Cada 8 de marzo no solo conmemoramos a todas las mujeres que dedicaron su vida a la conquista de la igualdad real y efectiva, sino que reafirmamos nuestro compromiso con ese legado. Un compromiso que España quiso recoger en la Constitución de 1978. Nuestra Carta Magna –que es ya la más longeva de nuestra historia reciente– nos ha brindado la mayor etapa de prosperidad política, social y económica que hemos conocido. Y en ese proceso, las mujeres hemos ganado un espacio que durante siglos nos fue negado.

La Constitución consagró la igualdad ante la ley, prohibiendo expresamente cualquier discriminación por razón de sexo. Este principio supuso el punto de partida de una transformación de gran calado: la plena incorporación de la mujer a la vida política, económica, social y cultural. Desde entonces, hemos impulsado y consolidado un cambio histórico que nos ha permitido a todas las mujeres acceder libremente, entre otros ámbitos, a la educación superior, al mercado laboral y a los puestos de responsabilidad pública. Nada de esto ha sido fruto del azar, sino de un marco constitucional sólido que permitió que la igualdad dejara de ser una aspiración para convertirse en una realidad jurídica.

Sin embargo, no podemos caer en la autocomplacencia. La igualdad legal no ha eliminado todas las desigualdades que aún persisten en nuestro país, muchas de ellas relacionadas con la conciliación de la vida familiar y los cuidados. Pero si hay un ámbito en el que la brecha se convierte en una herida abierta es el de la violencia machista, que sigue afectando de manera directa y devastadora a miles de mujeres.

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2024 elaborada por el Ministerio de Igualdad, el 57,3% de las mujeres que residen en España de 16 o más años han sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Una cifra preocupante que se ve agravada en territorios como Euskadi, en el que, según Emakunde –Instituto Vasco de la Mujer– y el Gobierno Vasco, 8 de cada 10 mujeres sufren o han sufrido violencia física o sexual alguna vez en su vida.

Por otra parte, nuestra juventud, nuestro futuro, se identifica cada vez menos con los valores e ideas feministas. Esto lleva, por ejemplo, a un preocupante retroceso en las percepciones de los más jóvenes, con una normalización de conductas de control, acoso y humillación a través de redes sociales, tal y como alerta el Barómetro Juventud y Género 2025 de Fad Juventud. El control del móvil, la difusión no consentida de imágenes o la presión psicológica a través de redes sociales o mensajes no son “conflictos de pareja”, sino formas de violencia que debemos abordar con determinación.

Si queremos avanzar en igualdad real y efectiva, el feminismo debe ser un movimiento transversal en nuestra sociedad. No puede convertirse en patrimonio exclusivo de una sigla ni en un instrumento de confrontación política. Necesitamos un feminismo sin trincheras, que convoque a mujeres y hombres, capaz de forjar alianzas sociales amplias y que sume a las nuevas generaciones en favor de la igualdad.

Defender un feminismo transversal no diluye el problema, sino que fortalece la respuesta. Supone asumir que la violencia ejercida contra las mujeres es una cuestión de Estado. Es educar en igualdad desde la infancia, reforzar la coordinación entre las distintas administraciones, mejorar la protección de las víctimas y trabajar especialmente con los jóvenes para que comprendan la importancia de no banalizar conductas o actitudes machistas.

La Constitución nos dio el marco y la democracia la estabilidad necesaria. Las generaciones anteriores nos legaron avances incuestionables, pero ahora nos corresponde a nosotros consolidarlos y ampliarlos. El 8 de marzo debe ser, ante todo, una jornada de unidad en torno a lo esencial: que cesen los asesinatos machistas, que ninguna víctima se sienta sola frente a su agresor, que ninguna mujer vea limitada su libertad por roles de género o por miedo y que ninguna joven normalice el control o la violencia de cualquier tipo como una prueba de amor.

La vivienda ha dejado de ser un asunto coyuntural para convertirse en el principal problema social de Bizkaia. No es una percepción ni un argumento político: más de la mitad de los vizcaínos sitúan el acceso a una vivienda como su mayor preocupación, por delante incluso del empleo. Entre los jóvenes de 25 a 34 años, el dato es aún más preocupante. Es una realidad que condiciona proyectos de vida, decisiones laborales y la posibilidad misma de quedarse a vivir en nuestro territorio.

La evolución de la demanda de vivienda protegida confirma este diagnóstico. El registro de Etxebide sigue creciendo trimestre tras trimestre y alcanza cifras históricas. En Bizkaia, más de 56.000 personas figuran ya como demandantes de vivienda protegida. Ocho de cada diez solicitudes se concentran en el alquiler, lo que evidencia que el acceso a la compra ha dejado de ser una opción realista para buena parte de la población, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias.

Mientras la demanda no deja de crecer, la oferta se reduce. Desde 2019 han desaparecido más de 9.000 viviendas en alquiler en Bizkaia, situando al territorio a la cabeza de la reducción de oferta en términos relativos en el conjunto de España. El resultado: precios al alza tanto en compra como en alquiler, muy por encima de la evolución de los salarios.

Este desequilibrio no es fruto de la casualidad. Es consecuencia directa de las políticas desarrolladas por el PNV y el PSE-EE durante lustros. Excesiva regulación, lentitud administrativa, falta de construcción de vivienda nueva y una creciente inseguridad jurídica han convertido la promoción y el alquiler en un proceso incierto y poco atractivo.

Lejos de corregir esta deriva, las medidas de intervención directa en el mercado del alquiler la han agravado. La declaración de zonas tensionadas y la regulación de precios no ha incrementado la oferta allí donde se ha aplicado. Ha provocado justo lo contrario: retirada de viviendas del mercado y mayor presión sobre los precios, como ya advertimos desde el PP vasco.

En este contexto, resultan especialmente reveladoras las últimas posiciones del PNV en materia de okupación, que ha decidido anular el derecho constitucional de propiedad. Tras reconocer la necesidad de seguridad jurídica, ahora propone limitar el desahucio únicamente a quienes tengan una vivienda alternativa en alquiler. Dicho de otro modo: el impago vuelve a convertirse, en la práctica, en una situación sin consecuencias reales, trasladando el problema al propietario.

Hace apenas unos meses, Pedro Sánchez agasajó al PNV con la cesión de un palacio en París, valorado en más de 15 millones de euros, a cambio de cinco votos decisivos en el Congreso. Resulta, cuando menos, chocante que quien ha recibido semejante privilegio pretenda ahora erigirse en árbitro moral para limitar el derecho constitucional de propiedad. Más aún cuando esa limitación se plantea de forma selectiva: solo para quienes disponen de más de una vivienda, condenando al resto de propietarios a asumir la carga de los impagos de alquiler que deberían corresponder a las administraciones públicas. No es una política social; es una transferencia encubierta de responsabilidades que resulta difícil de justificar y, sencillamente, vergonzosa.

Conviene decirlo con claridad: nadie desea un desahucio. Pero convertir el impago en una excepción permanente no protege a los más vulnerables. Daña al conjunto del sistema y expulsa aún más viviendas del mercado. Sin seguridad jurídica no hay oferta, y sin oferta no hay acceso al alquiler.

No es una política social; es una transferencia encubierta de responsabilidades que resulta difícil de justificar y, sencillamente, vergonzosa

La atención a las situaciones de vulnerabilidad no puede recaer sobre los propietarios. Son las administraciones las que deben ofrecer alternativas habitacionales y ayudas eficaces. Cuando se carga esa responsabilidad sobre el arrendador, el resultado es siempre el mismo: menos viviendas disponibles y un mercado cada vez más tensionado.

Llegados a este punto, la conclusión resulta difícil de evitar. La política de vivienda del PNV se mimetizó con la del PSE-EE para terminar convergiendo con la de EH Bildu. El resultado: más intervención, menos seguridad jurídica y una oferta de vivienda en retirada.

Bizkaia necesita un cambio de enfoque. Un modelo de política de vivienda que actúe sobre la oferta y no se limite a gestionar la escasez. La vivienda no puede seguir siendo el principal obstáculo para el desarrollo personal y económico de nuestro territorio. Los diagnósticos están hechos y los datos son claros. Falta, simplemente, la voluntad de cambiar de rumbo. Los vizcaínos no podemos apoyar a un frente de partidos que van contra nuestros intereses. Y para ese cambio solo queda uno, el PP vasco.

El Gobierno Vasco hizo público hace unos días un estudio que revela que el 74% de los jóvenes se apoya en las redes sociales para informarse de las cuestiones de actualidad. Es un porcentaje significativo que evidencia un fenómeno tan generacional como imparable: Instagram y TikTok se han convertido en los principales canales de acceso a lo que pasa en el mundo.

Los jóvenes de Euskadi siguen con interés lo que pasa a su alrededor, aunque de una manera diferente. Tres de cada cuatro admiten consumir píldoras informativas a diario y de forma frecuente, según el documento titulado ‘Juventud, redes sociales e información 2025’. Ese interés explícito por el devenir de los acontecimientos debe conducirnos, especialmente a los que desempeñamos responsabilidades públicas, a poner el foco en la importancia de los datos frente al relato a la hora de contextualizar realidades tangibles. Son realidades que nuestros jóvenes necesitan conocer para comprender lo que está ocurriendo.

Bizkaia se enfrenta en la actualidad a un momento crítico en relación a ámbitos que impactan de forma directa en los intereses de los jóvenes. Nuestra tierra, históricamente sinónimo de progreso, bienestar y calidad de vida, se ha convertido en un territorio hostil para construir un proyecto vital.

No se trata de sensaciones, ni de un discurso pesimista. Los datos desmienten ese relato de prosperidad en forma de paraíso que desde las instituciones se nos intenta vender en torno a Bizkaia. El talento que se forma en nuestras universidades se ve forzado a hacer las maletas rumbo a destinos como Madrid, Berlín o Londres, como consecuencia de la necesidad de encontrar salarios dignos y unos horizontes profesionales que aquí parecen haberse esfumado.

El Observatorio Vasco de la Juventud, en ese sentido, señala en su último informe que el empleo y la vivienda se han convertido ya en la principal preocupación de los jóvenes vascos. Según refleja, solo el 32,2% de los jóvenes de Euskadi logra emanciparse. La edad media para abandonar el hogar familiar se sitúa en los 29,8 años, tres años y medio más tarde que la media europea. En otras palabras: estamos a la cola de Europa en libertad para decidir cómo y dónde vivir nuestras vidas.

Este hecho guarda relación directa con la situación en el empleo. La tasa de paro juvenil en Euskadi se sitúa en el 9,4%, por encima de la tasa de desempleo general (6,8%) según el Instituto Vasco de Estadística (Eustat). Es una cifra, además, que se dispara casi hasta el 11% en el caso de las mujeres. Todo esto ocurre en medio de un contexto demográfico preocupante, en el que se jubilan cinco personas por cada joven que se incorpora al mercado laboral, tal y como señala un reciente informe de la Fundación Adecco.

El acceso a la vivienda completa la tormenta perfecta. Euskadi se enfrenta a una crisis habitacional sin precedentes ante la que nuestras instituciones miran para otro lado. Alquilar un piso en Bilbao o casi en cualquier núcleo urbano de Bizkaia es una misión imposible reservada a unos pocos privilegiados. La oferta se reduce y los precios escalan, expulsando a los jóvenes de sus barrios.

Otro factor que está poniendo 'muy caras' nuestras calles, aunque en otro sentido, es el de la inseguridad. Los robos y las agresiones físicas y sexuales cotizan al alza en un contexto de impunidad en el que los delincuentes multirreincidentes encuentran acomodo. Policías y jueces se muestran indefensos frente a una praxis institucional que les mantiene sin herramientas para poder realizar de forma eficaz su trabajo. El modelo político imperante muestra signos de agotamiento. Se perciben las grietas de una gestión obsoleta y más preocupada, en muchas ocasiones, por el reparto de puestos que por la transformación del territorio. No obstante, y frente al lamento, debe abrirse paso la alternativa y la esperanza.

La política debe dejar de ser un coto cerrado y convertirse en un servicio público inspirado en la vocación de transformación. Será conveniente abrir las puertas de las instituciones a nuestros jóvenes, para que desde su posición contribuyan a una toma de decisiones sensata y adaptada a los nuevos tiempos. Su visión nunca puede responder a una cuestión de cuotas.

Bizkaia necesita un cambio de rumbo hacia una cultura del mérito y el esfuerzo. Hace falta un entorno donde crear una empresa no sea una odisea, donde la vivienda resulte accesible y las calles seguras. Una Bizkaia, en definitiva, de la que nadie tenga que marcharse. Tenemos una responsabilidad generacional ineludible para liderar estos cambios, rompiendo con el conformismo y la apatía. El futuro de esta tierra no está escrito y, para redactarlo con éxito, el talento y el compromiso de nuestra juventud emerge como un activo valioso.

La pandemia ha trastocado la actividad económica y, como no podía ser de otra manera, también la economía vizcaína, pero con el avance de la vacunación se nos abre a todos una ventana de oportunidad que invita a imaginar el futuro pospandemia.

Estamos ante uno de esos momentos que se presenta como clave y definitorio del futuro y en el que se pone a prueba la capacidad de liderazgo. Un reto para la toma de decisiones necesarias y urgentes con el objetivo de que Bizkaia sea un territorio atractivo para la inversión y la actividad económica, un territorio capaz de liderar la recuperación económica de Euskadi.

¿Y qué medidas se deben adoptar para ello? Desde mi punto de vista estas medidas deben centrarse en una estrategia industrial rigurosa, la reducción de cargas administrativas, una competitiva política en materia de infraestructuras, estabilidad política y, con celeridad, una reforma fiscal que ponga el punto de mira en el beneficio que acarrearía a nuestro tejido económico, a la inversión y a las personas.

Porque habría que aposentarse en las nubes para no ser conscientes de que uno de los sustanciales problemas que tienen Bizkaia y Euskadi es la falta de competitividad fiscal.

Y para ello tenemos un instrumento privilegiado, el Concierto Económico, una singularidad que tenemos que aprovechar y poner al servicio de la competitividad y de las personas.

Mientras tanto, a mediados de la legislatura, los actuales gobernantes forales parecen tener solo el empeño de demorar la reforma fiscal y algunos dirigentes políticos, como carta de presentación, sembrar inseguridad.

Se hace necesario un pacto amplio sobre el modelo fiscal, para que realmente seamos un territorio que atraiga más empresas e inversiones, creando un ecosistema fuerte, una zona de confort fiscal y un entorno que propicie que el espíritu emprendedor se pueda desarrollar.

Y es que la inversión extranjera directa no solo es una importante fuente de capital para las economías receptoras, sino que también aporta diversificación, conocimiento y desarrollo tecnológico adicional al tejido empresarial local, siendo también un importante medio para establecer vínculos directos y estables entre las diferentes economías.

Es imprescindible una reforma fiscal que actúe como palanca para la activación del tejido productivo, que posibilite las inversiones en transformación energética y digital, más recursos en I+D+i, la formación de personas y que atraiga nuevas inversiones

En la actual fase de globalización, donde los inversores están en una constante búsqueda de nuevos mercados, recursos o activos que sean capaces de mejorar su eficiencia, varios fenómenos son indiscutibles: el nomadismo de las empresas y una mayor competencia entre territorios. Así, se evidencia la necesidad de mostrar con claridad las ventajas de un territorio para seducir, captar y promover la atracción de personas, ideas, capitales y proyectos. Se hace necesario poner en marcha una estrategia para fabricar un espacio económico con capacidad de activación y, sobre todo, de seducción. Necesitamos activar el efecto Bizkaia para recuperar el efecto Euskadi. En definitiva, restablecer el perdido efecto territorio.

Recientemente leía unas declaraciones del presidente del Euskadi Buru Batzar. Decía el Sr. Ortuzar que “los españoles tienen que aceptar que Cataluña y Euskadi no se pueden quedar dentro del estado español con la sensación de que están subyugadas, no se pueden quedar a disgusto”. Y entonces me pregunto, supongo que como muchos, si Cataluña y Euskadi no se pueden quedar, ¿ello significa que algún partido con responsabilidades de gobierno está pensando en iniciar un camino para que puedan irse?

Conviene recordar que los inversores buscan para sus ahorros y capitales lo mismo que cualquiera de nosotros buscaríamos: seguridad, tranquilidad y rentabilidad. Sin embargo, existe una peculiaridad del inversor foráneo que no está tan al alcance del local y es “la posibilidad de elegir”. Si un inversor extranjero percibe que invertir en Bizkaia, en Euskadi, no le proporciona una rentabilidad o seguridad que considere razonables, simplemente, busca mejores destinos.

En definitiva, en estos momentos es difícil no tener presente al emprendedor estadounidense Henry Ford cuando dijo que “la mayoría de las personas gastan más tiempo y energías hablando de los problemas que solucionándolos”. Comprometámonos aportando soluciones a los problemas. Hay que mejorar el contexto económico actual y avanzar hacia una sociedad con más oportunidades. Y para ello, es imprescindible que se acometa una reforma fiscal que actúe como palanca para la activación de nuestro tejido productivo, que posibilite las inversiones en transformación energética y digital, más recursos en I+D+i, la formación de las personas y que atraiga nuevas inversiones.

Últimamente hay un claro empeño en inocularnos la sensación de que las dificultades tienen los días contados. Nunca mejor dicho. Por lo visto, faltan días para llegar al final del túnel pandémico, claro está, con permiso de las nuevas variantes. Puesta la meta el 18 de agosto, todavía nos restan 80 días entre estadísticas de pinchazos diarios, cumplimiento de los plazos de entrega por parte de las empresas farmacéuticas y SMS de citación. Mientras tanto, los vizcaínos y vizcaínas apuramos nuestro particular calendario, o tal vez sería más apropiado decir calvario fiscal: el de la campaña de Renta 2020.

Todo empezó el 2 de marzo, cuando el Gobierno Foral de Bizkaia anunció a bombo y platillo novedades sobre el nuevo modelo de presentación de la campaña de renta “más sencillo y cómodo para los contribuyentes”, nos aseguraron. Decían nuestros mayores que no se juega con las cosas de comer. Pues se equivocaban. Vaya si se juega. La campaña de la Renta en Bizkaia es una buena prueba de ello. La campaña, que iba a ser la más moderna y novedosa en España al facilitar la declaración hecha a todos los contribuyentes vizcaínos, es un auténtico caos.

También decían los clásicos que los experimentos, con gaseosa. Pues en este caso tampoco. En la búsqueda de la autocomplacencia de ser los primeros se ha puesto en marcha un método sin consultar, sin meditar, sin contrastar y sin experimentar. Del alambique a la práctica, sin ensayos, sin transición, sin pasos intermedios. El lema “Renta Fácil” de la campaña ya es motivo de ludibrio por parte de asesores fiscales y contribuyentes. Lo que se presentaba, a bombo y platillo, como una campaña innovadora, pionera en España y que iba a facilitar la vida a los contribuyentes, se ha quedado en todo lo contrario. Desconcierto, errores garrafales, inseguridad y caos. Un chasco.

En la búsqueda de la autocomplacencia de ser los primeros se ha puesto en marcha un método sin consultar, sin meditar, sin contrastar y sin experimentar

Algunos ejemplos para ilustrar el lío. Vizcaínos a quienes, por vender la casa de su padre fallecido, les aparece en la propuesta de declaración de renta que tienen que pagar 36.000 euros porque la Hacienda vizcaína solo le ha computado el precio de venta, sin incluir el de adquisición. Un vizcaíno autónomo sin trabajo desde hace un año, con motivo de la pandemia, se ha encontrado con una declaración que le obliga a pagar 2.000 euros cuando los únicos ingresos han sido las ayudas públicas para los damnificados, unos 800 euros mensuales en su caso. Una pareja que realiza todos los años la declaración conjunta (ya que uno de los cónyuges está en paro) y tiene una media de 2.000 euros de devolución recibe la comunicación de que debe pagar 20.000 euros. El motivo es que vendió un inmueble por 100.000 euros y tampoco les han incluido el precio de adquisición. Un jubilado ha recibido la comunicación de que debe pagar 6.000 euros, sin saber inicialmente por qué. Y es que todos los que han vendido algo, sean viviendas o acciones, les sale a pagar cantidades irracionales.

O aquellos fallos que se han dado en 29.472 cartas enviadas a personas que, estando obligadas a presentar la declaración, han sido informadas de que no lo están. A otras 19.280 no se les ha informado de que no están obligadas a presentar declaración. O cartas remitidas a contribuyentes fallecidos hace décadas. O se han enviado por error cartas a personas que ya no son contribuyentes vizcaínos porque han trasladado su domicilio fuera.

No es responsable utilizar una retórica discursiva que genera una falsa confianza en la ciudadanía -con la presunción añadida de veracidad que genera una propuesta de declaración hecha por la Hacienda Foral- que tropieza con la inseguridad y la incertidumbre. Y es que, por mucho que la Diputación Foral haya tratado desde el inicio de minimizar la mala imagen que ha generado su nuevo modelo de campaña de renta, lo cierto es que el malestar y indignación alcanzan por igual a ciudadanos y a asesores fiscales.

Pero es que, además, los asesores, y por ende la ciudadanía, comienzan a temer lo que se les viene encima a partir de enero 2022, momento en el que entrará en vigor el sistema Batuz. Resumiendo en pocas palabras: la filosofía de la declaración de renta de este año, ese “tranquilos que hacienda se lo da hecho” pero trasladado a las declaraciones de las empresas y autónomos en IVA, retenciones y sociedades, pone a empresas, autónomos y asesores fiscales los pelos de punta.

Queda mucho por restañar. Porque estamos en el “sostenella y no enmendalla”. Ni ampliación del plazo, ni atención presencial real y efectiva. Eso sí, firmeza en el error, oposición a la oposición, mientras los ciudadanos tropiezan con la brecha digital, la desatención y tienen que recurrir a pagar a asesores, un servicio que en años anteriores obtenían gratis. Porque hay que recuperar la confianza de los contribuyentes, su tranquilidad, su seguridad, sin marginar a miles de contribuyentes que no disponen de conocimientos digitales, ni medios técnicos suficientes. Porque hay que seguir avanzando en la digitalización, pero no de cualquier forma, sin precipitaciones, ni provocando una generalizada e indiscriminada implantación digital; sino de forma progresiva, de tal manera que no deje atrapadas en la brecha digital a las personas. Porque hacer fácil algo es hacerlo accesible. Y una de las principales obligaciones de las administraciones públicas es garantizar la seguridad. Y en este caso brilla por su ausencia.

“A usted y a mí nos han dicho que debemos escoger entre izquierda y derecha, pero yo les sugiero que no existe izquierda y derecha. Solo existe arriba y abajo. Arriba está el sueño antiguo del hombre de la máxima libertad individual posible manteniendo el orden, y abajo el hormiguero del totalitarismo”. Es parte del discurso que pronunció el expresidente de los Estados Unidos de América, Ronald Reagan, ante la Convención Nacional Republicana en 1964.

Un personaje nada sospechoso de ser un peligroso bolchevique o socialcomunista como despectivamente gusta decir en estos tiempos, resolvió esta cuestión, con notable éxito porque 17 años más tarde concita a una mayoría en torno a su proyecto.

57 años después estas palabras cobran todo su sentido, sobre todo, para un partido político, el PP vasco, cuyo mayor adversario solo debe ser quienes quieren subvertir desde dentro nuestra democracia y avanzar hacia un modelo económico y social que anegue la prosperidad, y que debe ser percibido como un bote salvavidas frente a los excesos que puedan sacar a Euskadi del carril de la centralidad.

La aspiración en el futuro debe ser la consecución de mayorías sociales, frente a los extremos de puño en alto y de traje y corbata, y eso es incompatible con el intento reduccionista de identificación de la ciudadanía vasca con el antiguo eje izquierda-derecha, que aparece y desaparece, como el Guadiana, en el tablero político vasco.

Estar en la “short list” de preferencias políticas de los vascos solo es posible con un movimiento transversal: motivo y unión; son las emociones las que mueven el mundo y no los cálculos. Usar el lenguaje del entusiasmo. Tal vez ahí resida la razón última que explica cuatro mayorías absolutas consecutivas en Galicia o de cómo un mismo programa político puede doblar los escaños en tan solo dos años en Madrid.

Las próximas elecciones en Euskadi, sean las que sean y cuando sean, no se celebrarán en tiempos de pandemia. Para entonces el toque de queda, los cierres perimetrales y las mascarillas en espacios abiertos a buen seguro formarán parte no del olvido, pero sí de la memoria. Y la gestión de la crisis sanitaria, por tanto, tampoco será la tecla principal para determinar la opción del voto.

Pero sí serán en tiempos de dificultad y necesitaremos un modelo vasco para superarla. No hay duda de que, cuando termine la pandemia, los vascos no nos daremos por vencidos; que pondremos lo mejor de nosotros mismos para levantarnos y volver a caminar, pero... ¿hacia dónde? Necesitaremos entonces unión y motivo.

Según la radiografía estadística del Colegio de Registradores (abril 2020-marzo 2021), Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria fueron las comunidades autónomas que atrajeron empresas durante la pandemia. Euskadi no está, no estamos. ¿Qué vasco puede resistirse al lenguaje del entusiasmo de contribuir a crear el entorno y las oportunidades para regresar al lugar que un día sí tuvimos?

Necesitamos tejer alianzas con las mujeres y hombres que votaron al PSE-EE, al PNV, a Podemos o a cualquier otro. Con el mundo empresarial y sindical. Con los movimientos de pensionistas vascos y con los ecologistas. En definitiva, con todos y con diferentes. Y tener la inteligencia suficiente como para que la puerta de entrada sea siempre mucho más grande que la de salida.

Estoy arriba, como la mayoría de la ciudadanía vasca, con ganas de participar en la construcción del nuevo sueño vasco: se llama prosperidad. Caminar juntos para ganar la prosperidad, una prosperidad al alcance de todos, desde los afectos, cultura, singularidad e historia de nuestra tierra.

Me llamo Amaya, tengo 43 años y una hija que no lleva bien la cuarentena. Y también tengo miedo, miedo a perder la perspectiva de lo que realmente importa. No te conozco y no me conoces, pero te escribo estas líneas como si fueras de mi familia porque los vascos somos una gran familia, porque en realidad eres de mi familia. Lo eres porque aun sin ponerte cara quiero que te recuperes tanto como desearía que lo hiciera un amigo. Porque sin importarme a quién reces o a quién ames, quiero que te recuperes tanto como desearía que lo hiciera una madre o mi propia hija.

Soy consciente de que en el hospital en el que estás tienes poco contacto con personas y que casi todo ese contacto es con médicos, esos héroes y heroínas que te protegen de todo y que velan por ti con la mejor y más lúcida de las sonrisas. Sé que echas de menos a los tuyos, que probablemente te asalten las dudas y que la incertidumbre y ese maldito bicho no te dejan dormir. Pero espero que estas líneas sirvan para contarte que la soledad no existe si alguien, aunque sea en la distancia, te piensa y te siente como parte de su propia familia. Lo hacen los tuyos, pero también te piensa y te siente un país entero que no sólo está contigo ahora, sino que celebrará tu pronta recuperación como pocas veces ha celebrado algo.

Tú y todas las personas que ahora os enfrentáis desde el hospital a este dichoso virus habéis logrado algo importante. Habéis conseguido que todo Euskadi os sienta en el pecho y en cada uno de los aplausos emocionados que inundan a diario los balcones de Bizkaia, de Álava o de Gipuzkoa cuando cae la tarde. Habéis conseguido que todo un país piense en vosotros al levantarse y al irse a la cama y que la ilusión de los más jóvenes sea el bienestar de los mayores.

Antes de esta crisis éramos distintos. Pensábamos menos en los demás y más en nosotros mismos. Hoy tu recuperación y la de tantos otros es nuestra razón para sonreír, el motor de un cambio en la manera de entender la palabra solidaridad. Tú y tantos otros nos habéis enseñado que la unión de uno más uno suma mucho más que dos, que la distancia no sólo no separa a las personas sino que puede unirlas más oque dar produce más felicidad que recibir. Sí, tengo miedo, miedo a perder la perspectiva y a olvidar que lo importante, hoy, es lo que nos une por encima de lo que nos separa.

Puede que nunca antes hayas necesitado tanto como ahora el calor humano. Sin embargo, puedo asegurarte que nunca antes has tenido a tanta gente pendiente de ti y de tu recuperación. El que se cansa, pierde. Y los vascos no somos de cansarnos. Tampoco de perder.

Estás en manos de verdaderos héroes. Los sanitarios que te atienden son lo mejor que tenemos y ahora mismo todos están centrados en ti.

Recupérate pronto. Todos te estamos esperando.

*Amaya Fernández, presidenta del PP vasco

En Euskadi hace años que la ciudadanía empieza a comprobar que el manido oasis vasco defendido por el independentismo liderado por el PNV no es más que un espejismo convincente construido sobre la base de una propaganda que ya no cuela. Para muestra, un botón. Y para botón, la Torre BBVA ahora bautizada como Torre Bizkaia, el proyecto estrella del PNV en su territorio talismán, se ha convertido un amargo jarabe para un nacionalismo abonado a aquello de “todo depende de cómo vemos las cosas, no de cómo son en realidad”. La frase es de Carl Gustav Jung, fundador de la psicología analítica, también conocida como la psicología de los complejos, pero bien podría haber sido acuñada por el presidente del PNV Andoni Ortuzar, por el lehendakari Iñigo Urkullu o por el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria.

Euskadi ya no es lo que era. Los datos dan cuenta de que el ritmo de destrucción de empleo es mayor que el del conjunto de España y de que más del 90% de los nuevos parados vascos son mujeres. También muestran que la precariedad laboral es ya estructural en Euskadi, pues sólo 1 de cada 10 contratos que se firmaron en enero fueron indefinidos. Muestran, en definitiva, que estamos empezando a notar las consecuencias de las políticas de partidos como el PSOE y Podemos, formaciones que el PNV no sólo ha colocado en La Moncloa, sino que ha convertido en socios prioritarios en Euskadi.

Bizkaia tampoco es lo que era. En términos de tasa de paro, no sólo tiene la más alta del País Vasco, sino que en cuanto a ranking del conjunto de provincias de España con menor paro, ocupa el puesto 19; y el puesto 25 entre las provincias con mayores tasas de empleo. Los datos de caída del número de autónomos en la última década o los constantes índices por debajo de la media nacional en el Global Entrepeneurship Monitor (GEM) son factores que no se corresponden con el discurso autocomplaciente de las instituciones vizcaínas gobernadas por PNV y PSE.

En este contecto, Unai Rementeria es el barón que el PNV ha designado para seguir aglutinando poder en territorio vizcaíno a través de la Diputación foral de Bizkaia, casi anónima para la ciudadanía en la medida en que no ha sabido presentarse como una herramienta útil. El PNV niega la mayor cuando la oposición advierte de que el independentismo vasco confunde los intereses de los vascos con los del propio PNV. Pero de nuevo, para muestra, un botón.

La Torre Bizkaia es el proyecto estrella con el que el independentismo ha querido sacar la cabeza pese a que finalmente ha sido ese proyecto el que ha terminado por colocar a muchos ante un espejo que jamás miente. Después de que a mediados de 2018 una entidad bancaria negociase la venta de su torre de Bilbao a un fondo de inversión, la Diputación foral anunció que alquilaría el inmueble –un alquiler de 2,7 millones de euros año– con el objetivo de situar allí un centro de emprendimiento internacional. “El Guggenheim del emprendimiento”, llegó a decir Rementeria sobre la rebautizada Torre Bizkaia. Once plantas y 9.542 metros cuadrados dedicados íntegramente a las startups. El gestor de las instalaciones cobraría un canon de 10 millones de euros hasta 2035, además de incentivos de otro millón si la tasa de ocupación supera el 80% y se atraen más compañías de fuera del territorio.

El anuncio de Rementeria llegó en la antesala de unas elecciones forales y municipales en Bizkaia y entre advertencias del PP vasco, que alertó de que para que el territorio se convirtiese en un icono mundial de emprendimiento, antes debía generar un ecosistema propicio de la mano de rebajas fiscales o de un proyecto económico que optase por medidas estructurales y no aisladas. Oídos sordos por parte de PNV y PSE.

¿Qué ha sucedido? La Diputación de Bizkaia abrió a primeros de noviembre el concurso público para contratar un agente encargado de dinamizar el Centro Internacional de Emprendimiento y el pasado 22 de enero tuvo lugar la apertura de los sobres dentro del proceso de contratación pública, en el que se debía hacer público cuántas empresas se habían presentado al concurso. ¿Cuántas empresas se presentaron para aprovechar el tirón de un proyecto vendido por PNV y PSE como una oportunidad única? Ninguna. Ningún operador está interesado. Ni si quiera uno.

El tremendo fiasco ha puesto de relieve dos cosas: en primer lugar, que la gestión económica y fiscal del Gobierno de PNV y PSE ha convertido a Euskadi en un lugar poco o nada interesante para la atracción de inversión y empresas. De hecho, en cuanto captación de inversión extranjera y según datos oficiales, en el último año el País Vasco pierde mucha más inversión extranjera que la media nacional. Y en segundo lugar, pone de manifiesto que los guiños del líderes del PNV al proceso independentista ya están ahuyentando al progreso.

La seguridad jurídica es incompatible con la participación del diputado general de Bizkaia en manifestaciones a favor del procés catalán, con sus guiños a Gure Esku Dago –la ANC vasca– o con que el PNV pida fecha para un referéndum de autodeterminación, como hizo en septiembre de 2018 de la mano de Aitor Esteban, portavoz en el Congreso. También con la crítica sistemática a las sentencias judiciales o con la hoja de ruta rupturista promovida por PNV y Bildu y acompañada por tibios reproches del PSE. Del mismo modo, la estabilidad económica es incompatible con la promoción de Gobiernos de España abonados a políticas antiempleo o con idear proyectos económicos en Euskadi con Elkarrekin Podemos.

Todos estos condicionantes han influido e influyen en la toma de decisiones de empresas y talento que tienen en su mano elegir implicarse en proyectos como la Torre Bizkaia o decidir colocar al PNV ante un espejo que no miente, que no ha oído hablar de Carl Gustav Jung y que sabe distinguir entre propaganda y realidad; entre el pretendido Guggenheim del emprendimiento y la Torre de Babel del PNV.

*Amaya Fernández es la secretaria general del PP vasco y portavoz en las Juntas Generales de Bizkaia

Cuando Javier Ordóñez Iribar, hijo de Gregorio Ordóñez, concedió por primera vez una entrevista dio testimonio de cómo ETA le arrebató a su padre. Y dijo: “Los únicos recuerdos que tengo, desgraciadamente, son lo que me cuenta mi familia, las personas que le conocieron, lo que sale en los libros que pueden estar en cualquier casa o incluso en la Wikipedia. Yo no tengo más que eso”. Leer esas líneas me partió el corazón.

25 años después del atroz asesinato de Gregorio Ordóñez, quienes vivimos los años más terribles del terrorismo en Euskadi guardamos un recuerdo imborrable de una figura política y social que fue capaz de liderar una revolución. Una revolución contra el miedo. Fue capaz de demostrar que un hombre con convicciones firmes y la voluntad de mejorar la vida de sus vecinos puede convertirse en un líder incuestionable para miles de personas. De izquierdas y de derechas. Nacionalistas y no nacionalistas. En 1995 Gregorio ya era un símbolo de servicio público que puso en jaque al independentismo más intolerante con palabras. La palabra frente al miedo.

Convirtió la política en un arma al servicio de la ciudadanía, al servicio de la resolución de los problemas de la gente de a pie. Sus vecinos así lo percibieron y le otorgaron su respeto. Y por eso le asesinaron. Porque se erigió en referente de la defensa de los intereses reales de las personas sin que le importase en absoluto a quién votaban esas personas, a quién rezaban o a quién besaban. Gregorio quería ayudar y anunció a los cuatro vientos que no permitiría que nadie entorpeciese el desarrollo de su tierra y de su gente. Nadie, ni si quiera ETA. Ahí despertó a la bestia, una banda criminal cuyo proyecto político totalitario se vio ensombrecido y ridiculizado por la voz sensata de un hombre que ya era un gigante.

Ese es recuerdo que muchos de nosotros tenemos de una figura política clave en la historia de la democracia española. Una figura sin la que no se entendería la importancia de la deslegitimación del terrorismo aunque no mate, la necesidad de aislar a los “pistoleros verbales”, como él les llamaba, para que estos no puedan sembrar la semilla de odio en una tierra que está harta de sangrar. Pero hoy el contexto es otro. Hoy, la ETA del pasamontañas y la pistola en mano ha sido derrotada y asfixiada por la democracia; pero eso no ha conllevado la muerte definitiva de una ETA que aún aspira a convertirse en referente moral, en ejemplo de compromiso con Euskadi y con los vascos. Esa ETA es alentada a diario por la izquierda abertzale, hoy envalentonada, blanqueada y con aspiraciones de configurar una memoria pública en la que etarras como Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, sea recordado como un gudari merecedor de elogios y Gregorio Ordóñez, como un opresor.

“Los únicos recuerdos que tengo, desgraciadamente, son lo que me cuenta mi familia, las personas que le conocieron, lo que sale en los libros que pueden estar en cualquier casa o incluso en la Wikipedia. Yo no tengo más que eso”. Javier Ordóñez Iribar y una generación entera de jóvenes vascos nos está pidiendo a gritos que los demócratas no renunciemos a continuar la legítima lucha de Gregorio, una lucha que jamás bajaría los brazos ante la necesaria construcción de una memoria digna tras décadas de asesinatos selectivos. Una lucha que en Euskadi mantiene casi en soledad el PP vasco. Una memoria que debe mantenerse viva y activa ante los intentos sistemáticos de un mundo que todavía aspira a instaurar un proyecto político fundamentado en la intolerancia y en la legitimación del fanatismo más brutal.

*Amaya Fernández es secretaria general del PP vasco

Las calles de Euskadi se llenarían de gente protestando. Todos los partidos sin excepción enviarían a portavoces. Gobierno municipal, autonómico y nacional exigirían firmeza, entonarían reproches y hasta animarían a secundar las protestas. También se alzarían organizaciones de defensa de los derechos humanos. De aquí y del panorama internacional. Si un violador confeso y orgulloso de serlo cumpliese su pena en prisión y al salir de la cárcel una universidad pública le convirtiese en testimonio de autoridad y le abriese las puertas de un aulario para que diese una conferencia sobre cualquier cosa, cualquiera, las calles de Euskadi se llenarían de gente protestando. Pero cuando el ensalzado es un miembro de ETA todo cambia.

Todo cambia cuando el enaltecido es Juan José Ramón López de Abetxuco, responsable de que ETA asesinase a tiros en Vitoria a Jesús Velasco cuando este llevaba a Begoña e Inés, dos de sus cuatro hijas, de 16 y 12 años, al colegio. Fue asesinado delante de las niñas. Todo cambia cuando el entronizado es Juan José Ramón López de Abetxuco, responsable de que ETA asesinase en Vitoria a Eugenio Lázaro de un tiro en la nuca. Todo cambia y la Universidad del País Vasco, la universidad de todos los vascos, cede sus instalaciones en Vitoria –sí, en Vitoria– para que estas sean utilizadas como trono y tribuna desde la que exhibir a etarras orgullosos de serlo ante decenas de jóvenes; jóvenes a los que la universidad empuja a la radicalización acercándoles a verdaderos indigentes morales y presentándoles como ejemplos de lucha.

López de Abetxuko se personó en la Universidad del País Vasco para hablar de las condiciones de los presos enfermos porque la universidad debió pensar que no hay testimonio de autoridad mejor para dar una conferencia al respecto. Porque su dilatado currículo de etarra probablemente le encumbre frente a doctores, médicos, enfermeros, abogados o expertos en la defensa de los derechos humanos. Habrá quien alegue que el ex recluso orgulloso de su militancia en ETA ya ha cumplido su pena y que la legalidad le ampara; pero me permito el humilde lujo de dudar si esa argumentación se sostendría sustituyendo de la ecuación a un etarra por un condenado del GAL o de la Triple A; por el autor del crimen de Alcácer o la asesina del niño Gabriel Cruz.

López de Abetxuko no compareció solo en la UPV frente a decenas de jóvenes. Le acompañó Txema Matanzas, condenado en calidad de dirigente de ETA que cumplió por ello diez años de prisión y que, como abogado de Gestoras Pro Amnistía, contribuyó a mantener la férrea disciplina del frente de 'makos' de la banda terrorista, un frente aún activo que no permite que los presos de ETA recluidos en prisión inicien el camino de la reinserción y que les niega la posibilidad de renegar de su pasado criminal. O lo que es lo mismo, un frente aún activo que vulnera los derechos humanos de los presos coaccionándoles y amenazándoles incluso con su entorno familiar.

Matanzas salió de prisión en diciembre de 2017. Abetxuko, en julio de 2018. Los dos fueron agasajados a la salida de prisión con homenajes públicos celebrados en la calle por la izquierda abertzale y los dos forman parte de la estrategia de la izquierda abertzale de convertir a militantes de ETA en referentes sociales. Que la izquierda abertzale es una tendencia política antidemocrática que justifica el asesinato de hombres, mujeres y niños es sabido por todo demócrata. Lo que sin embargo estamos empezando a vislumbrar es que entidades como la Universidad del País Vasco están dispuestas no sólo a bailarle el agua a quienes buscan construir una imagen honorable de ETA, sino que prevén hacerlo sin disimular y pese al prejuicio que ello pueda causar a las nuevas generaciones de vascos. Se justifica la UPV en la legalidad, pero olvida que cuando la intolerancia nos interpela, y el mayor exponente de intolerancia es el asesinato y la disculpa del asesinato selectivo, la parcialidad no es una virtud, sino una afrenta a la dignidad de todos los vascos.

Mientras tanto, todo esto sucede, cómo no, ante la mirada impávida y distante del Gobierno vasco de PNV y PSE y del nacionalismo vasco liderado por el PNV, supuestamente crítico con la humillación a las víctimas y amigo del alma de Bildu, de la izquierda abertzale, con la que aspira a construir de la mano la Euskadi del futuro, esa en la que la sangre derramada será un mérito que legitimará para dar conferencias en la universidad.

*Amaya Fernández es secretaria general del PP vasco

El lehendakari Iñigo Urkullu ha aprovechado el auge del nacionalismo y del populismo de derechas a nivel nacional, sin representación en Euskadi, para proponer en el País Vasco un cordón sanitario en torno a VOX que sea capaz de proteger, dijo, la convivencia y a las nuevas generaciones de la radicalidad. Las palabras de Urkullu, pronunciadas desde el hemiciclo del Parlamento Vasco, llaman poderosamente la atención. Lo hacen porque con ellas el dirigente del PNV deja al descubierto las preocupantes contradicciones de su Gobierno, integrado también por el PSE, las de su partido y las suyas propias.

La propuesta del lehendakari llegó dos días después de que el PNV, el PSE y Podemos colocasen una alfombra roja en la Cámara vasca para que la izquierda abertzale, que sigue sin condenar el terrorismo, pudiese estar presente en el Día de la Memoria, un día que precisamente nació para deslegitimar el terrorismo. Y llegó en la antesala de una serie de reuniones bilaterales que el PNV prevé mantener con Bildu, la formación más radical de Europa, para pactar juntos los presupuestos vascos, la expresión en cifras de un proyecto político para Euskadi que el propio lehendakari también quiere acordar con Podemos, un partido de izquierda radical cuyo secretario general ha defendido que “ser demócrata es expropiar”, que “cualquier demócrata debería preguntarse si sería razonable que los presos de ETA deberían ir saliendo de la cárcel” o que “donde hay propiedad privada hay corrupción”.

La pose del lehendakari Iñigo Urkullu, como la de su Gobierno, queda en evidencia en Euskadi cuando muestra su profunda preocupación por la legitimación de formaciones políticas sin ningún tipo de representación en el País Vasco mientras anuncia que prevé impulsar la vía soberanista de la mano del único partido que en nuestro país justifica el asesinato selectivo de seres humanos; partido en el que haber sido condenado por asesinar o por ayudar a asesinar es un mérito, no un problema.

La pose del PNV queda en evidencia cuando, pese a argüir ser adalid de la moderación, fue capaz de apoyar una moción de censura contra un Gobierno central del PP bueno para Euskadi; moción fundamentada en la burda instrumentalización por parte del PSOE de unas líneas improcedentes estratégicamente introducidas en una sentencia por un juez afín al socialismo y apartado ya por la Audiencia Nacional. Queda en evidencia cuando, pese a pretender liderar el crecimiento económico de Euskadi, hoy el PNV se erige como el principal promotor de un Gobierno de España integrado por el PSOE de los ERE de Andalucía y por la izquierda radical representada por Podemos.

En política, sobre todo en Euskadi, hay ocasiones en las que se confunde la cintura política con la incoherencia más absoluta. Y cuando eso pasa aparecen en la esfera pública posicionamientos como el del propio lehendakari, que además de pretender combatir la radicalidad construyendo convivencia con Bildu o apuntalando las economías española y vasca con Podemos, en los últimos días ha censurado el “nacionalismo” de VOX sin recalar no ya en lo que significan las siglas del PNV, sino en la historia y en cuáles son y han sido los referentes del nacionalismo vasco.

Se da la circunstancia de que cuando Urkullu apeló a un cordón sanitario para VOX desde la Cámara de Vitoria, el PP vasco se encontraba en el Parlamento Europeo presentando un completo informe en torno a la creciente radicalización en las calles de Euskadi promovida por la izquierda abertzale. En él, de la mano de 50 ejemplos de homenajes a miembros de ETA salidos de prisión, evidenciamos la inacción del Gobierno vasco de PNV y PSE ante una lacra que ya afecta a las nuevas generaciones y reclamamos, de nuevo, que la política vasca trazase un cordón sanitario alrededor de la única fuerza política que defiende que la violencia ilegítima ejercida contra hombres, mujeres y niños fue legítimamente utilizada. Una mayoría social moderada de vascos sigue esperando una respuesta de formaciones que a la hora de prevenir la radicalidad y promover la centralidad y la moderación miran fuera de sus ámbitos de actuación y evitan de forma desleal asumir la responsabilidad que les corresponde. Como respuesta, de momento esa mayoría social moderada sólo ha encontrado la pose de un lehendakari plagado de contradicciones.

*Amaya Fernández es secretaria general del PP vasco

Hace unos días un buen amigo que no es precisamente del PP me dijo algo que me arrancó una sonrisa: “Si el PP vasco no existiera, habría que inventarlo”. Sonreí porque caí en la cuenta de que él había logrado sintetizar en una sola frase el espíritu de la convención que este fin de semana se celebrará en Vitoria, una convención en la que remarcaremos nuestro acento propio, que lo tenemos, y diremos alto y claro que sí es posible construir una alternativa constitucional vasca a un proyecto nacionalista que prefiere banderas a personas liderado por el PNV y consentido por el PSE. 

El PP vasco existe porque lo inventaron un grupo de semejantes y diferentes al mismo tiempo. Porque a partir de culturas políticas como la UCD, el Partido Demócrata Popular, AP, Unión Liberal o el CDS, se integraron en las filas del PP vasco destacadas figuras protagonistas de la Transición y del Estatuto de Gernika de 1979; un Estatuto que tiene su sentido en el marco de la Constitución española, que da validez y vigencia a los derechos históricos de los territorios vascos en virtud de su disposición adicional primera. 

Realidad foral, liberalismo y constitucionalismo son principios capitales para el PP vasco y para el PP nacional. La realidad foral, reconocida y defendida por el Partido Popular nacional en su último Congreso, es la clave del autogobierno y a la vez es incompatible con el soberanismo, pues no hay foralidad sin Estado nacional. El liberalismo reclama colocar a la persona –jamás a los territorios– en el centro de la acción política. Y el modelo constitucional es la casa común de la pluralidad, la convivencia y la libertad. 

En la convención del próximo fin de semana volveremos a reclamar la capacidad de disentir de los ciudadanos libres e iguales de Euskadi y de negar su consentimiento al nacionalismo vasco. Y lo haremos desde el arraigo, la centralidad y la utilidad. Más aún hoy, cuando el proyecto nacionalista vasco, amigo de muros y no de puentes, está siendo blanqueado y hasta aupado por un PSE y por un PSOE con el que años atrás ensalzamos el constitucionalismo. 

Fue precisamente la defensa de la realidad foral y del Estatuto de Gernika, el liberalismo y el constitucionalismo lo que llevó al terrorismo de ETA a concebir a muchos cargos y militantes como dianas andantes. Pero hoy la situación es otra. Hoy urge construir un proyecto político capaz de plantar cara a un nacionalismo dominante que copa las principales instituciones y que se envuelve en los símbolos de todos los vascos para disimular su falta de gestión en cuestiones como el empleo –la Margen Izquierda vizcaína tiene tasas de paro equiparables a las de Grecia–, la Educación –Euskadi registra hoy los peores resultados de la historia–, la Industria –dilapidada por completo– o la conectividad territorial –seguimos sin estar conectados con el resto de España–. 

El PP vasco afronta una convención en la que se prevé reforzar su personalidad propia, y por personalidad propia hablamos de planteamientos vinculados con la defensa de la foralidad, el liberalismo, el constitucionalismo, la centralidad o la moderación. Son principios que siempre hemos defendido dentro de un proyecto común que es España y que sin suponer nada nuevo merecen ser resaltados como principios irrenunciables. 

Estos meses hemos oído voces que exponen que defender la foralidad en Euskadi equivale a defender los derechos históricos del nacionalismo. Y nada más lejos de la realidad. Defender la foralidad o el Concierto económico es defender la Constitución, que da vigencia y validez a esos derechos históricos. Planteamientos como estos, esgrimidos por fuerzas sin presencia institucional en el País Vasco, alimentan al nacionalismo y minan al constitucionalismo. Por eso también es importante esta convención. En el País Vasco hay problemas específicos que requieren un enfoque político y soluciones concretas. Y ningún caso ese enfoque o esas soluciones pueden suponer la renuncia a lo que somos y hemos sido porque supondría una traición a nosotros mismos. 

Ha llegado el momento de impulsar un proyecto que necesita ser útil en Euskadi para una mayoría social. Todos los partidos políticos tienen su personalidad propia, su acento y sus rasgos distintivos. Los tiene el PP en Madrid. Los tiene el PP en Galicia. Y los tiene el PP en el País Vasco. Resaltar esa personalidad es lo que nos permitirá reconectar con una mayoría social vasca que, sin ser nacionalista, vota a partidos de esta ideología porque entiende que son los más apegados a Euskadi. Sin embargo, creemos que no es posible el apego a Euskadi si se busca uniformizarla y encorsetarla en los moldes excluyentes del nacionalismo. Lograremos la confianza de los ciudadanos reivindicando nuestro arraigo a unas instituciones y a una historia que es anterior al nacionalismo y que está integrada en el ADN de los constitucionalistas vascos.

El PP vasco marcará su acento, pero necesitará la ayuda de un PP nacional que está en disposición de demostrar ante la mayoría social vasca que nunca nadie podrá representar mejor los intereses de Euskadi en España y en Europa. Remarcar nuestro perfil moderado y de centro es importante porque abrazamos nuestra historia y los marcos de convivencia que crearon nuestros padres y abuelos sobre la base de la pluralidad y de la firmeza ante la intolerancia. Remarcar lo que somos, en definitiva, es reivindicar al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, rechazando en Madrid el nacionalismo y reafirmando que amar España es amar sus diferencias; es reivindicar al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, pidiendo respeto en Vitoria para el Estatuto de Gernika y defendiendo el  Concierto Económico vasco; y es reivindicar al ex presidente Mariano Rajoy defendiendo que “hay que hacer honor” a los derechos históricos reflejados en la Carta Magna. 

Amaya Fernández es secretaria general del PP vasco

Tras la jornada del domingo toca hacer autocrítica y reconocer que no hemos sabido conectar con nuestro electorado, que ha sido y es el electorado de centro y moderado que busca opciones políticas centradas en la utilidad.

Formaciones como PSOE o PNV han planteado una campaña sentimental porque no les convenía hablar de paro, de economía, de Osakidetza, de Industria y, en definitiva, de problemas reales. Y nos hemos visto arrastrados, en lugar de buscar el centro político de la mano de políticas de utilidad, donde el PP es fuerte y marca la diferencia.

No es momento de buscar culpables, sino soluciones. Y el PP vasco debe aprovechar esta oportunidad para reconectar con la mayoría social vasca que se siente de centro y que exige políticas de utilidad. Llevamos trabajando más de dos años en este proyecto y estamos seguros de que tendremos oportunidad de reivindicarnos el 26 de mayo.

Esta semana la actualidad viene marcada por unos actores que nunca deberían haber sido protagonistas de una noticia así. Nuestros hijos e hijas, sin si quiera saber por qué, se han convertido en intérpretes de un cuento que para sus padres comienza a tornarse en pesadilla. La huelga que afecta a la red concertada tiene un impacto claro: 120.000 alumnos y 9.000 docentes afectados. Esos son los números, pero detrás de esos números hay personas y familias que demandan, de una vez por todas, claridad y efectividad para zanjar un problema que debió atajarse hace años en Euskadi.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La Educación concertada en Euskadi representa al 50% de los alumnos. En Bizkaia el porcentaje de la red es incluso mayor. Con todo, y pese a que sin la concertada la red pública vasca no sería viable económicamente, la primera recibe 614 millones de euros menos al año que la segunda. O lo que es lo mismo, absorbe apenas el 34% de la financiación global, el coste por alumno es casi el doble en la pública que en la concertada y los profesores de la red concertada cobran menos por proporcionar el mismo servicio que sus compañeros de la red pública.

En este contexto se ha gestado una huelga en la que ha sido imposible el entendimiento entre patronal y sindicatos. Estos reclaman mejoras en las condiciones laborales para reducir la brecha que les separa de sus compañeros de la enseñanza pública y aquella, aun con voluntad de querer llegar a un acuerdo, no puede y no va a poder. La patronal no puede y no va a poder porque es el Gobierno vasco el que aporta la financiación y tiene la llave de la resolución del problema.

En Euskadi, cuando un padre o una madre va a matricular a su hijo o a su hija, elige tres centros por orden de preferencia. Lo hace, como es lógico, en virtud del modo en que quiere educar a los suyos, ya sea por cercanía geográfica o por que el proyecto educativo del centro se ajusta a lo que esa amatxu o ese aita considera bueno. Si las opciones elegidas son de la red pública, el Departamento de Educación del PNV pondrá todas las facilidades al alcance de esos padres; facilidades como la financiación del transporte escolar. Si, en cambio, las opciones elegidas son de la red concertada, empiezan los problemas: no habrá facilidades por parte de la Administración nacionalista.

Esto es a lo que se enfrentan miles de familias vascas a la hora de tomar decisiones en torno a la educación de sus hijos. Se enfrentan a circunstancias sobrevenidas y con un marcado carácter político que no conciben al alumno como eje central del sistema. Cuando el propio sistema da cuenta de la importancia de la red concertada para el sostenimiento de la red pública y cuando la mitad de los alumnos eligen concertada, fomentar la desigualdad no sólo no está justificado, sino que deja en evidencia a quien, desde el Gobierno vasco, justifica el fomento de la desigualdad a través de criterios alejados de lo pedagógico y demasiado próximos a lo ideológico. Independientemente de que los vascos elijamos un colegio u otro, en Euskadi la libertad de elección de los padres y de las madres está coartada. Y seguirá estándolo mientras la política educativa del Gobierno vasco siga empeñada en condicionar a los padres que se plantean escoger la red concertada.

Esta semana, como consecuencia de las demandas del PP vasco, el Ejecutivo autonómico del PNV ha anunciado su voluntad de mejorar los conciertos. Pero no hay que engañarse. En la presente legislatura, las enmiendas para apoyar a la red concertada promovidas por el PP vasco volvían a desaparecer durante el siguiente ejercicio. Y, como los avances en el equilibrio entre redes, seguirán desapareciendo mientras las familias no digamos bien alto que la Educación debe volver a ser una prioridad para el Gobierno vasco. Avanzar implica movilizarse, y toca hacerlo en defensa de una Educación que coloque al alumno en el centro del sistema y que garantice la libertad de elección. Nuestros hijos no se merecen menos.

*Amaya Fernández es secretaria general del PP vasco y candidata a diputada general de Bizkaia

Hay quien define la política como la actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. En ese contexto, es cierto que hay debates de alta política que afectan al desarrollo de Euskadi y que nos ocupan diariamente, nos embarran en discusiones interminables y colapsan los debates parlamentarios. Con todo, últimamente no dejo de pensar en que esa sociedad, ese país, también son los jóvenes vascos, jóvenes que parecen estar cada vez más desconectados de la política en gran medida porque quienes gobiernan Euskadi no sólo no atienden sus necesidades, sino que les invitan a sumarse a batallas identitarias que poco tienen que ver con mejorar su vida diaria.

El lehendakari Iñigo Urkullu y sus socios de Gobierno del PSE, junto con la plana mayor del PNV, sucumben hoy a la tentación de polarizar la vida política vasca en torno a la supuesta necesidad de reconstruir un Estatuto de Autonomía que es de lo poco que sigue uniendo a los vascos. Unos y otros lo hacen en un contexto en el que la opción a favor del actual Estatuto ha recuperado 23 puntos en los últimos años coincidiendo con el procés catalán y en el que quienes están conformes con el texto estatutario ascienden al 81%. Lo hacen justo cuando menos del 45% de los jóvenes vascos muestran interés por la política.

Los datos hechos públicos por el Observatorio Vasco de la Juventud el presente año deberían formar parte de la lectura nocturna obligatoria del lehendakari y de todos aquellos estancados en la discusión del soberanismo y la autodeterminación. Todos ellos deberían caer en la cuenta de que la tasa de paro juvenil en lugares como Bizkaia ronda del 19,1 %, mientras la media de la Unión Europea no supera el 16,8 %. Que en Euskadi el riesgo de pérdida o de precarización del empleo de jóvenes de hasta 29 años es del 32 % y que su disponibilidad económica mensual es inferior a 600 euros en más del 70 % de los casos.

El 21 de noviembre de 2016 PNV y PSE firmaron un acuerdo de Gobierno en el que se marcaron dos objetivos: más y mejor empleo, colocando esta materia como “prioridad”, y una Educación “de excelencia” para “garantizar el equilibrio social”. Tanto uno como el otro era fines que afectaban y que afectan a los jóvenes vascos. A estas alturas, es posible decir que ni el Gobierno vasco, ni el PNV como partido de Gobierno, ni su socio preferente, el PSE, han estado a la altura de las circunstancias. Simplemente no han cumplido.

El debate estatutario –alejado de las preocupaciones ciudadanas– ha desfigurado los objetivos de nacionalistas y socialistas hasta el punto de que el PNV se permitió el lujo de dar su palabra de vasco de que su partido sería capaz de lapidar la creación de 7.000 puestos de trabajo en Euskadi por cómo Madrid hacía política en Cataluña. Si el PNV fue capaz de poner en riesgo la estabilidad de los vascos condicionando su apoyo a los Presupuestos Generales del Gobierno de Mariano Rajoy al procés catalán –el proyecto inicial presentado por el Ejecutivo del PP contemplaba una inversión en Euskadi de 500 millones–, el PSE también se desmarcó del objetivo “prioritario” del empleo diciendo ‘no’ a la creación de 7.000 puestos de trabajo porque, supuestamente, los Presupuestos eran “francamente malos”.

Aquel 21 de noviembre de 2016 PNV y PSE pactaron promover “una Educación de excelencia para garantizar el equilibrio social”. De nuevo, los datos muestran cómo el Gobierno vasco no ha estado a la altura.

Los problemas en ese ámbito vienen de lejos. Desde que el actual lehendakari lo es, en Ciencias hemos obtenido el peor resultado de la historia de Euskadi: diez puntos por debajo de la media española y de la OCDE. En lectura retrocedemos y obtenemos peor resultado del que teníamos en 2003. Estamos por debajo de la media española y de la OCDE y el alumno vasco de 4º de ESO es quien obtiene la nota más baja de todas las CCAA. En Matemáticas cosechamos el peor resultado de la historia de Euskadi. El alumno vasco de 4º de ESO es quien obtiene una nota que está entre las seis peores de todas las CCAA.

Con los vascos de 15 años entre los peores de España trabajando en equipo –Euskadi sólo mejora el resultado de Andalucía y de Extremadura–, el Gobierno del PNV no sólo se empeña en generar debates orientados a generar frustración y división entre vascos, sino que el nacionalismo, con el aplauso de Bildu y el condescendencia de PSE y Podemos, construye a diario un relato que presenta la gestión de las cárceles o del ISBN de los libros como las principales prioridades para los vascos.

El Ejecutivo autonómico debe volver a la realidad, conocer y reconocer las dificultades reales que afectan a la ciudadanía y abordarlas de un modo estructural, efectivo y alejado del sectarismo propio del nacionalismo excluyente. Hay tiempo para revertir la situación, pero esta se convertirá en una amenaza seria para el futuro de Euskadi si la política vasca sigue proponiendo problemas a las soluciones en lugar de gobernar a favor de la gente. Mientras tanto, nuestros jóvenes seguirán lanzando una pregunta para la que aún no parece haber respuesta: “Y nosotros, ¿qué?”.

*Amaya Fernández es secretaria general del PP vasco

En Euskadi ha costado mucho generar un contexto marcado por la estabilidad, por el respeto al diferente y por el respaldo ciudadano al nivel de autogobierno del que goza nuestra comunidad autónoma. Pero todo ello puede saltar por los aires si por mérito del nacionalismo o por demérito del constitucionalismo vasco se insufla oxígeno a quienes prefieren ahondar en lo que nos divide y no en lo que nos une.

Que los intereses de los vascos han quedado desvirtuados tras la llegada del PSOE a La Moncloa no es una sensación, es un hecho constatado en virtud de la primera reunión mantenida entre el nuevo presidente del Gobierno central y el lehendakari del Ejecutivo vasco, Iñigo Urkullu. En ella Urkullu marcó cuáles cree que son las cuestiones que roban el sueño de los vascos, cuestiones por tanto para él ineludibles en un primer encuentro entre el representante de todos los vascos y el nuevo presidente del Gobierno central: presos de ETA, reconocer la “realidad plurinacional” del Estado o la retirada de recursos de inconstitucionalidad que afecten a leyes de dudosa legalidad promovidas por el Parlamento Vasco.

Entre las demandas del nacionalismo, pronunciadas por boca del lehendakari del nacionalismo y no del lehendakari de todos los vascos, una de ellas es un dardo envenenado que ya amenaza la credibilidad del nuevo Gobierno socialista. La retirada del recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Abusos Policiales no sólo es algo que afecta al debate en torno a la propia Ley. Es algo que atañe a un debate de mayor calado: ¿el control constitucional es negociable?, ¿debe un Gobierno central impedir el control de la Justicia en el marco de una negociación política? O lo que es peor: ¿la legalidad se decide en Moncloa?

“Nunca pierdas la ocasión de invitar a una ronda barata”, debió pensar Sánchez cuando valoró ceder ante el nacionalismo a cambio de desbancar al PP del Gobierno central. Barata para él, cara para los vascos. Cara para los vascos porque la piedra angular de la reforma estatutaria de PNV y Bildu está escrita en catalán y defiende que el principio de legalidad está supeditado al principio democrático; o lo que es lo mismo: el respeto a la ley es subjetivo. Incertidumbre e inestabilidad.

Euskadi se encuentra en un momento crucial de su historia. Tras décadas de terrorismo, de inestabilidad política y de fractura social, está en nuestras manos, las de todos los vascos, poner el punto de mira en lo que nos une, no en lo que nos separa. Precisamente por ello es un error pretender llevar a cabo una reforma estatutaria de corte soberanista cuando la gran mayoría de los vascos se posiciona abiertamente conforme con el Estatuto de Gernika y con el actual nivel de autogobierno.

Que el nacionalismo construya una realidad paralela a la de la ciudadanía es algo habitual. Sólo así se entiende que mientras competencias ya transferidas a Euskadi como la Educación o la Sanidad están inmersas en una gestión llena de sombras, el Ejecutivo de Urkullu crea que los males de los vascos se solucionan gestionando las cárceles, cuestionando la caja única de la seguridad social –poniendo en riesgo las pensiones de nuestros mayores–, gestionando el ISBN de los libros o creando un carné de conducir vasco. Lo que sin embargo no es tan habitual es que una formación constitucionalista como el PSOE insufle oxigeno al nacionalismo de la mano de concesiones que, a medio plazo, serán la mecha de la ruptura social.

PNV o Bildu ya han decidido caminar de la mano hacia el precipicio. Mientras tanto, Podemos y PSE no parecen querer pararles los pies en la medida en que, juntos, han contribuido a construir una realidad ajena a la calle comprando el discurso nacionalista por el cual la reforma estatutaria es poco menos que la principal preocupación ciudadana en Euskadi. Y no lo es. Euskadi es empleo, economía, vivienda, sanidad y educación. Euskadi necesita unión, no espacios abonados para que crezca la división.

Estamos a tiempo de colocar en el centro de la actividad política vasca aquello que de verdad importa a la sociedad. No hacerlo conllevará contribuir, por demérito, a crear espacios de trabajo para el nacionalismo. Espacios de trabajo que generarán incertidumbre, pero también frustración. La estabilidad es un bien preciado que nos ha constado mucho conseguir. Seguir por la senda de la certidumbre es el objetivo del PP vasco, pero también debe serlo para el mundo no nacionalista, que debe empezar a tomar partido de forma activa y seria antes de que sea tarde.

Preocupa el perfil bajo que algunos partidos vascos mantienen tras constatar cómo el PNV, a través de su última propuesta de ruptura estatutaria, ha radicalizado su discurso sentando las bases de un nuevo Plan Ibarretxe en Euskadi. Pero preocupa más aún que un partido constitucionalista que además es socio de gobierno del PNV asuma que el nacionalismo vasco cumplirá la legalidad cuando, de hecho, ya fundamenta su propuesta de Estatuto sobre la base de una contradicción insostenible: una “nación” vasca con “identidad propia” que mantenga una “relación bilateral” con el Estado en el marco de la Constitución Española. Insostenible.

Insostenible jurídicamente e insostenible políticamente en una Euskadi que conoce bien las consecuencias de aventuras rupturistas e identitarias. Tanto las conoce, que las rechaza de plano. Acertó la secretaria general del PSE cuando, en 2015 y en Barakaldo, mi ciudad natal, advirtió de que “el derecho a decidir no paga facturas ni hipotecas”. Aplaudí entonces aquel argumento. Aún lo hago. Pero precisamente porque lo hice y porque aún lo hago creo que ha llegado el momento de que todas las formaciones constitucionalistas desarmemos al nacionalismo de dos modos. Primero, abriendo la puerta a la consecución de acuerdos que mejoren la vida de los vascos y que evidencien que el proyecto España garantiza la necesaria estabilidad y la cohesión social. Segundo, dando un portazo a cualquier atisbo de aventura secesionista, ruptura social o inestabilidad. Pese a que los constitucionalistas estamos de acuerdo en lo primero, parece que no del todo en lo segundo. Al menos no en los hechos.

PNV y PSE sacaron adelante su propuesta para constituir la ponencia de Autogobierno allá por 2014. Lo hicieron, en principio, para valorar el “estado actual del desarrollo estatutario” y para, “ de acuerdo con las normas y procedimientos legales y desde el máximo consenso posible”, intentar acordar “las bases para su actualización”. El PP vasco alertó entonces de que el foro tenía todas las papeletas para convertirse en una manzana envenenada para la estabilidad de los vascos en la medida en que, si bien se presentaba como una herramienta de revisión, el nacionalismo la utilizaría para abordar el mal llamado derecho a decidir –autodeterminación–, que choca con la legalidad y vulnera el sentido de la propia ponencia. Esas papeletas las pagó el PSE y fueron vendidas con fines partidistas por el PNV.

El tiempo nos ha dado la razón. Nos la ha dado porque hoy el PNV, de nuevo, contradice sus propias palabras. En 2014 prometió a los socialistas que el texto pactado no aspiraba “a reducir la voluntad del pueblo vasco”, sino a “canalizarla”. Cuatro años después el PNV se coloca frente al espejo soberanista y propone un preámbulo de reforma estatutaria que incluya la concepción de Euskal Herria como una “nación” dividida en siete territorios, que tiene “derecho a decidir” y que aspira a una relación “bilateral” con el Estado español.

¿Así se canaliza la voluntad de un 77% de vascos satisfechos con nuestro nivel de autogobierno o la del 14% que aún ve con buenos ojos la independencia? ¿Cómo se canaliza la voluntad de la ciudadanía optando por mecanismos que prevén destruir la Constitución, garantía última de los derechos históricos que tanto queremos proteger los vascos?

La propuesta jeltzale hace aguas porque ignora u obvia que el principio de legalidad es una de las manifestaciones del principio democrático. Porque la dimensión bilateral se olvida del marco constitucional. Porque los derechos históricos tienen vigencia en la medida en que son compatibles con la Constitución y precisamente porque la Carta Magna les aporta la legitimidad constitucional necesaria. Porque la inclusión del derecho a decidir –que es lo mismo que incluir una previsión de la posible secesión de un territorio– es incompatible con el propio concepto de Constitución; un oxímoron jurídico porque ninguna Constitución puede prever mecanismos que faciliten su propia destrucción.

Aún resuenan las palabras que uno de los padres del Estatuto de Gernika pronunció hace no tanto en el seno de la ponencia de Autogobierno. El ex senador de UCD y luego dirigente del PP vasco Alfredo Marco Tabar dijo esto: “No hay más alternativa al Estatuto que el soberanismo”. Y anunció los riesgos de “abrir la caja de los truenos”: “Os pido que no seáis temerarios; que el Estatuto ha servido y sirve”, resaltó añadiendo que si se profundiza en las aspiraciones del nacionalismo vasco, reaparecerán las “fórmulas disgregadoras”.

Quienes aún ven con buenos la reforma del Estatuto de Gernika deberían recordar las palabras de Marco Tabar. Las suyas y las de quienes hace cuatro años prometían canalizar la voluntad de los vascos y hoy pretenden hacerlo contra los vascos.

El PP vasco quiso estar en Andoain el pasado domingo frente a los centenares de radicales que homenajearon a dos asesinos –quien ayuda a matar y está orgulloso de haberlo hecho no merece ser llamado de otra forma– por una razón muy sencilla: estamos hartos. Nosotros y la sociedad vasca. Hartos de que la izquierda abertzale trate de presentar homenajes a terroristas como solidaridad vecinal, supuesta solidaridad vecinal que se niega a los etarras que reniegan de ETA. Hartos del silencio de las instituciones vascas en torno a homenajes a criminales que presumen de sangre. Y hartos de que el Gobierno vasco mire hacia otro lado, dejando desasistida y a la intemperie la debida construcción de Memoria pública que debe decir alto y claro que en el terrorismo no hay grises. O con la dignidad de los vascos o contra ella.

Después de que cientos de hombres, mujeres y niños rindieran tributos de héroes en Andoain a dos asesinos de Joseba Pagaza y de que el PP vasco, con su presencia allí, centrase el foco público en un problema que no está siendo tomado en serio en Euskadi, sucedió algo terrible. Terrible por inesperado; pero terrible también por los problemas de convivencia que pueden generarse. Que Sortu llegase a decir que en el PP vasco estábamos más cómodos con escolta y con gente queriendo asesinarnos no nos duele. Somos conscientes de las limitaciones democráticas de la izquierda abertzale. Lo que duele y apena es que un partido con responsabilidad de Gobierno en Euskadi como el PNV diga que lo sucedido recuerda a “cuando se intentaba sacar réditos políticos y electorales” de estas cuestiones; o lo que es lo mismo, sacar supuesto rédito político a cambio de la vida de familiares, amigos o compañeros.

El PNV se equivocó al utilizar la desgastada política del péndulo que busca contentar sus dos almas. Por un lado, su presidenta en Bizkaia reprochó y criticó a los que, con fotos de Joseba Pagaza en la mano, tratamos de dejar en evidencia a los que confunden al héroe con el verdugo. Por otro, el Ejecutivo vasco anunció que rechaza “de plano” estos homenajes y que su compromiso es “claro, rotundo y explícito”. El PNV se equivocó al buscar el gris porque la evidencia de la desvergüenza en Andoain acaba de parar en seco el péndulo. En cuanto a honores a terroristas se refiere, ya sólo va a quedar una opción: o con la dignidad de los vascos o contra ella. Sin medias tintas. Sin pose.

La repercusión política que ha suscitado el homenaje a los informadores de ETA llevará consigo que a partir de ahora la gente demande soluciones. La crítica a los homenajes públicos a terroristas va a formar parte de la vida política de Euskadi. Se encargará de ello el PP vasco tras el caso omiso sistemático que el Gobierno de Iñigo Urkullu lleva haciendo a las numerosas denuncias que colectivos de víctimas y los ‘populares’ de Euskadi llevamos meses realizando.

Es fácil comprobar la evidencia. Sólo en los últimos seis meses el PP vasco ha denunciado públicamente el homenaje brindado al etarra Kepa del Hoyo en Galdácano; el homenaje que recibió el miembro del comando Nafarroa Sebastián Prieto en Bilbao; el brindado, de nuevo en Bilbao, a uno de los asesinos del mando de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea y del guardia civil Fernando Jiménez; y el homenaje recibido en Ondarroa por el miembro del comando Bizkaia Kemen Uranga. Denunciamos los homenajes cuando se produjeron, pero también denunciamos la pasividad del Gobierno vasco, cuya responsabilidad moral exigía entonces y exige ahora una condena clara, rotunda y explícita. Pero una de verdad. Una que consista en la reprobación continua de este tipo de hechos. Hasta que desaparezcan. Una política de tolerancia cero como la que el Gobierno vasco de Patxi López puso en práctica tras el pacto PSE-PP en 2009. Entonces, por primera vez se trabajó de verdad desde las instituciones vascas para erradicar el culto al asesino en nuestra tierra.

El ejecutivo autonómico y muchas voces en Euskadi dicen haber dejado claro su compromiso con la dignidad, pero ese compromiso exige vehemencia y firmeza. ¿Qué institución en Euskadi hubiera criticado el homenaje de Andoain si el PP vasco no hubiese estado?, ¿cuándo fue la última vez que el Gobierno vasco o las instituciones en Euskadi se pronunciaron públicamente para reprobar alguno de los más de 70 homenajes que etarras han recibido en Euskadi en el último año? Al PP vasco se le ha preguntado estos días si le interesa ponderar actividad parlamentaria y acciones en la calle. La respuesta es clara: mientras la política vasca siga haciendo oídos sordos a la desvergüenza, sí.

El lehendakari Juan José Ibarretxe pidió perdón a las víctimas del terrorismo en 2006 por “el sufrimiento, la soledad y la lejanía” que habían sufrido por parte de las instituciones vascas. El lehendakari Iñigo Urkullu pidió perdón en 2015 por “la desatención institucional” a las víctimas del terrorismo y admitió que el Gobierno vasco debió “reaccionar antes y hacerlo mejor”. Ibarretxe no cumplió; Urkullu, tras más de 70 homenajes a etarras en el último año, aún está a tiempo.

*Amaya Fernández es secretaria general del PP vasco

Cuando el gato no está, los ratones bailan salsa. Lo sabe la Policía, lo saben los

criminales y lo saben los vecinos de Bilbao, vecinos que están empezando a

hartarse de la falta de liderazgo en torno a un problema, el aumento de la

criminalidad, que exige respuestas estructurales, realistas y que huyan por igual

del alarmismo que sitúa a Bilbao como una ciudad sin ley –no es una ciudad sin

ley– y de la autocomplacencia de quienes defienden que Bilbao es un oasis de

tranquilidad –los hechos y los vecinos hablan–.

Hace escasos días otros dos bilbaínos sufrieron una brutal paliza en Bilbao mientras volvían a casa después de haber tomado unas cañas. Sucedió el 21 de enero, tres días después de que menores que habían estado tutelados por la Diputación Foral de Bizkaia presuntamente asesinaran vilmente a golpes y cuchilladas a Lucía y a Rafael en Otxarkoaga. Lo sucedido el sábado 21 no acabó en tragedia, pero los golpes propinados por cuatro desconocidos dejaron a los dos vecinos de Bilbao inconscientes en el suelo.

Agentes de policía y sindicatos llevan mucho tiempo diciendo en público y en privado que la planificación que desde los ayuntamientos se hace en torno a la seguridad local de grandes municipios, como Bilbao, Getxo o Barakaldo, deja bastante que desear. El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Bilbao demandó en marzo un plan de choque contra el consumo de drogas y ocupación de espacios públicos en Indautxu y Abando. En abril de 2017 pidió que se reuniese a la Mesa de Seguridad ante el aumento de delitos y el fiasco de la puesta en libertad de un criminal que no fue identificado. En diciembre desaconsejó el desmantelamiento de comisarías en lugares como San Francisco, que superan la media de delitos por mil habitantes de Bilbao, y exigió atajar robos y agresiones a adolescentes.

El problema de la seguridad es que cuando se tiene, casi pasa desapercibida. Pero cuando falta, por muy puntual que sea esa situación, la alarma social que se genera es en ocasiones desproporcionada y crítica para la ciudadanía y para la estabilidad y desarrollo de la propia ciudad. Bilbao, como San Sebastián o como Vitoria, es un activo importantísimo para Euskadi. Los vascos nos enorgullecemos de nuestros municipios y Bilbao es uno de los más atrayentes. Por todo ello, pero sobre todo por quienes están hartos de la impunidad, es importante hacer los deberes, recapitular y trabajar por mejorar lo mejorable y solventar los problemas.

Las estadísticas no mienten. Desde 2015 la ciudad ha experimentado el mayor aumento de la criminalidad de los últimos 5 años (2013-2017) y el segundo mayor aumento de los últimos 14 años (2003-2017). Según datos del Ministerio del Interior, de los 246 municipios de más de 30 mil habitantes, Bilbao está entre los 52 que más incrementaron sus índices de criminalidad de enero a junio de 2017. Según fuentes del propio Gobierno vasco, mientras en Bizkaia y en Euskadi la tasa de criminalidad tiende a bajar, en Bilbao sucede lo contrario. Bizkaia y Euskadi reducen su criminalidad año a año mientras en la capital vizcaína aumenta desde 2014. En Euskadi, de enero a junio de 2017, se redujeron los delitos en un 0,5%. En Bilbao, en cambio, de enero a junio de 2017, los delitos aumentaron un 6,2%.

Paliza a dos vecinos de Bilbao en la calle Bailén. Doble crimen de Otxarkoaga. Intento de robo y agresión con resultado de muerte del exfutbolista Ibon Urrengoetxea. Agresión en el metro de Bilbao que costó un ojo a un joven. Pelea entre dos grupos y apuñalamiento de otro joven en la calle Mazarredo. Pelea y atropello a dos jóvenes en Bolueta. Todo en apenas dos meses.

Quienes insisten continuamente en que este tipo de sucesos son hechos aislados y prometen más agentes en la calle deben entender que los ratones bailan salsa no simplemente por la ausencia de policías en las calles, sino porque el gato, en Bilbao, no es policía, sino institución pública. Los ratones bailan salsa porque no hay quien lidere una política estructural y continuada en el tiempo de tolerancia cero contra la delincuencia y contra el crimen. Y esto no es una valoración subjetiva. Son datos. Bilbao es una ciudad segura, pero lleva años dejando entrever indicadores que no han sido tenidos en cuenta. Estamos a tiempo.

*Amaya Fernández es secretaria general del PP vasco

No me imagino a alguien capaz de no empatizar con la hija de una guardia civil que, en un colegio de Cataluña, tuvo que oír cómo en plena clase una profesora decía que su madre, como el resto de agentes del Cuerpo, eran “unos animales”. Tampoco concibo que responsables del Gobierno de España renuncien a pronunciarse cuando se acusa a toda la Policía Nacional de vulnerar sistemáticamente los derechos humanos de la ciudadanía. No lo concibo porque a los gobiernos les corresponde velar por el correcto funcionamiento de sus Fuerzas de Seguridad, asegurarse de que las actuaciones policiales se ajusten a derecho, castigar a quienes dentro del Cuerpo se salten la ley y defender a los funcionarios públicos de ataques injustificados e infundados contra su buen nombre. Así lo hacen. Excepto en Euskadi.

Precisamente por ello, hoy más que nunca lo digo alto y claro: “Yo soy ertzaina”. Lo soy porque me identifico sin ningún reparo con los 8.000 agentes que ponen en riesgo a su vida a diario para defendernos a todos, incluso a quienes aún les insultan y humillan por pertenecer a la policía vasca. Lo soy porque estoy harta de que se ningunee a los ertzainas asesinados por ETA que, como Txema Aguirre, siguen viviendo el olvido institucional en Euskadi y particularmente en Bilbao. Lo soy porque me duele profundamente que quienes también han sentido especialmente el acoso de ETA en su entorno familiar hoy están siendo presentados ante la opinión pública como torturadores sin que los máximos responsables del Cuerpo les defiendan. Y lo soy porque me avergüenza que quien expone y humilla a nuestra policía no es la izquierda abertzale, que también lo hace continuamente, sino el Gobierno vasco y el PNV.

El pasado 19 de diciembre, por boca de la televisión pública vasca, en Euskadi tuvimos que oír este titular: “La Guardia Civil está implicada en 1.972 casos de tortura; la Policía Nacional es responsable de 1.785 casos; y la Ertzaintza de 336”. Así, tal y como lo acaba usted de leer. ETB recogió la noticia en su web y, ya en el párrafo número 12, apuntó que sólo “existen 20 condenas”. Es decir, el informe financiado y presentado por el Gobierno del PNV da cobertura y rango de verdad judicial a cualquier denuncia presentada entre 1960 y 2014, se salta la presunción de inocencia de funcionarios públicos y construye el siguiente relato: el terrorismo ha ejercido la violencia ilegítima, pero también el Estado de derecho a través de sus policías.

En la Guardia Civil y la Policía Nacional están acostumbrados a que desde Euskadi surjan voces que ninguneen a sus miembros, pero también están acostumbrados a que cuando se les ataca injustamente, el Gobierno de España alce la voz para defender su honorabilidad. Pero surge una duda: ¿quién defiende a la Ertzaintza? ¿Quién pone en valor su trabajo y su buen nombre? ¿Quién da la cara por quienes no pueden darla? La tortura es algo tan deleznable que exige claridad y seriedad. Ni Iñigo Urkullu ni Jonan Fernández pueden atribuirse las funciones de un juez para acusar a la policía y condenarla por torturadora. Sobre todo, si tratan de hacerlo a través de un informe sustentado sobre la base de denuncias, no de condenas.

Es responsabilidad de todos preguntarnos qué vara de medir utiliza el Gobierno del PNV para construir memoria pública. El mismo Gobierno que hoy promueve un informe que se vale de meras denuncias para declarar culpables a los denunciados fue el que promovió otro informe sobre asesinatos terroristas no resueltos. Lo hizo en 2014. Pero entonces, la impunidad se midió con una vara muchísimo más flexible. En dicho informe no se incluyó como crimen irresuelto el asesinato del mando de la Ertzaintza Carlos Díaz Arcocha. Pese a que nadie fue condenado por el brutal atentado que costó la vida al agente, el Gobierno vasco consideró entonces que como había habido un juicio, la Justicia había trabajado lo suficiente.

La Ertzaintza y, sobre todo, los ertzainas y sus familias se merecen más respeto.