La expresión “el elefante en la habitación” (elephant in the room) hace referencia a esa cuestión obvia cuyo debate se evita por resultar incómoda.

La cuestión migración y desarrollo es un elefante en la habitación de la cooperación para el desarrollo que el nuevo gobierno deberá hacer visible.

La cooperación internacional para el desarrollo es una de las políticas que el gobierno de coalición se comprometió a recuperar y reformar y deberá hacerlo tomando en consideración los desafíos globales y hacerlo además asumiendo el cambio de paradigma que implica la agenda 2030 con la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible como marco de referencia. Todo ello para no dejar a nadie atrás.

El debate migración y desarrollo sobrevuela el sector desde hace tiempo y nunca exento de polémica. Así por ejemplo, en los tiempos más recientes el Consenso Europeo de Desarrollo aprobado en 2017 fue ampliamente cuestionado en lo relativo al tratamiento que da de la migración registrando el rechazo de una importante parte del sector de la cooperación internacional al considerar que prima el enfoque de seguridad respecto al de desarrollo y derechos.

Del mismo modo las críticas a proyectos de cooperación relacionados con el control y gestión de fronteras o a proyectos de retorno voluntario o de formación dirigidos a contener las migraciones de jóvenes.

También en el debate del V Plan Director de la Cooperación Española el tratamiento de la migración fue objeto de fuertes críticas para finalmente dejarse como una referencia de escasa concreción.

El debate público en torno a las migraciones se suele abordar desde dos aproximaciones que con frecuencia terminan enfrentándose como si fueran incompatibles, como si hubiera que elegir entre una y otra.

Por un lado desde las políticas de interior del país de destino, focalizando en el control de fronteras, en la gestión de las llegadas, en los convenios con los países de origen, en los programas de atención e integración de las personas migrantes, entre otros.

Por otro lado, desde el ámbito del desarrollo se divide en trabajo entre las acciones en los países de tránsito y origen y el que se realiza en el país de acogida mediante campañas de sensibilización sobre los derechos de las personas migrantes, contra el racismo y la xenofobia.

En ambos casos, es frecuente que el debate sobre las migraciones tenga lugar desde la perspectiva del país donante, desde el impacto de las migraciones para los países donantes incluso cuando se pone el foco en las personas migrantes.

Según la Organización Internacional de Migraciones se estima que en el mundo hay casi 280 migrantes internacionales registrándose la mayoría en y entre países en desarrollo. Así por ejemplo, 4 de cada 5 personas migrantes de origen africano se desplazan dentro del continente, solo 1 migra a Europa.

O las caravanas o flujos de migrantes en Centroamérica de miles de personas que buscan un futuro de oportunidades y seguridad que sus países con altas cotas de violencia o desastres naturales no les ofrecen.

Así como la cuestión demográfica es una cuestión clave para el sostén del modelo de estado de bienestar de nuestra Europa envejecida, también lo es para el desarrollo y la prosperidad de los países en desarrollo; países con poblaciones jóvenes y en estos países la cuestión demográfica más relevante son mayoritariamente las migraciones. En consecuencia, el impacto que tienen las migraciones en el desarrollo de los países socios de la cooperación internacional bien en países de origen, tránsito o destino no puede ser obviado.

La sostenibilidad entendida en sus tres dimensiones económica, ambiental y social exige incorporar parámetros en estos tres niveles como cuestiones transversales de las políticas de desarrollo y en lo social ineludiblemente está lo relacionado con la demografía, incluidas las migraciones.

¿Cómo puede desarrollarse un país cuyos jóvenes sueñan con irse? ¿Es sostenible esta situación para el desarrollo de estos países?

Es necesario y urgente ampliar el debate desde el desarrollo, desde el impacto que las migraciones tienen en los países socios en materia de cooperación internacional.

Eludir este debate será ignorar el elefante que tenemos en la habitación. No hablar de las cosas no hace que éstas dejen de existir y evitar debates sosegados y contemporizados suele llevar a la postre a reacciones improvisadas, alejadas precisamente de la serenidad y alcance que exigen las cuestiones complejas.

El 17 de diciembre de 2010, Mohammed Bouzizi, un joven tunecino de 26 años que 18 días antes se había rociado de gasolina y prendido fuego en un gesto de desesperación tras haberle sido incautado el medio de vida de este ingeniero informático, un puesto de venta ambulante, falleció. Su muerte provocó la que se vino a llamar “revolución de los jazmines” que terminó con el régimen de Ben Ali que tantas esperanzas, como las de Mohamed, había malogrado.

El mundo ha sido exitoso en reducir la pobreza extrema, aunque sea con las trampas de las grandes cifras de China e India, que ocultan realidades nacionales menos exitosas. Sin embargo, estaríamos fracasando en lo relativo a la desigualdad, que lejos de reducirse no deja de crecer, y lo hace particularmente en países de renta media que concentran además la pobreza extrema.

El debate sobre la desigualdad no es nuevo, al contrario, hace décadas que se analiza y se alerta sobre sus consecuencias. Especialmente a raíz de los efectos de los planes de ajuste estructural enmarcados en el Consenso de Washington y que la mayor parte de los países de América Latina pusieron en marcha las dos últimas décadas del siglo XX. En aras de una supuesta eficiencia económica, se aplicaron recetas neoliberales que se tradujeron en la retirada del Estado de sectores y servicios estratégicos, con nefastas repercusiones en los grupos más vulnerables, abocando a millones de personas a la pobreza y sentando las bases de la desigualdad como seña característica de las sociedades latinoamericanas. Las propias instituciones promotoras de estos planes reconocieron sus efectos negativos en términos de cohesión social.

Chile es el ejemplo del alumno aplicado que ha ido asumiendo las recomendaciones de los organismos internacionales a pesar de las alertas que muchos y muchas emitían respecto al coste que las medidas de retroceso del sector público en cuestiones tan esenciales como la seguridad social, la educación, la sanidad, el transporte, entre otros, tendrían en la igualdad de oportunidades y la movilidad social.

Pero Chile no es un caso aislado. La ciudadanía latinoamericana se levanta contra gobiernos de muy diferente ideología que han defraudado las expectativas creadas al alcanzar el estatus de clase media en países de renta media o renta media-alta. Lo ha hecho en Argentina, donde acaban de responder en las urnas con un cambio presidencial, en Nicaragua, Honduras, Ecuador o Venezuela.

Según el Latinobarómetro de 2018, solo el 20% de la población latinoamericana tiene la percepción de progreso y, en paralelo, la valoración de la democracia se encuentra en los niveles más bajos desde finales del siglo XX, coincidiendo con la tercera ola democratizadora de la región, un 48%. Aún así, el apoyo a regímenes autoritarios como alternativa a la democracia no ha aumentado. La desafección de la democracia se está traduciendo en indiferencia respecto al sistema y en individualismo.

Esto no es una buena noticia para la democracia. La desconfianza, la indiferencia y el individualismo son buen abono para liderazgos, igualmente individuales, y que promulgan la falsa dicotomía entre libertad e igualdad, en detrimento de la igualdad de oportunidades cuando en realidad promueven la libertad de unos pocos para crecer a costa de la libertad y la igualdad de la mayoría.

La desigualdad genera desconfianza y alimenta la competencia personal por mejorar el estatus contribuyendo a construir sociedades disruptivas. Y difícilmente puede un país progresar y consolidar el progreso sobre la brecha de la desigualdad y la pobreza.

La ola de malestar y frustración en las emergentes clases medias de países de renta media de Oriente Próximo o América Latina confirma la desigualdad como uno de los mayores desafíos que enfrentan las democracias liberales y el principal factor de inestabilidad para los países que la soportan.

El leitmotiv de la agenda 2030 aprobada en septiembre de 2015 “no dejar a nadie atrás” apela precisamente a abordar con urgencia la desigualdad. El objetivo de reducción de las desigualdades pone el foco en sus 10 metas en cuestiones como el incremento de ingresos, la inclusión social, económica y política; la igualdad de oportunidades; las políticas fiscales, salariales y de protección social, la regulación de los mercados financieros; o las migraciones –la movilidad humana está convirtiéndose en la alternativa que las personas buscan para la movilidad social que sus Estados no garantizan.

La agenda 2030 supone la transformación de un modelo que excluye y genera riqueza sin redistribución en un nuevo contrato social global que promueva un desarrollo transformador e inclusivo basado en la justicia social.

La desigualdad no es inevitable salvo para quienes la conciben como sostén del sistema. La desigualdad es el resultado de un modelo que sitúa a las personas fuera del centro de las políticas. Y por ello solo se puede subsanar situando a las personas como eje de la política y de las instituciones.

De no ser así, las personas más vulnerables buscarán fuera del sistema lo que éste les prometió y no les garantiza.

Un día como hoy de hace 25 años Dios se fue de viaje. Así se refieren los supervivientes al día en que comenzó el genocidio de la población tutsi en Ruanda.

El 7 de abril de 1994 se inició uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de la humanidad. En menos de cien días más de 800.000 personas de etnia tutsi, así como hutus moderados, fueron asesinadas, 8.000 por día. Personas corrientes asesinando a otras personas corrientes.

Me siguen estremeciendo las historias que un año después de las matanzas me contaban algunos supervivientes junto al río Nyabarongo, a su paso por Kabuga, que aquellos días de 1994 bajaba rojo por la sangre y los cuerpos mutilados que arrastraba. Recuerdo relatos de personas de cuyas familias solo quedaban ellas, violaciones y embarazos de odio, vidas ocultas en los campos, niñas mudas por el miedo y la memoria.

La cultura de odio al vecino, a la profesora, al dependiente, a la compañera de trabajo, la cultura de odio al otro que había sido inoculada de manera más o menos sutil y durante el tiempo suficiente, devino en una masacre que solo podía llevarse a cabo con la participación masiva de la población.

A pesar de algunas voces de alerta que trataban de hacerse oír, incluso en vísperas de los acontecimientos, informes de organismos internacionales situaban a Ruanda como un ejemplo de éxito de país en crecimiento y prosperidad cuando ya en enero se alertaba de acciones que inducían a pensar en la posible preparación de actos armados.

El mundo, con más miedo que vergüenza, miró hacia otro lado tomando partido por la injusticia que se había comprometido a evitar tras el genocidio judío por los nazis.

Los enfrentamientos entre cascos azules y señores de la guerra en Somalia habían puesto las misiones de paz de Naciones Unidas en el punto de mira. La primera víctima fue Ruanda. Ningún gobierno respondió al llamado de Kofi Annan, el entonces responsable de las misiones de paz, dejando un raquítico contingente frente a una de las mayores masacres del siglo XX. Nadie paró la matanza que en el mes de mayo era reconocida por las propias Naciones Unidas como genocidio.

Tras el genocidio Naciones Unidas entonó el célebre “never again”. Pero después de Ruanda vinieron Srebenica y la ejecución de 8000 personas en una zona bajo protección internacional y declarada como zona segura; o Darfur, donde murieron alrededor de 400.000 personas y, recientemente, la persecución de la población Rohingya.

Las cosas no suceden de repente. Un pueblo no se asesina entre sí de un día para otro.

En 1948 la comunidad internacional aprobaba el convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Lamentablemente se ha hecho más lo segundo que lo primero.

Discrepo de quienes dicen que ponerse de perfil no es tomar partido. Lo es, en mi opinión. Confundir neutralidad con equidistancia entre víctima y victimario es tomar partido siempre por la injusticia.

El multilateralismo se cultiva, no nace de manera espontánea ni es un dogma de fe. Siempre rechazaré intervenciones militares, ninguna ha resuelto nunca nada. Pero es obligación de la comunidad internacional tener los ojos abiertos para detectar con el tiempo suficiente situaciones que puedan devenir en tragedias.

En un momento de la historia en el que la cultura de la identidad se convierte alarmantemente en política, cabe pensar por qué los errores de la historia se repiten y urge una reflexión y reordenación profunda sobre el papel de la comunidad internacional como protectora y garante de los derechos humanos de toda la humanidad. Sin dejar a nadie atrás.

25 años después Ruanda no deja indiferente. Más del 60% de su población ha nacido después del genocidio y la reconciliación por devoción u obligación se ha impuesto al punto que el país poco tiene que ver con el que era hace 25 años.

El país de las mil colinas del río Nyabarongo, la gran serpiente que lo atraviesa desde las alejadas fuentes del Nilo se ha convertido en uno de los países más prósperos de África, el buen alumno de los organismos económicos internacionales que en dos décadas ha duplicado la esperanza de vida, alcanzado la salud universal, el parlamento más femenino del mundo entre otros logros.

Decía Nelson Mandela que “reconciliación quiere decir trabajar conjuntamente para corregir la herencia de las injusticias del pasado”.

Ciertamente sería un ejercicio de cinismo que la comunidad internacional reprochara al gobierno de Ruanda su método de reparación y de construcción de una sociedad al margen de etnias.

Sin embargo la sombra del respeto a los derechos de libertad política, a los derechos humanos por parte del gobierno presidido por Paul Kagame son una constante desde su llegada al poder.

El tiempo dirá si la historia de la recuperación y reconciliación de Ruanda es una historia de éxito o una suerte de iceberg del que solo asoma una parte ocultando una realidad que no por no visible debe dejar de captar nuestra atención.

Uno de los tres objetivos con los que el hoy Presidente Pedro Sánchez se presentó como candidato en la moción de censura contra el entonces Presidente Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018 fue la recuperación de las políticas públicas de corte social que habían sufrido durísimos recortes durante los gobiernos del Partido Popular. La cooperación internacional para el desarrollo era una de esas políticas que debían ser recuperadas o rescatadas.

El reto era ingente puesto que como venían denunciando el Grupo Parlamentario Socialista y el conjunto del sector la cooperación para el desarrollo fue literalmente desmantelada durante los gobiernos del Partido Popular no solo en términos presupuestarios sino también en capacidades, relevancia institucional y contenido político.

Si bien durante los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero España alcanzó la cifra récord de Ayuda Oficial al Desarrollo, el 0,46% de la Renta Nacional Bruta, España ha estado siempre lejos del objetivo del 0,7%.

Aun así ha sido con los gobiernos del Partido Popular cuando se han alcanzado mínimos históricos en la cooperación para el desarrollo, un recorte del 72% en los recursos para el conjunto de la ayuda que en el caso de la acción humanitaria llegó a ser del 90% situando la Ayuda Oficial al Desarrollo de nuestro país en niveles de los años 80 del siglo XX.

Del mismo modo, se rebajó la relevancia institucional recuperando la fórmula del último gobierno de José María Aznar situando la cooperación para el desarrollo bajo la responsabilidad de una Dirección general dependiente de la macro Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe.

Igualmente la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), brazo ejecutor de la política pública, redujo su presupuesto y capacidades a lo que podemos calificar de metabolismo basal sosteniéndose presupuestariamente gracias a la cooperación delegada de la Unión Europea y desapareciendo de foros internacionales como la UNESCO por citar uno de los más relevantes.

En cuanto al contenido de la política, el V Plan Director 2018-2021 en un hecho inaudito fue aprobado solo por los gobiernos, nacional y autonómicos, del Partido Popular y la CEOE.

A estas cuestiones hay que añadir debilidades históricas de nuestro sistema de cooperación en materia de recursos humanos, normativa de gestión de subvenciones, coordinación y arquitectura institucional que situaban a la Cooperación Española en una posición ciertamente difícil para afrontar los retos de una cooperación para el desarrollo con el horizonte 2030.

Por tanto, con la llegada del gobierno socialista no se trataba solo de recuperar el presupuesto, que sí, sino que restablecer la arquitectura y el funcionamiento de la política pública de cooperación para el desarrollo y empezar a hacerlo con un presupuesto heredado que aprobaron el Partido Popular y Ciudadanos lejos del acuerdo de la cámara de alcanzar el 0,4% de la RNB al finalizar la legislatura en 2020.

El Presidente Pedro Sánchez se comprometió a fortalecer y recuperar la política de cooperación al desarrollo como elemento definitorio de la política exterior de España.

En estos escasos 9 meses el Gobierno socialista ha demostrado que con el mismo presupuesto se podía hacer más cooperación y hacerla de otra manera.

España ha regresado a foros multilaterales de los que ha estado ausente estos años, se han desbloqueado proyectos y contribuciones, se ha retomado el diálogo dentro y fuera de AECID, con otras instituciones del sistema, con los sindicatos, con otros ministerios, se ha firmado el convenio en acción humanitaria con gran parte de las comunidades autónomas, se ha reforzado la acción humanitaria asignando a este instrumento los remanentes de otros departamentos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación, por citar algunas de las cuestiones que se han realizado estos meses.

Sin embargo no se ha podido comenzar el proceso de reforma, de construcción del relato y la arquitectura institucional de la Cooperación Española que planteó el Ministro Borrell y que desde luego requieren de mayor tiempo y mayor sosiego en el debate político.

El marco normativo e institucional de la Cooperación Española es a todas luces inadecuado para responder a lo que se espera de un país como España. Debemos abrir un proceso de reflexión como país sobre el papel de España como actor global de la política internacional de cooperación para el desarrollo en el ámbito europeo y multilateral en un momento político que exige liderazgos sólidos

Sería un craso error abordar cualquier reforma, por ejemplo la obligada en el caso de AECID por la Ley 40/2015 que suprime la ley de agencias, sin responder previamente a reflexiones de fondo sobre la Cooperación Española.

Son muchas las preguntas a las que deben dar respuesta el gobierno y las Cortes que salgan de las urnas el 28 de abril sobre el qué, el cómo, el dónde, con quién y con qué recursos quiere España hacer su política de cooperación para el desarrollo

¿Qué arquitectura institucional es necesaria para mejorar la eficacia de la Cooperación Española?

¿Está condenada la Cooperación Española a una política precaria de recursos humanos?

¿Abordará en profundidad la Cooperación Española el eterno debate sobre la concentración sectorial y geográfica? ¿Cómo elaboramos estrategias diferenciadas?

¿Qué modelo de cooperación financiera vamos a desarrollar? ¿Puede o debe disponer España de un Banco de Desarrollo?

¿Qué papel debe tener España como actor humanitario? ¿Qué papel debe tener España en el ámbito multilateral?

¿Cómo abordar una política de Estado con el conjunto de las administraciones públicas?

Éstas son algunas de las preguntas a las que habría que incorporar un debate sobre las alianzas para el desarrollo sostenible. Todos los sectores de la sociedad están llamados a desempeñar un papel en el desarrollo y en diferente medida en la cooperación para el desarrollo pero si hay un actor a destacar éste es la sociedad civil.

Tras tres décadas de cooperación con países de diferentes niveles de desarrollo ha quedado en evidencia la debilidad de las democracias y de los avances en derechos y libertades en gran parte de los países socios de la Cooperación Española. Es urgente abordar el papel de la sociedad civil -incluidas las ONGD, organizaciones sindicales o partidos políticos- como agente de cambio, como facilitador de procesos y superar un debate centrado en la gestión de subvenciones y que en buena medida ha descuidado el papel esencial de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de desarrollo.

Cambio de tendencia

Tras una buena parte de la legislatura perdida, estos 9 meses de gobierno socialista han supuesto el inicio de un cambio de tendencia, un punto de inflexión, ciertamente más cualitativo que cuantitativo, en la recuperación de la cooperación como una política de Estado, en la construcción de un nuevo relato de la Cooperación Española. Este proceso se ha visto interrumpido por la convocatoria electoral del 28 de abril y deberá retomarse sin dilación la legislatura siguiente.

La cooperación internacional para el desarrollo es mucho más que la ternura de los pueblos, mucho más que la solidaridad entre naciones. Decía John Stuart Mill que “No hay mejor prueba del progreso de la civilización que el progreso del poder de cooperación”.

El progreso de la política española de cooperación para el desarrollo será sin duda uno de los mejores indicadores que tendremos del progreso del liderazgo de España en la defensa de un orden mundial basado en los derechos humanos, la paz, la libertad y la igualdad entre personas y naciones.

Hace escasas semanas la oposición en pleno rechazaba el V Plan Director de la Cooperación Española presentado por el Gobierno y aprobado por éste en el Consejo de Ministros del 23 de marzo.

El debate transcurrió plagado de buenas palabras para con la cooperación para el desarrollo por parte de todos los grupos, incluido el que sostiene al Ejecutivo empeñado en convencer al resto del compromiso real del Gobierno de España con la lucha contra la pobreza y la agenda 2030.

Días después se presenta unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 que no hacen sino dar la razón a quienes nos negamos a hacer los actos de fe que nos demandaban el Gobierno y el Partido Popular.

La cooperación sigue siendo una política cenicienta y las buenas palabras, una vez más, no se acompañan de recursos.

El Gobierno plantea destinar a cooperación el 0,22% de la RNB, un 0,01% más que en 2017 aunque los datos provisionales de ejecución sitúan la AOD española en 2017 en el 0,19%. Un panorama desolador.

Al ritmo actual tardaríamos 15 años en recuperar el 0,4%, que España ya alcanzó en el pasado con un Gobierno Socialista y que todos los grupos políticos sin excepción acordamos debía ser el objetivo económico de esta legislatura..

Casi la mitad de los fondos de cooperación de la Administración General del Estado, 1.081 millones de euros, se corresponden con la contribución obligatoria que España debe realizar al presupuesto de la Unión Europea y que se canaliza a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública, 423,84 millones de euros es la contribución a organismos financieros internacionales que gestiona el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; 201 millones son para la partida de atención a personas refugiadas acogidas por España que gestiona el Ministerio de empleo y Seguridad Social. Si descontamos estos recursos comprobamos que el Ministerio responsable de la política de cooperación para el desarrollo, el MAEC, apenas gestiona el 25% de los recursos, 587, 81 millones de euros.

Si analizamos el trato presupuestario que el Ministerio otorga al principal órgano ejecutor de la política de cooperación, la Agencia española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), vemos que casi un tercio de su presupuesto, el 27,4%, corresponde a cooperación delegada de la Unión Europea, proyectos financiados por otros Estados Miembro o la propia Unión Europea para cuya ejecución se subcontrata a la AECID. ¿Queremos que ésta sea la seña de identidad de AECID?

Tal y como ha sucedido los últimos años, las contribuciones de España a organismos internacionales son testimoniales lo que se traduce en una pérdida de peso político en la escena internacional donde ejercicio un importante liderazgo hasta 2012.

Ése es el compromiso real del Gobierno de España y del Partido Popular con la cooperación para el desarrollo como política pública. Ése y no las buenas palabras.

El compromiso del Gobierno y el partido que ha pactado los presupuestos generales. Ciudadanos no ha considerado oportuno incluir un “incremento naranja” en el presupuesto de cooperación a pesar de haberlo demandado y firmado junto con el resto de grupos.

De nuevo el discurso por un lado y los hechos por otro.

El Gobierno sigue sin entender el valor de la cooperación. Lo ha demostrado al aprobar un Plan Director carente de visión política y estratégica y cuando no se cree en una política no se sabe qué hacer con ella ni se la dota de recursos.

Todos sabemos que el dicho de “año nuevo, vida nueva” es eso, un dicho, y que nuestras vidas no se reinician con el calendario.

Pensemos si no en las personas sirias que pasarán su sexto invierno en el exilio sin que el cambio de calendario haya mejorado sus expectativas de comenzar una vida nueva alejadas, al menos, físicamente del terror y del sufrimiento.

Los millones de personas que han huído del conflicto sirio se encuentran mayoritariamente en países vecinos, con la esperanza de que más pronto que tarde puedan regresar a lo que quede de sus casas y de su país. Pero decenas de miles de sirios optaron por cruzar el Mediterráneo, quedando atrapados en las otrora paradisíacas islas griegas de Lesbos, Samos o Chios. El paraíso de las islas griegas se ha convertido en un auténtico infierno para las miles de personas que malviven atrapadas en campos de acogida abarrotados, en tiendas de campaña que no reúnen las mínimas condiciones de protección frente al frío y el barro. Naciones Unidas y Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en las islas griegas denuncian muertes por frío entre las personas que malviven en los campos.

El Gobierno de España se comprometió a reubicar y reasentar un total de 17.337 personas procedentes de Siria y otros estados de los que hasta la fecha han llegado un 15, 5%. Concretamente se han reubicado en España un total de 1.328 personas de las 15.888 que España se comprometió a reubicar desde Grecia e Italia. El pasado mes de octubre el ministro Zoido aseveró que el Gobierno tenía la firme voluntad de cumplir con sus compromisos imputando, eso sí, toda la responsabilidad del incumplimiento en el gobierno griego. La Comisión y el Parlamento europeos han sido claros: el compromiso de acogida sigue vigente y precisa de la voluntad real de los Estados miembro para hacerlo realidad. Y es eso lo que falta, voluntad para materializar los compromisos.

Sin embargo, hemos comenzado 2018 con una noticia tan sorprendente como preocupante. El gobierno de Grecia ha dado por finalizado el programa de reubicación a pesar de que se calcula que puede haber más de 50.000 personas atrapadas en territorio griego. ¿Qué va a ser de estas personas? ¿Se las va a devolver al infierno del que han huído?

Hace unos días, el presidente Rajoy apelaba en la VI Cumbre de los países del sur de Europa un mayor apoyo de la Unión Europea a los países del sur para el control de fronteras. Se olvidó el presidente de demandar apoyo para el cumplimiento de los compromisos de acogida. Si hay un rasgo que caracteriza al gobierno de España es la nula asunción de responsabilidades y esto es precisamente lo que la ciudadanía espera que nunca haga un responsable político, utilizar como excusa a los demás.

El Gobierno se comprometió ante la ciudadanía en la sede de la soberanía nacional a cumplir los compromisos de acogida y el Congreso aprobó por mayoría una moción con medidas que el Gobierno debe acometer sin excusas. Entre ellas, realizar las gestiones posibles ante las instituciones europeas para eliminar las limitaciones en cuanto a las nacionalidades susceptibles de ser acogidas.

España es miembro desde el 1 de enero del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No se puede ocupar una silla en el máximo órgano de defensa de los derechos humanos y mirar hacia otro lado mientras miles de niños y niñas, de personas adultas, de mayores, están en peligro de morir de frío en Europa. La situación es tan dramática que de lo que se trata es de salvar vidas. Está en riesgo la dignidad humana y me temo que más que la dignidad de las personas que están en los campos, la dignidad que está en riesgo es la de quienes permiten que esto siga sucediendo también este nuevo año.

Este martes 26 de septiembre expira el plazo establecido por la Comisión Europea para que los Estados Miembro cumplan sus compromisos de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas conforme a las decisiones del Consejo de julio de 2015.

España suspende flagrantemente con apenas un 11% de cumplimiento, a pesar de la voluntad manifestada reiteradamente de ayuntamientos, comunidades autónomas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía. 

De las 17.337 personas que deberían haber llegado, hoy faltan 15.354 que siguen esperando en Grecia e Italia poder ejercer su derecho a protección internacional. Un 11% de cumplimiento. Tal y como recuerdan un grupo de oenegés, ¿se imaginan que fuera ése el grado de cumplimiento de cualquier trabajador o trabajadora en sus responsabilidades? ¿Qué pasaría?

¿Qué valor tiene la palabra de este Gobierno? El Ministro de Asuntos Exteriores en dos ocasiones respondió a esta diputada que España iba a cumplir sus compromisos en plazo.

Los Gobiernos del Partido Popular han concatenado excusas y no han asumido ninguna responsabilidad en el goteo insuficiente de llegadas.

En primer lugar aceptaron a regañadientes la cuota asignada a España. Una cuota que no era ni mayor ni menor a la del resto de Estados Miembro al haber sido establecida según unos criterios objetivos: población, PIB, tasa de paro y promedio de demandas de asilo.

Posteriormente echaban la culpa del incumplimiento a Grecia e Italia por no tener registradas a las personas elegibles para el programa de reubicación, para ahora sacar a la primera de cambio un correo electrónico de la Unidad de Reubicación de Grecia en la que se transmite al Gobierno de España su agradecimiento y comunica que no hay personas elegibles en este momento en Grecia. La propia Comisión recuerda que el compromiso de reubicación no acaba el 26 de septiembre y que aún hay personas para reubicar en Grecia e Italia.

Como sucede con los malos estudiantes, el Gobierno se compara con quienes presentan peores registros que nuestro país. ¿Son nuestros referentes en la Unión Europea Hungría o Polonia que ya han dicho que no van a acoger refugiados? Países como Portugal o Irlanda que han sufrido serios procesos de rescate y ajustes superan con mucho las cifras de España. Y eso solo se justifica por la voluntad política de sus gobernantes.

El Gobierno debe explicar qué ha hecho y qué no ha hecho así como las medidas que va a tomar para cumplir con sus obligaciones legales. 

El cierre de unas rutas no contiene a quienes huyen de la guerra y el terror sino que les empuja a rutas más largas y más peligrosas. No hay valla, ni muro, ni mar que contenga a quienes se ven forzados a abandonar su hogar, su país para proteger su vida y la de sus familias. Si se les cierra una vía buscarán otra y será cada vez más insegura, especialmente para las mujeres, las niñas y los niños.

Estos dos años no se ha avanzado en el establecimiento de vías legales y seguras, en la concesión de visados humanitarios en los países de origen, en la habilitación de corredores humanitarios y desde luego, poco se ha avanzado en la resolución de los conflictos que provocan el desplazamiento de miles de personas.

España debe desempeñar un papel de liderazgo en una crisis que está lejos de resolverse. Formamos parte de la frontera más desigual del planeta, de la ruta que marca la diferencia entre la vida y la muerte.

Es necesario adecuar el sistema de asilo a la realidad actual y futura y hacerlo de la mano de las organizaciones expertas, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

La solidaridad y la protección de los más vulnerables no están en la agenda de este Gobierno y el incumplimiento de las cuotas de acogida es una muestra más de ello. El Gobierno no puede jactarse de “la primavera del empleo y el crecimiento” al tiempo que condena a miles de personas a pasar otro invierno en tiendas de campaña.