La vida de las naciones, como la de las personas, es extraña. Cuando todo parece perdido (o ganado) te da una segunda oportunidad (o te la quita) .Como el tiempo en Inglaterra: si no te gusta espera quince minutos. Al menos uno no se aburre.

Hace apenas un mes denunciábamos desde el blog Hay Derecho la situación crítica en la que se encontraba la independencia judicial en nuestro país tras iniciarse el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Algo muy preocupante por muchos motivos, pero especialmente de cara a la apertura del juicio en el Tribunal Supremo a los independentistas catalanes acusados de rebelión.

Lamentablemente, es difícil estar en misa (manejando los hilos para colocar a tus amigos en el Tribunal Supremo, como explicaba muy bien Cosidó en su ya famoso whatsapp) y repicando (vanagloriándote de la calidad e independencia de tu cúpula judicial). Y el grave problema político es… Que se nota. Y mucho. Máxime si se tienen en cuenta las constantes advertencias relativas a la excesiva influencia política en los nombramientos del máximo órgano de Gobierno de los Jueces y, de rebote, en los nombramientos en nuestros tribunales superiores formuladas por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).

Pero, de forma sorpresiva e imprevista, las desvergüenzas y torpezas de unos y otros se han alineado astrológicamente para generar una situación inédita. El anuncio por el Gobierno del nuevo Presidente del Consejo, antes ni siquiera de nombrar a los vocales que habían de elegirlo, y el whatsapp del portavoz popular en el Senado jactándose del control del Supremo tras el pacto con el PSOE, motivaron la dimisión del candidato a presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Manuel Marchena, y un escándalo mediático de tales dimensiones que forzaron al PP a reconsiderar su estrategia política en este punto. Pero las torpezas no acaban ahí, porque en la política española, para que algo salga medio bien, alguien tiene que equivocarse repetidamente.

Esto es lo que ocurrió el pasado miércoles en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Su nueva estrategia pasaba por recuperar íntegramente el texto original de la Ley de 1980, que reconocía a los jueces el derecho a designar a los vocales de extracción judicial. Pero lo hacía con tal mimetismo que no solo resultaba incongruente con la actual estructura judicial, sino que al restaurar íntegramente el sistema anterior reproducía el riesgo de control del Consejo por las asociaciones judiciales, especialmente por la conservadora. Esto era precisamente lo que el PSOE pretendió conjurar con su reforma de 1985, lo que hacía imposible que la izquierda pudiese apoyar semejante vuelta atrás en el Congreso, condenando en definitiva a la iniciativa del PP a convertirse en un mero gesto cosmético para salvar la cara, que quizás es lo único que se buscaba desde el principio.

Pero hete aquí que la mano invisible de nuestra política partidista, que no es solo el egoísmo sino la precipitación y la torpeza, llevó al portavoz del PP a sumar menos dedos de los previstos a la hora de indicar a su grupo cómo votar una enmienda del PSOE, aceptándose esta por error. Con ella se desarticulaba la iniciativa popular y se dejaba como único cuerpo vivo tras la batalla cuatro enmiendas de Cs incorporadas a la propuesta, pero sustancialmente diferentes, que se pueden consultar aquí. 

Con dichas enmiendas se recupera también para los jueces la designación de los vocales de origen judicial, pero creando a la vez ciertos mecanismos de control electoral que permiten reflejar de manera mucho más fiel el verdadero pluralismo actual de la carrera, al margen de otras salvaguardias frente al riesgo de contaminación política y/o corporativista y que cuentan, incluso, con el apoyo de todas las asociaciones judiciales.

Efectivamente, para que las asociaciones mayoritarias no tengan un exceso de representación en el CGPJ (porque no se trata de cambiar un corporativismo por otro), se limita el voto a un máximo de 6 candidatos de los 12 de procedencia judicial. De esta manera, las asociaciones no pueden colocar en bloque a sus candidatos, por lo que el reparto es más equitativo y plural. Además, para que no se pueda bloquear la candidatura de jueces no asociados, se permite a cualquier juez presentarse como candidato a vocal del CGPJ con el único requisito de que posea 25 avales, lo que es un número muy fácil de conseguir para cualquiera.

Ahora el PP no tiene más remedio que apoyar esta iniciativa en el Congreso el próximo jueves, quizás a regañadientes, abriéndose así una ventana de oportunidad única para que algún grupo de izquierda (o nacionalista, pues al fin y al cabo solo se necesitan 6 votos) pueda, aunque sea con su simple abstención, insuflar un golpe de prestigio a la maltrecha justicia española, justo en el momento en que más lo necesita. Recuerden que el juicio al procés está a la vuelta de la esquina. El mensaje que se mandaría tanto a Europa como a la propia ciudadanía española sería muy potente: los partidos políticos renuncian a la colonización del órgano de gobierno de la Justicia. Y no digamos ya el mensaje que se mandaría a los propios jueces: se abre la posibilidad de que lleguen al Consejo –y por tanto al Tribunal Supremo y a la presidencia de los tribunales superiores- no solo los más amigos o más cercanos al partido de turno -o a veces a las personas elegidas por ese partido- si no los que más quieren proteger la independencia y el prestigio de la Justicia (que conviene recordar es el objetivo fundamental del CGPJ). ¿Se imaginan? Atrevámonos a soñar. Faltan solo 6 votos y 7 días.