Hace escasamente unos meses, las divisiones internas y estratégicas entre los impulsores del procés habían proliferado y el apoyo a la independencia catalana estaba en declive. Asimismo, los sectores partidarios de la independencia contaban con una capacidad de movilización social que, si bien todavía importante, se estaba viendo mermada. Pero los acontecimientos que tuvieron lugar las semanas precedentes al 1-O — con las autoridades españolas promoviendo medidas judiciales contra los promotores de la votación, clausurando páginas web e interviniendo pagos de la Generalitat— y la violenta represión policial que tuvo lugar el mismo día de la votación, han hecho rebrotar la movilización y resistencia social en multitud de formas, así como los sentimientos de agravio, frustración y desesperación de una buena parte de la sociedad catalana.

Aunque ciertos sectores de la opinión pública — y autoridades políticas— todavía conciben el acto de votación del pasado 1 de octubre como un empeño impulsado por los líderes políticos catalanes (ya sean el PDeCAT, ERC, las CUP o la propia Generalitat), esta interpretación centrada en élites e instituciones no justifica los altos niveles de resistencia y movilización de una gran parte de la ciudadanía catalana el pasado domingo. Es más, esta perspectiva no explica los 2,3 millones de votos depositados en el referéndum no oficial ni vinculante en noviembre de 2014, minimiza la importancia de los centenares de referéndums municipales que han tenido lugar a lo largo y ancho de los municipios catalanes desde 2009 e ignora las centenares de miles de personas que se han venido concentrado por el derecho a decidir y la independencia desde el 2010, especialmente en las diadas. En definitiva, esta perspectiva ignora el gran ciclo de contestación popular que ha tenido lugar en Cataluña, y que desborda la lógica puramente institucional.

La avalancha informativa de los últimos días se ha centrado en las acciones de la Generalitat, en las tecnicidades legales de las diferentes actuaciones (desde la represión policial a una eventual Declaración Unilateral de Independencia) y en la relación institucional entre España y Cataluña, sin dar cuenta del carácter persistente, multitudinario y heterogéneo del movimiento catalán en favor de la auto-determinación. Es cierto que a medida que las olas de contienda avanzan, la frontera entre política institucional y sociedad civil tiende a difuminarse (sirva a modo de ejemplo la actual presidenta del Parlament, Carme Forcadell, anterior líder de la ANC), pero no podemos entender el procés catalán en toda su plenitud sin tener en cuenta y responder a la presión ejercida “desde abajo”, al malestar y a las demandas de reconocimiento de una buena parte de la sociedad civil catalana.

Junto con actores establecidos como partidos y redes institucionales (p.ej., la Associació de Municipis per la Independència), fue primero la Plataforma pel Dret a Decidir, seguida después por otras organizaciones como la Assemblea Nacional Catalana, numerosas entidades cívicas y culturales (p.ej., Súmate, Ciemen, Òmnium Cultural) y cientos de asambleas de base, vecinales, colectivos autónomos e individuos anónimos quienes han permitido, desde hace unos cuantos años, mantener la campaña por el referéndum de auto-determinación en Cataluña. El proceso de votación del 1-O fue posible gracias a la organización y coordinación de ciudadanos de a pie a través de una miríada de Comitès de Defensa del Referèndum locales. Pero Cataluña no es una excepción. Percibimos una tendencia generalizada entre los movimientos sociales a iniciar, impulsar y promover, pero también a penetrar y moldear a través de agitación social, las campañas de referéndums institucionales, oficiales o no, en una dinámica que hemos bautizado como “referéndums desde abajo” en nuestro último libro (véase aquí).

Es un hecho que el número de referéndums sobre la secesión ha crecido en las últimas décadas, especialmente tras el colapso de la Unión Soviética (véase aquí). Ya sea en Escocia en 2014 o en Kurdistán este mismo septiembre— aunque este último no ha sido (todavía?) legalmente reconocido por el gobierno iraquí—, la tendencia no parece menguar. Mientras que en el primer caso una gran movilización de las bases populares se desarrolló en paralelo a la campaña institucional liderada por el SNP, el referéndum kurdo fue iniciativa del partido gobernante KDP, con poca participación ciudadana más allá del propio voto. No obstante, las crecientes interacciones entre los instrumentos de democracia directa y los movimientos sociales se observan más allá de los asuntos relacionados con el encaje territorial.

Bajo fuertes presiones del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, varios estados de la periferia europea trataron de mitigar las consecuencias del colapso financiero general a través de aplicar políticas de austeridad. Las reacciones ciudadanas en forma de movimientos como Occupy o el 15M representaron el creciente descontento ante la falta de responsabilidad y legitimidad de algunas instituciones políticas en un contexto de privación de recursos. Desde el punto de vista de los movimientos, los contextos políticos cambiantes han presentado oportunidades para recurrir a instrumentos de democracia directa, caracterizados por iniciativas “desde debajo”. De hecho, se han utilizado referéndums como mecanismos de oposición a políticas neoliberales que conllevaban la privatización de los suministros de agua (en Italia), rescates bancarios (en Islandia) o tratados internacionales que perpetuaban la austeridad (en Grecia).

En general, los referéndums pueden ser herramientas potencialmente constructivas para fortalecer y apuntalar la democracia, la participación ciudadana, el debate, el empoderamiento popular y la organización autónoma más allá de las estructuras estatales; todos ellos requisitos inherentes de las lógicas y concepciones democráticas deliberativas e inclusivas. Sin embargo, y no muy a menudo se desarrolla este debate en el seno de los movimientos sociales, los referéndums son un instrumento propio de las democracias mayoritarias, pues una minoría de la población se excluye de la toma de decisiones e implementación de políticas. Además, los referéndums y sus resultados son muy sensibles a las circunstancias concretas del contexto donde se desarrollan los debates— como muestran los recientes referéndums sobre el Brexit y el acuerdo con las FARC colombianas—, y más aún en contextos de extrema polarización. De hecho, los estudios sobre referéndums han mostrado cómo un evento notable (como puede ser la amenaza de represión policial, por ejemplo) puede influir en la opinión pública y en el resultado de la votación. Por esos motivos, los referéndums tienen que ser tratados con mucho cuidado.

El fragor de la batalla alrededor del procés puede haber desplazado otros debates fundamentales en Cataluña como son la corrupción política o los recortes sociales. Pero en cierto modo, también los ha canalizado. El caso es que para mucha gente en Cataluña, hoy, la solución a estos problemas pasaría por la dotación de estructuras de estado propias. Otra parte se contentaría, de momento, con el reconocimiento del conflicto por parte del Estado español y la apertura de un diálogo político que permita canalizar las demandas de auto-determinación.

Las interpretaciones que, de un modo implícito o explícito, conciben las movilizaciones sociales de los últimos días— incluyendo la votación del pasado 1-O o la huelga del martes 3 de octubre— como propias de masas descerebradas, maleables y serviles, no sólo son inciertas sino que dificultan la desescalada del conflicto. Enfoques basados en la retórica de choque de trenes entre la Generalitat y el Estado/Gobierno central, el pulso entre Rajoy, la Corona y Puigdemont o el posicionamiento de gobiernos e instituciones internacionales, minusvaloran tanto el ciclo de contienda política como la presión que, desde hace años, buena parte de la ciudadanía viene ejerciendo “desde abajo”. Asociado con la fallida reforma del Estatut y la crisis de autogobierno en un contexto de recesión, el 1-O es un punto álgido de confrontación dentro del ciclo de movilización social que va más allá de partidos políticos e instituciones y donde actores políticos extra-institucionales han venido jugando (¡y todavía juegan!) un rol fundamental.

El 15M es un desencadenante clave, pero supone sólo el inicio de un pico de protestas que se prolonga en el tiempo, hasta bien entrado el año 2013.

La contienda no se radicaliza a medida que el ciclo se desarrolla; los enfrentamientos son esporádicos y ocasionales.

Actores tradicionales, como partidos y sindicatos, conservan una gran capacidad de movilización social.

Hace casi dos meses se cumplía el quinto aniversario del inicio de las movilizaciones del 15M. El 15 de mayo de 2011, pocos días antes de la celebración de unos comicios municipales (y autonómicos en trece Comunidades), algunas organizaciones de la sociedad civil reunieron en el centro de Madrid a varios cientos de manifestantes bajo los lemas «No nos representan» y «No somos mercancía en manos de políticos y banqueros». Tras la protesta, hubo una carga policial. Gracias a la difusión de información a través de redes sociales, manifestantes y cientos de simpatizantes adicionales convergieron en Puerta del Sol. De este modo, una campaña de protesta no partidista se extendió por la mayoría de capitales de provincia españolas en menos de 24 horas, organizada en asambleas públicas, abiertas y populares, con comisiones específicas que facilitaban la participación directa ciudadana. Estas movilizaciones han contado con un gran respaldo popular.

Aunque los eventos de protesta directamente vinculados al 15M han significado un punto de no retorno en el ámbito de la protesta española, conviene, no obstante, interpretarlos en su justa medida. Una perspectiva longitudinal permite arrojar luz sobre las dinámicas de lo que, en realidad, ha sido un ciclo de contienda social mucho más complejo e irregular con variables estrategias, actores e interacciones y multitud de frentes abiertos en la acción colectiva contenciosa: anti-desahucios, mareas sectoriales, movimientos urbanos, huelgas, etc. De hecho, el análisis de datos sobre eventos de protesta aquí aportados permite desmontar algunos falsos mitos acerca de la evolución reciente de las protestas en España, en un contexto marcado por la recesión, las políticas de austeridad y la crisis de legitimidad política.

Mito número 1: el 15M ha supuesto el punto álgido de las protestas. Si bien es cierto que ha supuesto un punto de inflexión, los meses y años inmediatamente posteriores estuvieron marcados por unos niveles de contestación muchos más elevados que los de mayo de 2011. En los siguientes gráficos podemos ver la evolución mensual del número de eventos de protesta en España y sus participantes entre 2007 y 2015 (más detalles sobre los indicadores, más abajo en los apéndices). Como se puede comprobar, el 15M ha sido un desencadenante, un facilitador clave de un pico de protestas que se mantiene hasta bien entrado 2013, cuando comienza la desmovilización.

Considerando los niveles de eventos y participantes, observamos que el ciclo consta de las tres fases habituales: ascenso, clímax y declive. El 15M cabalga sobre los cimientos proporcionados por una red de activistas capaz de crear espacios de resistencia como, por ejemplo, el movimiento altermundista, las luchas estudiantiles contra la implantación del Plan Bolonia o iniciativas ciudadanas como Rompamos el Silencio. Pero una de las características propias de este ciclo de contienda español ha sido la prolongación en el tiempo del pico de protestas (para un análisis más pormenorizado de este punto, click aquí).

Mito número 2: con el paso del tiempo las protestas anti-austeridad se han radicalizado. Tradicionalmente se ha entendido que la desmovilización de un ciclo de protesta resulta de una combinación de institucionalización y radicalización. A medida que avanza el ciclo, las tensiones y divisiones estratégicas entre activistas proliferan. Por un lado, se suelen abrir oportunidades institucionales, acogidas de buen grado por las facciones más moderadas de los movimientos, que adoptan tácticas menos confrontacionales. En cambio, los sectores más subversivos sufren a menudo una “involución sectaria”, manteniéndose firmes en sus estrategias no-convencionales y radicalizando sus repertorios de acción.

En el caso español se han observado focos esporádicos de confrontación. En ellos, los activistas adoptan tácticas más violentas, mientras que la policía reprime las protestas a través de medios tradicionales de acción directa. Los enfrentamientos durante la Primavera Valenciana contra los recortes en educación en febrero de 2012, los conflictos asociados a Rodea el Congreso en septiembre de 2012, o diversos enfrentamientos urbanos y vecinales (por ejemplo, en el barrio burgalés de Gamonal o alrededor del centro social okupado Can Vies en el vecindario barcelonés de Sants en 2014), han sido las excepciones durante el ciclo. No se observa pues una tendencia clara hacia la radicalización ni mayores niveles de disrupción durante la fase de desmovilización. Es más, los niveles de confrontación han sido, en general, bastante bajos a lo largo de este ciclo de protesta español.

Mito número 3: partidos y sindicatos han visto su capacidad de movilización social muy mermada en los últimos años. Es cierto que los niveles de respaldo social y confianza hacia los sindicatos mayoritarios y otras instituciones de representación han disminuido considerablemente en los últimos años. Y también es cierto que la campaña del 15M ha sido la más multitudinaria al margen de sindicatos y partidos políticos desde la Transición, lo que podría parecer indicativo de un reemplazo de los actores que lideran la organización de la movilización social.

El siguiente gráfico, sin embargo, nos permite observar cómo actores tradicionales (partidos y sindicatos) siguen desempeñando un rol fundamental en la organización de las protestas. Si bien se produce una caída significativa del peso relativo de sindicatos y partidos en la organización de eventos en 2010, repunta durante el clímax de las protestas. De hecho, los eventos más concurridos en el ciclo corresponden con las huelgas generales y otras huelgas sectoriales (lideradas o no por las mareas ciudadanas) cuyo éxito depende, en gran medida, de la implicación activa de los sindicatos. Son los actores más asentados quienes disponen de recursos (bases sólidas, tiempo, dinero, experiencia, acceso a redes) y contribuyen a que la acción colectiva se pueda sostener en el tiempo.

En resumen, en el marco de la recesión, España ha experimentado un ciclo de protesta que obedece a la lógica tradicional: ascenso, clímax y declive. El 15M es un desencadenante clave, pero marca sólo el inicio de un pico de protestas que se prolonga en el tiempo, hasta bien entrado el año 2013. Los datos existentes no permiten respaldar la hipótesis de la radicalización de la contienda a medida que el ciclo se desarrolla (y particularmente durante la fase de desmovilización), sino que los enfrentamientos obedecen a choques esporádicos. Por último, conviene no subestimar la capacidad de movilización que conservan los actores tradicionales, como partidos y sindicatos. Los nuevos actores que emergen durante el ciclo no los reemplazan, sino que los empujan a adaptarse a un contexto social cambiante.

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APÉNDICE METODOLÓGICO 1. Un aspecto sensible con Análisis de Eventos de Protesta es el cálculo y estimación del número de participantes en un evento determinado. Dependiendo de la fuente, los datos, que son escasos y parciales, tienden a diferir sobremanera. Para corregir este potencial sesgo he recabado información sobre los datos de participación proporcionados por las tres fuentes principales por separado, cuando estaba disponible: 1) policía, autoridades o instituciones gubernamentales; 2) los organizadores; y 3) el propio periódico El País. Como las autoridades tienden a infraestimar el tamaño de las protestas y los organizadores lo sobreestiman, se utilizan coeficientes correctores a fin de calcular la desviación con respecto a la media para los casos donde dispongo de información completa acerca de los tres indicadores. He extrapolado esos coeficientes penalizados para cada una de las tres fuentes al total de la muestra a fin de obtener tres medidas de participación corregidas para cada fuente. Finalmente, he calculado un índice de participantes definitivo a partir de la media de las tres primeras fuentes (corregidas por sus respectivos coeficientes de penalización). Cuando se proporcionan solamente estimaciones de asistencia, con cifras vagas o no específicas (p. ej., «unas pocas decenas», «varios cientos», «muchos miles», etc.), se transforma en un indicador continuo (N’= 505). Para la transformación en una variable continua, se siguen los criterios estipulados para Dynamics of Collective Action.

APÉNDICE METODOLÓGICO 2. Las variables relacionadas con la radicalización y represión se han codificado de la siguiente manera: