La decisión de la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional de inadmitir el recurso de amparo de Carles Puigdemont contra la orden de detención del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena será anulada con toda probabilidad después del verano, pero resulta un paso significativo en la batalla que la derecha judicial libra contra el poder legítimo del Estado desde hace años. Una lawfare en la que el Partido Judicial –valga la expresión–se ha atribuido el papel de enemigo del independentismo, al observar quizá que el partido político que estaría llamado a hacerlo (el Partido Popular, ahora aliado con Vox) no tiene armas o carácter suficiente. El momento elegido para contestar las posibles alianzas de los partidos políticos elegidos libremente por los ciudadanos el pasado 23J resulta por ello sumamente significativo en esta lawfare que dura años. 

Los sucesos ocurridos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017, cuya gravedad política nadie pone en duda, ya que se trató de una iniciativa manifiestamente inconstitucional, fueron contestados por el Partido Judicial de inmediato, imputando a los líderes independentistas un delito de rebelión a cuya verificación le faltaba nada más y nada menos que una violencia subversiva detonante de la independencia, elemento esencial de ese delito. Ese dato fue pasado deliberadamente por alto por el Juez Llarena en su función de instructor/inquisidor, con el aplauso del Tribunal –erigido entonces en auténtica comisión ejecutiva del Partido Judicial–, porque permitía el encarcelamiento de esos líderes, algo que no habría sido posible con otra imputación. Pieza clave de ese relato era la función de fuerza armada “sospechosa” atribuida a los Mossos d’Esquadra dirigidos por Trapero, cuyo papel pacificador en aquellas jornadas fue percibido como complicidad frente al mucho más agresivo y violento de las Fuerzas de Seguridad del Estado enviadas a Cataluña al grito popular de “¡a por ellos!”, repudiable exclamación sobre la que nadie ha pedido perdón. Los Mossos fueron considerados por Llarena como la “fuerza armada” de la que disponían los independentistas para luchar contra el Ejército español. Del delirio se había pasado a la infamia. 

Aquel encarcelamiento representó una utilización política espuria y antidemocrática del Derecho penal, útil para los intereses del Partido Judicial. La propia Sentencia del Tribunal Supremo de 2019 tuvo que negar que hubiera existido rebelión –contra la vehemente postura de la Fiscalía y y de la acusación de Vox– y echó mano de una figura arrumbada en el baúl de los delitos manifiestamente derogables: la sedición, sin uso apenas, pero tan ambigua y con tal elevadas penas que se consideró útil para encarcelar “por A o por B” a los líderes independentistas, representantes de la “anti España”, pese a tratarse de una Sentencia manipuladora y jurídicamente inconsistente. 

Cuando la Audiencia Nacional juzgó a Trapero como jefe de los Mossos, acusado de ser cooperador de la sedición independentista, la magistrada Concepción Espejel formaba parte de la Sala junto a Ramón Sáez (ponente) y Francisco Vieira. El Tribunal consideró que no había elemento incriminatorio alguno, resultado de la prueba, que revelase un acuerdo entre los acusados para constituirse en instrumento del proceso independentista y poner el aparato policial dependiente de la Generalitat a su servicio. Resultado: absolución. Nuevo relato del Partido Judicial que cayó derrotado por falta de consistencia jurídica, aunque sí lograse desviar la atención sobre la pésima actuación policial en Cataluña, algo que sus responsables políticos –Zoido y Rajoy– ni siquiera se atrevieron a defender en las sesiones del juicio. Pero la magistrada Espejel tenía que salir en defensa de esa versión derrotada y apoyar las tesis del Partido Judicial redactando un voto particular de ¡500 páginas! contra la absolución. Aquella derrota debió de sentar muy mal y es ahora, como magistrada del Tribunal Constitucional integrante de la Sala de Vacaciones, cuando se cobra su pírrica victoria en esta interminable lawfare en un momento políticamente inestable porque están labrándose las alianzas tras el 23J. Demostrando con ello que se quiere intervenir para evitar que la “anti España” forme parte del apoyo a la coalición gobernante, por mucho que los millones de votantes de izquierda representamos el poder legítimo del Estado español, cuyos parámetros democráticos establece la Constitución y no un grupo de magistrados conservadores, defensores de la “gente de bien” y de esa eterna facción de nuestro país que considera al Estado como su propia finca de caza de “antiespañoles”. 

Conviene ser conscientes de esta realidad ahora que comienza a hablarse de una posible amnistía que sirva para situar al Derecho penal extramuros de la concertación política, eliminando las causas abiertas contra manifestantes y policías por aquellos sucesos reactivos a la Sentencia del Procés. De amnistía no habla la Constitución y nadie debería poner en su boca lo que no dice. Diferentes artículos de especialistas ya han demostrado que una amnistía es posible si existe voluntad democrática para ello, por mucho que lo nieguen los sedicentes demiurgos del Derecho penal, que lo están utilizando a su antojo –y con frecuencia sin ningún rigor– para intervenir políticamente en España.

La ley que despenaliza la eutanasia en España cumple ahora un año. Asistimos por ello a una suma de análisis sobre su eficacia y oportunidad, mientras las huestes ultracatólicas, junto a PP y Vox, aprovechan para atacar sus principios y alinearse con esa corriente ultraconservadora que dice defender la vida y que en realidad defiende la extirpación de los derechos civiles conquistados tras una dura batalla democrática.   

Dado que es momento de hacer balance, conviene contrastar algunos datos fehacientes sobre la incidencia de esta Ley en la sociedad española, comparada con la que tuvo en países como Holanda y Bélgica hace 20 años, cuando se promulgaron allí las leyes de despenalización. Durante este primer año se han practicado en España alrededor de 180 ayudas a morir dignamente. Una cifra sencillamente ridícula si se compara con las que hubo entonces en Holanda (1.615) o Bélgica (345) y si tenemos en cuenta que nuestra población es 2,5 veces la de Holanda y 4 veces la de Bélgica. Advierto ya que en esos mismos países, las últimas cifras anuales rondan los 7.000 y 3.000 casos, respectivamente, lo que lleva a pensar en cifras cercanas a los 10.000 casos de eutanasia al año en España como algo normal en nuestro entorno. 

Que la cifra nos parezca desorbitada quizá tiene que ver con esa campaña de acoso y derribo de la Ley por medios indirectos. En efecto, creo que determinados Gobiernos regionales están utilizando el desarrollo de la Ley para lograr su declinación. Me explico. El procedimiento establecido en ella para el reconocimiento de la ayuda a morir con dignidad se inicia siempre a instancia de la persona enferma (o de quién dicha persona haya designado en su testamento vital) y requiere inexorablemente la autorización de una Comisión de Garantía y Evaluación. La Ley les confiere a estas Comisiones alcance regional y se han creado por decreto a lo largo de este año, con los únicos requisitos de que el número mínimo de miembros sea de 7 y de que tenga carácter multidisciplinar, siendo preceptiva la presencia de “personal médico, de enfermería y juristas”. A ellos se han unido en ciertas regiones los trabajadores sociales, a causa de la presión ejercida por sus colegios.  

Bajo esas premisas tan escasas, los Gobiernos regionales tienen discrecionalidad absoluta para designar a los miembros de dichas Comisiones sin sujeción a requisito alguno de formación, experiencia o ideología, lo cual permite nombrar a 7 o 10 ilustres -o ilustrísimos- radicalmente contrarios a la eutanasia. No digo que esos Comités tuvieran que incluir necesariamente “profesores de Universidad”, -como exige la legislación belga-, pero no deja de llamar la atención el hecho de que entre 17 Comisiones regionales sólo se haya nombrado a dos profesoras muy especializadas en la materia (Carmen Tomás-Valiente y Leticia Jericó en Baleares y Navarra, respectivamente), mientras en el resto predomina un perfil sanitario burocrático que sugiere un control desde los respectivos Gobiernos regionales, muchos de los cuales están detentados por partidos contrarios a la eutanasia. Cabe percibir aquí el tufo de desconfianza hacia una institución como la Universidad, que acredita no sólo la mejor investigación en todas las materias sino además una independencia de criterio sellada constitucionalmente bajo la invocación de la “libertad de cátedra”. 

No hay que ser muy ladino para darse cuenta de que si designas una Comisión cuya mayoría de integrantes son contrarios o reacios a la práctica de la eutanasia, las autorizaciones van a descender exponencialmente, perjudicando con ello el derecho del enfermo a obtener una prestación que la Ley le asegura. Porque tras una negativa de la Comisión regional correspondiente, ese enfermo no puede acudir a la de otra Comunidad Autónoma para logar lo que le fue denegado en la primera; en todo caso, tendría que recurrir al conocido turismo eutanásico y lograr una muerte digna en un país extranjero, es decir lo mismo que hasta ahora ha ocurrido. Dicho de otro modo: mediante una designación muy selectiva de las Comisiones de Garantía y Evaluación previstas en la Ley, los partidos contrarios a la eutanasia pueden lograr su objetivo de cargársela sin modificar una coma de ella. Téngase en cuenta que sus decisiones se refieren a conceptos tan indeterminados como padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, expresiones cuya acotación puede resultar muy indeterminada a poco que nos empeñemos.  

Si queremos que la Ley de eutanasia funcione como en los países de nuestro entorno, para garantizar a los ciudadanos españoles el derecho a una muerte digna, debería existir un método de reclutamiento de los miembros de ese órgano decisorio que garantice que sus integrantes no van a convertir en inoperante una Ley que tanto esfuerzo ha costado promulgar. Más muerte digna a voluntad del paciente es, sin duda, más democracia y más libertad. No permitamos que la saboteen. 

Mientras los miembros del Parlamento debaten el Proyecto que reforma los delitos sexuales, parece abierta la veda para tumbar esta iniciativa, que es tan representativa de la orientación política del Ministerio de Igualdad. En efecto, dentro del ambiente penalista – la rimbombante academia- es fácil observar cómo conspicuos compañeros (utilizo el masculino adrede, no es inclusivo) se dedican a pegarle buenos mamporros a esta reforma, algo sin duda legítimo si no fuera porque se atisba en muchas de esas críticas un tufo machista considerable; así, puede verse a sedicentes progresistas que con una mano conceden carnets de progresismo mientras con la otra advierten a esos advenedizos de la izquierda radical que no son ellos quiénes para modificar las leyes, dada su ignorancia supina en esta materia. Machismo y clasismo: la asamblea legislativa está compuesta por quienes han elegido los ciudadanos, les guste o no a los miembros de la clase intelectual. Quizá deberían aplicarse a analizar más a fondo la cuestión. 

La reforma acaba con una larga tradición penal que ha distinguido siempre entre agresión y abuso sexuales atendiendo a la concurrencia de violencia o intimidación en la primera o a la mera ausencia del consentimiento en el segundo, ya sea porque existió prevalimiento del autor o porque se sometió a la víctima a un estado inconsciente mediante la ingestión de drogas, etc. Se trata, sin duda, de una distinción muy asentada en nuestro sistema punitivo que siempre ha planteado problemas, como por ejemplo la difícil distinción en ocasiones entre prevalerse de una situación de superioridad (el jefe, el cura, el profesor) e intimidar (cuando la víctima accede a la relación sexual por temor). El punto de choque brutal de esta cuestión se alcanzó con aquella repudiable sentencia de Pamplona en el caso de “la manada”, que condenó por abuso aunque reconocía que la víctima actuó con miedo; como es sabido, fue oportunamente corregida por el Tribunal Supremo, que condenó por violación. 

A favor de englobar todos los delitos sexuales bajo el rótulo de la agresión sexual se encuentran no solo esos indocumentados a los que parecen referirse algunos académicos sino instituciones tan serias y solventes como la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, que lleva decenas de años luchando contra la violencia de género, también la sexual, conformando un auténtico ejército jurídico de gran prestigio. Tampoco se distingue en Italia, que habla en general de “atentados contra la libertad sexual”, ni en Francia, cuyo Código coloca bajo el rótulo de “agresiones sexuales” no solo las violentas sino también las realizadas bajo coacción psíquica o por sorpresa.  

Aparte del sacrilegio de arrumbar esa distinción, se critica duramente la definición del consentimiento (el “solo sí es sí”), que ha provocado hasta la mofa de algunos expertos (“¿es que vamos a tener que llamar a un notario antes de ‘hacerlo’?”- se ha llegado a decir). En el fondo, lo que requiere el Proyecto para valorar si se ha prestado un consentimiento libre es lo mismo que exigen nuestros Tribunales en la mayoría de los casos, pero dado que a veces revierten la carga de la prueba (de “honestidad” ¡!) hacia la mujer, no está de más que se les recuerde. En Francia, por ejemplo, el Código Penal advierte expresamente de que la relación matrimonial no impide considerar que existió agresión sexual: ¿era necesario decirlo en la ley? ... claro que no, pero se hizo por si a algún juez retrógrado se le ocurría decir que “eso son cosas de alcoba, que se resuelven en casa”. Es una manifestación más del “imperio de la ley”. 

Tengo la impresión de que exigir la violencia para dibujar en su entorno una figura penal específica como la agresión sexual desconoce que para muchas mujeres -así lo expresan, cuando les preguntan- la “violencia” existe desde el momento en que se invade su intimidad sexual sin su consentimiento; seguramente se trata de una “violencia” más espiritual que física en muchos casos, pero que puede reconducirse al fin y al cabo a algunas de las acepciones que tiene esa palabra en el Diccionario de la RAE: la de actuar “contra el natural modo de proceder” o la de “violentarse”. Por otra parte, el Convenio de Estambul -que rige en nuestro país desde agosto de 2014- define como violentos los actos que puedan suponer para la mujer  “daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual o psicológica”. 

Desde el punto de vista criminológico, cada vez preocupan más los casos en que se viola a una mujer (o a un hombre) previa sumisión química de la víctima, ya sea suministrando alcohol -que es lo más utilizado- u otras drogas. ¿Hay violencia en ese caso? Según nuestro Tribunal Supremo, mantener relaciones sexuales previa administración de sustancias que no permiten ser consciente de lo que se hace después constituye un delito de abuso, no de agresión. Sin embargo, paradójicamente, si esa sumisión química se realiza para robar -hace poco hemos tenido un buen ejemplo de ello- entonces los tribunales sí entienden que el robo se realizó “con violencia”. En efecto, una Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2019 consideró que la previa ingesta de drogas puede considerarse “violencia” para el robo porque supone un “forzamiento de la voluntad de un tercero a partir de la afectación física de su sustrato corporal; por tanto predicable a los supuestos donde a través de una sustancia tóxica (sumisión química), se elimina o reduce la consciencia del sujeto siendo privado de su capacidad de reacción”. Pero lo que vale para el robo debería valer igual para la violación. 

Ante una incongruencia semejante, ¿qué debe hacer el legislador?¿cruzarse de brazos? Haría muy mal si no sirviera de cauce a la demanda social de reforma de los delitos sexuales -un auténtico clamor en el ámbito feminista- y esperase a que un Tribunal Supremo completamente anquilosado tuviera la valentía de dar un giro progresista a la letra de la ley; mejor cambiarla, pese a quien pese. 

De acuerdo con la versión del Fiscal acusador, cuando el señor K -llamémosle así, para preservar su intimidad- observó que la comisión judicial encargada del desahucio había terminado su tarea y “se encontraban esperando en la vía pública… comenzó a fotografiar a los miembros de la comisión, procediendo a continuación a subir dichas fotografías en Twitter y Facebook…” . Ese Fiscal F. solicita nada menos que ¡3 años de prisión! por un delito contra la intimidad de los miembros de dicha Comisión Judicial. ¿Es una broma?... No, a veces, el Código Penal se utiliza manifiestamente con fines muy distintos de aquellos para los que está escrito, o sea la resolución de graves conflictos sociales. Aquí no hay ningún conflicto social, bueno sí, el de la pareja que iba a ser desahuciada, padres menores de 20 años, con niño a su cargo, que no tenían posibles para abonar el alquiler... ¡Pero la culpa es del fotógrafo! Será por mostrar al mundo cómo funciona la “justicia” en este país. 

Probablemente, en la Audiencia Provincial de Guadalajara, donde se ha celebrado el juicio, no saben que el Tribunal Constitucional tumbó hace un año la norma de la “Ley Mordaza” que sancionaba la toma de imágenes de agentes de policía porque ello atentaba frontalmente contra el derecho a la información, que no lo ostentan únicamente los periodistas sino “la colectividad y cada uno de sus miembros”, porque no cabe reconocer derechos fundamentales sólo a ciertos estamentos cuando lo importante -como subrayó nuestro Alto Tribunal- es dar satisfacción a un “interés público” de cualquier noticia, como ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

En fin, nuestro Tribunal Constitucional consideró que solo podía prohibirse la difusión de dichas imágenes cuando conllevasen un peligro cierto y concreto y no cualquier riesgo abstracto y remoto. Por lo demás, exigía una ponderación por parte de los tribunales respecto a la contraposición entre ese derecho a la información y la posible invasión de la vida privada, que quedaría excluida cuando actuasen en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Si la Fiscalía de Guadalajara hubiese tenido en cuenta (como es su obligación) esta jurisprudencia constitucional, muy difícilmente habría podido mantener la acusación contra K. por haber filmado desde una ventana a una Comisión Judicial encargada de un desahucio, habiéndolo difundido después. No hay delito de revelación de secretos porque en ningún caso puede considerarse secreta la actuación de unos agentes judiciales que cumplen sus funciones llevando a cabo un desahucio, el cual exige a veces la actuación de agentes de la policía cuyas imágenes sí podrían captarse, de acuerdo con esa Sentencia del Tribunal Constitucional. Un desatino. Y no hay afectación de la intimidad porque en esa misma Sentencia se obliga a tener muy en cuenta si los agentes han sido fotografiados o filmados realizando su actividad oficial, algo que enlaza directamente con el interés público del derecho a la información. 

En conclusión, el juicio contra K. puede analizarse de muchas maneras, pero desde luego no tiene solidez alguna desde el punto de vista penal, porque va contra la lógica jurídica y, sobre todo, porque es radicalmente contrario a esa Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Mordaza. Si existen otros intereses subyacentes en la acusación por la actividad militante de K. es algo que no puedo conocer y en la Facultad me enseñaron a no realizar juicios de intenciones…Pero no sé si todos hemos estudiado esa lección fundamental en un Estado democrático de Derecho. 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado sus conclusiones definitivas en el juicio celebrado contra el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, los altos cargos de la Consejería de Interior, Pere Soler y César Puig, y la intendente de dicho cuerpo policial, Teresa Laplana, por su supuesta connivencia con el independentismo. Se les acusa de sedición, pero a última hora se ha solicitado subsidiariamente condena por desobediencia, a cuya fundamentación no le dedica ni una palabra el escrito de acusación, pese a haber tenido tres meses para redactarlo. 

El mayor Trapero quedó descolgado del proceso principal ante el Tribunal Supremo porque su instructor, Pablo Llarena, anduvo más preocupado por cumplir su tarea con urgencia que por hacerlo íntegramente. La lógica judicial dice que si consideraba el cuerpo policial de 17.000 Mossos armados la baza intimidatoria del independentismo para hacer claudicar al Estado español, sus jefes hubieran debido ser juzgados en aquel proceso retransmitido que nos ofreció la imagen vetusta de un banquillo con forma de autobús varado. Sin embargo, el instructor prefirió dejar al margen a estos personajes de la trama para despejar el camino y acelerar la apertura del juicio oral. A la postre, el Tribunal Supremo realizó una pirueta interpretativa de los hechos y descartó la rebelión, no sólo porque no apreció que dicha intimidación fuera suficiente sino porque se sacó de la manga que los líderes independentistas habían engañado al pueblo catalán y no querían la independencia sino negociar con el Gobierno español. Una versión de gacetilla. 

Por esa razón, el juicio celebrado ahora contra Trapero y sus compañeros de banquillo es en realidad la segunda parte de aquél, al que está ligado inexorablemente porque los hechos son los mismos y los acusados jugaron un papel muy relevante aquellos días de máxima tensión política y judicial. Por tanto, no puede analizarse el juicio actual sin tener muy presente aquello que el Tribunal Supremo consideró probado, sobre todo lo que hizo cada cual en los dos momentos cruciales: en la manifestación de protesta de 40.000 personas contra el registro de la Consejería de Economía que tuvo lugar el 20 de septiembre de 2017 y el referéndum del 1 de octubre posterior, en el que votaron dos millones de catalanes y que vivió cargas policiales muy violentas, de las que quedó constancia en la prensa mundial. La Audiencia tiene que decidir ahora si Trapero y los demás cometieron un delito de sedición, uno de desobediencia o ninguno de los dos. 

El delito de sedición está tipificado como un alzamiento tumultuario, en el que sus autores tienen como finalidad “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.” La Fiscalía sostiene que Trapero y sus Mossos “constituyeron una pieza clave para impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los Tribunales de Justicia con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista”. Por lo que se refiere a lo sucedido el 20 de septiembre, entiende que Trapero y Laplana “cooperaron de forma decisiva, consciente e intencionada con los fines perseguidos por las instituciones catalanas”, porque adoptaron una postura deliberadamente pasiva contra la enorme manifestación de personas cuyo objetivo era impedir el registro en la Consejería de Economía, lo que “propició la actitud obstaculizadora y hostil” de esa gran masa. Sin embargo, en la previa Sentencia del Tribunal Supremo queda acreditado que los Mossos allí presentes eran los que habitualmente se encargaban de la custodia del edificio y que dicha reunión masiva fue convocada esa misma mañana, luego difícilmente puede apreciarse esa finalidad de obstrucción, ya que no se hubiera podido coordinar un apoyo a los sediciosos manifestantes en tan breve tiempo. Por otra parte, cabe preguntarse si esas 40.000 personas se reunieron para impedir el registro o para protestar contra él.

Teresa Laplana ha declarado que consideró que la concentración no requería más intensidad policial porque la prudencia aconsejaba no disolver violentamente una manifestación de ese calibre. ¿Acaso no se recuerda la actitud igualmente contemporizadora y ejemplar adoptada por Rubalcaba cuando el movimiento 15M ocupó la Puerta del Sol durante varias semanas? Se olvida quizá que la gestión democrática del orden público obligaba a los Mossos a preservar también el legítimo derecho de reunión de tantos catalanes que necesitaban expresar con vehemencia su protesta contra esa intervención de la policía española. 

Por lo que se refiere al segundo momento crucial, es decir la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, se le imputa al mayor Trapero haber impedido el cumplimiento del mandato contenido en el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictado el 27 de septiembre, para evitar la celebración del referéndum impidiendo la apertura de los colegios, pero “cuidando de que no se vea afectado el resto de dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios que les sean propios”, lo que dio pista al ingenio de los convocantes para inventarse unas jornadas de “escuelas abiertas” que neutralizaban en buena medida el obligado cierre.

Como gran testigo de cargo contra Trapero aparece el coordinador designado entonces por el Ministerio del Interior, Pérez de los Cobos (sí, el recién cesado), quien ha repetido “ad nauseam” en sus declaraciones judiciales que ya sospechaba días antes de celebrarse el referéndum que los Mossos “no pondrían toda la carne en el asador” (sic) y que Trapero nunca admitió su autoridad como coordinador, como si eso le hiciera cómplice del condenado independentismo. Así lo sostuvo los días 4 y 5 de febrero pasado en la Audiencia Nacional y así lo asume el escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Público.  

Sin embargo, por mucho que éste no quiera reconocerlo, la Sentencia del Tribunal Supremo consideró probado un hecho que da al traste con su tendenciosa interpretación de la Fiscalía: que Trapero solicitó reunirse con el Presidente, el Vicepresidente y el Consejero de Interior el 28 de septiembre de 2017 -un día después de dictarse el Auto- para “poner de manifiesto el problema de seguridad ciudadana que podría plantearse el 1 de octubre, debido a la gran cantidad de colectivos movilizados en aquellas fechas”, razón por la cual “propuso expresamente la suspensión de la votación del día 1 de octubre”. ¿Cómo se puede sostener la “teoría” de la connivencia de Trapero con el plan separatista? Trapero actuó con desconfianza hacia un coordinador que Zoido -ese personaje- había impuesto; resulta bastante comprensible. Por lo demás, nuevamente se cuestiona una gestión prudente del orden público que tuvo en cuenta un dato crucial: el referéndum no servía para nada -ni siquiera de acuerdo con la ilegítima legislación secesionista aprobada en el Parlament- porque el Gobierno español había decapitado el órgano que debía validar los resultados, es decir la Sindicatura Electoral; sin su concurso no podía activarse el mecanismo de declaración de independencia. 

Ahora puede comprenderse mejor por qué la Fiscalía echa mano de un delito menor, como la desobediencia, ante la alta probabilidad de que su teoría de la sedición no sea asumida por la Audiencia Nacional. ¿Pero existe desobediencia o se trata de otro fuego de artificio? El artículo 410 del Código Penal castiga a “las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior”. El Tribunal Supremo condenó en octubre por este delito a Vila, Borrás y Mundó porque los tres habían sido requeridos personalmente por el Tribunal Constitucional para que se abstuvieran de ejecutar las ilegítimas leyes secesionistas. Dicho requerimiento personal no existe en el caso de Trapero.

Ahora bien, para calibrar las probabilidades de éxito de esta postrera imputación de la Fiscalía hay que fijarse especialmente en la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2019, que confirmó la condena por desobediencia a Artur Mas por la celebración de la consulta del 9 de noviembre de 2014. En ella afirma que la expresión “negarse abiertamente” significa oponerse con firmeza, de manera “decidida, sin paliativos, obstinada”, pero al mismo tiempo dice que ello es compatible “con el disimulo o una ficticia y buscada apariencia de no querer obedecer”. Ante este trasiego semántico y la duda acerca de si cabe cometer este delito sin una notificación personal, el Supremo es contundente: “lo verdaderamente decisivo es que el funcionario o la autoridad a la que se dirige el mandato tenga conocimiento de su existencia y, sobre todo, del deber de acatamiento que le incumbe”, lo que indica que no es necesaria la notificación personal. 

A partir de esta interpretación del precepto, la Sala de la Audiencia Nacional tiene dos opciones, dependiendo de qué versión de lo ocurrido le resulte más verosímil: que Trapero simuló el acatamiento al orden constitucional para no evitar el referéndum (tesis que el testigo-coordinador Pérez de los Cobos se ocupó muy mucho de verter en el oído de los tres magistrados de la Audiencia Nacional, cual tósigo hamletiano) o, por el contrario, que se trataba de una orden de imposible cumplimiento porque habría exigido un número de efectivos policiales con los que no contaba el jefe de los Mossos; a lo que cabe añadir que Pérez de los Cobos declaró en el juicio que su “coordinación” consistió de dejarle la iniciativa -¿pese a desconfiar?-, lo que abocó después a la violenta intervención de los antidisturbios de la policía española, algo que dice muy poco de su capacidad para cumplir el cometido asignado.  

Dejando fuera esta segunda versión, claramente exculpatoria, la primera podría fundamentar una condena por desobediencia si no fuera por la contundente razón de que no cabe hablar de simulación cuando está probado -como antes dije- que Trapero propuso a los altos dirigentes del Gobierno, “expresamente”, que se suspendiera el referéndum, por la probabilidad de que se produjeran graves altercados. ¿Dónde queda la simulación? En definitiva considero que Trapero debe ser absuelto: ni rebelión, ni sedición, ni desobediencia. Por lo que se refiere a los políticos acusados, Soler y Puig, es claro que su imputación se deriva de lo efectivamente realizado por los Mossos, cuyo operativo para el día 1 de octubre de 2017 asumieron. Por tanto, si Trapero no es reo de desobediencia tampoco lo pueden ser sus mandos, por mucho que Soler hubiera alegrado las hemerotecas unas semanas antes del referéndum, diciendo que la Constitución española no le obligaba. Afortunadamente el derecho constitucional a la libertad de expresión cubre también exabruptos como ése.  

La primera imagen que se asoma a la mente de quien lee y analiza la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el caso del secesionismo catalán es la de los distintos representantes de la Fiscalía General del Estado (vinculada por su Estatuto a la defensa de la legalidad) proclamando sin argumentos que los hechos juzgados fueron constitutivos de un delito de rebelión porque concurrió la violencia o la amenaza de violencia o la violencia sobre las cosas, que de todo hubo. A la postre, los fiscales que aparecieron en carrusel ante la Sala no han logrado convencer a los siete magistrados de que los actos juzgados fueran constitutivos de un delito de rebelión. Muy a su pesar, los más de cien penalistas que denunciamos hace dos años la utilización espuria de ese gravísimo delito teníamos razón.

El juicio contra los cabecillas del independentismo catalán estuvo marcado desde el principio por un apelativo que llenó titulares de periódicos, alegatos parlamentarios y, lo que es peor, resoluciones judiciales: que Junqueras y el resto de los acusados eran “golpistas”, que pretendieron dar un golpe de Estado, lo mismo -alguna política dijo que “incluso peor”- que el intento del 23F, cuando Milans sacó los tanques a la calle y Tejero secuestró el Congreso de los Diputados con un grupo de guardias civiles. La evidente distancia entre aquellos hechos y lo ocurrido ahora en Cataluña no deja resquicio a la duda en el plano penal: mientras aquello era una rebelión clarísima, esto último fue quizá un “atentado grave al interés general de España” -como dice el art. 155 de la Constitución- lejano de la rebelión violenta.

Todas las manifestaciones llevadas a cabo en Cataluña habían hecho gala de un pacifismo deliberado, más allá de algunas extralimitaciones menores. Es cierto que los políticos acusados habían desobedecido las órdenes del Tribunal Constitucional, que les conminó a no seguir por esa vía, pero de ahí a calificar los hechos como rebelión hay un abismo en el que no ha caído la sentencia. Sin embargo, el Supremo se extralimita -en mi opinión- a la hora de valorar la “seriedad” de los fines secesionistas calificándolos como “mera ensoñación” y como “artificio engañoso”, porque ello se compadece muy mal con una larga serie de resoluciones del mismo Tribunal que hicieron hincapié en el carácter perfectamente organizado del secesionismo para mantener la acusación por rebelión y la consiguiente prisión preventiva. Este giro radical permite sospechar que se mantuvo la anterior opinión de un modo poco razonado.

La condena por el delito de sedición abre un intenso debate jurídico, que no se centra sólo en lo acertado de esa calificación sino en la propia persistencia de esa figura penal. Años antes de que comenzara el “Procés”, en 2007, escribí en unos Comentarios al Código Penal que “esta figura delictiva debe desaparecer para dejar su espacio a los desórdenes públicos, pues de un desorden público se trata”. Insospechado entonces el protagonismo que iba a alcanzar la sedición 12 años después. Si propugné su desaparición era por dos razones: la enorme ambigüedad de la conducta castigada y la raíz profundamente autoritaria de este delito.

Por lo que se refiere a lo primero, el art. 544 del Código Penal castiga el “alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. Es decir, que si un grupo numeroso de personas se manifiestan contra la aplicación de una Ley (posiblemente injusta) puede haber sedición; pero también si un funcionario judicial intenta practicar un desahucio y los vecinos de la familia desahuciada se “alzan” para impedirlo…. ¿Qué es entonces lo que se pretende castigar? Al responder a esta pregunta se descubre precisamente la raíz autoritaria de este delito.

Tanto los Códigos Penales decimonónicos (1848, 1850 y 1870) como la legislación de orden público (Ley de 1870) colocaban la sedición junto a la rebelión porque en el fondo se concebía el orden público como “orden social” u “orden político”, un espacio cerrado a cualquier disidencia cuya represión estaba encomendada a la autoridad militar, habilitada para declarar nada menos que el estado de guerra cuando “se hubiere manifestado rebelión o sedición”. Y a partir de esa declaración todo el poder (legislativo, ejecutivo y judicial) quedaba en manos de dicha autoridad militar, para anular las libertades y juzgar sumariamente a los disidentes. Pero si este antecedente remoto no rezumara autoritarismo por los cuatro costados, algo más cerca queda la criminalización de las huelgas de trabajadores en la época franquista mediante el delito de “huelga sediciosa”, cuya derogación se planteó el Tribunal Constitucional en 1981 porque parecía frontalmente contrario a la Carta Magna. Los antecedentes no pueden ser, por tanto, menos presentables.

Dicho eso, la explicación que ofrece la sentencia no convence en absoluto. Sostiene que es un delito contra el orden público y no contra la Constitución, pero al definir aquél no lo identifica con la “tranquilidad pública” o la “paz en la calle” (nociones propias de Estados democráticos) sino con el “normal funcionamiento de las instituciones”, lo que se parece sospechosamente a la definición contenida en el art. 1º de la Ley de Orden Público de 1959, eje de la represión franquista: “el normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas”-se decía entonces. ¿Por qué siguen ese camino tan autoritario los siete magistrados del Supremo? Porque necesitan justificar que los altercados del 20 de septiembre y del 1 de octubre de 2017 no fueron unos simples desórdenes públicos, una mera extralimitación en el derecho de reunión (si hubo alguna), sino el momento culminante de un proceso político que no pretendía sólo protestar contra medidas gubernamentales sino que iba más allá: cuestionaba el mismo orden jurídico, perseguía subvertir el orden constitucional. Aquí se aprecia una grave fisura en la argumentación del Tribunal Supremo, que emplea miles de palabras para decir que no está castigando la ideología independentista pero utiliza esa misma finalidad (“extremista”) para justificar la concurrencia de la sedición.

Descendiendo al detalle de la condena, según la sentencia se verificó la sedición en dos momentos: el 20 de septiembre de 2017, cuando 40.000 personas fueron reunidas y alentadas por los dirigentes independentistas “para impedir” el registro en la Consejería de Economía, y el 1 de octubre, cuando 2 millones de catalanes fueron llamados a votar en un referéndum ilegal, a sabiendas de su ilegalidad y con la finalidad de incumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había prohibido su celebración. Respecto al primero de los momentos, la respuesta es clara: por grande que sea el número de ciudadanos reunidos en la calle para manifestarse contra una medida (judicial, gubernamental o legislativa), la Constitución ampara el derecho de todos y cada uno de ellos a manifestarse, habiendo declarado el Tribunal Constitucional que se trata de un derecho preferente porque sirve para conformar la opinión pública democrática.

El oportuno recurso dirá si el Alto Tribunal mantiene esta opinión. Y por lo que se refiere al referéndum ilegal del 1 de octubre, habría que decir dos cosas: en primer lugar, que su convocatoria se anunció el 9 de junio de 2017 y se verificó mediante la Ley de transitoriedad, fechada el 8 de septiembre del mismo año, lo cual impide decir -como hace la sentencia- que los 2 millones de catalanes fueran a votar “para” desobedecer esa resolución que lo prohibía; más bien votaron “a pesar de” dicha prohibición, que no es lo mismo. En segundo lugar, por mucho que se empeñe el Supremo, si la convocatoria ilegal de un referéndum quedó despenalizada en 2005 (Aznar la había penalizado poco antes), resulta imposible aceptar que promover esa convocatoria y acudir efectivamente a votar constituya una sedición.

La conclusión a que todo ello nos aboca no puede ser más decepcionante en términos democráticos. El Tribunal Supremo ha buscado la forma de condenar cuando no había materia suficiente para ello, recurriendo a una argumentación que adolece de un autoritarismo nada disimulado. La deslealtad institucional catalana quedó reprimida mediante el artículo 155 de la Constitución; no hacía falta escarmentar a los independentistas con penas largas de prisión. La calidad democrática de España ha descendido varios enteros con esta sentencia.

El Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional ha firmado una denuncia contra todos aquellos ciudadanos que, profundamente indignados, protestaron a veces airadamente contra la operación policial del día 20 de septiembre en Barcelona, imputándoles la presunta comisión de un delito de sedición, que se castiga en nuestro Código Penal con un mínimo de cuatro a ocho años de prisión. ¿Tiene visos de prosperar esta denuncia? ¿Existen argumentos jurídicos que la sostengan?

Conviene saber que el delito de sedición acompañó históricamente al de rebelión porque se consideraba que ambos atentaban contra el orden público, entendido como “orden social” u “orden político”, tanto si un militar pretendía cambiar el Gobierno legítimo como si un grupo de ciudadanos protestaba contra el llamado “impuesto de consumos”. Es decir, los intentos de golpe de Estado y las simples algaradas populares atentaban (en mayor o menor medida) contra ese “orden público” en un sistema político que no garantizaba el derecho de reunión y manifestación. Por ello decían los penalistas del siglo XIX que la sedición era una “rebelión en pequeño”.

Hace ya muchos lustros que el legislador separó totalmente ambos delitos, porque la rebelión atenta contra el sistema constitucional democrático (recuérdese el 23F) mientras que la sedición no deja de ser un grado superior del delito de desórdenes públicos y como tal debe ser interpretado. Sin embargo, la denuncia presentada hoy por el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional comienza calificando la sedición como una “rebelión en pequeño”, lo que permite atisbar un tufo autoritario o franquista en su redactor, que parece haber olvidado la nueva configuración del delito de sedición tras la promulgación del Código Penal de 1995, es decir hace más de veinte años. Por si ese detalle fuera poco, el Fiscal Jefe cita como jurisprudencia aplicable una Sentencia del Tribunal Supremo de ¡1980!, una época de la recién estrenada democracia en la que todavía se consideraba sediciosa la huelga de funcionarios públicos….. ¿De qué fuentes se ha servido el Ilmo. Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional para redactar su denuncia? Y, sobre todo, ¿Quiere aplicar el ordenamiento jurídico democrático vigente o un Derecho obsoleto y profundamente antidemocrático?

A la hora de justificar su calificación de los hechos ocurridos el día 20 de septiembre en Barcelona, sigue al pie de la letra ese precedente obsoleto, olvidando algo tan elemental como que el supuesto alzamiento de los manifestantes nunca podrá ser considerado organizado justamente porque fue la respuesta (generalmente pacífica, aunque vociferante, y a veces más airada) contra una operación policial cuyo supuesto éxito se basó en el “elemento sorpresa”, lo que invalida por completo su caracterización como un alzamiento previamente organizado.

Pero por encima de todo eso, cualquier Fiscal español sabe que los preceptos penales deben ser interpretados de acuerdo con “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicados” (art. 3 del Código Civil) y no conforme a pautas de una época pretérita, superada y autoritaria. Y también sabe que para calificar como delito contra el orden público una conducta hay que introducir consideraciones sobre el legítimo derecho a reunirse y manifestarse de cualquier ciudadano (art. 21 de la Constitución) y asumir que, como dice nuestro Tribunal Constitucional, ésta garantía constituye un derecho instrumental para la consecución y realización de otros derechos y libertades, al igual que se configura como un elemento primario de participación política.

En definitiva, la denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional nos retrotrae a tiempos cercanos al franquismo, desconoce por completo la evolución del delito de sedición en los últimos treinta años y, lo que es peor, fuerza la letra de la ley para considerar un alzamiento público y violento lo que no dejó de ser una manifestación de repulsa (justificada o no) contra una actuación policial. Si el asunto no tuviera los tintes políticos que tiene, se resolvería penalmente mediante un sobreseimiento o, como mucho, como un delito de resistencia a la autoridad, pero nunca como una sedición.