“Pero prefiero ser extranjero en España y no en ningún en otro país”

“En la Central Telefónica habían arriado la bandera anarquista y sólo flameaba el estandarte catalán. Ello significaba la derrota definitiva de los trabajadores”.

(George Orwell: Homenaje a Cataluña, 14 de abril de 1938).

George Orwell escribió en 1938 su precioso libro Homenaje a Cataluña, memorias de su participación en la Guerra Civil española, en el frente de Aragón y en Barcelona. En el mismo destaca las cualidades de los españoles (siempre catalanes, que era a los que trataba): generosidad, dignidad, nobleza. Sólo le preocupaba una cosa: el odio que percibía entre los propios catalanes, considerándolo más peligroso que los fascistas contra los que luchaban.

En esta nueva casi Semana Trágica de aflicción para españoles y catalanes por la deriva de los políticos de Cataluña en contra de la Constitución, las leyes y el legítimo poder judicial que dimana del pueblo según la Carta Magna y la ineficacia del Gobierno central, es preciso recordar ante todo que la misión de los españoles y de los catalanes es defender el Estado de Derecho y la convivencia pacífica y democrática que surgen de la Constitución, en la que se declara solemnemente que la soberanía reside en el pueblo español. En este contexto, es indeclinable la defensa de esa norma máxima por todos los poderes del Estado, incluidos los que representan al pueblo catalán, como “principio general de todas las naciones civilizadas”, en palabras del TEDH de Estrasburgo.

La gravedad del caso, se arrastra desde hace tiempo y, después de la carta del Presidente Puigdemont, se estrecha aún más el campo de entendimiento. No se puede pretender un dialogo, manteniéndose en una posición de reproche al Estado y en situación de insumisión declarada frente a la Constitución y su intérprete máximo, el Tribunal Constitucional. Pero a pesar de ello, el Gobierno, tiene la obligación de marcar la diferencia y hacer valer la “prudencia” que se le supone y no abusar como hasta ahora ha hecho al activar los mecanismos de la Justicia, cuando quizás debería haber buscado otros cauces políticos para solucionar un problema eminentemente político y de larga fragua. Tal activación nos ha llevado a la sorprendente y muy preocupante decisión judicial, auspiciada por una petición fiscal absolutamente innecesaria para dos representantes de sendas organizaciones civiles promotoras de la independencia, que pueden ser el detonante de males mayores. Realmente no es una cuestión de respeto a la división de poderes y de acatamiento de las decisiones judiciales, sino de saber si quien ha puesto en marcha el mecanismo sabe bien en el riesgo que nos pone a todo el pueblo español.

Desde luego, no se puede establecer un argumento de negociación sobre cómo lograr la paz democrática y constitucional, basándose en los presuntos excesos de las fuerzas de orden público, que deben resolverse en un ámbito diferente como es el de la investigación judicial y no en el del debate político, sin perjuicio de las responsabilidades de este orden que quepan a los máximos responsables. Ni tampoco sobre una presunta afrenta a Cataluña que sólo existe en un designio voluntarista y predeterminado en la mente de los independentistas radicales.

Históricamente hay que entender el denominado catalanismo como ideología política, que a su vez se apoyaba en una trayectoria histórica de rasgos muy perceptibles: la unidad de España como el primer Estado moderno europeo desde el siglo XV, mediante la unión política de Castilla y la Corona de Aragón. Sin olvidar que la convivencia en el nuevo Estado se llevó a cabo pacíficamente y que durante más de cinco siglos no existió en Cataluña vestigio alguno de soberanía nacional, aunque siguió manteniendo su identidad, apoyada en sus instituciones, su lengua, su cultura y luego, en su dinamismo social y económico.

Cataluña fue uno de los escasos territorios donde hubo una auténtica revolución burguesa (Solé Tura), con todo lo positivo que ello tenía, al crearse una burguesía industrial; y en ella precisamente se asentó la reivindicación catalanista. Este catalanismo no cuestionó la unidad de España, lo que ahora algunos parecen olvidar. El catalanismo más sólido, materializado en la figura de Prat de la Riba, nunca fue separatista; siempre sostuvo la unidad de España como “patria grande” (Bases de Manresa, 1906).

Partiendo de esta realidad, la paz democrática y constitucional en Cataluña, se convierte en una prioridad, dada la aflicción de los españoles y los catalanes de buena fe sobre la situación de odio y enfrentamiento; la obstinación no sólo manipulada sino engañada de parte del pueblo catalán, (que todo hay que decirlo) y la indeseable situación de mantener permanentemente el acatamiento a la ley por el reactivo aunque legítimo uso de los medios coactivos del Estado.

Pero el pacífico y voluntario cumplimiento de las leyes, sobre el que se apoya la convivencia cívica (Tocqueville) no puede ser consecuencia de una suerte de “cesión” a un “arraigo independentista”, porque dicho planteamiento integraría la categoría de mero voluntarismo sin fundamento, que podría ser coincidente con el de otros territorios, sin legitimación que lo autorice (lo que acabó con la Primera República fue un rebelión cantonal, como es sabido) sino basada en razones históricas, políticas y económicas objetivas que hacen deseable en el caso de Cataluña y sólo en él, un diálogo pacífico sobre el reconocimiento de su personalidad diferenciada. La finalidad es encontrar un punto intermedio, en el que, cediendo todos, puedan construir un autogobierno económico pleno, para el que existen mecanismos constitucionales, sin necesidad de una muy difícil e imprecisa reforma “federal” de la Constitución.

Partimos de la base de que no existe tal cosa como “un mandato popular” para declarar la independencia, pues los que votaron eran conscientes de que con el ejercicio de su derecho al voto, no podían revertir la ilegalidad de la convocatoria, así declarada por el Tribunal Constitucional. El recurso dialéctico del President en sus discursos, apelando al efecto legítimante de unas normas suspendidas en su vigencia y a unos efectos de la consulta, meramente políticos pero no legales, es una acción antidemocrática, como lo es también arrogarse la supuesta voluntad del pueblo y sustituirla por la propia para consolidar unas normas que carecen de vigencia y por ende de efecto legitimador para el debate sobre una independencia que no cabe en el marco constitucional. En este contexto, el Gobierno Central, no tiene margen alguno para cambiar ese marco, extremo que no le corresponde como tal.

Unos y otros han ido demasiado lejos y a todos les ha faltado, proporcionalidad y mesura frente a la soberbia desplegada. Las dos partes deben comprometerse a abordar la situación territorial y debatir sobre soluciones que muchas voces señalan pueda ir incluso en la línea de un referéndum pactado y con garantías, pero dentro del marco legal que nos gobierna a todos.

Es decir en la actual situación, el diálogo precisaría ineludiblemente de una declaración expresa de las instituciones autonómicas de acatamiento de la Constitución y las leyes y de una oferta del Gobierno, con tal premisa, de diálogo sereno sobre el mecanismo para reconocer el autogobierno económico de Cataluña. Con el reconocimiento asimismo de las razones históricas y políticas que lo justifican, a través de personas independientes y de prestigio aceptadas por ambos, ya que parece inviable hacerlo entre el Gobierno autoritario del Partido Popular y los actuales políticos catalanes independentistas, que se han situado en un plano irreal sustentado en una especie de realidad virtual paralela, que pivota sobre una especie de alienación marxista y un nirvana imaginario.

El pleno autogobierno de Cataluña, que defendemos, sería coherente con su tradición histórica e integrado por las suficientes competencias políticas y sobre todo las económicamente necesarias, y asumiría la realidad identitaria históricamente defendida, pero dentro del bloque de constitucionalidad. Esta propuesta, se aporta para el debate ideal que se propone, sin abandonar cualesquiera otras posibilidades que se desarrollarían una vez superada la situación de “insumisión legal” actual de la Generalitat.

Los demás territorios no deben considerarse agraviados por ello, dada la singularidad e identidad incuestionables de Cataluña, y su especialísima identidad cultural, lingüística, social y económica, compatible con el contenido del art. 150.2 de la Constitución, que permite este tipo de transferencia, sin necesidad de alteraciones constitucionales, poco probables.

Si este tipo de soluciones no son barajadas y el gobierno se empecina en la aplicación del artículo 155 de la CE, pensado siempre como un artículo de efecto puramente disuasorio (para no ser aplicado), la brecha ahora existente, se convertiría en precipicio difícil de salvar: La eliminación de los puentes de entendimiento, nos conduciría a un abismo de impredecibles consecuencias para la integridad de España.

Se trata de que no acabemos como la Rebelión en la Granja la otra gran obra de Orwell; ya que es incuestionable que el pacto de convivencia secular del territorio de Cataluña como parte de España es irrevocable, como lo es la unidad de la soberanía del pueblo español, y que volvamos a renovar nuestro compromiso, citando al gran demócrata de Gettysburg, de que la soberanía del pueblo español, nunca desaparecerá de la tierra.