Más de dos años después de las últimas elecciones en la Comunidad Valenciana, en la que se produjeron cambios relevantes en cuanto al signo de las fuerzas de gobierno, nos encontramos con que en lo referente a protección animal poco o nada ha cambiado. Y si lo ha hecho, salvo en asuntos puntuales, ha sido a peor.

Ante promesas de mejoras importantes en lo que a bienestar animal se refiere, nos hemos encontrado la callada por respuesta y, a lo sumo, oído frases del tipo: “es un problema heredado que no se puede solucionar”, “estamos atados por la legislación actual”, “no hay presupuesto”, etc, etc, etc... Promesas que vuelven a caer en saco roto y donde dije digo, digo Diego. Decepcionante para aquellas personas vinculadas con la defensa de los animales que habían volcado todas las esperanzas en un mundo mejor para ellos.

En estos momentos todavía se están estudiando los cambios en la Ley de Protección Animal, tomando como base la vigente Ley 4/1994, que ya cuenta con 23 años de antigüedad (ni qué decir de las ordenanzas municipales, que en algunas poblaciones, como Valencia, son de 1990, anteriores a la propia Ley).

Esta Ley, aunque con muchísimas carencias, recogió asuntos muy interesantes, de los que queremos destacar que se dio preferencia en la gestión de recogida de animales a las “asociaciones de protección y defensa de los animales legalmente constituidas que lo soliciten” (art. 18), algo que desde la aprobación de la norma se estaba cumpliendo en ayuntamientos donde se daban las circunstancias, y que con los cambios en gobiernos municipales se ha dejado a un lado por completo.

La recogida de animales de familia es un servicio que requiere que quien lo lleve a cabo tenga una especial sensibilidad e implicación con los animales, que además ya han tenido que sufrir el horror del abandono y del maltrato. No se puede permitir que caigan en manos insensibles que vayan a hacer negocio a costa de su sufrimiento y de su vida.

Con este panorama, en la Comunidad Valenciana cada gestión de recogida de animales irremediablemente sale a concurso (por aplicación de la ley de contratación pública y del principio de libre concurrencia, sin tener en cuenta la norma específica de aplicación), en los pliegos se exigen unas condiciones leoninas para cualquier entidad proteccionista, y de esta manera queda adjudicado a estas mercantiles (perreras) que hacen negocio a costa de mantener a los animales en condiciones límite durante los 20 días que marca la ley, sin tratamientos veterinarios y con el menor gasto posible, para exterminarlos finalmente. Todo gasto es prescindible cuando el fin es su muerte.

Sirva a modo de ejemplo: tal y como señala Rosa Tormos, de SPAMA SAFOR, dos poblaciones con mayor número de habitantes tras la capital, Torrent y Gandía, adjudicaron a una mercantil que no posee los núcleos zoológicos preceptivos. En Torrent se acaba de renovar el contrato por otro año y en breve se hará en Gandía, como ha adelantado el concejal responsable.

Valencia también siguió este modelo, que impidió acceder al mismo a las entidades protectoras. Solo se presentó una de estas mercantiles, que tampoco cumplía las condiciones exigidas, pero que gracias a la presión de entidades en defensa de los animales, y con los precedentes de Gandía y Torrent (entre otros), tuvo que declararse desierto.

Esa ha sido en los dos últimos años la tónica general, la adjudicación a perreras. Lo más indignante no es que se haya obviado a las protectoras que cumplen con los requisitos, núcleos zoológicos (Gandía) entre otros, para poder realizar la recogida, sino el hecho de que en muchos casos la adjudicación a mercantiles se ha producido pese a ser ilegal por no cumplir los requisitos exigibles en el concurso. Es inexplicable que las administraciones se permitan, y se les permita, incumplir la ley.

Algunos de estos casos están denunciados en el juzgado, pero dada la lentitud de los tribunales, cuando se resuelva, aún siendo el resultado favorable, no lo será para los animales que hayan muerto. Esto recuerda, valga el símil, a los casos de aplicación de pena de muerte que años después se han revisado y el veredicto se ha revocado. El mal está hecho y es irreversible.

En los casos de denuncia debería pararse el proceso de exterminio. Una posible solución sería la aplicación de medidas cautelares en las que los animales no pudieran ser sacrificados hasta que no se resuelva el asunto.

Esta decisión, obviamente, produciría un choque frontal con las perreras, que no admitirían mantener a los animales con vida hasta que hubiera resolución judicial. Una posible solución podría ser que fueran acogidos por una entidad protectora, por orden judicial, y que la compensación económica para su mantenimiento recayera en los que los mantienen con vida y, como es su modo de hacer, les buscan un hogar.

Aparte del tema de las adjudicaciones a mercantiles, desgraciadamente también se da el hecho de la falta de compromiso de las administraciones a la hora de tramitar los expedientes abiertos en los casos de abandono, que se acumulan en los cajones sin darles curso (con la explicación de que no hay presupuesto, de falta de personal, etc.) y en los casos graves de maltrato animal no se remiten a fiscalías de medio ambiente, como es lo obligado por tratarse de un delito recogido en el Código Penal (art 337 y 337,bis), acabando muchos de ellos archivados.

Esto es algo muy decepcionante para los colectivos defensores de los animales, que se encuentran, además de con la falta de sensibilidad, con la impotencia de sufrir la inactividad de la Administración y se ven con la manos atadas ante semejante oponente.

En resumen: las condiciones de vida de los animales en la Comunidad Valenciana no solo no han mejorado en la mayoría de los casos estudiados, sino que se han traducido en la aplicación de la pena de muerte (donde antes había asociaciones protectoras) a animales inocentes abandonados (que ya tuvieron la desgracia de caer en manos de malnacidos que los dejaron a su suerte) o maltratados (sin remisión del procedimiento a la jurisdicción penal).