La reciente aprobación administrativa de la sindicación de las trabajadoras del sexo en el estado español ha levantado ampollas en la Ministra de Trabajo que, sin ningún pudor, se ha atrevido a definirla como “un gol que le han metido por la escuadra”. Como resultaría difícil de entender la frontal oposición de un Gobierno que se llama socialista y obrero a la reivindicación de los derechos laborales de un colectivo tan oprimido, marginado y estigmatizado social e institucionalmente como el de las trabajadoras del sexo, le ha parecido una buena idea acudir a la Abogacía del Estado para rebuscar en la supuesta ilegalidad de la prostitución un argumento de fondo que les permita dejar sin efecto una autorización en curso que él mismo ha formulado.

Pero les va a costar encontrarlo porque no creo que sean capaces de reivindicar cómodamente el único precedente legal que habla de la prostitución como “negocio ilícito” en el estado español. Me refiero al viejo Decreto-ley franquista de 1956 que, siguiendo la filosofía abolicionista del Convenio de Naciones Unidas de 1949, proclamaba la ilegalidad de su práctica “ante la teología moral y ante el mismo derecho natural que habían de tener reflejo positivo de una nación cristiana para la debida protección de la moral social y del respeto debido a la dignidad de la mujer”.

Tampoco parece viable hoy, como muchos piensan, apelar al Código civil, cuyos artículos 1271 y 1275 condicionan la validez de cualquier contrato –como la del propio contrato de prostitución– a su eventual contrariedad a las leyes o a las buenas costumbres o la inmoralidad o ilegalidad de su causa. Y es que, dejando a un lado la supuesta inmoralidad del trabajo del sexo que ya no es un argumento potable, hay precedentes judiciales que han afirmado ya su legalidad, como una última sentencia de 18 de febrero de 2015 del Juzgado de lo Social nº 10 de Barcelona que reconoció la condición de trabajadora a quien prestaba servicios sexuales voluntarios por cuenta ajena, precisamente reivindicando una “obligada perspectiva de género y la necesidad de tutela de sus derechos fundamentales”, muy consciente de que el reconocimiento de esa ciudadanía laboral en nuestras sociedades tardocapitalistas representa una garantía contra la pobreza, la marginación, el abuso de poder y la explotación. Y creo que no hay que insistir en la idea de que en un Estado de Derecho la legalidad o no de una práctica no regulada la definen los tribunales.

Lo cierto es que no es la primera vez que nuestros jueces evidencian una especial sensibilidad hacia la suerte de los derechos sociales de lxs trabajadorxs del sexo, que es lo que hoy está en entredicho. Hay un largo recorrido que merece ser recordado. Hace ya más de veinte años, una sentencia de la jurisdicción penal de 12 de abril de 1991 creó una amplia línea jurisprudencial que llegó hasta el Tribunal Constitucional (S.163/2004, de 4 de octubre), donde se otorgaba protección penal a las mujeres que ejercen la prostitución por cuenta y encargo de otro frente a las conductas que atentaran contra sus derechos a causa de la imposición de condiciones laborales abusivas. La idea, entonces vigente, de que se trataba de un contrato con causa ilícita no le impidió al Tribunal Supremo reconocerle efectos tuitivos sobre lxs trabajadorxs por cuenta ajena: “otra respuesta punitiva, decía aquella sentencia, conduciría a asumir que, el más desprotegido debería cargar también con las consecuencias de su desprotección (...) en una concepción del sistema de justicia penal como multiplicador de la desigualdad social porque (...) el empleador podría imponer a los trabajadores ilegales las condiciones laborales más discriminatorias sin riesgo alguno de infracción legal, a pesar de poder quedar severamente comprometidos valores inherentes a la personas que, como la dignidad del art. 10 de la Constitución, no conocen fronteras”.

Años más tarde, otro pronunciamiento judicial paradigmático daría el paso definitivo para consagrar la legalidad del trabajo sexual apuntando a la autonomía de la voluntad de sus actoras y a la imposibilidad de que una política de derecho y no meramente ideológica la dejara sin efecto. Fue obra de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2009 cuando afirmó que “la cuestión de la prostitución voluntaria, bien por cuenta propia o dependiendo de un tercero que establece unas condiciones de trabajo que no conculquen los derechos de los trabajadores, no puede solventarse con enfoques morales o concepciones ético-sociológicas ya que afecta a aspectos de la voluntad que no pueden ser coartados por el derecho”.

Con el tiempo, la misma normativa penal les ha dado la razón. Tras la última reforma de 2015, cualquier práctica que no lesione los derechos laborales de lxs trabajadorxs del sexo queda fuera de sus ámbitos de prohibición (art. 187,1 b). Y si, como ha señalado la propia jurisprudencia (Sala Social de la Audiencia Nacional en sentencia 104/2003, de 23 de diciembre), el Código penal de un Estado democrático de Derecho opera como constitución negativa capaz de perfilar lo que es incompatible con la ética constitucional, puede afirmarse que el nuestro no representa un obstáculo para dar por legalizada, desde la Constitución, la actividad de la prostitución y reconocidos los derechos de quienes la ejercen. Sus derechos laborales quedan, pues, a salvo, ¿quiénes se van a atrever a cuestionarlos cuando son sus propixs actorxs quienes los reivindican en primera persona? ¿Adónde van a buscar entonces esos argumentos de fondo que permitiría a la Abogacía del Estado impugnar una autorización administrativa que les reconoce, como a cualquier trabajador, la libertad de sindicarse?

Les va a resultar difícil desandar lo andado.

Debe decirse con rotundidad que la Audiencia Nacional no es competente para conocer de los delitos de rebelión o sedición

Los abajo firmantes, más de 100 profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas, ante la crisis política más grave vivida por nuestro país desde el golpe de estado de 1981, se entienden obligados a manifestar su experta opinión ante toda una serie de calificaciones jurídicas que llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado y la titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional, han originado general repulsa y seria preocupación en los medios jurídicos españoles.

De la conducta observada por diversos integrantes del Parlamento y el Gobierno catalán puede desprenderse, con alta probabilidad, la comisión de múltiples delitos, que deben ser investigados y, en su caso, sancionados conforme a lo que exige nuestro Ordenamiento Penal.

Mas ha de decirse que la exigencia de responsabilidades penales por lo ocurrido tiene que realizarse con observancia estricta de nuestras leyes penales y procesales y respetando en forma exigente el principio de legalidad, de obligatorio cumplimiento en este ámbito.

A ese respecto debe señalarse que en nuestra opinión es gravemente equivocado considerar los hechos como constitutivos de un delito de rebelión del artículo 474 del CP, y ello por la poderosísima razón de que está ausente un elemento estructural de ese ilícito cual es la violencia; requisito que tras una viva discusión en el Senado se decidió incorporar a la tipificación para, precisamente, constreñir su aplicación, en exclusiva, a supuestos de la máxima gravedad que no se dan en este caso: sólo conculcando muy gravemente el principio de legalidad penal puede llegar a afirmarse que los imputados, a la vista de los hechos que se les han atribuido, pudieron realizar este delito, o el de conspiración para la rebelión que requiere un acuerdo conjunto de llevarlo a cabo con esa misma violencia.

Tampoco creemos que concurra en este caso el delito de sedición del artículo 544 del CP, debido a que en ningún momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario tal y como exige la ley, y no pueden atribuirse a aquéllos sucesos ocurridos con anterioridad o realizados por otras personas distintas, ya que en Derecho Penal rige el principio de responsabilidad personal y sólo cabe juzgar a alguien por sus propios hechos.

De igual forma debe decirse con rotundidad que la Audiencia Nacional no es competente para conocer de los delitos de rebelión o sedición, y que tal entendimiento corresponde a la Audiencia Provincial de Barcelona. En efecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 65.1 se refiere a los derogados “delitos contra la forma de Gobierno” como objeto de la competencia de la Audiencia Nacional, y en ningún momento alude a los delitos de rebelión o sedición.

En ese sentido la argumentación esgrimida por la titular del Juzgado Central de Instrucción para reclamar su competencia constituye una manipulación pocas veces vista en el ámbito forense. Más aún si tenemos en cuenta que en el Auto de 2 de diciembre de 2008 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, este órgano jurisdiccional expresó con rotundidad que la Audiencia Nacional nunca ha sido competente para el conocimiento del delito de rebelión; y lo mismo puede decirse, añadimos nosotros, en relación al delito de sedición. Abundando en esta idea debe recordarse que la propia Fiscalía, en el mismo procedimiento al que nos acabamos de referir, afirmó que el delito de rebelión “nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de Gobierno … por lo que es totalmente injustificado concluir … que la Audiencia Nacional posee competencia para su investigación y enjuiciamiento”.

Resulta preciso, por otra parte, denunciar la falta de mesura de la titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 tanto en la fijación de fechas para prestar declaración (sobre todo si tenemos en cuenta la decisión tomada al respecto por el Instructor del Tribunal Supremo), como en el dictado de las prisiones preventivas que, sin duda, han sido gravemente desproporcionadas y carentes de suficiente justificación, más allá de abstractas manifestaciones.

En conclusión: desde una perspectiva estrictamente jurídica reclamamos a las instancias fiscales y judiciales que se atengan al Derecho, a la Ley, que investiguen y, en su caso, castiguen todo lo que el Estado de Derecho autoriza y obliga, pero exclusivamente eso, porque sólo dentro de esos márgenes puede haber oportunidad, proporción y Justicia.

Lista de firmantes de este manifiesto