Hay que ser muy villano y muy poco democrático para judicializar lo que perdieron en las urnas el 24 de mayo de 2015 en la Comunitat Valenciana. Hay que ser muy villanos para cebarse con las personas en situación de dependencia y sus familiares. Aunque no me esperaba menos de un presidente que cuando llegó a su cargo una de sus primeras declaraciones fue que “la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia” -bueno, tampoco es cuestión de ponerle medallas extra, dijo realmente la ley de Dependencia-, “es inviable”.

Y así lo ha venido demostrando todos estos años castigando a las personas en situación de dependencia, a sus familiares, a las trabajadoras y trabajadores del sector de los cuidados y la asistencia. Claros son los datos: en los últimos cinco años han fallecido más de 150.000 personas en toda España sin percibir las prestaciones que tenían reconocidas por su situación de dependencia. El Gobierno del amigo y patriota Mariano apenas aporta el 12% del 50% que debería aportar en financiación de la dependencia con las comunidades autónomas como queda recogido en la Ley.

El Gobierno del Botànic, mediante el reciente Decreto 62/2017 de 19 de mayo del Consell, trasladó competencias a los ayuntamientos como entidades colaboradoras para valorar a personas dependientes, de esta manera y con la contratación por parte de los ayuntamientos se acelera la valoración de personas dependientes: en el ultimo año se ha pasado de 18 a 450 valoradoras y valoradores de personas dependientes y se ha incrementado en 4.682 las personas valoradas en relación al año pasado.

Ese Decreto llegó tarde y todavía queda margen para mejorar: en ayuntamientos pequeños donde no hay capacidad para contratar evaluadores los retrasos se siguen acumulando y los trámites para las evaluaciones se podrían agilizar y simplificar.

Pero la mejora es evidente. Y cuando las políticas de cambio mejoran la vida de la gente es cuando aparece el PP más villano: desde la Delegación de Gobierno en el País Valenciano han presentado un recurso judicial contra la contratación de personal por parte de los ayuntamientos. Otra vez se ceba contra las personas dependientes y sus familias.

Pero la villanía del Partido Popular no se queda ahí; la senadora y concejala de Castellón Salomé Pradas presume en prensa de una donación de 500 eurazos a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón. Amigo Mariano “el patriota”, amiga Salomé “la demócrata”: las personas con diversidad funcional, las personas con discapacidad; las personas en situación de dependencia y sus familiares no necesitamos limosna; necesitamos que no se secuestren nuestros derechos y, dado que se autoproclaman los más patriotas, demócratas y legales del Estado, cumplan La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

*Benito Pérez, Responsable Área diversidad funcional CCPV