Catalunya es el único territorio de la Unión Europea al que se le ha negado la ley suprema que han votado sus ciudadanos, el parlamento que han elegido sus ciudadanos, el presidente que ha elegido este parlamento y el gobierno que este presidente ha nombrado en ejercicio de sus facultades.

Actuando de forma arbitraria, antidemocrática y, en mi opinión, de forma ilegal, el Estado español decidió disolver el parlamento catalán en medio del periodo legislativo, destituir al presidente y al gobierno catalán, intervenir nuestro gobierno autónomo y las instituciones que los catalanes hemos construido en nuestra nación a lo largo de los siglos. Ha cometido una brutal ofensiva judicial para llevar adelante la detención y criminalización de candidatos que promueven ideas políticas que, sólo dos años antes, han recibido altos niveles de apoyo popular.

Hoy los líderes de este proyecto democrático son acusados de rebelión, y se enfrentan a todo el peso de la ley penal española, con castigos similares a los de casos de terrorismo o asesinato: 30 años de prisión. El vicepresidente y siete consejeros del gobierno catalán han sido encarcelados el jueves, así como dos líderes civiles, mientras se siguen emitiendo órdenes de arresto contra otros miembros del gobierno catalán. Esto es un escándalo colosal que tendrá graves consecuencias.

Recordemos un dato clave: en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, Junts pel Sí, el partido ganador indiscutido, se basó en un manifiesto donde se comprometía explícitamente a declarar la independencia y a convocar a elecciones constituyentes. Los votantes que nos apoyaron sabían en todo momento cuál era nuestro objetivo. Y aún así, dos años después se nos acusa de sublevación, conspiración y rebelión por llevar adelante un programa electoral que nunca ocultamos.

Qué conspiración más extraña, una apoyada por el voto popular. Las elecciones de 2015 demostraron que la mayoría de los catalanes están a favor de la independencia: 72 escaños de un total de 135. Sólo 52 de los 135 escaños fueron para candidatos que rechazaban explícitamente la idea de un referéndum por la independencia. Y aún así el legítimo gobierno catalán ha sido destituido, el parlamento catalán disuelto y se ha impuesto una agenda política que no tiene nada que ver con la voluntad de la mayoría.

Por eso seguiremos denunciando ante el mundo entero las graves deficiencias democráticas que están sucediendo en este momento en España.

Desde luego, debe prevalecer la voluntad de la mayoría de los ciudadanos y el respeto a los derechos fundamentales incluidos en los tratados internacionales que ha firmado el Reino de España y también incluidos en su Constitución. En cambio, lo que tenemos en España es una democracia de doble moral: puedes pertenecer a un partido independentista, siempre que no gobiernes. Y si cumples con tu programa electoral, se te acusará de rebelión. Y si estás contra la independencia pero no tienes fuerza parlamentaria para gobernar, vendrá el Estado todopoderoso a defenderte.

El sistema judicial español también tiene sus propias y graves deficiencias. Carece claramente de independencia e imparcialidad, ya que los vínculos entre el Poder Judicial y el gobierno son evidentes. Incluso a nivel procesal, los casos judiciales contra líderes catalanes tienen tantas irregularidades que es difícil creer que los acusados puedan confiar en las garantías formales.

El Estado ha demostrado su determinación de privar a funcionarios de sus derechos, y la justicia española se ha puesto al servicio de los intereses políticos del gobierno. Nunca se juzgarán los delitos cometidos en pos de la unidad del país: ni las violaciones al secreto de la correspondencia postal, ni las repetidas restricciones a la libertad de expresión, ni el bloqueo de sitios web sin autorización judicial, ni los arrestos sin orden judicial, ni la certificación de una brigada policial por fuera de la ley para perseguir ilegalmente a los líderes independentistas y a la izquierda española.

En las manifestaciones convocadas por el partido que gobierna España, grupos radicales de ultraderecha (herederos directos del regimen de Franco, como la Falange española) marcharon con carteles fascistas y haciendo el saludo nazi, mientras gritaban pidiendo que se me encarcelara y se me ejecutara. El clima de hostilidad culminó con muchos españoles gritando “¡A por ellos!” a la policía mientras la felicitaban por la represión que impidió el referéndum del 1 de octubre, que con despliegues terrestres, navales y aéreos pareció más bien una campaña militar para ocupar territorio rebelde.

¿A alguien se le ocurre que el destituido gobierno catalán vaya a ser juzgado imparcialmente, sin influencias del poder político español o los medios de comunicación? A mí no. Y es por esto que, además de seguir defendiendo la legitimidad de nuestras acciones políticas, defendemos el derecho a querer la independencia de Catalunya, a defender un modelo de sociedad en el que nadie le tema al poder del Estado.

Es mi deber exigir justicia para todos. Justicia real. Hacer visible todas esas zonas oscuras en las que a un estado se le permite cometer abusos inaceptables. Y para hacer esto necesitamos la mirada escudriñadora del exterior. Esta atención debe servir, ante todo, para exigir una resolución del conflicto política, más que judicial.

El Estado español debe honrar lo que ha repetido tantas veces durante los años de terrorismo: una vez que acabe la violencia podremos sentarnos a hablar de todo. Nosotros, los que apoyamos la independencia de Catalunya, nunca hemos elegido la violencia. Muy por el contrario. Pero ahora nos encontramos con que era mentira cuando nos decían que todo se podía hablar.

Debe ser incómodo para aquellos que han dado su apoyo incondicional y acatamiento ciego al gobierno de Mariano Rajoy, pero vamos a defender nuestros derechos hasta el final. Porque está en juego mucho más que nuestro futuro personal: está en juego la democracia misma.

Traducción de Lucía Balducci