El pacto entre PSOE y Junts, el amago de que el preámbulo (sin contenido dispositivo) de la ley de amnistía pudiese contemplar el término lawfare y el “superministerio” de Justicia y Presidencia han encendido todas las alarmas en el mundo de la justicia. Cautivos de dogmas jurídicos como la igualdad ante la ley o la imparcialidad de jueces y juezas, lamentablemente poco tienen que ver estos principios con el día a día de una administración de justicia formada por seres humanos con sus pasiones y convicciones.

Lawfare es un concepto político; la utilización fraudulenta de la justicia para derribar de manera coordinada enemigos políticos. Un delito de prevaricación como una catedral. Es evidente que en una gran parte de los excesos vividos con el procés no ha existido tal coordinación. Lo que sí ha existido, sin duda, son numerosos casos de sesgos y prejuicios que han permitido una valoración judicial mucho más severa que en otros asuntos.

Nos referimos a la insistencia del juez Llarena en la investigación por rebelión –que requiere armas– a los encausados del procés, a García Castellón imputando alegremente a Puigdemont y Marta Rovira por delitos de terrorismo en plena investidura y formación de gobierno por las acciones multitudinarias de Tsunami Democràtic o los años y años de secretos de sumario que han permitido, y permiten, espiar a políticos independentistas, abogados, periodistas, empresarios o simples ciudadanos en total indefensión. Nos referimos a la paupérrima investigación de la corrupción política y policial de la Operación Catalunya pese a los numerosos indicios obrantes en el Caso Villarejo o a la inhabilitación de todo un presidente de la Generalitat por negarse a colgar una pancarta.

Vemos con preocupación cómo las causas contra la corrupción de Villarejo se vuelven contra sus víctimas cuando te llamas Pablo Iglesias y mueren de inanición cuando te llamas Dolores de Cospedal –pese a las decenas de conversaciones que le incriminan–. Cuando Iglesias denuncia que el tipo que facilitó una orden de pago falsa en Granadinas a la policía obtuvo a cambio la autorización de residencia legal en España “por apreciadas razones de colaboración policial”, los juzgados la rechazan alegando que no hay indicios.  

Toda la primera línea política del entorno podemita se encuentra inmersa en el fango judicial, con sus inmensos costes personales, profesionales y reputacionales, mientras las causas terminan deshaciéndose: Mónica Oltra, Ada Colau, Vicki Rossell y un largo etcétera. El juez persecutor de esta última sigue en prisión por compincharse con un empresario para hundir a Rosell. En el momento de los hechos era el portavoz canario de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayor asociación de jueces, que hoy se alza defendiendo la “honorabilidad” de sus señorías. A Isa Serra, en cambio, se la condenó por las meras declaraciones, no coincidente entre ellas, de un puñado de policías pese a los numerosos y plurales indicios en contra, incluyendo cientos de fotografías y vídeos. 

Los casos de lawfare, corrupción o prevaricación certificados, son pocos, ciertamente, pero no es ningún secreto la abultada mayoría conservadora que existe entre los integrantes del poder judicial (del mundo de la justicia en general, incluyendo fiscales y abogados). No estamos diciendo ni que sea censurable ser de derechas ni que todo juzgador de derechas sea parcial ejerciendo su trabajo, pero desde luego sí es muy poco representativo de la pluralidad política de España. El tercer poder, llamado a poner límites al Gobierno y legislativo, está claramente escorado a la derecha, singularmente en los puestos más altos y los de mayor sensibilidad.

A estas alturas, parece difícil discutir que algunos jueces, en ocasiones, se han dejado llevar por prejuicios ideológicos propios de la tendencia conservadora de sus miembros. Una predisposición subjetiva al orden establecido, una transición de la dictadura a la democracia casi automática de los maestros de nuestros jueces de hoy o un acceso clasista de una difícil oposición carente de becas, ejercen una influencia tan invisible como evidente.

Por eso nos preguntamos: ¿tan infame era la mención al lawfare en el acuerdo de la Ley de Amnistía? ¿No existe razón alguna para que los jueces se planteen la politización de ciertas decisiones de algunos de sus más selectos miembros, notablemente la Audiencia Nacional? ¿No podemos siquiera plantearnos o debatir de manera crítica este sesgo conservador? Los que protestan insisten en que cuestionar a los jueces es un ataque a la democracia. Los que suscribimos este artículo opinamos justo lo contrario; una democracia no es plena si uno de los poderes del estado no puede estar sujeto a crítica y revisión.

A pesar de los palmarios casos someramente enumerados con anterioridad, el debate no es ni nuevo ni lo inventan podemitas, independentistas u otros disidentes de la España “tradicional”. Este es el objeto de la teoría de la “justicia penal de dos velocidades” que defienden importantes catedráticos –como Jesús Silva Sánchez, abogado de la infanta Cristina–, la teoría del “derecho penal del enemigo” que trajo Manuel Cancio, o el tan teorizado “derecho penal de excepción” del célebre juez Roberto Bergalli. 

Que la independencia e imparcialidad de los jueces en España es algo controvertido lo ponen de manifiesto consultoras internacionales como el World Justice Project, que sitúa España en el puesto 25 en la calidad del sistema de justicia penal, por detrás de los Emiratos Árabes, o las recomendaciones del GRECO .

Llevamos años de debate sobre la justicia y poder judicial, sin ningún avance más que la constatación de que las mayorías cualificadas necesarias para la renovación de los órganos, fruto de sociedades menos polarizadas, promueven el bloqueo conservador de la judicatura. Por ello emplazamos desde aquí a los profesionales de la justicia a la revisión autocrítica de nuestro sistema de justicia, con paciencia y sin caer en el corporativismo, pues no hay mayor enemigo del respeto y la reputación que las propias acciones.

9:00 AM, 1-O, Escola Mediterrani, Barcelona.

No se han abierto las puertas y unas cuantas personas, mayoritariamente mujeres, protegen la entrada para garantizar que se pueda votar.

Como en tantas otras escuelas que visitamos y testimonios que recogimos, la Policía Nacional hace acto de presencia con poco respeto al manido principio de que la primera garantía ha de ser la Seguridad Ciudadana. 

La PN revienta la puerta de la escuela y comienzan a caer al suelo y a ser agredidas señoras de avanzada edad. Los Mossos intervienen levantando y separando a las personas más vulnerables; ello provoca un enfrentamiento entre ambas Fuerzas de Seguridad. 

Una mujer mayor se acerca a otra mujer que porta un chaleco y acreditación y le relata cómo le han golpeado, rellena un formulario y sentencia: “He venido a votar que no, pero ahora voy a votar sí.” 

Lo anterior es un resumen del testimonio que recogemos de Montse, una de tantas que se organizaron para observar el incumplimiento de Derechos Humanos al que ha conducido esta situación de excepcionalidad y suspensión de garantías democráticas.

Montse está cansada, y nosotros también, llevamos desde la madrugada en las calles. Se sienta en una mesa en la que ambos compartimos un ordenador, recogemos las pruebas y testimonios de los grupos de observadores. Montse comienza a hablar en catalán. “Disculpe, somos castellanoparlantes”. Ella nos sonríe, “¿De dónde sois?” -De Madrid. “¿Y estáis aquí? Gracias”. 

Nos han dado muchas veces las gracias estos días.

Deviene incomprensible la demostración de violencia institucional, y más aún el amparo moral de que la policía únicamente defendía la legalidad. Nos preguntamos si el uso proporcionado o desproporcionado de la fuerza, es decir, el abuso de autoridad, es la única vía para evitar una ilegalidad.

¿Destrozar puertas, empujar, pegar, arrastrar, tirar de los pelos, utilizar gases lacrimógenos, pelotas de goma y balas de fogueo era la única manera de impedir esta votación, llamémosla referéndum o de cualquier otra forma? 

Esta situación ya se avecinaba como una demostración de fuerza, de ahí el recordatorio del Alto Comisionado de Derechos humanos de la ONU el día antes: “independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas.” Y eso no sucedió, por muchas mordazas que pongamos a la Justicia.

La Resolución 2116/2016 del Consejo de Europa, de 27 de mayo de 2016, indica que “Las concentraciones son habitualmente el último mecanismo del que disponen los ciudadanos para ser escuchados; restringir este derecho o usar violencia contra manifestantes pacíficos erosiona la democracia.”

Por su parte, la Recomendación 2001/10 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre un Código Europeo de Ética Policial, de 19 de septiembre de 2001, da en el clavo cuando asegura que “La policía puede utilizar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y sólo hasta el límite necesario para alcanzar un objetivo legítimo”. Es decir, que debe ser el último recurso disponible y siempre proporcional al objetivo pretendido.   

El referéndum había sido suspendido cautelarmente por el Constitucional antes de iniciarse el 1-O, por lo que sus efectos jurídicos eran, sin duda, inexistentes. Nada legal podía salir de una consulta ilegal. Podían haber votado el 100% de los catalanes llamados a votar y aún así las consecuencias legales habrían sido las mismas. Lo que estaba en juego no era el derecho al voto, era el derecho a la libertad de participación política, expresión y manifestación de miles de personas, y debía haberse protegido.  

El punto 13 de los principios básicos de la ONU para la dispersión de concentraciones nos indica que en caso de manifestaciones ilegales pacíficas “los agentes de la autoridad deberán evitar el uso de la fuerza o, si resulta necesario, deberán restringir su uso al mínimo imprescindible”

Se nos recuerda aquí que no basta con esgrimir la proporcionalidad en el uso de la fuerza, sino que previamente hay que dirimir su necesidad estricta. Hemos asistido a un uso de la fuerza no sólo excesivo y desproporcionado sino, ante todo, innecesario.

Como resultado de ello hay cientos de heridos, el Tribunal Constitucional se apunta a la modalidad express y fascistas caminan cantando el Cara al Sol por las calles.

A lo largo de estas semanas, hemos visto cómo se registraban imprentas, confiscaban materiales electorales, se bloqueaban sitios webs, se detenían cargos públicos, y se prohibían reuniones políticas. Todas ellas conductas vulneradoras de las mínimas libertades civiles, y propias de otras épocas ya vividas en esta España; encaminadas no sólo a comportamientos violentos y represivos, sino a limitar el flujo de información pública. 

Y así nos acostamos el domingo 1 de octubre, despertando el 3 en Madrid, escuchando aquí sentimientos contradictorios. Por un lado, la comprensión y solidaridad con la gente que fue a votar a pesar del temor a la violencia policial, pero también el recelo respecto de las posiciones políticas que promueven el independentismo y, sobre todo, con sus motivaciones. Enorme fractura la que sentimos entre lo institucional y lo popular.

Se ha antepuesto el fondo de la decisión sobre el propio derecho de la población catalana a tomar una decisión. No es cuestión de qué pongas en la papeleta, sino de que puedas, simplemente, votar.

Nuestra experiencia no deja de ser emocional, todas las personas actuamos y votamos guiados por ideas válidas y razonadas, pero también por sentimientos, intereses propios y hasta errores. “Entre mi madre y la Justicia, escojo mi madre”, decía Camus a propósito de su postura “de perfil” en la guerra de independencia argelina. No podemos ignorar el componente afectivo y sentimental que impregnan todas y cada una de nuestras decisiones diarias, y debemos asumir y comprender su existencia en los procesos de toma de decisiones democráticas. Y si alguien tomara decisiones solo de manera racional, sería irrelevante en nuestro sistema supuestamente democrático. 

Se debería haber ofrecido a la población catalana, sin ambages, la posibilidad real de escuchar sus voces mediante el voto. Quizás así no habríamos forzado a miles de ellos a ser arrastrados por la tormenta política entre los gobiernos estatal y autonómico.

Votar sí o votar no, no votar -por decisión propia o por miedo-, todas las opciones fueron afectadas por la polarización.  

Sin embargo, tras la violencia policial que muchos catalanes (y observadores, colaboradores, funcionarios públicos) sufrieron el domingo por su mero deseo de participar en la vida política, es urgente evitar escabullirnos en lo personal o en lo institucional, pese a la llamada de nuestras vísceras, y exigir herramientas y mecanismos que permitan conocer con certeza cuál es la voluntad de la población.

Nosotros fuimos como abogados con voluntad de conocer, pero en Barcelona fueron miles de personas quienes nos dieron una lección de soberanía popular. 

Si la democracia, para existir, necesita el consentimiento del pueblo, el uso de la violencia indiscriminada ataca directamente la soberanía popular e incurre en la quiebra del pacto social en el que basamos nuestra convivencia. De la misma manera, deslegitima al Gobierno y la institución estatal que se opone a los Derechos Fundamentales de la población.