Tenemos enormes retos por delante y como sociedad civil organizada no podemos ser un actor ajeno a esta campaña electoral, menos ante la situación de crisis y urgencia social, económica, política y medioambiental que queda invisibilizada en medio del sube-baja de número de votos del que hablan unos y otros, los ataques electoralistas superfluos y la verborrea de promesas, muchas veces vacías. Las políticas neoliberales de los últimos años basadas en la austeridad y los recortes en servicios y derechos, junto con las prácticas extractivas y de desposesión de recursos naturales de las multinacionales y la firma de acuerdos de libre comercio no solo han seguido aumentando la explotación de muchos países del hemisferio sur sino que han incrementado exponencialmente la desigualdad y puesto en peligro la vida de todos y el planeta en el que convivimos y del que somos interdependientes.

La emergencia climática nos exige que en un tiempo récord de apenas diez años revirtamos los efectos de décadas de excesos. En nuestro país la crisis de 2008 sirvió para implementar estas políticas y recortes que empobrecieron más a la población, elevaron los niveles de paro, convirtieron los servicios públicos esenciales en un lucrativo negocio y consolidaron una precariedad estructural que castiga especialmente a las personas más jóvenes y a las mujeres en quienes recae la sostenibilidad de la vida y los cuidados. Es decir, sus ‘soluciones’ ahondaron todavía más en las desigualdades y la falta de acceso al bienestar, porque los costes de la austeridad, las guerras, la contaminación o la pérdida de biodiversidad no quedan reflejados en el PIB. Vivir en paz, la dignidad, la salud, el medio ambiente o la equidad no se contabilizan en sus análisis económicos.

Además, la defensa de estos derechos está perseguida por la aprobación de un elenco de leyes que criminalizan la disidencia y la protesta ciudadana. Normas como la ley mordaza restringen los derechos de participación y el espacio democrático, imprescindibles para acabar con un sistema en el que la mayoría cada vez tiene más dificultades para sobrevivir.

El ciclo político que acaba nos llenó de esperanza y ganas de construir otro mundo con la llegada a las instituciones de nuevas formaciones políticas, una moción de censura plagada de promesas de transformación social y el protagonismo de la sociedad movilizada en el 15M, el movimiento feminista o ahora en las protestas de jóvenes contra el cambio climático. Pero no podemos bajar la guardia porque siguen pendientes soluciones a los graves problemas apuntados y las políticas audaces que se reclaman están lejos de ser aplicadas.

Nuestro país se expone de forma acuciante a los efectos devastadores del calentamiento global que afectará especialmente a la población más vulnerable, ensanchando aún más la brecha entre personas ricas y pobres. Numerosos estudios científicos han demostrado que nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera superan con creces la capacidad de absorción de los ecosistemas naturales, por lo que para evitar los peores impactos del cambio climático es necesario que el aumento de la temperatura del planeta no sea superior a 1,5 ºC. Las evidencias apuntan a que los esfuerzos para frenar el cambio climático no se pueden llevar a cabo sin cambios radicales en nuestro modelo de sociedad y sin poner en cuestión el crecimiento económico y las estructuras de producción y de propiedad existentes.

Los retos que tenemos por delante necesitan políticas valientes que hagan frente a los intereses económicos de los grandes poderes financieros. Para alcanzar éstos objetivos sociales y ambientales es necesario por salvar nuestro medio natural y defender la vida y proteger el derecho de las futuras generaciones a heredar el patrimonio natural. Así lo está pidiendo a gritos la juventud de toda Europa: el Planeta se muere y hay que actuar con rapidez y radicalidad porque no tenemos derecho a robarles el futuro.

A pesar de la urgencia, sigue habiendo esperanza. Esta situación de emergencia climática y social constituye también una oportunidad para apostar por una economía solidaria, verde que redistribuya la riqueza en nuestro país y la transición energética es una oportunidad para la creación de un nuevo modelo productivo, que huya de las trampas de las burbujas especulativas, apueste por sectores con alto valor añadido y se centre en los derechos y las necesidades de la sociedad.

En este documento, presentamos algunas medidas esenciales para afrontar los enormes retos a los que se enfrenta la sociedad española y a los que se debe dar solución de forma inmediata. Nuestra vida y nuestro planeta están en juego.

El auge del populismo desde Europa a América Latina y Asia ha hecho que el Acuerdo de París, construido sobre un consenso de mínimos comunes, parezca frágil. Además, la propuesta de Estados Unidos de retirarse del acuerdo ha venido animando a otros a ser más críticos y descafeinar el nivel de ambición.

El ensalzamiento de sentimientos anti-élite, anti-globalización y anti-compromiso multilateral están en la base de las propuestas populistas de los ultraconservadores. Son por ello, el mejor caldo de cultivo para utilizar la negación del cambio climático. La extrema derecha usa la propuesta nacionalista que limita la colaboración con otros, y el clima implica colaboración.

En el fondo, el Acuerdo de París es un acuerdo de buena fe que se basa en la cooperación multilateral para ser eficaz. Cada país establece sus propios objetivos de emisiones para que a partir de 2020, cuando el pacto entre en vigor, los objetivos de reducciones se restablezcan cada cinco años. Esto ya plantea ciertos problemas para la salvaguarda de los objetivos comunes de cualquier acuerdo multilateral.

La reacción política contra el acuerdo de París coincide con un aumento en las emisiones globales de dióxido de carbono, debido principalmente al creciente consumo de carbón. Si bien los firmantes del Acuerdo de París prometen limitar el calentamiento global a “muy por debajo” de 2ºC, los acuerdos de Katowice de hace dos semanas dentro de la COP están lejos de ser suficientes para lograrlo. Los científicos dicen que el mundo se encamina a más de 3ºC de calentamiento para finales de siglo, si persisten las políticas actuales.

Además del peligro de estos populismos de extrema derecha y del debilitamiento que provocan sobre la ambición global ante un problema global, añadiría que algunos líderes no parecen tener ninguna intención de orientar sus políticas para cumplir con sus compromisos de París.

Por no hablar siempre de Trump o de las posiciones del recién llegado Bolsonaro, durante el 2018 hemos comprobado cómo en un número cada vez mayor de países se está produciendo un rechazo a la idea de coordinar acciones sobre el cambio climático global. En agosto, el exprimer ministro australiano, Malcolm Turnbull, fue derrocado después de intentar introducir un plan de reducción de emisiones. En Alemania, podría avecinarse un enfrentamiento por el carbón que se complica más por el poder creciente de la AfD, un partido de extrema derecha que cree que el cambio climático es un engaño.

En Canadá, se espera que el impuesto al carbono introducido por Justin Trudeau sea un tema importante en las elecciones del próximo año. Entretanto, en Filipinas, el presidente Duterte calificó el Acuerdo de París de “absurdo”.

2018 también ha batido récords de desastres naturales e incendios forestales, poniendo de manifiesto el impacto de un planeta más cálido: el mundo se ha calentado a 1ºC desde tiempos preindustriales. Un informe de la ONU en octubre encontró que incluso 2ºC de calentamiento tendría consecuencias devastadoras para la Tierra.

Los próximos 12 años son los más importantes que cualquier otro periodo de la historia porque los Estados establecerán sus fórmulas de progreso, y éstas o algunas pueden ser irreversibles para el clima y la supervivencia del planeta.

El argumento de que el cambio climático inducido por el hombre debe ser una preocupación fundamental de cualquier estado, y que en un sentido importante es un problema de seguridad nacional, regional y global debe de entrar en las agendas de forma diferente a cómo el mundo se blinda. Esto significa que la comunidad internacional y los líderes mundiales deberían apostar por una rápida descarbonización económica y que ésa lidere la acción gubernamental. Ese no es el caso en este momento y hay buenas razones para pensar que el incremento del gasto militar no contempla estos argumentos.

Durante 2018 hemos visto respuestas partidistas y muy estatocéntricas a un problema que es político y debería estar por encima de éstos movimientos. 2019 será el momento para que las grandes transformaciones sociales, industriales y de modelo de progreso abracen la transición ecológica y pongan fin a los combustibles fósiles.

Una se pregunta cómo puede un Gobierno estar tan ciego ante las señales de alarma de un país o de un planeta. O lo que es más paradójico, cómo un Gobierno conservador y liberal le da la espalda al mercado y sus potencialidades. Incluso, cómo le da la espalda a las golosas cifras de creación de empleo en esta España del siglo XXI, donde el empleo sigue siendo un problema por su escasez y calidad.

Que el cambio climático representa una seria amenaza para el desarrollo y el progreso de los países, para la lucha contra la pobreza, para la salud del planeta y los derechos humanos o para la seguridad de la población mundial no debe ser un tema de discusión. Pase lo que pase y le pese a quien le pese. 

No estamos en un momento en el que tengamos que explicar lo básico en materia de cambio climático. Ese ya pasó, aunque líderes que no están a la altura como Trump o Rajoy sigan mostrando su indolencia ante el problema.

Millones de personas en España, Inglaterra, Turquía, EEUU, Alaska, Perú, Guatemala, Filipinas, Irán, Mongolia, Uganda, Mali, Mauritania, Eritrea, Somalia, Siria, Palestina, etc. nos enfrentamos día a día a sus consecuencias.

Y sí, sus consecuencias cuestan vidas, cuestan miles de millones de dólares, y cuestan los intangibles de un futuro que estamos minando con nuestra inacción. Lo que viene a llamarse el “precio de la inacción”. 

El deterioro medioambiental está íntimamente relacionado con las decisiones políticas que se toman. En España estamos en pañales en materia de transición energética. Por ejemplo, las primas a las renovables y posteriormente su penalización ha generado una gran inseguridad jurídica para inversores, efectos económicos negativos muy concentrados y la pérdida de competitividad de un sector industrial que España lideraba. 

Junto a lo anterior, tampoco avanzamos en la descarbonización de nuestra economía, ¿qué dice el Gobierno sobre el Phase Out de Carbón y Nuclear? La verdad es que no mucho. 

Que un país como Japón anuncie el cierre de varios de sus reactores nucleares y que en España el ministro Nadal hable abiertamente de prorrogar la vida del actual parque nuclear 10 años es tan vetusto y oscuro que deja la innovación del sector público en evidencia. Por si fuera poco, los presupuestos para 2018 – ahora aparentemente prorrogados, tampoco tienen en consideración la necesidad de generar alternativas al carbón en términos de empleo y transición justa. También en esto el Gobierno navega contracorriente pese a que tres de las economías del G7, Reino Unido, Canadá y Francia, han decidido eliminar el carbón, junto con otros seis países de la UE.

Como casi todo en esta vida, la lucha contra el cambio climático no sólo se juega en el lado de la oferta, sino también en el lado de la demanda y la regulación para tales fines. 

La coyuntura actual, y el letargo del Gobierno pueden poner en peligro el proceso de elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética o lo que es peor, rebajar los niveles de ambición de la misma. 

Cuestionar el modelo energético, repensar la movilidad de un país, potenciar el progreso y el crecimiento en sectores económicos bajos en carbono en detrimento de los contaminantes, promover la innovación asociada a las industrias verdes, invertir en la adaptación de sectores como la agricultura o el turismo o  avanzar hacia una fiscalidad verde… deberían ser los vectores de una Ley que asegure nuestro futuro y el de las próximas generaciones. 

A este paso, tendrá que venir el señor Cañete, hasta hace poco “colega profesional” de nuestros actuales dirigentes, para exigir la adopción de las medidas que contempla y contemplará el denominado Paquete de Invierno. ¿tendremos que esperar hasta entonces para que España se dote de una Ley que haga frente a los retos de un país hipocarbónico?

Hagan números y sean responsables.