Vivimos tiempos convulsos, tiempos que han desatado una polarización en las acciones y una inflación retórica sin precedentes. Los ejemplos abundan y no es nuestra intención amonestar a nadie. Nuestro objetivo es otro, pensar una posible salida al aparente bloqueo al que la gestión del pre y post 1-O nos ha traído.

Nuestro análisis y nuestra recomendación parten de varias premisas. La primera es que estamos ante un problema político de primer orden que, más allá de lo que ocurra en los próximos días, no se resuelve simplemente con la invocación a la legalidad. Creemos que esa falta de audacia en la búsqueda de soluciones políticas a demandas políticas es una parte de lo que nos ha llevado a la espiral de polarización actual que nos preocupa a todos.

Un problema político significa que los actores, a un lado y otro, representan posiciones amparadas en un amplio apoyo popular, y sin cuyo respaldo la gobernanza democrática del territorio se hace difícil. Y significa también que los actores tienen objetivos que no son necesariamente el bien común y limitaciones, normalmente de corte electoral, a su margen de actuación. Es también la miopía que se deriva de prestar demasiada atención a objetivos electorales a corto plazo por parte de todos lo que nos ha traído hasta aquí.

El contexto en que nos encontramos es conocido. Llegamos al 1-O tras un importante realineamiento del sistema de partidos provocado en buena medida porque el catalanismo moderado ha visto cómo sus demandas de autogobierno han sido sistemáticamente desatendidas, fruto del inmovilismo del partido en el gobierno.

La consecuencia es que hoy tenemos un gobierno catalán abiertamente independentista, y sostenido por una mayoría parlamentaria que incluye a la CUP, aún más decididamente independentista. En este contexto nace la supuesta nueva legalidad catalana representada por la llamada “ley de transitoriedad”, nacida de una sesión parlamentaria de difícil defensa y la convocatoria de un referéndum de autodeterminación suspendido por el Tribunal Constitucional.

Amparados por el stock de capital político ganado por el soberanismo gracias al rechazo a la actuación policial del día 1-O y las previsiones de la ley del referéndum aprobada en la misma sesión parlamentaria, sectores del soberanismo abogan por declarar unilateralmente la independencia (DUI), lo que provocaría, a la luz de las reacciones vistas estos días, una intervención que incluiría seguramente la aplicación del artículo 155. Frenar esa DUI sería el primer paso en una desescalada que nos llevaría a un precipicio de muy inciertas consecuencias para todos. 

Romper esta dinámica es difícil, en parte porque los dos actores principales son indispensables de cara al futuro. Por un lado, no se vislumbra mayoría de gobierno posible en Cataluña que no pase por el PdeCat y Esquerra. Y no hay reforma institucional o constitucional de calado que no necesite de la aprobación del PP y el PSOE. Resolver la tensión entre dos fuerzas con poder de veto requiere que las dos partes reciban garantías de que los pasos acordados para una salida de la crisis se cumplirán, reduciendo el riesgo de que se desvíen del acuerdo y que una de las partes acabe incurriendo en costes inasumibles. 

Es la dificultad de establecer esas garantías en la situación actual la que explica la sensación de callejón sin salida en la que estamos. La reacción natural para muchos es la desazón o el sectarismo. El instinto natural es arregostarse en zonas discursivas cómodas, y defender a capa y espada los cómodos silogismos que legitiman a cada uno. Algunas élites lo saben y lo explotan. Otras lo ven con preocupación y escepticismo, tanto en Barcelona como en Madrid.

Con ellas en mente, creemos que lo valiente es dar un paso atrás y reflexionar acerca de la gravedad de la situación y de las posibles estrategias, aunque cueste unos cuantos sofiones de los nuestros y la etiqueta de colaboracionista o traidor. Quien crea que podemos manejar la escalada porque nos acabará llevando a nuestro puerto preferido, que lo piense dos veces. Los barcos a la deriva suelen acabar en los acantilados. 

Esto implica adoptar y defender acciones costosas tanto en Barcelona como en Madrid. Primero, preguntémonos si existe un espacio común que permita desatascar esta situación y caminar hacia una solución mínimamente estable. Creemos que sí.

Lo que ha ocurrido en todo este tiempo ha mostrado que la demanda de reconocimiento, de mejor y más autogobierno es genuina, es permanente, y no desaparecerá a menos que se responda con halago al menos a algunos de los que ahora la expresan. También es evidente que la sociedad catalana no es unívoca, que hay independentistas, federalistas, y satisfechos con el statu quo, y, creemos, que en algún momento tendrán que poderse expresar con garantías sobre su futuro. 

Pero para llegar a eso hay que evitar la escalada. A pesar del éxito de la movilización soberanista, la substancia de su resultado ni es homologable ni da para legitimar una independencia. El gobierno catalán se enfrenta a un dilema: si se proclama la DUI, se enfrenta a una más que segura espiral represiva, a pérdidas de apoyo internacional, a importantes pérdidas económicas, a un retroceso en el poder institucional logrado durante la autonomía, y a un largo período de inestabilidad en Catalunya.

Algunos apuestan a que la respuesta de España será tan brutal que se generará una inestabilidad de tal magnitud que, con el tiempo, la crisis política incontrolable degenerará de alguna forma en algo parecido a la independencia. Pero nada garantiza la tierra prometida al final del valle de lágrimas. Y si no la proclama, en ausencia de garantías del gobierno central, podría enfrentarse a un escenario de represión parecido (aunque con una posición más legitimada internacionalmente), y a previsibles divisiones internas dentro del bloque soberanista, que se ha mostrado enormemente cohesionado hasta la fecha.

La clave es que, bajo ciertas circunstancias, podría ser en interés del Govern posponer la DUI a cambio de una respuesta institucional por parte del Estado que le permitiese salvar la cara en Cataluña. A su vez, esa respuesta requeriría la participación de los grandes partidos nacionales y habría de pensarse y discutirse bien en el marco de una comisión ad hoc con representantes de los dos gobiernos y las fuerzas parlamentarias. A día de hoy, creemos que simplemente el anuncio de la disponibilidad a establecer esa comisión y la especificación de un orden del día claro serían suficientes para desactivar una DUI. 

La comisión a continuación deberá trabajar los siguientes puntos: (1) apertura de negociación en el ámbito constitucional sobre el encaje de Cataluña en España, (2) activación de los mecanismos constitucionales para la celebración de algún tipo de consulta en Cataluña; (3) naturaleza del procedimiento y secuencia de reformas y votaciones; y (4) acuerdo sobre la reacción de las partes una vez conocido el resultado (losers’ consent). Creemos que desde el convencimiento del abismo a las dos partes al que nos conduce la ausencia de acuerdos, un nuevo arreglo debería ser posible, y ganable, en ese marco.  

No somos ilusos, somos conscientes de lo difícil que es alcanzar hoy un acuerdo así. Pero los riesgos del no acuerdo son enormes, para todos. Existen evidentemente herramientas legales para restaurar el orden constitucional en Cataluña ante un intento de independencia, pero será insuficiente para gobernar democráticamente un territorio desde el centro con la correlación de fuerzas que nos ha dejado este conflicto.

Sin volver a ganar la legitimidad de una mayoría de los catalanes, haya referéndum o no, habrá inestabilidad, se agrandarán las brechas en la sociedad catalana, nos acabará afectando a todos, y si se sostiene en el tiempo, tendrá desenlaces imprevisibles. Sin nadie quererlo, podemos acabar con un Ulster en el Mediterráneo.

¿Es este un escenario deseable? Confiamos en que haya actores con capacidad de parar esto. Los costes para la convivencia, para los catalanes, para la imagen de España, para nuestra economía sería incalculable. Y esto no debería discriminar ideologías. Sería además una oportunidad para los federalistas, con capacidad de mejorar España y de acomodar las demandas razonables de Cataluña, con el reconocimiento simbólico y las garantías institucionales al autogobierno necesarias. Creemos que si la decisión es entre independencia y statu quo, la independencia puede ganar. Pero si la decisión es entre la independencia y un contrato federal con garantías, la independencia no sería la opción elegida por la mayoría de los votantes. 

Lo valiente para todos es trabajar para abrir la vía del diálogo y apartarse de manera valiente del inmovilismo. Es hora de cambiar el registro. Lo valiente es reconocer que no estamos luchando contra ISIS, sino tratando canalizar una demanda democrática de la ciudadanía catalana. Lo épico puede ser atrincherarse y reprimir. Lo valiente es pensar a medio plazo y crear espacios para canalizar la crisis con inteligencia y asegurar la estabilidad y la convivencia futura. Por el bien de todos.