Se podrían hacer muchas lecturas de los acontecimientos del 1-O, cuando miembros de las Fuerzas de Seguridad española golpearon a votantes pacíficos en Catalunya, incluso se podría hablar de brutalidad policial, pero hay una lectura que puede contribuir a la comprensión de cómo resolver esto que se ha convertido en un conflicto amenazante.

Y la lectura es que lo que sucedió ese domingo fue el choque entre dos verdades. La Guardia Civil y la Policía Nacional representaban la verdad legal, la que se desprende de un fallo del Tribunal Constitucional que declaró que el referéndum del 1-O era ilegal. Los votantes catalanes representaban la verdad legítima, es decir, el pueblo que cree que es legítimo expresarse a través de un referéndum, al margen de cómo lo clasifiquen las autoridades del Gobierno central.

El choque entre la legalidad y la legitimidad no ha aportado ninguna respuesta. Al contrario: se ha producido un círculo vicioso. El hecho de que el Gobierno catalán se apoyara meramente en la legitimidad ha provocado que el Gobierno español apele al uso (no muy inteligente) de los recursos legales. A su vez, el uso del Gobierno español de la fuerza policial como recurso de legalidad sólo ha dado más legitimidad a los argumentos del Gobierno catalán.

El círculo vicioso no se modificará si los involucrados insisten en este enfrentamiento entre la legitimidad y la legalidad. Quizás el Gobierno catalán ahora se siente más legitimado, incluso dentro de los sectores catalanes que no lo apoyaban antes, y por eso siente que puede declarar la independencia. Sin embargo, esto sólo logrará que España utilice la fuerza de la ley y suspenda la autonomía de Catalunya. El Gobierno catalán no encontrará apoyo legal en la Unión Europea. Sólo podría encontrar algo de solidaridad si el Gobierno español ejerciera más violencia, lo cual podría suceder.

El resto de la narrativa es violenta y triste.

Pero la legalidad y la legitimidad no tienen por qué enfrentarse.

El Gobierno español puede haber considerado el referéndum ilegal, y por ende sus resultados carentes de valor legal. Sin embargo, según el texto de la misma constitución que defiende, también podría haber tolerado al referéndum como parte del derecho de asamblea y del derecho de libre expresión. A su vez, el Gobierno catalán podría haber organizado el referéndum sin la amenaza de utilizar la fuerza, y aún así no habría conseguido el resultado legal para la independencia.

Estaríamos en el mismo punto que estamos hoy, pero sin las imágenes de la policía golpeando a los catalanes, tratando de convencerlos de que no tienen derecho a creer en su propia independencia, un argumento que hemos visto fallar a lo largo de la historia. Ahora, la pregunta sigue siendo la misma, sólo que la violencia la ha complicado un poco: ¿Cómo conciliamos legalidad y legitimidad? Es decir, ¿cómo se podría reconciliar la narrativa del gobierno central de priorizar el estado de derecho (de España) con la narrativa del principio de democracia (de los catalanes)?

El primer paso es aceptar estas narrativas tal cual son. Sí, el Estado español tiene derecho a hacer valer la Constitución y, sí, los que piensan que Catalunya debería ser independiente tienen el derecho legítimo a creerlo.

Esto genera un espacio para futuros pasos políticos. El Estado español necesita legitimar sus propios argumentos dentro de Catalunya, y esto no se logra con palos de la policía. El Gobierno catalán necesita encontrar el camino legal para actuar, no basta con haber recibido palos de la policía.

El Parlament y el Gobierno catalán estarán obligados, por el referéndum, a dar el primer paso. Ni el parlamento ni el gobierno catalán tienen respaldo legal del referéndum del 1-O para declarar la independencia, y es cuestionable si tienen la legitimidad para hacerlo. De lo que no hay duda es de que tienen la legitimidad para cuestionar la relación actual entre Catalunya y España.

Por ende, tanto el Parlament como el Gobierno catalán pueden conciliar legitimidad con legalidad si el Gobierno propone, y el parlamento aprueba, un paquete que en pocas palabras se podría resumir de la siguiente forma:

-El gobierno de Catalunya es autorizado por el Parlament a comenzar un proceso de negociación con el Gobierno de España respecto de los términos de la relación entre Catalunya y España, sin juzgar de antemano el posible resultado de las negociaciones.

-El Parlament de Catalunya llamará, en un plazo de 12 meses, a un referéndum vinculante sobre el resultado de las negociaciones entre los gobiernos catalán y español. La pregunta o preguntas del referéndum resultarán directamente de las negociaciones.

-El Parlament de Catalunya creará una comisión para revisar el Estatuto de Catalunya, trabajando en conjunto con el proceso de negociación entre ambos gobiernos. Los resultados se presentarán antes de que el Parlament llame al referéndum vinculante sobre la relación entre Catalunya y España.

No debería haber razón legal para que el Gobierno español no vea esta iniciativa positivamente. Desde luego, el Gobierno central tiene la potestad que le otorga la Constitución, como lo ha declarado tantas veces, para negociar con las autoridades catalanas. Y también la potestad de llegar a acuerdos asimétricos, si fuera necesario. Desde el punto de vista legal, Catalunya no tiene por qué tener los mismo derechos autonómicos que el resto de las autonomías. En este contexto, el Gobierno estaría haciendo valer la Constitución de mejor forma que enviando a la Guardia Civil a pegarle a la gente que va a votar.

El Gobierno español debería sentarse con el Gobierno catalán sin condiciones y juicios previos: ambas autoridades son legales y legítimas, dentro del mismo sistema constitucional, y no necesitan ponerse condiciones previas para sentarse a hablar. El Gobierno español tiene derecho a proponer arreglos dentro de lo que plantea la Constitución, y el Gobierno catalán tiene derecho a decir por qué estos arreglos son insuficientes y qué necesita Catalunya para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. No podemos saber de antemano cuál sería el resultado de esas negociaciones. Al finalizar las conversaciones, el Gobierno español presentaría el resultado a las Cortes para que lo aprobaran. El gobierno haría bien si, durante las negociaciones, informara y consultara regularmente a los partidos de la oposición.

Existe una salida a la triste y poco prometedora situación actual en Catalunya. Lo primero que hay que hacer es dejar de insistir en que los mismos pasos que llevaron a la confrontación llevarán ahora a una solución.