos llegado a la conclusión, por el contrario, de que los seres humanos no podemos “coexistir” sin “convivir”, es decir, sin explicarnos a nosotros mismos el porqué y el cómo de nuestras relaciones. La coexistencia humana exige “la gestión” de las diferencias individuales. 

Para ello, hemos necesitado “inventar ficciones” con las que dar forma a dicha “gestión”. La vida de los seres humanos descansa en “ficciones”, que no son mentiras, sino “entes de razón” inventados por nosotros mismos para poder transitar de la “pura coexistencia animal” a la “convivencia humana”. Es nuestra capacidad fabuladora, nuestra capacidad de inventar “ficciones”, lo que nos ha permitido realizar dicho tránsito.

La Política y el Derecho son los “sistemas de ficciones” a través de los cuales los seres humanos en cada momento histórico nos hemos explicado y, a través de la explicación, hemos justificado nuestro modelo de convivencia. La Política y el Derecho es lo que nos “constituye” como seres humanos, lo que nos diferencia radicalmente de los demás individuos del reino animal. 

Todos los “sistemas de ficciones” políticos y jurídicos que han existido a lo largo de la historia han descansado en “una ficción básica: la desigualdad o la igualdad”.

El paradigma aristotélico de la “esclavitud por naturaleza” es el primero. Los seres humanos no solamente son diferentes, sino que la diferencia cristaliza en desigualdad. Desde el nacimiento unos nacen para regir y otros para ser regidos y, para estos últimos, “la esclavitud es conveniente y justa”.

En torno a este paradigma aristotélico gira la reflexión política hasta mediados del siglo XVII. De ahí que la teoría política hasta ese momento no se interrogue por qué es necesario el poder. El poder es resultado de la diferencia natural entre los seres humanos categorizada como desigualdad. El poder es algo “natural” sin el que la convivencia humana no sería posible. Cuando las diferencias entre los seres humanos se explican con base en la desigualdad, preguntarse por el origen del poder resulta superfluo. 

Es Hobbes, en el capítulo XIII de “El Leviathan”, el que pondrá en cuestión dicho paradigma aristotélico y propondrá la alternativa del paradigma de la igualdad. Por mucha que sea la diferencia entre unos seres humanos y otros en lo que a fuerza física o rapidez de la inteligencia se refiere, no hay nada que permita definir esa diferencia como desigualdad. Las diferencias individuales no pueden cristalizar en estatus jurídicos diversos.

De ahí que, a partir de ese momento, el problema de por qué es necesario el poder se convierta en el primer interrogante en torno al cual gira la reflexión política y, como consecuencia de ello, también la jurídica. Si la desigualdad excluye la interrogación sobre el origen del poder, la igualdad exige todo lo contrario. Entre individuos “iguales” y, como consecuencia de ello “libres”, (la libertad es una derivación de la igualdad y no a la inversa) únicamente puede haber una forma de relación: el acuerdo de voluntades, el pacto, el contrato. ¿Por qué entre individuos que se relacionan de esta manera, tiene que existir el poder? ¿Por qué no puede, por decirlo con palabras del propio Hobbes, haber “paz sin sujeción”?

En ese momento es en el que Hobbes introduce en la teoría política la “competencia universal” que ya apuntaba en las primeras formas de manifestación del capital como principio de constitución económica, en la forma de tesis antropológica, “homo homini lupus” (el hombre es un lobo para el hombre). C.B. Macpherson dedicó “La Teoría política del individualismo posesivo” a explicar esa conexión originaria entre el Capital y el Estado no como elementos constitutivos, sino como “los” elementos constitutivos del mundo contemporáneo. Dicha tesis antropológica conducirá a la definición del Estado como un Leviathan, como un poder único que no admite la existencia de competidores. Ahí está el germen del Estado como “el monopolio de la coacción física legítima” en la síntesis clásica de Max Weber ya entrado el siglo XX, que es la que figura en todos los manuales de Derecho Constitucional y de Ciencia Política.  

Con base en la igualdad únicamente caben dos formas políticas: la Anarquía o el Estado. Los seres humanos solamente podemos ser iguales o porque nadie está sometido a ningún poder o porque todos estamos sometidos por igual al mismo poder. 

La anarquía es una forma política intelectualmente muy atractiva. Es la dificultad, por no decir imposibilidad, de articularla técnicamente, la que ha conducido a que sea descartada. Pues las formas políticas tienen que ser no solamente intelectualmente pensables, sino también técnicamente articulables. La anarquía, por definición, no puede serlo. Como tampoco lo han sido las Utopías, a pesar de tener detrás una tradición intelectual muy poderosa.

Ahora bien, la igualdad no solamente exige la constitución de un poder político con el monopolio legítimo del ejercicio de la fuerza, sino que exige que se lo constituya de manera coherente con la individualidad radical de todos los seres humanos. Los seres humanos como individuos tienen que participar en la construcción del Estado. La fórmula será el contrato social, el contrato, dice Hobbes, de “cada hombre con cada hombre”. En realidad, Hobbes debería haber dicho “ser humano”, pero dice “hombre”, porque el contrato social originario es un contrato masculino, lo que explica muchas cosas de lo que ha pasado después. Pero esa es otra historia. El Estado no es un “ente natural”, sino una forma política “artificial”, “resultado de la técnica del hombre”, dice textualmente Hobbes.

De esta explicación del Estado a partir del principio de igualdad y de la igual participación de todos los individuos en su constitución se deriva la separación del poder político de la propiedad privada. Aquí está el secreto de la superioridad del Estado sobre todas las demás formas políticas previas que habían existido a lo largo de la presencia humana en el planeta. El poder político había sido siempre un correlato de la propiedad privada, fundamentalmente de la propiedad de la tierra. A esto es a lo que pone fin el Estado Constitucional.

El Estado no es de nadie y, como consecuencia de que no es de nadie, tiene que ser de todos. Desde su origen hobbesiano el Estado es un poder político con vocación democrática, aunque tal vocación necesitará un largo recorrido para imponerse. Porque con el Estado se produce la separación del poder político de la propiedad privada, pero el Estado no suprime la propiedad privada. Todo lo contrario. El Estado, como ya he adelantado, acabará descansando sobre la forma más extrema de propiedad privada, la propiedad privada como capital. El Estado se ha impuesto a todas las formas anteriores de organización del poder político, porque el Capital se ha impuesto a todos los principios de constitución económica anteriores.  

El Estado como un poder de todos, como una democracia, ha tenido que librar una batalla permanente contra la propiedad privada. Contra la propiedad privada de la tierra desde finales del siglo XVII hasta finales del siglo XIX e incluso las primeras décadas del siglo XX, y contra la propiedad privada como capital, fundamentalmente industrial y financiero, a continuación. 

Fueron necesarias las Revoluciones inglesas del siglo XVII, las Revoluciones Americana y Francesa del siglo XVIII, la Revolución de 1848, la primera guerra civil europea en la forma de la guerra franco-prusiana de 1870-71 y las dos Guerras Mundiales del siglo XX y un largo etcétera, para que el principio de legitimidad democrática a través del reconocimiento del sufragio universal (también femenino, que en Francia solo se alcanzó en 1946), se impusiera de manera incuestionable. Fue necesaria la “Guerra Fría” para que acabara imponiéndose también en la parte oriental del continente europeo y se pudiera constituir a continuación la Unión Europea. Hoy ya nadie discute el principio de legitimación democrática como fundamento del Estado ni el sufragio universal como vehículo a través del cual se expresa dicho principio. 

La fuerza del sufragio universal radica en algo que dejé dicho antes y que quiero retomar ahora. El momento de depositar el voto en la urna es el único momento de “igualdad real” en el ejercicio de los derechos fundamentales. Es algo en lo que también se diferencia de todos los demás sin excepción. En todos los demás derechos fundamentales somos iguales en la titularidad, pero no en el ejercicio. A través del ejercicio de los derechos fundamentales los ciudadanos no expresan su igualdad, sino su diferencia, su individualidad. Cada ser humano ejerce cada uno de los derechos como le parece apropiado. Ese ejercicio diferenciado da vía al “libre desarrollo de su personalidad”, al derecho “a no ser una fotocopia del vecino”, por utilizar la expresión de Fernando Savater.

Con el ejercicio del derecho de sufragio ocurre todo lo contrario. Todos tenemos que estar inscritos en el censo electoral, tenemos que ejercer el derecho en el día fijado por la autoridad que convoca las elecciones, en las mesas electorales determinadas por la Administración Electoral, en una franja horaria establecida por la ley y así sucesivamente. 

Más todavía, el derecho de sufragio se ejerce de manera individual, pero el sufragio no puede ser personalizado. Todos tenemos que elegir una papeleta de un partido en el que figuran los candidatos en un determinado orden, sin poder introducir ningún cambio en la misma. 

Es obvio que el ciudadano que ejerce el derecho de sufragio puede estar de acuerdo con la parte de un programa electoral de un partido que no figura en el programa del partido por el que va a votar. O puede que le resulte más convincente el candidato de otro partido o que preferiría que el orden en la lista que va a votar fuera distinto. Pero no puede hacer nada. Si incluyera en su voto alguna de estas preferencias personales, el voto sería nulo. La expresión de su personalidad en el ejercicio del derecho de sufragio, lo anula. Justamente lo contrario que ocurre con el ejercicio de todos los demás derechos.

El ejercicio del derecho de sufragio supone, pues, la cancelación de nuestra individualidad en el momento de depositar el voto en la urna. Cada votante es un individuo con toda la complejidad de que es portador. Cada uno de ellos está preocupado por una combinación absolutamente singular por la estructura del Estado y la existencia de los nacionalismos, la precariedad laboral, la seguridad ciudadana, la calidad de la enseñanza, el cambio climático, el invierno demográfico, la privatización de la sanidad, la presión tributaria, el futuro de las pensiones, la pornografía en internet y un largo etcétera, pero en el ejercicio del derecho de sufragio tiene que prescindir de dicha complejidad, para pasar a ser una fracción anónima de un cuerpo elector único a través del cual se constituye la “voluntad general”. Sin dicha cancelación de la individualidad la formación de la voluntad general sería imposible. O lo que es lo mismo, sería imposible la democracia como forma política.

De dicha cancelación de la individualidad procede la enorme fuerza del derecho de sufragio. El derecho del sufragio lo ejercen individuos diferentes, pero lo ejercen no en lo que tienen de individuos distintos, sino en lo que tienen de ciudadanos iguales. Es el único derecho fundamental en el que se produce ese desdoblamiento de la personalidad. Quien se aproxima a la urna es un individuo con preferencias propias sobre los más diversos problemas que se plantean en la convivencia. En el momento en que deposita el voto, todas las preferencias quedan canceladas, para reaparecer inmediatamente después. Esta es la razón por la cual, ejercido de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Electoral, el ejercicio del derecho de sufragio no sea impugnable. No hay ninguna circunstancia personal incluida en el derecho de sufragio que pueda afectar al resultado electoral una vez que ha sido proclamado por la Administración Electoral. La voluntad general es el resultado de un todo compacto que carece de grieta individual alguna a través de la cual se lo pudiera poner en cuestión. Frente a esa voluntad general todas las demás voluntades presentes en el universo político-jurídico son voluntades particulares. Absolutamente todas.

La ficción de la “voluntad general” constituida mediante el ejercicio del derecho de sufragio es “el dogma” de la democracia. Se puede estar en desacuerdo con la democracia como forma política. Pero, si se está de acuerdo con ella, no se puede no estar con la ficción en la que descansa.

De lo que se lleva expuesto se deduce fácilmente por qué la democracia ha sido un producto histórico muy tardío. La articulación de una forma política con base en el derecho de sufragio es algo tan complejo que han hecho falta muchos milenios para que pudiera producirse. Todavía hay muchos países que no la han conocido. Y en los que están ahora mismo constituidos como países democráticos, no ha sido infrecuente que no lo consiguieran en su primer intento, sino que fracasaran y tuvieran que intentarlo de nuevo.

También puede fácilmente entenderse de lo que se lleva dicho que el principio de legitimación democrática no se ha expresado nunca de forma pura en ningún sitio. Se ha ido imponiendo en cada país como ha podido. No hay norma general que haya presidido ese proceso, excepto la tendencia general a su universalización. La historia de la imposición de la democracia en cada uno de los países que ha conseguido constituirse como tal es distinta, así como lo es su articulación constitucional. No hay dos que sean iguales.

Ahora bien, si es verdad que no hay ningún país en el que se haya expresado de forma pura el principio de legitimación democrática, también lo es que los Estados Unidos de América ha sido “el país indispensable”, el único país indispensable, para que la democracia como forma política acabara siendo aceptada de forma generalizada, si no como la mejor, sí como la menos mala de todas las formas políticas conocidas.

La democracia es inseparable de la experiencia político-constitucional de los Estados Unidos de América. No hay ningún otro país del que se pueda decir lo mismo. 

Esta es la razón por la que la democracia se encuentra en una encrucijada. Hace unos años era casi inimaginable que los Estados Unidos dejaran de ser una democracia. Hoy no hay día en que, en la firma de libros, ensayos publicados en revistas científicas o artículos en periódicos no se trate expresamente del tema. Incluso llegando a darse por supuesta ya que no existe siquiera encrucijada, porque los Estados Unidos ya han dejado de ser una democracia. No es mi caso. 

Las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre están siendo consideradas como el momento temporal en el que se decidirá en qué dirección se despeja la encrucijada. Y no por casualidad, sino porque el propio Donald Trump ha centrado en dichas elecciones su “Open Revolt Against the Constitution” (Jamelle Bouie. The New York Times. 30 de agosto 2026)

La relación de Donald Trump con el ejercicio del derecho de sufragio es el típico ejemplo de “homenaje del vicio a la virtud”. No hay, probablemente, nadie que tenga una opinión tan acertada del valor del derecho de sufragio, como la que tiene el presidente norteamericano. Sabe que es el único obstáculo que puede ser insuperable para alcanzar sus objetivos políticos. De ahí que nunca haya estado dispuesto a aceptar el resultado electoral si no le era favorable. 

Ya en las elecciones de 2016, que nunca pensó que iba a ganar, dijo públicamente que no reconocería el eventual triunfo de Hillary Clinton. En 2020 sabemos como reaccionó intentando asaltar el Capitolio el mismo día en que se tenía que certificar el triunfo de Joe Biden. Tras su reelección en 2024 Donald Trump, en estrecha conexión con el Tribunal Supremo, está poniendo en marcha una estrategia para “controlar” el resultado electoral, mediante el gerrymandering y, sobre todo, mediante el control del voto por correo. La orden ejecutiva firmada por Donald Trump prohíbe al Servicio Postal enviar las papeletas de voto a los ciudadanos que no figuren en las listas elaboradas por las agencias federales. A través de dichas agencias y del Servicio Postal Donald Trump pretende definir el “censo electoral” para el voto por correo. Bastaría hacer un uso selectivo del mismo en determinados Estados para hacer imposible que el partido demócrata pudiera ganar las elecciones. 

La Corte Suprema le ha permitido, por ahora, seguir con sus planes, aunque hay jueces federales en diversos Estados que se están oponiendo. Ya veremos qué ocurre de aquí al 3 de noviembre. Pero la estrategia está operativa. Si el fraude electoral que está planificado consigue imponerse, entra dentro no solo de lo posible, sino de lo probable, que el sistema político democrático estadounidense se deslice por una pendiente hacia la descomposición que no sea reversible. 

Si la caída del Muro de Berlín puso fin a la credibilidad del comunismo como opción política, las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos pueden poner fin a la credibilidad de la democracia. Empezaríamos a vivir simultáneamente en un mundo poscomunista y posdemocrático. 

Si Estados Unidos fue la primera democracia, España ha sido el último país de Europa Occidental en constituirse democráticamente después de la Segunda Guerra Mundial y se constituyó con una herencia fascista en su interior. Esos restos del fascismo tienen la misma aversión al derecho de sufragio que tiene Donald Trump. De la misma manera que Donald Trump, con la colaboración de la Corte Suprema está intentando manipular el ejercicio del derecho de sufragio, instituciones que son excrecencias del franquismo que actúan como acción popular y partidos políticos herederos del Antiguo Régimen, como PP y VOX, con la colaboración del Tribunal Supremo, también están intentando suspender el ejercicio del derecho de sufragio reconocido mediante la Ley de Memoria Democrática.

Donald Trump y la Corte Suprema, Feijóo/Abascal y el Tribunal Supremo son parte de ese nuevo “desorden mundial”, que se nos está viniendo encima al que el New York Times está dedicando una serie con la que ha abierto el 1 de septiembre el curso político.

Esto es lo que el auto de medidas cautelares del Tribunal Supremo sobre la suspensión del ejercicio del derecho de sufragio de las personas que han adquirido la nacionalidad mediante la vía prevista en la Disposición Provisional Octava de la Ley de Memoria Histórica, ha dejado meridianamente claro.

Nunca como en estos momentos la democracia se ha visto tan atacada. Lo está en Estados Unidos, por el intento de Donald Trump de limitar el derecho de sufragio para las elecciones de mitad de mandato a celebrar el próximo 3 de noviembre. Y lo está en España, donde la suspensión cautelar de la Sala II del Tribunal Supremo del derecho de voto de aquellas personas que han adquirido la nacionalidad en virtud de la Disposición 8ª de la Ley de Memoria Democrática, la llamada Ley de Nietos, está poniendo en cuestión la piedra angular de todo sistema democrático, el derecho de voto. 

Recordemos cómo en un Estado Constitucional, el único derecho fundamental que se reconoce solo a los nacionales es el derecho de sufragio, el derecho a participar en la conformación de la voluntad popular. Negar este derecho a personas con nacionalidad española supone atacar frontalmente la democracia, lo que puede acabar alterando la conformación de la voluntad popular. Curioso que, como también hace Trump, el Supremo español se justifica en eso mismo, en el peligro que puede suponer la alteración de los resultados si no se interviene. Y con ese argumento el que puede acabar haciéndolo es el mismo Tribunal.