La crisis sanitaria, social y económica que nos azota, podría llevarnos a la conclusión de que la denominada nueva normalidad ya no debería ser igual que la de antes, volviendo a cometer los mismos errores que nos han llevado a la actual situación: excesiva dependencia del turismo y de la construcción, escasa diversificación económica, daños irreparables a nuestro territorio y a nuestra biodiversidad, pensamiento dominante de crecimiento insostenible e infinito, deslocalización de empresas, trabajo precario, abandono de lo público y de los cuidados,…

La Unión Europea ha situado los límites para la concesión de las ayudas y subvenciones del plan Next Generation y del React-UE: digitalización, pacto verde europeo, lucha contra la pobreza, la ley de cambio climático y transición energética, la economía circular o la igualdad de oportunidades. Frente al excesivo peso del neoliberalismo y el dominio absoluto de los mercados deberíamos avanzar aún mayor equilibrio entre lo público y lo privado, primando lo público y lo social, y fortaleciendo el papel de los Estados.

Y en ese puzzle de posibles líneas estratégicas, una de las piezas importantes son las infraestructuras, tanto para la generación de empleo como para dar respuesta a las necesidades de nuestra sociedad; las imprescindibles, las que cumplen una función social, las que sean respetuosas con el medioambiente, incluso, las que pudieran tener o no una rentabilidad económica.

Y es ahí donde aparece el controvertido puerto de Fonsalía en uno de los parajes emblemáticos de la isla de Tenerife, zona declarada espacio de especial sensibilidad por la Organización Marítima Internacional, ya que es un santuario de colonias de calderones, delfines y otros zifios, que realizan una parte de su vida en el canal que separa las islas de La Gomera y Tenerife, y por el que tienen restringida su navegación las embarcaciones de más de 100 Toneladas de Registro Bruto (TRB), permitiéndose la actividad sólo a los pesqueros en unas condiciones muy especiales de navegación.

Los defensores de ese proyecto, por ejemplo: 66 de los 70 diputados del Parlamento Canario, con la excepción del Grupo Sí Podemos Canarias, votaron todos a favor de una reciente proposición no de Ley, reclamando su construcción. Sin embargo, no es una demanda social, ni de interés general, ni cumple las exigencias medioambientales.

La excusa para defender Fonsalía se basa en el aparente colapso del Puerto de Los Cristianos, colapso creado ad hoc para justificar esta obra. Se hacen coincidir los barcos de las dos compañías que operan en ese trayecto (Fred Olsen y Naviera Armas), con lo cual a la misma hora se duplica el número de vehículos y pasajeros que paralizan las entradas y salidas de Los Cristianos y, además, se producen largas esperas del barco que llegue en segundo lugar para poder atracar.

La población, sufridora de este desastre organizado, demanda soluciones. Y ahí es donde aparecen con una solución los mismos que han creado el problema. 

Esta misma situación se da, con 17 frecuencias diarias entre Lanzarote y Fuerteventura, entre Corralejo y Playa Blanca, sin espera ni colapso alguno, simplemente con un horario racional sin coincidencias interesadas. Por tanto, que no nos engañen con la necesidad de Fonsalía por el aparente colapso de Los Cristianos.

Conocemos las dificultades para mejorar los accesos al muelle de Los Cristianos, así como su limitado crecimiento, sin embargo, a 20 kilómetros en un lugar más próximo a donde habita la mayor parte de la población de la isla, se ha construido el muelle de Granadilla, obra innecesaria que ha costado al erario público más de 400 millones de euros y que aún no se ha demostrado su utilidad. 

Un destrozo irreversible de nuestro litoral, ocupando una de las zonas más ricas en sebadales de la isla de Tenerife, al que nos opusimos sin éxito una parte importante de la población insular. Un puerto que, además, figura entre las múltiples obras públicas realizadas en Canarias, que están relacionadas con casos de corrupción, unas veces presuntos y otras ya confesos.

Pues bien, si este muelle se usara como el de Los Cristianos, sin grúas, con barcos para mercancías y pasajeros, con unos magníficos accesos a través de un polígono industrial, podría sustituir en gran parte al actual muelle de Los Cristianos, unir además Granadilla con Arinaga en el Sur de Gran Canaria, otro muelle de similares características al de Granadilla y, por tanto, hacer innecesario el proyecto de Fonsalía, situado a 20 km de los Cristianos, en una zona mas alejada aún de los grandes núcleos poblacionales de la isla.

Para neutralizar este asunto, los defensores del desarrollismo a ultranza y de los destrozos medioambientales, siguen intentando sin éxito asignarle alguna utilidad a Granadilla: primero fueron los astilleros, después el atraque de las torres de perforación petrolífera, luego la regasificadora,… y nada de eso ha sido posible. Por tanto, también nos mintieron con la ingente cantidad de puestos de trabajo que iban a producir.

Los dos muelles fantasmas, cuya justificación nunca han demostrado sus impulsores, el de Arinaga y el de Granadilla, están construidos a la vera de sendos polígonos industriales, en donde se ubican los centros logísticos de mercancías que en la actualidad llegan al Puerto de La Luz y de Las Palmas y al de Santa Cruz de Tenerife, y que luego de saturar el tráfico en ambas capitales, en grandes contenedores (hasta 40 diarios en cada isla) son trasladados por carretera a sendos polígonos industriales, con lo que significa en ocupación innecesaria de nuestras saturadas carreteras hacia el sur, consumo energético y consiguiente huella de carbono e incremento de los costes. Todas estas mercancías podrían tener un destino directo en los muelles de Granadilla y Arinaga y un breve recorrido hasta las naves industriales de sendos polígonos o el trasvase a otros barcos de cabotaje que las trasladen hacia el resto de islas.

Para los que tienen como único objetivo la construcción de la obra por sí misma y el posible impulso a unos negocios en Guía de Isora y Valle Gran Rey, no les importan estas razones, tanto sociales y económicas como medioambientales. Y como único argumento esgrimen el ahorro de tiempo de la travesía, a la que no le suman el incremento de tiempo por carretera. Otra vez hacen trampas con los argumentos.

El Foro Agustín de Betancourt presentó en la pasada legislatura este proyecto en el Parlamento Canario, enmarcado dentro de los cinco ejes siguientes: 1) Mejora de la accesibilidad vial en los puntos de conflicto relacionados con los puertos marítimos; 2) Aumento de la competitividad del transporte local, nacional e internacional; 3) Mejora de la integración regional; 4) Apoyo a la dimensión social y 5) Integración de medidas medioambientales.

Pensar en un desarrollo que no lleve del brazo el bienestar social constituye un retroceso del camino recorrido por la humanidad, por cuanto los modelos socioeconómicos a seguir deberían ser precisamente para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de estas islas. De ahí que cualquiera que sea la forma de desarrollo que se adopte, debe tener como base un mayor bienestar de la población, la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad.

Por tanto, tendremos que seguir vigilantes para que no se acometa este nuevo atentado contra nuestro litoral. 

Estamos convencidos de que utilizar el puerto de Granadilla hace innecesario el puerto de Fonsalía.

Parece de sentido común que su sede tiene que estar en Canarias. Lo que no parece tan claro es que el objetivo sea la creación de un centro de excelencia científica, que impulse y convierta a toda la comunidad científica nacional en referencia en la materia, a nivel internacional, como en la actualidad lo es el Instituto de Astrofísica de Canarias, para la ciencia española sobre el Espacio

En Canarias no existe ese centro de excelencia en materia de vulcanología, aunque sí hay expertos que investigan y trabajan en esta materia, diseminados en varias instituciones: IGN, CSIC, ITER (INVOLCAN), las dos Universidades Canarias y una extensa relación de científicos de distintos países que confluyen en las islas.

En estos días ha sido noticia que los Cabildos de La Palma y de Tenerife se han unido para presentar una candidatura conjunta de sedes (administrativa y científica) en sendas islas para el futuro Centro Nacional de Vulcanología. Y además cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias. Una magnífica noticia, que debe ser motivo de celebración.

El 19 de septiembre de 2021 entró en erupción el volcán Tajogaite en La Palma y su actividad duraría hasta el 13 de diciembre de 2021. Decenas de científicos pertenecientes a instituciones canarias, estatales e internacionales estuvieron presentes, durante los 85 días que duró la erupción. 

En Canarias gobernaba un cuatripartito (PSOE, NC, Unidas Sí Podemos y ASG) y en el Estado, lo hacía el primer gobierno de coalición de la nueva etapa democrática (PSOE y Unidas Podemos). 

Como portavoz del Grupo Sí Podemos Canarias en el Parlamento de Canarias, elaboré un documento para la creación de un Centro Vulcanológico de excelencia en Canarias, propuesta que presentamos al resto de los socios de gobierno, que concretamos sucintamente en una resolución aprobada en el Debate del Estado de la Nacionalidad de marzo de 2022 y que decía así: “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a estudiar, valorar e impulsar la creación en Canarias de un centro de excelencia universitaria (Instituto de Geociencias de Canarias, similar al IAC), destinado a la investigación, asesoramiento en materia de seguridad y a la gestión integral del vulcanismo en las islas, donde confluyan de forma cooperativa las distintas instituciones que están actualmente desarrollando estudios geológicos y de vigilancia y riesgo volcánico en las Islas Canarias”. 

El objetivo que se pretendía era que, con motivo del primer aniversario de la erupción, se anunciara su creación y se pusieran los medios para ello. El ejemplo a seguir lo teníamos en el IAC. En la década de los años 60 del pasado siglo, en tiempos difíciles para hacer ciencia, se comenzó a gestar la idea del actual centro de excelencia que hoy es el Instituto Astrofísico de Canarias, con un reconocimiento internacional en el campo de la astronomía, haciendo entrar en valor el cielo de Canarias.

Mientras, en los años 70, con la erupción del Teneguía se desaprovechó la posibilidad de crear ese centro vulcanológico en las islas, bienvenidas sean las actuales sinergias de los gobiernos del Estado y de Canarias, así como de los Cabildos de La Palma y de Tenerife, y que se aproveche la ocasión para impulsar desde lo público un centro de excelencia científica en Canarias, denominado Centro Nacional de Vulcanología.

Como sociedad, tenemos la obligación de apostar porque se propicie que trabajen en Canarias, en un mismo centro vulcanológico, distintas instituciones públicas, investigando de forma coordinada y solidaria. El CSIC, el IGN y el ITER (INVOLCAN), junto con las dos Universidades Canarias, deberían conformar ese centro junto a los gobiernos del Estado, de Canarias y Cabildos Insulares. Este centro debería estar bajo un liderazgo científico solvente, de prestigio y de consenso, nombrado por un Consejo Rector que se apoye en el asesoramiento de un comité de expertos internacionales. Es una exigencia a los que nos gobiernan, para no desaprovechar esta oportunidad.

Un centro que nazca con el objetivo prioritario de convertirse, a corto o medio plazo, en referencia internacional y en un centro de excelencia científica. Un centro, donde haya una clara diferenciación entre la gestión administrativa y la gestión científica. Un centro que, con criterios transparentes de mérito, capacidad y publicidad, se dote del personal suficiente; y que, con criterios de concurrencia competitiva, redistribuya los fondos recibidos entre los distintos proyectos que presenten tanto las distintas instituciones que lo conforman, como aquellas que pudieran aspirar a ello desde cualquier parte del mundo, para realizar estudios de investigación en Canarias. 

En definitiva, un centro que supere la actual situación de dispersión y atomización existente en Canarias en este sector de la investigación científica, evite innecesarias duplicidades, maximice la inversión pública con absoluta transparencia, y donde se trabaje en un plano de igualdad, sin relaciones de subalternidad o desconfianza entre unas y otras instituciones. 

Ese centro de excelencia en materia de vulcanología, y con esos criterios, no existe en Canarias y hay que apostar por su creación.

La derecha extrema, conformada por el PP y VOX, y con los únicos apoyos de UPN y Coalición Canaria, no busca investir a Feijoo, el amigo de narcotraficantes, ya que saben que no va a contar con los apoyos suficientes para ello. Están solos. Por eso continúan a la desesperada construyendo un relato para un proceso golpista destituyente.

Es evidente que la derecha recalcitrante, nunca va a aceptar la legalidad de ningún gobierno del que ellos no formen parte; porque consideran el poder patrimonio suyo, casi hereditario. Y, además, son capaces a nivel de Estado de incumplir la Constitución, porque tienen que estar protegidos por el poder judicial ante los innumerables casos de corrupción, ya que consideran que la justicia debe estar siempre de su parte, controlada por ellos.

Sólo se mueven bien, contra los que opinan de manera diferente, sean vascos, catalanes, defensores de lo público o del interés general. Se mueven mejor en el ruido y en el conflicto, que en el diálogo y en la búsqueda de consensos para convivir de forma solidaria. El ruido mediático les favorece porque oculta sus intenciones y desmanes y, además, tienen a su favor muchos voceros y casi todos los medios de comunicación que solo defienden los intereses particulares de sus propios dueños, los poderosos grupos de presión que los apoyan.

Por eso estamos asistiendo a un intento de golpe de togas y gaviotas, promovido por el PP, contra las previsibles decisiones mayoritarias del Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía popular. Un Congreso de los Diputados que representa al pueblo español. El poder legislativo, que reside en las Cortes Generales, según la Constitución, es el Poder a través del cual se configura el resto de poderes. Así, la elección del Presidente del Gobierno no corresponde a la lista más votada sino que se dilucida a través de un acto formal de investidura, donde la persona aspirante a ocupar la jefatura del poder ejecutivo debe obtener el respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados. Del mismo modo, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno del Tercer Poder del Estado, también son elegidos por las Cortes Generales, correspondiendo la selección de la mitad de estos al Congreso y la otra mitad al Senado. Este sistema de conformación de los poderes del Estado nace, por tanto, de la manifestación de la voluntad popular soberana, materializada a través del derecho al sufragio. Y por encima de las Cortes Generales no hay poder jerárquico superior. También existe una monarquía, a la que la Constitución le atribuye el papel de árbitro, pero que ya quedó desacreditada para ejercerlo, cuando se posicionó de parte en el asunto del procés, no reconociendo la plurinacionalidad del Estado y su diversidad así como el derecho a decidir.

Nos encontramos ante una situación gravísima e inaudita en nuestro país. Esperanza Aguirre llamando a organizar desde las CCAA la resistencia como contrapoder frente a un posible gobierno presidido por Pedro Sanchez, llamadas de Aznar a la rebelión nacional porque se avecina su eterna profecía de la destrucción de España, llamadas de Ayuso a deslegitimar las elecciones. Les viene bien resucitar la idea de las dos Españas, de la confrontación. Estamos en mitad de un proceso golpista de togas y gaviotas a la democracia, al que se sumarán seguramente sables y sotanas, entre otros poderes, proceso golpista que se amplifica diariamente a través de los medios y sus tertulianos.

Con estas decisiones y pronunciamientos, tanto el PP como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional se sitúan fuera de la Constitución y fuera de los principios democráticos. Ante esta situación tenemos que actuar en consecuencia: defender la legitimidad del Congreso y del Senado para legislar, para elegir al nuevo Gobierno y para renovar los órganos judiciales y sacarlos de su inconstitucionalidad.

Llegados a este extremo, uno que ha vivido más de un tercio de su vida bajo la dictadura franquista, se pregunta ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Intentará el PP y sus correligionarios fascistas que el TC destituya al presidente Sánchez y encarcele a los miembros del gobierno? ¿O tal vez que se disuelvan las Cortes y se nombre un gobierno provisional golpista? Ya en esta escalada de negación y ataque a los valores democráticos y constitucionales, para algunos pudiera parecer que todo vale.

Los discípulos de Trump y de Bolsonaro, los amigos de Meloni y de Le Pen, con quienes el PP y Coalición Canaria se sienten tan a gusto, que incluso comparten gobiernos, en definitiva, el fascismo que recorre el mundo, son un peligro para la democracia y para la convivencia. Y ante el fascismo, no se puede actuar con tibieza ni mucho menos blanquearlo. En este caso, ser demócrata es ser antifascista. 

La derecha, derecha extrema y extrema derecha que defienden los mismos intereses, cada día más ultramontana y desvergonzadamente falaz, ya se autoproclama ganadora y ha comenzado a sembrar dudas sobre la limpieza del proceso electoral, curándose en salud.

Sigue la derecha españolista el mismo patrón de Trump y Bolsonaro y le da continuidad a la consideración de gobiernos ilegítimos, que son aquellos de los que ellos no forman parte, como lo ha hecho a lo largo de toda la legislatura con el actual gobierno de coalición. 

Sus credenciales son el negacionismo climático, la negación de la violencia machista, la eliminación de la memoria histórica y su deber de búsqueda de verdad, justicia y reparación, la imposición de nuevas censuras a aquello que no coincida con su ideología y su moral de estrechas miras. Y siempre, la utilización de lo público como objeto de codicia para negociar con nuestros derechos y convertirlos en negocios con la salud, la educación, los cuidados o la vivienda. 

La derecha está sola en su deriva recentralizadora y ya la han abandonado aquellos nacionalistas vascos y catalanes que en otros tiempos apoyaban al desaparecido bipartidismo alternante. Por eso sigue ahondando en la deslegitimación de todo lo que no sean ellos, negando la plurinacionalidad, la convivencia pacífica, porque vivían mejor contra el catalanismo y contra ETA, a la que siempre resucitan como comodín para ocultar unas veces sus vergüenzas y corrupciones y otras sus políticas reaccionarias. 

¿Aceptará esta vez una nueva derrota electoral, que devolverá a Feijoo a la Galicia de sus amistades peligrosas? O por el contrario, en su línea trampista y bolsonarista, ¿volverán a intentar deslegitimar al futuro gobierno de coalición, a ese gobierno que ha afrontado con solvencia las crisis sucesivas de estos cuatro años, y al que en todo momento le han negado su apoyo?

Frente a ese país en blanco y negro al que quieren devolvernos, frente a esas intenciones de retrocesos, aboliciones y privatizaciones, aparece recompuesto y transformado en alternativa de gobierno, el movimiento SUMAR, liderado por Yolanda Diaz, que tiene un proyecto de progreso para este país, que pretende seguir profundizando en las conquistas de esta legislatura para la mayoría social y, a la par, ensanchar la democracia con nuevos derechos y libertades.

En Canarias, aprendida la lección divisionista de las elecciones del pasado 28-M, pretendemos consolidar las políticas transformadoras apostado por la presencia de Noemí Santana y Alberto Rodríguez en el Congreso de los Diputados apoyando el próximo gobierno de coalición de SUMAR y PSOE. Y, si concurrieran las circunstancias favorables, difíciles pero no imposibles, alcanzar la presencia de algunos senadores insulares, como es mi propio caso, por la isla de Tenerife, donde te recuerdo que solo se puede poner dos equis en la papeleta para el Senado, lo mismo que en Gran Canaria.

SUMAR en Canarias está formado por las gentes de Podemos, IUC, Sí se puede y Proyecto Drago, y además apoyado por las miles de personas que consideramos que son necesarias políticas de progreso en el gobierno del Estado. Y eso lo garantiza este movimiento liderado por Yolanda Díaz, actual Vicepresidenta y Ministra de Trabajo. 

Somos gente de palabra, responsables y buenos gestores. Firmamos con la sociedad el contrato con el que nos presentamos a las elecciones. Y nos comprometemos a cumplirlo: mantener y mejorar el poder adquisitivo de las pensiones como se ha hecho en la presente legislatura, mejorar las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social disminuyendo la jornada laboral sin disminuir los salarios, incrementar el SMI hasta la media europea, dar solución al problema de la vivienda aplicando y mejorando la reciente ley, defendiendo lo público como parte esencial de nuestros derechos, continuando la lucha por la igualdad y la no discriminación, impulsando con medios la lucha contra la violencia machista, luchando contra el fraude fiscal y la corrupción, en definitiva haciendo políticas para mejorar la vida de la ciudadanía, y para ello hay que comenzar por una mayor redistribución de la riqueza. Que aporten más los que más tienen.

Este domingo nos jugamos mucho. No vale la abstención. Tampoco los vanos intentos por regresar al bipartidismo. SUMAR es el voto útil y tuya la decisión.

Nos presentábamos a más instituciones que nunca: Parlamento canario, cabildos y casi la mitad de los ayuntamientos. Y no hemos alcanzado los objetivos previstos ni al Parlamento ni a los cabildos, además de perder presencia en los ayuntamientos, en algunos incluso toda. En términos electorales, una derrota sin paliativos.

Podíamos señalar, entre otras, tres posibles causas: el ascenso generalizado de la derecha y la ultraderecha en todo el Estado; la presencia en Canarias de una fuerza competidora, que no quiso formar parte de la confluencia y dividió el voto del espacio transformador; nuestros propios errores, no sabiendo llegar de forma convincente a la ciudadanía, que decidió retirarnos su apoyo.

Y, de pronto, sin tiempo para valorar los resultados y rehacernos del batacazo, el presidente Sánchez convoca Elecciones Generales para el 23 de julio y nos impone un nuevo calendario de urgencias para recomponernos y llegar a acuerdos sin miramientos.

Aprender de lo sucedido y reponernos rápidamente es el deber al que nos enfrentamos; pues el mensaje inequívoco de la ciudadanía es que nos quiere ver juntos y fuertes, para sentirse representada y volver a ilusionarse como lo hizo hace ocho años y hace cuatro.

Que el dedo no nos impida ver la Luna. La cuestión es que en estos momentos, si cabe con más fuerza, lo que se está dilucidando es seguir en una democracia moderna, con todos sus defectos e imperfecciones, o regresar al neoliberalismo salvaje, a perder derechos y libertades y a debilitar totalmente el Estado del Bienestar.

Por tanto, el objetivo es consolidar un gobierno de progreso estatal, con una mayor presencia de las fuerzas transformadoras, lo que exige la presentación de una candidatura unitaria en la plataforma Movimiento SUMAR, como una fuerza estatal y, a la par, con ese mismo carácter confederal, afianzar y ampliar la confluencia ya existente en Canarias, con todas aquellas organizaciones que quieran formar parte de dicha plataforma. 

La amenaza de retroceder en derechos está ahí presente: los derechos laborales, económicos, sociales, feministas, políticos, de justicia climática, siguen siendo cuestionados por las derechas ultramontanas, que prometen derogarlo todo.

Y frente a ese ataque despiadado, de retrocesos y ataque a lo público, de privatizaciones y pérdida de derechos, de poner en peligro los valores democráticos, tenemos la obligación de frenar a la derecha y no dar un paso atrás.

Y la única manera de hacerlo con éxito, es concurrir unidas a estas elecciones del 23 de julio al Congreso y al Senado.

Aprender de lo ocurrido y comprometernos con la construcción de un espacio confederal, en el que las distintas organizaciones puedan sentirse cómodas, sin necesidad de que nadie pierda su identidad; coordinados a nivel de Estado y tomando decisiones autónomas desde cada uno de los territorios.

Un espacio amplio, sin corsés, donde seamos capaces de acordar acciones y trabajo político en todos los ámbitos, organizados en democracia asamblearia y participativa en cada lugar, sobre acuerdos de mínimos, con mecanismos estables de coordinación por consenso, tanto en los territorios como a nivel estatal.

Al gobierno estatal de coalición hay que empujarlo siempre a cumplir lo acordado, desde la movilización. Y para ello es necesario estar organizados y unidas, recuperando la acción política y la lucha ciudadana. Esta es una tarea colectiva, donde no caben los personalismos. Todas somos necesarias y nadie es imprescindible. Las personas candidatas se deben al proyecto y al contrato social, el programa, que se firma con la ciudadanía.

Programa, unidad y coordinación en un espacio común de confluencia.

En definitiva, altura de miras.

Sin embargo, en los últimos 12 años, con la crisis de 2008, se impuso el austericidio, se propiciaron reformas laborales y se impusieron recortes en los servicios fundamentales, que son los pilares del Estado del Bienestar: la sanidad, la educación, los derechos sociales, la vivienda,… mientras se trasladaba ese dinero recortado de los derechos de la ciudadanía a salvar a la banca, con préstamos que nunca se han recuperado.

La situación de precariedad laboral ha llegado a tal extremo, que tener un empleo no es garantía de recibir un salario que te permita vivir dignamente. La degradación de las condiciones laborales ha traído consigo la creciente aparición de la figura de los trabajadores pobres, que están en situación de pobreza y exclusión social, a pesar de tener ocupadas todas sus horas con un empleo precario. Una situación insostenible, que nos obliga como sociedad a reescribir el contrato social.

Todos estos retrocesos en tan poco tiempo para la mayoría social han traído la contraparte de que unos pocos sí que se han enriquecido hasta límites insospechados.

Mientras una ínfima minoría acumula la riqueza, una importante mayoría vive en infraviviendas o está sometida a desahucios o a alquileres impagables, tiene que recurrir a las ayudas sociales o a la caridad para alimentarse, vestirse y calzarse, no puede afrontar el pago del agua o de la electricidad, no llega ni a medio mes, o se juega la vida huyendo de la miseria de sus países de origen… y su número va creciendo. La pobreza se hereda también y así tenemos nietas y nietos pobres de abuelas y de padres pobres.

Se ha roto, por tanto, el contrato social que las organizaciones sociales y políticas, habían acordado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y que, entre otras conquistas, puso las bases para la construcción del Estado del Bienestar.

Sin salir de la crisis de 2008, cuando en Canarias aún teníamos un 20% de paro y más de un 30% de personas en pobreza y exclusión social, al mismo tiempo que la industria hotelera que generaba un 35% del PIB y un 40% del empleo, recibía más turistas que nunca -hasta dieciséis millones al año-, la precariedad laboral alcanzaba las mayores cotas, llegando el desempleo juvenil a límites insoportables; sin salir de la crisis de 2008, inesperadamente llegó la pandemia y toda nuestra economía se paralizó.

Nos alienta el optimismo en que nuestra sociedad es lo suficientemente fuerte y resistente como para salir adelante de esta situación. La manera de afrontar esta crisis ha sido la contraria a la anterior: se ha apostado por lo público, por la sanidad para salvar vidas, por la continuidad de la educación, por mejorar la política de cuidados, por frenar la caída del empleo con los ERTEs, por garantizar el derecho subjetivo a un Ingreso Mínimo Vital, por usa subida del salario mínimo interprofesional, por realizar planes de vivienda pública, por la rehabilitación de viviendas, por digitalizar y modernizar nuestra economía, por la igualdad entre hombres y mujeres, por descarbonizar nuestra economía y cuidar del planeta, de la biodiversidad y de las personas.

El contrato social que estamos reescribiendo para salir fortalecidos de esta crisis sanitaria, social y económica, tiene otros ingredientes sumados al anterior contrato social, que había quedado inservible después de tantos incumplimientos y atropellos. Las luchas feministas, sus conquistas y sus demandas no resueltas, son una parte esencial del mismo; como también lo es la lucha del movimiento ecologista y las urgencias por buscar soluciones a la crisis climática que estamos sufriendo.

Las políticas de cuidados, la inclusión social, las luchas por los derechos sexuales y reproductivos, las políticas públicas con perspectiva de género, también están formando parte de ese nuevo acervo cultural y social.

Los objetivos tantas veces planteados y otras tantas frustrados de erradicación de la pobreza y la exclusión social deben forma parte de nuestras prioridades. La salvaguarda de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, y la apuesta por la solidaridad y la cooperación al desarrollo para afrontar el fenómeno creciente de la inmigración tienen que tener acomodo en ese nuevo contrato social junto con el respeto a las minorías.

Regular el teletrabajo y, de manera especial, impulsar el empleo juvenil, en una Europa tan necesitada de trabajadores y trabajadoras cualificadas, a las que se les tienen que contratar bajo los criterios de empleo decente y de calidad, cumpliendo tanto los requisitos laborales como los medioambientales.

La hoja de ruta está marcada, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Los medios están disponibles a través de los distintos Presupuestos Generales anuales y las medidas económicas y fiscales de la Unión Europea, en materia de Planes de Reestructuración y otros fondos destinados a modificar y diversificar nuestro sistema productivo; pero también bajo algunos principios defendidos desde el propio Parlamento Europeo, como es que “a igual trabajo, corresponde un salario del mismo valor” o que “en caso de conflicto entre las libertades económicas fundamentales y los derechos sociales y laborales fundamentales, estos últimos recibirán el mismo trato que las libertades económicas del mercado único”

Los nuevos tiempos, con viejos y nuevos problemas, exigen nuevas y constantes soluciones que pongan en primer lugar a las personas y la biodiversidad.

Restablecer la confianza como sociedad y reescribir el nuevo contrato social.

Y no vamos a ceder en el empeño.

Fraude electoral que no ha podido demostrar ni en sus reclamaciones electorales ni en sus recursos judiciales, a pesar de los intentos realizados in extremis para presionar a muchos de sus correligionarios y a algunos de sus más estrechos colaboradores, como a su propio vicepresidente Mike Pence, a quien ha calificado de traidor por no saltarse la Constitución. Y eso, para asombro de propios y extraños, ocurría en la democracia norteamericana, cuya proyección social defendía Alexis de Tocqueville en La Democracia en América, pero que ha devenido en el triunfo del individualismo.

Patrimonializando la Ley y el Orden, desde un populismo exacerbado cuasi fascista, el incendiario presidente Trump, después de arengar a miles de los suyos en los alrededores del Capitolio, alentando a las hordas de seguidores a un asalto violento a la sede del poder legislativo, no sólo no puso los medios para detener ese asalto, compareciendo públicamente como le pedía Joe Biden, sino que reiteró la idea del fraude electoral a través de Twitter, su medio preferido.

Los miles de manifestantes seguidores de Trump, muchos con la bandera de EE.UU., algunos con banderas con un rifle, estaban allí defendiendo su idea de la Ley y el Orden y de la Constitución, defendiendo su idea de que ha habido fraude electoral, defendiendo sus ideas de que sus puestos de trabajo peligran por consecuencia de la inmigración pobre que ha llegado al país en busca de una vida mejor. Otra vez se repite la lucha del penúltimo contra el último.

En el origen de este populismo comandado por Trump están las grandes desigualdades que han ido creciendo en este país desde Reagan, sin derecho a una educación pública o a una sanidad pública, familias que incluso han tenido que endeudarse para ser atendidas ante la pandemia. Y, sin embargo, a pesar de formar parte de los excluidos, muchos de ellos han creído a pies juntillas todas las falsedades de este cínico y tramposo multimillonario que eligieron hace cuatro años como presidente, que ha gobernado con una actitud criminal e irresponsable, que ha sido alentado por la mayoría del partido republicano y por muchos medios de comunicación.

Los ultras Trump boys, armados, junto a otros miles, dicen estar dispuestos a llegar “hasta el final”. No van a admitir como legítimo al nuevo presidente Biden. EE.UU. parece dirigirse a una situación de guerra civil, o al menos de división irreconciliable entre ambos bandos, distorsionados por una falsa realidad paralela creada y auspiciada por muchos de los medios de comunicación. Un sistema democrático, controlado y gestionado por los dueños de las riquezas del planeta, que han impuesto las ideas del neoliberalismo y la globalización sobre la mayoría de países, ha sido capaz de producir un espectáculo que, en cualquier otro país podría haber sido calificado de intentona de “golpe de Estado”. Tal vez, sea una premonición de que el imperio comienza a resquebrajarse.

Si el partido republicano cierra filas en torno a Trump, después de esta situación, podríamos estar asistiendo a una mayor polarización política y a una casi imposible reconciliación. Si, por el contrario, no lo apoya, podríamos estar asistiendo al comienzo de una división dentro del partido republicano, con una facción de ultraderecha, el trumpismo, encabezada por Trump o por cualquier otro.

Tal vez la solución pase por que Donald Trump sea apartado urgentemente de la Presidencia, sea llevado ante los tribunales, tanto por el apoyo a la sedición como por sus presuntos delitos fiscales-, y finalmente condenado.

Frente a este movimiento de la ultraderecha, aquí y allá, defender la democracia pasa en los momentos críticos como este, por ser antifascistas.

Entre esos servicios públicos se encuentra la Educación, uno de los derechos más fundamentales para conseguir la igualdad social, y por ese motivo nos preocupa la estabilidad de las plantillas, la jubilación en los próximos años del 50% de la plantilla, la dotación de personal suficiente a los centros educativos, o la mejora de las condiciones laborales del profesorado de Infantil y Primaria.

En la comparecencia solicitada por Si Podemos Canarias la pasada semana en el Parlamento la consejera de Educación anunció la revisión del actual catálogo de plantillas de los centros y que el profesorado contratado hasta diciembre por la COVID, volverá en enero a las mismas aulas, dando continuidad a su labor, añadiendo que tenía dentro de los planes de la Consejería la negociación de un nuevo catálogo de plantillas.

En estos tiempos de incertidumbres, es esencial conseguir la imprescindible estabilidad de los claustros, elaborando planes de estabilidad para el profesorado interino, de oferta de empleo público con carácter diferenciado, unas plazas y unos requisitos para los que ya están ocupando un puesto en la enseñanza y otras diferentes para los que aspiran a un puesto de trabajo en la enseñanza pública.

Sin olvidar que hay que abordar en la futura Ley de Educación una nueva concepción de la formación inicial y permanente del profesorado y de su acceso a la función pública.

Son inadmisibles estos índices tan elevados de profesorado con contrataciones precarias.

Respecto al envejecimiento de la plantilla, hay que planificar acciones formativas complementarias para los que aspiren a trabajar en la enseñanza si queremos modificar en profundidad el actual sistema educativo, por lo que es notable el esfuerzo llevado a cabo con la contratación de 2.500 maestras y profesoras, que deberían continuar siendo contratadas y que en el futuro la bajada de ratios que más se precisa es en los primeros años de la educación, donde debe estar el profesorado mejor considerado socialmente, los mejores, para contribuir a poner las bases del éxito escolar futuro de la totalidad del alumnado.

También se debe hacer hincapié en que la plantilla de los centros debe completarse con profesionales de orientación, logopedia, educadores sociales, enfermería, personal de administración y servicios, trabajadores de comedores escolares.

Finalmente, no hay que olvidar la necesidad de apoyar y mantener la continuidad de las escuelas rurales de Canarias, para favorecer la fijación de la población y contribuir al desarrollo del sector primario, entre otros, con el objetivo de apoyar la necesaria diversificación de la economía en Canarias.

Agosto fue un mes que utilizaba la dictadura franquista para aprobar leyes de previsible contestación, como la Ley General de Educación.

Agosto vuelve a ser el mes, elegido por el sucesor de Franco, designado Rey por el Dictador, para huir del país donde ha ejercido la jefatura de Estado durante cuatro décadas, con muchos silencios y complicidades de mucha gente poderosa y de la mayoría de los medios de comunicación.

La abdicación de Juan Carlos I en 2014 contó con el buen hacer de Alfredo Pérez Rubalcaba. El deterioro de la institución monárquica había tocado fondo: el silenciado caso Kios, el caso Noos, la cacería de elefantes, el accidente en compañía de una de sus amigas con quien, al parecer, ha sido muy generoso… en conclusión, una vida nada ejemplar para alguien que ejercía la Jefatura de Estado.

Al parecer, el emérito consideraba, desde una perspectiva cristiana, que con pedir disculpas y prometer que no volvería a ocurrir, ya estaba todo zanjado. La restauración borbónica se puso en marcha y se produjo la abdicación y la creación de la extraña figura de emérito, como hipotética fórmula de protección y aforamiento para seguir disfrutando de la impunidad denominada inviolabilidad. Mientras, el bipartidismo tradicional mirando para otro lado y sustentando la monarquía y sus escándalos.

Sin embargo, lo que era vox populi desde hacía años, sobre su fortuna personal, ha sido el siguiente capítulo. Y aparecen las cuentas en Suiza y en paraísos fiscales, las informaciones sobre presuntas comisiones procedentes de Arabia Saudí por sus gestiones para la construcción del AVE en ese país. La Fiscalía del Tribunal Supremo lo investiga por blanqueo de capitales y fraude fiscal.

En estos momentos, al ciudadano Juan Carlos, investigado, se le permite salir del país, anunciándose su presunto acto de servicio a la monarquía cuando ya había huido. ¿Por qué no se le ha retirado el pasaporte? 

Para esta huida ha tenido que contar con la colaboración del Gobierno, y -por las manifestaciones inmediatas de Unidas Podemos denunciando este hecho-, con la colaboración del partido socialista que justifica esta huida de opereta con una frase lapidaria: “ha ocurrido lo que tenía que ocurrir”, como si fuera una cuestión predestinada por la divinidad, ajena a su connivencia.

Algunos defienden que todo lo anterior a su abdicación está dentro de su derecho a la inviolabilidad. Sin embargo, es de toda lógica que los actos privados del emérito no tendrían que estar protegidos por esa inviolabilidad, ni antes ni ahora. Y ahí se han unido PP, PSOE Y Cs recientemente para impedir una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados.

Tuvo que aparecer la información de las cuentas del emérito en un rotativo británico para la suspensión de sueldo hecha por su hijo y la declaración notarial de su renuncia a las cuentas de su padre en paraísos fiscales y a su herencia, acto que al parecer había realizado un año antes y esperó al inicio del estado de alarma para anunciarlo. 

Todos estos gestos son vanos intentos de cortafuegos de una monarquía carcomida por la corrupción y los escándalos para intentar aparecer como una institución modélica y transparente. 

Este país ya no es el de 1975, en pleno franquismo; ya no es el del referéndum de 15 de diciembre de 1976 sobre la Ley para la Reforma Politica, apoyado por el 94.17 por ciento de síes; ya no es el país en el que los militares tenían un poder omnímodo y cada día amenazaban con un golpe de estado; ya no es el país en que nos contaron a todos el cuento de la “modélica transición”. 

Afortunadamente, ha aumentado el nivel cultural de la población, nuestra sociedad ha viajado y no habla de oídas, nuestros jóvenes se han formado en otros países con amplia trayectoria democrática. Y además, nos podemos informar por medios alternativos a través de las redes sociales.

Ahora es mucho más difícil blanquear la monarquía. Y el proceso democrático para debatir y acordar la reforma constitucional, para acordar qué forma de Estado deseamos como sociedad, es imparable. 

No se pueden poner puertas al campo.

Además de movilizarse para limpiar la costa de aquel vertido tóxico, también sirvió para incrustar en la memoria colectiva la necesidad de adoptar medidas preventivas para evitar futuros desastres. Algo parecido a lo que sucedió en la sociedad tinerfeña cuando se luchó contra el tendido eléctrico de Vilaflor.

En Tenerife, y salvando las distancias, sufrimos desde hace décadas las consecuencias del desastroso y obsoleto modelo energético que ha sido bendecido por los distintos gobiernos de Coalición Canaria y la derecha tanto política como empresarial de la isla.

Y creemos que es el momento, ahora que Tenerife ha sufrido un segundo cero energético en menos de un año (cinco en los últimos 11 años), de decir ‘Nunca más’.

Un grupo amplio de gente hemos soñado que otra Canarias podría ser posible y estamos convencidos de que podemos contagiar de este optimismo social a la mayoría de la gente.

Esta pandemia nos está sirviendo de aprendizaje para entender que la era anterior al coronavirus forma parte del pasado y que, por lo tanto, Canarias debe caminar, como así lo recoge el Pacto por la Reactivación Social y Económica suscrito recientemente (con el desmarque del PP y Cs), hacia una nueva realidad distinta a la que existía con anterioridad y que dejó instalada a las Islas en altos niveles crónicos de pobreza, exclusión social, paro y dependencia del exterior.

Esa nueva realidad pasa por crear una empresa pública de generación, distribución y comercialización de la energía en Canarias por parte del Gobierno del Pacto de las Flores para avanzar hacia la soberanía energética y no depender ni del exterior ni de las multinacionales instaladas en nuestras islas.

Es el momento de hacer una rápida transición hacia un nuevo modelo energético que comporte no sólo el uso de energías limpias tan abundantes como son el sol, el viento, el mar y los volcanes sino también la democratización de la producción de la energía“.

Debemos impulsar el autoconsumo y la generación distribuida, que haga posible lo que tantas veces hemos dicho de que toda la ciudadanía pase a ser la propietaria de sus contadores.

Este nuevo cero energético, que afectó a más de un millón de habitantes de la isla de Tenerife, con los hoteles y restaurantes cerrados y la actividad económica en proceso de despertar del letargo de la cuarentena, hay ya que calificarlo como de una auténtica estafa a la ciudadanía, que es la consumidora cautiva del oligopolio energético de la isla.

Las excusas puestas por la Empresa Nacional de Energía S.A. (Endesa) y Red Eléctrica Española (REE) son nada creíbles. El despliegue de demagogia y medias verdades en sus declaraciones y con el apoyo incondicional de opinadores de parte es evidente.

Somos los consumidores los que pagamos el mantenimiento de la red de transporte y distribución con un 19 por ciento, aproximadamente, de lo que pagamos en la factura. Somos nosotros, los de siempre, los que pagamos.

Igualmente pagamos el mantenimiento de los grupos y ciclos combinados de generación a través del concepto de pago por disponibilidad de capacidad, además de un incentivo a la inversión de unos 20.000 euros por cada MW y año durante los diez primeros años.

En consecuencia, los titulares de la central térmica están obligados a mantener los diferentes equipos de generación en perfectas condiciones de funcionamiento. ¿Por qué no han funcionado unos grupos de respaldo que pagamos entre todos y por qué nunca nos enteramos de las causas reales de los apagones?

No podemos hablar en Tenerife de calidad y garantía de suministro, porque el origen del problema está en la privatización de Endesa que realizó Aznar en 1998. Posteriormente, ya en la etapa de ex presidente, las puertas giratorias lo llevaron al consejo de administración de Endesa y, desde 2009, con la multinacional Enel controlando la mayoría de las acciones, los sistemas insulares canarios pasaron a manos de la multinacional italiana.

Lo primero que hicieron fue descapitalizar y endeudar a Endesa con la compra, por debajo de su precio real, de sus activos en el extranjero. Como todo el mundo sabe, en las privatizaciones hay un difícil equilibrio entre los beneficios empresariales y la calidad del servicio y, posiblemente, esté ahí la contextualización de los apagones generales de Tenerife y otras islas.

A esta falta de transparencia hay que añadirle la injusticia de un sistema eléctrico que está cobrando en Canarias, a todos, en concepto de término de potencia (suma de las potencias contratadas) por unos 6.450 MW, cuando en realidad la potencia instalada en todos los sistemas insulares está en torno a unos 3.300 MW y el pico de demanda en unos 1640 MW.

Es decir, estamos todos los titulares de contratos de suministro eléctrico de Canarias pagando por unos 3.000 megawatios de potencia, supuestamente instalada, que no existe. En buena parte de los contratos, el término de potencia significa un 30 y hasta un 40 por ciento del total facturado.

Mantener las centrales de respaldo cuesta unos 800 millones de euros al año, para que luego no funcionen. Por tanto, las multas de 10 o 30 millones son calderilla asumible por los responsables de los apagones.

Y además, todas las recurren y muchas las ganan, gracias a las ‘gateras giratorias’, propiciadas por los abogados del Estado y otros altos cargos que transitan los caminos entre lo público y lo privado, jugando con ventaja.

En tiempos de José Manuel Soria, que nos engañó con la historia de que las primas a las renovables eran la causa del déficit tarifario, el término de potencia se subió un 100 por 100 para incrementar los ingresos fijos del sistema y anular los efectos del ahorro y la eficiencia en el consumo.

Por lo tanto, sostenemos que otro sistema de regulación más sostenible y justo es posible.

El tiempo y la frecuencia con la que se producen los ceros energéticos nos indican que no tenemos en las islas unos servicios eléctricos con la calidad y seguridad en el suministro que predican REE y la multinacional italiana. Las multas no resuelven el problema y las privatizaciones van a maximizar beneficios a costa de la calidad del servicio.

Este problema forma parte de un viejo modelo energético centralizado, contaminante, caro y que se encuentra al final de su ciclo vital.

Ahora es tiempo de las renovables, de cambiar los sistemas energéticos insulares a modelos descentralizados; cambio también del protagonismo, que debe pasar de la gestión de la oferta a la gestión de la demanda con la participación ciudadana y de las administraciones locales, un control público como corresponde a un sector estratégico tan importante como el energético al que se incorpora una movilidad sostenible a través de la electrificación del transporte.

La base del nuevo modelo energético no son las grandes infraestructuras. Es el ahorro, la eficiencia y favorecer sistemas de generación distribuida con los que son prácticamente imposibles los ceros energéticos generales.

Porque la generación de autoconsumo compartida y con almacenamiento está repartida por todo el territorio insular y si falla un punto el resto continúa funcionando. Se trataría de averías puntuales de escasa repercusión en los servicios y la economía.

El modelo no es unir todas las islas por cables, como no lo es tampoco unir todo el continente europeo con gaseoductos y cables. Por lo tanto, la solución hay que plantearla en el marco del nuevo modelo energético al que deberíamos ir mediante una transición que cambie los sistemas insulares.

Un cambio que va más allá de la sustitución del petróleo por renovables.

Dejar, como está pasando, los recursos energéticos renovables, que están aquí y son gratis, en manos de las eléctricas y fondos de inversión, es dar continuidad a la parte más perversa del viejo modelo y renunciar, al mismo tiempo, al papel que este sector estratégico puede tener en la reactivación y diversificación económica de las islas en el contexto de una grave crisis económica sobrevenida por la pandemia.

El modelo actual, sea con fósiles o con renovables, es un modelo donde se produce la energía de forma concentrada en pocos puntos, propiedad de los oligopolios, ya sean motores de fuel, aerogeneradores o placas fotovoltaicas. Son los dueños de nuestros contadores y, por tanto, ponen las condiciones a los gobiernos y a los consumidores.

Por eso el acuerdo sobre el modelo energético, que marca nuestras vidas, que marca la producción y la movilidad, es el fundamental de los acuerdos. Y por eso, mostramos nuestra continua preocupación, porque no seamos capaces de acertar o no se tenga la voluntad suficiente para caminar en la dirección adecuada.

Algunos consideran un objetivo deseable llenar nuestras islas de aerogeneradores, de alto coste económico y gran impacto visual en el paisaje.

Aerogeneradores que seguirán siendo propiedad de los mismos que producían energía eléctrica con combustibles fósiles, importados de cualquier lugar del planeta. Y que ahora alargan la mano y se apropian de nuestros vientos alisios.

O, por aquello de la diversificación, esos mismos defienden la instalación de grandes parques solares, que consumen terreno, y que siguen siendo propiedad de los mismos que las centrales de fuel, o los aerogeneradores. No han tenido más que alargar la mano y hacerse con la propiedad de los rayos solares.

Parques eólicos, sí; pero concentrados en lugares concretos, gestionados desde lo público, y con participación público-privada. Fotovoltaica subvencionada, en todos los edificios públicos, comunidades de vecinos, naves industriales y viviendas particulares, favoreciendo la economía social.

La transición hacia un nuevo modelo energético para estas islas tiene que poner en cuestión el modelo de propiedad de la producción de la energía y decidir quién vaya a ser el dueño de los contadores.

La ciudadanía empoderada tiene que ser la protagonista del autoconsumo.

Solo así podremos decir que ‘Nunca más’ tendremos ceros energéticos.

Después de una angustiosa semana, en la que nos habíamos creado las expectativas de que se recuperaría, porque sabíamos de su fortaleza de espíritu, de su coraje y de su vitalidad; hoy se apagó definitivamente ese corazón tan generoso y tan herido.

Quiero tener presente a su amplia familia, al grupo de amigos y amigas del Colectivo Prometeo, a todas las personas que le queremos, que se cuentan por miles. Un abrazo solidario.

Se nos ha ido la persona, pero ha dejado un inmenso legado de pensamiento político y social en defensa de sus ideas.

Referente ético, trabajador infatigable, brillante y vibrante orador, certero en sus análisis, reflexivo, activo y siempre actualizado sin necesidad de formar parte de las redes sociales, alejado de la notoriedad, celoso de su privacidad, persona entrañable, lleno de cariño y de ternura.

Estoy seguro de que hoy, desde su timidez y sencillez, le abrumaría el sentimiento unánime de reconocimiento a su persona y a su vida de compromiso con la clase trabajadora, con los más desfavorecidos, para conseguir una sociedad más justa e igualitaria.

Te lo has ganado, compañero, y hoy tienes que aceptarlo.

Desde el ejercicio de la profesión de maestro, pasando por ser el primer alcalde comunista de una capital de provincia -de su querida Córdoba-, la Secretaría General del PCE, la creación de IU de la que fue coordinador General, su vuelta a la enseñanza en el IES Blas Infante de Córdoba, su apoyo al 15-M y a las Marchas por la Dignidad, el impulso al Frente Cívico, su apuesta por Unidas Podemos y la creación del Colectivo Prometeo, hasta su continuado compromiso con sus escritos, conferencias y actos donde se le reclamara. Siempre fue un militante de las estrellas, líder de izquierdas, fiel a sus ideas.

Siempre activo, intelectualmente lúcido, con la palabra exacta para señalar las causas y sus posibles consecuencias, premonitorio en muchísimas ocasiones, recorrió todos los rincones de nuestro país, haciendo didáctica del pensamiento político, ejerciendo su magisterio desde la sencillez, haciendo inteligible la economía, la política, los resortes del poder a los que señalaba y denunciaba sin miedo y llamando continuamente a la necesidad del compromiso, de la militancia política y social.

Siempre insistiendo en la necesidad de organizarnos para la transformación social y la construcción, desde la base, del espíritu republicano laico para la conquista de la libertad, la igualdad y la fraternidad de las personas y de los pueblos de forma solidaria.

Y la solemne declaración de los Derechos Humanos y la Carta de la Tierra, como referencia y hoja de ruta.

Compañero y amigo, hoy es un día triste para muchos; pero nos queda tu recuerdo, tu ejemplo de vida y de compromiso y tu legado intelectual.

Hasta siempre, Julio.

La situación de emergencia sanitaria, la declaración del estado de alarma, nos traslada a un escenario extraordinario, con restricciones de movimientos, con cierres de fronteras, con exigencias de máxima colaboración ciudadana, para poner los medios imprescindibles que nos permitan cambiar la velocidad de contagio, disminuyendo el número y alargándolo en el tiempo para que el sistema sanitario pueda responder adecuadamente y no se colapse.

Si el problema es de todos, todos y cada uno tenemos que colaborar en la solución.

Y lo estamos haciendo, de forma responsable y solidaria, quedándonos en casa, haciendo caso omiso a los bulos, rumores y falsas noticias. Ahora es cuando tenemos que hacer un ejercicio responsable con la comunicación y con la información.

No divulguemos información no contrastada. Acudamos a informarnos en las fuentes oficiales, dadas por técnicos solventes y responsables públicos, que tienen el deber de velar por el interés general. Está en juego nuestra salud y la del resto, así como la vida de muchas personas.

Toda la sociedad está siendo consciente de la importancia de lo público, de la gran importancia de tener un sistema sanitario de todos, de que hay que destinar recursos públicos para garantizar el derecho a la salud de toda la población, de que las privatizaciones de los últimos años han hecho mella en el sistema, de que necesitamos más y mejores medios, humanos y materiales. Personal suficiente y dignamente remunerado. Más medios sanitarios, como instrumentos de paz y seguridad.

Necesitamos mucha más inversión en investigación y desarrollo. Todos miramos hacia el mundo de la ciencia a ver si aparece alguna vacuna que nos proteja.

Y mientras tanto, somos nosotros los responsables de las medidas para protegernos y proteger a los que nos rodean.

La política y la razón se tienen que imponer sobre la economía, que tiene que estar al servicio de la sociedad.

Algún dirigente irresponsable, como el británico Boris Johnson ha optado por defender la economía frente a la vida de sus conciudadanos, la selección natural de las especies frente a la ciencia y el imperio de las leyes del mercado frente a la justicia social.

Europa también ha demostrado su debilidad; cuando de asuntos de carácter social se trata nos falla a la ciudadanía, porque siempre ha primado los valores económicos sobre los sociales.

Está claro que durante las semanas, tal vez meses, que dure esta situación y estemos confinados en nuestros domicilios tenemos que reorganizarnos, disciplinarnos, establecer rutinas, redescubrirnos, proteger a los nuestros, cuidarnos mutuamente, incrementar la solidaridad con las personas que nos necesiten, cultivar la paciencia y la templanza.

En definitiva, de esta crisis vamos a salir fortalecidos y más convencidos de la defensa de lo público como parte de nuestros derechos.

Estoy seguro de que juntas vamos a conseguirlo.

La salud es lo primero, quédate en casa.

Paralelamente a este debate en las alturas, a nivel de Estado el nuevo Gobierno de coalición progresista ha decretado el estado de emergencia contra el cambio climático, que ya en Canarias se hizo desde el pasado mes de agosto. A la par, en el último pleno del Parlamento de Canarias, a través del diálogo y el consenso, hemos mejorado y aprobado por unanimidad la citada declaración hecha por el Gobierno.

Las medidas a adoptar pasan a ser un compromiso de los siete grupos parlamentarios (PSOE, CC, PP, NC, ASG, Cs y Sí Podemos Canarias). Creo que esta decisión responsable de la totalidad de los grupos parlamentarios es una buena noticia para la sociedad canaria. Ante los grandes temas, llegamos a consenso. Ahora falta pasar de las palabras a los hechos, que el tiempo apremia.

Los efectos del cambio climático deberán enfrentar medidas de mitigación de los efectos y de adaptación a la nueva situación y ofrecer seguridades. Y, de manera especial, tener claro el rumbo de hacia dónde queremos caminar, qué medidas habrá que adoptar teniendo además en cuenta la transversalidad de las mismas.

Los cuatro pilares que debieran sustentar este acuerdo son, en primer lugar, la participación de la ciudadanía, información y formación, favoreciendo los cauces de participación, con el objetivo del empoderamiento ciudadano. La figura del político conseguidor y desmovilizador está ya caduca y la ciudadanía reivindica participación en la toma de decisiones, poder manifestar las discrepancias, dialogar y llegar a acuerdos. El empoderamiento ciudadano es el mejor antídoto frente a las regresiones que nos amenazan.

En segundo lugar, de poco vale adoptar acuerdos y que la ciudadanía participe y sea corresponsable, si la maquinaria administrativa continúa tan lenta como habitualmente lo es. Una declaración de emergencia hecha por el Gobierno, siendo consecuentes, exige y posibilita que se agilicen los trámites burocráticos, que todo el Gobierno se corresponsabilice de forma transversal en el asunto y que se pueda actuar diligentemente como requiere la situación de emergencia que se ha declarado.

En tercer lugar, y no por ello menos importante, la política territorial se tiene que poner al servicio de la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y a la prevención, y para ello es imprescindible no continuar deteriorando aún más nuestro territorio.

Por último, tendremos que respondernos a la pregunta de ¿qué modelo energético queremos en Canarias para este siglo XXI, que ponga las luces largas y mire, no a una legislatura sino a un par de generaciones?

Todos somos conscientes de que estamos asistiendo a un importante cambio de Era en la Historia de la Humanidad; por primera vez, desde el descubrimiento del fuego como fuente de luz y de energía, estamos abandonando la Edad del Fuego y nos introducimos en la Era de las energías renovables.

Por eso el acuerdo sobre el modelo energético, que marca nuestras vidas, que marca la producción y la movilidad, es el fundamental de los acuerdos.

Algunos consideran un objetivo deseable llenar nuestras islas de aerogeneradores, de alto coste económico y gran impacto visual en el paisaje. Aerogeneradores que seguirán siendo propiedad de los mismos que producían energía eléctrica con combustibles fósiles, importados de cualquier lugar del planeta. Y que ahora alargan la mano y se apropian de nuestros vientos alisios.

O, por aquello de la diversificación, esos mismos defienden la instalación de grandes parques solares, que consumen terreno, y que siguen siendo propiedad de los mismos que las centrales de fuel o los aerogeneradores. No han tenido más que alargar la mano y hacerse con la propiedad de los rayos solares.

La transición hacia un nuevo modelo energético para estas islas tiene que poner en cuestión el modelo de propiedad de la producción de la energía y decidir quién vaya a ser el dueño de los contadores.

La ciudadanía empoderada tiene que ser la protagonista del autoconsumo.

El viento, el sol, los mares y los volcanes no pertenecen a ningún grupo empresarial; pero con las fuentes de la energía, como con las semillas, está pasando lo mismo: pretenden convertirse en los dueños para que la sociedad cautiva contribuya obligatoriamente a que esos pequeños grupos sigan enriqueciéndose a costa de nuestros bolsillos y de la naturaleza, patrimonio común de todos.

En definitiva, esta transición hacia un nuevo modelo tiene que garantizar mayores cotas de justicia social, propiciando un conjunto de medidas que deben tener como objetivo la reducción de las desigualdades sociales creadas por el cambio climático. No nos olvidemos de los millones de refugiados climáticos que ya están engrosando los movimientos migratorios.

En particular, se debe asegurar que los costes económicos de la transición sean repartidos de manera progresiva, buscando trasladarlos preferentemente a los colectivos con mayor capacidad para afrontarlos, así como a aquellos que más se hayan beneficiado en el pasado del actual modelo energético, y evitando trasladar dichos costes a los colectivos menos favorecidos.

En conclusión, democratizar la propiedad de la energía y fomentar una cultura ciudadana de ahorro y eficiencia energética así como de corresponsabilidad medioambiental en el camino de una transición justa.

Paralelamente al descrédito de la vida política, hemos asistido al crecimiento de la ultraderecha española, que intenta hacernos retroceder en derechos y libertades.

En el panorama internacional han aparecido otras formas más sutiles de golpes de estado, como el ocurrido en Bolivia, o antes en Brasil o Venezuela. Todos ellos bajo la protección de las nuevas formas de imperialismo y negocios del presidente Trump y sus desavenencias arancelarias con China.

En Europa, no sólo no hemos avanzado hacia una Europa más social, sino que reaparecen los nacionalismos y la ultraderecha xenófoba colocando a la inmigración en el punto de mira de los miedos con los que manejan la política.

Y, mientras tanto, el Mediterráneo sigue acumulando cadáveres humanos de personas jóvenes que pretendían mejorar sus vidas intentando arribar a las costas de la rica Europa.

La Unión Europea, que ha sido capaz de afrontar de forma unida el Brexit, sin embargo no ha logrado un acuerdo para luchar contra el cambio climático.

Ambos fenómenos, el Brexit y el cambio climático, afectarán al Archipiélago canario, donde el 35% de nuestro PIB y un 40% del empleo dependen del turismo y donde la fragilidad de nuestro territorio insular no está preparada para mitigar y adaptarnos a los efectos de la subida de la temperatura en el planeta.

Sin embargo, en Canarias, desde la perspectiva política, estamos asistiendo a un importante y esperanzador cambio de ciclo. Después de más de un cuarto de siglo, los grupos que conforman el Pacto de las Flores (PSOE, Sí Podemos Canarias, NC y ASG) han aprobado unos Presupuestos de Canarias que no han sido elaborados por Coalición Canaria y sus socios del PP. Otro tanto ha ocurrido en la totalidad de los cabildos Insulares y en los ayuntamientos de las principales ciudades de nuestras islas.

Para poder desarrollar las políticas comprometidas con la ciudadanía, es urgente para Canarias que se conforme el Gobierno del Estado, que haya unos nuevos presupuestos que primen lo social y lo público y que el nuevo gobierno cumpla con lo adeudado con el Archipiélago.

En palabras de Javier Pérez Royo, el sistema político español está paralizado. Se han celebrado cuatro elecciones –diciembre de 2015, julio de 2016 y abril y noviembre de 2019–; unos presupuestos realizados por Rajoy y Montoro, que siguen prorrogados; la mayoría de la legislación son decretos del Gobierno y no legislación emanada del Congreso; tampoco se han renovado los órganos constitucionales del Estado porque exigen una imposible mayoría cualificada como el Consejo General del Poder Judicial o el Defensor del Pueblo.

Todos ellos son claros indicadores de la parálisis constitucional en que nos encontramos.

Desde la mayoría absoluta de Rajoy, el PP decidió inhibirse de la búsqueda de diálogo y negociación para encontrarle una salida razonable al problema territorial en Cataluña. Desde la política se decidió subcontratar al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía General, a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo para que resolvieran el asunto. Y todo ha empeorado.

Con el agravante de las preocupantes contradicciones entre la jurisprudencia europea y la española respecto a los presos políticos catalanes. Un auténtico fiasco que evidencia que algo no se ha hecho bien.

Desde que el 11 de noviembre, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaran un preacuerdo para un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, la brunete mediática no ha cesado de amplificar los intereses contrarios a este posible Gobierno, donde se han escuchado voces del empresariado, algún militar o incluso servicios de inteligencia que no aceptan los resultados de la voluntad popular y, por tanto no aceptan la democracia, llegando a amenazar con llevar a los tribunales a este futuro gobierno bajo la excusa de que Sánchez es un peligro para la seguridad.

A este coro se han llegado a unir algunos representantes del PSOE. Estamos asistiendo, pues, a una degeneración de la democracia, donde la mayoría de los medios de comunicación, sean públicos o privados, se están comportando como medios al servicio del golpismo, no están cumpliendo la función social del derecho a la información que tiene la ciudadanía, y claramente están posicionados de parte de sectores que temen perder alguno de sus sempiternos privilegios, si se conformara este gobierno de coalición.

Nos mantiene la esperanza de que 2019 ha sido un año con tres importantes movilizaciones: la de las personas pensionistas y jubiladas reclamando dignidad y blindaje de las pensiones; la de las mujeres exigiendo igualdad y seguridad; la de la juventud por el clima, reclamando que se pase del dicho al hecho y haya lugar para la esperanza.

Tres sectores movilizados, que continuarán en 2020, vigilantes y exigentes, defendiendo los intereses de la mayoría social y sirviendo de contrapeso a los sectores minoritarios, pero muy ruidosos, que controlan los medios de comunicación.

En Canarias y en el Estado español en 2020 hay margen para la esperanza y el optimismo.

Este largo fin de semana me reuní con un grupo de amigas y amigos, votantes de Unidas Podemos y alguno del PSOE, que se encontraban en un mar de dudas sobre a quién votar en esta cuarta ocasión, después de las tres anteriores fallidas.

Uno de ellos manifestaba que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias eran culpables, ambos a partes iguales, de la repetición electoral. El resto, sin embargo, situaba la responsabilidad mayor y casi total en el actual presidente en funciones.

Todos coincidían, no obstante, curiosamente hasta los que culpabilizaban en parte a Pablo Iglesias, en que Pedro Sánchez nunca había querido un gobierno de Coalición, ni siquiera cuando a última hora hizo aquel amago de ofrecer una Vicepresidencia y tres ministerios. Y lo terminó de confirmar cuando habló de que le quitaría el sueño. Les recordé a todos que, si hoy era Sánchez presidente en funciones, lo era gracias a las gestiones y a los apoyos de Unidas Podemos y de otros grupos para echar fuera del Gobierno al corrupto partido de Mariano Rajoy. Y se hizo a cambio de nada.

Les recordé que, cuando el PSOE gobernó en solitario, firmó unos presupuestos con Unidas Podemos y otra serie de acuerdos, de los cuales sólo cumplió el de la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros; pero, por citar uno, se negó a llevar al Decreto Ley el acuerdo sobre poner topes al alquiler de las viviendas.

Obedeció antes a las presiones de los poderosos que a cumplir los acuerdos firmados. Esa fue su ocasión para gobernar en solitario, a la portuguesa, con apoyos externos. Y nos defraudó. Y en Canarias sigue habiendo 10 desahucios diarios.

Les recordé la profecía autocumplida de las manifestaciones del 29 de abril del presidente de la CEOE y de Ana Botín, declarando al unísono que “preferían un Gobierno PSOE-Cs y, si no fuera posible, el PSOE en solitario”, con apoyos puntuales. Y al final, Pedro Sánchez (que ya no es aquel de las declaraciones a Jordi Évole hace dos años denunciando las presiones de los poderosos y de los poderes fácticos) ha sido obediente a esas indicaciones de los que verdaderamente mandan en este país, aunque no se presenten a las elecciones.

También analizamos la contradicción entre el decir de Pedro Sánchez, afirmando que Unidas Podemos era su socio preferente, y el hacer de Pedro Sánchez, rogando a Cs y al PP la abstención antes y ahora. Puso todas las excusas posibles, como el veto a Pablo Iglesias, que generosamente se autodescartó, y ni siquiera eso sirvió.

Y de manera especial, negándose a reanudar las negociaciones durante el pasado verano, porque ya tenía decidido con el PP convocar elecciones para seguir avanzando hacia el bipartidismo caduco.

La obsesión de Sánchez y Casado, con el apoyo de muchos medios de comunicación, es recuperar los espacios perdidos por la izquierda con la aparición de Podemos y por la derecha con la creación de Cs y la resurrección del franquismo político diferenciado de los populares.

No terminan de darse cuenta de que Unidas Podemos tiene una base electoral sólida, que es ese importante sector de la sociedad que apoya un proyecto político que no les miente, que no dice una cosa en campaña y otra en las instituciones, en definitiva, que quiere gobernar en beneficio de la mayoría social y no para favorecer los intereses de los poderosos.

Precisamente, son ellos, los más poderosos de este país, quienes temen la llegada de Unidas Podemos al Gobierno, porque saben que tendrían que pagar impuestos en función de lo que ganan y no evadir impuestos mediante ingeniería financiera ni paraísos fiscales y nos opondremos a la corrupción.

Y estos son los que pretenden eliminar los derechos de toda la ciudadanía, proponiendo recortes y abusando de sus privilegios, imponiendo sueldos de miseria y empleos precarios, privatizando lo público para que la salud, la educación, la dependencia pasen de ser un derecho a ser un negocio.

Son los que el Gobierno no obliga a devolver los 60.000 millones que se prestaron a los bancos mientras se recortaron los servicios públicos, que son nuestros derechos.

Una vez más, en esta campaña Cataluña ha vuelto a ser el monotema de los que se envuelven en las banderas para no hablar de nuestros derechos. Ni el 155 ni la unilateralidad independentista han servido para solucionar un problema político, que tampoco lo resuelve el poder judicial. Diálogo político es la única solución posible.

Sobre derechos y libertades, hay que poner fin a la ley mordaza, sacar al franquismo de las instituciones, acabar con las puertas giratorias, limpiar las cloacas del Estado, no dar adjudicaciones públicas a las empresas implicadas en casos de corrupción.

La lucha contra el cambio climático, en la que se ha implicado la juventud a nivel internacional, necesita de medidas como la rehabilitación de más de medio millón de edificios, la creación de una empresa pública de energía, apostar por el transporte público y sostenible y que las empresas contaminantes paguen la transición ecológica.

Además, tenemos que pasar a ser dueños de nuestros contadores de electricidad y eso implica apostar por la generación con renovables distribuida entre toda la población. Democratizar la propiedad de la energía.

Apostar por los servicios públicos fomentando el servicio público de la salud, creando plazas de titularidad pública para los niños y niñas de 0-3 años, proponiendo una renta ciudadana, garantizando las pensiones y su consiguiente revalorización. Estamos absolutamente en contra de las privatizaciones de lo público.

Y de manera especial, lo que sí saben los votantes de Unidas Podemos es que no tenemos deudas contraídas con los bancos y, por tanto, ni nos debemos a ellos ni tampoco estaremos en las puertas giratorias.

Y además, están seguros porque hasta ahora lo hemos demostrado, que somos consecuentes entre lo que decimos en campaña y lo que hacemos cuando estamos en las instituciones.

Por tanto, el voto útil y de progreso en estas elecciones es necesariamente a Unidas Podemos, porque garantizamos que se haga lo que decimos en campaña y obligamos al PSOE a que mire a la izquierda y haga políticas para la mayoría social.

Necesitamos un grupo fuerte y numeroso en el Congreso de los Diputados, que siga apostando por políticas de progreso en lo social, de justicia y fiscalidad redistributiva, de diálogo y libertades, de lucha por la igualdad y contra la violencia machista, de apuesta por lo público.

Te digo y te repito que no vale decir que estás cansado de la política, porque si no votas otros decidirán por ti.

Si quieres soluciones, vota soluciones. Ese es el slogan de campaña de nuestros compañeros de los comunes en Cataluña.

Un Gobierno contigo.

El día 10 tú decides.

Una vez más, ante la permisividad y la negligencia de algunas autoridades, es la ciudadanía organizada quien tiene que defender los intereses del conjunto de la población.

La empresa propietaria de los terrenos, parte de los cuales son el producto de una permuta realizada con el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, hace años colocó una valla de tela metálica en torno a la propiedad y curiosamente en la zona colindante con la marea, la valla colocada no deja pasar ni el aire.

Con esa maniobra, se pretendía conseguir que no continuara formándose la duna sobre el solar. Frenaron inicialmente el flujo de la arena transportada por el viento; pero la valla está cubierta por la arena, que ha terminado avanzando dentro del solar.

Al parecer, la empresa cuenta con todos los permisos necesarios concedidos por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Sin embargo, la exigencia del colectivo Salvar La Tejita y de ATAN para que se estableciera un nuevo deslinde marítimo terrestre por parte de la Dirección General de Costa, no se ha efectuado hasta la fecha, como tampoco la correspondiente paralización cautelar de cualquier movimiento de tierras, mientras dicho deslinde se lleve a cabo.

Hay, por tanto, responsables del flagrante incumplimiento de las leyes.

Al día siguiente de las últimas elecciones del 28 de mayo, palas mecánicas y retroexcavadoras comenzaron a excavar el terreno en la zona más próxima a la playa. Fue en ese momento cuando, ante la alarma social creada por este atentado medioambiental, en nombre del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias (Podemos, Sí se puede y EQUO), presenté un escrito de puesta en conocimiento de dichas obras al Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a la Guardia Civil del SEPRONA, a la Dirección General de Costas y a la Fiscalía de Medioambiente.

Junto a ello, y de forma coordinada, el diputado de Unidas Podemos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, presentó en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas al Gobierno estatal en funciones.

De esta forma, garantizábamos que ninguna de las instituciones competentes pudieran mirar para otro lado, pues podrían cometer prevaricación.

Fruto de estas acciones, desde Costas se insta a la empresa a la paralización inmediata de las obras, dándole un plazo de cinco días para reponer los daños causados.

Pues ni una cosa ni la otra, porque las obras continuaron durante esas fechas, sin reposición alguna.

Una vez cumplido el plazo y hecho el destrozo en las proximidades de la playa, la empresa continuó las obras, en otra parte más alejada de la orilla.

Lo que pudimos presenciar el centenar de personas que acudimos esa mañana al lugar, además de miembros de la Policía Local de Granadilla de Abona, un técnico de Costas y una pareja del SEPRONA, que se limitaron a observar lo que allí ocurría, sin traspasar en momento alguno la valla del solar.

Se supone que toda esa información obra en manos de la máxima autoridad del Estado en Santa Cruz de Tenerife, el subdelegado del Gobierno, con quien mantuve ese mismo día una conversación telefónica.

Ahora corresponde obrar en consecuencia.

Costas tendrá que comprobar el grado de cumplimiento de la orden dada y, en su caso, establecer las oportunas sanciones por su incumplimiento, si lo hubiere. Además, tendrá que establecer urgentemente el nuevo deslinde de la delimitación marítimo-terrestre.

En el caso de que los límites del solar del hipotético hotel deban alejarse de las proximidades de la playa, deberá retirarse urgentemente la valla que actualmente frena la formación de la duna y deberá reponerse a su estado anterior el destrozo realizado durante estos días.

Del resto, se encargará la naturaleza.

Las autoridades competentes tienen la obligación de frenar cualquier atentado contra el medio ambiente, cualquier deterioro de un espacio natural protegido, cualquier invasión del territorio perteneciente al común de la ciudadanía para uso y disfrute de todos.

Luego vendrán la resolución de los recursos y las negociaciones, que seguramente planteará la empresa para defender sus derechos vulnerados.

Pero ese es otro asunto.

Mientras tanto, nosotras vamos a seguir diciendo que La Tejita no se toca.

Conservar los resultados anteriores de tres diputadas, como Vicky Rosell, Alberto Rodríguez y Meri Pita, a la par que contener el avance de la ultraderecha en las islas es todo un éxito de Unidas Podemos, apoyada por la ciudadanía de las islas. Y eso a pesar de la tendencia al voto útil al caballo ganador del PSOE, pronosticado por todas las encuestas.

Las derechas divididas se repartieron en Canarias los restos del naufragio del PP. Y así se beneficiaron los de Rivera, los de Abascal, y también los de Clavijo y Oramas. Estos últimos, que estaban muy nerviosos y con la maquinaria al límite en toda la campaña, obtuvieron el premio de dos diputadas, -eso sí, sólo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife-, aunque pincharon en los candidatos al Senado de todas las islas, quedando fuera de la cámara de representación territorial.

Por tanto, el argumento de que son “la voz de Canarias” y el intento de patrimonializar al conjunto de la población y el territorio de las islas, es una vana pretensión. CC es la quinta fuerza del Archipiélago en apoyos electorales. Ahí los ha colocado el electorado.

A este respecto, resalto la queja amarga en una tertulia radiofónica en la que yo participaba, emitida por la representante de NC el pasado lunes, afeándole a CC el incumplimiento del acuerdo previo de repartirse el territorio, renunciando NC a presentarse en la provincia occidental a cambio de que CC hiciera lo mismo en las islas orientales para no “arañarse votos entre sí”. Compromiso que CC no cumplió en Las Palmas y trajo consigo que el diputado del 75%, el señor Quevedo, perdiera su escaño.

El paisaje después de la batalla electoral trae una situación muy cómoda para un PSOE ambidextro, que puede elegir entre tres opciones posibles: la primera, formar una mayoría de progreso con un Gobierno con Unidas Podemos, como así le pedían los militantes socialistas en la noche electoral en Ferraz y los líderes sindicales en todas las manifestaciones del primero de mayo.

La segunda, y nada descartable opción, vistos los cambios de “veleta desnortada” de los de Rivera en anteriores ocasiones, es conformar un Gobierno con una parte de la poco moderada derecha de este país, representada por C’s. Y la tercera opción, que es la única de la que el partido socialista quiere hablar antes de las elecciones autonómicas, municipales y europeas del próximo 26 de mayo, es la de un Gobierno en solitario, un Gobierno ambidextro que tendría las manos libres para pactar algunas políticas sociales con Unidas Podemos, y todas las políticas económicas con las derechas.

Los diputados y diputadas electos, y el conjunto de la población que los votó, hemos asistido, con asombro, desde el pasado lunes a las declaraciones de los que no se presentan a las elecciones, pero que son los que gobiernan en este país, la representación de la patronal CEOE, el Banco Santander, el conjunto de empresas del IBEX 35, los poderes económicos de la UE y hasta la diputada Oramas, todos ellos han salido en tromba diciéndole a Pedro Sanchez que con Unidas Podemos nada de nada, que su opción preferida es un Gobierno con la derecha de C’s.

Y, en el peor de los casos, estarían dispuestos a admitir un Gobierno en solitario del PSOE, que ya ellos le aseguran que sus representantes afectos lo sustentarían y no lo pondrían en aprietos.

Es evidente que las pocas medidas de progreso adoptadas por el PSOE en los diez últimos meses en que Pedro Sánchez gobernó gracias a la moción de censura que desalojó al corrupto PP, fueron por el acuerdo con Unidas Podemos y la consecuencia de las movilizaciones de las mujeres y de los pensionistas.

Todos hemos contribuido a hacer mirar hacia la izquierda al PSOE, que ahora se encuentra en la cómoda situación de poder aparentar políticas sociales, creyendo que así va a contentar a Unidas Podemos y al electorado que lo aupó a la mayoría, y a su vez no enfrentarse a los poderes que gobiernan en este país sin presentarse a las elecciones.

El electorado le exige al PSOE que abandone esa calculada ambigüedad antes del próximo día 26 de mayo y nos diga qué bando elige, las políticas de progreso, sociales y económicas, el impulso al Estado del Bienestar, el freno a las privatizaciones de lo público, la derogación de las reformas laborales, asegurar el futuro digno de las pensiones, el que paguen más los que más tienen, o, por el contrario, si se va a colocar al servicio de los intocables poderes económicos.

La ciudadanía canaria tiene derecho a saber cuanto antes, con claridad, las intenciones del PSOE, porque el próximo 26 de mayo tenemos la posibilidad de un cambio de ciclo en las islas, y Sí Podemos Canarias es la única garantía de que se apliquen políticas de progreso y no haya deudas contraídas con los poderes económicos.

La Unión Europea ha fijado el plazo de 2035 para la reducción de residuos y la buena gestión de los mismos. Y las incineradoras tendrán su fin en 2029.

El Gobierno de Canarias, caracterizado por su absoluta carencia de voluntad para proteger la naturaleza de las Islas, sigue sin tener aprobado un Plan de Residuos, después de 12 años de incumplimientos consecutivos que, como a nadie se le escapa, llenan de porquería tóxica, fecal e industrial, las aguas de nuestras costas, barrancos, malpaíses, bosques, veredas y hasta las calles de pueblos y ciudades.

Pero, al mismo tiempo, los gestores del Gobierno son conscientes de que su desidia irresponsable repercutirá en un futuro muy próximo en los bolsillos de todas las personas que pueblan Canarias, porque tendremos que pagar multas millonarias por incumplir las normativas internacionales y estatales en materia de basuras.

Y para enredarlo aún más, el Gobierno de Clavijo busca la peor de las soluciones -la que ahora prohíbe Europa en todo su territorio continental-, que no es otra que quemar los residuos mediante nuevas incineradoras en las islas de Gran Canaria y Tenerife, transportando hasta las mismas las del resto de las islas. Lo recoge en el apartado 7.3.2 del Pircan (Plan Insular de Residuos de Canarias), aún no aprobado.

Clavijo y Coalición Canaria, después de 27 años, siguen entre la edad del fuego y la de piedra, mejor dicho, la del hormigón. Primero, fomentando aún más la quema de combustibles fósiles (el proyecto del gas) y ahora, consiguiendo una excepción para las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la UE que permita colocar incineradoras y quemar las basuras, que en el resto de Europa nadie quiere quemar porque envenenan a la gente.

Los populares europeos y diputados franceses y portugueses han apoyado la excepción para las regiones ultraperifericas. Y eso convierte al Gobierno de Canarias en un auténtico peligro para el medio ambiente y para nuestras vidas, y con sus propuestas parecen unos delincuentes medioambientales.

La basura es un gran negocio. Y eso lo sabe la mafia italiana que ejerce su control sobre los residuos en el Sur de Italia.

El tremendo dislate que se ha producido en Baleares, donde importaban basura de Italia para alimentar la incineradora y la siguen importando de Irlanda, lo quieren trasladar a Canarias. Y para eso han creado un lobby (compuesto por empresariado con intereses, políticos a su servicio y funcionarios afines) que, al parecer, está muy interesado en este negocio de la incineración.

En tres ocasiones en el último año, en el Parlamento he preguntado a la consejera Nieves Lady Barreto si nos iban a colocar incineradoras. Nunca me respondió. Recientemente, ha negado esa posibilidad en sede parlamentaria. No sé si será un repliegue por motivos electorales.

Mientras tanto, el lobby de la incineración ha seguido sigilosamente con su plan. Para eso, en un viaje organizado por el Gobierno habían visitado algunos lugares del Estado para contemplar ‘in situ’ al monstruo devorador de basuras y productor de ingentes ganancias.

¿Y Qué dice Coalición Canaria? El partido de los hidrocarburos, del gas, de la Ley del Suelo y de la concretera. El partido que ignora la naturaleza isleña en el mar y en tierra, ha decidido apoyar también la incineración.

Pero todo dependerá de la presión popular ante las próximas elecciones. Por eso es necesario informarnos y movilizarnos.

La ficha financiera inicial prevé unos 150 millones de euros de fondos europeos y, al parecer, otros tantos puestos por el Estado y Canarias para una incineradora en Tenerife y otra en Gran Canaria, destinadas cada una de ellas a quemar las basuras de todas las islas de sus respectivas provincias, estando previsto su traslado en barco desde las islas no capitalinas.

Para eso están las subvenciones al transporte de mercancías. Otro despropósito.

Y aquí es donde entra en juego ECOEMBES, entidad encargada de la recogida de todos los envases de plástico en Canarias, de cuyo reciclaje tienen que hacerse cargo las empresas que los producen y que pagan a esta entidad por su recogida y traslado.

Si no tienen que transportar los plásticos recogidos hasta la Península, ECOEMBES, que curiosamente se presenta como ONG sin ánimo de lucro, se ahorra el transporte aunque gane por trasladarlos a incineradoras de Tenerife y Gran Canaria en cuyas incineradoras nos obsequiarán, de paso, con fumarolas de humo tóxico.

¿Y para qué necesitan los envases de plástico las incineradoras? Sin ese material combustible la materia orgánica no ardería y entonces no funcionaria la incineradora. El plástico es el combustible para esa combustión.

Por tanto, cuando hablan de revalorización, hay que afirmar que la incineración no produce energía, la consume a través del plástico derivado del petróleo, dotado de un alto poder calorífico.

Y para que los envases de plástico vayan al contenedor de “restos” de la basura, sólo hace falta relajar las normas, no propiciar una correcta separación de la basura y convertir la basura orgánica, por ejemplo, en algo contaminado y no aprovechable si está mezclada con otras.

Además, como tiene mucha agua es muy pesada y, por tanto, más toneladas para embolsarse los incineradores en sus bolsillos.

La estrategia que han seguido los incineradores en todos los lugares es comenzar por pocas cantidades, en torno al 20%, para inmediatamente duplicar y triplicar la basura que se queme pues, mientras más basura arda, más dinero recibe la empresa adjudicataria de la incineración.

Al pagar por el producto envasado, estamos pagando el reciclado del envase, reciclado que no se va a producir.

Lo explico: la empresa a la que se le adjudica la incineración firma un contrato por tantas toneladas al año y por un tiempo de 30 años. Cada Ayuntamiento gasta entre 40 y 50 euros por tonelada en recoger la basura y entregarla al Cabildo en su planta de transferencia.

Frente a esos 44/50 euros por tonelada que se pagan hoy por gestionar la basura, si se implanta una incineradora pasaremos a pagar 3 ó 4 veces más (entre 175 y 185 euros por tonelada).

Ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife le pagará a la empresa Valoriza 200 millones de euros por la gestión municipal de la basura. A su vez, el Cabildo paga alrededor de 150 euros la tonelada, pesada a pie de incineradora, a la empresa que la quema.

Por tanto, el ‘monstruo’ necesita comida, y que no disminuya; porque, de ser así, se incumple el contrato y hay que pagar aunque la basura no llegue. Por eso, en Baleares, se importa desde Irlanda.

Por eso, quemar basura es un gran negocio para cuatro listos y un muy mal negocio para nuestra salud, la del territorio y la de nuestra castigada atmósfera. Más calentamiento para el cambio climático...

En este asunto no hay unidad de criterios entre los 88 municipios, ni siquiera los de cada isla con su Cabildo correspondiente. En estos reinos de taifas de la descoordinación de lo público, se mueven las empresas del sector de manera confortable, como pez en el agua.

Y con lo que se juega es con el dinero público procedente de nuestros impuestos, con las tasas y precios públicos que pagamos y con la salud de todos nosotros y el futuro del hábitat que dejaremos en herencia a nuestros descendientes.

¿Genera o destruye puestos de trabajo la incineración? Cuando incineras, por cada puesto de trabajo que creas, destruyes entre 10 y 15 empleos de un proceso donde se recicla.

¿Qué garantías ofrecen las incineradoras para las personas y el resto de seres vivos que se sitúan en sus proximidades? Cómo muestra valga el ejemplo de la más moderna incineradora del mundo, actualmente instalada en Holanda, y que en recientes estudios deja claro que en un radio de acción de 2 km a la redonda (sin vientos ni otros fenómenos expansivos) todos los huevos de las aves arrojan altas dosis de dioxinas (toxinas altamente cancerígenas).

¿Qué hará el Gobierno de Canarias en islas como Tenerife con los pueblos de El Río de Arico, Chimiche, La Cisnera, Villa de Arico, La Jaca, Las Maretas, Tajao, Las Arenas, La Caleta o Barranco Del Río, que se encuentran en ese radio de acción, en días sin viento, lo que es muy improbable? ¿Tiene previsto reubicar a sus habitantes en otros lugares o los va a condenar a morir de cáncer? Si hacemos caso a lo dicho por el eurodiputado canario del PP, Gabriel Mato, “el Gobierno deberá preparar los planes de emergencia para esos lugares”.

La incineración no es la solución a los residuos. Está ya inventada en muchos países de la Unión Europea: reducir, reciclar y reutilizar. Minimizar los residuos, separarlos adecuadamente en origen. Aprovechar los orgánicos para un compost de calidad. Reaprovechar el resto (papel, envases de plástico, tejidos y calzados, restos,…), eliminar todas las bolsas de plástico así como vasos, pajitas, platos y cubiertos.

Otros países lo han hecho, nuestros visitantes lo hacen en sus países de origen, ¿por qué no lo hacemos en Canarias? En La UE se recicla por encima del 50 por ciento de los residuos. En Canarias, no llegamos al 18 por ciento.

La decisión de imponer una incineradora, una vez implantada, ya no tiene vuelta atrás por su altísimo coste y requerimientos; además, las incineradoras, incluso las de última tecnología, siguen produciendo graves contaminantes que amenazan la biodiversidad terrestre y marina; por tanto, los residuos incinerados no desaparecen, sino que se transforman en escorias altamente tóxicas, cuyos depósitos habrá que gestionar y costear su mantenimiento durante siglos.

La materia orgánica sigue siendo más del 40 por ciento de nuestros residuos sólidos urbanos. Un kg de materia orgánica, como el compost que podemos obtener de nuestros residuos orgánicos, ayuda a retener hasta 20 litros de agua en el suelo; las incineradoras son la excusa para quemar la materia orgánica y los envases, y no tener que compostarla o reciclarlos.

Las incineradoras también necesitan quemar materia orgánica seca, de manera que las plantas de bioestabilizado que ya existen se dedicarán a deshidratar para quemar lo que podría haberse convertido en compost; en Madeira, su ambicioso Programa de Compostaje de los residuos orgánicos desapareció por completo desde el momento en que se implantó una incineradora en la Isla.

Si recibimos dinero europeo para la costosa incineración ya no lo podremos recibir para proyectos de reducción, compostaje, reciclaje y reutilización.

La población canaria, que salió masivamente a las calles para frenar las prospecciones petrolíferas de Repsol, para denunciar el atentado ecológico de las torres de Vilaflor, la que se ha opuesto al muelle de Granadilla o a la innecesaria ampliación del muelle de Agaete, tiene que volver a salir a las calles para detener este nuevo atentado contra nuestra salud, nuestra economía y nuestro futuro.

Tenemos que impedir que estos potenciales delincuentes medioambientales continúen en el Gobierno de Canarias y en los Cabildos. Después no valen las quejas. La solución está ahora en nuestras manos. No a la incineración.

Ambos, la Oramas y su delfín Clavijo, pésimos gestores, tan críticos aquí y en Madrid con Podemos y sus confluencias, deberían tomar nota de cómo se han gestionado las ‘ciudades del cambio’, eliminando deudas anteriores y mejorando la vida de la ciudadanía, mientras La Laguna sigue arrastrando la mayor deuda de su historia, por su nefasta gestión.

Este asunto judicial vino precedido de intentos de denominarlo “caso político”, de parapetarse tras el aforamiento, de culpar a la Fiscalía, de comparecer a petición propia en el Parlamento, de algún favor debido por parte del TSJC, y al final, no ha podido ser: hay que acudir ante la justicia, con los tiempos y formas que ésta disponga.

Mi más absoluto respeto a la presunción de inocencia de cualquier ciudadano y a la actuación de algunos jueces. Sin embargo, no me resisto a apostillar que los mismos que niegan la condición de “presos políticos” a los del anterior Gobierno catalán, reclamen para su situación la de “juicio político”, cuando de lo que hablamos es de una acusación de la fiscalía por “delitos de prevaricación y malversación”. Ni chiquita diferencia, que diría un amigo.

El historiador romano Plutarco nos cuenta cómo se dirigía el emperador Julio César, aquella mañana del 15 de marzo del año 44 antes de nuestra Era, y en el camino se encontró con un vidente, que ya lo había advertido sobre que algo terrible le iba a suceder ese 15 de marzo. Julio César, sonriente, le dijo “Los idus de marzo ya han llegado”; a lo que el vidente contestó compasivamente: “Sí, pero aún no han acabado”. Y aquel día, murió asesinado y en en el Imperio Romano se asistió a un cambio de ciclo.

Recordemos la importancia de esta fecha en el calendario romano, pues coincidía con la primera luna llena del año nuevo, con los augurios de que iban a ocurrir cosas nuevas y buenas.

En algún momento, se asoció incluso al chivo expiatorio. Y hasta Shakespeare, en su obra Julio César (1599), afirmaba: “¡Cuídate de los idus de marzo!”

Esta situación, a dos escasos meses de que termine la IX Legislatura en el Archipiélago y,después de 27 años ininterrumpidos de gobiernos presididos por CC (Manuel Hermoso, Román Rodríguez, Adán Martín, Paulino Rivero y Fernando Clavijo), la convierte en excepcional.

Por primera vez un presidente en activo, y a la sazón candidato electoral a la presidencia por CC-PNC, tiene que acudir como imputado ante los tribunales de justicia, y sin derecho al aforamiento.

Esto debiera presentar un dilema para su partido, para su persona y para sus incondicionales apoyos parlamentarios.

CC-PNC tendrá que explicar ante la sociedad canaria qué va a hacer con su candidato imputado: ¿lo va a mantener a toda costa?, ¿qué explicaciones nos va a dar a la sociedad canaria?, ¿dónde fija CC los límites de la ética y las responsabilidades?

Los apoyos incondicionales del Gobierno en minoría de CC, Asier Antona del corrupto PP; y Casimiro Curbelo con su ASG; han ligado hasta ahora sus destinos a CC; pero.. ¿están dispuestos a formar parte de este naufragio?

A Curbelo le hemos oído hablar de “normalizar la situación” (son muchos los favores recibidos durante la presente legislatura), mientras que Antona acude a la gastronomía y habla de “que no es plato de buen gusto acudir investigado a la elecciones”. Otros parecen mantenerse en la tibieza.

Y finalmente, el propio presidente deberá tomar una determinación. Ante una situación de extrema gravedad, como es tener que acudir como imputado ante los tribunales, su dilema consiste en presentar la dimisión o someterse a una cuestión de confianza. No parece que haya otra salida razonable a esta delicada situación.

Una vez más, los idus de marzo parece que nos traen buenos augurios.

Yo quisiera interpretarlos como que estamos asistiendo a un fin de ciclo, a un final de régimen: el de Coalición Canaria en muchas de las instituciones canarias.

Tic-tac, se está acabando el sentido patrimonial con que han ejercido la política. Tic-tac, se están acabando las redes clientelares que durante tres décadas han tejido en la sociedad canaria. Tic-tac, se aproxima el final de políticas de favores frente a las políticas de derechos y de transparencia, que nos merecemos la ciudadanía canaria.

Se avecina una nueva época, llena de esperanzas. Y mis mejores deseos personales para el Sr. Clavijo ante este duro trance.

En Canarias, además, el agua es un bien escaso. Escaso y privado.

Dos condiciones necesarias para que el agua sea objeto de negocio y especulación.

Cabría preguntarse por el papel que juegan, en todo el ciclo del agua, los consejos insulares de Aguas, que están en manos de cada uno de los cabildos.

Tenemos que apostar porque se apliquen los criterios de la economía circular al ciclo del agua: eficiencia y sostenibilidad en todo el proceso, desalar menos y no permitir que tengamos unas pérdidas próximas al 70% en el transporte del agua, depurar con procedimientos naturales, que no consumen energía, y reutilizar la totalidad del agua. 

El binomio agua-energías renovables debiera ser indisoluble. Sin embargo, en Canarias se opta por apuestas de obsolescencia programada, por las grandes obras y los grandes negocios.

Agua, piche y ladrillo entremezclan sus intereses económicos en las islas. Y cuentan con el apoyo político de Coalición Canaria y sus incondicionales PP y ASG, para continuar enriqueciéndose y estafando a los canarios. 

Cobrar por depurar y no hacerlo es un timo.

Es una estafa vendernos agua potable de abasto y seguir permitiendo que núcleos de población de diversas islas no puedan utilizar el agua de sus grifos por el exceso de fluoruro, de nitrato o de boro, que incumplen los criterios de calidad del agua, según la Consejería de Sanidad.

Durante más de tres décadas los sucesivos responsables políticos de Canarias, la mayoría de Coalición Canaria, han incumplido reiteradamente con la normativa canaria, la española y la europea en materia de vertidos de aguas residuales al mar.

Y, en consecuencia, hemos recibido reiteradas multas de la Unión Europea por vertidos ilegales, que son competencia de los ayuntamientos; multas millonarias por no haber realizado los planes hidrológicos de las islas, competencias de los Cabildos.

Y, por encima de ellos, el Gobierno de Canarias.

Según el censo, estamos tirando agua al mar por 394 conducciones, 49 de ellas son emisarios submarinos. El número de puntos de vertido no autorizados es de 277 (72%), repartidos al 50% en ambas provincias. Y 69 de ellos vierten a zonas clasificadas como playa, es decir, donde nos bañamos.

Islas como El Hierro (5) no tienen punto alguno autorizado. La Gomera, de 10 sólo tiene 3, los mismos que La Palma de 17; Lanzarote, de 37 sólo 8 autorizados; Fuerteventura de 40 sólo 10 autorizados; Gran Canaria de 113 sólo 33 autorizados y Tenerife de 172 sólo 59 autorizados.

El panorama es desolador. Ayuntamientos, Cabildos y Gobierno de Canarias decidiendo que este asunto no es prioritario porque no da votos. Es solo porquería. ¿Qué más da?

La entrada en la Unión Europea trajo consigo que llegara mucho dinero a Canarias, fondos europeos que debían haberse invertido en depuración de aguas, mejoras de la canalización, emisarios submarinos, alcantarillado… y nos hemos encontrado con un Gobierno y unas instituciones locales que han preferido gastarse el dinero procedente de Europa en miradores, obras faraónicas, rotondas, anillos Insulares, más carreteras y puertos desiertos.

El negocio de la construcción como un fin en sí mismo, que, además, siempre beneficia a unos pocos, que son los que deciden sobre la política en Canarias.

Las aguas residuales urbanas significan el 57% de los vertidos al mar y lo hacen a través de 224 puntos de vertido censados, del total de 394 conducciones que acaban en el mar. De ellas sólo se depura y regenera un 18%.

Esta situación tiene remedio, hay soluciones alternativas y ya lo está discutiendo la ciudadania en distintas islas, formando plataformas ciudadanas como la de Isla Baja en Tenerife, o recogiendo firmas en change.org como lo vienen haciendo en Gáldar con la zona de Bocabarranco.

Frente a métodos basados en altos costes de mantenimiento usando combustibles fósiles existen otros métodos que podrían disminuir el caudal de agua residual con procesos de depuración primario y secundario en zonas más altas, depuración con biodigestores anaerobios y una última fase de depuración con plantas.

Estos sistemas presentan múltiples ventajas como su nulo coste energético, bajos costes de implantación, elevada autonomía de funcionamiento, ausencia de malos olores, y posibilidad de reutilización de los productos generados (planta acuática para el forraje u ornamental, fangos para el abono, agua de salida como fertilizante líquido para el riego de cultivos, biomasa generada en el proceso como combustible).

Tenemos diversos expertos en Canarias que, con tecnología propia, han demostrado que es posible.

Seguramente, los responsables políticos no han pensado en ello ni apuestan por ello, porque no son grandes infraestructuras, no consumen energía eléctrica, no dependen, por tanto, del petróleo ni del gas con elevadas facturas de consumo, y, claro, no son negocio en sí mismas.

Han optado por las desaladoras en todas las islas, que consumen mucha energía y producen salmueras y lodos altamente salinizados a los que no se les ha encontrado la solución óptima.

Tenemos que apostar por la depuración natural y porque no se contaminen nuestros mares y nuestro territorio y se reutilice la totalidad de las aguas residuales.