La reciente publicación de los Paradise Papers es una nueva muestra de cómo funcionan los paraísos fiscales y el alcance e impacto global que tienen sobre la recaudación fiscal. Con esta última publicación junto con las de Offshoreleaks, la lista Falciani, los acuerdos secretos de las multinacionales en Luxemburgo y los papeles de Panamá, se muestra cómo funcionan los entramados por los que la evasión fiscal se extiende a nivel global. El académico Gabriel Zucman realizó unas estimaciones donde calcula que solo las multinacionales redistribuyen cerca de 600.000 millones de euros cada año mediante el uso de estos mecanismos fiscales. Según Zucman, el 10% de la riqueza mundial se oculta en jurisdicciones secretas. Oxfam Intermón en su reciente informe “El dinero que no ves”, señala que en los últimos 15 años, la inversión mundial en los paraísos fiscales se ha multiplicado por 4 y ha aumentado un 45% desde 2008.

Pero, ¿en qué nos afecta este creciente desvío de fondos hacia países con una baja o nula tributación? ¿Cómo nos repercute en nuestro nivel de vida y en qué medida lo hace?

El peso de los ingresos fiscales recae cada vez más sobre las familias en detrimento de las empresas

Para responder a estas preguntas, primero cabría conocer cuál ha sido la evolución y la estructura de la recaudación fiscal a nivel nacional. Para ello nos podemos aproximar al informe mencionado de Oxfam Intermón “El dinero que no ves”, donde señala que en España, antes de la crisis, las familias aportaban el 74% del total de impuestos recaudados, mientras que las empresas aportaron el 22% en 2007. En 2016 el total aportado por las familias pasó a ser de un 84% y el de las empresas un 13%. El informe cuantifica en 23.145 millones de euros la diferencia entre lo que ingresaba el Impuesto de Sociedades (IS)de 2007 a 2016. Para hacernos una idea de lo que implica esta cantidad, este importe duplicaría el dinero necesario para poder pagar una renta mínima a todas las familias sin ingresos o para cubrir un tercio del gasto público total en Sanidad.

Esta evolución supone que el peso del ingreso para el sostenimiento del gasto público recae cada vez más sobre las familias que sobre las empresas y si además añadimos que los impuestos indirectos han sido aumentados tras reformas fiscales, como el IVA cuyo tipo general ha subido 5 puntos en los diez últimos años, la carga fiscal es más regresiva. Analizando los tipos nominales del IS en los países del G20, éstos han pasado en 25 años de ser de un 40% de promedio a un 30% en la actualidad, lo que se traduce en una caída de la recaudación de un 3,6% del PIB a un 2,8%. En el caso español, las pymes pagaron de manera efectiva un 12,2% y las grandes empresas un 7,3% según datos del Informe mensual de recaudación de la AEAT de 2016.

Todo esto se traduce en una detracción de recursos fiscales compensados por subidas en impuestos regresivos que reducen el nivel de renta de las personas con menos recursos. Esta detracción ha conllevado la aplicación de políticas de ajuste de gasto público en educación, sanidad y reducción de políticas redistributivas de renta que han repercutido directamente en los más desfavorecidos y en las clases medias, aumentando de esta forma la desigualdad. Si a este cambio le sumamos la existencia de agujeros en el sistema fiscal por la existencia de los paraísos fiscales, el sistema tributario se convierte en más regresivo, más injusto y desigual, preceptos contrarios al recogido en la Constitución en su artículo 31.1.

Evasión y elusión fiscal como causa y efecto de la desigualdad y pobreza.

Conocemos tanto por trabajos académicos, por ejemplo de Piketty, como por informes de asociaciones y organizaciones, así como por instituciones internacionales como el FMI o la OCDE, que la brecha entre ricos y pobres está aumentando, que la desigualdad de renta y riqueza está alcanzando un nivel excesivo que, tal y como señala el FMI, “puede erosionar la cohesión social, conllevar una polarización política y finalmente un menor crecimiento económico”. El FMI, institución conocida por la implementación de políticas neoliberales y donde hasta hace relativamente poco no entraba en su agenda el tema de la desigualdad, indicó en un trabajo publicado en 2014 que una menor desigualdad en la economía está “robustamente correlacionada con un crecimiento más rápido y duradero para un determinado nivel de redistribución”. Por lo tanto, existe evidencia y consenso entre distintos ámbitos en que hay un incremento de la desigualdad y que a niveles altos es perjudicial para el crecimiento económico.

La desigualdad es consecuencia de una polarización en la distribución de ingresos a través del sistema de remuneración del mercado de trabajo, de las políticas de redistribución a través de servicios públicos y transferencias y sobre todo del diseño del sistema fiscal, por enumerar las principales causas. Que estos factores estén dirigidos hacia una redistribución más o menos equitativa depende únicamente del interés y voluntad de los estados y gobiernos. Según el informe de Oxfam Intermón “Una economía para el 99%” señala que solo 8 personas en el mundo poseen la misma riqueza que la mitad del planeta más pobre (3.600 millones de personas ) y desde 2015, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta según datos extraídos del informe de la entidad Credit Suisse ´Global Wealth Databook 2016´.

En España, según datos del Eurostat, la desigualdad de ingreso medida por el índice Gini (medida de la desigualdad entre 0 y 100, donde 0 es la distribución equitativa y 100 la desigualdad absoluta), se ha visto aumentada desde 2004 en un 11% y desde el inicio de la crisis hasta 2016 lo ha hecho en un 8% alcanzando un nivel de Gini de 34'5. Para situarnos, países como Dinamarca o Noruega se encuentran en niveles de 27’7 y de 25 respectivamente. Después de la crisis, el crecimiento económico no ha repercutido en una reducción de la desigualdad proporcional a la mejora económica, lo que implicaría que la recuperación económica no está contribuyendo a la mejora de las condiciones de las personas con menos recursos y está beneficiando a solo unos pocos.

En el caso del País Valenciano, el informe AROPE señala que 1 de cada 4 personas están en riesgo de pobreza en el año 2016. La tendencia desde el inicio de la crisis ha sido alternar periodos de crecimiento y reducción si bien a partir de 2014 se ha ido recuperando y en los dos últimos años se ha reducido la tasa de pobreza en casi dos puntos, si bien todavía supera en 2,1 puntos la media nacional y es la 6º más alta. Respecto a la desigualdad de ingreso, el índice de Gini según cálculos del académico J.F. Goerlich, en el periodo de expansión económica de 2003 a 2007, la desigualdad era de 31,5 puntos gini mientras que en el periodo recesivo de 2008 a 2013, la desigualdad aumentó un 14%.

A nivel global, como estatal y regional, la desigualdad y la pobreza han aumentado y lo sigue haciendo aún en un periodo expansivo, respondiendo a un desacoplamiento entre economía productiva, creación de riqueza y redistribución equitativa de la renta. ¿Y por qué la evasión y elusión fiscal repercute en el aumento de la desigualdad y la pobreza? La existencia de paraísos fiscales así como de productos financieros o societarios que permiten la elusión fiscal (tales como las SICAV y las ETVES) permite que los grandes patrimonios y grandes empresas, dispongan de mecanismos legales para eludir o evitar el pago de impuestos. Para hacernos una idea del impacto; son 144.000 millones de euros que se desvían a los paraísos fiscales desde España según estimaciones de G. Zucman. De esta forma se está reduciendo el ingreso público que a su vez disminuye la capacidad de los estados y gobiernos para la aplicación de medidas redistributivas que reduzcan la desigualdad económica y la pobreza. Desigualdad y pobreza que corre el peligro de cronificación si no se aplican medidas correctivas desde el diseño de un sistema fiscal justo y progresivo que permita y evite una concentración desaforada de la renta y la riqueza.

Voluntad política para reequilibrar la situación. Medidas contra la evasión y elusión fiscal.

Vistas las consecuencias negativas que tiene la evasión y elusión fiscal en la sociedad, es necesario que como ciudadanos tomemos conciencia sobre esta anomalía y de cómo es permitida su existencia por los organismos internacionales y gobiernos de todo el mundo. Se trata por lo tanto de voluntad política. Queda en nuestras manos pues, exigir a nuestros gobiernos y estados el ejercicio de su responsabilidad implícita sobre esta crucial cuestión sobre el bienestar común.

Las medidas para dar un giro a esta situación, tal y como recomienda Oxfam Intermón, deben encaminarse a aprobar una ley que recoja los siguientes objetivos; reducir a la mitad el nivel de evasión y elusión fiscal de manera general en los próximos 5 años, erradicar el uso abusivo de paraísos fiscales y elevar el tipo efectivo de las grandes empresas hasta acercarlo al tipo nominal en vigor de forma que supere la presión fiscal efectiva soportada por las Pymes y, por último, que las grandes empresas tributen lo que les corresponde por sus operaciones, tanto a nivel nacional como en el exterior, especialmente en los países en desarrollo. Esto no sería eficaz sin una reforma del sistema fiscal internacional más justa que reequilibre los criterios tributarios para que se tribute donde se genera el ingreso. Asimismo, se debería crear una arquitectura fiscal internacional con la creación de un cuerpo intergubernamental para reequilibrar los criterios fiscales para todos los países. A nivel de la UE, sería fundamental alcanzar una armonización fiscal en todos los países miembros.

Para poder materializar las recomendaciones anteriores sería necesario adoptar una definición clara de paraíso fiscal con criterios amplios, donde se incluyan a aquellos países con tipos impositivos muy bajos o nulos. Junto a ello promover “Territorios Libres de Paraísos Fiscales” ( como ya se han adherido varios ayuntamientos a nivel estatal) mediante un mecanismo que impidan las contrataciones públicas con empresas que operan a través de paraísos fiscales, junto con una incentivación de prácticas empresariales que eviten la evasión y elusión fiscal. Todo esto no sería posible sin una mejora en la dotación tanto en recursos económicos y humanos para las Agencias Tributarias.

Por lo recogido aquí, vemos que existen opciones para poder terminar con la evasión y la elusión fiscal y el primer paso es la toma de conciencia por nuestra parte de que la existencia de paraísos fiscales es causa y efecto negativo sobre el desarrollo económico. Además, aumenta el nivel de pobreza en las sociedades y favorece la concentración de riqueza de forma obscena. Resolver esto depende de la voluntad política, voluntad que hasta ahora no ha estado a la altura de nuestros derechos y necesidades.