En el debate suscitado estos días por los acontecimientos de Cataluña, hay tres ideas que se están extendiendo, que creo que los juristas tenemos la obligación de refutar: 1) que las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades catalanas y las organizaciones que las apoyan son pacíficas, 2) que, además, son actuaciones democráticas y 3) que, por esa naturaleza pacífica y democrática, debemos contrarrestarlas a través del diálogo.

1) No es cierto que estemos ante actuaciones pacíficas porque no es pacífico aquello que está basado en la coacción. Si alguien entra en nuestra casa, aprovechando que por descuido hemos dejado la puerta abierta, y se encierra en su interior, impidiéndonos la entrada, podemos decir que no hemos sido físicamente agredidos. Pero, obviamente, no consideraríamos que estamos ante una actuación pacífica.

El que obra de ese modo ejerce coactivamente su voluntad. Nos agrede en nuestro derecho de propiedad. Si la autoridad judicial ordena su desalojo y la policía no tiene más remedio que ejercer la fuerza para hacerlo efectivo, ninguna persona razonable diría que estamos ante la represión violenta de un acto pacífico.

Lo que está ocurriendo estos días es justamente eso. Una autoridad del Estado ha optado por la vía de hecho y se ha arrogado de forma coactiva un poder que no tiene conferido, arrebatándoselo a la mitad de la sociedad catalana y al resto de la sociedad española. No han agredido físicamente a nadie (por ahora) pero han ejercido la fuerza al ocupar el espacio de decisión pública a través de un mero acto de voluntad, que el Derecho no ampara. Los tribunales han ordenado que ese espacio sea recuperado. Y puede ser necesario el ejercicio de la fuerza para hacerlo efectivo. Pero no estamos ante la represión de actos pacíficos sino ante la respuesta legítima ante una agresión coactiva y, por ello, violenta.

2) Al tomar por la fuerza ese espacio público que no tiene atribuido, el movimiento independentista demuestra que no es democrático. Al menos no lo es tal y como entendemos la democracia después de las tragedias totalitarias del siglo XX. La democracia, como regla de decisión que supone que las mayorías determinan las reglas de convivencia, no es un valor absoluto. Decir que esa concepción puede llevar a que la mayoría aniquile o someta a la minoría (o a las minorías) no es, por desgracia, una apelación a un caso de laboratorio. Es una experiencia histórica.

Las democracias de la segunda mitad del siglo XX están asentadas sobre esa experiencia. Sus constituciones, que sólo pueden ser modificadas con mayorías cualificadas, expresivas de un amplio consenso, tienen una finalidad evidente: proteger a las minorías.

Por esa razón,  las reglas generales del sistema no pueden ser cambiadas por mayorías exiguas y coyunturales. De ahí que se exijan mayorías cualificadas. De ahí también que existan Tribunales Constitucionales que tienen la misión de proteger el pacto constitucional de la agresión de una mayoría parlamentaria. Quienes creen que la democracia es la mera imposición de la voluntad de la mayoría son, en realidad, ultras de su propia causa, que tratarán de imponernos a toda costa. No deberíamos fiarnos de ellos. La regla de las mayorías sirve para casi todo. Menos para las cuestiones más esenciales.

3) Si aquello a lo que nos enfrentamos no es ni pacífico ni democrático, la respuesta no puede ser, simplemente, el diálogo. Hay que garantizar que los que nos coaccionan no consigan sus propósitos. Hay que impedirles que alcancen sus objetivos, que han decidido imponer a través de la fuerza. Y después deben darnos garantías de que acatarán las reglas. Sólo entonces el diálogo tendrá sentido porque sólo entonces podremos confiar en que no volverán a ejercer la coacción para romper los pactos a los que lleguemos. 

En una entrevista que ya se ha hecho justamente célebre, el presidente de la Generalitat respondía a un periodista lo siguiente: hemos optado por esta vía porque es la única que nos permite alcanzar nuestro objetivo. No hay declaración que revele un espíritu más coactivo y antidemocrático. Los que respetamos el orden jurídico no debemos pactar mientras no tengamos garantías de que no volveremos a ser coaccionados.