Los ojos estaban puestos en Venecia el fin de semana, donde se esperaba que los Ministros de Finanzas del G20 dieran el visto bueno a lo que debía ser la gran reforma del sistema fiscal internacional, una reforma esperada y urgente que siente las bases sobre cómo gravar los beneficios internacionales de grandes corporaciones que hoy operan como fantasmas fiscales. En definitiva, un nuevo modelo tributario que se adapte a la realidad del siglo XXI al tiempo que pone coto a las prácticas depredadoras de los paraísos fiscales y la competencia fiscal tan perjudicial en la que se han visto sumidos el conjunto de países.

No olvidemos que la factura de estos abusos fiscales, amparados por años de impasibilidad política, la ha pagado la ciudadanía, que ha visto como grandes corporaciones podían multiplicar sus beneficios mientras reducían obscenamente los impuestos pagados. El saldo ha sido una desinversión en políticas sociales o un mayor esfuerzo sobre las familias y el trabajo, especialmente desde la gran crisis financiera de 2008. Y estas decisiones, políticas, han condicionado la capacidad de los países para enfrentarse a la pandemia de la Covid-19.

Por eso esta fase final de la reforma del sistema fiscal internacional no llega en un momento cualquiera, sino también, en un contexto de máxima tensión presupuestaria y fiscal. En los países en desarrollo, la deuda está alcanzando niveles insostenibles y amenazan con desestabilizar el frágil sistema financiero internacional en el que se fundamenta la frágil recuperación post-pandemia. Abordar una reconstrucción más justa a esta crisis requiere de decisiones decididas como quien asumirá el coste, pero también de cómo evitar que la desigualdad se dispare. Conviene recordar que la COVID 19 no ha afectado ni sanitariamente ni económicamente a todos los países por igual. Tampoco lo ha hecho entre las personas de un mismo país. Las personas y las comunidades más vulnerables han sido las más impactadas, las que más han sufrido la pérdida del empleo y las últimas en acceder a los programas de protección social, cuando los ha habido. Mientras, la riqueza de las mayores fortunas del mundo ha alcanzado cotas nunca antes vistas.

Es en este complejo escenario en el que por fin se retomaron las negociaciones para reformar las reglas que determinan cuánto y dónde deben pagar los impuestos por sus beneficios las grandes empresas multinacionales. A principios de junio, los países del G7 dieron su respaldo político, con bombo y platillo, lo que ha acelerado la posibilidad de alcanzar un consenso, pero también que ha puesto de manifiesto que no era sino un acuerdo para proteger sus propios intereses. Y si este acuerdo puede poner en jaque el funcionamiento de algunos paraísos fiscales, también es una apuesta perversa para los países en desarrollo a los que coloca en un falso dilema, respaldar un acuerdo que es injusto para ellos o dejar vía libre a la elusión fiscal más desmedida.

Una encrucijada compleja. Porque (casi) todos coinciden en reconocer que el sistema fiscal internacional, diseñado hace 90 años, se ha quedado obsoleto. Entonces, nadie advirtió de los profundos cambios que nos iba a traer la globalización y la digitalización de la economía. Lo que sí tenían claro era que quienes diseñaron ese modelo lo hacían para favorecer los intereses de quienes ya entonces dominaban el comercio internacional, de los países ricos. Y desde hace décadas, son numerosos los países en desarrollo y las organizaciones de la sociedad civil que claman por una reforma profunda, más justa. Unas reglas que simplemente permitan retener allí donde se genera valor y actividad económica, los beneficios fiscales que legítimamente les corresponden.  Lo único que se ha conseguido con este modelo es que los países compitan por ver quien baja más los impuestos a los beneficios empresariales. Una carrera al desastre.

Estas discusiones suponían una oportunidad única para efectivamente alcanzar un acuerdo histórico. Y una absoluta responsabilidad política el lograrlo. Sin embargo, el acuerdo alcanzado resulta poco ambicioso e injusto. Los intereses de los países ricos y sus grandes corporaciones se han puesto por delante de las personas y de los países en desarrollo. Dos son los principales problemas.

El primero tiene que ver con el tipo mínimo efectivo propuesto, de “al menos del 15%”. Lejos del 21% que el Presidente Biden quieren aplicar en los Estados Unidos, y por debajo del 25% que recomiendan economistas como Joseph Stiglitz o Thomas Piketty. En el fondo, es una concesión que no hace sino acercarnos a los niveles de conocidos paraísos fiscales como Irlanda y Singapur. Es mejor que nada, sin duda, pero el listón queda tan bajo que difícilmente logrará el efecto esperado de poner fin a la competencia fiscal. Sin duda generará tensión sobre los paraísos fiscales más agresivos, pero será en beneficio de los países más ricos. Es una medida diseñada para que quien la pueda ejecutar sea el país de la casa matriz. Por eso, según nuestras estimaciones, dos terceras partes de los ingresos adicionales irán a parar a países G7 y de la UE, mientras que a los países más pobres apenas les corresponderá un 3% del total, a pesar de representar al 36% de la población mundial. No hacemos sino perpetuar décadas de injusticia en el sistema fiscal internacional, mientras que algunos países europeos actúan como verdaderas termitas fiscales en el sistema global.

El segundo problema se refiere a la manera acordada para repartir los impuestos sobre los beneficios globales de las grandes empresas que, a pesar de conseguir amplios beneficios, no tiene presencia a efectos fiscales. La idea es redistribuir parte de esos beneficios globales hacia el resto de países en los que la empresa está presente. Pero los umbrales son tan altos, que apenas afectará a unas cien empresas, aquellas que facturen por encima de los 20.000 millones de euros y con rentabilidad superior al 10%. Son pocas, tan pocas que incluso monstruos digitales como Amazon podrían quedarse fuera. No sólo eso. Los países donde las multinacionales están produciendo o generando sus ventas y beneficios, apenas se repartirán una parte mínima de los beneficios globales (no llega al 5%).

También resultan problemáticos los flecos aún por concretar. Ya sabemos que el diablo está en los detalles. El sector financiero por ejemplo ha quedado al margen del acuerdo, sin duda por la presión de Gran Bretaña entre otros. Su exclusión supone reducir los ingresos fiscales globales a la mitad. 

Difícil que este acuerdo sea motivo de celebración. Martín Guzmán, ministro de Finanzas de Argentina, país miembro del G20, criticó la propuesta, al igual que algunos países africanos como Nigeria o Kenia que incluso renunciaron a firmar el acuerdo. En estos términos, corremos el riesgo de incrementar las desigualdades entre países.

Pero el partido aún no ha acabado. Hasta octubre todavía podemos conseguir un acuerdo que sea más justo y que genere ingresos adicionales suficientes y sustanciales para todos, incluidos los países en desarrollo. Para ello tendríamos que pensar en un tipo mínimo más alto, del 25%. Y tendríamos que garantizar que los beneficios se compartan de manera equilibrada con los países en desarrollo y que las grandes empresas que se han beneficiado de la digitalización de la economía, como Amazon no puedan eludir este acuerdo. Convendría que la opinión pública sea consciente de lo importante del momento. 

Los primeros cien días del nuevo gobierno de Pedro Sánchez han estado marcados por la efervescencia de propuestas en materia fiscal. La densidad de iniciativas que flotan en el aire aún no deja un escenario claro sobre los avances que se pueden materializar. El reto, que no es poco, es pasar a la acción y conseguir en un escenario de matemáticas parlamentarias inciertas, recuperar años de rezago fiscal.

España es el país de la paradoja fiscal, un país a dos velocidades. Hace cuatro años que España emergió de la crisis, y su El PIB ha crecido de forma sostenida desde 2014, pero los resultados de esta reactivación económica siguen dejando de lado a una inmensa mayoría haciendo que la desigualdad apenas se haya reducido (6 décimas si consideramos el índice de Gini). Y mientras, la crisis se ha saldado trasladando una mayor parte del esfuerzo fiscal a los ciudadanos, manteniendo la regresividad y la insuficiencia recaudatoria histórica. En 2007, las familias aportaban el 74% del total de ingresos recaudados, para pasar a aportar un 83% en 2017. En el mismo periodo, las empresas aportaron 22% y 12%, respectivamente. En realidad, desde 1999 el resultado contable de las empresas se ha más que multiplicado mientras que su factura fiscal sigue sin recuperarse ni estar a la altura. Nuestro sistema fiscal no está al servicio de la reducción de la desigualdad, somos el sexto país de la UE con menor efecto redistributivo a través de ingresos y gastos públicos, por detrás tan sólo de Lituania, Estonia, Letonia, Bulgaria y Rumanía. Esto condiciona nuestro techo de gasto, la senda de reducción del déficit y la posibilidad de financiar programas de protección social vitales como las pensiones.

Parados, como decíamos. En estos últimos diez años, el número de los ultrarricos (con patrimonios declarados superiores a los 30 millones de euros) casi se ha triplicado. Pero en este mismo periodo de tiempo, los hogares sin ningún tipo de ingresos han crecido un 60%, pasando de cerca de 400.000 a los 600.000, aproximadamente.

Nuestro sistema fiscal necesitaría una intervención en quirófano, una reforma en profundidad casi “a corazón abierto” para corregir las deficiencias y profundas inequidades que lo caracterizan. Pero las aritméticas parlamentarias, complicadas y sensibles, nos llevarán más bien a un ejercicio de curas básicas, enfocado a afrontar las urgencias más inmediatas pero también donde se encuentren los mayores consensos.

Nos inclinamos por tres prioridades factibles dados los condicionantes. Para empezar, corregir la alergia casi sintomática que existe en nuestra estructura tributaria a la hora de gravar la riqueza y las rentas más altas. Hay pocos elementos en el diseño del IRPF o de la tributación de las rentas de capital que consigan frenar esta creciente concentración y que logre redistribuir sus beneficios al resto de la sociedad. Muy al contario, la última reforma fiscal que entró en vigor en 2015 restó progresividad al conjunto del diseño tributario al combinar la supresión del tramo más alto en el IRPF y reduciendo el tipo marginal más elevado, mientras se rebajaba la presión sobre las mal llamadas “rentas del ahorro”. Por eso, la propuesta de elevar el tipo al 52% a las rentas superiores a los 150.000 euros (frente al 45% actualmente para las rentas a partir de los 60.000 euros) tiene tanto de importancia recaudadora como de recuperación de los principios de equidad. Sólo que debería suprimir también la dualidad en la tributación del trabajo frente al capital, y avanzar hacia una armonización bien diseñada en los impuestos sobre herencias y donaciones que actúe también para frenar la perpetuación de la desigualdad intergeneracional.

Donde hay que tocar el nervio tributario es especialmente en la contribución de las grandes empresas a través de sus beneficios. El Impuesto de sociedades sigue recaudando la mitad de lo que recaudaba en 2007, a pesar de que las grandes empresas rozan resultados históricos últimamente. Además, la globalización y digitalización creciente de la economía ponen aún más trabas a un sistema fiscal internacional arcaico y desfasado, diseñado hace casi cien años, a pesar de los esfuerzos por parchearlo de la OCDE y el G20. Pero mientras se avanza por la construcción de consensos globales, la opción de establecer una tributación efectiva mínima para las grandes empresas es un ejercicio de contención de mínimos más que necesario, sobre todo si viene acompañado de medidas sancionadoras que impidan que estas grandes se aprovechen de las debilidades del sistema para contar con privilegios fiscales que les permitan prácticamente no pagar nada. Igual que el impuesto a las grandes tecnológicas es una solución temporal pero efectiva frente a colosos digitales que escapan en la práctica al control tributario. Dominan el mercado pero con estructuras puramente virtuales que no encajan con un diseño en el IS rígido y territorializado. Hay que reinventar el sistema tributario para responder a una sofisticación en los modelos empresariales y acompañarlo de un plan de urgencia contra la evasión y elusión fiscal.

Para terminar, una apuesta histórica pero no menos de actualidad: la aplicación del Impuesto a las Transacciones Financieras, ITF, o el renacer de la Tasa Tobin. Este mes de septiembre de 2018 se cumplen diez años de la crisis financiera, cuyos coletazos golpearon tan fuerte nuestro país. El ITF tiene un gran potencial recaudador, pero también puede corregir los efectos altamente especulativos de algunos de los productos financieros en el origen de la gran crisis. La propuesta de ITF europea se ha ido poco a poco atascando, en tecnicismos que encubren la falta de voluntad política suficiente. Sería el primer impuesto realmente europeo, y una buena declaración de intenciones, además de anteponer las necesidades de la ciudadanía frente a los intereses del sector financiero y de liberar recursos para luchar contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático.

Los retos son más amplios, pero éstas son reformas que difícilmente pueden esperar si existe la voluntad política. Hace unos meses, Pedro Sánchez acertaba en la necesidad de poner el ojo en las reformas fiscales para abordar las reformas sociales y reducir la desigualdad. No hay país en el mundo que haya logrado una senda de reducción de la desigualdad sin construir un sistema fiscal más justo. Simplemente, no es posible.

Después de Panama Papers, el comisario europeo de Economía y Asuntos Fiscales, Pierre Moscovi, declaraba: “Si no actuamos tras lo de Panamá, la gente creerá que todo está podrido”. Paradise Papers, el último de los escándalos fiscales, tiene que ser una señal de alarma para el Comisario quien acusaba esta semana pasada de “vampiros” a quienes recurren a los paraísos fiscales, grandes fortunas y grandes empresas, para aprovecharse de los vacíos legales y pagar menos.

Sin duda alguna, los paraísos fiscales chupan recursos vitales para todos los países y generan un doble rasero que mina y socava los cimientos democráticos, los principios de equidad e igualdad de todos ante la ley. Es pura matemática, lo que se pierde por esta vía tóxica y perversa se traduce en menos hospitales, menos educación, menos cooperación al desarrollo. Una sociedad más desigual.

Sorprende por lo visto que los esquemas que nos encontramos en Paradise Papers son en gran medida legales. Viejos conocidos, aunque más cuidadosos en los detalles, con mayor ingeniosidad para detectar los resquicios y desajustes legales entre países. Pero si la ley es insuficiente, hay que cambiarla. Empresas como Nike registran su marca en Bermudas. Las ventas europeas de la empresa se canalizan a través de Holanda desde donde los royalties por el uso de esta marca se transfieren desfiscalizados. Es un puente “al paraíso”, un país que opera como vehículo de inversión o de beneficios no gravados, un juego que no es ajeno a muchas otras tecnológicas que lo han adoptado desde hace tiempo. Pero el remate es un ventajoso acuerdo fiscal por 10 años con Holanda, que rebaja al mínimo su contribución fiscal. En estos últimos 15 años, la empresa crece en actividad y volumen de ventas, y baja en contribución fiscal. Contra intuitivo cuando menos.

Los escándalos han sido fundamentales para que las fichas políticas empiecen a moverse, pero siempre a medias. La voluntad política falla en atajar de raíz el problema. El gobierno holandés por ejemplo ha anunciado que impondrá una retención en fuente para esos ingresos de alto riesgo que se transfieren al exterior (pagos por dividendos, intereses o royalties). Pero no ha dejado aún claro cuando, aunque probablemente no sea antes 2021, lo que dejaría mucho margen para seguir explotando este gran agujero legal. Tampoco ha aclarado con qué países, por lo que las Bermudas muy bien podría quedarse fuera. Ni qué tipo de retención aplicará, por lo que viendo los volúmenes tan astronómicos que se mueven, quizás no sea un desincentivo suficiente.

Parecida es la jugada de Irlanda, con el famoso “doble irlandés”, un ingenioso esquema de elusión fiscal que permite igualmente transferir beneficios por propiedad intelectual a Irlanda, prácticamente a coste (fiscal) cero, y de ahí volverlos a remitir Bermudas donde el impuesto es nulo. Bajo la presión de las reformas globales, Irlanda se comprometió a revisar los mecanismos que permiten este juego fiscal. Pero, a cambio, ha creado una nueva figura de “incentivo fiscal a la innovación” que gravaría los rendimientos de estos intangibles tan sólo al 6.5%, prácticamente a la mitad de su ya bajísimo impuesto de sociedades (un 12.5%). Es como jugar al gato y al ratón.

Y a este juego saben jugar bien las grandes corporaciones. Glencore, de capital suizo y una de las mayores mineras del mundo, es probablemente también uno de los mejores clientes de Appleby, tanto que la firma de servicios offshore llegó a poner su nombre a una de las salas de su edificio de oficinas en Bermudas. Glencore tan sólo reconoce en sus cuentas anuales 17 filiales en paraísos fiscales, cuando Paradise Papers muestra como Appleby registró 107 para el grupo, 74 de ellas en Bermudas tan sólo. Una de estas filiales de Bermudas controla las acciones de Glencore en la minera Los Quenuales de Perú Glencore sobre los que los documentos filtrados en Paradise Papers detectan sospechosos movimientos de préstamos que podrían no tener otro fin que el de reducir artificialmente los beneficios en el país andino para trasladarlos al paraíso caribeño.

¿Significa que los Papeles de Panamá no han servido de nada? No, pero las agendas internacionales, europeas o de los distintos países van a paso de tortuga cuando se necesitaría velocidad de crucero. La propia OCDE reconocía hace 4 años que el sistema fiscal internacional estaba obsoleto y no respondía a la realidad del siglo XXI. Se creó hace más casi 100 años, con estructuras empresariales que respondían a modelos de negocio completamente otros. Y sin tecnologías de la información, que permiten en un clic transferir capitales o crear sociedades en cualquier lugar del mundo sin moverse de casa. Sin embargo, en la actualidad, el 45% de los beneficios de las grandes corporaciones se realizan en paraísos fiscales.

Lo cierto es que en los últimos cuatro años la agenda de reformas internacional se ha movido más que en los últimos 100 años. ¿Entonces, qué nos queda por hacer? Mucho. Pero hace falta voluntad política ante todo para que estas reformas no se queden en parches en la capa más superficial del problema, en lugar de entrar a fondo a revisar el estatus quo actual.

En Oxfam hemos pensado en cinco medidas urgentes para activar un plan de acción contra los escándalos fiscales.

Elaborar una lista negra mundial de paraísos fiscales, siguiendo criterios objetivos y sin interferencias políticas, que vaya acompañada de contramedidas e incluso sanciones que desincentiven su uso. En junio del año pasado, el G20 dio por buena la propuesta de lista negra de la OCDE en la que tan sólo aparece un país, Trinidad y Tobago. Y pronto ninguno, porque a Trinidad y Tobago, país del Calipso, le están dando una oportunidad de “enmendarse”. La propuesta de la OCDE falla porque se centra tan sólo en la transparencia. La UE en cambio está a punto de presentar su propia lista negra el 5 de diciembre, basada en 3 criterios más ambiciosos que los de la OCDE. Pero los intereses políticos pueden acabar diluyendo el resultado.

Incrementar la transparencia sobre cuánto pagan las grandes empresas, donde realizan su actividad real, qué impuestos pagan, qué personal tienen. Es como contar con una foto que nos acerque a entender si hay una actividad económica real o si, como sucede en muchos casos, nos encontramos con empresas con actividad económica en el país pero sin domicilio fiscal o sin ningún trabajador.

Acabar con la opacidad tras la que se ocultan los súper ricos, estableciendo un registro público de los titulares reales de empresas offshore, fundaciones, trusts, cuentas bancarias, etc. Al frente de esta maraña de sociedades pantalla no aparecen los propietarios reales sino un sinfín de testaferros, hombres de paja para que se convierta en imposible llegar hasta el verdadero beneficiario.

Renegociar los acuerdos fiscales entre países, garantizando que se negocian en pie de igualdad y que no erosionan las bases impositivas de los países en desarrollo. Existen más de 3000 tratados o acuerdos fiscales en el mundo, que se convierten en una negociación a la baja.

Es hora de crear un organismo fiscal mundial que permita la participación de todos los países en el diseño y elaboración de las reglas del juego fiscal y del que nazca una nueva oleada de reformas del sistema fiscal internacional. Esta vez, anteponiendo los intereses de la mayoría de las personas y de todos los países.

¿Un plan imposible? No. Lo cierto es que muchas de estas medidas están ya en marcha, pero la falta de voluntad política hace que se queden por el camino o que vayan diluyéndose. Ya no hay tiempo para más, y acabar con la crisis de desigualdad extrema requiere también poner fin a los escándalos fiscales. No puede haber cabida para más Paradise Papers.