Como ocurre en todas las naciones-estado del mundo, el nacionalismo mayoritario nunca se considera nacionalismo a sí mismo, sino que considera de este modo sólo a los nacionalismos periféricos de las naciones sin Estado. Así, hoy el nacionalismo reaccionario del bloque monárquico, sobre todo en los últimos meses, se escuda en la Constitución del 78 y recurre a los “acuerdos inmaculados” de la Transición, para evitar llamarse a sí mismo nacionalismo español.

PP, PSOE y C’s representan un constitucionalismo impostado, que establece la inmutabilidad de los acuerdos de la Transición y el orden constitucional de forma interesada, pero después se pone de acuerdo para modificar la Constitución de la noche a la mañana y sin contar con la ciudadanía, como ocurrió con la reforma del artículo 135.

En contra de cualquier atisbo de apertura o regeneración, en los últimos años el Nacionalismo español ha apostado por una recentralización del Estado y una reversión de las competencias cedidas a las autonomías.

Durante los últimos gobiernos de Mariano Rajoy y la aplicación de la legislación derivada del artículo 135 de la Constitución española, bajo la excusa de la austeridad y el control de gasto, se ha eliminado de facto la autonomía de comunidades autónomas y ayuntamientos para elaborar sus presupuestos y gestionar sus competencias sin el control estricto de Madrid.

Esto ha llevado, además, a una crisis de financiación en multitud de entidades locales y autonómicas, que ya contaban con menos recursos que los que les corresponden en relación a sus competencias y el número de habitantes.

Este ha sido el caso del País Valencià, que el pasado 18 de noviembre se manifestó masivamente en las calles por un modelo de financiación más justo y transparente.

La crisis de financiación también ha sido una cuestión decisiva en el aumento de la voluntad soberanista en Catalunya. Las restricciones presupuestarias, materializadas en recortes en los servicios públicos básicos, han sido identificadas por el bloque independentista como un ataque de la Nación española a la gente de Catalunya.

Por ello, el punto de inicio de una reforma territorial no puede ser el 155, como quiere el PSOE. Y es que la reforma constitucional cerrada por arriba que plantea el PSOE -entendemos que en clave federal- no satisfará las peticiones de soberanía en tanto en cuanto nuevamente se imponga una decisión desde Madrid al conjunto de naciones del Estado, sin preguntar a cada una de las personas que las conforman qué es lo que quieren para su futuro.

La propuesta de Podemos, concretada en la campaña “construyendo un país de países”, supone la superación de esta relación de subalternidad. Para nosotras, la plurinacionalidad es una apuesta estratégica. En nuestra defensa a ultranza de la democracia y los derechos humanos, defendemos el derecho a decidir de los pueblos, pues entendemos que no es posible imaginar algo más democrático que el hecho de que un pueblo pueda decidir libremente sobre su futuro y sus vidas. Es ahí donde hacemos hincapié, en el derecho a decidir sobre nuestras vidas, que se extiende más allá de lo territorial. Es ahí donde las reivindicaciones de soberanía ligan con las reivindicaciones sociales.

Si hemos de aprender algo de todo este proceso histórico es que la “cuestión nacional” en el Estado español no se va a resolver hasta que desaparezca la subalternidad que existe entre voluntades nacionales y la Nación española reconozca al resto de naciones que conviven con ella en este territorio en igualdad de condiciones.

Esto pasa necesariamente por el reconocimiento del derecho a decidir de todos los pueblos que conviven en el Estado español. Será el momento entonces de hablar de Estado federal, confederal, etc. a través de diferentes procesos constituyentes. No tenemos miedo a hablar de soberanías compartidas y de reconocimientos compartidos. Pero el debate de estas cuestiones debe enmarcarse en una serie de procesos ciudadanos y constituyentes abiertos, inclusivos y que cuenten con todas las partes, poniendo el foco en los derechos sociales, una vez reconocido el derecho a decidir. Una vez reconocido este derecho y sólo entonces, será posible un debate en igualdad de condiciones en el que las diferentes naciones de la Península Ibérica puedan decidir la relación que quieren tener entre ellas y con Europa.

Por ello, frente a los que pretenden imponer soluciones por arriba, en sus despachos, debemos plantear con claridad que la solución a este -y en general a la mayoría de problemas de la actualidad- pasa por escuchar a la gente, por dar el protagonismo a las clases populares. Solo así podremos cerrar de una vez este proceso histórico en beneficio de la mayoría de la sociedad y no sólo de las élites minoritarias.

*Vicenta Jiménez, senadora de Podem de Alicante

Víctor Alarcón, concejal de Elda

Blas de Otero

“La peor de todas, la que ha causado más estragos en la Historia, es la pasión nacionalista”, afirmaba resueltamente Vargas Llosa, haciendo gala del cinismo que caracteriza a buena parte de nuestra derecha, el pasado domingo día 8 de octubre en Barcelona, en un mitin de exaltación del nacionalismo español. A su lado, entre otros, el senador García Albiol quien, pocos días antes, en una rueda de prensa en la que animaba a la “gente de bien” de Cataluña a asistir a dicha manifestación “antinacionalista”, había dicho: “Estamos dispuestos a que nos rompan la cara por defender a los catalanes que no queremos que nos obliguen a dejar de ser españoles”

En efecto, la activación de movilizaciones en torno al eje del nacionalismo supone, en buena parte, trasladar la política desde el terreno del argumento y la racionalidad hacia el espacio del sentimiento y la emoción.Cuando esto se hace invocando a la violencia y al miedo, se está alentando a que se envalentonen los monstruos.

Desde 2011, en España hemos vivido un período de movilización pacífica casi permanente en nuestras calles. Y podremos estar más o menos de acuerdo con sus demandas, pero la movilización soberanista en Cataluña, especialmente por lo que se refiere al 1-O, ha sido un ejemplo de civismo por parte de la ciudadanía que la protagonizó. Solamente ha empezado a operar la violencia, el grito, el insulto, cuando han entrado en escena los monstruos que el nacionalismo español más rancio e intransigente ha invocado. Por eso, el 9 de octubre, en Valencia, al calor de ciertos discursos y declaraciones de ciertos dirigentes del PP, algunos de esos monstruos se vinieron arriba y fueron capaces de reventar una manifestación a favor de la lengua y la cultura valencianas. Una manifestación que viene celebrándose pacíficamente desde la transición a la democracia en nuestro país y que este año se llenó de insultos, golpes, patadas, escupitajos a los manifestantes, al grito de “España es una” o “catalanistas, al paredón”. Seguramente a esto debía referirse el nobel peruano cuando hablaba de los estragos que causa el nacionalismo exaltado… Sin embargo, no hemos escuchado ni una sola palabra de condena explícita contra estos ultras violentos por parte del Partido Popular.

El nacionalismo español que defiende la Constitución, la unidad y la legalidad sin ceder ni un ápice y aspira a una derrota total con mano dura del independentismo, es el que agita el PP ¿Por qué? Sencillamente porque, insensible al dolor que pueda provocar, cree haber encontrado en el enfrentamiento y la polarización una manera de sacar rédito político de la situación. Gracias a la exaltación del sentimiento en torno al símbolo, la palabra y el razonamiento son sustituidos por el fervor y la pasión. Queda excluido así el discurso social, el de la reivindicación de derechos. La pasión y el sentimiento lo llenan todo y ya no se habla de corrupción ni de economía, ya no se habla de las cifras del paro ni de nuestra deuda externa.

Ese “filón” es justamente el que con anterioridad había empleado también el PdeCat, -antigua CIU- para que de repente dejara de hablarse de los escándalos de corrupción y de su famosa comisión del 3%. El partido que, como exponente del neoliberalismo en Cataluña, hizo los más brutales recortes en el estado de bienestar durante la crisis de 2008 y cuya sede fue registrada –en curioso y no casual paralelismo con el Partido Popular - cambió su discurso (que hasta ese momento no era independentista) y se erigió de repente en adalid del independentismo. Y empezó una carrera frenética hacia no se sabe dónde, a base de vender que una independencia, unilateral o pactada, no sólo era posible, sino necesaria para solucionar todos los problemas de Cataluña. Y sería aceptada y asumida por la UE y por el Estado Español. Sin consecuencias.

Ambos posicionamientos son perversos, por falsos y perniciosos, y sólo se sustentan bajo dibujos de trazo muy grueso. Ni la unión por la fuerza ni el independentismo como panacea son aceptables por el sentido común. Sin embargo, son capaces de agitar las pasiones más primarias. Y por eso resultan tan peligrosos.

El eje del nacionalismo ha facilitado la anexión sin ambages del PSOE al bloque del PP y C’s. Al PSOE no se le hubiera perdonado aliarse con el PP de los recortes. Sin embargo, formar un frente común con PP y C’s en torno a la “unidad de España” y la “defensa de la legalidad” (aunque sea por la fuerza), le ofrece a corto plazo cierta coartada para intentar disfrazar su estrategia de “ejercicio responsable”.

El cierre de filas del régimen con lo que se ha llamado el Bloque Restaurador o el Frente Constitucional en torno al tema del nacionalismo supone una salida en clave gatopardiana a la crisis de régimen que se abrió en mayo de 2011 en nuestro país. A cambio de la promesa de creación de una comisión en el Congreso y de la promesa de una futura reforma constitucional, Sánchez ha vendido –casi regalado- su “colaboración necesaria”.

Desgraciadamente, el PSOE sigue sin comprender ni atender a la España que desde el 15M reclama más democracia. Se resiste a unirse al bloque del cambio, se sigue aferrando al pasado y no quiere entender hasta qué punto con la cuestión catalana nos estamos jugando la España y el tipo de democracia que queremos: para hoy y, sobre todo, para mañana.

Dejando de lado cualquier forma de nacionalismo excluyente, lo que es cierto es que la realidad lingüística, cultural, histórica, de nuestro país, es diversa y debe ser contemplada y actualizada en nuestro marco legislativo.

La herida abierta en Cataluña es un hecho, pero la solución a la fractura abierta no pasa por que las élites políticas hagan una reforma de la Constitución “desde arriba” en una suerte de nuevo “café para todos” sino que pasa por dejar avanzar a la democracia que se pide paso.

La solución pasa por dar paso a “la paz y la palabra”, por ensanchar el espacio de la participación democrática y el derecho a que cada territorio pueda decidir el encaje que quiera tener con el resto del Estado.

Pasa por ayudarnos a pensar a España como un país de países. No en vano, los padres (ninguna madre, por cierto) de la Constitución del 78 ya incluyeron el término “nacionalidades” en el texto constitucional al hablar de territorios.

El reto es construir un proyecto de país que sea atractivo, que entienda que somos un país de países y del que nadie quiera irse. Que eso tiene que tener consecuencias políticas, que no puede limitarse a diferencias folklóricas. Que Cataluña esté dentro de España, pero sólo porque así lo hayan decidido sus ciudadanas y ciudadanos.

Construir un nuevo modelo de país en el que todos los pueblos nos podamos relacionar en relaciones de igualdad y de fraternidad y de reconocimiento mutuo, con un nuevo contrato social que garantice los derechos y la igualdad de oportunidades de todas las personas.

Construir una nueva relación social y de poder, donde el País Valencià tenga su voz propia, su financiación justa y su proyecto definido. Con una hoja de ruta clara donde nuestro modelo productivo se diversifique y fortalezca y se convierta así en el motor de prosperidad y futuro que todas y todos anhelamos.