En los últimos días ha venido a saberse que el Área Metropolitana de Barcelona quedará excluida del reparto y la gestión de los fondos europeos “Next Generation”. El gobierno del Estado ha previsto, mal que bien, la participación en los planes de recuperación de municipios, mancomunidades, provincias y comunidades autónomas, pero no de la única administración metropolitana realmente existente en nuestro país. La sola manera de sacar adelante los proyectos previstos por ésta, que suponían más de 2.700 millones de euros, sería fragmentarlos municipio a municipio. 

La situación supone, claro está, un obstáculo destacado para la recuperación económica y el bienestar social de un territorio de 36 municipios, en el que viven y conviven unos 3,3 millones de ciudadanos, aproximadamente los mismos que residen en la ciudad de Madrid. Se trata de un área estrechamente interdependiente, en la cual la gestión integrada de cuestiones previstas en los programas europeos -como el transporte, el medio ambiente o la transición energética- es una exigencia imprescindible. 

El episodio contrasta poderosamente con la realidad de Alemania, Italia o Francia donde regiones metropolitanas (Europäische Metropolregionen, “città metropolitane” y “communautés d’agglomération”) están teniendo, respectivamente, un papel muy destacado la gestión de los planes de recuperación. Llama asimismo poderosamente la atención que la cuestión no haya sido prevista por un gobierno progresista del que, además, forman parte tres ministros barceloneses, cada uno de los cuales ha defendido, de manera reiterada, las virtudes de la gestión a escala metropolitana. 

Lejos de tratarse de una anécdota o una simple peripecia administrativa, el caso de la gestión de los fondos europeos evidencia, de nuevo, una de las principales carencias del gobierno del territorio en España. Como en el conjunto de Europa, las áreas urbanas de nuestro país han tendido a expandirse, abarcando espacios siempre más vastos, incluyendo en su interior un elevado número de municipios. Los más recientes ejercicios de delimitación de las áreas metropolitanas en España han estimado que estas abarcan más de 1.300 municipios, en los que reside cerca de dos tercios de los habitantes del país. De hecho, las seis mayores áreas urbanas –Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Bilbao- albergan, en su conjunto, casi el 40% de la población total. 

Pues bien, se da la paradoja de que la consolidación de la realidad metropolitana ha coincidido en España con la desaparición de las administraciones específicamente destinadas a gobernarla. Un hecho que constituye una remarcable anomalía en el contexto europeo. Así, a partir de los años 80 del siglo pasado, la progresiva devolución de competencias a las nacionalidades y regiones se vio acompañada por la disolución de las entidades que, de modo incipiente e imperfecto, coordinaban el planeamiento y la prestación de servicios en las principales ciudades. Este fue también el caso de Barcelona, al que hemos hecho referencia; pero allí, en 2010, a diferencia de lo que ocurrió en Bilbao o Valencia, se reinstauró, a instancias del gobierno de progreso en la Generalitat, una administración metropolitana, de aquí la excepcionalidad.  

Las carencias en materia de gobierno metropolitano no son, sin embargo, atribuibles en exclusiva a las Comunidades Autónomas. La Administración General del Estado ha dado en los últimos años reiteradas muestras de su incapacidad de entender y propiciar el correcto funcionamiento de un Estado compuesto. Pero esta incapacidad no se ha traducido solo en las pulsiones recentralizadoras con respecto a las Comunidades Autónomas, sino también en la desconfianza hacia los gobiernos locales y en la incomprensión de las potencialidades del gobierno metropolitano. No tener conciencia de las consecuencias de los costes de la no-metrópolis e ignorar la realidad de las regiones urbanas y metropolitanas en la organización territorial de un Estado compuesto, significa pérdida de oportunidades económicas, de sinergias, de ingresos, de eficacia y de coherencia en la formulación de políticas públicas.

Así, mientras en Alemania, Gran Bretaña, Italia o Francia las grandes ciudades disponen, con mayor o menor fortuna, de instancias de gobierno integradas, nuestras áreas urbanas se caracterizan por la fragmentación, la redundancia y el barroquismo administrativo. No se trata de una diferencia baladí. La gestión del transporte, de la energía, del ciclo del agua o de los residuos depende, en buena medida, de la eficiencia del gobierno urbano. La ordenación de los usos del suelo, la provisión de vivienda asequible y la rehabilitación de barrios requieren de la visión de conjunto y la voluntad equitativa. La transparencia administrativa, la capacidad de control sobre los poderes públicos y la correcta representación de la ciudanía penden tanto de la posibilidad de elegir a los responsables como de comprender el alcance de sus responsabilidades.  

La cuestión del gobierno metropolitano puede parecer uno de aquellos temas grises e intrincados, poco atractivos para la prensa y el debate público. De hecho, si alguna vez aparece en los medios de comunicación suele ser asociada a las pugnas partidistas o a pequeños conflictos locales. Sin embargo, la gobernanza de las áreas urbanas constituye un desafío político crucial y una de las más graves carencias de la arquitectura institucional de nuestro país. De ella dependen, en buena medida, la calidad de nuestra democracia y la equidad de nuestra sociedad ¿Hasta cuándo pospondremos afrontar este reto?   

“Mi alma se llenó de muy serios pensamientos acerca de la miseria que iba a cernirse sobre la ciudad, y de la infelicidad de quienes hubieran quedado en ella”. Así reflexionaba Daniel Defoe sobre la peste que afectó Londres en 1665. Leído hoy, su Journal of the Plague Year nos parece extrañamente cercano. Salvadas todas las distancias históricas, los paralelismos con nuestra situación actual no deberían sorprendernos. Las plagas han tenido una importancia crucial en el proceso de urbanización y han dado lugar a comportamientos hasta cierto punto recurrentes. Tanto es así, que en los últimos días diversos medios se preguntan sobre si la epidemia de la Covid-19 debería ser vista como un efecto del proceso de urbanización y, por lo tanto, como una demostración más de su inviabilidad social y ambiental.

De hecho, más que los eventuales efectos negativos de la urbanización, lo que la crisis actual pone en evidencia son sus contradicciones. La primera, la más obvia, es la derivada de la densidad. A lo largo de los siglos, la ciudad se ha caracterizado, ante todo, por la concentración de población y actividad en un espacio reducido. Así, hoy el 2% de la superficie de las tierras emergidas alberga más de la mitad de la población mundial.

Esta concentración ha resultado fundamental para el desarrollo económico y los avances sociales. Pero, al mismo tiempo, la facilidad y el número de los contactos supone un riesgo evidente en tiempo de epidemia. De aquí las fugas de población urbana ante las pestes, tan bien referenciadas en la literatura, de Boccaccio a Defoe y a Poe. De aquí, también, la identificación entre densidad e insalubridad que tanto preocupó a los higienistas decimonónicos, y propició, entre otros, el llamamiento “¡Abajo las murallas!” del barcelonés Pere Felip Monlau.

Ahora bien, la concentración supone también esperanza de salud. La atención sanitaria, en especial la que corresponde a los hospitales y los servicios especializados, se puede prestar más fácilmente en las ciudades. Las áreas urbanas concentran también los principales centros de investigación, los laboratorios y las universidades. Constituyen así los focos del avance científico y la innovación que permiten tratar enfermedades y aumentar de forma extraordinaria la esperanza de vida. La facilidad de contacto, esencia de la vida urbana, entraña ciertamente riesgo, pero hace más accesibles los servicios, eficientes los recursos y potencia innovación.

La segunda contradicción que evidencia la epidemia es la relativa a la desigualdad. Los primeros datos sobre la incidencia de la Covid-19 en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, muestran que la tasa de contagios del distrito de Nou Barris triplica la de Sarrià-Sant Gervasi. Son datos que deben interpretarse con cautela y que la evolución futura se encargará de verificar. Su explicación podría encontrarse, de nuevo, en la densidad, en la disposición del capital social necesario para procesar la información y en las condiciones del entorno. No es lo mismo, obviamente, confinarse en un apartamento espacioso, con posibilidad de practicar teletrabajo, que compartir una vivienda reducida y tener que desplazarse cada día para ir a trabajar. Como ha señalado Joan Benach, director del Grupo de Investigación de Desigualdades en Salud de la UPF, “la pandemia es una fuerte amenaza para los grupos de población y para los barrios más pobres y vulnerables”.

Nuestra relación con el entorno es otra contradicción de la urbanización que se hace patente ahora. La expansión de las epidemias no puede separarse de la forma en la que utilizamos los recursos y nos desplazamos sobre el espacio. Los cambios en los usos del suelo, la deforestación masiva, la mercantilización del agua y la energía, y la proliferación de viajes a larga distancia inciden sin duda en las condiciones de vida de la población y facilitan la expansión de las epidemias. También generan problemas de salud pública de gran alcance: las 400.000 muertes prematuras anuales que, según la European Environment Agency, provoca la contaminación del aire en los países de la UE resultan menos visibles, pero son igualmente trágicas que las debidas a la epidemia.

Finalmente, la situación actual pone de relieve también la cuestión crucial del gobierno de la ciudad y de la sociedad en su conjunto. En los últimos días, se han alzado voces alabando las virtudes del control de la población a la hora de combatir la epidemia. Los regímenes autoritarios dispuestos a emplear sin remilgos todos los instrumentos disponibles en este campo resultarían por ello particularmente eficientes. Por el contrario, los regímenes democráticos favorecerían el individualismo, dispondrían de menor capacidad de control y alcanzarían resultados peores.

El argumento es falaz por muchas razones. Ante todo, olvida la importancia de los sistemas públicos de salud y la movilización de la ciudadanía. En estos momentos está surgiendo una miríada de iniciativas solidarias, cruciales tanto desde el punto de vista sanitario como para paliar los efectos sociales de la crisis. Después de tantos años de individualismo y neoliberalismo, la epidemia evidencia la importancia de contar con poderes públicos fuertes y una ciudadanía responsable y movilizada.

La situación actual no supone tanto una impugnación de las formas de vida urbana sino de un sistema económico y unas relaciones sociales insostenibles desde el punto de vista ambiental y profundamente injustas desde el punto de vista humano. Más que buscar en la ciudad un conveniente chivo expiatorio, convendría pues transformar el modo como nos relacionamos con el entorno, distribuimos la riqueza y nos gobernamos. La presente crisis pone en evidencia que no disponemos de mucho tiempo para hacerlo.

El pasado mes de octubre, Óscar Arce, Director General de Economía y Estadística del Banco de España, afirmaba: “Vivir más es caro, comporta costes adicionales de todo tipo”. El envejecimiento poblacional –explicaba en la Jornada Institucional Previsión BBVA 2019- tiene profundos efectos en todos los ámbitos de la economía y pone en cuestión la sostenibilidad del sistema de pensiones. En este contexto deberían explorarse las posibilidades de promover y sacar el máximo partido del ahorro privado de los hogares. En particular, teniendo en cuenta el elevado porcentaje de las familias que son propietarias de la vivienda en la que residen, se deberían potenciar “productos financieros que permitan hacer más líquidas esas carteras inmobiliarias con las que llegan muchos españoles a la época de jubilación, por medio de productos financieros del tipo hipotecas inversas”. Dicho de otro modo, ante la previsible disminución de la “generosidad” de las pensiones, las personas jubiladas, deberían ir pensando en hipotecar su vivienda para “financiar parte de sus decisiones en consumo corriente”, es decir, para vivir.

La reflexión del representante del Banco Central enlaza con dos rasgos característicos del discurso hegemónico sobre la población y la vivienda en España: por una parte, el envejecimiento de la población –fruto del alargamiento de la esperanza de vida y la reducción de la fecundidad- nos aboca a una crisis demográfica; por otra, la vivienda no debe ser considerada tanto como el derecho básico que promulga la Constitución, sino un activo financiero que cada uno debe adquirir y con el que, eventualmente, negociar.

La preocupación por el envejecimiento ha reemplazado otros factores demográficos sobre los que mucho se había discutido en el pasado. Los miembros de mi generación, precisamente porque nos vamos haciendo viejos, podemos recordar cómo, en nuestra juventud, la crisis demográfica que llevaría la humanidad a la debacle no debía proceder tanto la estructura de la población, sino de su volumen. Eran los tiempos del informe del Club de Roma (1972), cuando el crecimiento aparentemente irrefrenable de los humanos –la “bomba demográfica”- agotaría de manera ineluctable los recursos mundiales.

Hoy, la paulatina disminución del crecimiento poblacional ha hecho evidente el error de aquellas previsiones y ha puesto de relieve el carácter en buena medida ideológico de los temores que estas suscitaron. Así, el discurso neomalthusiano ha dado paso a otra narrativa: la combinación de la baja fecundidad y el aumento de la esperanza de vida nos conducen al envejecimiento y a la decadencia demográfica. Así, la alarma acerca del volumen de la población ha sido sustituida por los temores sobre su estructura, la “bomba demográfica” por el “invierno demográfico”, Malthus por Spengler.

El envejecimiento, se nos dice, que tiene su origen en el cambio de valores individuales y colectivos, entraña riesgos enormes para las sociedades europeas: su pérdida de peso en el contexto mundial, la imposibilidad del reemplazo generacional y la incapacidad de frenar la inmigración foránea que acabará “fundiendo nuestras virtudes raciales”, como advertía ya en los años treinta del siglo pasado el ilustre demógrafo Josep Antoni Vandellós. A ello debe sumarse la imposibilidad de pagar las pensiones y, por ende, de proveer a la población una vejez digna.

Hete aquí como dos triunfos humanos extraordinarios -la progresiva emancipación de la mujer y la prolongación de la esperanza de vida- han acabado siendo presentados como un problema. Se olvida así una larga serie de factores que los demógrafos no se cansan de recordar: las transformaciones en curso han permitido la incorporación de la mujer al mercado laboral, aumentar la proporción de personas que cotizan durante largos años, mejorar la formación de la población e incrementar extraordinariamente la productividad. Se obvia, asimismo, que la disminución de la fecundidad no comporta necesariamente la reducción de la población, que los hijos viven mejor y durante más tiempo y que las migraciones deben ser consideradas hoy un factor estructural en la reproducción de las sociedades. Pero su voz se pierde, no en el desierto sino en el ruido atronador de las falsedades mil veces repetidas por los medios y las redes sociales. La “crisis demográfica” está aquí y se utiliza para justificar todo tipo de medidas regresivas: de la privatización de servicios públicos a la reducción de prestaciones sanitarias y la fragilización del sistema público de pensiones.

El discurso catastrofista en materia de envejecimiento coincide con la vulgata sobre la vivienda, aquella que proclama que, lejos de constituir un derecho básico, la vivienda debe ser vista ante todo como un bien de inversión, definido esencialmente por su valor de cambio. El mecanismo que mejor puede proveer este bien es el mercado y cualquier interferencia de los poderes públicos tendrá efectos deletéreos. Así, contra toda evidencia, se afirma que la liberalización del suelo hará bajar los precios, que la provisión de vivienda protegida comportará el aumento de los precios en el mercado libre, que la población prefiere de manera natural la propiedad como régimen de tenencia y que la gestión pública de la vivienda –ya sea pública o cooperativa- conduce indefectiblemente a la ineficacia y al fracaso.

Era cuestión de tiempo que ambos discursos, el relativo a los riesgos del envejecimiento y la doctrina acerca de la liberalización de la vivienda, acabaran convergiendo. Así, se afirma, la solución al problema –por otra parte, innegable- de las pensiones no debería pasar tanto por propiciar el pleno empleo, favorecer la incorporación de las mujeres al mundo laboral, elevar los salarios (y las cotizaciones) diezmados por la reforma laboral o financiar parte de su coste a través de impuestos. No, la solución debe buscarse en la vivienda. De este modo, cada uno, después de haber pasado buena parte de la vida pagando al banco para disponer de un lugar para vivir, al alcanzar la vejez deberá retornar su propiedad a la institución financiera para suplir las pensiones menguantes. “Vivir más es caro”. Acumulación por desposesión, lo llaman.

1. Ascenso y declive de los ayuntamientos del cambio

En mayo de 2015, un conjunto de fuerzas políticas nacidas de movilizaciones ciudadanas conquistaron el gobierno de Madrid, Barcelona, Zaragoza, La Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela y Cádiz. La práctica totalidad de la cabecera del sistema urbano español quedaba así gobernada por alcaldes y alcaldesas que tenían en común su orientación progresista y su falta de obediencia a los partidos políticos tradicionales.

Puesta en perspectiva histórica, la irrupción de estas fuerzas en la política municipal guardaba ciertas similitudes con la llegada de las fuerzas progresistas a los ayuntamientos la primavera del año 1979, después de las primeras elecciones municipales democráticas. Los nuevos gobiernos venían impulsados por los movimientos sociales, no pertenecían al establishment existente, levantaban grandes expectativas y propugnaban una agenda política fuertemente innovadora.

Cuatro años después, los resultados de las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019 señalan el eclipse de estas experiencias en la práctica totalidad de ciudades donde estas habían triunfado. Incluso allí donde han conservado una cierta fuerza o capacidad de maniobra, incluso allí donde puedan mantener la alcaldía, las fuerzas políticas que ganaron hace cuatro años en las principales ciudades españolas han perdido empuje propulsivo y capacidad transformadora.

Resultaría prematuro intentar ahora, en una nota de urgencia, ensayar el balance de estas experiencias. Como prematuro sería, asimismo, dar por resueltos los problemas que las ha impulsado y por amortizadas las políticas que han querido llevar a cabo. Sin embargo, vemos en estos días cómo, de manera más o menos interesada, se destaca el carácter episódico y fugaz de los ayuntamientos del cambio, y se les empieza a describir como una anomalía histórica escasamente relevante.

Ante estas previsibles lecturas, que se apresuran a dar estas experiencias por enterradas, resulta conveniente señalar sus fortalezas y reivindicar los muchos aspectos positivos de su legado. Asimismo, conviene reflexionar sobre las debilidades que se encuentran en el origen de su declive. Finalmente, y esto es seguramente lo más importante, hay que debatir hasta qué punto las propuestas de los ayuntamientos del cambio continúan vigentes y analizar la forma como su experiencia puede proyectarse hacia el futuro. A dichos fines dedicaremos estas notas.

2. Las fortalezas: las bases de un legado difícilmente reversible

La primera aportación positiva de los nuevos gobiernos municipales ha sido el cambio de temas y prioridades en la agenda política de los gobiernos locales. Mientras en períodos inmediatamente anteriores los ayuntamientos de las grandes ciudades habían estado sobre todo preocupados por el desarrollo urbanístico e inmobiliario y por la actividad empresarial, los ayuntamientos del cambio han tratado de desplazar el foco hacia las condiciones de vida de la ciudadanía. Así, han querido centrar su actuación en las políticas sociales, la vivienda asequible, la rehabilitación y la movilidad. El incremento del gasto social, los planes de rehabilitación de barrios, las medidas de contención del tráfico (super-illes en Barcelona, Madrid Central) y el fomento del transporte público son muestras de este cambio en las prioridades. Es aún temprano para evaluar los resultados de estas políticas, que presentan, obviamente, luces y sombras, pero el cambio de orientación en la agenda ha sido evidente.

Este nuevo orden de prioridades se ha acompañado por una voluntad bastante decidida de contrarrestar el poder de las grandes corporaciones y los intereses empresariales en la ciudad. Esta voluntad se ha hecho evidente por ejemplo en los litigios sobre la gestión del agua (en Madrid, en Barcelona, en Terrassa) y la energía (denuncia y acción contra la pobreza energética, fomento de operadores locales de energía). La voluntad de oponerse al poder omnímodo de las corporaciones económicas también se ha hecho evidente en los intentos de limitar los efectos perniciosos de las economías de plataforma (Uber, Airbnb), así como de regular los usos turísticos, preservando el espacio público y tratando de recuperar para la colectividad una parte más importante de sus beneficios. Estas actuaciones se han acompañado, con éxito diverso, del fomento de iniciativas de economía social y cooperativa, incluso priorizándolas en determinados procesos de contratación o concesión municipal.

La tercera aportación innovadora de los ayuntamientos del cambio ha sido la voluntad de transformar las formas de gobernar. Así, los avances en la participación ciudadana, ya iniciadas parcialmente en periodos anteriores, han sido ampliados con otras formas de implicación ciudadana. De este modo, los ayuntamientos han llamado a los vecinos no sólo a dar su opinión, sino también, en muchos casos, a contribuir al diagnóstico, establecer los objetivos, diseñar e incluso gestionar conjuntamente con la administración las actuaciones propuestas. Estos planteamientos han tenido por objetivo, además, mantener y fortalecer las prácticas ciudadanas y los movimientos reivindicativos que habían impulsado los cambios políticos en los ayuntamientos. El rendimiento de dichas iniciativas ha sido desigual, pero no hay duda de que han planteado bajo una nueva luz los temas de la democracia, la proximidad y la relación entre prácticas ciudadanas y gobiernos locales.

Los ayuntamientos del cambio se han mostrado también particularmente activos en el debate y las acciones relativas a las formas de vida y los valores sociales. Así, han proliferado las actuaciones sobre las cuestiones de género, el racismo, las actividades de cuidado y la acogida de refugiados o inmigrantes. Estas iniciativas, además de subvenir necesidades inmediatas y perentorias, han querido contribuir a “politizar la vida cotidiana”, como en alguna ocasión se ha afirmado. De nuevo, los efectos prácticos han sido variados, pero es posible que las aproximaciones críticas y transformadoras a la vida cotidiana hayan dejado una huella difícil de borrar.

Finalmente, en un contexto español y europeo cada vez más condicionado por debates basados en identidades y confrontaciones territoriales, los ayuntamientos del cambio han podido representar un elemento de estabilidad y de integración política. Se han dado así dos paradojas. Por un lado, estos gobiernos, que presuntamente eran impulsados por actitudes emocionales (la “indignación”, en primer lugar), han acabado destacando por su actitud racional en un contexto de creciente emotividad en la vida pública. Por el otro, mientras se había presumido que la presencia de elementos “antisistema” en el gobierno local tendría efectos deletéreos, los gobiernos del cambio han terminado preservando y fortaleciendo las instituciones ante la degradación, corrupción e instrumentalización a las que han sido sometidas por parte de fuerzas políticas tradicionales. Seguramente, tampoco es irrelevante, en un contexto como el español, que durante el último mandato no parece haberse producido ningún episodio destacado de corrupción en el gobierno de estas ciudades.

3. Las debilidades: limitaciones propias, hostilidad externa y contexto internacional

Este conjunto de elementos dibujan una ejecutoria y un legado bastante positivo. Sin embargo, el eclipse político de los ayuntamientos del cambio es hoy evidente. ¿Cuáles han sido los factores propios y de contexto que lo han propiciado? De nuevo, cualquier juicio terminante sería prematuro. Sin embargo, pueden señalarse los cinco factores siguientes.

El primer elemento que sin duda ha debilitado los proyectos de cambio local ha sido el languidecer de los movimientos ciudadanos que se encontraban tras la victoria de mayo de 2015. Un episodio similar tuvo lugar después de 1979, cuando las asociaciones de vecinos, que habían protagonizado las luchas ciudadanas y condicionado intensamente la vida local durante la Transición, iniciaron un progresivo declive. Tanto en un caso como en el otro, el descenso de la movilización puede explicarse por el clásico efecto desmovilizador de la victoria, por relativa que esta sea. En estos últimos cuatro años, sin embargo, la pérdida de conexión de los gobiernos locales con los movimientos y las prácticas ciudadanas ha sido, en la mayoría de los casos, muy rápido, hasta llegar a episodios de antagonismo. Los intentos de co-producir políticas y de jugar a ambos lados de la mesa —es decir, de ser a la vez gobierno y movimiento— han tenido una fortuna relativa y limitada.

Otro factor que ha contribuido al declive de los ayuntamientos del cambio ha sido el éxito escaso a la hora de articular instrumentos de acción política estables y cohesionados. Es cierto que pasar del movimiento a las instituciones y, al mismo tiempo, construir organizaciones políticas constituía una tarea colosal. Es posible también que el acceso prematuro a responsabilidades de gobierno —sin experiencia previa y sin haber consolidado las herramientas de movilización— haya propiciado el distanciamiento entre quienes se han integrado en las instituciones y quienes han seguido fuera. Pero no hay duda de que la fragmentación, las pugnas internas y, al final, la pérdida de unidad en la contienda electoral han pasado una pesada factura. Los movimientos que impulsaron los ayuntamientos del cambio mostraban una (justificada) desconfianza hacia los partidos políticos y sus mecanismos de funcionamiento. Pero la incapacidad de crear y consolidar “cuerpos intermedios” (partidos u organizaciones unitarias) para articular el impulso ciudadano, unificar los objetivos y dotarse de un programa ha sido una fuente de debilidad permanente y decisiva.

La tercera debilidad que ha condicionado la ejecutoria de las transformaciones locales ha sido la dificultad de formular proyectos alternativos para el desarrollo de las ciudades. Los movimientos que los impulsaron se habían caracterizado por la reivindicación de los derechos ciudadanos y la denuncia de las políticas neoliberales y la austeridad. A pesar de su carácter aparentemente ofensivo, desde el punto de vista de las políticas su esencia era en buena medida defensiva. Para adoptar estrategias de contenido ofensivo, que pudieran incidir permanentemente en la relación de fuerzas, habría sido necesario disponer de perspectivas de conjunto en el campo urbanístico, social, ambiental y económico. Pues bien, a pesar de la existencia de muy meritorias realizaciones parciales, se ha carecido de estos horizontes de referencia. La debilidad puede atribuirse, en parte, a limitaciones territoriales: la mayoría de los ayuntamientos del cambio ha gobernado sólo una pequeña parte de sus respectivas áreas metropolitanas. Este hecho contrasta con la evidencia de que ningún proyecto urbano efectivamente transformador puede emprenderse hoy sin abarcar los ámbitos metropolitanos realmente existentes. También ha faltado, obviamente, tiempo: en los inicios de la democracia, los ayuntamientos, incluso los más exitosos, tardaron casi una legislatura en definir proyectos de futuro para sus ciudades. Faltos del espacio y el tiempo adecuados, a los ayuntamientos del cambio les ha costado dibujar perspectivas de futuro viables y comprensibles.

Si las tres debilidades anteriores tienen, en buena medida, orígenes endógenos, hay que reconocer también que los ayuntamientos del cambio han tenido que moverse en un entorno especialmente hostil. Desde el primer momento, la práctica totalidad de los medios de comunicación, los poderes económicos y las fuerzas políticas establecidas mostraron una aversión abierta y una desconfianza extrema hacia ellos. Se han encontrado así en una situación bastante más negativa que los gobiernos locales de los inicios de la democracia, que, al menos, contaron con el apoyo de una parte de los medios. A esta animadversión declarada, que en ocasiones ha tomado connotaciones de resentimiento de clase, se han añadido las trabas impuestas desde el gobierno del Estado, los respectivas autonomías e incluso otros entes locales: la Ley de sostenibilidad y racionalización de la administración local, las carencias en la legislación en materia de vivienda, la elusión (y, a menudo, la deslealtad) de otras administraciones en materia de financiación y de prestación de servicios han supuesto un impedimento decisivo a lo largo del mandato.

Finalmente, hay que tener en cuenta que el advenimiento de los gobiernos del cambio coincidió con el inicio de un giro político en Europa. En 1979, los ayuntamientos democráticos iniciaron la construcción del Estado del bienestar local justamente en el momento en que este empezaba a ser desmantelado en buena parte de los países de Europa occidental. Pues bien, los ayuntamientos del cambio emprendieron su andadura cuando los movimientos ciudadanos en respuesta a la crisis económica —15-M en España, plaza Syntagma en Grecia, Occupy en Gran Bretaña, nuits debout en Francia— habían llegado al cenit de su influencia. A partir de entonces, empezaron a declinar, de tal manera que los temores y la indignación de los grupos sociales subalternos (clase trabajadora precaria, clase media) empezaron a expresarse a través de orientaciones políticas. Estas han adoptado a menudo connotaciones xenófobas, racistas y autoritarias. En el caso español, el estallido de sentimientos nacionalistas enfrontados —en Cataluña y en el conjunto de España— ha acabado constituyendo un factor de distracción formidable respecto a las reivindicaciones, la agenda y las actuaciones de los ayuntamientos del cambio. Más aún, el conflicto nacional ha sido explotado por parte de los contrincantes políticos para poner en dificultades del gobiernos locales del cambio, con un éxito, por cierto, muy notable.

4. Las perspectivas: la vigencia de las apuestas de fondo

La situación actual obliga a plantearse si el declive de los ayuntamientos del cambio constituye sólo una interrupción de la experiencia o, por el contrario, en conlleva su liquidación definitiva. De entrada, debe constatarse que las problemáticas que llevaron al advenimiento de los gobiernos locales del cambio perduran. Las penurias que afectan a una parte sustantiva de la población continúan y, en no pocas ocasiones, se agravan, pese a que según los indicadores económicos la crisis iniciada en 2008 habría quedado superada. Ni que decir tiene, asimismo, que otras contradicciones sociales básicas, como las cuestiones de género o la problemática ambiental, siguen sin conocer mejoras sustantivas. Ninguna de las fuerzas políticas tradicionales —ni en España, ni en Europa— parece, de momento, capaz de vehicular una respuesta efectiva a estas problemáticas de fondo. El espacio para unas políticas alternativas continúa, pues, existiendo y parece indicar la necesidad de fuerzas políticas capaces de articularlas a escala local y supra-local.

Un segundo elemento que señala la vigencia de la apuesta de ayuntamientos transformadores es la relevancia de la escala local en un mundo globalizado. Como se ha explicado tantas veces, la interdependencia económica y la integración de las ciudades en redes globales, lejos de reducir la importancia de los factores locales tienden a exaltarla. Así, las diferencias entre áreas urbanas resultan decisivas tanto a la hora de atraer inversiones y actividad, como en las condiciones de vida de la población. Por ello, las políticas elaboradas y aplicadas en las ciudades ganan una importancia cada vez más alta, ante el relativo debilitamiento de los Estados. En este contexto, la posibilidad de levantar alternativas desde el ámbito local parece particularmente decisiva. Lo será más todavía, si las ciudades consiguen coordinar sus estrategias y construir alianzas para hacer frente a grandes corporaciones e influir sobre las instituciones estatales o europeas. El futuro de los gobiernos locales del cambio depende, en buena medida, de su capacidad de “re-escalar” sus políticas e influencia.

El tercer elemento que ratifica la necesidad de la reconstrucción de la experiencia es la vigencia de la agenda de los ayuntamientos del cambio. Como se ha indicado, ante el incremento de la desigualdad, la crisis habitacional, los retos ambientales y la discriminación de género esta ha puesto en primer plano la equidad social, la vivienda, la sostenibilidad y las políticas feministas. Los ayuntamientos del cambio han ensayado asimismo nuevas formas de gobernar destinadas a reducir la distancia entre ciudadanía e instituciones, y han promovido la organización colectiva frente a la fragmentación y la individualización social. Tanto desde el punto de vista del contenido como de los instrumentos, se trata de una agenda que, lejos de perderla, gana actualidad cada día.

El cuarto aspecto que permite afirmar la pertinencia de experiencias transformadoras locales es la necesidad de los sectores más desfavorecidos de contar con herramientas de movilización social. La experiencia de las últimas décadas muestra que transformaciones decisivas sólo tienen lugar cuando una parte consistente de la ciudadanía se moviliza para defender sus intereses. Además, el hecho de disponer de instrumentos de movilización capaces de proponer alternativas progresistas es la única garantía de que la indignación social no acabe siendo canalizada e instrumentalizada por fuerzas reaccionarias y totalitarias como, por desgracia, ya ocurre. La construcción de estos instrumentos requiere a menudo una maduración lenta, pero es un requisito imprescindible para consolidar proyectos de transformación social.

Finalmente, la razón última para reivindicar su continuidad es el impacto positivo que la experiencia de los ayuntamientos del cambio ha tenido ya en las ciudades que han gobernado y en el conjunto de la sociedad. Se han podido producir, sin duda, episodios de sectarismo, de inexperiencia y de ingenuidad, pero en conjunto, las políticas aplicadas por los ayuntamientos, así como la movilización de energías sociales que han propiciado, han permitido avances positivos en campos muy diversos. No en vano, su ejecutoria ha atraído incluso la atención internacional. Por ello, urge ahora capitalizar, debatir y explicar la experiencia, evitando dejar el balance en otras manos, previsiblemente interesadas en ofrecer una versión negativa. Y resulta asimismo perentorio dotarse de las estrategias y los instrumentos necesarios para dar continuidad a los proyectos transformadores en nuestras ciudades.

Quienes se dedicaron durante cuatro años –partidos, poderes establecidos y medios de comunicación– a hostigar al gobierno municipal de los 'comuns' y de Ada Colau reclaman ahora a la alcaldesa de Barcelona que les resuelva una situación incómoda para sus intereses. La presunta ambigüedad en el tema nacional que le han reprochado sin tregua le es ahora valorada como un expediente útil para cerrar el paso a sus respectivos contrincantes. Paradojas de la política.

No es quizá el momento para entretenerse en reproches. Hay motivos para que los 'comuns' y Colau acepten esta instrumentación y, a su vez, intenten instrumentalizar a sus aliados de ocasión. Conservar la alcaldía y una posición sólida en el ejecutivo municipal le permitiría llevar adelante lo mejor de la obra de gobierno desarrollada en los últimos años y corregir lo pendiente por falta de tiempo o de experiencia. A la vez, mantener el protagonismo simbólico que comporta la alcaldía de la capital de Catalunya tendría ventajas innegables en más de un escenario. En el escenario local, daría mayor consistencia a un movimiento político que se encuentra todavía en fase de consolidación. Lo mismo puede decirse para el escenario español en el que “los ayuntamientos del cambio” han corrido peor suerte. Incluso en el escenario global, la presencia de Colau en la alcaldía reforzaría su reconocido papel internacional en el impulso de políticas capaces de contrarrestar las derivas reaccionarias que contemplamos en muchos países.

Sin embargo, este balance se hace bastante menos concluyente si se tiene en cuenta el contexto en que debe adoptarse una decisión que va más allá de su incidencia local, por importante que esta sea como lo es en el caso de Barcelona. Los demás jugadores relevantes en este tablero lo han dejado claro desde la misma noche electoral al señalar sus objetivos principales: para unos, impedir el acceso del independentismo al gobierno de la ciudad; para otros, convertir a Barcelona en la capital de la “república soñada”. Solo Colau, al reconocer que no había conseguido la clara victoria electoral que esperaba, señaló su preferencia por una opción de gobierno de izquierdas para dar a la mayoría progresista del electorado la respuesta que tenía derecho a esperar.

A primera vista, no parece difícil identificar objetivos programáticos compartidos por las tres fuerzas –ERC, BComú y PSC– que se sitúan a la izquierda del espectro político y que reúnen más del 61 por ciento de los votos y el 68 por ciento de los concejales. Podrían compartir un programa de gobierno con tres ejes principales: primero, impulso de los derechos ciudadanos en el ámbito de la vivienda, el espacio público, el transporte, el empleo de calidad y el acceso a los servicios básicos; segundo, defensa y mejora de la calidad ambiental en materia de gestión del agua y la energía, reducción de la contaminación y adaptación al cambio climático; tercero, prácticas de decisión basadas, por un lado, en la proximidad y, por el otro, en la imprescindible articulación de la realidad metropolitana.

Al mismo tiempo y con su propuesta de gobierno de izquierda, Colau intenta también desactivar la estéril e irritante dinámica de los dos frentes nacionalistas a la que una parte sustantiva de la ciudadanía no se ha dejado arrastrar. Promover esta desactivación trasciende la realidad barcelonesa y catalana, favoreciendo un marco de diálogo a escala estatal. Se reclama ahora a Colau y a los 'comuns' que renuncien a este objetivo, aceptando una opción que será interpretada como un reforzamiento de los frentes antedichos con el fin de conservar la alcaldía. En último término, un paso atrás en el camino por definir espacios de encuentro que a medio plazo permitan desbloquear la actual parálisis mediante una negociación inevitable.

Programa de gobierno progresista y contribución significativa a rehacer los tan invocados “puentes” para un diálogo posterior parecen argumentos de peso para contrarrestar vetos cruzados que se oponen a un gobierno de este tipo. Son vetos fundados en sendas desconfianzas: desconfianza sobre la capacidad de ERC para resistir el acoso permanente de su competidor directo –el PDeCAT puigdemontista– y desconfianza sobre la capacidad del PSC para mantener su autonomía frente a un PSOE cuya dirección se encuentra todavía en fase de consolidación. No son incógnitas menores.

Pero si se dan garantías explícitas de que estas formaciones intentarán salvaguardar su compromiso de gobierno municipal compartido frente a injerencias externas, la coalición a tres bandas es posible. Es lo que agradecería muy probablemente la mayoría ciudadana de Barcelona que se ha pronunciado claramente en favor de políticas progresistas y que desde hace tiempo reclama negociación y no enfrentamiento para encauzar el contencioso nacional. En todo caso, si se frustra este acuerdo sobre el gobierno municipal, no podrá achacarse la responsabilidad del desenlace a quienes desde el primer momento han propugnado una salida más constructiva para la ciudad y para el país.

Els plantejaments binaris no responen a la realitat de la societat catalana, on conviuen no dos, sinó múltiples cultures i llengües, de manera que molts ciutadans no sabrien (ni voldrien) definir la seva condició en termes excloents.

“He de confessar que sent jove em va fer molta impressió la lògica dialèctica davant de l'aristotèlica:” A “o” no A “, diu Aristòtil. O som o no som.” A “i” no A “diuen Hegel i Marx. És dir, som i no som ”. Així escrivia Pasqual Maragall el 2002, poc abans d'assumir la presidència de la Generalitat.

Un dels efectes més preocupants de la crisi catalana d'aquests últims anys és, precisament, la imposició d'una lògica binària en relació a la qüestió nacional, una lògica allunyada de la complexitat i, encara més, de la dialèctica: cal ser necessàriament “espanyol” o “català”, “unionista” o “independentista”. Aquells que tracten d'escapar d'aquests plantejaments són ratllats, despectivament, d’“equidistants”, “ambigus” o coses pitjors.

L'evolució vertiginosa dels esdeveniments en els dos últims mesos ha exacerbat encara més aquesta dinàmica. Així, la vella admonició d'Antonio Gramsci contra els indiferents, “viure significa prendre partit”, ha estat utilitzada de manera reductiva en discursos i cartells per indicar que havia de triar de manera indefectible entre dos contraris, entre blanc o negre.

Ara bé, els plantejaments binaris no responen a la realitat de la societat catalana, on conviuen no dos, sinó múltiples cultures i llengües, de manera que molts ciutadans no sabrien (ni voldrien) definir la seva condició en termes excloents. Precisament, el que està en crisi a tot Europa és la noció de l'Estat westfalià, on el conjunt de la població compartiria la mateixa cultura, la mateixa llengua, les mateixes creences, la mateixa “identitat”.

D'altra banda, en termes polítics, els posicionaments dicotòmics porten a la configuració de blocs antagònics i desplacen la discussió sobre qualsevol altre tema. De fet, no hi ha cap dubte que aquells que, des dels governs de la Generalitat i de l'Estat, han encapçalat la deriva dels darrers temps han obtingut un èxit notable en desviar l'atenció d'altres qüestions incòmodes pobresa, corrupció - i en bloquejar l'ascens de forces polítiques i moviments que podien posar en risc la seva preeminència.

Avui, el major perill que existeix en la societat i en la política catalana és la consolidació d'aquests fronts tancats i antagònics. El frontisme sobre la qüestió nacional enquistaria inevitablement el conflicte i dificultaria el seu tractament durant dècades, tal com demostren les experiències d'Euskadi i d'Irlanda del Nord, per posar només dos exemples. D'altra banda, si es transmetés al conjunt del cos social, el frontisme podria acabar danyant el fonament bàsic de la nostra societat: la voluntat que la riquesa de la diversitat no es converteixi mai en motiu de discriminacions o fractures.

Així doncs, davant les eleccions del proper mes de desembre i en l'etapa que seguirà, s'ha d'evitar per tots els mitjans la formació de dos blocs antagònics irreconciliables, i potenciar en la mesura possible les posicions que busquin un punt de trobada i una sortida dialogada. No serà una empresa fàcil i els últims esdeveniments -la declaració d'independència del 27 d'octubre, la repressió de l'1 d'octubre, la intervenció de l'autonomia i l'empresonament de bona part del govern electe- dificulten molt aquesta tasca. Però sense aplicar-se a ella no serà possible trobar alguna sortida al laberint en què ens trobem.

En aquest context, els poders locals de Catalunya poden tenir un paper decisiu. Fins ara, en una situació polaritzada per l'enfrontament entre els governs de la Generalitat i de l'Estat, el paper dels ajuntaments ha corregut el risc d'aparèixer com a subsidiari o instrumentalitzat. Ara, amb la Generalitat escapçada i el govern de l'Estat llançat a una ofensiva recentralitzadora, la representativitat i legitimitat dels governs locals prenen un relleu particular. Són l'administració més propera a la ciutadania i el seu posicionament podria resultar clau per trencar la polarització i apropar, en la mesura del possible, una sortida negociada que és el que desitja la majoria de la ciutadania catalana.

Especial rellevància tindria en aquest context un pronunciament conjunt dels alcaldes i alcaldesses de les principals ciutats de Catalunya per exigir la reconducció de la situació present. Davant la intransigència repressiva i la ceguesa política del Govern de l'Estat, davant els errors difícilment excusables i les presses temeràries de l'independentisme, podria proposar-se que aquesta reconducció partís de tres pilars: la recuperació plena de l'autogovern mitjançant la derogació de les mesures derivades de l'aplicació de l'article 155; la posada en llibertat de tots els que -per raons polítiques- es troben ara en presó preventiva i, finalment, l'expressió directa de la voluntat popular en un referèndum acordat sobre el futur institucional de Catalunya. Una declaració dels ajuntaments de les principals ciutats de Catalunya en aquests termes no podria ser ignorada per les forces polítiques que concorrin a les eleccions, ni pels poders de l'Estat, ni tampoc per les institucions europees. I constituiria un raig de llum per a la ciutadania.

Los planteamientos binarios no responden a la realidad de la sociedad catalana, donde conviven no dos, sino múltiples culturas y lenguas, de tal manera que muchos ciudadanos no sabrían (ni querrían) definir su condición en términos excluyentes.

“Debo confesar que siendo joven me hizo mucha impresión la lógica dialéctica frente a la aristotélica:” A “o” no A “, dice Aristóteles. O somos o no somos. ”A“ y ”no A“ dicen Hegel y Marx. Es decir, somos y no somos”. Así escribía Pasqual Maragall en 2002, poco antes de asumir la presidencia de la Generalitat.

Uno de los efectos más preocupantes de la crisis catalana de estos últimos años es, precisamente, la imposición de una lógica binaria en relación a la cuestión nacional, una lógica alejada de la complejidad y, aún más, de la dialéctica: hay que ser necesariamente “español” o “catalán”, “unionista” o “independentista”. Aquellos que tratan de escapar de estos planteamientos son tachados, despectivamente, de “equidistantes”, “ambiguos” o cosas peores.

La evolución vertiginosa de los acontecimientos en los dos últimos meses ha exacerbado todavía más esta dinámica. Así, la vieja admonición de Antonio Gramsci contra los indiferentes, “vivir significa tomar partido”, ha sido utilizada de manera reductiva en discursos y carteles para indicar que había que elegir de manera indefectible entre dos contrarios, entre blanco o negro.

Ahora bien, los planteamientos binarios no responden a la realidad de la sociedad catalana, donde conviven no dos, sino múltiples culturas y lenguas, de tal manera que muchos ciudadanos no sabrían (ni querrían) definir su condición en términos excluyentes. Precisamente, lo que está en crisis en toda Europa es la noción del Estado westfaliano, donde el conjunto de la población compartiría la misma cultura, la misma lengua, las mismas creencias, la misma “identidad”.

Por otra parte, en términos políticos, los posicionamientos dicotómicos llevan a la configuración de bloques antagónicos y desplazan la discusión sobre cualquier otro tema. De hecho, no hay ninguna duda de que aquellos que, desde los gobiernos de la Generalitat y del Estado, han encabezado la deriva de los últimos tiempos han obtenido un éxito notable en desviar la atención de otras cuestiones incómodas -pobreza, corrupción - y en bloquear el ascenso de fuerzas políticas y movimientos que podían poner en riesgo su preeminencia.

Hoy, el mayor peligro que existe en la sociedad y en la política catalana es la consolidación de estos frentes cerrados y antagónicos. El frentismo sobre la cuestión nacional enquistaría inevitablemente el conflicto y dificultaría su tratamiento durante décadas, tal como demuestran las experiencias de Euskadi y de Irlanda del Norte, por poner sólo dos ejemplos. Por otra parte, si se transmitiera al conjunto del cuerpo social, el frentismo podría acabar dañando el fundamento básico de nuestra sociedad: la voluntad de que la riqueza de la diversidad no se convierta nunca en motivo de discriminaciones o fracturas.

 Así pues, ante las elecciones del próximo mes de diciembre y en la etapa que seguirá, debe evitarse por todos los medios la formación de dos bloques antagónicos irreconciliables, y potenciar en lo posible las posiciones que busquen un punto de encuentro y una salida dialogada. No será una empresa fácil y los últimos acontecimientos -la declaración de independencia del 27 de octubre, la represión del 1 de octubre, la intervención de la autonomía y el encarcelamiento de buena parte del gobierno electo- dificultan mucho esta tarea. Pero sin aplicarse a ella no será posible encontrar alguna salida al laberinto en el que nos encontramos.

En este contexto, los poderes locales de Cataluña pueden tener un papel decisivo. Hasta ahora, en una situación polarizada por el enfrentamiento entre los gobiernos de la Generalitat y del Estado, el papel de los ayuntamientos ha corrido el riesgo de aparecer como subsidiario o instrumentalizado. Ahora, con la Generalitat descabezada y el gobierno del Estado lanzado a una ofensiva recentralizadora, la representatividad y legitimidad de los gobiernos locales toman un relieve particular. Son la administración más cercana a la ciudadanía y su posicionamiento podría resultar clave para romper la polarización y acercar, en la medida de lo posible, una salida negociada que es lo que desea la mayoría de la ciudadanía catalana.

Especial relevancia tendría en este contexto un pronunciamiento conjunto de los alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades de Cataluña para exigir la reconducción de la situación presente. Ante la intransigencia represiva y la ceguera política del Gobierno del Estado, ante los errores difícilmente excusables y las prisas temerarias del independentismo, podría proponerse que dicha reconducción partiera de tres pilares: la recuperación plena del autogobierno mediante la derogación de las medidas derivadas de la aplicación del artículo 155; la puesta en libertad de todos los que -por razones políticas- se encuentran ahora en prisión preventiva y, finalmente, la expresión directa de la voluntad popular en un referéndum acordado sobre el futuro institucional de Cataluña. Una declaración de los ayuntamientos de las principales ciudades de Cataluña en estos términos no podría ser ignorada por las fuerzas políticas que concurran a las elecciones, ni por los poderes del Estado, ni tampoco por las instituciones europeas. Y constituiría un rayo de luz para la ciudadanía.