La generación de conocimiento no es sólo una característica fundamental para el desarrollo del ser humano, sino una de las mejores herramientas de evolución social que tenemos. Una gestión adecuada del conocimiento que permita el acceso igualitario a avances y nuevas tecnologías es, sin duda, una fuente de progreso y bienestar social. Sin embargo, vivimos en una era en la que debido al altísimo flujo de información, el conocimiento se traduce en fuentes de ingreso económicos de una manera que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Y es que los beneficios económicos del conocimiento son diversos, tal y como se argumenta en esta publicación centrada en el conocimiento generado con fondos públicos. Pero, ¿hasta qué punto esta inversión pública beneficia a la sociedad?

Entre estos beneficios destaca la percolación del conocimiento generado con dinero público al sector privado. Esta puede ser una percolación geográfica, cuando las empresas circundantes al entorno académico local se benefician directamente de los descubrimientos llevados a cabo por los investigadores trabajando para instituciones públicas de la zona, o sectorial, en el que son los sectores privados afines son los que se benefician de dicho conocimiento. De hecho en el mismo artículo mencionado anteriormente se citan fuentes que apuntan a que el crecimiento económico está asociado a este tipo de trasvase de conocimiento público-privado.

Efectivamente, las grandes empresas que priorizan competitividad y crecimiento empresarial sostenido pueden llegar a invertir en un país (e incluso decidir quedarse o deslocalizarse) según sea la inversión pública en I+D para su sector. Estas decisiones evidentemente no están basadas en principios éticos o morales y un compromiso sino en términos económicos derivados del potencial conocimiento generado que se puede generar localmente. De esto podemos deducir que bastaría el simple compromiso de un estado de apoyar ciertas líneas de investigación para conseguir que una u otra empresa invierta en su país.

Esto sugiere que la generación de conocimiento atrae empresas que a su vez incentivaria empleo y desarrollo localmente, y, por lo tanto, el conocimiento hilvanado desde las universidades y centros de investigación públicos es indudablemente un bien social.

Dado que el conocimiento académico es ampliamente reconocido como importante para el progreso social, incluyendo las aplicaciones directas al incremento del progreso económico y el bienestar social, ¿por qué se ha dado un alarmante retroceso en nuestras universidades públicas? Este retroceso parece deberse en parte a un descenso en el número de alumnos como consecuencia de un incremento en el coste de las matrículas y un empobrecimiento de las familias, que ha propiciado que la universidad pública sea cada vez más elitista. Pero también dicho retroceso se debe directamente a los grandes recortes en educación e investigación en centros públicos. Otra razón es la falta de un vínculo directo entre las licenciaturas o grados ofertados y las probabilidades de encontrar un empleo relacionado con la titulación obtenida, lo que puede hacer que muchos jóvenes opten por otras opciones.

A pesar de la nada despreciable subida del precio de las matrículas, el coste por estudiante en la Universidad española es de 6500€/año, de las cuales la matrícula sólo cubre el 22%. Por tanto, las arcas públicas cubren un 78% del presupuesto de la formación universitaria pública de este país. Este porcentaje es superior sin duda cuando nos referimos a doctorandos becados, para los cuales el Estado paga sus sueldos durante los 4 años de investigación y formación.

Tanto la educación de los estudiantes de licenciatura o grado, como la formación de investigadores y profesores universitarios dentro de los diferentes programas de doctorado, es una inversión para preservar el “almacén de conocimiento”, no sólo a nivel del país, sino a nivel global. Esta protección e incentivo del conocimiento es no sólo la semilla necesaria para que se genere ese nuevo conocimiento que posibilite avances significativos en la economía y desarrollo social, sino también para promover y mantener un grupo de expertos cuyo conocimiento pueda ofrecer soluciones que sirvan de tampón ante futuros cambios y amenazas.

No nos engañemos, sin ese acervo de personas preparadas compartiendo ese conocimiento no se pueden generar e implementar nuevas ideas. De 500 personas que estudien una carrera se generarán seguramente sólo un puñado de ideas relativamente novedosas que permitan avanzar sustancialmente a la sociedad en una u otra dirección. No sabemos a cuál de esas personas se le ocurrirá una de esas ideas en un momento dado, y si lo hará en la dirección deseada. Es por eso que el avance del conocimiento necesita que esas 500 personas reciban una formación óptima. Y, evidentemente, las probabilidades de éxito se multiplicarán si son 1000 en lugar de 500. Por supuesto, de forma ideal, tenemos que procurar que además su formación pueda garantizar que todas ellas encuentren trabajos en las que puedan usar el conocimiento adquirido; o sea, “trabajar de lo suyo”.

Esta visión de la universidad como experimento social (en que no todo el mundo que empieza una carrera contribuye innovando en su campo) puede ser considerada una utopía y no convencer a todo el mundo, pero la realidad es que hay grandes diferencias en los destinos de las personas que acaban la educación superior, siendo sólo una minoría, por ejemplo, las que acaban dedicando sus vidas a la investigación.

Sin embargo, no se puede pretender potenciar el talento, y recibir los frutos de sus aplicaciones, sin una formación de calidad asociada. No existe lo uno sin lo otro. Y lo más importante, en España la formación de esas 500 personas actualmente cuesta 3,2 M€ anuales, una cantidad de la que los estudiantes (y sobre todo sus familias) pagan 0,715 M€ y el resto el Estado. ¿Qué empresa invertiría 2,535 M€ anuales con la esperanza de que uno de esos 500 alumnos de la promoción le fuese a ser provechoso? ¿Cuántas estarían dispuestas a incrementar ese monto para además apoyar los másteres y doctorados de una porción de esos alumnos? Obviamente, ninguna. Entonces, es obvio que las empresas necesitan de esa inversión pública que forme trabajadores cualificados y con talento. Pero, ¿qué retorno recibe el Estado, y por ende la sociedad en su conjunto, desde las empresas? ¿Simplemente unas estadísticas de empleo?

Estamos muy acostumbrados a ver fichajes escandalosamente millonarios en el deporte, cuyo bien social puede ser discutible. Nadie pensaría que cuando salió Leo Messi de La Masía, la escuela de fútbol del F.C. Barcelona, lo podría contratar otro equipo sin pagar ninguna cláusula. ¿Por qué entonces ocurre eso con la educación pagada con dinero público? ¿No se tendría que establecer un canon de retorno y que las empresas que contratasen a personal formado con dinero público tuviesen que pagar un monto a modo de cláusula para contrarrestar esa inversión pública? Todos pagamos impuestos, incluidas las empresas, pero aquí estamos hablando de un impuesto a la educación que debería ser explícito, adicional y con el que se debería generar una caja exclusiva para la Universidad pública.

Algunos países optan por conceder créditos blandos a los estudiantes que no pueden costearse los estudios superiores, y luego estos estudiantes devuelven ese crédito mediante parte de su salario durante sus primeros años de vida laboral. Es el caso del sistema BAfÖG de Alemania, en el que la mayor parte de las veces los estudiantes ni siquiera tienen que devolver la totalidad del préstamo. A pesar de estas ventajas, este sistema no deja de exigir que parte del salario de los empleados se destine a pagar su formación, cuando los primeros beneficiados de tener un profesional bien formado o un investigador son la sociedad (que ya lo subvenciona a partir de los impuestos, la universidad pública y las quitas de la deuda) y las empresas que los emplean.

Parece mucho más justo entonces que obtener este canon no fuera, bajo ningún concepto, en contra del salario del empleado. Pero sin duda dicho canon al permitir recuperar parte de esa inversión podría contribuir a mejorar la calidad de la Universidad, incluyendo una reforma de los grados académicos y contratando más y mejores profesores, y la investigación a través de incentivos para mejorar la calidad y competitividad de los centros, la contratación de más investigadores a nivel internacional y presupuestos mayores para investigar tanto en la Universidad como en los OPIS (Organismos Públicos de Investigación). Estas medidas, entre otras, retroalimentarían positivamente a las empresas al poder optar a un personal más cualificado y poder disfrutar de un incremento en la cantidad y calidad del conocimiento generado. Estamos pues hablando de una situación win-win, en la que todos ganan.

El canon debería aplicarse no sólo a la formación de personas, sino a cualquier tipo de conocimiento generado con dinero público, dado que se ha demostrado que existe percolación público-privada a varios niveles, no sólo el del personal cualificado, como es por ejemplo el engrose del almacén de conocimiento, del que se benefician directa o indirectamente las empresas.

Nos gustaría recalcar que nos referimos aquí a aquella parte del conocimiento que pueda tener una aplicación directa para beneficio de las empresas. En ningún momento estamos sugiriendo que apoyamos que la educación y la investigación estén dirigidas únicamente al conocimiento de aplicación directa y que resulte únicamente en beneficios económicos a corto término. Creemos firmemente que todas las facetas del conocimiento deben mantenerse en las universidades, independientemente de su aplicabilidad directa a la empresa privada ya que el conocimiento tiene impacto en todas las facetas de nuestra sociedad. Y bajo ningún concepto entendemos que sean las empresas privadas las que dicten los grados, másteres y programas de doctorado, así como las asignaturas impartidas, tal y como se sugirió en un borrador del Plan Estatal de investigación 2013-2016.

Es obvio que invertir en conocimiento y educación beneficia a todos, y existen datos que así lo corroboran a nivel económico. Un canon a las empresas haría que el coste no recaiga sólo en los impuestos (la mayoría de los cuales los pagan los ciudadanos) y además incrementaría la inversión en educación e I+D, mejorando así el sistema en su conjunto.

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