Julian Assange ha llegado a Australia, su país natal, después de un proceso judicial de casi 14 años. Una batalla legal que ya es histórica, y que ha discurrido por múltiples jurisdicciones, organismos internacionales e interacciones diplomáticas al máximo nivel. Un caso judicial que ataca nuclearmente a la libertad de prensa en el mundo, y, por lo tanto, que amenaza peligrosamente el derecho a estar informados que tenemos todos los ciudadanos del mundo.

Los que suscribimos este artículo hemos dedicado más de una década a trabajar para que finalmente Julian Assange recupere la libertad. Para que termine una causa que jamás debió haber tenido lugar. Suscribimos este artículo con la satisfacción de ver por fin a Julian Assange reunirse con su esposa, Stella Assange, y sus dos hijos, en su Australia natal.

La agencia de noticias WikiLeaks revolucionó el mundo de la comunicación. Estableció un cortafuegos informático que garantizaba el anonimato de los whistleblowers o informantes. Nadie, ni siquiera la propia organización WikiLeaks, podría conocer la identidad de la persona que filtraba la información. Como consecuencia de esta innovación la agencia comenzó a publicar información muy relevante sobre corrupción en Islandia, escándalos bancarios en Suiza, ejecuciones extrajudiciales en Kenia o delitos medioambientales en Costa de Marfil. Sin embargo, sólo una jurisdicción reaccionó contra esta agencia periodística, Estados Unidos, desatando una causa penal sin precedentes en la que se trataba de establecer que el legítimo ejercicio del periodismo podía ser considerado como espionaje.

En 2010 se constituyó un Grand Jury en EEUU. Todo secreto, todo reservado, todo armado y debidamente engrasado para que se cumpliera el objetivo final. La captura de Julian Assange, catalogado como enemigo número uno de la administración norteamericana.

Asilo en la embajada

Julian Assange se refugió el 19 de junio de 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres al ser inminente su entrega a Suecia como consecuencia de una Orden Europea de Detención y Entrega. No existía ninguna causa judicial en Suecia, sino una mera investigación preliminar de la Fiscalía del mismo. De hecho, ya había declarado en 2010 y esa pesquisa fiscal se había cerrado. Su entrega a Suecia se iba a producir sin garantías de no reextradición a Estados Unidos, donde ya se sabía, como consecuencia de órdenes de incautación de material de WikiLeaks cursadas a Google, que existía una causa sealed o secreta en territorio norteamericano.

El presidente de Ecuador de la época, Rafael Correa, en un ejercicio de valentía y cumplimiento de las obligaciones internacionales, concedió asilo a Julian Assange el 16 de agosto de 2012, tras acreditar que el periodista enfrentaba una persecución política. De hecho, quien se alega era su fuente, Chelsea Maning, había sido detenida y sometida a trato cruel, inhumano y degradante, como había denunciado el Relator de la ONU contra la Tortura, Juan Mendez.

Desde que se confirió el asilo a Julian Assange se estableció un equipo de trabajo con juristas de la más alta cualificación. Baltasar Garzón coordinó la defensa desde el comienzo y poco después, Aitor Martínez, abogado de su despacho, se sumó a la misma y en union de otros abogados de diferentes países, formamos un equipo de trabajo proporcionado al minucioso trabajo de defensa que se exigía. La abogada australiana Jennifer Robinson mantenía activa la interlocución con los organismos de Naciones Unidas. Gareth Peirce, la reconocida abogada británica, célebre por ser caracterizada por Emma Thompson en la película “En el nombre del padre”, comandaba la representación ante las autoridades británicas. Los suecos Per Samuelson y Thomas Olsson se encargaban de la jurisdicción sueca. Barry Pollack hacía lo propio en Estados Unidos. Stella Moris (hoy Stella Assange), que manejaba la lengua sueca, inglesa y española, era la abogada perfecta para pivotar entre jurisdicciones. Otras figuras relevantes como Melinda Taylor, Renata Ávila, Juan Branco, Candela Estevez, Christophe Merchand, entre otros, participaron igualmente en el equipo a lo largo de estos años.

Durante casi siete años trabajamos en forma incansable dentro de ese minúsculo piso en el centro de Londres, en condiciones muy duras, sin acceso a la luz solar y al aire fresco, rodeados por policías británicos, y con la certeza de que éramos objetivo de la inteligencia norteamericana. Sin duda, trabajábamos dentro de la embajada más monitoreada y controlada del mundo.

Los viajes eran constantes. Días y días, sábados y domingos, reuniones interminables. El trabajo era multijurisdiccional, litigábamos en Ecuador, Estados Unidos, Suecia, Reino Unido, entre otros países, y elevamos causas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana, Organismos de Derechos Humanos de la ONU.

 La situación en la embajada se hizo muy dura. El deterioro de salud de Julian Assange era evidente y palpable. Las condiciones de vida que enfrentaba eran durísimas, sin acceso a la luz solar o al aire fresco. Suecia, en clara coordinación con Reino Unido, no permitía que Assange declarara por videoconferencia, ni aceptaba desplazarse a la embajada, ni permitía que Assange fuera al país escandinavo con un compromiso de no reextradición a Estados Unidos. Evidentemente, su entrega a Suecia era el paso previo para su reenvío a Estados Unidos.

Instancias internacionales

Pero acudimos al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y ganamos, con una contundente resolución de 4 de diciembre de 2015, tras un proceso contradictorio con Suecia y Reino Unido que determinó que Assange se encontraba “detenido arbitrariamente”, por lo que debía ser puesto en libertad e indemnizado. Sin embargo, como era previsible, Reino Unido y Suecia (pivotando tras ellos Estados Unidos) no cumplieron la resolución.

Sin embargo, esa resolución forzó a las autoridades de Suecia a desplazarse a la Embajada de Ecuador en Londres para tomar declaración a Assange y desbloquear la situación. La declaración la preparamos minuciosamente y Aitor Martínez, junto al abogado ecuatoriano, Carlos Poveda, defendieron a Julian Assange en ese interrogatorio. Tras aquella declaración, la Fiscalía sueca, como era previsible, cerró aquella investigación preliminar, por no existir evidencias de cargo. Una investigación que jamás fue causa judicial penal formal.

 Pero el impasse en la embajada continuó. Si bien la causa sueca estaba cerrada, era evidente que en Estados Unidos existía una causa sealed (secreta) que se activaría en cuanto dejara la embajada. Muchos creían que esto no era más que una paranoia de Assange y su defensa, pero las evidencias de la existencia de esta causa subrepticia eran múltiples, incluyendo una filtración de la Fiscalía norteamericana en la que se aseveraba que había que mantener la causa secreta para no justificar el asilo, y de esa forma, cuando dejara la embajada, detenerle.

 Diseñamos todo tipo de alternativas para una salida garantista de Assange de la embajada. Incluso desde este despacho profesional se acordó con la diplomacia ecuatoriana que Assange, que había vivido bajo la jurisdicción ecuatoriana más de cinco años, accediera a la nacionalidad ecuatoriana. De esa forma, podría ser nombrado agente diplomático en un tercer Estado. Y de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 196, el agente diplomático en tránsito disfruta de las inmunidades y la inviolabilidad por los países por los que transita, lo que permitía su salida en condiciones de seguridad. Sin embargo, sorpresivamente, el mismo día que en forma muy reservada y confidencial, los dos abogados firmantes de este artículo, viajamos a Londres para cerrar esta salida, incluso con un pasaporte diplomático expedido que se entregó a Julian Assange, personas enmascaradas asaltaron el despacho profesional en Madrid el día que entregábamos esa documentación a Julian Assange en la embajada. Buscaban el servidor y documentación, pero no encontraron lo que querían. A día de hoy, jamás se ha investigado debidamente ese asalto a nuestro despacho.

 La situación continuó en el aire, pero ya con la nueva administración ecuatoriana de Lenin Moreno, la cual coqueteaba abiertamente con las autoridades norteamericanas. El presidente ecuatoriano incluso recibía a Mike Pence. De hecho, era público y notorio que el país necesitaba un crédito del FMI por su delicada situación económica. Ante la inminencia de la expulsión de Assange, presentamos una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 28 de diciembre de 2018 que frenó la entrega a Reino Unido. Esta medida obligó a Ecuador a informar a la CIDH que no tenía intención de entregar al asilado, por lo que la medida se cerró el 12 de marzo de 2019. Sin embargo, menos de un mes después, Lenin Moreno permitió el arresto de Assange dentro de la misión diplomática, en lo que será siempre recordado como una de las mayores agresiones a la figura del asilo que después hemos visto reproducida y agravada en el propio Ecuador, bajo la actual presidencia de Daniel Noboa, con el exvicepresidente Jorge Glas sacado a la fuerza de la sede diplomática de México donde había recibido asilo político. Ante aquel atropello interpusimos una denuncia en la CIDH que sigue su curso.

Detención y extradición

A partir de ese momento Estados Unidos mostró sus cartas. Una solicitud de extradición por un cargo que posteriormente se amplió a 17 cargos más bajo la temida Ley de Espionaje de 1917. Una norma anacrónica que se dispuso en la Primera Guerra Mundial para perseguir espías, no periodistas que simplemente habían revelado la comisión de crímenes de guerra y de corrupción.

Durante la extradición estalló un nuevo escándalo, se abrió una causa penal en la Audiencia Nacional, impulsada por este despacho, contra la empresa española de seguridad al cargo de la Embajada de Ecuador en Londres. Se practicaron entradas y registros en la sede de la empresa y el domicilio de su dueño, que fue detenido. Actualmente la investigación continúa, centrada en que, presuntamente, esta empresa habría estado facilitando información de Assange sobre sus visitas, diplomáticos ecuatorianos, así como su defensa, incluyendo a los que suscriben, supuesta y presuntamente a la inteligencia norteamericana. Es más, investigaciones periodísticas en Estados Unidos llegaron a afirmar que la CIA proyectó, bajo la dirección de Mike Pompeo, asesinar a Julian Assange dentro de la misión diplomática.

El proceso de extradición ha sido largo, duro y complejo. La labor de la defensa británica, alimentada con el trabajo que todos los demás facilitábamos, fue encomiable. Ed Fitzgerald y Mark Summers, con el trabajo de la inagotable solicitor, Gareth Peirce, pelearon con uñas y dientes. El proceso de extradición británico es largo y complejo, y pasamos por múltiples instancias.

Nos encontrábamos por último ante la High Court, encarando la que sería una de las últimas vistas, centrada en si Assange estaría asistido o no por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que reconoce la libertad de prensa. Una vista determinante.

Free Assange

Sin embargo, llegó este acuerdo. Sin duda fruto de la presión internacional. No hay una esquina del mundo en que no se haya creado un movimiento “Free Assange”. A lo que se une que la práctica totalidad de los organismos de protección de derechos humanos de la ONU se venían pronunciando contra la extradición. Organizaciones como Amnistía Internacional o Reporteros sin Fronteras igualmente se habían posicionado en forma contundente. Mandatarios de la comunidad internacional reclamaban la libertad de Assange en forma reiterada, como Andrés Manuel López Obrador o Lula da Silva. La presión para Estados Unidos era ya insostenible.

Hoy vemos con satisfacción a Julian Assange llegar a su país natal, Australia, y abrazar por primera vez como un hombre libre a su mujer e hijos. Pero seguiremos avanzando en los diferentes frentes. La verdad debe resplandecer y, aparte del acuerdo firmado, si algo queda claro es que Julian Assange ha luchado hasta el final y la libertad de prensa, amenazada por razones de seguridad nacional, es un poco más fuerte y ha conseguido demostrar que todo tiene sus límites y que aquella debe estar al servicio de los ciudadanos y no de intereses ocultos y espurios de unos pocos.

Ante la falta de encaje en el marco constitucional español del referéndum de autodeterminación del 1-O, los líderes del procés han argumentado insistentemente que el derecho de autodeterminación de los pueblos los ampara. Es evidente que los líderes independentistas se sienten más cómodos escondiéndose tras el derecho internacional. Tienen la impresión de que pueden cobijarse en conceptos que creen que son vagos e indeterminados, pensando que es fácil instrumentalizarlos a su antojo. Pero cabe preguntarse ¿de qué derecho de autodeterminación hablan?

El derecho internacional es eminentemente voluntarista ya que lo crean los Estados con la finalidad de obligarse a través de esas normas. En principio parecería raro que los propios Estados hubieran creado un mecanismo que permita la destrucción sin excepciones de ellos mismos. Y es que, como veremos, es falso que el derecho de autodeterminación otorgue a una entidad subestatal un derecho a la secesión sin más requisito que la voluntad popular.

En 1945 la Carta de San Francisco por la que se creaba la ONU impulsó el reconocimiento jurídico del principio, aún no el derecho, de autodeterminación de los pueblos. Quedó reconocido en el artículo 1.2 de la Carta al invocar la necesidad de “[f]omentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos”libre determinación de los pueblos. De igual forma el artículo 55 de la misma Carta de San Francisco de 1945 recogía el fomento de “relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos”.la libre determinación de los pueblos

Sin embargo, en 1945 la Carta de San Francisco simplemente codificó un principio general destinado a regular las relaciones entre los Estados. No establecía un derecho atribuido a un grupo humano para su ejercicio contra los Estados. De hecho, en el artículo 2.4 la misma Carta de San Francisco recogía expresamente el respeto a la integridad territorial de los Estados.

Posteriormente, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, potencias manifiestamente contrarias al colonialismo, decidieron impulsar sobre la base del principio de autodeterminación todo un derecho para los pueblos coloniales.

Nació así la conocida como dimensión externa de la autodeterminación con la aprobación de la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU de 14 de diciembre de 1960, relativa a la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Conocida como la Carta Magna de la Descolonización, se dirigía específicamente a los pueblos coloniales al afirmar que “[l]a sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales”. Sin embargo, la resolución 1514 no olvidaba imponer un límite absoluto, el respeto a la integridad territorial de los Estados, al afirmar expresamente que “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

Por lo tanto, es evidente que Cataluña no es un caso que se encuentre amparado por la dimensión externa de la autodeterminación, en el marco de la Resolución 1514, principalmente por no ser un pueblo colonial, no estar ni haber estado sometido al Comité de Descolonización y por atentar una eventual independencia contra la integridad territorial de un Estado soberano, lo cual resultaría contrario a la Resolución 1514.

Sin embargo, muchos de los países que se liberaron del yugo colonial fueron incorporándose a la Asamblea General de la ONU, por lo que llegaron a convertirse en un bloque importante de decisión en el ámbito de la organización. Fueron ellos los que impulsaron la creación de la dimensión interna de la autodeterminación a través de la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU de 24 de octubre de 1970 sobre la Declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la carta de las Naciones Unidas. Esta nueva resolución profundizaba la autodeterminación de los pueblos coloniales al ser su objetivo “poner fin rápidamente al colonialismo, teniendo debidamente en cuenta la voluntad libremente expresada de los pueblos de que se trate”. Pero a su vez ampliaba a otras realidades no coloniales al afirmar que “todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de proseguir su desarrollo económico, social y cultural”.

No obstante, es necesario resaltar que la Resolución 2625 indicaba también como límite absoluto el respeto a la integridad territorial, al afirmar que “Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descritos y estén, por tanto dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color”. Esta compleja cláusula nos indica que, reconociendo la autonomía y autogobierno de un pueblo dentro de un Estado, queda materializada su autodeterminación, respetando así la integridad territorial y unidad nacional.

De esta forma, Cataluña habría logrado sobradamente su autodeterminación en el plano interno, al contar con una amplia autonomía y autogobierno de su condición de pueblo, pero dentro del respeto a la integridad territorial y unidad nacional de España.

Recientemente el derecho de autodeterminación ha reconocido vía consuetudinaria la conocida como secesión remedio. Esta posibilidad opera en aquellos casos en que se han producido graves violaciones a los derechos humanos, en forma de genocidio o crímenes de lesa humanidad, contra pueblos étnicos territorialmente determinados. En esos casos, el trauma sufrido y el peligro de que se puedan repetir esos crímenes si ese pueblo continúa bajo esa soberanía, ha hecho que se admita la secesión como último remedio. Estos han sido los casos de Kosovo, donde se retiró su autonomía, militarizó la región y se cometieron gravísimos crímenes; o el caso de Sudan del Sur donde se aceptó un referéndum de secesión pactado internacionalmente.

Evidentemente Cataluña no es un caso de graves violaciones a derechos humanos contra una minoría étnica. No se han producido crímenes internacionales de la envergadura del genocidio o la lesa humanidad que imposibiliten que ese pueblo continúe bajo la soberanía de España.

Podemos afirmar categóricamente que no existe en el derecho a la autodeterminación, ni en su vertiente externa ni interna, un derecho a la secesión unilateral de una parte de un Estado. Algo que se puede ver con claridad en la práctica de la comunidad internacional, que de forma contundente ha condenado y abortado sistemáticamente cualquier intento de secesión unilateral. Basta señalar el claro pronunciamiento de la Asamblea General de la ONU en 1960 en el caso del Tirol del Sur; la intervención militar de la ONU en 1960 en el Congo para impedir la secesión unilateral de la región de Katanga; el caso de la declaración unilateral de independencia de Rhodesia del Sur en 1965 para separarse del Reino Unido, en la que el Consejo de Seguridad de la ONU solicitó que la comunidad internacional no reconociera aquella independencia unilateral; los pronunciamientos que en la misma línea realizó la Asamblea General de la ONU en el caso de Sudáfrica y los intentos de secesión de los bantustanes; en el caso de Nigeria, donde la mayoría de ibos de la región de Biafra declararon en 1967 la independencia unilateral, sin reconocimiento y con expresas condenas de la comunidad internacional hasta que se terminó el intento secesionista; lo referente a Chipre, donde el Consejo de Seguridad de la ONU condenó la declaración unilateral de independencia turcochipriota, solicitando a la comunidad internacional no reconocer aquella secesión; el caso de los kurdos, que desde 1975 la ONU apuesta por el reconocimiento de su autonomía y autogobierno dentro del Estado de Irak como salida a las diferentes crisis; lo sucedido en el referéndum unilateral convocado en 1988 en Nagorno-Karabakh, región de Azerbaijan que pretendía la secesión de este país para incorporarse a Armenia, sin que la comunidad internacional reconociera ese plebiscito y con condenas de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU por la violación a la integridad territorial de Azerbaiyán; el caso de Transnistria, región moldava que en 1990 declaró unilateralmente su independencia, quedándose sin reconocimiento de la comunidad internacional; y otros muchos ejemplos más, como las minorías de somalíes en Kenia y Etiopía, los nagas en el norte de la India, la región de Cachemira, el caso de Somalilandia, la Somalia británica, o de la región de Puntlandia, también en Somalia.

En todos estos casos, y con absoluta contundencia, la comunidad internacional ha respetado siempre el principio de integridad territorial y unidad nacional, impidiendo el ejercicio de secesiones unilaterales como forma de materializar el derecho de autodeterminación interna. De hecho, en 1967, en el marco de la crisis de Biafra, el Secretario General de Naciones Unidas afirmaba “Por lo que respecta a la cuestión de la secesión de una parte de un Estado, la actitud de Naciones Unidas es inequívoca. Como organización internacional, Naciones Unidas nunca ha aceptado, no acepta y no creo que nunca acepte el principio de secesión de una parte de alguno de sus Estados miembros”.

En el mismo sentido se ha pronunciado igualmente el Relator Especial de la Subcomisión de la ONU para la prevención de discriminaciones y protección de minorías: “El derecho a la libre determinación de los pueblos, tal como resulta del sistema de las Naciones Unidas, existe para los pueblos sometidos a la dominación colonial y extranjera, es decir, que no viven bajo la forma jurídica estatal. El derecho a la secesión, con respecto a un Estado existente miembro de las Naciones Unidas, no existe como tal en los textos y en la práctica seguida por la Organización porque, si se pretendiera invocarlo para romper la unidad nacional y la integridad territorial de un Estado, se estaría haciendo una aplicación abusiva del principio de la libre determinación, contraria a los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas”.

La posibilidad de ejercer el derecho a decidir del pueblo catalán no se encuentra en el derecho internacional, no se justifica en el derecho de autodeterminación de los pueblos. Pasa por la habilitación de una autodeterminación constitucionalmente pactada a través de las normas de derecho interno. Existen ejemplos de ello, como la disolución de la Unión Soviética, a través de una ley específica de 1990 que reguló el ejercicio de los procesos de secesión; el caso de la separación de Checoslovaquia, también articulada sobre las normas internas; o la disgregación de Serbia y Montenegro.