1.- ¿Es necesario reflexionar, debatir, construir un relato renovado para la Comunitat Valenciana, el relato de un nuevo valencianismo en esta nueva era? Quizá no sea imprescindible. Pero sí muy útil. Entendemos aquí por relato el conjunto de discursos que articulen las diversas prácticas sociales referidas al territorio y al conjunto de la población valenciana, dándoles un horizonte de sentido. Tal cosa aporta significados simbólicos a la acción y ayuda a promover la cohesión territorial y social.

2.- El nuevo relato debe ser laico, negando cualquier sentido de trascendencia, cualquier esencialidad historicista al pueblo valenciano. La Historia es una herramienta cultural y científica de conocimiento pero no puede ser un determinante absoluto del futuro, una prisión para la imaginación política. Demasiadas veces los valencianos y valencianas, o una parte minoritaria de ellos, entendiendo debatir sobre lo que somos, debatieron sobre lo que fuimos o, mejor dicho, sobre lo que creímos haber sido o sobre lo que nunca llegamos a ser. Contra la nostalgia, casi siempre injustificada, debemos centrarnos en el ser histórico actual, en nuestra modernidad, y superar el deber ser como un castigo emocional. Apostando por la consolidación una identidad proyecto más que por una identidad para la resistencia, recordando a Castells. En tiempos de repliegue, de sociedades paralelas o rotas, de resurgir de nuevas identidades y de fracturas culturales, la realidad social y cultural, hoy mayoritaria en la CV, permite pensar en esa posibilidad de apostar por una identidad proyecto como una de sus fortalezas, legitimadora y con capacidad de construir más sociedad civil.

3.- El nuevo relato no puede construirse como glosa de paradigmas anteriores ni como negación de los mismos. No puede tomar como referencia el ser fusteriano o antifusteriano, sino los cambios de la realidad valenciana. En cierto modo los paradigmas previos deben ser objeto de crítica intelectual, tanto en su contenido discursivo como en sus consecuencias prácticas. Esa crítica deberá partir no tanto de sus resultados, como de la ausencia de un uso de las categorías que permiten en la actualidad una mejor comprensión de los fenómenos identitarios y nacionales y que no fueron utilizados en los años 60 o 70 del siglo XX.

4.- El nuevo relato debe ser necesariamente plural, porque la sociedad valenciana es plural respecto de casi todo y, también, en la compresión de la realidad y ubicación colectiva de la CV. La ausencia de esa posibilidad, de ese deseo de construir consensos en lugar de afirmar segmentos particulares de tipo simbólico, ha provocado que los redundantes estudios marquen que la autoconciencia propia de los valencianos sea de las más bajas de España. Se trata, por lo tanto, de favorecer unos marcos de comprensión, de elaboración y de acción para una mayoría, con la participación de esta desde su necesaria pluralidad. En un tiempo nuevo en el que los “divisores” son más pasado que presente o futuro, es posible definir un propósito colectivo apelando a la dignidad y en cierta forma al orgullo- como pueblo, apostando por el reconocimiento de identidades más amplias e integradoras, evitando caer en el riesgo de la fragmentación de discursos para cada una de las identidades o sectores cada vez más recluidos en sus propios silos o relatos culturales. Una identidad proyecto, inclusiva y respetuosa con la realidad diversa, debe fundamentarse en tres pilares: justicia social, justicia ambiental y cohesión territorial. Solo de esa forma el conjunto de la sociedad valenciana recuperará seguridad, confianza en el sistema democrático y en sus instituciones y alejará de su imaginario el miedo y el resentimiento.

5.- El nuevo relato debe ser nítidamente cívico, sin que ninguna consideración pueda situarlo por encima, o por debajo, del respeto estricto a las instituciones autonómicas, a los valores y principios del Estado social y democrático de Derecho y a las reglas y normas establecidas por los representantes de la sociedad valenciana. Ese conjunto normativo -incluyendo las propuestas pertinentes de reforma, en especial para incrementar de forma efectiva el autogobierno- debe configurar el marco de actuación e integrar pluralidad y consenso. Pero también reivindicación y defensa de los intereses generales cuando se entienda que no se garantiza el principio de igualdad.

6.- El principal factor de realidad para una autocomprensión debe ser la evolución y situación de la economía valenciana, con sus formidables desafíos, debilidades y fortalezas, y sus derivaciones en términos de desigualdades y precariedad. Ponernos ante el espejo de nuestra relativa pobreza colectiva, que lastra el crecimiento del capital social o las políticas de inclusión, educación, sanidad, dependencia y los retos ligados al envejecimiento, debe ser la principal cuestión, para asociarla con energía con las reivindicaciones sobre la deuda histórica y el déficit de financiación. La economía valenciana no puede ser una economía de extracción para su reparto en otros territorios, lo que no tiene nada que ver con la solidaridad.

7.- El segundo factor de realidad sobre el que edificar nuevas reflexiones es la importancia esencial del territorio. Es imperiosa la defensa de la cohesión la calidad del territorio, desde un punto de vista social, medioambiental y de su articulación. Sin esta prioridad no hay posibilidad de cimentar una nueva modernidad ni se fortalecerán consensos duraderos. Más allá de debates sobre capitalidad, lo urgente es avanzar en la puesta de marcha de nuevas forma de gobernanza para las regiones urbanas y metropolitanas y en el fortalecimiento de la relación rural-urbano. Es necesario concretar nuevos mecanismos de vertebración, en especial fórmulas flexibles de acción común en redes de ciudades y la apreciación igualitaria del valor identitario de cada comarca y grupo de comarcas -para algunos identificables con las provincias-, no entendidas como realidades inmóviles sino abiertas, en permanente transición. Ni la lengua ni las tradiciones pueden ser factores de clasificación ideológica de ciudades o comarcas.

8.- En el nuevo relato lo cultural y simbólico no puede conceptuarse desde la obsesión por la conservación de lo recibido, sino por su apertura a las nuevas demandas y prácticas sociales, así como por su ambigua pero penetrante presencia en el ámbito de la economía digital y de los escenarios de la globalización. La lengua propia es una gran fortaleza y no fuente de conflicto. Y como tal debe ser entendido. Lo lingüístico juega un papel importante, pero no puede ser decisivo. La CV es bilingüe -y avanza al trilingüismo-. Esto es un hecho dinámico pero no provisional, ni negativo. El dualismo valenciano, como herencia histórica, no puede seguir viviéndose como anormalidad -no somos un pueblo anómalo, no hay pueblos anómalos en una democracia-. Evidentemente el castellano está suficientemente afianzado y protegido y el valenciano no, y hay que conseguir, como medida de la construcción de esa identidad proyecto, de un consenso mayoritario, que su refuerzo, garantía, enseñanza y uso sea una prioridad, pero no un criterio de división que justifique -a favor o en contra- cualquier argumento radicalizado. La nostra llengua no es, obviamente, la lengua de cada persona: hay que reforzar esa convicción de utilidad colectiva sin ignorar que la falta de identidad entre lo común y lo individual es una fuente potencial de conflictos que reclama prudencia, precisamente para avanzar en integración y normalización de la lengua minorizada, que siempre retrocede en escenarios conflictivos. Esta visión que sugerimos debe seguir siendo liderada por las izquierdas y el valencianismo. Un esfuerzo de evolución que, hasta ahora, no se ha visto acompañado por algún movimiento similar en la derecha, todavía anclada en la concepción de la identidad como anticatalanismo.

9.- El nuevo relato es esencialmente político: su reflejo práctico debería consistir en un valencianismo plural de la mayoría, interclasista, intraclasista e intergeneracional, con elementos compartidos por todas las fuerzas, desde diversas perspectivas legítimas a priori y abiertas a una negociación constante. Esa visión política exige también, además de una reubicación de la CV como pieza fundamental de la España actual, de una redefinición de la relación de la Comunitat Valenciana con España que debe ser esencialmente pragmática, no predeterminada por razones de tradición cultural -ni para beneficiar, ni para castigar-, sino atenta a que los intereses de la CV sean apreciados y fuercen su inclusión en las agendas del Estado y de la UE. Es decir, un valencianismo plural para la mayoría, aspirando a ser una de las voces más altas en el conjunto de un Estado complejo y compuesto.

10.- El relato renovado hay que concebirlo, esencialmente, como estratégico, en varios sentidos. Como tarea colectiva que debe mirar más allá del ciclo político y pensar en cómo queremos estar en 2030 o 2050. Pero también como proyecto abierto, con el menor número posible de prejuicios. No podemos volver a imaginar la identidad valenciana como una cosa, compacta, abstracta y desligada de las necesidades, preferencias y convicciones de las valencianas y valencianos que aquí viven y trabajan. Sí puede intentarse que esas determinaciones se ajusten lo más posible a una racionalidad crítica con lo existente: celebrar nuestra valencianidad no nos debe condenar a la trivialidad de la autocomplacencia. Los tiempos no permiten esas licencias. No hay tiempo para la melancolía.

*Manuel Alcaraz es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante y exconseller de Transparencia de la Generalitat Valenciana.

Joan Romero es catedrático de Geografia Humana de la Universitat de València.

1.- Cal reflexionar, debatre, construir un relat renovat per a la Comunitat Valenciana, el relat d’un valencianisme nou en aquesta era nova? Potser no és imprescindible. Però sí que és molt útil. Entenem per relat el conjunt de discursos que articulen les diverses pràctiques socials referides al territori i al conjunt de la població valenciana, que els donen un horitzó de sentit. Això aporta significats simbòlics a l’acció i ajuda a promoure la cohesió territorial i social.

2.- El nou relat ha de ser laic, ha de negar qualsevol sentit de transcendència, qualsevol essencialitat historicista al poble valencià. La història és una eina cultural i científica de coneixement, però no pot ser un determinant absolut del futur, una presó per a la imaginació política. Massa vegades els valencians i les valencianes, o una part minoritària, entenent debatre sobre allò que som, han debatut sobre allò que vam ser o, més ben dit, sobre allò que hem cregut haver sigut o sobre allò que mai no hem arribat a ser. Contra la nostàlgia, gairebé sempre injustificada, hem de centrar-nos en l’ésser històric actual, en la nostra modernitat, i superar l’hem de ser com un càstig emocional. Apostar per la consolidació d’una identitat projecte més que no per una identitat per a la resistència, recordant Castells. En temps de replegament, de societats paral·leles o trencades, de ressorgiment de noves identitats i de fractures culturals, la realitat social i cultural, hui majoritària a la CV, permet pensar en aquesta possibilitat d’apostar per una identitat projecte com una de les seues fortaleses, legitimadora i amb capacitat de construir més societat civil.

3.- El nou relat no es pot construir com a glossa de paradigmes anteriors ni com a negació d’aquests paradigmes. No pot prendre com a referència el fet de ser fusterià o antifusterià, sinó els canvis de la realitat valenciana. En certa manera els paradigmes previs han de ser objecte de crítica intel·lectual, tant pel que fa al contingut discursiu com a les conseqüències pràctiques. Aquesta crítica ha de partir no tant dels resultats com de l’absència d’un ús de les categories que permeten actualment comprendre millor els fenòmens identitaris i nacionals, i que no es van utilitzar en els anys 60 o 70 del segle xx.

4.- El nou relat ha de ser necessàriament plural, perquè la societat valenciana és plural pel que fa a, gairebé, tot i, també, quant a la compressió de la realitat i la ubicació col·lectiva de la CV. L’absència d’aquesta possibilitat, d’aquest desig de construir consensos en lloc d’afirmar segments particulars de tipus simbòlic, ha fet que els estudis redundants marquen que l’autoconsciència pròpia dels valencians siga de les més baixes d’Espanya. Es tracta, per tant, d’afavorir uns marcs de comprensió, d’elaboració i d’acció per a una majoria, amb la participació d’aquesta majoria des d’una pluralitat necessària. En un temps nou en què els “divisors” són més passat que present o futur, és possible definir un propòsit col·lectiu apel·lant a la dignitat i en certa manera a l’orgull com a poble, i apostar pel reconeixement d’identitats més àmplies i integradores, evitar caure en el risc de la fragmentació de discursos per a cadascuna de les identitats o sectors cada vegada més reclosos en les seues pròpies sitges o relats culturals. Una identitat projecte, inclusiva i respectuosa amb la realitat diversa, ha de fonamentar-se en tres puntals: justícia social, justícia ambiental i cohesió territorial. Només d’aquesta manera el conjunt de la societat valenciana recuperarà seguretat, confiança en el sistema democràtic i en les institucions, i allunyarà del seu imaginari la por i el ressentiment.

5.- El nou relat ha de ser nítidament cívic, sense que cap consideració puga situar-lo per damunt, o per davall, del respecte estricte a les institucions autonòmiques, als valors i als principis de l’estat social i democràtic de dret i a les regles i les normes establides pels representants de la societat valenciana. Aquest conjunt normatiu –incloses les propostes pertinents de reforma, especialment per a incrementar de manera efectiva l’autogovern– ha de configurar el marc d’actuació i integrar pluralitat i consens. Però també reivindicació i defensa dels interessos generals quan s’entenga que no es garanteix el principi d’igualtat.

6.- El factor principal de realitat per a una autocomprensió ha de ser l’evolució i la situació de l’economia valenciana, amb els seus formidables reptes, febleses i fortaleses, i les seues derivacions en termes de desigualtats i precarietat. Posar-nos davant de l’espill de la nostra relativa pobresa col·lectiva, que llasta el creixement del capital social o les polítiques d’inclusió, educació, sanitat, dependència i els reptes lligats a l’envelliment, ha de ser la qüestió principal per a associar-la amb energia amb les reivindicacions sobre el deute històric i el dèficit de finançament. L’economia valenciana no pot ser una economia d’extracció que es repartisca en altres territoris, fet que no té res a veure amb la solidaritat.

7.- El segon factor de realitat sobre el qual cal edificar noves reflexions és la importància essencial del territori. És imperiosa la defensa de la cohesió i la qualitat del territori, des d’un punt de vista social, mediambiental i d’articulació. Sense aquesta prioritat no hi ha cap possibilitat de fonamentar una modernitat nova ni s’enfortiran consensos duradors. Més enllà de debats sobre capitalitat, el que és urgent és avançar pel que fa a la posada en marxa de sistemes nous de governança per a les regions urbanes i metropolitanes i quant a l’enfortiment de la relació món rural-món urbà. Cal concretar nous mecanismes de vertebració, especialment fórmules flexibles d’acció comuna en xarxes de ciutats i l’apreciació igualitària del valor identitari de cada comarca i grup de comarques –per a uns quants identificables amb les províncies–, no enteses com a realitats immòbils sinó obertes, en transició permanent. Ni la llengua ni les tradicions poden ser factors de classificació ideològica de les ciutats o les comarques.

8.- En el nou relat la part cultural i simbòlica no es pot conceptuar des de l’obsessió per la conservació del que s’ha rebut, sinó per l’obertura a les noves demandes i pràctiques socials, i també per la seua presència, ambigua però penetrant, en l’àmbit de l’economia digital i dels escenaris de la globalització. La llengua pròpia és una gran fortalesa i no una font de conflicte. I, consegüentment, s’ha d’entendre d’aquesta manera. La part lingüística hi exerceix un paper important, però no pot ser decisiva. La CV és bilingüe –i avança cap al trilingüisme. Això és un fet dinàmic, però no provisional, ni negatiu. El dualisme valencià, com a herència històrica, no es pot continuar vivint com a anormalitat –no som un poble anòmal, no hi ha pobles anòmals en una democràcia. Evidentment el castellà està prou consolidat i protegit, i el valencià no, i cal aconseguir, com a mesura de la construcció d’aquesta identitat projecte, un consens majoritari, que el reforç, la garantia, l’ensenyament i l’ús de la nostra llengua siga una prioritat, però no un criteri de divisió que justifique –a favor o en contra– qualsevol argument radicalitzat. La nostra llengua no és, òbviament, la llengua de cada persona: cal reforçar aquesta convicció d’utilitat col·lectiva sense ignorar que la falta d’identitat entre allò que és comú i allò que és individual és una font potencial de conflictes que reclama prudència, precisament per a avançar en integració i normalització de la llengua minoritzada, que sempre retrocedeix en escenaris conflictius. Aquesta visió que suggerim ha de continuar sent liderada per les esquerres i el valencianisme. Un esforç d’evolució que, fins ara, no ha sigut acompanyat per cap moviment semblant en la dreta, ancorada encara en la concepció de la identitat com a anticatalanisme.

9.- El nou relat és essencialment polític: el reflex pràctic corresponent hauria de consistir en un valencianisme plural de la majoria, interclassista, intraclassista i intergeneracional, amb elements compartits per totes les forces, des de diverses perspectives legítimes a priori i obertes a una negociació constant. Aquesta visió política exigeix també, a més d’una reubicació de la CV com a peça fonamental de l’Espanya actual, una redefinició de la relació de la Comunitat Valenciana amb Espanya que ha de ser essencialment pragmàtica, no predeterminada per raons de tradició cultural –ni per a beneficiar, ni per a castigar–, sinó atenta al fet que els interessos de la CV siguen benvolguts i forcen la seua inclusió en les agendes de l’Estat i de la UE. És a dir, un valencianisme plural per a la majoria, que aspire a ser una de les veus més altes en el conjunt d’un estat complex i compost.

10.- El relat renovat cal concebre’l, essencialment, com a estratègic, en diversos sentits. Com a tasca col·lectiva que ha de mirar més enllà del cicle polític i pensar en la manera com volem estar l’any 2030 o el 2050. Però també com a projecte obert, amb el nombre més baix possible de prejudicis. No podem tornar a imaginar la identitat valenciana com una cosa, compacta, abstracta i deslligada de les necessitats, de les preferències i de les conviccions de les valencianes i dels valencians que viuen i treballen ací. Sí que es pot intentar que aquestes determinacions s’ajusten com més millor a una racionalitat crítica amb el que hi ha: celebrar la nostra valencianitat no ens ha de condemnar a la trivialitat de l’autocomplaença. Els temps no permeten aquestes llicències. No hi ha temps per a la malenconia.

*Manuel Alcaraz és professor de Dret Constitucional en la Universitat d’Alacant i exconseller de Transparència de la Generalitat Valenciana.

Joan Romero és catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de València.

Diríase que los datos son la banda musical, quizá también la ideológica, de nuestro tiempo. Datos como lema, como espíritu que sopla sobre la montaña, como promesa. Sinónimo de conocimiento. Y como todo conocimiento adquiere un carácter brifonte, fáustico: prevención y solución de males y difusa amenaza para algunos de los principios de la cultura occidental. Conocimiento, en todo caso, ubicado en una esquina del legado de la Ilustración: no incorpora, por ahora, sentido, aunque es un metadispositivo que va más allá de regulaciones episódicas y que, se supone, comienza a ordenar comportamientos complejos, a erigir la línea sobre la que se estructuran conjuntos globales de pensamiento. No seguiré aquí la senda de la jeremiada, de la alerta excesivamente temprana sobre la novedad: harto estoy de una izquierda que sólo defiende recuerdos, que convierte en nostalgia utopías que casi nunca llegaron a realizarse. Lo que me interesa destacar es que ni puede ser oro todo lo que reluce ni los grandes datos, más o menos abiertos, tendrán una relación cómoda, rectilínea y mágica con fenómenos como la transparencia o la corrupción, porque éstas dependen de factores difícilmente cuantificables. Con independencia de valiosas experiencias de aplicación de la tecnología de datos a la prevención de malas prácticas o a favorecer una participación ciudadana desempolvada y fortalecida. Confieso que muchas de estas consideraciones están fuertemente condicionadas por mi experiencia de más de tres años de Conseller de Transparencia.

Comenzaré con dos afirmaciones que nos acercan a este nuevo universo:

1.- En materia de fenómenos de carácter histórico, esenciales en sus respectivas escalas, nunca hemos sabido más cosas del mundo y nunca hemos tenido menos capacidad de predecir el futuro. En un firmamento de noticias escindidas entre el “me gusta/no me gusta”, la dialéctica optimismo/pesimismo sustituye a una dialéctica centrada en analizar las mediaciones: simplemente esperamos la realización de lo que nos gusta y des-esperamos de lo que no. O viceversa, según la cotidiana carga de endorfinas, imágenes subyugantes o de la clasificación de la liga. No exagero: me limito a esbozar un clima cultural en el que el hilo conductor entre el análisis científico y la presión social está muy mediatizada por pautas consumistas y metáforas y símbolos de la simplificación. Lo mismo sucede con la explosión de titulaciones universitarias, crecientemente dependiente de demandas particulares antes que de necesidades de interés colectivo.

2.- La aceleración del tiempo social, y de su percepción, entra en contradicción con la obsolescencia de los productos más nuevos. En mis tres años de Conseller he vivido con un cierto asombro las promesas de nuevas máquinas, programas y diseños que han sido los que han demostrado más rápidamente su inutilidad. Pero han dejado un poso de diseño power point, tonterías en las redes, acrónimos y palabrejas en idioma extranjero.

Estos dos fenómenos, hijos de una misma realidad, invitan a alimentar la duda como auténtico paradigma de la renovación en lugar de la fe cuasireligiosa puesta en los datos, trastocados por algunos vendedores en un Ello crecientemente absoluto e indescifrable. Duda más moderna que nunca: cartesiana.

Michael Marder, tras analizar con tintes razonablemente negros la política de Trump y algunas otras desgracias, nos recuerda: “La verdad política postapocalíptica está desvinculada de los hechos: por un lado la verificación de datos no sirve para derrotar a políticos que tienden a hacer declaraciones imprecisas o erróneas; por el otro la visión de gran alcance de la política es independiente de cualquier asunto factual. Los ideales basados en la Ilustración de transparencia y rendición de cuentas deberían replantearse con el telón de fondo de este acontecimiento crucial”. ¿Significa esto que hay que renunciar a la transparencia -o, si se prefiere, a un concepto más comprensivo como integridad-? Me parece que no. Lo que creo es que tanto la cita como el entorno teórico que he apuntado, nos obliga a intentar una nueva perspectiva sobre la acción política democrática considerada en su conjunto, y no sólo desde los aspectos defensivos, desde la negatividad de imaginar la transparencia como un freno abstracto y mecánico de la corrupción.

Un signo paradójico de la degradación de un pensamiento político sujeto a los engranajes de la moda es la proliferación del uso del término post-verdad como mero sinónimo de mentira. Si así se usa uno sólo demuestra ser un snob u otro castigador del lenguaje: decir que un político engaña, basta para este fin entre descriptivo y denigratorio. Pero nos encontramos con una cuestión de interés: ¿podemos introducir toda mentira de un político, en el sentido de todo incumplimiento de promesa, en el ámbito de la ruptura de la integridad y, por lo tanto, como algo muy próximo a la corrupción?, ¿podrían, por cierto, los datos liberarnos de este territorio de indignidad? Sostendré que no concibo una ética que absolutice esta cuestión, pudiendo imaginar infinidad de ejemplos en los que el incumplimiento de promesas halla una justificación razonable, no arbitraria, basada en la misma realidad de las instituciones, de la sociedad o de la economía. El problema debe estar en otra parte. Seguramente en la absurda y antipática costumbre de muchos políticos de centrar su actividad en la formulación de promesas.

Pero abordemos la cuestión de la post-verdad desde otro punto de vista: cuando el Diccionario Oxford eligió el término como “palabra del año” se hizo eco de la breve pero intensa genealogía del mismo; resumiendo sus consideraciones podríamos decir que el énfasis no se pone tanto en la facticidad de la mentira como en la trivialización del relato en el que se inscribe, hasta el punto de desfigurar en buena medida su significado real. Por eso algunos aluden a “mentira emotiva”, porque el camino de la banalización suele discurrir por los códigos de la degradación del rigor, para resbalar hacia el gusto por lo anecdótico, la preferencia por lo insólito sobre lo importante. No debe sorprendernos: con mayor o menor vistosidad así se han tejido los lenguajes totalitarios. ¿Debemos esperar que los datos, con su aparente frialdad, nos liberen de esta carga? Probablemente no, porque frialdad no es lo mismo que objetividad y no será común que los mineros de datos encuentren cosas que no estén buscando: quizá refuten mentiras ideológicas, pero difícilmente erigirán verdades que incorporen valores con los que legitimar comportamientos de progreso.

¿Debemos rendirnos? Por supuesto que no. Pero quizá deberíamos ver si con el agua sucia no hemos arrojado a algún niño. Sostendré que buena parte de las intuiciones kantianas sobre el valor positivo de la transparencia siguen siendo válidas y que, por serlo, las apreciaciones de Habermas sobre una opinión pública libre basada en en una acción comunicativa positiva también deben ser reivindicadas y reconstruidas en las nuevas condiciones de las redes sociales, los medios de comunicación o de la emergencia de la inteligencia artificial. El problema está en que la mayoría de políticos, juristas, periodistas y ciudadanos interesados, ante los embates de la corrupción, pusieron -pusimos- el énfasis en el momento decisorio del proceso democrático. Al hacerlo, contaminamos la cuestión al unirla a la crisis del Estado social en momentos de crisis económica y a la confusión ante fenómenos como la construcción europea o la emigración, tan dados a su re-eleboración desde la trivialidad de los sentimientos y el populismo. A mi modo de ver hay que resituar la cuestión para ubicar el corazón de la integridad-transparencia en el momento deliberativo de la acción democrática: eso significa, al menos, sacar de la pura dimensión legal-institucional las cuestiones conexas para trasladarlas a un marco más amplio: el de la construcción de una cultura de la integridad. Y significa ampliar las responsabilidades hasta los medios de comunicación, demasiado acostumbrados a reivindicar privilegios, más que justificados…. siempre que sirvan para la generación de esa opinión pública libre, lo que no puede circunscribirse a la información sobre la corrupción, sino que debe ampliarse hasta el tratamiento global de la información, pues éste asume la función pedagógica de vertebrar el diálogo social y sus representaciones.

Seguimos prisioneros de una concepción de la corrupción esencialmente basada en algún prejuicio sobre la naturaleza humana, lo que facilita sobremanera la autodefensa cuando el corrupto es de nuestro propio ámbito y, de manera paradójica, para demonizar al adversario. Difícilmente un programa de transparencia-integridad alcanzará grandes éxitos mientras esto sea así en lugar de partir de la aceptación humilde de la dificultad de explicar verdades en un mundo económica e institucionalmente muy complejo. A comprender esa complejidad sí pueden ayudar los grandes datos, aunque no lo harán si básicamente giran en el torbellino del mercado. Igualmente pueden servir para fundar una política basada en la evidencia, en el que los partidos, antes de formular promesas puramente legitimadas en la intuición ideológica, deban fundar sus principios y preferencias políticas legítimas en necesidades demostrables, estableciendo programáticamente la necesidad de la medida, su ajuste a los medios existentes y los indicadores para la dación de cuentas de lo realizado. Y, con ello, generar mecanismos de autocontrol y autolimitación del poder que sirvan para refundar, sobre bases modernas y sólidas, el viejo y enfermo principio de la responsabilidad política. Para que no haya que desviar toda la podredumbre a la administración de Justicia, alimentando un mediocre positivismo jurídico y una lentitud que destroza sobremanera la credibilidad democrática. Y es que, como antes decía, se trata de que cada uno de nosotros dude. Dude de los oponentes. Dude de uno mismo, si es capaz. Pero que no permitamos que esa duda, tan inteligente, devenga en aniquiladora sospecha universal de la convivencia democrática.

*Manuel Alcaraz, conseller valenciano de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Pero, sobre todo, la reforma es inaplazable por cambios en la misma realidad. De nuevo hay que insistir en el impacto europeo, en los cambios geoestratégicos y su percepción -viraje de la centralidad a Asia, migraciones, fin de la bipolaridad- y en la importancia creciente -como reto democrático- de nuevas tecnologías, del funcionamiento social en red o del valor autónomo del conocimiento y el influjo de todo ello en el mundo del trabajo, en el ejercicio de libertades o en la concepción de la riqueza o de la educación. El cambio climático generar escenarios de largo alcance que también deben tener su reflejo en la norma básica, pues la lucha contra el mismo requiere de una totalidad y complejidad de esfuerzos a los que vendría bien contar con una referencia global. La coexistencia entre la conquista de derechos por las mujeres y, a la vez, el terrorismo machista incesante y los persistentes techos de cristal, es otra vertiente de la existencia que reclama una reflexión sobre los valores constitucionales y un reconocimiento que consolide los avances en la Constitución. En el plano político estricto hemos asistido en los últimos años a una crisis generalizada de la confianza en las instituciones, que ha incidido en el fin del modelo bipartidista y en la exigencia de buscar medios que refuercen la integridad de la vida pública e impidan que la corrupción sea un fenómeno constante en algunos ámbitos. Muchas instituciones acusan una obsolescencia en su diseño principal o, al menos, aconsejan algunas modificaciones.

En este marco la crisis de la España autonómica tiene perfiles particulares. El modelo ha sido un éxito, pero hay muchos indicios de que ha llegado al límite de sus posibilidades. La Constitución no habla nunca de “Estado autonómico”, lo que nos advierte sobre la relativa incomprensión que tuvo el constituyente sobre su obra, en esta materia. Por eso un ex Presidente del TC llegó a afirmar que la Constitución “desconstitucionalizó” el modelo territorial, manteniendo algunas instituciones del pasado -sin aclarar el fundamento y alcance de su autonomía en la nueva realidad- y abrió la posibilidad de crear un número indefinido de Comunidades dotadas de autogobierno basado en la libre disposición competencial y abriendo un amplio margen a colmar a través de la acción jurisprudencial, la emulación no siempre razonable y el pacto entre los dos grandes partidos del Estado. Todo ello ha concluido. Hay más actores deseosos de ser escuchados, no existe un mecanismo de financiación apropiado y la jurisprudencia se ha ido sesgando en la medida en que los Gobiernos centrales abusaban de la técnica de la vis atractiva de la “legislación básica”. Pero, sobre todo, se constata que el sistema, que tantas cosas ha resuelto, no ha sido capaz de solventar definitivamente lo que hemos dado en llamar “hechos diferenciales”. Por otra parte la crisis económica también ha puesto sobre la mesa que  la recentralización significa, ante todo, debilitar el Estado social, ya que en educación, sanidad o bienestar social -pero también en otras políticas públicas- son las Comunidades -y, a veces, los Ayuntamientos- los que asumen las obligaciones constitucionales, ante la pasividad interesada e ideológica de Gobiernos conservadores.

Por todo ello preguntarse si es precisa una reforma no deja de ser un ejercicio retórico tramposo, interesante sólo para quien desee apropiarse del texto constitucional para hacer con él ejercicios de inmovilismo reaccionario. La pregunta no es si hay que reformar, sino qué y cómo.

Y este es el horizonte que ha contemplado el Consell de la Generalitat Valenciana para formular su propuesta de reforma. Sin duda cada Comunidad tendrá sus legítimas preferencias y prioridades, pero para nuestro Ejecutivo hacer esta propuesta es una muestra de responsabilidad, al menos por las siguientes razones:

1.- La deriva existente y las tensiones acumuladas presionan sobre una Comunidad como la nuestra de manera particular: ni nos vamos a inscribir a tesis rupturistas -pese a las provocaciones de las derechas- ni aceptamos pasivamente la recentralización del nacionalismo español. Todo ello laminaría el contenido esencial de nuestro autogobierno, que es la consecuencia del ejercicio del “derecho a la Autonomía” fijado en la Constitución.

2.- Autogobierno y reforma constitucional no son dos conceptos elaborados en un vacío de laboratorio, sino incardinados en un proyecto político concreto y, al menos, tan legítimo como cualquier otro. El Gobierno “del Botànic” asume que sus prioridades reformistas no se van a alcanzar si continuamos asistiendo a una mengua del autogobierno, a la persistencia de la infrafinanciación o si no hay una apertura a nuevos principios y derechos constitucionales.

3.- La Comunidad Valenciana se ha cosido al imaginario español de los últimos lustros como una tierra de prosperidad pregonada por líderes irresponsables, mientras que el lado oscuro del espejismo era un territorio para el juego en un infinito casino de amigos y una política outlet que ha conducido a la decadencia y a la incapacidad para tener voces fuertes en el Estado. Ser la primera Comunidad que hace una propuesta como esta, desde la plena lealtad institucional y sin tacha posible de agitar cuestiones que, a priori, generen enfrentamientos, es una carta de presentación de una nueva época: ni ausentes del debate español por antonomasia ni obligados a someternos a la agenda madrileña.

4.- Esa misma lealtad, y la experiencia política acumulada en el Consell, nos lleva a proponernos como ejemplo de consenso práctico y razonable. Porque estamos convencidos de que toda Constitución -no sólo la de 1978 con la que escapamos de una Dictadura- debe hacerse con consenso, para que éste sea reflejo y estímulo de su potencialidad para favorecer la integración social, cultural y territorial. Pero no habrá consenso sin que cada cuál exponga sus posiciones, si nos limitamos, o se limitan otros, a enarbolar la bandera de la reforma genéricamente y sin ambición de examinar todas las cuestiones abiertas. Otra cosa es la prudencia que debe presidir los debates. Nuestra propuesta es prudente. Precisamente se nos podría acusar de haber eludido algunas cuestiones. Es cierto, pero lo es porque comenzar por los aspectos más delicados quizá destruya toda posibilidad de acuerdo. Por eso nos centramos en los que creemos prioritarios para la ciudadanía valenciana.

¿Esperamos que todas propuestas acaben plasmándose en la reforma final? No. Bastante hacemos con tener la esperanza en que esa reforma se haga: que no se nos pida la ingenuidad de sobrevalorar nuestras fuerzas. De lo que se trata con este texto político y no formalmente jurídico es advertir sobre nuestras prioridades, ponerlas en el escenario de la deliberación pública para que pueda ser tenida en cuenta. Ojalá muchos otros lo hicieran, aunque fuera para contradecir nuestras posiciones. Porque la Constitución ha previsto en su Título X un mecanismo preciso de reforma. En él está contemplado que pueda haber propuestas que vengan de los parlamentos autonómicos y podríamos vehicular la nuestra vía Proyecto de Ley. Pero eso no parece lo más adecuado. Lo más adecuado es preservar el papel central de las Cortes Generales, pero con la activación paralela de un Foro en el que las expresiones más consistentes de la sociedad se expresen. Y en ese marco, y de manera articulada por el Senado, la participación de las Comunidades Autónomas es imprescindible. ¿Cómo no habría de serlo si son actores políticos de primera magnitud?, ¿alguien imagina una reforma que no altere en algo el diseño autonómico?, ¿alguien imagina que podría hacerse sin la participación de los sujetos del derecho a la autonomía?

A partir de estos datos me permito sugerir al interesado que lea el texto, que va mucho más allá, como equívocamente se ha indicado, de las lenguas o las provincias -estos dos elementos ocupan media página de las 24 que tiene el documento- y otros aspectos relacionados con la estructura federal que se defiende, para abordar la necesidad de introducir nuevos valores y principios, incluir o/y blindar nuevos derechos o ampliar en un sentido participativo las instituciones centrales del Estado y afianzar la separación de poderes. Que la parte federal sea la más amplia es lógico, tratándose de una propuesta emanada de un Gobierno autonómico, pero eso no significa ni olvido ni menosprecio de lo que es común a toda la ciudadanía española.

A partir de ahí será bienvenida toda crítica. La única que no tendrá sentido será aquella -yo ya la he escuchado en les Corts- que diga que somos inconstitucionales. Porque, precisamente, la mayor muestra de respeto por la Constitución consiste en defender su reforma a través de los mecanismos que ella estableció. Todo lo demás es otra cosa que me ahorraré de calificar. Por respeto a los que defendimos la Constitución cuando fue necesario, mientras algunos la vilipendiaban o la ridiculizaban desde el fondo de un corazón ahora henchido de amor constitucional.

Manuel Alcaraz Ramos es conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana

Y, sin embargo, lo que la hace importante no es esa impresionante participación, sino algunas circunstancias especiales. Ante todo porque el sentimiento de necesidad, el atrevimiento de alzar la voz no se ha producido en un “momento de vacío”. A nadie se le escapa que la crisis catalana planea sobre la situación. Y también aislados, pero ruidosos, episodios de intentos fascistas de apropiación del espacio público. Sobre la manifestación de Valencia planeaba el temor a la tensión. No hubo lugar: la reivindicación de la financiación fue también la reivindicación de un pueblo valenciano maduro, pacífico, que rechaza la crispación, que no es satélite de otras situaciones. Estas decenas de miles de personas no permanecen cautivas de luchas muy antiguas: puede haber una identidad compartida sin necesidad de rasgar la convivencia peleando por símbolos, elevando a categorías sacras los signos particulares. Esta fue una manifestación con banderas -las justas, y sobre todo institucionales-, pero no fue una manifestación de banderas.

La manifestación fue un éxito porque, además de los que acudieron físicamente, la nómina de asociaciones, entidades o instituciones que la respaldaron es el mejor retrato de la sociedad valenciana que ha tomado conciencia de que es hora de pasar de los vapores de la queja deshilachada a la conciencia de la necesidad de vertebrarse en torno a esfuerzos compartidos. Por supuesto esto no es más que el inicio, un primer paso. Porque todavía hay diferencias apreciables, modorras perdurables y hábitos de espléndido aislamiento que perdurarán mucho tiempo. Esa relativa atomización del desencanto, ese repliegue al ensimismamiento, no deja de ser una curiosa y frustrante seña de identidad. Pero estamos aprendiendo a que no nos ponga nerviosos.

La unidad se fraguó frente a la financiación deficiente, esto es: la ausencia reiterada de ingresos suficientes, una deuda histórica insoportable -en términos económicos y de dignidad colectiva-, los abusos del FLA que nos concede como préstamo aquello a lo que tenemos derecho y que es necesario para el autogobierno y los déficits en las inversiones -que, además, crecen con las reiteradas inejecuciones presupuestarias-. Erigirse contra eso supone estar a favor de la Constitución y del Estatut. Pero, a partir de ahí: ¿todos los manifestantes esperan lo mismo?. Es de imaginar que no. Lo del único corazón que late al unísono puede servir para un mitin pero, precisamente, el número elevado de participantes y de entidades comprometidas hace imposible la hipótesis.

Tanto mejor, hay que afirmar inmediatamente. Porque esas discrepancias, que no son sino las opciones legítimas sobre cómo deberíamos gastar aquello a lo que, teniendo derecho, nos es negado por el centralismo, nos recuerdan que la democracia es consenso en las grandes ocasiones y disenso en lo cotidiano. Desde este punto de vista que el consenso -con la excepción del PP- se produzca en este tema significa que, seguramente, algunos enfatizarían la necesidad de mayor gasto en infraestructuras o en aportaciones diversas para una determinada manera de entender el desarrollo económico que, quizá, también incluya la reducción de impuestos. Para otros, sin embargo, mayor inversión es, ante todo, preservación y mejora del Estado social, incremento de la solidaridad y la igualdad. Pero lo importante es que esas divergencias no impiden el entendimiento, ni apreciar que estamos en un momento en el que hay unión sobre estas cosas o el hundimiento es igualmente peligroso para todo y todos: ni habrá crecimiento económico sin cohesión social y una vertebración que no puede abandonarse al clasicismo liberal, ni habrá suficiencia económica para mantener los mecanismos que aseguran derechos y prestaciones sociales sin garantías para su sostenibilidad y crecimiento en el empleo. Por eso la manifestación fue también el avance de posibles pactos de más largo alcance.

Esto es lo que no ha entendido el PP, cegado por la obediencia de unos líderes tan timoratos como faltos de imaginación a sus jefes madrileños. Dadas las circunstancias no pueden siquiera escudarse en una españolidad digna de mejores causas. No para castigar a 5 millones de españoles. El PP valenciano vive en la angustia permanente de la pérdida de votos, de los espacios residuales -pero no desdeñables- que aún conserva y que no es capaz de presentar como alternativas válidas del Gobierno del Botànic. Porque donde éste es capaz de favorecer diálogos, el PP se empecina en recordar su rigidez, su concepción jerárquica de la sociedad jerárquica. El PP valenciano habita un mundo en el que la única gratificación consiste en afirmar el principio de ordinalidad: fue el partido más votado. Es cierto, pero en unas condiciones de dopaje electoral que hace muy difícil que sea capaz de articular mayorías basadas en la admisión normal de la pluralidad. Eso es lo que se ha reflejado en su clamorosa ausencia de la manifestación: fue el más votado por lustros porque supo ser expresión institucional de una mayoría social. Eso es lo que ha perdido entre juicios, facturas extraviadas y abusos del lenguaje: una mayoría así, una vez que no se controla el presupuesto, no se recupera a base de despreciar a todos los potenciales adversarios. Y su ausencia fue eso: un agravio. La respuesta fue no echarle de menos. Aquí se lo recuerdo porque los que sí que fuimos sabemos que es importante que recuperen la cordura, que sean respetuosos con sus votantes y que, superando la rabia perdurable por la derrota, sean capaces de reabrir un periodo de diálogo y de humildad. Incluso les rogamos prudencia.

*Manuel Alcaraz, conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación

Y es que ahora hemos conmemorado los 40 años de la manifestación de 1977 que puso en la calle la reivindicación de la autonomía, dicha con tantas voces como acentos diversos, pero convertidos -permítaseme recaer en el tópico-, en un clamor unitario que hizo que la idea de autogobierno, aquí, como en otros sitios, quedara indeleblemente cosida a la reivindicación radical de democracia que alboreaba en aquellos días de dubitativo postfranquismo. Y es que la vertebración del Estado en unidades con amplias dosis de autogobierno no fue un añadido a la idea democrática, sino una de sus formas peculiares, quizá la más notable. Que ello fuera vivido con distintos niveles de urgencia e intensidad no es sino la mejor muestra de que esa misma diversidad es la que hacía -y hace- imprescindible la pluralidad organizativa del Estado.

En el Congreso también se celebrarán los 35 años del Estatut d'Autonomia. Si la manifestación fue una fiesta -trágicamente rota por el asesinato de Miquel Grau en Alacant- la redacción del Estatut se hizo en un ambiente más complicado, a menudo manchado por la violencia y, en cualquier caso, por el descubrimiento que hizo el pueblo valenciano de que no le bastaba con un único espejo para interpretarse, que necesitaba más y que ello le privaría de fuerza en algunos momentos clave. Algunos, en ese proceso, se equivocaron. Otros obraron de buena fe. Otros lo hicieron, premeditadamente, para paralizar el desarrollo democrático. Pero el Estatut salió adelante, entre fatigas y algunas emociones. Y sirvió para que el autogobierno, pese a todo y pese a algunos, se hiciera realidad. Porque el pueblo valenciano no había estado habituado a buscar en lo institucional un referente prioritario -es más fácil bordar las emociones en banderas o himnos-. Pero desde 1982 tubo que hacerlo. Y en ello profundizó con la reforma estatutaria de 2006.

Por eso el Congrés rinde homenaje de recuerdo a actores originarios -políticos, periodistas o profesionales- pero no se detiene en una conmemoración de vocación arqueológica y se estructura en torno a algunos de los grandes ejes que han permitido el desarrollo estatutario: economía, territorio, derechos... E igualmente se convoca una mesa de políticos en activo para reflexionar sobre el quo vadis? del Estado autonómico. No se nos escapa la complejidad del momento en el que la casualidad ha querido que trabajemos estos temas. Por eso debo agradecer particularmente la generosidad de los y las participantes. Y al mismo tiempo sugerir que la reflexión franca y sin prejuicios sobre el Estado autonómico quizá fuera un ingrediente valioso para superar gravísimos conflictos que, tratados aisladamente, difícilmente encontrarán comprensión y satisfacción.

Las formas de entender y desear el encaje en España son variados y esperar una manera uniforme de ser y estar en España es una quimera que puede acabar por contribuir a fugas hacia adelante… o hacia afuera. El miedo a la uniformidad será un poderoso factor de incertidumbre y conflicto. Ello no significa que los deseos secesionistas se multipliquen pero, al menos, supondrá que la convivencia intercomunitaria puede volverse enormemente áspera. Las tendencias a ese uniformismo, que inevitablemente supondría una inclinación a la baja en las dosis reales de autogobierno -esto es: de poder, incluido el financiero, para decidir sobre los propios asuntos con la mínima y subsidiaria intromisión de las instituciones centrales del Estado-, tienen dos fuentes principales que, anticipo, nada tienen que ver con los problemas de Catalunya, pues, por ejemplo, no existieron en épocas en que el secesionismo vasco teñía de sangre a España. A mi modo de ver esas dos causas son:

1.- El éxito mismo del Estado autonómico que ha agotado su techo, salvo para algunas Comunidades que, por diversas razones, no desean un cambio en el status quo existente, bien porque se sienten beneficiados por el mismo, en términos de recompensas materiales, bien porque simbólicamente se sienten más dichosas como partes subalternas de un todo que como copartícipes del todo, bien por ambas razones. Pero para otras numerosas Comunidades, la necesidad de blindar sus competencias ante los embates centralistas ante el abuso de la legislación básica o por la deriva centralista en la interpretación judicial, es vivida con tanta intensidad como la de disponer de una financiación justa y la de contribuir a la conformación de la voluntad del Estado en su conjunto. En definitiva, ese éxito del Estado autonómico empuja mayoritariamente a un nuevo pacto soberano que traiga a España un modelo federal, el que más éxito ha tenido históricamente para organizar los Estados complejos.

2.- La redacción de la Constitución y su desarrollo posterior han hecho que los principales sistemas de bienestar e igualdad -salvo el de pensiones- estén en manos de las Comunidades Autónomas -y en una pequeña parte de los poderes locales, privados de medios-. Este hecho hace que la calificación del Estado como “social”, la primera que se hace en la Constitución, haya quedado anudada al Estado autonómico, pudiendo presumirse que, más allá de errores u opciones particulares más o menos legítimas, un debilitamiento de la fuerza de las Comunidades supone disminuir la capacidad de intervención pública en educación, sanidad, políticas inclusivas y de igualdad o en investigación científica. Y eso, al parecer, es lo que los gabinetes de pensamiento conservador han pretendido hacer, aprovechando la crisis. Y a eso está ligado la insuficiencia financiera endémica que en la Comunidad Valenciana padecemos con especial virulencia.

El debate es mucho más complejo y espero que en estos días se aclaren algunos puntos. Necesitamos hablar más para saber más y entendernos mejor. No estamos condenados a la confrontación. Al revés: pese a los sombríos perfiles de la actualidad, los últimos 40 años muestran que el diálogo y el acuerdo son buenos negocios. Ahora necesitamos tanto mejores instrumentos institucionales como un nuevo sentido para la lealtad institucional. Y eso parece entenderlo la mayoría de la población española en el último barómetro del CIS, hecho público esta misma semana: hay una clara minoría que desea un retroceso a posiciones centralistas, y eso en mitad de un vendaval de sentimentalismo, azuzado por la mayoría de medios de comunicación que tampoco derrota a la compatibilidad de sentimientos de pertenencia a España y las respectivas Comunidades Autónomas.

A ese debate estamos llamados el pueblo valenciano, 40 años después. Todas las opciones que renuncien de antemano a hacer del discurso del odio y de la violencia -incluida la simbólica- su instrumento están perfectamente legitimadas para comparecer en el espacio público con sus propuestas. Personalmente apelaré a la construcción tranquila y eficiente de un valencianismo plural de la mayoría, de un territorio de relatos distintos pero compartidos en que podamos renunciar a cualquier sucursalismo, en el que reivindiquemos los medios que precisemos para la dignidad y la igualdad y en el que se admita como perdurable fuente de riqueza el dualismo en tantas cosas y el gusto por el diálogo y la controversia para todas las que se hagan con transparencia, respeto institucional y afán de mejorar la vertebración territorial y el respeto común. No se trata de que haya valencianistas contra no-valencianistas, sino de que cada fuerza política incorpore este ingrediente de comprensión mutua y reivindicación de lo propio al resto de sus rasgos ideológicos y de su cultura política. Y que cada cuál decida la medida y las prioridades.

*Manuel Alcaraz es conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana