Esta es la historia de cómo los grandes especuladores llegaron a nuestras ciudades. Parte de sus inicios los encontramos en 2012, cuando el PP otorgó un régimen fiscal privilegiado a las Socimis. Fondos dedicados al alquiler, que, gracias a este nuevo régimen, no pagarían impuestos. De este modo, las Socimis se volvieron una de las herramientas preferidas de bancos y fondos buitre para especular con el alquiler. Por si fuera poco, el PP en 2013 modificaría la ley de los alquileres desvinculando los precios del IPC en las renovaciones de los contratos.

En resumidas cuentas, el PP modificó las leyes a medida de los grandes especuladores, que a partir de entonces podían comprar viviendas y subir los precios de manera desorbitada a las familias. Y se podía hacer, incluso, sin pagar impuestos. En otras palabras: el PP regaló el control de los precios del alquiler a los grandes especuladores inmobiliarios.

No es el mercado amigo, es el gobierno del PP que pretende regalar tu hogar a cuatro especuladores que tienen nombre. Como Blackstone, el peor fondo buitre del mundo. Que ya en 2013, durante el mandato de Ana Botella, que era alcaldesa por el PP, compró 1.860 viviendas públicas en Madrid. Tras esta compra, Blackstone no tardo en subir los precios, y desde entonces desahucia a familias que residen en viviendas anteriormente públicas. Hablamos de un entramado que funciona a través de una Socimi llamada Fidere.

Más tarde en 2015, realizaría la compra de 40.000 hipotecas en riesgo de impago que pertenecían a CatalunyaCaixa. Un banco, que, recordemos, fue rescatado con 12.000 millones de dinero público que jamás han sido devueltos. Pronto Blackstone terminó todo tipo de negociación con familias vulnerables que habían tratado de conseguir una dación en pago y un alquiler social. Y comenzó a desahuciarlas para crearse su propio parque de alquiler. Además, para evadir impuestos y sacar el máximo beneficio utilizó otras dos Socimis: Albirana, que acumula hasta 5.000 viviendas provenientes de familias desahuciadas. Y Anticipa, que acumula más de 12.000 hipotecas en riesgo de impago.

Las reformas del PP también atrajeron a otros especuladores. Hace tiempo que nombres como Norvet, Elix, MK Premium o Vauras Investment protagonizan casos de expulsión de vecinas: compran bloques enteros, se niegan a renovar contratos de alquiler, suben los precios de manera desorbitada e incluso practican el acoso inmobiliario. Cuando logran expulsar a los residentes de toda la vida, reforman los pisos y los sacan al mercado como viviendas de lujo. Para cuando termina el ciclo, los precios de la vivienda en la zona se han hinchado. Lo que provoca que también suban los precios del barrio, y de la ciudad. Cada una de estas compras es un tsunami contra el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. Una oleada llamada gentrificación: que es otra manera de nombrar la expulsión de vecinas de sus barrios y ciudades de toda la vida por no poder hacer frente a los precios de la vivienda.

Sin embargo, esta historia la sigue escribiendo la ciudadanía, que es más digna que el gobierno, y se ha organizado para vencer a la actuación de la mafia inmobiliaria. Tenemos ejemplos como el bloque Leiva 37 de Barcelona que fue comprado por el fondo buitre Vauras Investment. Gracias a la presión social de las vecinas, el Ayuntamiento cancelo esta compra e incluso adquirió el edificio para que pasará a ser de propiedad pública. También han surgido Sindicatos de Inquilinos, que reclaman la regulación del alquiler a partir de una premisa con mucho sentido común que viene a decir que “si regulamos los carburantes, si regulamos los medicamentos, regulemos los alquileres”.

También la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha demostrado que la ciudadanía puede vencer. Coordinándose con colectivos internacionales de todo el mundo, participó en acciones simultaneas en Madrid, Nueva York, Londres, Berlín y Tokyo contra Blackstone. Y como resultado, lograron abrir vías de negociación para resolver casos de familias afectadas. También ha plantado cara a la inmobiliaria Norvet, organizando a las vecinas del bloque Aragó 477, que estaban en riesgo de expulsión. Y ha terminado realojando a varias familias en emergencia en pisos que Norvet mantenía vacíos en el bloque de Aragó 477.

Y ahora en 2018, la PAH incluso registra una ley en el Congreso, que contiene medidas para revertir las causas estructurales que han provocado la llegada de la mafia inmobiliaria. Hay tres medidas básicas en este sentido. Primero, una moratoria que paralice los desahucios de primera y única vivienda de familias vulnerables. Segundo, otorgar a la Administración la capacidad de realojar a familias en emergencia en pisos de la banca que se encuentren injustificadamente vacíos. Tercero, dotar a los Ayuntamientos de la capacidad de crear índices de referencia que marquen un precio adecuado a las viviendas en alquiler según sus características y la capacidad adquisitiva de la población. Demandas que en su conjunto no sólo protegerían a las familias en riesgo de desahucio, sino que permitiría a toda la población acceder a una vivienda sin caer en la precariedad. Porque este es un problema de todas, para el que hay soluciones.

Si se aprueba la Ley de Vivienda de la PAH en el Congreso, conseguiremos nuevas herramientas para continuar protegiendo el Derecho a la Vivienda en nuestras ciudades, en nuestros barrios y en nuestras calles. Pero ahora que la ley está registrada, el gobierno del PP, junto con el apoyo de Ciudadanos, tiene hasta mediados de marzo para interponer un veto. Y este veto implicaría que esta ley que necesitamos todas ni siquiera pudiera debatirse en el Congreso. Recordemos ante todo que es una obligación política del gobierno permitir debates que protejan nuestros derechos más básicos. Hoy más que nunca, tenemos la oportunidad de recuperar el control democrático y ciudadano del derecho a la vivienda. El control sobre nuestro futuro. Y ser las ciudadanas las que consigamos escribir el final de esta historia.

Lunes, 9h de la mañana en Salamanca, hora del desahucio de Isa. Lunes, 9.08h en Barcelona, desahucio de Najat. Lunes, 9.16h en Madrid, desahucio de Sara. Cada 8 minutos se ejecuta un desahucio y una familia se queda en la calle. Para que quede más claro, al terminar este artículo, una familia habrá perdido su hogar. Más de medio millón de familias han sido desahuciadas en la última década. El gobierno del PP ha jurado lealtad y pleitesía a la banca. No solo le ha regalado ingentes cantidades de dinero público, sino que ha velado porque sigan acumulando vivienda vacía, mientras desahucian y especulan con vidas en juego.

Llegó un momento en que el gobierno del PP ya no podía ignorar el problema frente a la presión social, y difundieron reformas como el fondo social de viviendas y la moratoria. Lo que no contaron eran las fuertes restricciones para que las familias se acogieran a estos mecanismos. Hoy son medidas que no llegan ni al 1% de las familias afectadas. Así podríamos resumir las políticas del PP, como los gestos del 1%. Y como respuesta desde la ciudadanía surgió la Ley Vivienda PAH: un texto de ley que recoge medidas para acabar con los desahucios, cancelar las deudas de por vida, regular los precios del alquiler, movilizar pisos vacíos de la banca y garantizar el agua, la luz y el gas. Medidas para llegar al 100% de las familias afectadas.

Con esta iniciativa se solicitó a todos los grupos parlamentarios que se posicionarán: o estaban con la vulneración de derechos que perpetra el PP, o con la ciudadanía. Con esto, se les interpeló a mostrar su apoyo presentándose en el futuro día en que registren el texto de la Ley Vivienda PAH en el Congreso. Se plantea de manera abierta y plural, dando la oportunidad a todos los grupos parlamentarios de realizar propuestas y participar de un registro colectivo, iniciando así un debate democrático alrededor de un tema que continúa siendo vital para las familias. Y aquí es donde entra el PSOE, el único grupo parlamentario grande que todavía no se ha posicionado.

Existen voces dentro del PSOE de Murcia, Valladolid, Castilla y León, Cantabria e incluso del gobierno autonómico valenciano que reclaman públicamente que el partido socialista apoye la legislación de la Ley Vivienda PAH en el Congreso. Incluso el propio Pedro Sánchez, durante las primarias, prometió que si llegaba a liderar el partido socialista apoyaría la legislación de este texto de ley. Y en el afán de generar un texto de consenso, se llegó a integrar propuestas que el PSOE reclamaba, como la creación de un censo de viviendas en manos de los grandes propietarios, para aplicar sanciones sobre los pisos que estuvieran injustificadamente vacíos.

Sin embargo, el PSOE al completo todavía no tiene una postura oficial. Ante esta situación se ha fijado una reunión con el grupo parlamentario socialista el 22 de noviembre en Madrid, para que, de manera definitiva, transmitan si estarán presentes o no en el registro del texto. A este respecto, el PSOE ha llevado al Congreso una Propuesta No de Ley sobre mecanismos contra el sobreendeudamiento, que ni siquiera nombra la dación en pago retroactiva. Un tipo de fórmula que al ser “no de ley”, no genera ningún cambio legislativo. No tiene ningún sentido que el PSOE se dedique a llevar al Congreso declaraciones de intenciones, mientras no recoge propuestas de las familias afectadas que sí cambiarían las leyes existentes.

En este tiempo que el PSOE malgasta, a las familias las continúan desahuciando. Un silencio de 8 minutos es cómplice de que otra familia se quede en la calle. El partido socialista tiene que hacer un ejercicio de coherencia, escuchar las voces de las familias afectadas y los posicionamientos internos de su propio partido a favor de la Ley Vivienda PAH. Ahora tiene la oportunidad histórica de defender medidas para el 100% de las familias afectadas y ponerse al lado de los derechos humanos. Medidas que se muestran aún más necesarias ante el último varapalo que ha recibido el Derecho a la Vivienda, con el veto de PP y Ciudadanos en la Asamblea Regional de Madrid al trámite de una ILP autonómica que recogía medidas para solventar la emergencia habitacional.

Cada una de las demandas de la Ley Vivienda PAH, han sido conseguidas previamente por las familias que han acudido a las asambleas de la Plataforma. Es sólo cuestión de voluntad política legislar un marco de protección para todas las familias y las próximas generaciones en todos los rincones del Estado. El 22 de noviembre, las familias quieren saber hacia dónde apuntará la voluntad política del PSOE.