Estoy a favor del referéndum. De cualquier referéndum. También del del Brexit, sí. Ya sé que a veces el resultado complica las cosas en lugar de resolverlas. Estoy de acuerdo con lo que dice el protagonista del film Brexit (HBO): “Un referéndum es una respuesta simple a un problema complejo”. Y, a pesar de todo, cualquier alternativa me parece peor, más arbitraria, menos democrática, que una consulta ciudadana libre y con garantías. El problema de Catalunya se basa, entre otras cosas, en la ausencia de esta rúbrica popular a un Estatuto de Autonomía cuyo redactado final es obra del Tribunal Constitucional. Así que, políticos catalanes y españoles de todo tipo y pelaje, métanselo en la cabeza, cualquier solución para Catalunya será agua de borrajas si no hay un referéndum al final del camino.

¿Que el referéndum divide? Bueno, este era el argumento en el que se basó Franco para prohibir los partidos políticos. Se dirá, con razón, que en este caso están en juego sentimientos y emociones. Pero eso no es novedad, ni tendría que ser una sorpresa en un territorio con evidentes características nacionales, y a la vez tan mestizo, como es Catalunya. La cuestión es que la política tendría que encauzar este problema, traducirlo en propuestas, y no exacerbarlo. Y los que se oponen al referéndum han jugado constantemente la carta del chantaje emocional. O del chantaje a secas. Si en lugar de vestiduras rasgadas, aduanas reinstaladas, apelaciones ridículas a escoger entre Miró o a Velázquez, amenazas de bloqueo político y boicot económico, se hubiera desdramatizado un poco la situación, los catalanes habrían podido vivir este debate con mucha menos angustia.

Por otra parte, si el referéndum no es posible porque –digamos– las encuestas prevén un resultado demasiado reñido para ser aplicable, alguien nos tendría que decir cuál es la alternativa (me refiero a alguien del PSOE o de Podemos, por supuesto; de los líderes de la derecha no espero nada que no sea represión). Si no hay referéndum, ¿qué hacemos? Porque estoy seguro de que nadie, nadie, nadie cree que el tema catalán se vaya a resolver solo, que los independentistas dejarán de serlo por simple cansancio. Y, aunque así fuera, ¿en qué clase de país nos convierte eso? ¿Es realmente la España que quieren? ¿Edificada sobre la represión y la posterior frustración de tantos ciudadanos?

No. El envite catalán merece el respeto suficiente para, al menos, intentar darle una respuesta alternativa. Ya entiendo que estamos muy al principio, que unos tienen que decir independencia o nada, y otros independencia nunca, pero hay que ir pensando en qué es lo que se va a poner sobre la mesa; pensar qué es lo que, al final, con un apoyo mayoritario, será sometido a referéndum. Un consenso nuevo que sustituya al viejo. El consenso de 1978 fue una opción valiente, porque se saltó a la torera la legislación franquista para traer de vuelta al presidente de la Generalitat republicana, con el Ejército enfurecido (parece que no queda nada de ese coraje). En cualquier caso, ese consenso se basó en unas mayorías que ya no existen; es hora de adaptar ese consenso a la realidad de la Catalunya actual. Pensar que la solución de 1978 sirve para un país con prácticamente la mitad de independentistas es no ser realista.

Hay que plantear un nuevo status para Catalunya, y el independentismo, que cuenta con una mayoría absoluta en el Parlamento catalán, tiene derecho a abrir el baile. Y  deber de ser flexible. El Gobierno español, y los partidos contrarios a la independencia, tienen que dejar de pensar que su punto de vista es más razonable por el simple hecho de que lo respalda un texto escrito hace 40 años y el poder coercitivo de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Catalunya necesita una solución ad hoc. Es inevitable, y a pesar de los pataleos de los barones autonómicos, esta solución llegará. Tiene que ser una solución práctica y a la vez imaginativa. Tiene que implicar transferencia de soberanía y de poder político, y un freno al drenaje fiscal. Y –last but not least– tiene que abordar sin miedo cuestiones simbólicas e identitarias. Muchos catalanes se han vuelto independentistas no por dinero ni por razones prácticas, sino por ese resorte interno que Vicens Vives definió como la voluntad de ser. Y esta pulsión secular tiene que ser compatible con la legítima aspiración de miles de catalanes que no quieren dejar de ser españoles. Así que devánense los sesos, señores. Piensen en algo. Tienen que convertir en normal que en Catalunya haya seguidores de dos selecciones de fútbol distintas.

Siéntense. Ustedes que pueden, hablen, como diría Gemma Nierga.

(Pero antes, por la buena salud de todos y de la democracia, liberen a los presos políticos y dejen volver a los exiliados. Si no, no habrá manera de pasar página).

Comprendo muy bien que los responsables del documental Dos Cataluñas se rebotaran al saber que Puigdemont les iba a entregar el premio. Y lo digo en serio: Puigdemont es arte y parte, y el documental pretende ser neutral, aunque a mí no me lo pareció. Y no sólo porque excluyeran mi testimonio después de hacerme perder media tarde, sino porque el relato refleja el título, y el título Dos Cataluñas es un simplificación que excluye los matices y refuerza el marco mental de Ciudadanos, esto es, que lo que ocurre en Cataluña es ajeno a España y a la actitud primero indolente, después hostil y finalmente represiva por parte de su gobierno.

No, no hay dos Cataluñas; hay una, o en todo caso hay muchas. Como también hay muchas Españas, afortunadamente. En este pedazo mediterráneo de la península conviven sentimientos cruzados, y algunos tienen que ver con la política y otros no. Pero como los sucesivos gobiernos españoles se empeñan en orillar la vía política, el asunto ha pasado al terreno judicial y al terreno emocional, que son poco idóneos para el debate y la transacción.

Los miembros del gobierno de Puigdemont merecen un juicio político, un juicio histórico, si se quiere, y lo tendrán. Lo que no merecen es una farsa inquisitorial basada en un relato ficticio, con una instrucción escandalosa y una prisión preventiva de más de un año, lo que constituye un castigo arbitrario y desproporcionado, sobre todo en un país donde nos hemos acostumbrado al trasiego de políticos corruptos que han esperado sentencia desde la comodidad de sus hogares. Muchos de ellos no llegarán a pisar la cárcel. ¿Por qué? Los procesados no han robado ni un euro, no han ejercido la violencia (más bien la han recibido, junto con miles de catalanes), y dos de ellos -los Jordis- ni siquiera ejercían cargos de gobierno. Llevan más de 400 días en prisión por intentar disolver una manifestación sin altercados. Una manifestación que comparada con las jornada de luchas de los taxistas fue casi un picnic. El encarnizamiento sobre estos hombres y mujeres se debe a que sobre el sentido de la justicia ha prevalecido el bien supremo de la unidad de España, que es “fuente de derecho” según las palabras del presidente del Tribunal Supremo en 2017, Carlos Lesmes.

Cuando un Estado basa su doctrina judicial en la indisoluble unidad del territorio, es normal que se horrorice ante una comunidad política que se reconoce como nación, con mayorías parlamentarias independentistas y una población que de forma mayoritaria reconoce y exige el derecho de autodeterminación. Esta contradicción debería resolverse por una vía política, sería lo sensato en una democracia. Pero las demandas del Parlamento catalán han sido rechazadas con sonoros portazos y sin contraoferta alguna. Lo cuál situó a los políticos catalanes en la tesitura de obedecer el mandato popular o agachar la cabeza ante un texto redactado en 1978 bajo la vigilante mirada de los poderes fácticos del Estado. El resto de la historia lo conocemos todos.

Lo más sorprendente de todo ello es la distinta reacción suscitada en Cataluña y en el conjunto de España. Mientras en Cataluña dominan los sentimientos negativos (indignación, frustración, pena), incluso entre muchos de los que querrían renovar el matrimonio con España bajo otras bases, en España el conflicto catalán ha dado alas a la derecha y a la ultraderecha, ha desatado euforias y ardores guerreros, en todo el espectro político excepto Podemos y el sector más progresista del PSOE.

El populismo nacionalista, que en Europa ha puesto en la diana a la inmigración, en España tienen como chivo expiatorio a los catalanes. Curiosa manera de expresar la unidad indivisible de la patria española. Extraña forma de seducir a los catalanes: tratarlos como un cuerpo extraño, casi como un tumor. Todo esto da votos a Vox y al resto de la derecha, que compite por mostrarse especialmente cruel con los presuntos inocentes que se sientan ante el tribunal supremo; también permitirá salvar los muebles a los barones autonómicos socialistas, amedrentados por el alud patriotero o cómplices del mismo. Pero hay que estar muy ciego para no darse cuenta de que todo este festival no sólo no refuerza a España sino que está dinamitando su imagen exterior y está profundizando la herida interna que muchos catalanes y españoles de buena fe quisieran cicatrizar, con una u otra salida política.

El aniversario del primero de octubre y los hechos acaecidos en las semanas posteriores es fuente de un intenso debate, especialmente en Cataluña, pero también en el conjunto de España, ya que el referéndum fallido, la represión policial y sus consecuencias (muy particularmente el discurso del rey del día 3) han suscitado un amplio debate sobre el modelo territorial y la vigencia de la Constitución de 1978.

Que el asunto ha trascendido fronteras lo demuestra el estreno del documental Las dos Cataluñas que Netflix acaba de estrenar. Todavía no he podido verlo, pero el título me parece muy significativo del marco mental que parece haberse impuesto entre la opinión pública española: La tesis del conflicto interno. El “problema catalán” entendido no como una confrontación entre Cataluña y el Estado, sino una profunda grieta dentro de la sociedad catalana, a la que España asiste como una simple espectadora. Es la tesis que han abonado, con bastante éxito, los dirigentes de Ciudadanos, PSOE y PP. Y es una tesis con base, pero no explica el problema en su conjunto.

La división del electorado catalán en torno al proyecto independentista es una obviedad reforzada en los últimos comicios (es más discutible si esta división implica fractura interna, porque los incidentes ocurridos en torno a -por ejemplo- los lazos amarillos, nunca han revestido gravedad, pese a la insistencia con que Ciudadanos los atiza). En cualquier caso, la división no debería ser una coartada para la inacción política: Los temas conflictivos deben abordarse con amplitud de miras, reconociendo las razones (o al menos la existencia) del otro.

Por otra parte, la historia reciente nos dice que en las relaciones de Cataluña y España la consecución de mayorías amplias nunca ha sido la receta para conseguir nada. La autonomía catalana avanzó durante décadas a base de pactos puntuales entre la CiU de Jordi Pujol y los gobiernos de González, Aznar y Zapatero, motivados por cuestiones de aritmética parlamentaria.

Pueden tener razón los que dicen que con un 48% de voto independentista no se puede actuar de forma unilateral como se hizo en octubre pasado. Pero hay que ir un poco más atrás en el tiempo para explicar como se llegó a ese punto.

En 2006, el Parlamento catalán aprobó la reforma del Estatuto de autonomía con 120 votos a favor y sólo 15 en contra. Una mayoría próxima al 90%. Eso no impidió que el Congreso de los Diputados “se cepillara” el texto (como dijo Alfonso Guerra), que volvió a Cataluña con severos recortes. Se aprobó en un referéndum desangelado, pero legal y legítimo. Y a pesar de todo ello, el Tribunal Constitucional intervino para corregir a la baja el resultado del sufragio popular. Todo ello dio alas al independentismo y a una amplia reivindicación del llamado “derecho a decidir”. Fruto de este consenso, el Parlamento decidió en 2014 solicitar la delegación de competencias prevista en la Constitución para organizar un referéndum de autodeterminación. Votaron a favor 87 diputados (casi dos tercios del Parlamento catalán, pertenecientes a CiU, ERC, ICV y la CUP). La respuesta del gobierno Rajoy fue un portazo en las narices.

En estos dos casos, a los representantes catalanes se les dijo, de forma inapelable, que ante el muro constitucional poco importaba si el consenso catalán era más o menos amplio. (Lo de la “división” no era un argumento recurrrente, porque la causa del referéndum era -y todavía es- ampliamente apoyada en Cataluña). En cierto modo, a los independentistas catalanes se les dijo que cambiaran de idea o que se olvidaran del tema, lo cuál equivalía a ponerles entra la espada y la pared. Si renunciaban al referéndum, incumplirían su principal promesa electoral y reconocerían que el pueblo catalán no tiene el derecho a pronunciarse sobre su futuro político. La presión popular hizo que se movieran en sentido contrario, convocando un referéndum sin pacto previo, con el resultado de todos conocido.

Si las fuerzas políticas españolas, siempre prestas a atizar el anticatalanismo para recolectar votos, hubieran tenido un poco de sentido de estado, habrían admitido que un problema de ese calado no se podía ventilar de un plumazo, usando la Constitución como una mazmorra. De ahí que en estos días, cuando se acusa al soberanismo de no buscar un consenso más amplio, como si ésta fuera la condición básica para dialogar de una vez sobre cómo y cuándo se podrá ejercer el derecho a decidir, en Cataluña mucha gente -bastante más que el 48%- tiene la sensación de encontrarse ante la enésima tomadura de pelo.

La inmovilidad del constitucionalismo español hace prever que el contencioso catalán no se resolverá en breve; por otra parte, la mayoría de los catalanes sabe que el soberanismo catalán no tiene la fuerza coercitiva para imponer una solución a las bravas, aunque esta solución sea tan democrática como un referéndum de autodeterminación. Se podría decir que estamos ante un empate indestructible; ni Catalunya se impone como sujeto político, ni España consigue hacer de Catalunya un hecho diferencial controlable, al estilo valenciano.

Sin embargo, los hechos no respaldan tal empate: Tras los acontecimientos del octubre pasado, la estrategia independentista quedó en evidencia, parte de las élites económicas desertaron, los dirigentes más notorios del soberanismo quedaron fuera del tablero, y los actores internacionales han ignorado el problema. Los sondeos no cuestionan la mayoría soberanista pero los partidos que la integran están desorientados, lamiéndose las heridas y enzarzándose en estériles pugnas intestinas.

Lo que ocurre es que el conflicto catalán encierra, desde el punto de vista peninsular, una paradoja: Dada la importancia territorial y económica de Catalunya, su “derrota” perjudica también al conjunto de España. Y no sólo en términos macroeconómicos; el reto del soberanismo catalán afecta a la pluralidad del Estado, la gestión de las minorías nacionales, y la capacidad de los partidos de ámbito español para encarar un reto democrático con herramientas políticas.

En todos estos aspectos, España ha suspendido, su imagen internacional es peor, y la “desafección” catalana hacia instituciones clave del Estado, como la monarquía, la judicatura y los cuerpos de seguridad del Estado, no ha remitido, antes al contrario. Así que España, si bien ha logrado su objetivo fundamental (evitar la secesión catalana) no puede sentirse satisfecha del balance de lo ocurrido desde los hechos de octubre.

El gobierno de Rajoy se sintió presionado por Ciudadanos (aupado en las encuestas por su firmeza anticatalanista) y, tras su fiasco en las elecciones del 155, explotó a fondo la vía judicial, lo que, huelga decirlo, ha resultado ser un campo de minas. No solo ha traído sufrimiento a los presos y a sus familiares; también ha crispado los ánimos en Catalunya y ha puesto en tela de juicio el espíritu democrático de la justicia española.

Por si fuera poco, la demanda de extradición de Carles Puigdemont se ha resuelto con un sonoro bofetón de la justicia alemana, que niega los cargos de rebelión y sedición, con lo que el ex president, que ya ha dejado de ser oficialmente un “fugado”, podrá moverse con plena libertad fuera de España y hacer proselitismo para su causa –y para su partido-. La justicia española renuncia a traerle de vuelta. Si a pesar de esto Junqueras, los Jordis y los antiguos consellers son procesados por rebelión, estaremos ante un disparate jurídico difícilmente justificable, que puede recalentar la situación catalana. El enfado catalán con la situación de los presos rebasa los límites estrictos del independentismo, y se diría que en España no hay consciencia de ello.

Es imprescindible que España, como Catalunya, haga un recuento de daños y se pregunte si realmente este pulso se puede mantener indefinidamente, antes de que la política en mayúsculas se abra paso. Todos sabemos que es inevitable.  

Se dice a menudo que el conflicto catalán es principalmente un asunto interno (es decir, entre catalanes) y los resultados electorales lo demuestran. Pero esta no es toda la verdad. También es un conflicto entre dos gobiernos y dos mayorías, la catalana y la española. Por otra parte, un conflicto sólo es interno si se puede resolver internamente, y es evidente que el futuro político de Catalunya no se va a resolver sin la participación activa del gobierno español, que se atribuye la fuerza y la legitimidad para intervenir. Por lo tanto, los partidarios de una solución viable tienen que actuar en dos frentes; alimentar el diálogo entre catalanes y hacer todo lo posible para que el gobierno español de turno muestre a las claras que quiere formar parte de la solución, en lugar de bloquearla o sabotearla.

Los partidos que defienden el 155 y la suspensión de la autonomía lograron un 43% de los votos en las últimas elecciones autonómicas. Es una minoría, pero una minoría lo bastante amplia como para no desecharla sin más en una futura mesa de diálogo. Sin embargo, son más los votos independentistas, y aún más los votos favorables al derecho a decidir (independentistas + comunes). Sería de una ceguera terrible imponer a este bloque mayoritario un desenlace que se limite a mantener la actual autonomía catalana bajo tutela, y con la intimidación añadida de los presos políticos, encarcelados de forma preventiva por unos delitos que toda la justicia europea está poniendo en cuestión.

La apuesta soberanista por un referéndum a la escocesa parecía ser una solución aceptable; al menos, en las encuestas recibía un apoyo masivo. Pero la fuerte subida electoral de Ciudadanos ha demostrado que una parte de los catalanes se sienten incómodos con esta solución binaria, que no encaja con un perfil identitario mucho más complejo. Así las cosas, muchas voces en Catalunya reclaman un nuevo pacto nacional que sustituya al Estatuto de Autonomía de 1978, inutilizado por el revolcón que sufrió su reforma en 2006. Este pacto tendría que dar a luz un nuevo estatus para Catalunya, una fórmula nueva que contente al menos una parte de los anhelos del independentismo (a nivel político, financiero y simbólico) sin que los catalanes más identificados con España se sientan amenazados o excluidos. Quizá el problema no está en el cómo (el referéndum) sino en el qué (cuál es la fórmula que debe ser sometida a votación).

Si se lograra sustituir la desprestigiada autonomía actual por un estatus de libre asociación de corte confederal, muchos independentistas podrían superar el agravio del 1 de octubre y muchos unionistas se olvidarían de la actual escalada de tensión callejera que a menudo es utilizada y exacerbada por la ultraderecha. Para que eso ocurriera, todos los sectores tendrían que actuar con mucha generosidad. Los grupos más extremos quedarían fuera del consenso, pero al menos se terminaría con la actual dinámica de bloques defensivos. Es complicado, pero en Catalunya se ha sufrido mucho estos últimos meses; mucha gente está dispuesta a lo que sea para que se produzca un entendimiento que suscriba, al menos, dos tercios de la población catalana.

Por desgracia, este planteamiento parte de una base soberanista, es decir, de la necesidad de que sean los catalanes los que gestionen su pluralidad. Y no estamos en este escenario; cualquier planteamiento tiene que pasar por Madrid, proponer una reforma constitucional y convencer a los tres grandes partidos, que ahora mismo están demasiado ocupados utilizando el anticatalanismo como argumento electoral. Es muy difícil. Y por encima de todo está el gran obstáculo de los presos políticos. Los presos son una arma intimidatoria, rehenes con los que se pretende aplacar al independentismo. Pero para muchos catalanes, independentistas o no, los presos son la expresión de un castigo injusto, un Estado hostil, y un obstáculo para que se inicie un proceso negociador que contente a una mayoría cualificada.

Las últimas decisiones del juez Llarena sitúan a Catalunya (y posiblemente a España) en un auténtico atolladero, un callejón sin salida de consecuencias muy difíciles de prever. La Generalitat está en manos del PP –sexto partido del Parlament, actualmente en el grupo mixto- mientras que el Parlament está bloqueado porque hoy existe una mayoría soberanista que no es operativa, porque sus integrantes no están de acuerdo en casi nada, excepto el objetivo final, cada vez más difuso. Los únicos partidarios de una tercera vía pactada –Podemos y su franquicia catalana, Catalunya en Comú- tienen sombrías perspectivas electorales.

La política española se está enroncando en una carrera desbocada del PP y Ciudadanos para ver quien tiene más músculo patriótico, lo que al parecer no pasa por mejorar la vida de los españoles, sino por exhibir más fobia anticatalana, más autoritarismo y menos respeto a los derechos civiles. Mientras tanto, el gobierno español sigue sin presupuestos, la arbitrariedad del poder judicial escandaliza a medio mundo (incluída la ONU, desde ayer), y se ensancha el abismo emocional entre una gran parte de la población catalana –no sólo independentista- y las instituciones de la democracia española.

El independentismo catalán demostró bisoñez y falta de cálculo en los acontecimientos de octubre. En diciembre recibió el inesperado premio de una nueva mayoría absoluta, que ha gestionada con enorme impericia, en parte por la ausencia de liderazgos fuertes y la presión de los jueces. Pero todo esto no faculta al Estado para imponer a Catalunya un estado de excepción y un ambiente de represión generalizada que quita argumentos a los partidarios de una solución negociada, que son bastantes, a pesar de que desde Madrid no ha llegado un sólo mensaje que permita pensar con optimismo.

Es difícil prever qué ocurrirá en la política española; pero en Catalunya sería deseable –y es más probable que hace unas semanas- una unidad estratégica entre las formaciones políticas contrarias a la aplicación del artículo 155 y a la represión del Estado. Ayer mismo, Junts per Catalunya, ERC, la CUP y los Comunes hicieron un llamamiento a la unidad. Esta improvisada coalición no puede ser sólo defensiva; debe de intentar sentarse y llegar a acuerdos concretos que aseguren mayorías fuertes y permanentes en las principales instituciones catalanas. Es la única posibilidad de recuperar la iniciativa democrática. Esto obligará a descartar maximalismos, graduar los plazos y moderar los tonos, pero las circunstancias exigen a todos los actores una suprema demostración de generosidad. Por desgracia, no es posible contar con el PSC en este bloque, pues el temor a los zarpazos electorales de Ciudadanos atenaza a Miquel Iceta y a su equipo.

Y un último dato: habrá que prestar mucha atención a la reacción de la calle, en un momento de fuerte emotividad. Los partidos catalanes (todos ellos) pasan por un momento de descrédito, y su representatividad está más que cuestionada. El mapa político catalán está saltando por los aires, y no sólo por los excesos del juez Llarena.

Que Carles Puigdemont no será president lo sabe todo el mundo, empezando por él mismo. No lo será porque la justicia española quiere verlo entre rejas y porque un gobierno serio, sobre todo uno que quiere devenir república, no puede dirigirse por vía telemática. Punto.

Lo que se está dirimiendo en el campo soberanista no es la restitución efectiva de Puigdemont, sino cómo congeniar el reconocimiento de su legitimidad con la urgencia de un Govern ordinario que restañe las heridas causadas por la aplicación del artículo 155. JxCat quiere una investidura impugnada que dé paso a un segundo candidato o candidata. Pero ERC no quiere más daños colaterales.

El acuerdo entre ambas formaciones hubiera sido más sencillo si el Gobierno no hubiera apuntado su arsenal (judicial) hacia el nuevo presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, que no tiene ninguna intención de inmolarse por un acto de mero simbolismo. Máxime cuando no sólo está en juego su futuro político, sino también la libertad condicional de varios exconsellers, la prisión preventiva de Junqueras, Forn y los Jordis, y la posibilidad de una renovada ofensiva jurídica y policial contra el mundo municipal y las entidades del soberanismo cívico.

ERC, que acostumbra a reaccionar tarde ante sus taimados rivales en el campo independentista, se ha encontrado con el desagradable papel de aguafiestas. Con su decisión de ayer, Roger Torrent formuló una decidida -aunque impostada- apuesta por el candidato Puigdemont, pero devolvió la pelota al Tribunal Constitucional (para que, de paso, siga cubriéndose de gloria). No es una mala jugada, pero no son buenos momentos para los matices.

Esquerra no quiere ser el partido que diga que no a Puigdemont, ni el partido que le diga que sí. Un mensaje difícil de vender para un partido que aún no ha digerido su derrota electoral y que echa demasiado en falta a su líder encarcelado y silenciado. Tras oír a Torrent, a JxCat y a la CUP les faltó tiempo para acusar a los republicanos de deslealtad. Y empezaron en público los reproches que se oyen en privado desde hace semanas. Los protagonistas de la fallida república del 27 de octubre todavía no han ajustado cuentas.

Es cierto que en la CUP -y en los sectores más motivados de ERC y JxCat- hay partidarios del todo o nada. Pero el grueso del soberanismo catalán sabe que, en las circunstancias actuales, la victoria electoral del 21 de diciembre no basta para que el status político de Catalunya cambie. Lo sabe porque octubre está demasiado cerca.

Para que hubiera un cambio sustancial debería darse una de estas tres condiciones adicionales: que el Gobierno español flexibilice su postura, que surjan apoyos internacionales o que se produzca una movilización popular masiva y continuada en Catalunya. Las dos primeras condiciones son improbables, y la tercera es imprevisible, aunque parece difícil mientras no se curen las heridas del 1 de octubre y la decepción posterior.

La única baza cierta con la que cuenta el independentismo es la mayoría absoluta en el Parlament, desde donde no puede proclamar una república pero sí podría dar muchos pasos para hacerla inevitable. Y esta única baza es la que ahora se está poniendo en peligro. Repetir elecciones, incluso con las mejores perspectivas, es como jugar a la ruleta rusa.

Con una participación del 82%, el resultado electoral del jueves en Catalunya no es discutible, aunque sería injusto soslayar la irregularidad de la convocatoria y la disfunción que ha supuesto la ausencia de los dos principales candidatos independentistas. Esto es especialmente cierto en el caso de ERC, que ha echado en falta la voz de Junqueras y no ha conseguido desprenderse de cierto tono melancólico que ha perjudicado su campaña. Por el contrario, los herederos de CDC han conseguido arracimar el voto en torno a la idea de la restitución del presidente exiliado. Existe una mayoría soberanista, sí, pero nadie sabe si Puigdemont volverá, o si Junqueras saldrá de prisión. Tampoco se sabe si se negociará un acuerdo con la CUP, con los Comuns (opción preferente para ERC), o si se formará un bipartito en minoría con apoyos externos, com acaba de sugerir Marta Pascal, jefa de filas del PDECAT, unas siglas que ayer resucitaron por arte de magia. Lo que parece evidente es que el independentismo quiere gobernar con la república en el horizonte pero sin hojas de ruta ni calendarios. Las heridas, reales y simbólicas, del 1 de octubre son demasiado recientes y, junto a la hiperactividad de los jueces, han resultado un deprimente baño de realidad para la parte más movilizada e ilusionada de la sociedad catalana. Desde este punto de vista, el gobierno Rajoy ha conseguido su objetivo: En las concentraciones soberanistas se grita llibertat más que independència. Se piensa en los encarcelados, y no en la emancipación nacional. Es una victoria parcial del 155.

Así pues, el dinosaurio del independentismo sigue ahí, con su 47% de los votos, inasequibles a la intimidación. Pero hay otro dinosaurio que se resiste a desaparecer; es más, se ha hecho un lifting y apunta maneras de depredador. Paradójicamente, el triunfo de Inés Arrimadas se ha erigido sobre el sacrificio del PP. Si Rajoy no se hubiera mostrado tan inflexible con los independentistas, no habríamos tenido este otoño tan conflictivo, que esparció el miedo entre los votantes españolistas menos movilizados. Con un candidato que genera rechazo y una campaña de perfil bajo, el PP regaló la victoria a Ciudadanos, quién sabe si a cambio de no hablar de corrupción durante una buena temporada. El derroche publicitario y los apoyos mediáticos han hecho el resto.Pero el éxito de Arrimadas ha desertizado sus alrededores, de manera que no tiene quien la apoye. La semilla de su éxito la recogerá, a lo mejor, Albert Rivera en el tablero español. Catalunya puede ser palanca de poder, como lo fue para el PSOE. Pero a C’s, que es más un aparato electoral que un partido, le queda mucho para convertirse en el PSC de Maragall.

El independentismo ha superado una difícil prueba de estrés. En las peores condiciones y con una movilización extrema de sus adversarios, ha mantenido una sólida mayoría absoluta. Aunque hay un gran rechazo a las injerencias del Estado y un sentimiento de agravio muy extendido en esta renovada mayoría, se diría que el nuevo mandato es administrar la victoria con más tiento y menos prisas. Pero si la vía represiva se mantiene, la conflictividad se recrudecerá. Y el cartucho del 155 ya está quemado.

La próxima etapa de la vida política en Catalunya estará presidida por el diálogo. El problema –un problema muy de estos tiempos– es que posiblemente el diálogo se produzca fuera de la política, o al menos fuera de las instituciones, porque los poderes públicos no están en una situación óptima para ejercer su papel de representantes de la ciudadanía. Es difícil que las elecciones del 21D alteren significativamente el equilibrio de fuerzas; y es aún más difícil que el gobierno español renuncie a su ADN autoritario para abrir una etapa de negociación con unos partidos a los que considera hostiles y sediciosos.

Con consellers y activistas encarcelados, cientos de alcaldes imputados o amenazados, pero también con un evidente déficit de credibilidad, el independentismo no quiere seguir sintiéndose prisionero de sus urgencias. Su objetivo es ganar el 21D para lamerse las heridas, reagrupar fuerzas, terminar con la amenaza que pesa sobre instituciones y personas. Cortoplacismo obligado. Seguramente obtendrá la victoria, más o menos matizada por el PSC y Catalunya en Comú. Porque los votantes independentistas pueden estar decepcionados con los suyos, incluso estar asustados por la represión; pero el llamado bloque del 155 les ha dejado muy claro cuál es la alternativa. Y no hace falta ser independentista para rechazar la política represiva del PP, la impunidad de la ultraderecha y el afán torero de humillar a unos dirigentes que, aunque fueran increíblemente torpes en octubre, siguen representando al sufragio popular.

ERC y la candidatura de Puigdemont se han apresurado a declarar que primarán la vía del diálogo bilateral por delante de la unilateralidad. Es un matiz interesante, aunque no les queda otra, porque el recuerdo de la república fake está demasiado cercano. Pero en España la bilateralidad es un privilegio reservado a los vascos (mejor no preguntarse por qué). Así que, aunque se forme un nuevo gobierno independentista, no se engañen: no habrá diálogo. Rajoy se limitará a combinar el palo y la zanahoria para retornar, pasito a pasito, a la situación de hace dos años. Una exhibición de jerarquía con la que se relamerán algunos patriotas, pero que no nos acercará a una solución duradera sobre el estatus político de Catalunya. Lo cual favorece el discurso y los intereses del bloque de centroderecha, PP y Ciudadanos, que, en circunstancias normales, con la corrupción presente y la quiebra de las pensiones a la vuelta de la esquina, debería verse en una situación mucho más comprometida.

No habrá negociación entre gobiernos, y la brecha catalana entre legitimidad y legalidad posiblemente se agrandará. En cambio, habrá mucho diálogo en Catalunya. Los catalanes lo necesitan y lo añoran. La sociedad catalana es mucho más plural que la española, por el simple hecho de que Catalunya está llena de españoles, mejor dicho, de catalanes que también se sienten españoles, ya sea por convicción o por origen. En el centro del terreno de juego catalán –que es donde empezó el Procés– sigue existiendo un consenso sobre el carácter nacional de Catalunya, su pluralidad, su legítima aspiración a una mayor soberanía, la construcción de un modelo social inclusivo y el derecho a decidir su relación política con España. Es muy importante que este diálogo se produzca, y se busquen puntos de encuentro no sólo en cuanto el método –el famoso referéndum– sino también a qué opciones hay que votar, es decir: Qué significa la independencia y qué modelo de relación con España puede convertirse en una alternativa realista. El diálogo interior es el primer paso para la confección de mayorías amplias, imprescindibles para la buena salud democrática y cívica del país. El clima social catalán lo agradecerá. Ahora bien: que todo ello sirva de algo, con el PP y sus satélites en el poder en Madrid, es harina de otro costal.