30 de mayo, Día de Canarias. Una fecha en la que nos convendría reflexionar sobre lo que ha acontecido en los últimos 43 años desde que se aprobó el primer estatuto de autonomía. En ese lapso de tiempo se desarrolló el Estado del Bienestar y otras medidas progresistas, especialmente en las legislaturas con Jerónimo Saavedra (1983-1987, y 1991-1993), y el Pacto de las Flores, con Ángel Víctor Torres (2019-2023). Por supuesto que hubo sombras en esas legislaturas, por ejemplo, el Gobierno de Ángel Víctor provocó la dimisión de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, por enfrentarse a la sanidad privada y escogió a un equipo que venía de la anterior Consejería de Sanidad dirigida por Coalición Canaria (CC). Otros gobiernos, dirigidos por CC, aplicaron un programa neoliberal.

Si realizamos un análisis de cómo ha funcionado la política en Canarias lo podríamos definir así: un predominio del nacionalismo conservador, apoyado por organizaciones políticas que han jugado un papel subalterno. El mayor representante del nacionalismo conservador, Coalición Canaria, ha tenido la habilidad de lograr dicha hegemonía a través de la manipulación retórica y simbólica de la canariedad, tanto desde un punto de vista folclórico, cómo provocar, a su vez, una confusión interesada entre “Canarias” y los intereses de los grupos empresariales y grandes riquezas.

Precisamente, la política de CC ha funcionado como la política de la Restauración española, una continua política del agravio hacia “Madrid” para lograr obtener en cada presupuesto una parte para luego repartir entre los grupos empresariales afines. Pura política oligárquica. Cuando se buscaba alguna medida social cosmética solía dejarse con una ejecución baja o nula, tal y como pasó con los 50 millones para la pobreza negociados por Nueva Canarias con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018.

En la mayoría de legislaturas ha gobernado CC, desplegando un ejercicio de poder con un claro componente de clase. En ellas se ha desarrollado unas políticas favorables a la oligarquía y a las grandes empresas. Canarias es una tierra donde las fronteras entre el Estado y las empresas privadas es porosa, no se sabe cuándo acaba una y empieza la otra. Un ejemplo claro ha sido el Régimen Económico y Fiscal, que no se ha auditado su impacto, dónde las empresas con sede en Canarias se benefician de exenciones fiscales, junto a todo tipo de ayudas por la lejanía y la insularidad, además de otros incentivos varios, con el loable objetivo de “promover el desarrollo económico y social del archipiélago”. Durante muchos años la parte de los ingresos que perdía Hacienda eran detraídos de las cuentas de la Comunidad Autónoma, lo que provocaba una infrafinanciación de los servicios públicos, cuestión que cambió en 2018, tras el acuerdo entre NC y el PP, que supuso que esos ingresos que se dejaban de recibir lo sufragase los Presupuestos Generales del Estado, y por lo tanto, el conjunto de la ciudadanía española.

Sin embargo, los datos no avalan que se haya producido ese “desarrollo económico y social”, no por lo menos al ritmo al que se tendría que haber producido por la cuantiosa cantidad de exenciones y ayudas.  La población en riesgo de pobreza o exclusión social, que se ve muy afectada por los ciclos económicos, pero también por el modelo económico predominante y las políticas públicas, es del 31,2% siendo la quinta más alta de España (datos de 2024). Quinta gracias a la reducción general de este indicador que se lleva produciendo tras la Covid y las medidas progresistas de los gobiernos de coalición nacionales. La tasa de pobreza afecta al 24,6% de la población (6ª), y a pesar de la mejora general es la primera comunidad autónoma con población en carencia material severa (10,8%). El índice GINI en Canarias, que mide la desigualdad, es del 31,6% (2024), siendo la tercera comunidad autónoma más desigual según este índice, pero si miramos el índice S80/20, Canarias y la Comunidad Valenciana empatan en el primer puesto de comunidades más desiguales. Si atendemos a cómo se distribuye la riqueza, la cosa empeora ya que el 10% de la población más rica acumula el 60% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre acumula el 4% de la riqueza. El 30% de la riqueza proviene de las herencias.

A esto hay que añadir los problemas acuciantes de vivienda, que ayudan a agrandar la brecha entre ricos y pobres y es un factor de pobreza, por no hablar de los bajos salarios, y tasas de desempleo por encima de la media estatal (13,5%), vinculados a un sector demasiado centrado en el turismo.

Canarias está a la cola en inversión por habitante por dependencia, con unos servicios sociales que han solido ser una maría dentro de los gobiernos, y donde se atacó a la consejera anterior (Noemí Santana) con virulencia por no lograr solventar años de negligencia en una sola legislatura. En materia sanitaria, vemos una penetración total del sector privado dentro de la sanidad; con derivaciones, externalizaciones, infrafinanciación del sistema público, un personal quemado, una gestión ineficaz y empresarial del servicio, agravado con que algunos consejeros eran directamente lobistas de las empresas privadas del sector, teniendo como resultado estar en la cola en este servicio.

El caso educativo también es sangrante, ya que hay una gran segregación escolar entre redes, faltan recursos, el alumnado canario tiene malos rendimientos en las pruebas internacionales, hay un escaso alumnado resiliente, con un 13,1% de abandono escolar temprano, y una baja inversión para las necesidades del sistema. El sistema educativo tiende en Canarias más a reproducir las clases sociales, de manera deformada, que a lograr establecer un sistema de igualdad de oportunidades.

Esto provoca lo evidente, un alumnado peor formado, especialmente las clases populares, donde muchos no continúan formándose o abandonan los estudios, y acaban en el ejército de subempleados de reserva, que a su vez suele abstenerse con más frecuencia en las elecciones, por lo que no suele contar ni ser atendidas sus necesidades por los representantes políticos.

Por lo tanto, el desarrollo autonómico dado en Canarias, especialmente impulsado por CC y sus aliados ocasionales, se puede describir como “un estado de mínimos en lo social, y un estado de máximos para lo patronal”. Esto se ha vuelto a ver claramente en la huelga de la hostelería, con un gobierno de Canarias poniendo servicios mínimos a un sector no esencial para boicotear la huelga. Canarias ha sido una adelantada del neoliberalismo de amiguetes, con numerosísimos casos de corrupción vinculados al caciquismo, el uso indebido de fondos públicos para beneficiar a empresas amigas, o al enriquecimiento ilícito. 

Todo esto favorecido por un sistema electoral injusto, unas instituciones poco permeables a las demandas populares, una prensa que en su gran mayoría vive de subvenciones públicas muy acomodaticia con el status quo, y una presión enorme de aquellos que no se presentan en las elecciones para lograr influir en la agenda pública subvirtiendo la voluntad popular.

El problema no es la autonomía per se, sino cómo se ha gestionado ésta, cómo se ha desarrollado el Estado del Bienestar, a quién han beneficiado las políticas desplegadas por CC, con diversas alianzas, y qué ideas subyacen detrás de dichas políticas.

La ciudadanía canaria tiene que romper con este modelo que beneficia a una pequeña oligarquía, mientras mantiene a una parte importante de la población en la pobreza. Esta oligarquía extractivista tiene sus brazos políticos en las organizaciones conservadoras y de extrema derecha de nuestra Comunidad, y dentro de algunas organizaciones progresistas. No tienen ninguna solución para afrontar los grandes retos del siglo XXI: el cambio climático, las tensiones internacionales, el pleno empleo, la reindustrialización, la mejora de los servicios públicos. Las recetas caducas no funcionan. Construyamos esa alternativa.

CCOO convocó una valiente huelga del sector turístico durante dos días en la Semana Santa (17 y 18 de abril), en un momento donde las grandes empresas del sector están recibiendo beneficios récords. La huelga tenía dificultades objetivas no menores: un sector atomizado con escasos salarios, un Gobierno de Canarias (CC-PP) totalmente entregado a la patronal, unos barones de la prensa a sueldo del Gobierno y de la patronal hotelera, y la penetración patronal en algunos sindicatos que no merecen tal nombre. Parecía imposible, pero se hizo.

Los trabajadores y trabajadoras del sector, hartos de las malas condiciones laborales, bajos salarios que impiden vivir con dignidad y más en un panorama de subida brutal de los alquileres, de las enfermedades profesionales no reconocidas (como las que afectan a las Kellys), han dicho basta y han apoyado una importante huelga en un sector históricamente dividido y desmovilizado. Los datos avalan este sentir de los y las trabajadoras ya que el 39% de los trabajadores de Canarias cobra menos del SMI (2023), el 24,6% de la población está bajo el umbral de pobreza, agravado por la cesta de la compra más cara por renta por habitante (según la OCU), y un crecimiento exponencial del coste del alquiler y de la vivienda. 

No por nada, Canarias es la primera Comunidad Autónoma más desigual de España (según el coeficiente GINI y S80/20); además, estamos a la cola o en los últimos puestos en los servicios públicos. Canarias es un alumno aventajado del neoliberalismo que se condensa en la siguiente máxima: “Un Estado mínimo en lo social, un Estado máximo para la Patronal”. Unos servicios públicos en pésimo estado y con una fuerte penetración del sector privado, y grandes beneficios fiscales, subvenciones, ayudas, etcétera, a las grandes empresas y a las grandes riquezas. Un claro Gobierno de clase.

Algo está cambiando en Canarias. Desde el movimiento del 20 de abril se han abierto potencialidades en nuestra tierra para poner en cuestión un modelo económico beneficioso a las élites, que castiga a la mayoría de la población en Canarias, un modelo turístico depredador en lo territorial, de bajos salarios y desastroso en lo ecológico, y un Estado al servicio de dichas élites y grandes empresas.

En este contexto se produjo la convocatoria de la huelga en el sector organizada por CCOO. En Gran Canaria, donde hay un mejor convenio, la patronal, tras unos primeros forcejeos, se avino a negociar y se logró un buen acuerdo, mientras que en Tenerife, la patronal, más conservadora si cabe, decidió lanzar un órdago a las secciones sindicales y acabaron desembocando en una huelga capitaneada por CCOO y Sindicatos de Base con un seguimiento del 70%. En Gran Canaria se ha saldado con un buen acuerdo, ya que se ha logrado una subida salarial del 10% en un periodo de nueve meses, la implantación de camas elevables, la eliminación de turnos partidos a partir de 2026 y otros beneficios y derechos conquistados. Esto demuestra que la acción colectiva sirve.

Llama la atención que el Gobierno de Canarias declarase al sector turístico como un “servicio esencial”, imponiendo servicios mínimos entre el 15% al 25% . Para ello utilizó de manera torticera una ley preconstitucional de 1977, considerando servicio esencial el turismo como si tuviese la misma importancia como servicio esencial que la Sanidad o los transportes públicos. Esto demuestra la connivencia de Coalición Canaria y el Partido Popular con los intereses empresariales en Canarias. La línea entre dónde acaba el Estado y empieza el sector privado es muy difusa. 

El éxito de estas movilizaciones animan cada día a más trabajadores y trabajadoras a exigir sus justas demandas, a soñar con que pueden vivir en esta tierra dignamente. Porque esta tierra no es propiedad de las empresas hoteleras, ni de los empresarios que se aprovechan del presupuesto público, ni de aquellos políticos de derechas que viven de espaldas a la ciudadanía. Esta tierra pertenece a la Canarias real, a aquella que vive de su trabajo, no a esa Canarias oficial que medios de comunicación, creadores de opinión, y élites políticas y económicas dibujan y se apropian.

Hay que seguir empujando y luchando. Esta huelga lo ha demostrado, luchar merece la pena.

Tras las exitosas movilizaciones del 20 de abril de este año, y las sorprendentes declaraciones cuasisocialistas del Presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hemos ido viendo que el modelo que ha repensado el Ejecutivo canario de CC y PP se parece sospechosamente al que ya existe.

El Presidente Clavijo ha afirmado, tras dar luz verde a 1000 camas más en Fuerteventura para un macroresort de lujo, que “está dando respuesta a las reivindicaciones de las manifestaciones del 20 de abril a favor de un nuevo modelo turístico” debido a que hay menos camas hoteleras que en 2015. Por supuesto, esto va acompañado de un aumento de cruceros, vuelos y viviendas vacacionales. Por otro lado, en La Palma se está produciendo un caso claro de “greenwashing” al ser aprobado por el Cabildo de La Palma un proyecto de “ecoresort”, que el propio Cabildo afirma en su web que: “contará con un equipamiento estructurante turístico de interés supramunicipal integrado por un campo de golf de 18 hoyos par 72, un centro de congresos - planetario y observatorio de estrellas en un segmento de mercado orientado al  astroturismo  y al turismo de congresos, así como actuaciones de regeneración ambiental e instalaciones asociadas, como un centro de senderismo y observatorio de las aves. Además, albergará plazas de alojamiento turísticas con un establecimiento hotelero de 5 estrellas Gran Lujo con instalaciones deportivas, ‘Wellness  clínic' y  extrahotelera  de apartamentos y villas.” Ocupará una superficie de 1.027.528 metros cuadrados afectando a zonas de la Red Natura 2000, en zonas de Breña Alta.

En el Parlamento, los partidos que sostienen al Ejecutivo canario (AHI, ASG, PP y CC)  han rechazado una moción donde se trataba de limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros y promovía la tasa turística, que no ha reducido en ningún lugar donde se ha implementado la afluencia turística, entre otras medidas.

Esta oposición del Ejecutivo canario a poner en marcha ninguna medida para poner coto al turismo masivo, tomar medidas verdes para la transición energética o mejorar los convenios de los y las trabajadoras del sector viene influida por la actitud de la patronal hotelera canaria. La actitud de José María Mañaricúa, presidente de la patronal FEHT de la provincia de Las Palmas, es un ejemplo claro de las resistencias del sector a repartir los enormes beneficios que obtienen del turismo para beneficiar a trabajadores y trabajadoras, o pagar algunos impuestos por las externalidades negativas que genera el sector y por la utilización de las islas que no son de su propiedad como de las infraestructuras que se pagan con los impuestos de la ciudadanía. Cuando los periodistas le preguntan si las empresas del sector subirán los salarios, éste ataca a los poderes públicos por no invertir en infraestructuras o en transporte público, o a la SER o al Parlamento por pagar poco a las limpiadoras.

Mientras la patronal canaria se enfoca en no realizar ningún cambio, y empuja al Ejecutivo conservador canario en la misma dirección, se han producido cambios en la opinión y propósitos de Exceltur, la patronal a nivel nacional del Turismo, justo en la dirección contraria. El Presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, ha señalado que el objetivo del turismo ya no es crecer por crecer y defiende que “se necesita una alianza entre el ámbito público y privado para asegurar que se revierten los beneficios del turismo”, “hay que devolver a la sociedad parte de lo que recibimos de ella”. También han defendido otros participantes en su Congreso de que el turismo tiene que tener objetivos ambientales, que habría que evitar el overtourism, o un mayor reparto de los beneficios en las regiones turísticas, para evitar una oposición social al turismo. Por lo que podemos comprobar que no es la misma actitud que la patronal canaria.

La patronal canaria del turismo lo quiere todo y no quiere pagar apenas impuestos, ni repartir los pingües beneficios del turismo en Canarias, pese a que explotan una tierra, un sol, unas condiciones climáticas, unas playas, unas infraestructuras, unos servicios públicos del primer mundo a coste cero, y disponen de mano de obra barata. Lo quieren todo. El Gobierno canario secunda esta política, facilitando el business as usual como si no existiera una emergencia climática, laboral y de la vivienda. Pero en realidad es peor, pretenden hacer creer que lo están arreglando a través de la propaganda. ¿Cuánto tiempo más vas a abusar de nuestra paciencia, oh Clavijo? 

El Gobierno canario de manera deliberada quiere hacer creer, y lo han logrado durante mucho tiempo, que los intereses generales de Canarias son los mismos que los intereses de la Gran patronal y de los ricos. De esta manera les ha funcionado movilizar a una parte del electorado invocando dichos intereses “de Canarias” que acaba en favor de una minoría, y el debate se ha circunscrito a cuánto lograban arrancar de Madrid para las oligarquías favorables a CC y al PP. Esto se ha roto gracias a la movilización ciudadana del 20A, ya que ha logrado romper con este discurso tramposo. Los manifestantes han señalado que el Rey está desnudo.

Las crisis antes señaladas son las más importantes a las que nos enfrentamos en este arranque del siglo XXI, y necesitan medidas contundentes en dirección opuesta a la tomada por el Gobierno conservador canario; regular el precio del alquiler, construir vivienda pública y cooperativa, impedir que las VPO salgan al mercado libre, reducir la vivienda vacacional siguiendo la estela de Barcelona, imponer una tasa turística, fomentar las energías renovables generando empleo verde y aumentar los salarios a la vez que se mejoran las condiciones laborales. Sumar estará en estas, no en juegos de sombras chinescas.

El hartazgo por la situación económica, laboral, medioambiental y social de las islas son los disparadores de dicha movilización. El nerviosismo ha cundido en los defensores del status quo cuando los organizadores de la manifestación han puesto la diana en las disfuncionalidades del sistema, ya que choca de lleno contra los intereses empresariales. Esto ha abierto una brecha y una ventana de oportunidad inédita, ya que esta es la primera vez que se empieza a discutir sobre el modelo turístico, y no sobre si el turismo debe de ser de calidad o de masas. 

El presidente Clavijo ha maniobrado con habilidad, y cinismo, realizando el siguiente guiño a los manifestantes: “Pido al sector turístico democratizar la riqueza porque explota algo de todos: nuestro sol, nuestro paisaje, nuestras maravillosas islas”, y ha pedido corresponsabilidad al sector y “aumentar los salarios”. Por supuesto, esto no se le ocurrió cuando fue presidente la última vez, ni cuando CC estuvo en la oposición. 

¿Pero cuál es el problema del turismo en Canarias? Dicho modelo tiene varias externalidades negativas evidentes. El empresariado mantiene salarios bajos y precariedad que afecta negativamente a los trabajadores y trabajadoras. De hecho, en la crisis económica de 2008 hubo récord de turistas por las crisis en el norte de África, y fueron años de destrucción de empleo y bajadas salariales. Además, el león de los beneficios del turismo recae en las turoperadoras, las empresas hoteleras, y en menor medida, en las plataformas de alquiler vacacional. Con el Régimen Económico y Fiscal apenas deja impacto en las arcas de la comunidad autónoma, lo que ha acabado generando una subfinanciación de los servicios públicos (en la cola de la mayoría de los servicios de todo el Estado). El problema del REF es que no se audita su impacto, ni se obliga a las empresas a dar algo a cambio de ahorrarse el impuesto de sociedades. A esto añadimos el impacto negativo en el cambio climático del sector, que está ayudando a producir una subida anormal de temperaturas y más episodios de calima, que afectan de manera importante a nuestras islas.

El coste salarial es de 1.894,59 euros en Canarias (INE; octubre-diciembre de 2023), mientras que Baleares, con una estructura económica similar (en torno al 35,5% del PIB generado por el sector turístico y casi el 40% del empleo), los trabajadores cuestan 2.358,70 euros, prácticamente coincide con la media estatal, un 26% de media más que en Canarias. Eso a la vez que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE, 2023) está en el 33,8% de la población y un 26,1% de pobreza (3ª comunidad), agravado por la cesta de la compra más cara por renta por habitante (según la OCU), y un crecimiento exponencial del coste del alquiler y de la vivienda, lo cual no ayuda en absoluto a mejorar dichos datos. A esto se suma que las Islas Canarias son, tras Melilla y Ceuta, de los territorios más desiguales de España, atendiendo al coeficiente S80/S20 (según la encuesta de condiciones de vida del INE de 2022), mientras que 0,3% de la población canaria tiene una riqueza equivalente a casi la mitad del PIB de todo el archipiélago (datos de 2021 de la AEAT).

A esto hay que añadir la presión sobre el alquiler de la vivienda ejercida por el alquiler vacacional. Canarias tiene 44.376 espacios habitacionales, el más alto del país, donde, además España es el 2º país con mayor número de alquileres vacacionales de toda UE. El gobierno canario (CC-PP) ha anunciado una ley para regular el sector y poner freno a dicho crecimiento exponencial, y un fondo se ha dado prisa acaparando 150 millones en vivienda (500 alojamientos) para alquiler vacacional antes de que la ley se apruebe. Mientras que el número de viviendas públicas (20.000) es ridículo para un territorio con un 2,2 millones de habitantes. La inacción en esta materia es total.

En Canarias se ha seguido impulsando una estrategia desarrollista que no solventa la situación de pobreza, basada en el pelotazo urbanístico, la depredación del territorio, los salarios bajos, y las escasas políticas ambientales. Un ejemplo de ello ha sido el intento de construir el proyecto turístico Cuna del Alma, que afecta a al menos un yacimiento arqueológico y ha contado con informes negativos por el impacto ambiental, mientras la colusión entre los intereses empresariales y de algunos partidos políticos han llevado a este desastre. Canarias acumula infraestructuras infrautilizadas en la idea equivocada de que dichas infraestructuras atraen automáticamente actividad económica y generarían empleo.

¿Qué aporta la patronal del sector que utiliza un territorio europeo geográficamente enclavado en África, con un clima envidiable, servicios sanitarios y una seguridad europea que explotan sin aportar casi nada a los ingresos del Estado? El territorio que explotan no es suyo. No se comprometen ni con la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, ni con reducir el impacto negativo en el medioambiente de su propio sector, ni fiscalmente gracias a las subvenciones, publicidad institucional gratis, el REF y las ayudas europeas por ser una región ultraperiférica. A la vez que tiene partidos que defienden claramente sus intereses mercadeando en Madrid su apoyo por beneficios para sus empresas, o ayudándoles desde las instituciones canarias, como CC, el PP, NC, ASG y un sector del PSOE. Incluso una medida moderada como la tasa turística, que reclaman los colectivos sociales, los partidos de izquierdas (aunque según el momento), y los sindicatos se ha opuesto frontalmente la patronal y el PP. CC hace guiños a la medida pero con escasa credibilidad. La patronal no quiere ceder nada, lo quieren todo.

Sumar apoya las movilizaciones que se realizarán el 20 de abril con un firme compromiso con la necesidad de cambiar de modelo económico, guiado hacia propuestas de descarbonización de las islas y la industrialización verde, como la búsqueda de reducir de forma drástica el impacto ambiental provocado por el turismo y otros sectores. Creemos en la necesidad de aumentar los salarios, revalorizando el papel de los sindicatos en el diálogo social, donde el Gobierno de Canarias no debe actuar como vocero de los primeros sino representar a los intereses de los canarios y las canarias. La economía debe funcionar al servicio de la ciudadanía, por lo que hay que auditar el REF, medir su impacto, y modificarlo u orientarlo hacia una economía de misiones (siguiendo a Mazzucato) donde el Estado oriente la iniciativa privada hacia fines sociales. El gobierno debe acometer una reforma fiscal en profundidad, al igual que mejora los servicios públicos y construya vivienda social, de manera que reduzca las tasas de pobreza, exclusión social y desigualdad. El gobierno debe declarar (y los municipios) zonas tensionadas a aquellas que tengan problemas serios con el alquiler, como el control de precios, a la vez que se impulsa vivienda de alquiler asequible.

Construyamos una Canarias para los habitantes de Canarias, y no para los intereses empresariales. Este es el momento.

En esas décadas de dominio del nacionalismo conservador, Canarias había quedado, resumiendo mucho, constituido como un territorio fuertemente dependiente del turismo, con salarios bajos, una gran desigualdad y pobreza, a la cola de la mayoría de indicadores sociales y de los servicios públicos, con tasas de corrupción considerables, con los porcentajes menores de participación política, poco ascensor social y escasas oportunidades. CC jugaba con dos estrategias para sostener el poder, que son heredadas de la Restauración española (caciquismo), un enfrentamiento (más ficticio que real) con el gobierno central para obtener recursos que repartir entre las oligarquías autóctonas, y un insularismo con el que mantener entretenida a la población con enfrentamientos estériles entre islas (el pleito insular es un ejemplo de ello), y evitar que se unan contra el enemigo común, la oligarquía. Todo esto, ayudado por un sistema electoral injusto.

Precisamente esta hegemonía relativa de los nacionalistas conservadores canarios, ha dejado impronta y conquistado parte del sentido común en la política de las islas, que supone una losa para imaginar políticas diferentes y necesarias para sacar a Canarias de los graves problemas estructurales que tiene. Esta hegemonía coloca el productivismo como divisa, basado en la construcción de infraestructuras de manera irracional (como el Puerto de Fonsalía) con la creencia que atraerá actividad económica (y pingües beneficios a las constructoras), a la vez que se confunden los intereses del empresariado con los intereses de Canarias (que no de los canarios/as). También supone la construcción de un Estado mínimo, especialmente en las áreas sociales del gobierno, para mantener los servicios públicos por debajo de un nivel óptimo y mantener el negocio de las empresas privadas y concertadas en esos ámbitos (como la Sanidad y Educación). Otro aspecto importante es el nacionalismo que ha permeado en el discurso público, y en el sentido común, a parte de la población, y en especial, a las fuerzas políticas canarias. Ese nacionalismo conservador impone límites mentales claros, al confundir Canarias con los intereses del empresario, o entrar en posiciones folklóricas sobre la cultura que son empobrecedoras, y lleva a las fuerzas políticas a aceptar posiciones que no son de izquierdas en nombre de la identidad y el agravio comparativo respecto a una Península idealizada por la distancia. 

El gobierno progresista ha sido preso, en parte, de estos límites intelectuales y políticos, lo que ha llevado a errores en la gestión y en el gobierno. Ejemplos hay varios, como la resistencia (que viene de la patronal) a la aplicación de la ecotasa que funciona en Barcelona, Lisboa, Palma o Roma, y que no disuade al turismo, o el cese de la primera consejera de Sanidad del PSOE, que se oponía a los conciertos en Sanidad, para poner a un consejero cercano a la sanidad privada (Blas Trujillo) que ha colocado a todo el equipo anterior de CC a gobernar la Consejería y ha truncado el cambio necesario en la desmochada sanidad pública canaria, que se ha visto muy golpeada por la Covid-19 (entre ellos a Conrado, salpicado por corrupción). La izquierda canaria debe superar esas limitaciones para poder construir acciones de gobierno de izquierdas más eficaces ante los problemas estructurales de nuestras islas y de nuestra gente.

Sin embargo, hay que reconocer que el Pacto de las Flores ha aguantado estoicamente una cantidad de catástrofes sin precedentes en las islas; un macro-incendio en Gran Canaria, una erupción volcánica en La Palma, terremotos, una llegada importante de migrantes, la inflación derivada de la guerra de Ucrania y de las grandes empresas oportunistas, y la emergencia sanitaria de la Covid-19 que paralizó casi por completo la economía de las islas. Sin rupturas, y con muchas contradicciones, pero el gobierno progresista ha logrado superar la prueba, con ayuda de las políticas del Ministerio de Trabajo, y las ayudas europeas y estatales ante tanto infortunio.

En esas condiciones, el gobierno progresista ha avanzado en materia de derechos, y ha aprobado leyes importantes (como la de Cambio Climático o la de Juventud, y varias medias sobre Cultura y Patrimonio). La Consejería de Derechos Sociales ha logrado desatascar, con escasos recursos y personal, la lista de la Dependencia (una de las asignaturas pendientes de nuestras islas), se ha aprobado la Renta Canaria de Ciudadanía, logrando, además, aumentar varias veces la PCI, además de una fuerte inversión en servicios sociales, complementar las pensiones no contributivas, mejorar la situación del tercer sector... A fecha de abril de 2023, el paro ha descendido bruscamente (179.692 personas según el INE). La pobreza ha comenzado a descender tras el repunte provocado por la Covid-19, aunque sigue alto (38,29 Tasa AROPE). Canarias es la octava economía de España, aunque seguimos con 8.880 euros menos de renta media per cápita. Aunque Canarias es la segunda CCAA con el salario más bajo (2021) este ha subido de forma espectacular en esta legislatura. Los contratos indefinidos se han cuadriplicado (2022), lo que es una gran noticia.

Quedan pendientes diversos asuntos a los que se tendrá que enfrentar el Ejecutivo que salga de las elecciones de mayo: Vivienda, Sanidad, generación de empleos de calidad, Medio Ambiente, Desigualdad y Segregación Escolar. Estos son los temas candentes y sobre los que debería de girar la campaña y la acción de gobierno del futuro Ejecutivo.

A esta (futura) segunda coalición progresista hay que exigirle que rompa estas líneas tradicionales políticas que hemos mencionado antes y de un giro a las políticas públicas. Debe centrar la economía no en los grandes grupos empresariales, sino en las canarias y los canarios, racionalizando el modelo turístico, poniendo coto a los desmanes en vivienda, además de regular los alquileres y construir más vivienda social. Hay que exigirle que retorne a manos públicas los servicios concertados en Sanidad y en Educación, que hasta ahora han servido para construir una sociedad que en términos de bienestar va en dos velocidades, y que perjudica a gran parte de la población. El gobierno deberá de acelerar la descarbonización de la economía, favoreciendo una movilidad sostenible, poniendo coto a la llegada de cruceros que apenas dejan impacto económico y contaminan enormemente. Se tendrá que centrar en construir un modelo productivo diferente, que cree empleos de calidad, y reducir las grandes desigualdades que azotan el archipiélago.

Estamos en un cambio de época donde la historia se ha acelerado. Los problemas se multiplican (cambio climático, inflación, vivienda...), volver a fórmulas del pasado, dirigidas por los brazos políticos de la patronal canaria, es una decisión suicida, ya que llevaría al inmovilismo en una época en la que toca actuar y con celeridad. Aquellas opciones que proponen acabar con el Pacto de las Flores con promesas vagas deberían de ser descartadas por acabar apuntalando un giro conservador en Canarias. Es por ello que creo que el Pacto de las Flores debería de revalidarse, exigiendo un giro a las políticas, por lo que pido el voto, en general, a los partidos integrantes, y en particular, pido el voto a Unidas Sí Podemos, que es el voto útil para un gobierno más valiente, y más escorado a la izquierda. Nos jugamos mucho. Sigamos avanzando.

Esta sucesión de hechos a toda velocidad, favorecidos por las redes sociales y unos medios de comunicación muy centrados en lo inmediato, terminan por ocultar la necesidad de debatir  lo importante sobre lo anecdótico, o como decía Venancio Sacristán, padre del actor Pepe Sacristán y dirigente metalúrgico, “lo primero es antes”. A nuestro país se le abre una oportunidad de oro con la llegada de los fondos europeos del Next EU Generation, que son unos 140.000 millones de euros. Estos fondos se deberían invertir en la Transición ecológica, la industria, en infraestructuras estratégicas e innovación y, por consiguiente, transformarían nuestro modelo productivo. Esto es lo primero sobre otros asuntos menores y con escaso potencial transformador.

Precisamente, la llegada de dichos fondos pueden servir para reequilibrar el poder en España y dar oportunidades a todas nuestras Comunidades y un futuro para regiones que se están despoblando y para nuestros jóvenes, afectados por la “pandemia” de la falta de oportunidades y la precariedad. Si se combinasen dichos fondos con una reforma federalizante en nuestro país podríamos solucionar dos problemas de golpe, la crisis territorial y los problemas derivados de una estructura económica demasiado dependiente del turismo y del sector servicios de bajo valor añadido, con las consecuencias sociales que llevamos viviendo desde hace décadas.

Las comunidades autónomas entraron en crisis con la combinación de la crisis económica y de las políticas de austeridad, que limitaron de manera muy amplia el margen fiscal para subir impuestos, que derivó en recortes de los servicios públicos y el Estado del Bienestar. Además, el gobierno del PP realizó políticas que buscaban recentralizar a través de las Leyes Montoro del Ministerio de Hacienda (copiando a la TROIKA). Es necesario que haya más margen fiscal y un mayor reparto de los fondos del gobierno hacia las Comunidades para poder asumir los gastos sociales en momentos de crisis. En este marco, estalló el conflicto catalán, del que no trataremos sus causas por no ser objeto de este artículo, pero sí añadiremos que provocó una segunda crisis en el Estado de las Autonomías.

El conflicto catalán está en vías de ser solucionado en la mesa de diálogo, donde se tratará de dar soluciones políticas a un conflicto político, a través de propuestas que des-judicialicen el conflicto, y propongan medidas de reforma territorial. La discusión de fondo en materia territorial que puede derivar de esa mesa de diálogo, es si vamos a un modelo confederal, como el que ha impuesto la derecha nacionalista flamenca en Bélgica, o hacia un modelo federal solidario, más parecido al alemán.

Hay que evitar que sean los nacionalismos insolidarios los que marquen el ritmo de este debate que se va a producir en nuestro país, y que querrán llevar el debate hacia términos identitarios y hacia lo emocional, dificultando cualquier tipo de acuerdo y consenso. Estos nacionalismos que han provocado el choque de trenes en nuestro país, y que se necesitan el uno al otro para existir, suelen enfundarse en una bandera diciendo que hablan con la voz “de un territorio”, pero suelen ocultar intereses económicos menos confesables. Para que nuestro país tenga futuro hay que lograr superar estos debates “esencialistas” y llevar la solución de los problemas al terreno de lo racional.

Tenemos que aprovechar los fondos europeos para cambiar el modelo productivo y balancear el poder dentro de nuestro país. La mejor manera de que unas regiones no se deshabiten a favor de otras es dar oportunidades y futuro en esas Comunidades. Hay que apostar porque el poder y las oportunidades se repartan para construir un país más justo. Eso pasa por revisar la fiscalidad, tal y como ha aceptado el gobierno de Coalición de ERC en últimos presupuestos, para acabar con el dumping fiscal que realiza la Comunidad de Madrid. Esta Comunidad, que es el laboratorio de las políticas neoconservadoras, aprovecha ser un “oasis fiscal” y el efecto capitalidad, para drenar empresas y talento del resto de las Comunidades. Las principales víctimas son la “España vaciada”; Las Castillas, Asturias, Extremadura…

Durante la pandemia se han ido estableciendo elementos federalizantes, como las reuniones de presidentes/as, o de Consejeros/as de Sanidad, con el gobierno, para establecer políticas comunes. Lo que hemos visto es que faltan mecanismos para poder evitar que se produzcan episodios como los de la Comunidad de Madrid, que ha estado haciendo de “Estado gamberro”. Deberían de instituirse mecanismos de solidaridad, co-responsabilidad y una cierta armonización fiscal.

Es necesario marchar hacia el federalismo donde se cierren las competencias entre el gobierno central y los autonómicos y clarifiquen las competencias de ambos y las compartidas. Sería bueno, también, hacer desaparecer las Diputaciones (salvo los Consell y los Cabildos) y repartir los fondos y competencias entre los ayuntamientos y las Comunidades. Como los ayuntamientos son la institución más cercana a los problemas de los ciudadanos/as, sería interesante iniciar un segundo proceso de descentralización de las Comunidades hacia los ayuntamientos, siguiendo el espíritu de Pi i Margall.

Andalucía rompió con el proceso andaluz que desembocó en el 28F la configuración inicial de comunidades con plenas competencias, las mal llamadas “históricas”, y el resto que tendrían competencias limitadas. Gracias a los andaluces que se manifestaron se logró que Comunidades que en aquellas circunstancias nunca hubiesen llegado a la autonomía pudiesen alcanzarla. Fue una derrota de la oligarquía en toda regla. Por ello Andalucía tiene que tener voz propia en el debate territorial alejado de las posiciones nacionalistas y/o españolistas, siguiendo la tradición del republicanismo federal de Blas Infante, apostando por un modelo federal, aunque tenga cierta dosis de asimetría.

El Gobierno de Canarias debe de plantearse qué futuro quiere para nuestra Comunidad que se aleje de la dependencia del sector turístico, en horas bajas, y un mercado laboral precario y de bajo valor añadido que impide que muchos canarios y canarias puedan tener una seguridad mínima existencial. El Gobierno debe de dejar de escuchar los cantos de sirena de la oligarquía económica que opera en Canarias, que pretende seguir con el mismo modelo, y apostar por la Transición ecológica, la industria, etc., aunque eso suponga un choque con un empresariado acostumbrados a un poder favorable a ellos que reparte subvenciones, a unas reglas fiscales que les benefician enormemente sin una contrapartida social ni de buenos empleos, a una mano de obra sumisa asustada por el miedo al desempleo y unos sindicatos debilitados. El Gobierno de Canarias debe tener una voz propia en este debate que está por venir, pero alejándose de la estrategia del pedigüeño de la que suele hacer gala el nacionalismo canario, y de las grandes presiones de una patronal que es garantía de que nada cambie en las Islas.

Este nuevo pacto federal puede cerrar los conflictos que se han ido sucediendo de manera periódica en nuestro país en torno a la “cuestión nacional”, y construir un proyecto de país, a la altura de los desafíos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI, que de esperanzas a gran parte de la población y justicia social y territorial.

Unidas Podemos debe plantearse este debate. ¿Qué significa Plurinacionalidad? ¿Apostamos por un modelo federal o confederal? ¿Qué hacer con los fondos europeos? ¿Cómo balancear el poder en España? ¿Cómo lograr mayor solidaridad interterritorial y oportunidades para todos? Sigamos el consejo del maestro Venancio Sacristán, “lo primero es antes”. No nos dejemos llevar por lo inmediato por encima de lo importante.

La Escuela concertada-privada es un potente catalizador de la segregación escolar en España. No es el único. Es cierto que existen centros concertados-privados que acogen a alumnado desaventajado, ya sea por clase social, por origen nacional, NEE, etc., pero no suele ser lo más frecuente, ya que una de las motivaciones de los padres y madres a la hora de escolarizar a sus hijos/as en dichos centros es la homogeneidad cultural y social. España es un país que segrega mucho a nivel escolar, cuestión que no es un accidente, posicionándonos en la sexta posición dentro de la UE-27, y nuestra segregación escolar es superior a la segregación residencial. Esto significa que la escuela privada-concertada y privada sin concierto, juega un papel relevante en este proceso, aunque también lo juegan los centros bilingües que presionan sobre los monolingües a la hora de repartirse la escolarización, o la zonificación escolar, o las medidas cuasi-mercado en la escolarización.

Es natural que la Comunidad de Madrid haya saltado como gato que cae en una cazuela con agua hirviendo. La LOMLOE es una enmienda a la totalidad del proyecto clasista y elitista del PP en CAM, extendido, en menor medida, a otras Comunidades. De hecho, Madrid, si fuese un país, sería el segundo más segregado de toda Europa. No sólo porque prohíbe que se ceda suelo público para la construcción de centros concertados-privados, que como sabemos acabó en un caso de comisiones ilegales y con la mano derecha de Aguirre en la cárcel por cobrar mordidas, sino que obliga a los centros concertados-privados a tener que asumir al alumnado desaventajado (ya que es auxiliar a la Educación Pública), no podrán cobrar cuotas “voluntarias” (que cobraban el 90% de los centros en Madrid) y que se usaban para recaudar y excluir al alumnado considerado “indeseable”. Por otro lado, la LOMLOE trata de reforzar la equidad, al sistema público de enseñanza, maltrecho tras años de recortes, y la inclusión educativa.

Precisamente, el apoyo a la concertada-privada ha sido la marca distintiva del PP. No sólo porque la Educación Pública fue recortada sin piedad, haciéndole perder calidad, durante la crisis anterior (aunque se recuperó un poco a partir de 2016 por la pérdida de poder del PP). Aunque la financiación de la concertada-privada no ha sido exclusiva del PP, también lo han seguido gobiernos autonómicos del PSOE, PNV, CC, CIU, etc., el PP aceleró este proceso de “secesión de las élites” y “huida de la clase media” de los centros Públicos tras la llegada masiva de inmigrantes que venían a trabajar durante la burbuja inmobiliaria. A partir del año 2012 hasta 2018 (últimos datos disponibles) la concertada-privada fue recuperando el gasto educativo hasta superarlo en más de un 7,66%, mientras la Pública seguía en niveles por debajo de los de 2009. En estos años hemos visto a alumnado en la enseñanza Pública estudiando en centros gueto, en barracones, o en aulas masificadas, fruto de las políticas educativas elitistas del PP.

La derecha política, y los concertados-privados (muchos dependientes de la Iglesia Católica) denuncian que estas medidas que tratan de frenar el aumento de la segregación escolar son un ataque contra la “libertad de elección de los padres y madres” en la Educación. Esta cuestión es falsa. Los padres y madres podrán seguir eligiendo el proyecto educativo que más le interese, pero ahora se ha extendido poder escoger centro a más clases sociales, que antes lo tenían vedado por las cuotas “voluntarias” y otras triquiñuelas que se utilizaban para excluirles. Por consiguiente, lo que no se va a financiar con fondos públicos son aquellos centros que segreguen por clase social, ni por sexo, ni por origen nacional, o por problemas de aprendizaje. Los progenitores que sigan apostando por introducir a sus hijos/as en escuelas homogéneas socialmente y que son burbujas, donde no se van a juntar con alumnado que consideran “indeseable” tendrán que sufragárselo con el dinero de sus bolsillos, que por desgracia da “libertad de elección” en este mundo capitalista en el que vivimos.

Que el alumnado se mezcle no es un capricho de la Ministra, ni de los 7 grupos que han votado a favor la ley (frente a la soledad del PP que votó la LOMCE sin apoyo de nadie), ni de una gran parte de la Comunidad Educativa que propusieron diversas medidas al Ministerio, que algunas fueron tomadas en cuenta. Mezclar alumnado significa aumentar la empatía y el (re)conocimiento de las realidades y situaciones diversas que tienen cada alumno/a de nuestro país. Sirve para no crear guetos sociales, ni burbujas donde no se entienda que algunos alumnos/as no tienen tanta suerte de haber nacido en la clase social “correcta”. Permite que la futura ciudadanía tenga una experiencia democrática compartida. El alumnado no sólo aprende de los docentes, sino que también aprende de los compañeros (efecto compañeros), si le quitamos al alumnado locomotora de las clases (porque son enviados a centros concertados-privados), estamos condenando al alumnado más desfavorecido, no ayudando a la inclusión social y fomentando, a la postre, una mayor conflictividad social y marginación. Si queremos que exista la movilidad social, las políticas del PP son contrarias a ellas, ya que fomentan un cierre oligárquico en nuestra sociedad.

Como los países menos segregados, y que más invierten en Educación, tienen un mejor índice GINI (que mide la desigualdad) y son países más cohesionados, las medidas que están reflejadas en la LOMLOE van por el buen camino, y quizá se hayan quedado cortas, pero es un buen paso para lograr una Educación Pública, de calidad, con menos segregación escolar, inclusiva y con mayor equidad. Esto es lo que necesita una sociedad que pretende encarar el siglo XXI pretendiendo construir un país mejor y más justo socialmente.

Galicia y Euskadi son dos subsistemas electorales peculiares en España, con dos partidos hegemónicos dentro de cada comunidad autónoma que han perdido en una sola ocasión en la democracia las elecciones. Esto significa que es difícil, más allá de las tendencias, realizar comparaciones con otras comunidades autónomas debido a las peculiaridades de cada una. 

Tanto en Galicia como en Euskadi se ha votado en clave de seguridad, en un clima de shock post-confinamiento y de preocupación/miedo ante las perspectivas sanitarias y económicas de los próximos meses. La pregunta de las elecciones era ¿quién ofrece mayores garantías para afrontar un tiempo muy turbulento? Y la respuesta era necesariamente conservadora.

Moderación y experiencia de gestión de gobierno, dos elementos con los que cuentan las formaciones que ganaron el domingo (PNV, PP), las que se mantuvieron (PSOE), y a su manera también las que se proyectaron como alternativas de gobierno (EHB y BNG). Se trata de una nueva señal de la estabilización del sistema de partidos y de los bloques ideológicos, manteniéndose la mayoría absoluta de las izquierdas en el Parlamento Vasco y en las grandes ciudades gallegas.

Los electores/as han elegido estabilidad ante una situación producida por la COVID-19 que genera muchas incertidumbres. En una situación de crisis económica y/o social se podría haber dado con mucha más facilidad un cambio de gobierno. Por consiguiente, ha sido un acierto por parte de Feijóo y de Urkullu haber adelantado las elecciones y haber evitado que coincidiesen con el probable adelanto electoral catalán. 

 El PNV y el PP gallego han aprovechado también una situación donde no tenían alternativa a su gobierno. En Euskadi el PNV venía de un acuerdo de gobierno con el PSE que, junto al apoyo del PNV al gobierno de coalición de izquierdas en Madrid, garantizaba la continuidad del gobierno vasco. La “alternativa” pasaba por una alianza del PSE con EH Bildu, lastrada por su pasado cercano a ETA, y con Podemos-IU que los socialistas descartaron desde el comienzo de la campaña. La derecha nacionalista española es irrelevante allí. En el caso gallego, el PP contaba con una gran simpatía entre la población envejecida, que es determinante en las elecciones gallegas, y una izquierda atomizada en tres propuestas políticas (PSOE-G, BNG y GeC), donde GeC venía de sufrir una crisis interna detrás de otra y el PsdG una crisis de liderazgo y de proyecto que arrastra desde hace años. Las posibilidades de que tres opciones de izquierdas que se repartían el voto venciesen a la derecha reunida en un sólo partido (ya que CS y VOX no tienen tirón) eran nulas y supuso la victoria de Feijóo con comodidad. 

 A escala nacional, los tres partidos en liza que se jugaban algo (PP, PSOE y UP) han obtenido malos resultados por varios motivos: 1. Las elecciones no se jugaban en clave nacional, sino autonómica, en un contexto de pandemia que ha premiado al partido gobernante. 2. A falta de estudios más precisos sobre las motivaciones del voto, al PSOE y a UP no le ha sumado (ni restado) su presencia en el Gobierno nacional (leve subida del PSOE lejos de las expectativas, hundimiento de UP). 3. La estrategia de Pablo Casado (intento de absorción de Ciudadanos y competición con VOX por el voto ultra), y por consiguiente de los neocons de Aznar, sale derrotada en las dos comunidades autónomas, aunque por motivos diferentes. En Galicia porque el candidato del PP ha ocultado las siglas, que desde Fraga han capitalizado la identidad gallega mayoritaria en el país, y éste ha llevado una estrategia autónoma respecto a Madrid, siendo más moderado, no compitiendo con VOX y no alcanzando acuerdos con CS (que no existe en Galicia). En el País Vasco, la alianza del PP con CS sólo ha beneficiado a CS y a VOX ya que como, no se juegan nada, la gente está más dispuesta a dividir el voto, cómo pasó en Andalucía. En el caso gallego el voto está concentrado porque se jugaban el gobierno.

1.El PP: Feijóo ha logrado una victoria cómoda basada en el agro gallego (ya que la izquierda domina la mayor parte de las ciudades), logrando un 1,5% más que las anteriores elecciones y consolidando su mayoría sin demasiados problemas. Es una doble victoria ya que logra dejar fuera a VOX y a CS y deja tocada la estrategia frentista de Casado reforzando a aquellos, como Feijóo, que defienden un giro hacia el centro-derecha.

2. En el caso de Euskadi el PP pierde varios diputados y tiene que compartir los pocos que hay con Ciudadanos. La entrada de una diputada de VOX demuestra que la estrategia de Casado de parecerse a VOX para disputarle el voto ultra es un fracaso.

3. El PSOE: Obtiene un resultado discreto en Euskadi (+1 diputado) y en Galicia recupera posiciones, pero queda detrás del BNG. Los socialistas gallegos llevan encajando malos resultados debido a la derechización del partido y de los candidatos anodinos que han ido escogiendo. Pese a que Caballero es Sanchista no ha logrado capitalizar el buen hacer del gobierno de Coalición en el Estado.

4. El BNG y EH Bildu. Los dos partidos, con unas bases muy arraigadas en el territorio, numerosas asambleas, que gobiernan varios municipios, con una fuerte base militante y sindical, logran capitalizar el voto soberanista que arrancan de un Podemos en caída libre. Los dos partidos han copiado formas de hacer política de Podemos, pero con más base territorial y siendo nacionalistas viejos.

5. VOX. Fracasa, como era previsible, en Galicia, donde el voto se concentró en el candidato con más posibilidades (el PP), y logra un éxito relativo al obtener una diputada por Álava a costa del PP, que va a reforzar su posición de seguir disputando el espacio contra un Casado que parece que trabaja para ellos.

6. Podemos y confluencias. En Galicia el desastre es mayúsculo (se han perdido 222.300 votos), se quedan fuera del Parlamento gallego siguiendo la parábola descendente de todas las elecciones autonómicas celebradas en 2019. En Euskadi se pierden más de la mitad de los diputados y 84.912 votos. Las explicaciones son múltiples: No se logra capitalizar, en tan poco tiempo, las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros. Tampoco creo que haya penalizado estar dentro del mismo. Los trasvases de votos en Euskadi y en Galicia están claros: EH BILDU y BNG, con mayor implantación territorial y con un discurso más virado a lo social (porque lo nacional ya se les presupone).

6.2. La debilidad territorial de Podemos ha jugado una mala pasada. Llueve sobre mojado, ya que desde Estatal nunca ha habido un especial interés por fijar el partido a los territorios, por tener algún interés en la política autonómica ni en la política clásica, pensando que la televisión y las redes sociales compensarían la debilidad en el territorio. Una vez pasada la sorpresa inicial, y normalizado el partido, otros partidos con militantes (y no clickactivistas) y con redes locales y provinciales han absorbido gran parte del voto logrado en comicios anteriores.

6.3. La competición desde posiciones cada día más escoradas hacia el nacionalismo, en vez de mantener el difícil equilibrio entre identidad regional y federalismo y cuestión nacional, ha llevado a que los nacionalistas viejos se beneficien de esos discursos en vez de Podemos y confluencias. Los conflictos internos han pesado. Direcciones desautorizadas, dirigentes débiles, peleas internas, divisiones varias tanto en Euskadi como en Galicia. El caso gallego es sangrante, el anterior candidato, Luis Villares, se hizo con En Marea orillando a EU y a Podemos, y viró el partido a posiciones cuasi-independentistas compitiendo con el BNG (y beneficiando a este), llevó la situación a la ruptura, se salió el acuerdo y ha acabado en la irrelevancia.

Cada vez que competimos en nacionalismo con las fuerzas nacionalistas históricas (BNG, ERC, EH BILDU, NC, etc.) acabamos produciendo un trasvase de votos en favor de estas, ya que la combinación que fue ganadora para Podemos era la unión de la cuestión social y de la cuestión nacional y democrática, no la apuesta por el eje nacional como predominante. Precisamente estos partidos que no tienen que hacer alarde de ser “nacionalistas” en su territorio han virado (con la excepción de ERC por el conflicto catalán) hacia posiciones sociales, dejando la discusión nacional en un segundo plano, que no desaparece, pero no es la revindicación principal. Otra debilidad que tenemos, unida a esta, es la inexistencia de un programa para la cuestión nacional ni un discurso en este sentido mínimamente unificado, dando una sensación de “reino de taifas” que resta, donde en regiones se defiende desde el confederalismo, en algunos casos el federalismo, en otros se defienden posiciones cuasi-independentistas. Por consiguiente, es necesario aclarar que significa “plurinacionalidad” y como convertirlo en un programa serio, aplicable y argumentado que despeje estas incoherencias.

Pedro González de Molina Soler. Profesor de Geografía e Historia y Ex-Secretario de Educación y Formación de Podemos Canarias.

Oda final: En el caso de Podemos o construye estructuras locales, provinciales y autonómicas, y decide darle vida al partido, u otro vendaval amenazará por llevarse por delante la organización. Además del desgaste de la formación derivada de la política interna, las peleas, la descapitalización del partido, la falta de cuadros, los errores de la dirección, los giros de guión no explicados, etc., existe un problema evidente de falta de interés por parte de la dirección Estatal sobre los territorios y la mayor parte de las ciudades y pueblos, y una falta de implantación que lastra los resultados en las elecciones locales y en las autonómicas. El horizonte político tiende a ser cortoplacista, y en muchos lugares los programas no son tales, por consiguiente, cuando se llega al poder no se logra realizar políticas transformadoras por falta de imaginación, de proyecto y de cuadros (todo lo contrario al caso de Barcelona en Común). Barcelona en Común podría ser un ejemplo de buen hacer en la política de confluencia, en la política interna, en la elaboración de un programa contando con los actores de la ciudad y con un horizonte de varias legislaturas, en la extensión barrial, en el trato a la militancia, en la formación de cuadros, etc. O se construye un partido o el siguiente vendaval se llevará por delante la organización

Por un lado, nos encontramos a una minoría del profesorado que no estaba habilitado para poner en funcionamiento una clase online y que han tenido verdaderas dificultades para poder seguir con su práctica docente. Por otro lado, tenemos una parte del alumnado, que suele coincidir con el que más fracasa escolarmente, o con el alumnado vulnerable (ya sea socialmente o por problemas idiomáticos), que se ha desconectado durante este proceso o tiene serias dificultades para poder seguir las clases. A lo que hay que añadir una aparente paradoja: aunque el alumnado de secundaria sea “nativo digital”, es decir, que ha nacido con un móvil en la mano y sabe usar los programas estilo Instagram, Tiktok o Twitter, no necesariamente esto implica que sepan usar correctamente el correo electrónico, un procesador de textos o que hagan búsquedas correctas de información en internet sin ir directamente a la Wikipedia. Por consiguiente, no es suficiente con ser nativos digitales, sino que hay que enseñarles y entrenar habilidades para su correcto uso.

Esta situación anómala que vivimos ha afectado más al alumnado de clase baja que al resto. Por grande que haya sido el esfuerzo del profesorado para compensar las carencias, la indudable e importante función socializadora de la Escuela ha quedado suspendida temporalmente, lo que ha afectado más a los menos favorecidos. Esto es debido a que el escaso capital cultural, la poca ayuda que le pueden ofrecer sus progenitores para hacer los deberes, a veces la falta de medios adecuados para poder estudiar o conectarse (ya sea porque no tienen ordenador y sólo tienen móviles, o porque comparten un ordenador entre varias personas), etc., lastran su aprendizaje. Por no hablar de que una parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza a través del contacto directo y de las emociones, que son difícilmente sustituibles por las plataformas online y los vídeos que se graban los y las docentes. Es cierto que la brecha digital es un problema, pero en realidad es un síntoma de la brecha social que existe entre nuestro alumnado.

El problema no sólo es económico (falta de recursos económicos para estar conectados), aunque podría ser solventado con una inversión por parte del Estado (como ocurre en algunas CCAA), sino que es también cultural, de capacidades y habilidades para poder aprender en este paso a la enseñanza online. Y aún teniendo los medios para realizarlos arrastrarían otros problemas como el desfase curricular y cultural respecto al alumnado más favorecido que impide el cumplimiento de la tan manoseada igualdad de oportunidades. Dicho de otra manera, la desconexión de una parte del alumnado que el Ministerio de Educación cifra en un 10% sobre los 8,2 millones de alumnos/as de enseñanzas generales, es otra cara de la segregación escolar por clase social que ya existía antes de la crisis de la COVID-19 y que amenaza con agrandar la brecha educativa precedente.

De hecho, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha realizado proyecciones sobre las consecuencias que tendrá el cierre de colegios por la pandemia. Entre los posibles efectos negativos que sugiere el informe destaca que el impacto por el cierre de los centros escolares en España podría ser de hasta el 3% de la desviación estándar. Es decir, un alumno que vuelva a clase el 1 de junio perdería el equivalente a un 11% de lo que se aprende en un curso escolar. También calcula que habrá repercusiones negativas en el largo plazo, como sería la reducción de un 1% del salario al alumnado afectado cuando alcancen los 30 y 40 años. Tendría, además, un impacto sobre la tasa de abandono escolar que podría aumentar sensiblemente en el alumnado vulnerable.

La situación de la pandemia coloca a una parte del alumnado en una situación muy precaria, ya que no pueden seguir aprendiendo, lo que nos demuestra la importancia de la Escuela como tabla de salvación que puede servir para que muchos alumnos/as no caigan en la exclusión social.

Por consiguiente, si queremos una Escuela más inclusiva y que afronte los verdaderos problemas que aquejan a nuestra Educación, que no son otros que las desigualdades educativas múltiples y las desigualdades de oportunidades educativas, debemos encarar los problemas fuera del debate empobrecido que se ha instalado en los medios de comunicación y de los discursos vacuos de la “modernización” de la Escuela que tienen algunos partidos y grupos de presión empresariales.

Nuestro sistema educativo debe ser más inclusivo. Para ello las políticas educativas han de estar unidas a políticas de carácter social, ya que el problema del alumnado vulnerable no se soluciona sólo aportando más recursos económicos, sino produciendo un cambio en los barrios deprimidos donde viven. Eso significa que hay que subir el nivel cultural, en general, de nuestro alumnado para compensar las diferencias con el más favorecido.

Hay que enterrar el discurso de la meritocracia, basado en la falsedad de “quien quiere, puede”, ya que obvia los graves condicionantes sociales, culturales y económicos que lastran las posibilidades de unos alumnos/as, mientras que a otros los catapultan hacia las estrellas. Este discurso es reaccionario puesto que tiende a ocultar las desigualdades de clase bajo la figura del “triunfador”, del hombre (o mujer) hecho a sí mismo que logra escalar en la pirámide social con su solo esfuerzo. Ejemplos de ellos tenemos algunos como Amancio Ortega; obvia decir que en España hay un sólo Amancio Ortega y que ese tipo de “triunfo”, de ser deseable, no es el destino de la inmensa mayoría de nuestro alumnado.

Tenemos que realizar políticas que reduzcan la segregación escolar por clase social. Somos un país bastante segregador dentro de la UE, con Comunidades como Madrid que son de las más segregadas de Europa. No podemos permitir que en nuestro país tengamos centros gueto. Habría que redistribuir al alumnado con dificultades de aprendizaje y al alumnado inmigrante entre todo el sistema educativo. No se debería permitir que la Concertada siga escogiendo a su alumnado por razones de clase social, obviando que juega un papel auxiliar y de apoyo a la Educación Pública. Esta máquina de segregación por clase social que es la Escuela concertada compite para obtener fondos de las Consejerías de Educación en detrimento de la Pública. Dicho desvío de fondos, justificado por una supuesta “libertad de elección” por parte de los padres y madres no es otra cosa que seguir acentuando la brecha social y educativa, puesto que empobrece a la Enseñanza Pública muy necesitada de personal y recursos y que atiende al alumnado con mayores dificultades.

Hay que realizar una fuerte apuesta por una formación continúa de calidad para nuestros docentes a lo largo de toda su vida laboral, que supere los más que claros límites de la formación impartida por los órganos dependientes de las Consejerías de Educación. La calidad del profesorado marca, sin duda, la calidad del sistema.

Estos y otros tantos asuntos deberían ser prioridad para aquellos que creen que la Escuela debe jugar un papel de redistribución de los roles en nuestra sociedad y no sólo como reproductor de las desigualdades sociales (aunque siempre se den de manera deformada). La crisis de la COVID19 ha desvelado aquellas problemáticas, más allá de la brecha digital, que estaban presentes en nuestra sociedad y que hay que abordar para lograr un siglo XXI más justo socialmente y que dé más oportunidades a aquellos que no las tienen.

¿Cuáles eran los objetivos de Alemania y de los halcones de la UE? Lograr transformar una crisis financiera en una crisis de deuda soberana, trasladar la presión de la necesaria reforma de la banca y de las inversiones en la bolsa hacia una reforma profunda del Estado del Bienestar para abrirlo a nuevos negocios privados, reducir el tamaño del Estado, atar a estos a las reglas del déficit y gasto para impedir cualquier tipo de política keynesiana. El objetivo aparente era reducir la deuda, que se multiplicó, y el déficit, que ha ido cayendo.

¿Qué supuso también? Privatizaciones, externalizaciones y semiprivatizaciones en los Estados endeudados, ya fuese de empresas públicas o de sectores adscritos al Estado del Bienestar, la socialización de las pérdidas de los bancos, reducir el poder de los trabajadores y de los sindicatos, etc. Por poner dos ejemplos: con la excusa del envejecimiento de la población la UE exigió el aumento de la edad de jubilación, la reducción en los aportes del Estado a las pensiones y favorecer las pensiones privadas. Por otro lado, la Comisión Europea, entre 2011 y 2018, exigió en 63 ocasiones a los países miembros que recortaran sus gastos en sanidad.

De las consecuencias de la crisis financiera de 2008 no nos hemos logrado recuperar aún. Hemos tenido pobres cifras de crecimiento, una reducción de las cifras de desempleados a cambio de una mayor precariedad, una pérdida de ahorros absorbidos en los peores momentos de la crisis por la necesidad, el aumento de las desigualdades de todo tipo, el aumento del poder de las fuerzas de extrema derecha por toda Europa y una debilitamiento de la democracia.

Si en 2008 la salida antisocial a la crisis fue suscrita por la inmensa mayoría de gobiernos de entonces, ya sea de buena gana (como el español del PP) o forzados (como el griego o el portugués), en 2020, en plena crisis del COVID-19, sin embargo se está produciendo un duro choque entre el Sur (Italia, España, Portugal y Grecia), más Francia, contra Alemania, Austria, Finlandia y Holanda por la salida de la crisis. La revuelta contra la imposición de la ortodoxia es mucho más dura y seria que en 2015. No sólo porque dicha revuelta es encabezada por la segunda, tercera y cuarta potencia económica de la UE, sino porque se inscribe en el marco del debilitamiento del proyecto europeo derivado de las consecuencias de la crisis de 2008 y del Brexit.

Por un lado, Holanda, Finlandia, Alemania y Austria defienden no mutualizar la deuda derivada de la reconstrucción que necesitará la UE en cuanto salgamos de la crisis sanitaria. Además, defienden utilizar el BEI para facilitar fondos a las empresas, la compra de deuda del BCE a los Estados y la ayuda a la banca, ayudas a los ERTES, que se movilicen 500.000 millones de euros para canalizarlos a través del MEDE a los países que lo soliciten y un pequeño fondo de solidaridad a los países afectados, cantidad ridícula en comparación con los 100.000 millones de euros movilizados para “rescatar a España” en 2012 (aunque en realidad a quienes se rescataba era a la banca holandesa, belga, francesa y alemana, que habían hecho negocio prestando a la banca y cajas de ahorro españolas durante la burbuja inmobiliaria). Wolfang Schäuble, presidente del Bundestag y bête noire de Grecia en la crisis de 2015 que incluso llegó a exigir el Grexit, ha defendido, junto con los holandeses, que no se debe volver a resucitar el debate de los eurobonos ni cualquier salida solidaria, sino que las ayudas del MEDE vienen con condicionalidades que suponen a la postre recortes y más austeridad. Para Alemania, estas condiciones serán menos duras que en 2012, mientras que los holandeses proponen que sigan siendo igual de duras que cuando los “rescates” (o secuestros, mejor dicho) de esa época. Merkel y Rutte maniobraron a última hora para dejar fuera de la última reunión, con éxito, al presidente del Parlamento Europeo, único órgano democrático de la Unión, el socialista italiano David Sassoli, porque iba a apoyar las demandas del bloque de Francia y el Sur.

Del otro lado, Francia y España piden un mecanismo intermedio, aunque España sigue defendiendo los eurobonos. Italia exige que la solidaridad europea sea más contundente y que se mutualice la deuda derivada de esta crisis sin contraprestaciones adicionales. Los apoyan Grecia, que ha aprendido de la caída del PASOK-ND-Syriza, Portugal, donde su presidente ha defendido que la banca debe aportar ya que fue rescatada con gran sufrimiento de los ciudadanos lusos, y una decena de países. Todos rechazan la utilización del MEDE y la vuelta de los hombres de negro.

El plan Marshall que demandan parece muy lejos de aplicarse y la solidaridad de una parte de la Unión brilla por su ausencia. Italia ha llegado a amenazar con echar mano de la ayuda china, que tiene puestos los ojos en el país transalpino con el lanzamiento de la ruta de la Seda. Si en 2015 ni Rusia, agobiada por la guerra de Ukrania, las sanciones y los problemas económicos, ni China, que pretendía hacerse con infraestructuras claves como el Puerto del Pireo, apoyaron a Grecia, en 2020 tanto Rusia, como China, pueden jugar un papel mucho más importante y decisivo si la Unión no encuentra una salida solidaria a esta situación. La imagen de las tropas rusas entrando en Italia para ayudar al país y de la ayuda solidaria china, no deja de ser chocante viendo la actitud insolidaria de Holanda y Alemania.

Las instituciones europeas han buscado soluciones intermedias entre las dos posiciones, aunque la respuesta de la Comisión, dirigida por la alemana Von der Leyen, ha sido muy tibia. Por una parte, el BCE está comprando deuda y por otra parte, se ha suspendido temporalmente el “Pacto (neoliberal) de estabilidad”.

El choque fue tan duro que Jaques Delors, antiguo presidente socialista de la Comisión Europea (1985-95), alertó del riesgo de que esta crisis se lleve por delante el proyecto europeo por la falta de solidaridad de algunos miembros. El Primer Ministro luso, António Costas, llegó a preguntar a Holanda si se veían fuera de la UE, tras los duros enfrentamientos protagonizados por el gobierno holandés contra cualquier posibilidad de activar la solidaridad europea y aplicar los coronabonos.

Finalmente se ha alcanzado un acuerdo por el que se desbloquean préstamos para los países necesitados a través del MEDE pero, mientras dure la crisis del coronavirus y si los gastos son para solucionar problemas derivados de esta, no tendrán condiciones. Una vez pasada la crisis, cualquier ayuda recibida por el MEDE tendrá las condicionalidades nefastas de la crisis de 2008. El debate sobre los eurobonos ha quedado aplazado. La existencia de la UE está en peligro si no logra dar una respuesta más contundente y solidaria a esta situación de crisis. La necesidad de este acuerdo era palmaria, si la UE no alcanzaba algún tipo de componenda, aunque fuera insuficiente, lanzaría un mensaje de parálisis que seria interpretado como de debilidad dando alas a los euro-escépticos y a los buitres financieros.

Quién fue presidente de la Comisión Europea en la legislatura pasada, Jean-Claude Juncker, ha defendido que la idea de los coronabonos se va a abrir camino y de que hay que aumentar el raquítico presupuesto de la UE para poder afrontar la crisis.

Lo cierto es que el debate sobre la reconstrucción, una vez pase la crisis del COVID19, no está cerrado y todas las posibilidades están abiertas. Muchos de los análisis se han planteado desde la posición de que ni Holanda, ni Alemania, ni Austria, ni Finlandia, se van a ver afectados en demasía por el virus y por consiguiente el parón de su economía va a ser menor. No creo que vaya a ser así. De hecho, el FMI ha advertido de una nueva recesión que también afecta a estos países duramente anunciando que la contracción del PIB en 2020 será en Alemania (-7,0 %), Austria (-7,0%) y Holanda (-7,5%). La crisis en la eurozona va a arrastrar a estos países, los cuales no parece que estén libres todavía del COVID-19 que podría agravarse en los próximos meses. Hay que contar también que la crisis va a afectar profundamente a los EEUU. Ya que tienen más dificultades por su estructura institucional, la mentalidad del presidente Trump y de muchos estadounidenses para controlar el virus y eso puede provocar un impacto muy importante en Europa al ser EEUU un gran importador de productos europeos. Es probable que Juncker tenga razón y haga falta esperar tiempo para que holandeses y alemanes acepten.

Esta crisis está acelerando las contradicciones de la UE y de nuestras sociedades, sacando las miserias a flote, poniendo debates sobre la mesa que quedaron sepultados pero no solucionados en la crisis anterior, generando rupturas en los eslabones débiles de nuestras sociedades, nuestras economías y nuestras instituciones. Lo que nos jugamos aquí es la Democracia en mayúsculas. Si el Sur de Europa y Francia no logran imponer otra marcha a la UE no sólo es que pueda desaparecer, o ser una rémora para sus miembros y un castigo para una gran parte de la población, sino que se pueden dar salidas autoritarias a esta crisis, como las que están ensayando Víctor Orbán en Hungría, o el PIS en Polonia.

La resistencia del Sur contra unas políticas antisociales, de las que ya hemos sufrido las consecuencias, se vuelve un imperativo moral. Francia apoya dicha resistencia, a pesar de que Macron ha sido un defensor de la ortodoxia neoliberal, hasta ahora. Si el Sur y Francia fracasaran en esta resistencia contra las políticas de austeridad que traerían el MEDE y no logran imponer una salida solidaria a la crisis, esto provocaría el final de los gobiernos progresistas de España, Italia y Portugal, abriendo el camino a los experimentos reaccionarios como los de VOX o Salvini. La Democracia nos va en ello. No desfallezcamos.

Es difícil adivinar con precisión qué pasará en el mundo tras esta crisis, pero sí podemos aventurar algunas lecciones provisionales, hipótesis y reflexiones sobre nuestras sociedades y los cambios que se avecinan.

Nuestro Estado del Bienestar, que no se había recuperado de la crisis del 2008 y de las políticas de austeridad neoliberal, está siendo sometido a un fuerte estrés, especialmente la Sanidad, y enfrentándose a retos difíciles, como pasar a la enseñanza virtual en Secundaria y en Primaria sin apenas medios, ni planificación previa, y con una brecha digital difícilmente resoluble que lastra a los que menos tienen. Años de recortes en los servicios públicos, y de intentos de introducir lógicas mercantiles donde no debieran existir, de reducciones de plantilla, de recortes presupuestarios, de la entrada de las empresas privadas en nichos de mercado creados por partidos comprometidos con las políticas neoliberales, han colocado a nuestros servicios públicos en una posición muy comprometida ante esta crisis.

El caso de la Sanidad es sangrante, no sólo por los recortes antes mencionados, sino por la actitud torticera de la Sanidad privada y concertada, que, o ha intentado sacar beneficio del miedo social cobrando precios desorbitados por los test, o han aprovechado las circunstancias de emergencia sanitaria, precisamente, para echar a sanitarios a la calle. Su nulo apoyo a la sociedad en esta situación en los inicios de la pandemia ha sido clamoroso, y más cuando algunos empresarios hoteleros ofrecieron sus hoteles para realizar hospitales improvisados ante el desbordamiento de los hospitales públicos. Se vuelve a demostrar que es un error convertir la salud en un negocio, y dejar a los caprichos del mercado la salud pública. Ante esta situación el gobierno se vio en la obligación de intervenir las empresas privadas sanitarias para ponerlas al servicio de la sociedad.

Esto nos lleva a la primera lección: el sistema sanitario público va a salir reforzado de la crisis del COVID-19. Será muy difícil volver a justificar recortes en el sector sin sufrir un desgaste político innegable. Aquellas Comunidades Autónomas que apostaron con fuerza por degradar el sistema público de Salud en favor del negocio privado, como Madrid o Cataluña, van a tener que revisar sus políticas con toda seguridad.

Aquellas comunidades autónomas que hicieron de la irresponsabilidad fiscal su bandera, siempre con un sesgo de clase en favor de los que más tienen, como Madrid, Canarias, o, en menor medida, Cataluña, han demostrado, no sólo la irresponsabilidad de bajar impuestos e infrafinanciar los servicios públicos, sino que dicha injusticia social se paga ante una situación de emergencia nacional. La presidenta de la Comunidad de Madrid hizo el ridículo al pedir limosna a las empresas privadas cuando hacía unos meses había lanzado la mayor rebaja fiscal de la historia, según sus palabras. La segunda lección es evidente, hace falta pagar más impuestos, y repartir las cargas de manera más equitativa y justa.

El Estado, como actor en la economía y en la sociedad, ha vuelto a recuperar parte del papel protagonista, que había perdido ante los organismos de gobernanza internacional, o ante los Mercados. Se ha demostrado que su decidida acción puede salvar vidas en estas circunstancias o su inacción, agravar el problema, y es vital su papel en la futura reconstrucción de los países. Por consiguiente, las tesis del Estado escasamente intervencionista, de marcado carácter neoliberal, han salido debilitadas en esta crisis, mientras que la tesis del Estado intervencionista han salido reforzadas (con variantes, dependiendo del país).

La cuarta lección deriva de las consecuencias desastrosas de la Globalización neoliberal incontrolada. Las grandes empresas aprovecharon las desregulaciones para llevar muchas industrias a países que les imponían menos impuestos, tenían legislaciones medioambientales y laborales laxas, sindicatos débiles o inexistentes y una mano de obra barata. Esto provocó el proceso de desindustrialización del centro, donde las industrias se marcharon a la periferia, sobre todo a Extremo Oriente. Ahora muchos países se lamentan de no tener fábricas de respiradores, mascarillas, otros productos, etc., necesarios para la lucha contra el coronavirus, ya que se depende de la capacidad de producción de China, y en menor medida de otros países, y de las condiciones leoninas del Mercado. Muchos políticos europeos se plantean que hay que reindustrializar sus países para poder afrontar otra crisis como esta.

También, esta crisis, está demostrando que la capacidad de contagio de una pandemia se multiplica debido a la interconexión global. Aeropuertos y puertos se convierten en focos de difusión de las pandemias, que ha facilitado su extensión por el globo.

La quinta lección es la crisis del ordoliberalismo y del neoliberalismo a escala mundial y la vuelta del Keynesianismo. El neoliberalismo y su variante alemana habían quedado desacreditadas y tocadas, aunque no de muerte gracias al enorme poder de la Academia, los think tanks y los partidos que profesan dicha ideología, en la crisis financiera de 2008. La salida, en falso, de la crisis en la UE fue la aplicación de la ortodoxia neoliberal, de la apertura del Estado del Bienestar al negocio privado, de la reducción del Estado, de la socialización de las pérdidas de los bancos, del aumento del paro, del crecimiento de las desigualdades y de la pobreza, etc. De estas consecuencias no nos hemos logrado librar todavía, ya que seguimos con altos porcentajes de deuda pública (que se supone que las medidas de la UE iban a atajar), con un trabajo más precarizado, más desigualdad, más pobreza, etc.

La crisis del COVID-19 ha terminado de enterrar las propuestas predominantes en la crisis de 2008. Como por arte de magia, neoliberales de toda la vida o se han apuntado al keynesianismo (como Luis de Guindos) o han enmudecido. Será muy difícil que dichas políticas vuelvan a recibir el apoyo que recibieron por parte de los electores en el pasado y logren mantener su hegemonía en la Academia y en la sociedad. Sin embargo, esto no significa que la ideología neoliberal y variantes hayan muerto todavía, siguen resistiendo parapetadas en algunos países de la UE, en algunas de sus instituciones y en países como EEUU o Gran Bretaña, y tratarán de resistirse lo máximo posible.

Esta última idea enlaza con la crisis de la UE derivada del punto anterior. En 2008 Alemania logró imponer su hegemonía sobre Francia y el resto de la Unión, aplicando una ortodoxa política ordoliberal, donde se sacrificó a Grecia a través del terrorismo financiero y de los terribles Memorándums. El gobierno de Syriza fue castigado para impedir el surgimiento de una alternativa de izquierdas a la salida de la crisis aplicada por Merkel. En 2020, en plena crisis del COVID-19, sin embargo se está produciendo un duro choque entre el Sur (Italia, España, Portugal y Grecia), más Francia, contra Alemania, Austria, Finlandia y Holanda por la salida de la crisis. La revuelta contra la imposición de la ortodoxia es mucho más dura y seria que en 2015. No sólo porque dicha revuelta es encabezada por la segunda, tercera y cuarta potencia económica de la UE, sino porque se inscribe en el marco del debilitamiento del proyecto europeo derivado de las consecuencias de la crisis de 2008 y del BREXIT.

Por un lado, Holanda, Finlandia, Alemania y Austria defienden no mutualizar la deuda derivada de la reconstrucción que necesitará la UE en cuanto salgamos de la crisis sanitaria. Además, defienden utilizar el BEI para facilitar fondos a las empresas, la compra de deuda del BCE a los Estados y la ayuda a la banca, ayudas a los ERTES, que se movilicen 500.000 millones de euros para canalizarlos a través del MEDE a los países que lo soliciten y un pequeño fondo de solidaridad a los países afectados, cantidad ridícula en comparación con los 100.000 millones de euros movilizados para “rescatar a España” en 2012 (aunque en realidad a quienes se rescataba era a la banca holandesa, belga, francesa y alemana, que habían hecho negocio prestando a la banca y cajas de ahorro españolas durante la burbuja inmobiliaria).

Wolfang Schäuble, presidente del Bundestag y bête noire de Grecia en la crisis de 2015 que incluso llegó a exigir el GREXIT, ha defendido, junto con los holandeses, que no se debe volver a resucitar el debate de los eurobonos ni cualquier salida solidaria, sino que las ayudas del MEDE vienen con condicionalidades que suponen a la postre recortes y más austeridad. Para Alemania, estas condiciones serán menos duras que en 2012, mientras que los holandeses proponen que sigan siendo igual de duras que cuando los “rescates” (o secuestros, mejor dicho) de esa época. Merkel y Rutte maniobraron a última hora para dejar fuera de la última reunión, con éxito, al presidente del Parlamento Europeo, único órgano democrático de la Unión, el socialista italiano David Sassoli, porque iba a apoyar las demandas del bloque de Francia y el Sur.

Del otro lado, Francia y España piden un mecanismo intermedio, aunque España sigue defendiendo los eurobonos. Italia exige que la solidaridad europea sea más contundente y que se mutualice la deuda derivada de esta crisis sin contraprestaciones adicionales. Los apoyan Grecia, que ha aprendido de la caída del PASOK-ND-Syriza, Portugal, donde su presidente ha defendido que la banca debe aportar ya que fue rescatada con gran sufrimiento de los ciudadanos lusos, y una decena de países. Todos rechazan la utilización del MEDE y la vuelta de los hombres de negro.

El plan Marshall que demandan parece muy lejos de aplicarse y la solidaridad de una parte de la Unión brilla por su ausencia. Italia ha llegado a amenazar con echar mano de la ayuda china, que tiene puestos los ojos en el país transalpino con el lanzamiento de la ruta de la Seda. Si en 2015 ni Rusia, agobiada por la guerra de Ukrania, las sanciones y los problemas económicos, ni China, que pretendía hacerse con infraestructuras claves como el Puerto del Pireo, apoyaron a Grecia, en 2020 tanto Rusia, como China, pueden jugar un papel mucho más importante y decisivo si la Unión no encuentra una salida solidaria a esta situación. La imagen de las tropas rusas entrando en Italia para ayudar al país y de la ayuda solidaria china, no deja de ser chocante viendo la actitud insolidaria de Holanda y Alemania.

Las instituciones europeas han buscado soluciones intermedias entre las dos posiciones, aunque la respuesta de la Comisión, dirigida por la alemana Von der Leyen, ha sido muy tibia. Por una parte, el BCE está comprando deuda y por otra parte, se ha suspendido temporalmente el “Pacto (neoliberal) de estabilidad”.

Finalmente se ha alcanzado un acuerdo por el que se desbloquean préstamos para los países necesitados a través del MEDE pero, mientras dure la crisis del coronavirus y si los gastos son para solucionar problemas derivados de esta, no tendrán condiciones. Una vez pasada la crisis, cualquier ayuda recibida por el MEDE tendrá las condicionalidades nefastas de la crisis de 2008. El debate sobre los eurobonos ha quedado aplazado. La existencia de la UE está en peligro sino logra dar una respuesta más contundente y solidaria a esta situación de crisis.

La última lección es que el Sur de Europa no puede permitirse asumir las condiciones y consecuencias que supondrían acogerse al MEDE con la condicionalidad de la anterior crisis (fuerte impacto social, económico, degradación democrática y el debilitamiento del Estado del Bienestar, que van en la dirección contraria a las enseñanzas que estamos sacando de esta crisis) porque sería el final de los gobiernos progresistas de Italia, Portugal y España y dejaría abierto el camino a experimentos reaccionarios y populistas de derechas, como el de Matteo Salvini.

Pedro González de Molina Soler. Profesor de Geografía e Historia. Ex secretario de Educación y Formación de Podemos Canarias. Militante de CCOO.

Hay que destacar en Canarias varios datos: El PP, siguiendo su estela en el resto del Estado, se desploma perdiendo la mitad de los votos y 3 escaños, el giro a las posiciones de extrema derecha, más la corrupción, benefició electoralmente a VOX y a Ciudadanos. CC casi dobla sus resultados a costa del PP, dicho de otra manera, CC se ha convertido en el refugio de la derecha en la provincia de Tenerife. El PSOE capitaliza la pérdida de votos de Nueva Canarias, que se queda fuera del parlamento, y de Podemos, obteniendo 70.000 sufragios y 2 diputados más. Unidas Podemos se deja por el camino 31.000 votos pero mantiene los 3 escaños. Ciudadanos obtiene cerca de 40.000 sufragios más y mantiene su representación, mientras que VOX obtiene 69.398 votos quedándose fuera del reparto. Por consiguiente, la izquierda gana en votos y en escaños.

Canarias subió en participación frente a 2016 (64,37 %), a un 68,14 % en 2019, quedándose por debajo de la media nacional que fue del 75,75%, como suele ser habitual. Estas cifras de participación son fruto de que estas elecciones han sido percibidas por la mayor parte de los ciudadanos/as como unas elecciones clave que marcarán el rumbo de este país para los próximos años, en un momento crítico en nuestro país, y en el Planeta.

Por otro lado, el CIS realizó una encuesta para las CCAA antes del 28A, que no mide, por tanto, el efecto de las elecciones, y que hay que mirar con las reservas correspondientes. En esa encuesta, el CIS auguraba una victoria por la mínima de la izquierda, con lo que podría desalojar, por primera vez en desde 1995, a CC del poder.

Sin embargo existen riesgos evidentes de que este resultado dado por las urnas y por el CIS se pueda no repetir en mayo. Existe una posibilidad de que una parte del electorado progresista y de izquierdas, tras alejar el “fantasma” del trifachito del poder, se desmovilice al considerar las elecciones locales, autonómicas, cabildicias y europeas, como unas elecciones menores. Esto podría facilitar que por unos miles de votos, en unas elecciones muy disputadas, la derecha se haga con el poder con un “pacto a 4”, que podría incluir a VOX si alcanza el 4% autonómico. Este riesgo es real, lo que nos llama a todos aquellos que estamos cansados de un gobierno corrupto e incapaz de solventar los graves problemas de nuestra tierra, a ir a votar el 26M.

Si CC mantiene el poder habrá continuismo en las políticas que han llevado al desastre a nuestra Comunidad. El presidente Clavijo, y CC, han convertido la corrupción en una forma de gobierno y de comprar lealtades. Sólo hay que recordar que el Señor Clavijo está imputado en el “caso Grúas”. Viendo el resultado de la política de CC, los peores servicios sociales y Estado del Bienestar de España, somos la única Comunidad que no hemos recuperado los niveles de renta anteriores a la crisis, el gobierno ha tenido superávit con un porcentaje de paro del 21,03%, según la EPA, con unas tasas de riesgo de pobreza y exclusión social del 40,2% (el más alto de España, en 2018), con numerosos vertidos ilegales y daños al medioambiente, con unos datos de desigualdad terroríficos, enormes colas de espera, etc. Parece claro que CC no ha gobernado para la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, ni puede responder con éxito a los desafíos del siglo XXI; robotización del trabajo, exclusión social, desigualdad, pobreza, cambio climático, etc.

Pero. ¿Para quién ha gobernado entonces? CC ha estado más preocupado de intentar comprar un edificio al empresario imputado Antonio Plasencia, para pagar favores. Tiene a numerosos cargos imputados por todas las islas. Se sabe que la empresa OHL sobornó a cargos de CC para recibir contratas de obras públicas. El Gobierno de Canarias le ha interesado más en sus acuerdos con el PP recibir fondos para el convenio de carreteras, con los que poder beneficiar a sus amigos constructores, así como intentar realizar una macroconstrucción en Agaete, de un muelle inútil para beneficiar a sus amigos de las navieras. Ha promovido una liga de videojuegos a costa de la Educación Pública, que presentas niveles de fracaso escolar y de segregación alarmantes, para beneficiar a Movistar, los clubes deportivos Tenerife y Las Palmas, y a EA Sport. Sigue el desembarco de las Universidades Privadas en Canarias, apoyadas por CC, mientras nuestras Universidades Públicas languidecen en los últimos puestos de los rankings en España faltas de personal y financiación adecuada, etc. Podríamos seguir con cientos de casos que nos llevarían al mismo punto, los gobiernos de CC benefician a una minoría de ricos y de grandes empresas en nuestra tierra, y se hace a costa de los intereses de la mayoría.

CC defiende a la Canarias oficial, a la de los barones de la prensa, a la de las grandes compañías que viven del erario público y de los beneficios de unos instrumentos de elusión fiscal escasamente controlados (RIC, zona ZEC, el REF, etc.) mientras una parte importante de la ciudadanía tiene unos salarios escasos y unos trabajos precarios, a los ricos a los que les quita impuestos como el de Sucesiones, a las grandes hoteleras a las que les defiende de los pequeños explotadores, etc. Cuando CC habla de los intereses de “Canarias” habla de esta Canarias oficial, habla de los intereses de clase, no de los intereses de la mayoría social.

Este 26 de mayo tenemos una oportunidad histórica de echar a CC del poder. Para ello debemos ir a votar. Existe la posibilidad de que un bloque progresista, formado por el PSOE, NC y Podemos, alcance el gobierno y ponga fin a este gobierno clasista y cruel socialmente hablando. Si los votantes progresistas y de izquierdas se movilizan se podrá construir un gobierno de la decencia, de progreso, que haga frente a los grandes desafíos del siglo XXI. Un gobierno que construya una Canarias más ecológica, más justa socialmente, con mejore servicios sociales y Estado del Bienestar, que ponga fin a las prácticas corruptas y caciquiles de CC y sucursales, y que gobierne para una mayoría social, para esa Canarias real, la que se levanta temprano a trabajar, la que quiere una seguridad en el futuro y que las generaciones futuras vivan en la libertad que da el no tener necesidad.

Para ello este 26 de mayo hay que llenar las urnas de votos, de votos por el futuro, de votos por el clima, de votos por el feminismo y por la igualdad, de votos por los servicios sociales que garantizan que nadie se queda atrás y que todo el mundo estará protegido ante la adversidad, de votos por la justicia social y fiscal, de votos por una vida en libertad, en la libertad de no tener que coger un trabajo basura por que no te desahucien o que tu familia pase necesidades.

También pido el voto para mi formación, Si Podemos Canarias, porque creo que hace falta un partido fuerte a la izquierda del PSOE, que sea la garantía de que las medidas del futuro gobierno se hacen para la mayoría social, y de que sea el garante de que el PSOE no tenga la tentación de pactar con CC otro gobierno que acaba, por experiencia, en otro fracaso sonado. Pido el voto para que el futuro gobierno no tenga deudas con el gran empresariado que más de una vez ha influido con éxito en NC o en el PSOE. Pido el voto para que las medidas de ese futuro gobierno sean más ambiciosas, más justas, más a la izquierda. Por eso votar Podemos es un voto útil.

Este 26 de mayo votemos a favor de un gobierno útil para la mayoría de la ciudadanía de Canarias. Este 26 de mayo votemos por el futuro, por cambiar de camino y no seguir andando hacia el precipicio al que nos lleva CC. Este 26 de mayo llevemos la dignidad y la honradez al gobierno de nuestra autonomía. Si se puede.

En 2018 también hemos vivido cómo un PP acosado por los casos de corrupción perdía la presidencia del gobierno en una inesperada moción de censura encabezada por el PSOE, donde Unidos Podemos jugó un papel fundamental para “convencer” al PNV. Momento en el que Rajoy erró con sus cálculos al acortar los tiempos para el debate a la espera de que las negociaciones, que no se produjeron, encallasen con los grupos independentistas.

La marcha de Rajoy abrió, por primera vez en el PP, un mecanismo de designación del siguiente presidente por Primarias en vez de “por elección digital”, que le dio la victoria al cachorro de Esperanza Aguirre y Aznar, Pablo Casado. Casado se libró in extremis de ser imputado por el caso Máster, probablemente por jueces amigos. Casado ha dado un giro a la derecha y ha acogido parte de las líneas discursivas de la extrema derecha europea, pensando que así le cortaría el paso a VOX, que había llenado Vistalegre en un acto, de manera equivocada ya que lo que ha hecho es legitimar al original frente a la copia.

Desde ese momento se ha ido produciendo una competición muy dura entre Ciudadanos, cada día más errático, PP y VOX, por ver quién es más duro con Cataluña y se posicionaba más a la derecha. Las declaraciones poco afortunadas de los líderes del independentismo han sido usadas para echar toda la gasolina posible. Como dijo Enric Juliana: Aznar funciona como el pianista de Pink Floyd, al ser el pater familiae de estos tres grupos.

El PSOE empezó con fichajes estrella, pasando por tener que quitar algunas “manzanas podridas” del gobierno, a cierta improvisación en su actividad legislativa. Sin embargo, la apuesta por el diálogo ha ido calmando, con algún susto ocasional, el conflicto en Cataluña y ha acabado el año con varias medidas de índole social que le refuerza como centralidad en el país, apoyadas por Unidos Podemos.

Pablo Iglesias ha ido ganando madurez y sentido de Estado desde la moción de censura y ha ido acertando con la estrategia, pidiendo disculpas y reconociendo errores que le quedaban en el tintero. Unidos Podemos debe definir un proyecto solvente que movilice a sus militantes de cara a las elecciones porque necesita a sus bases y debemos, por responsabilidad social, garantizar una mayoría de izquierdas en el Parlamento.

El contexto internacional se refleja de forma creciente en España. La llegada al poder de la extrema derecha o con el apoyo de la misma a varios países de la UE ha reforzado el poder de “la Internacional autoritaria”, que se ha visto estimulada desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. Salvini, desde Italia, ha intentado plantar cara a la UE, con escaso éxito, pero está devorando al Movimiento 5 Estrellas, que está desaparecido en combate. La plasmación de esta corriente autoritaria se ha dado con la llegada de VOX al parlamento andaluz con 12 diputados, con un fuerte abstencionismo del votante de izquierdas. Corriente de fondo que ninguna encuesta había sabido valorar. Advertencia hacia la izquierda, una desmovilización del electorado lleva al tripartito aznariano al poder.

En Canarias no podemos medir todavía el impacto de VOX en la política de nuestro archipiélago. Lo que si podemos afirmar es que el trumpismo ha llegado a nuestras islas de manos de CC, que ha echado mano de los eslóganes de este como “Canarias Primero”. CC está virando hacia la derecha hasta mimetizarse con el PP. Ana Oramas lanza proclamas españolistas en el Congreso que podrían haber sido lanzadas por cualquier diputado popular. CC logra restaurar la alianza conservadora con el PP en Canarias justo antes de las elecciones, comprando la bajada de impuestos a cambio de la estabilidad parlamentaria. Estos días tanto CC como el PP vetaron en el Senado la senda del déficit que aportaba 90 millones más para Canarias a las órdenes de los populares. ¡Suerte que son “nacionalistas” y velan por Canarias!

CC trata inexplicablemente de resucitar el conflicto insular junto a NC, a base de declaraciones cruzadas entre Carlos Alonso (CC) y Antonio Morales (NC) con escaso éxito. Los nacionalistas también han intentado resucitar el conflicto con Madrid con los diversos convenios que han quedado por firmar y con el convenio de carreteras, pidiendo cuál pedigüeños más dinero que no logran ejecutar cuando llega a las islas. La idea fuerza que hay detrás de esto es lograr cohesionar el voto nacionalista que está cansado de los años oscuros de gobierno de CC y que está degradándose. También han querido echar gasolina al conflicto con Cataluña al acusar al gobierno del PSOE de que está desviando fondos “de Canarias hacia Cataluña”, sumándose a la ola autoritaria en España y haciendo seguidismo del discurso del tripartido aznarista.

Un ejemplo de ello es la falta absoluta de sensibilidad social. CC tuvo que devolver 30 millones de lucha contra la pobreza que no se ejecutaron, mientras exige 945 por demoras y otras obligaciones legales adeudadas por el gobierno del PP, buscando un conflicto innecesario por intereses espurios. Por supuesto, las grandes beneficiadas de dichos convenios son las empresas constructoras afines a CC. También hemos visto como el TSJC tumbó un decreto del gobierno que prohibía el alquiler vacacional en las zonas turísticas, ya que estaba hecho para beneficiar a las empresas hoteleras. CC confunde interesadamente los intereses de “Canarias” con los intereses de las grandes riquezas y las grandes empresas afincadas en nuestras islas.

El balance de lo que llevamos de legislatura es claramente negativo. Nuestro modelo productivo, estimulado por el gobierno, provoca que nuestros jubilados son los que menos ganan de toda España. Muchas familias dependen de dichas pensiones como su único ingreso, cuestión que no le importó a CC cuando negoció en los presupuestos más fondos para las carreteras mientras el PNV negociaba la subida de las pensiones.Recuerden, para CC las carreteras son más importantes que las personas, y los beneficios empresariales más todavía.

Mientras el gobierno en minoría de Coalición Canaria está preocupado por el convenio de carreteras, UNICEF nos informa de que nuestra comunidad es la que tiene más niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión social con un 41,6% (149.476 niños, niñas y adolescentes). La tasa de exclusión social se sitúa en un 40% (840.000 personas), es decir, nuestro pueblo tiene la mayor cifra de personas que viven en condiciones de Privación Material Severa, personas que no pueden permitirse al menos cuatro de los nueve conceptos de consumo básico definidos en la UE. Además de mantener altas tasas de paro, excesiva precariedad, que la natalidad haya bajado y los peores servicios públicos de nuestro país entre otros.

Este es el balance que nos deja el gobierno de Canarias en manos de CC. Con estos datos, el gobierno tiene superávit de 531 millones, lo que es una muestra de incompetencia y de falta de sensibilidad social.

En 2019 tendremos que elegir entre el tripartito aznarista junto a CC, siguiendo la senda de los recortes de Rajoy y del retroceso como comunidad autónoma, o apostar por un pacto de progreso, con un gobierno de la decencia que acabe con tantos años de corrupción, desigualdad, paro y políticas clasistas.

La izquierda debe de ir con un programa de mínimos, una política de alianzas clara y con un proyecto solvente que movilice a la ciudadanía. O damos esperanza a la gente o retrocederemos muchos años.

Durante los años 90 la mayor parte de los partidos políticos giraron a la derecha. Los partidos socialdemócratas viraron hacia la “Tercera Vía”, siendo asaltados por burócratas y tecnócratas grises de escasas ideas, los partidos comunistas en Occidente que no desaparecieron fueron mudando sus pieles hacia la socialdemocracia “light”, mientras que los liberales y conservadores viraban hacia el neoliberalismo, convertido en la nueva religión incuestionable. Quizás, quien mejor logró sintetizar esto fue el periodista y escritor Manuel Vázquez Montalbán: “En los 70 me llamaban socialdemócrata, pero como todo el mundo ha girado a la derecha, me he vuelto de extrema izquierda”.

La versión social-liberal y neoliberal se convirtieron en dos caras de una misma moneda. Las voces críticas quedaron sepultadas y silenciadas en la mayor parte de los medios de comunicación de masas. Se podía avanzar en derechos civiles, pero no se podía poner en cuestión al Mercado. Aquellos que lo intentaron, como Oskar Lafontaine, quedaron sepultados por la ola de la Tercera Vía. Esta versión de una política tecnocrática con escaso componente doctrinal, pero que configuraba una realidad beneficiosa para las clases dominantes, entró en una crisis profunda en 2008 con la crisis económica mundial.

En otros artículos se han realizado múltiples análisis sobre la crisis de la socialdemocracia, sus mutaciones hacia partidos de escasa relevancia al perder su función social (como el PASOK), otros en proceso de pasokización (como el SPD o el PSF), y otros que han renovado su ideario y que están intentando innovar (como el Labour o el PSP). También se han escrito ríos de tinta para definir, describir, analizar, etc., a los nuevos partidos de izquierdas llamados “populistas” (como Podemos y el BLOCO, por ejemplo), con lo cual no los nombraremos. Aunque si podemos afirmar que la izquierda pasa por un período de enormes incertidumbres donde se juega, probablemente, su existencia, lo que está provocando enconados debates en su seno. Si la izquierda logra armar un proyecto serio y creíble de sociedad alternativa, tendrá mucho futuro.

¿Qué cambios se han producido en la derecha española (y sus homólogos periféricos) en estos tiempos líquidos?

Mientras una ola barría Europa y los EEUU, y ascendían al poder, o se quedaban cerca de hacerlo, partidos de extrema derecha con una estrategia populista, España parecía ajena a estas corrientes políticas. La extrema derecha en España seguía siendo marginal, el PP acogía a la mayor parte de la derecha bajo su seno, y al PP le había salido un competidor joven (Ciudadanos), con un proyecto similar pero con un peinado nuevo. La mayor parte de las derechas periféricas seguían sin cambiar demasiado (CC, el PAR, el PNV, etc.), salvo el caso catalán que necesitaría un objeto de estudio a parte. En los últimos tiempos de Mariano Rajoy, un político conservador de la vieja escuela, la derecha española estaba como petrificada, lo único que se movía era Ciudadanos para defender, y separarse del PP, más mano dura en Cataluña y empezaba a conectar con la Fundación FAES y Jose María Aznar.

La derecha lo tenía, y sigue teniendo, claros cuáles son los objetivos finales. Resumiendo mucho, la imposición del mercado en todos los ámbitos de la sociedad, las relaciones sociales, de la economía, de la política y de la naturaleza. Todo se podrá comprar y vender, mientras que será el mercado el que decidirá sobre lo que debe fortalecerse, lo que se debe transformar o lo que debe desaparecer.

Esta utopía ultraliberal del mercado concurrencial que se autorregula llevada a la práctica ha tenido consecuencias nefastas para la sociedad. Ha llevado al aumento drástico de las desigualdades, al aumento de la pobreza y de la exclusión mientras que una minoría se ha enriquecido, ha colisionado con la democracia provocando un proceso acelerado de oligarquización de la política y de la sociedad, ha provocado una degradación del Estado del Bienestar, ha provocado la expulsión de una parte de la sociedad que ha pasado a ser deshechos humanos, y ha generado una crisis medioambiental sin precedentes que pone en peligro la habitabilidad del Plantea.

Es como si las élites se estuviesen rebelando contra el siglo XX, enterrando en el proceso las conquistas históricas del movimiento obrero y campesino.

Sin embargo, las consecuencias que está provocando la implementación de esta utopía ultraliberal es que los sistemas políticos que son necesarios para imponerla se están resquebrajando bajo el peso del descontento. Ante la pérdida de legitimidad de los sistemas políticos, la derecha se ha dividido en la estrategia para lograr aplicar la utopía ultraliberal y evitar un vuelco revolucionario que de al traste los planes. Este debate ha llegado tarde, y contaminado por nuestras esencias patrias. Resumiendo, hay tres variantes de la estrategia de la derecha para poder lograr sus objetivos, las cuáles son combinables: 1. La tecnocrática neoliberal. 2. La neoconservadora, con tintes religiosos y/o nacionalistas. 3. La de la extrema derecha, desde el dextropopulismo hasta el neofascismo.

Como rasgos generales de la derecha en España podemos señalar los siguientes: 1. Una defensa de la Constitución como un elemento petrificado y detenido en el tiempo, imponiendo una visión conservadora de la misma y dejando en papel mojado sus elementos más progresistas a golpe de leyes y decretos. 2. Un concepto patrimonialista del Estado y de la nación. España es su propiedad y los demás son la anti-España, por lo tanto, cuando llegan al poder lo hacen de “forma ilegítima”. 3. Una visión nacionalista de defensa cerrada de España frente a los particularismos y a los nacionalismos periféricos. 4. Comparten a nivel económico la misma fe: el neoliberalismo. 5. Todas se declaran europeistas, manteniendo una posición de subalternidad respecto a Alemania, y mantienen una vertiente Atlantista (apoyo cerrado de los EEUU). 5. Son enemigos declarados de “la izquierda, el feminismo y el separatismo catalán y vasco”, que todo lo confunden, interesadamente, o lo mezclan con Venezuela. 6. La defensa, sea a través de medidas legislativas o de manera explícita, del catolicismo. 7. Mantienen una defensa de la familia tradicional por lo tanto rechazan los matrimonios del mismo sexo, aunque la oposición es más bien tibia ya que hay miembros gays y lesbianas en el interior de dichos partidos con puestos de poder. 8. Defienden al individuo frente a las ideas colectivistas. 9. Están embarcados en la estrategia de la crispación, usada como manera de movilizar a sus votantes y desmovilizar a los votantes, o potenciales votantes, de izquierdas. 10. Trump, y el momento autoritario, ha influido en la deriva de estos partidos y han copiado parte de la estrategia y mensajes de la alt-right y de la extrema derecha europea.

El PP ha realizado un viraje hacia posiciones más a la derecha con Pablo Casado. No significa que no tuviesen en su seno ideas y políticas similares, pero se buscaba la centralidad del tablero enviando mensajes que calasen en el electorado del centro a la extrema derecha. El problema es que con este giro discursivo y programático, a lo Le Pen, han dado alas a VOX como opción de voto, ya que han “blanqueado” a dicho partido. Su concepto patrimonialista queda más que demostrado cuando llaman a Pedro Sánchez “okupa del poder”, por lo tanto un inquilino ilegal e ilegítimo que ocupa la propiedad de su dueño legítimo (en este caso, el PP, que es el brazo armado de la oligarquía).

En el interior del PP se habían reunido, cuando Aznar logró reunificar las diversas corrientes de la derecha para tener alguna oportunidad de derrotar en las urnas a Felipe González y al PSOE, desde la tecnocracia liberal, pasando por la derecha conservadora, hasta la extrema derecha franquista. Esta unidad se ha roto en 3 partidos, acosados por los casos de corrupción, y ante la supuesta deriva “blanda” de Mariano Rajoy frente al secesionismo catalán.

El PP mantiene a duras penas, en su intensa pugna con Rivera, y en mucha menor medida con Abascal, la primera posición entre la derecha española, pero no las tiene todas consigo. Hay muchos casos de corrupción que no se han terminado de cerrar y que van a afectar duramente a la credibilidad, ya muy tocada, del PP. Casado, con el giro autoritario de esa derecha chulesca madrileña muy al gusto de Esperanza Aguirre, pretende dar la imagen de líder fuerte para lograr conectar con las corrientes de fondo autoritarias que barren el mundo.

Las primarias demostraron que el PP tiene una debilidad enorme a la interna, y que el partido estaba más vacío por dentro de lo que decían, aunque el tener una sede en cada localidad de España les hace tener un suelo electoral muy fiel y rocoso.

Ciudadanos pretende ser la versión moderna, más limpia, y con un peinado nuevo, de políticas viejas. Es una mezcla entre partido personalista (donde el líder es omnipresente y omnipotente), partido-empresa con su gabinete de publicidad y castings, que pretende introducir las ideas de que la “derecha liberal es cool y moderna” frente a un PP vetusto y envejecido, y frente a una izquierda que se la considera “reaccionaria”. Ciudadanos cambia de opinión como una veleta, al son de las encuestas, y han conseguido capitalizar el rechazo de una parte de la población a las posturas del independentismo catalán. Mantienen un apoyo considerable en las ciudades, sobre todo las grandes, y entre las clases liberales, con muchas dificultades de entrar en los pueblos (donde no tienen estructura), en los barrios populares y en ciudades de pequeñas dimensiones. Ciudadanos es la mejor representación de lo que piensan y proponen las empresas del IBEX-35.

Vox es un partido neofranquista, muy conservador, que mezcla las obsesiones de la derecha patria, con algunas de las ideas que provienen de la extrema derecha europea y norteamericana (no por nada, están aconsejados por Steve Bannon, ex-jefe de campaña de Trump). Se posicionan como un partido anti-inmigración, anti-separatista, anti-izquierda, anti-feminista, anti-LGTBI, anti-Islam, y que defiende las esencias patrias frente al cosmopolitismo y la diversidad. No sigue la estela anti-europeista, ni anti-oligárquica (aunque sea de manera retórica), ni (supuestamente) anti-liberal en la economía, de la extrema derecha europea, estilo Le Pen, eso le dificulta alcanzar a los barrios populares de los distintos rincones de España. Los medios de comunicación, junto a Susana Díaz, C´S y el PP, le han hecho la campaña electoral en Andalucía, lo que ha permitido (junto con otras circunstancias) que hayan conseguido un magnífico resultado para una fuerza extraparlamentaria. VOX es un partido, viendo lo que proponen, anti-Constitucional, ya que defienden la abolición de las Comunidades Autónomas, por ejemplo, y medidas claramente anti-igualitarias. El resultado en Andalucía les va a catapultar en las encuestas, lo cuál es un riesgo para la izquierda y la democracia. Pero recuerden, no es un partido fascista, si es de extrema derecha y defiende posiciones similares al franquismo. Hay que definir bien a los contrincantes para no equivocarte de estrategia.

Hay que advertir, sabiendo la ola autoritaria que está barriendo Planeta, que las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierdas, deben de buscar puntos en común, establecer un horizonte de esperanza entre los perdedores de la globalización neoliberal, y tener un proyecto que permita acabar con las tasas de desigualdad, paro y exclusión que se generalizan en el mundo. O la izquierda realiza una reflexión sobre qué modelo de sociedad quiere establecer, busca las alianzas sociales y políticas, a la vez que combate dialécticamente a la derecha y a la extrema derecha, o mucho me temo que vamos hacia la imposición del autoritarismo en nuestras sociedades. “El huevo de la serpiente” ya ha eclosionado, depende de nosotros que consigamos evitar caer en una pesadilla que tiene similitudes con los años 30.

La izquierda debe de ser responsable, nos jugamos la democracia y las libertades en ello.

Antes de entrar en materia me gustaría realizar una reflexión general sobre las primarias. En nuestra organización hay dos tipos de personas que participan, los militantes (que son los menos), que asisten con regularidad a los actos del partido, participan en las movilizaciones o en las asambleas, y suelen tener un compromiso más fuerte con la organización, y los inscritos/as (que son la mayoría), personas que por sus circunstancias personales no participan asiduamente en la organización, pero si ejercen el voto en las consultas internas y en las primarias (ya sea para cargos orgánicos o para las instituciones). El problema se produce cuando cualquier candidatura intenta llegar a los inscritos/as, ya que no suele tener canales para poder acceder a ellos, lo cuál dificulta la campaña en el sentido de que son las redes sociales o los medios de comunicación los que se convierten en los mediadores de las diferentes candidaturas, con el problema que resulta de esto. El segundo problema que resultan de nuestra modalidad de primarias, y al que creo que hay que repensar, es que el formato impide un debate más sosegado y más basado en los fundamentos políticos y programáticos, por lo tanto, este formato acaba basándose más en la imagen y en los eslóganes. Por lo tanto abogo por repensar este modelo de primarias en nuestro partido cuando pasen las siguientes elecciones autonómicas y locales.

He estado siguiendo las distintas presentaciones online, porque las presenciales no han ocurrido todavía, y las diversas ideas que han sido expresadas en las diferentes entrevistas realizadas a las candidatas a la Presidencia del Gobierno y los equipos que dirigen.

Para la Presidencia se han presentado, la candidata de Todas a Una Ganar 2019, María del Carmen Martín, y la candidata de Juntas Más Fuertes, Noemí Santana. Aunque no es candidato a la Presidencia, hay que señalar que se presenta una tercera lista, vinculada a una parte de los anticapitalistas, capitaneada por el veterano exmilitante de la LCR, Domingo Méndez.

Llama la atención que la candidatura Todas a Una, que no logró obtener la Secretaría General, haya escogido una candidata de menor nivel que su anterior candidata a la Secretaría General, Conchi Monzón. Da la sensación de que dan la candidatura por perdida ya que, a todas luces, presentan a una candidata de menor nivel que Noemí Santana, y que lo va a tener difícil en los debates presenciales que se realicen.

En la composición de las candidaturas, el equipo de Méndez está formado por miembros de la corriente anticapitalista, aunque una parte de los miembros de la misma se ha sumado a la candidatura de Juntas más Fuertes. La candidatura de Noemí Santana está compuesta por algunos miembros de los anticapitalistas, por la corriente de “Podemos en Plural” (Juan Márquez), por los miembros de la corriente de la Secretaria General, y a muchos independientes que se han sumado a esta candidatura en estas primarias provenientes de la Sociedad Civil, de los movimientos sociales y sindical. El equipo de Todas a Una, pese a reclamarse como la “más plural”, solo acoge a los fieles de la ex-Secretaria General, Mery Pita. Por lo tanto, podemos afirmar con rotundidad que la candidatura más plural, y puede que la más representativa de cómo es Podemos en Canarias, es la de la actual Secretaria General y candidata, Noemí Santana.

En cuanto a la política de alianzas, hay una extraña coincidencia entre la candidatura de Méndez y la capitaneada por Mary Carmen Martín, ya que las dos apoyan una visión de un Podemos como “partido-protesta” que sirve “como altavoz de los movimientos sociales” (sin discriminar ni matizar cuando si o cuando no hay que apoyar las revindicaciones de un movimiento social). Dicho de otra manera, las dos candidaturas rechazan cualquier acuerdo con las fuerzas progresistas en Canarias para desalojar al binomio CC-PP. Por lo tanto, si no obtienen en las elecciones mayoría absoluta, Podemos sería para estas dos candidaturas un grupo que se dedicaría a ser “el partido de las esencias y del NO a todo”. El problema es que no parece que en mucho tiempo pueda haber una mayoría absoluta en nuestra tierra, ni la ha habido en todo el período democrático, y menos con el sistema electoral que tenemos, lo que convertiría a Podemos en una fuerza bloqueadora de la actividad legislativa, y que impediría que, si diesen los números, se pudiese conformar una mayoría progresista alternativa en la cámara regional. Este hecho tendría efectos negativos, no sólo en la Comunidad Autónoma, sino para el propio Podemos, ya que en las siguientes elecciones muchos votantes abandonarían el partido por considerar que no es útil para arreglar los problemas de nuestra tierra. Sin embargo, el equipo de Santana, han entendido a la perfección que existe una posibilidad de desplazar a CC, y a sus políticas, de la mano de las fuerzas progresistas, acabando con casi 25 años de monopolio conservador de los nacionalistas en el gobierno. Por lo tanto, la idea que subyace detrás de esta política de alianzas es que el objetivo histórico de la izquierda en Canarias es desplazar a CC y acabar con las políticas neoliberales y empobrecedoras aplicadas por ellos.

Es curioso que mientras Podemos en el Parlamento nacional apoya al gobierno de Pedro Sánchez, y pretenda en las próximas elecciones entrar en un co-gobierno con el PSOE, la candidatura de Todas a Una apoye esta opción en Madrid, apoye el co-gobierno con el PSOE y NC en el ayuntamiento de Las Palmas (donde Doreste, miembro de esta corriente, es teniente alcalde), y esté totalmente en contra de alcanzar ningún acuerdo con el PSOE y NC ni en el gobierno autonómico, ni en otros ayuntamientos o Cabildos. Parece que la coherencia no es un valor muy cotizado en estos tiempos.

En cuanto a la política de confluencias el panorama está más claro. Coinciden tanto IA como Todas a Una en negar la posibilidad de alcanzar un acuerdo con SSP, a pesar de que la confluencia está validada por un referéndum interno, mientras que la candidatura de Juntas (Santana) tiene una política clara de apuesta por las confluencias amplias, para que ningún voto de la izquierda transformadora se pierda, y multipliquemos las posibilidades de desalojar a CC del gobierno. Es curioso como estas dos candidaturas han utilizado el “anti-SSP” como elemento de cohesión interna de sus grupos, sin una reflexión profunda detrás. Todos tenemos diferencias de criterios en algunos puntos con las formaciones con las que pretendemos llegar a acuerdos (SSP, IU, SOMOS, EQUO, etc.), pero entendemos que el objetivo final es común, y estamos de acuerdo en lo importante, y que no podemos continuar en una deriva de ver quién es más puro, si “el frente judáico popular o el frente popular de Judea”, ya que esto no es útil para la mayoría de los ciudadanos/as. Hay que entender que la política es un servicio público, y en las fuerzas de izquierda, debería de estar por encima la mejora de la vida de la mayoría social de los matices y las cuitas internas.

Otro acierto de la candidatura de Noemí Santana (Juntas más Fuertes) es la de entender que la realidad es compleja, que las sociedades son plurales, y que existen diferentes intereses, habitualmente contrapuestos, dentro de las mismas. Por lo tanto, las propuestas más de calado político que se hacen están diseñadas en dos planos, la “política de máximos”, que es al horizonte al que se pretende avanzar, y la “política de mínimos” que es el objetivo mínimo que se pretende alcanzar para que se avance en la dirección deseada. Tiene sentido si se observa que las mayorías se conformarán de manera diversa y compleja y harán falta muchas reuniones y cesiones y conquistas para dirigirse a dicho horizonte. En el caso de Todas a Una, cuestión que comparten con la candidatura de Méndez, no salen de la “política de máximos”, por lo que no habría ningún avance en esa dirección, ya que no se estaría en disposición de alcanzar acuerdo alguno, lo que llevaría a Podemos a una posición de “oposición inútil” y en el fondo, de garantía de que el proceso de cambio estará más escorado a la derecha. Por lo tanto, el horizonte no podría virar hacia la izquierda, y se haría sin Podemos, sin influir, sin matizar, arrinconado en una esquina del hemiciclo, no siendo útil para las clases populares y clases medias de nuestra tierra.

Por estos motivos ante expuestos, apoyo a la candidatura de Juntas Más Fuertes, encabezada por Noemí Santana, que considero que es la mejor candidata para Podemos Canarias. Considero que es la candidatura más adecuada para dejar atrás la historia negra de los gobiernos de CC. Es una candidatura que aporta esperanza frente al panorama negro que vivimos en nuestras islas. Una candidatura plural firme en los principios y valores. Ahora los inscritos/as y los militantes tienen con su voto la palabra.

De hecho, CC, ha mantenido una hegemonía conservadora en sus mandatos, a pesar de alguna ley de talante social aprobada cuando co-gobernaban con el PSOE, aunque con un PSOE en una posición subalterna.

De hecho, CC suele escoger al PP como aliado natural, y sólo ha escogido al PSOE cuando vio que la gestión nefasta de la crisis les iba a pasar factura y con el PSOE como aliado podían responsabilizar a “Madrid” de la mala situación, eludiendo las responsabilidades propias.

Desde la perspectiva del Estado del Bienestar y los servicios sociales, Canarias está en el pelotón de cola en los servicios sociales en Sanidad, Educación, Dependencia, etc. El Estado del Bienestar no fue muy desarrollado en los primeros años de la autonomía. Reflejo, por un lado, del modelo productivo imperante de bajo valor añadido y del reparto desigual de la riqueza como, por otro lado, de las medidas aprobadas por los distintos gobiernos autonómicos conservadores muy ligados al ‘capitalismo de amiguetes’.

Canarias, junto a Madrid y Valencia, han sido pioneras en los modelos de privatización y semi-privatización en todas sus formas, concediendo dichos servicios a grandes empresas con un sobre coste a costa de los impuestos pagados por la ciudadanía.

Esta situación se ha visto agravada por las políticas de desmonte del Estado del Bienestar impulsadas por Bruselas, e implementas por el PSOE, a partir de 2010, y, con más dureza, por el PP a partir de 2012 a nivel nacional, que ha degradado el sistema para beneficio de las grandes empresas privadas que se reparten lo público a costa de los recursos del Estado.

Canarias es la segunda comunidad donde más barato sale contratar a trabajadores y los porcentajes de sindicación son bastante bajos, lo que no ayuda a aumentar el poder de los trabajadores y trabajadoras frente a la patronal.

Si algo ha demostrado CC (junto con el PP) es que han sido un gobierno ‘bussiness friendly’, que se ve reflejado en nuestro REF (con grandes exenciones fiscales), como en las numerosas ayudas, contratas y subvenciones que reciben las grandes empresas que se afincan o son de Canarias.

Cada vez que CC dice ‘el interés de Canarias’ se está refiriendo a los intereses de las grandes empresas y de la clase alta. Esta confusión de nuestra Comunidad con los intereses de las clases más favorecidas es un ejemplo de que la concepción nacionalista está unida a un profundo clasismo y esconde detrás de las banderas y el folklore un proyecto de clase para nuestra Comunidad, donde una inmensa mayoría social se ve excluida.

Cada vez que escucho “es por el interés de Canarias” pienso. ¿Y cuándo le tocará a los canarios y canarias? Porque somos una de las CCAA más desiguales de este país, y por ende, de Europa.

Y más cuando vemos que el porcentaje de riesgo de exclusión social del 40,2%, unas 840.000 personas, y unos datos de pobreza que alcanzan al 30,5% de la población.

Canarias es la comunidad con mayor tasa de personas que viven en condiciones de privación material severa. También el 19,2% de la población menor de 60 años que reside en Canarias, vive en hogares con baja intensidad de empleo.

La cifra es 6,4 puntos superior a la media nacional y es la segunda más alta de todas las comunidades autónomas. Si le añadimos que tenemos un problema serio con el alquiler vacacional, Canarias se parece más al infierno de Dante que al paraíso en la tierra que aparecen en los carteles publicitarios para el turismo.

Otro ejemplo de a quiénes representan verdaderamente CC es el nombramiento de Baltar como Consejero de Sanidad, que es el lobbysta de la Sanidad Privada, que no ha tenido reparo en beneficiar a su antigua empresa y favorecer el negocio de la Sanidad Privada y de los seguros a costa de la Sanidad Pública. ¡Es el lobo cuidando de las ovejas!

Estos datos demuestran el fracaso de un modelo de crecimiento, que ha supuesto, por un lado, el crecimiento de la precariedad, la pobreza y la exclusión social, y por el otro, el crecimiento de las riquezas patrimoniales y empresariales, altas tasas de rentabilidad para las grandes empresas y costes laborales e impuestos bajos.

A nivel político, llama la atención que CC busque el enfrentamiento con el gobierno de Pedro Sánchez, apoyado por Unidos Podemos. No sólo es la distancia ideológica, es también una necesidad. Las encuestas auguran una caída importante de CC en las próximas elecciones.

El más que probable cambio del sistema electoral, que ya no beneficiará de manera tan clara a CC y será más progresivo, como la pérdida de apoyos electorales por la pésima gestión del gobierno de Clavijo, le obliga a intentar cohesionar al electorado ‘nacionalista’ buscando el agravio y el choque con Madrid, a la vez que Antonio Morales y Carlos Alonso intenta infructuosamente resucitar el “conflicto insular” para enfrentar a los canarios entre si.

De hecho, Clavijo, demanda al gobierno central que le dejen gastar en torno a 598 millones de superávit con la excusa de que son cumplidores frente a Hacienda.

¡598 millones sin gastar ni presupuestar con una tasa de pobreza del 30,5%! ¡598 millones con las listas de espera saturadas, con la falta de personal en Sanidad, con los más de 2000 docentes que necesita nuestra Educación Pública! ¡598 millones de euros que podrían dotar económicamente a una renta social garantizada para amortiguar la exclusión y la pobreza!

Eso sí, vuelven a reclamar desde el Ejecutivo canario más millones para carreteras, ya que como todo el mundo sabe las carreteras son más importantes que las personas...

El señor Clavijo, que puede acabar investigado por el caso Grúas, gobierna una Comunidad donde la corrupción, sobre todo de su partido, campa a sus anchas, sigue habiendo caciquismo y donde la democracia, en minúscula, es de mala calidad. Una Comunidad con los porcentajes de abstención más altos de todo el país, con una ley electoral injusta que sobrerrepresenta a las islas menores.

CC ha dado un giro más a la derecha si cabe. El discurso de Ana Oramas en el Congreso de los Diputados sobre la crisis catalana superaba en españolismo a Ciudadanos y al PP. Los últimos discursos del señor Clavijo lo sitúan en la órbita política del PP, haciendo seguidismo de su política de confrontación directa contra el PSOE.

El señor Clavijo rompe la histórica estrategia de CC para mantenerse en el poder haciendo de bisagra con el PP y el PSOE, y se ha alineado claramente con la Derecha más dura de este país. ¿Estará preparando el terreno el señor Clavijo para militar en el PP?

Esto delimita el campo de batalla para las próximas elecciones, unas derechas divididas compitiendo por ver quién es más de derechas, y una izquierda que busca acuerdos para lograr arreglar los problemas de este país tras esta década perdida de crisis que hemos padecido.

Pero el tiempo del señor Clavijo y de CC va tocando a su fin. El 26 de mayo tendremos la oportunidad de desplazar a CC y a sus políticas de nuestras islas.

Las fuerzas progresistas podremos ser mayoría en el Parlamento y podremos poner en marcha una agenda social, ambiental, económica, etc., acorde a las necesidades y los retos a los que se enfrenta nuestra tierra.

En este escenario cada voto a Podemos Canarias, junto a las fuerzas del cambio aliadas, es un voto para un gobierno más a la izquierda, es un voto útil hacia un gobierno más implicado en los problemas sociales de nuestra tierra. Es un voto útil para acabar con la hegemonía de los de siempre, de aquellos que llevan gobernando toda la vida a costa del sufrimiento y explotación de la mayoría de nuestra gente. La ‘liberación nacional’ de Canarias, paradójicamente, pasa por hundir su nacionalismo, que no ha sido otra cosa que una careta con la que ganar las elecciones y mantener los privilegios y el poder de la oligarquía en nuestras islas.

Es tiempo de pasar página. Es tiempo de hacer Historia, y donde esa Historia esté protagonizada por la mayoría social de nuestra tierra. Estas elecciones serán el primer paso para instaurar la Justicia, desarrollar la Democracia, y construir un sistema económico y político que permita que la mayoría viva con dignidad.

Si esto significa que una minoría privilegiada tiene que vivir peor, que así sea.

De un plumazo, la juventud pasó de combinar estudios y trabajo a dedicarse exclusivamente, o eso se pretendía, a la carrera, siendo premisa obligatoria la asistencia a clase en un 80% para aprobar las asignaturas. Obviamente, ahí entraba a libertad de cátedra y hubo quienes adaptaron sus clases como les dio la gana.

En aquellos años de crisis económica, las manifestaciones en las universidades públicas contra Bolonia se daban día sí, día también. Piquetes, carteles por las facultades y huelgas que acabaron en nada. Por aquella época no comprendía en toda su complejidad hacia donde se dirigía el modelo Bolonia. Nos presentaron Bolonia como un proyecto innovador en el que podrías ir a estudiar a cualquier país de la Unión Europea con la seguridad de que te convalidarían las asignaturas y sería más fácil porque la asistencia puntuaría. Además, muchas licenciaturas como Periodismo o Psicología pasaban a ser carreras de cuatro años y no de cinco. También las diplomaturas adquirirían mayor prestigio porque desaparecían para sumarles un año y ser convertidas en grado, como Trabajo Social o Magisterio, por ejemplo.

Todo eso traía Bolonia. También la palabra Máster. El Máster, según nos lo vendieron, era un curso obligatorio que había que hacer para poder especializarnos en nuestra futura profesión. Qué sorpresa cuando, acabados los estudios universitarios, te dabas cuenta de que... ¡Para el máster no había becas! ¿Qué sorpresa no? El batacazo fue ver los precios de esos estudios de especialización, de 3.000 euros para arriba en Madrid o en Barcelona. Que algunas CCAA, como las del PP de Madrid o CIU en Cataluña, subieron el máximo las tasas de los másteres y carreras para beneficiar a las universidades privadas cuando el Ministerio de Educación se los exigió, otras mantuvieron los precios más bajos, como en Andalucía, muestra de cuál es el modelo de Educación que tienen en la cabeza las derechas españolas.

Y lo que es peor, en algunas de las carreras el máster es obligatorio para ejercer. ¡El máster es habilitante! Véase, por ejemplo, el máster de Clínica en Psicología: un psicólogo de grado no puede diagnosticar e intervenir. Por cierto, se están haciendo un buen negocio aquí en Canarias concretamente con ese ese máster, que en la universidad privada cuesta 10.000 euros... Y por ahí se está debatiendo la posibilidad de hacerlo obligatorio para presentarse al PIR. ¿Esto qué es una broma?

¿Quién estudió Máster? El que pudo, trabajando de forma paralela para poder pagarlo. La que pudo, con la ayuda de sus familiares o del banco, o de ambos. ¿Y para qué? ¿Les garantizó una mejora en empleabilidad? A la mayoría no.

Y ahora, de golpe y porrazo, hay quien quiere olvidarse ya del Caso Máster pero creo que con un proyecto Bolonia que ha resultado ser un engaño y miles de canarias y canarios yéndose al extranjero a trabajar porque con lo de aquí, “no les da”, es menester seguir hablando de máster tras la decisión del Tribunal Supremo de dar carpetazo al caso de Pablo Casado.

Recordemos, pues, los hechos probados. Por todas esas alumnas y alumnos que se vieron con el agua al cuello a la hora de hacer un máster. Por quienes no pudieron cursarlo por falta de medios y se lanzaron al terreno laboral con la confianza de estar formados pero sin la titulación completa en el currículum. Por todas esas personas que cursaron un máster con la esperanza, o la promesa de aumentar sus posibilidades de empleabilidad o incluso de tener un trabajo. Por todas esas personas, recordemos los hechos probados:

El pasado agosto la jueza del Caso Máster envió al Tribunal Supremo un documento de 54 páginas con indicios racionales de criminalidad del presidente del PP en sus estudios. Recordemos que ella no lo imputó, o investigó como se dice ahora, porque el señor Casado está aforado y es la mismísima supremacía de la justicia española quien tiene que juzgarle. La Audiencia Provincial de Madrid respaldó esta decisión de la jueza y el propio TS constató que Pablo Casado no fue a clase ni presentó trabajos. También es un hecho probado que el TS vio indicios de trato de favor, pero aun así, no lo consideró suficiente y archivó el caso. Eso también es una realidad.

Pero sigamos con los hechos: la Universidad Rey Juan Carlos pasará a la historia, si sobrevive después de esto, como el ojo del caso más grave de corrupción universitaria con profesores que denunciaron cambios en sus notas, hojas de convalidaciones falsificadas y hasta el testimonio de un alumna que así lo admitió.

El Instituto de Derecho Público creado hace 13 años está cerrado por indicios de malversación y corrupción académica. Al señor Casado le convalidaron 18 de las 22 asignaturas que tenía el máster. ¿Vaya suerte no? Tengo una amiga con la carrera de Derecho que cuando cursó otro grado tuvo muchos problemas para convalidar las asignaturas Derecho a la Información y Estructura Constitucional del Estado Español...

Hay unos hechos probados. Bolonia llegó para hacer de los máster el gran negocio universitario. Para tener a los jóvenes estudiando hasta los 25, si lo sacan año por año.

Ha quedado más que probado que la Universidad Rey Juan Carlos fue creada para contrarrestar la influencia que tenía en PSOE en la Universidad Carlos III de Madrid y se ha demostrado que el PP una vez más solo usa su estrategia de corrupción para la corrupción, buscando profesores cómplices para fines espurios.

La Derecha de este país habla siempre de “la excelencia” y de “la calidad educativa”, “la cultura del esfuerzo” y “la meritocracia” para excluir a los más necesitados, y que están en peores situaciones de partida, para que luego acaben haciendo trampas, como han demostrado en la URJC.

Ciudadanos ha puesto el foco en la formación del profesorado, buscando a medio plazo desfuncionalizar la profesión docente, a la vez que ha propuesto ir más lejos que la LOMCE en las medidas regresivas, todo lo contrario a su primer apuesta, que fue derogar la ley. El PSOE ha llevado una política errática, basculando entre pactar con el PP el método de votación, excluyendo la propuesta de Podemos de que fuese por mayoría absoluta lo que hubiera propiciado medidas progresistas en la ley, para luego acabar rematando el Pacto al salirse por la falta de compromiso por la financiación.

Desde Podemos hemos llevado una línea clara en la que apostábamos por derogar la LOMCE, apostar por la Pública frente a la Concertada y vincular las propuestas de la subcomisión a un compromiso de financiación, ya que sino no tendría credibilidad. El tiempo nos dio la razón, y la subcomisión naufragó. Nosotros nos salimos a petición de la Comunidad Educativa.

El tema de la financiación es fundamental. Los recortes en la enseñanza pública desde el comienzo de la crisis se encuentran 6.500 millones por debajo de la inversión de 2009. En el caso del Presupuesto para este 2018 queda lejos del 5% de inversión en Educación (3,89%). El Gobierno de Mariano Rajoy contempla, además, en el “Programa de Estabilidad 2018-2021” remitido a Bruselas una progresiva reducción de la inversión educativa con relación al PIB. En Canarias nos hemos quedado en el 3,7%, lejos del 5% que marca la Ley Canaria de Educación, contraviniendo, además, la PNL que aprobó el Parlamento a instancias de Podemos Canarias, de aumentar el presupuesto al 4% en este año como primer paso para llegar al 5% en 2022.

Por su parte, la enseñanza concertada ha superado los niveles de inversión pre-crisis con 160 millones más. Al mismo tiempo que nos cantan loas a la recuperación económica en este país y las desigualdades se acrecientan en beneficio de los que más tienen, la Concertada, imitando el movimiento general de este país, sale reforzada de la crisis mientras que la Pública sale muy dañada.

Esta decisión busca crear dos escuelas con fondos públicos, la de las clases medias y altas en manos de instituciones privadas-concertadas de la Iglesia católica y en menor medida laicas, y una educación para pobres que sería la pública, que juega en clara desventaja. Estamos ante un fenómeno de acumulación por desposesión (Harvey) de manual y de una política clasista y retrógrada que atenta contra la justicia social y la igualdad de oportunidades.

Según vemos en los datos ofrecidos por el MEC, en la mayor parte de las comunidades autónomas la educación concertada ha recuperado los niveles de financiación de 2009. Mientras que en algunas ha ganado peso durante este período, como son los casos de Madrid, Canarias, Murcia, Aragón, Cantabria y La Rioja. Decrece levemente respecto a 2009 en Galicia, Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y las Baleares, y en el resto sube levemente o se estanca.

Madrid ha sido un ejemplo importante de asalto de la concertada a la pública. No sólo porque el porcentaje de alumnas y alumnos de la pública sea de los más bajos de España (52%), sino porque ha estado asociado a varios casos de corrupción (trama Púnica).

El PP ha aplicado una política de Educación en Madrid basada en el círculo “virtuoso” entre la corrupción promovida desde las instituciones (trama Púnica), concesiones a las Escuelas e IES privados y concertados (la mayor parte dependientes de la Iglesia Católica), medidas favorables para promover que una parte de la población matricule a sus hijos/as en los colegios concertados y privados, como son las desgravaciones al IRPF por los libros escolares o por los uniformes o los recortes presupuestarios en la pública mientras aumentan el presupuesto para la concertada. También se está promoviendo el paso de estudiantes de la universidad públicas a la privada gracias al aumento espectacular de las tasas, sobre todo en los Másters y Expertos. Por último, no hay que olvidar daños estructurales como son la pérdida progresiva de derechos, el aumento de la precariedad y los recortes salariales del profesorado. Todas estas medidas han convertido a Madrid en la comunidad que más segrega a los alumnos por clase social.

En otro nivel encontramos a Canarias, que sigue la estela de Madrid. Canarias es la segunda comunidad autónoma que más segrega por clase social, fruto de una política consciente de empeoramiento de lo publico, que redunda en beneficio de la enseñanza concertada y privada, ya que los padres y madres quieren que sus hijos/as tengan la mejor Educación, que el ascensor social vuelva a funcionar (no es el caso de los padres y madres del alumnado de clase alta ya que este ascensor nunca se estropeó para ellos), y que los centros sean más homogéneos a nivel social.

En estas tablas podemos apreciar cómo el gasto en colegios e institutos concertados descendió entre los años 2010-12, tuvo un repunte importante en el curso 2012-13 que parece que responde a pagos adeudados del curso anterior, y a partir de 2013 vemos una recuperación continuada hasta 2017 que se superaron las cifras del curso 2009-10. Sin embargo, esa recuperación no se ha visto en la Educación Pública ya que siguen los niveles de inversión por debajo de 2009. Respecto a los alumnos matriculados en cada una de las modalidades de enseñanza, la pública se mantiene casi igual que en 2009 (-230 alumnos), la concertada pierde unos 2.968 alumnos, y la Privada gana 9.572 alumnos.

Por lo tanto las dos grandes ganadoras de la crisis económica en Canarias son la educación privada, que aumenta el número de alumnos, y la concertada, que aumenta en su financiación, siendo la gran perdedora la enseñanza pública. La concertada y la privada son beneficiarias de la creencia de parte de los padres y madres de que los resultados académicos son mejores, y por lo tanto sus hijos tendrán más posibilidades de labrarse un futuro mejor.

Esta imagen está reforzada por los resultados PISA (2015) donde los centros públicos obtienen resultados un 12% peor que los concertados y privados. Estos resultados se explican por las diferencias en los recursos económicos y culturales de los hogares que envían a sus hijas e hijos a unos y otros centros. Según el sociólogo de la ULL José Saturnino, dos tercios de las diferencias en rendimiento entre los centros públicos y privados/concertados se deben a las diferencias en el estatus socioeconómico de sus alumnados. El informe PISA también señala que la brecha entre centros públicos y privados no se debe tampoco a la mayor presencia de inmigrantes en los primeros.

Podemos concluir que la política educativa del PP y de CC esconde un proyecto de clase que pretende ir vaciando progresivamente la educación pública de alumnado de clase media o clase alta, desviándola hacia la concertada y privada, abriendo interesantes vías de negocio a costa de las arcas públicas, creando, a su vez, una Educación elitista para los favorecidos de la sociedad, y una Educación para pobres denostada y falta de recursos.

Al vaciar de contenido la igualdad de oportunidades como principio en la educación degradamos la Democracia, al reforzar que una minoría tenga la mayor parte de las posibilidades de llegar a los puestos más altos del Estado, de la política, y de las empresas, a la vez que excluimos a una parte importante de la población y condenamos al fracaso a otra parte.

Si unimos la tendencia actual de culpabilizar a las víctimas del sistema a la meritocracia, tendremos un panorama muy negro donde a una parte muy importante de la población se les habrá “retirado la escalera” de la movilidad social, mientras una minoría cada vez más privilegiada copa los puestos más importantes gracias a sus recursos económicos y al capital relacional y cultural que poseen sus progenitores. Es cierto que una pequeña parte de los alumnos más desfavorecidos llegarán también arriba y de esta manera el sistema quedará legitimado, pero el número será cada vez menor al calor de los recortes en las becas y el endurecimiento para mantenerlas. En esta situación al alumnado privilegiado se les entregarán todas las cartas “marcadas”, mientras el resto jugarán con la peor mano, para luego justificar por qué unos deben progresar y otros no, por qué unos deben gobernar y los otros ser gobernados, y a esto le llamarán meritocracia.

Se hace imperativo otra educación que garantice la igualdad de oportunidades, reduzca las desigualdades, para lo que es necesario disminuir el peso de la enseñanza concertada hasta su extinción en nuestro país. Se hace necesario aplicar medidas de políticas públicas que logren estos objetivos, como la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, una política ambiciosa de becas o la gratuidad de la universidad, así como el aumento del presupuesto educativo al 5% para equipararnos a países de nuestro entorno. Todas ellas, medidas que deben de contar con la participación de la comunidad educativa.

Es necesario acabar con la LOMCE y reformular una política educativa más igualitaria y más justa socialmente. Nuestro futuro y el de las próximas generaciones, va en ello.

Esto tiene consecuencias que distorsionan la voluntad popular de los canarios y las canarias. Por poner un ejemplo sangrante, C´S obtuvo 53981 votos (5,93%) y 0 escaños por no llegar al 6% autonómico, mientras que ASG obtuvo 5089 votos por La Gomera superando la barrera del 30% y obtuvo tres escaños. Este sistema favorece, por lo tanto, la creación de redes clientelares y ha permitido durante mucho tiempo excluir al PSOE del poder cuando éste ha tenido fuerza, y sólo ha entrado en el gobierno con Rivera y Clavijo en una situación de debilidad. Por consiguiente, ha permitido una larga hegemonía conservadora durante 30 años con políticas regresivas en materia social, laboral y medioambiental.

En esta legislatura ha ocurrido una circunstancia excepcional, a la vez que se tramitaba el Estatuto de Autonomía en el Congreso de los diputados, CC se ha quedado en minoría en el gobierno canario. Esta situación permite remendar el sistema electoral para hacerlo más justo, ya que existe una correlación de fuerzas favorable para ello que no se sabe si se va a volver a repetir. Las mismas circunstancias excepcionales hacen que nadie pueda imponer un programa de máximos para dicha reforma y que tenga que salir consensuada entre aquellas fuerzas políticas que aspiran a cambiarlo, como Podemos, el PSOE, PP y NC, frente a aquellas fuerzas que quieren mantener las cosas como están, que son CC y ASG.

En este contexto Podemos Canarias ha lanzado una consulta novedosa y experimental abierta a la ciudadanía canaria en la que preguntamos si se quiere que Podemos acuerde un pacto de mínimos con las distintas fuerzas políticas o mantenga su propuesta a ultranza. Esta consulta es abierta a cualquiera que quiera registrarse en nuestra web ( https://participa.podemos.info/es ) y puede votar hasta este jueves a las 09:00.

Hay diferentes posturas en nuestra sociedad sobre el dictamen que va a aprobar o rechazar la comisión parlamentaria.

Una de las posturas, que a mi entender es minoritaria, en la sociedad es maximalista. Defiende que no hay que pactar nada con los partidos “del sistema” o “la casta”, mantener nuestra propuesta (que no saldrá elegida), y votar en contra de, por ejemplo, aumentar el número de diputados porque sería “aumentar el número de estómagos agradecidos”. Esta postura alienta la antipolítica ya que envilece la labor de nuestros parlamentarios/as elegidos/as por sufragio, y colocaría la postura del partido en la impotencia de intentar lograr un cambio radical sin tener en cuenta de cuántas fuerzas cuentas (siete diputados/as sobre 60), y colocaría a Podemos Canarias en una situación de marginalidad política. Sin negociación no podrían haberse aprobado medidas promulgadas por Podemos Canarias que han beneficiado a la población en nuestras islas. Sin negociación no se podría gobernar en el ayuntamiento de Las Palmas y haber aprobado, por ejemplo, el IBI social que ha sido una de nuestras medidas más esperada. Por supuesto no negociamos cualquier cosa, Podemos sólo negocia medidas que vayan a beneficiar a la ciudadanía, y no medidas que beneficien a oscuros intereses a los que nos tienen acostumbrados CC y el PP.

Otras personas defendemos la postura de que es necesario llegar a un acuerdo de mínimos por diversos motivos que paso a enumerar: 1. Que esta ley no es finalista. Es un primer paso que abre el “melón” de las reformas electorales en Canarias hacia unas más proporcionales y justas. 2. Que una posición en contra de la reforma de mínimos refuerza objetivamente a las fuerzas que no quieren cambiar el status quo, posicionándonos con CC y ASG, aunque sea por motivos diferentes. 3. Votar no negociar y no a la reforma nos impide poder influir en el proceso legislativo y que la reforma sea más ambiciosa que la que se está planteando ahora. 4. Nosotros adquirimos un compromiso con la ciudadanía vía nuestro programa electoral, y con Demócratas por el Cambio al firmar su manifiesto, donde nos comprometíamos a reforma la ley en un sentido más progresista, que acabase con la triple paridad y redujese las barreras. Si tenemos la oportunidad, aunque no sea el ideal de reforma, lo coherente es negociar y apoyar la ley de mínimos. 5. Un reparto más proporcional y una bajada de barreras electorales permitirá que el reparto de escaños de los votos de los canarios/as sea más fiel a las distintas sensibilidades políticas que conviven en nuestra tierra y permitirá la entrada de nuevas fuerzas al parlamento, que es una cuestión de justicia e higiene democrática. 6. Esta reforma entraría en vigor antes de las elecciones autonómicas de 2019 y por consiguiente sería aplicable para esas elecciones pudiendo cambiar las mayorías y las minorías en el Parlamento. 7. Hay que transformar la antipolítica en política, eso significa que aunque salga rentable un tiempo usar la antipolítica esta se vuelve siempre contra ti como un boomerang. Es necesario dignificar el papel de los representantes del pueblo en nuestras instituciones y ponerlas al servicio de la mayoría social, y si un aumento de diputados cambia el panorama en el Parlamento y permite generar mayorías alternativas a CC que permitan revertir décadas de políticas antisociales, pro-oligárquicas y pro-gran patronal en nuestra tierra es nuestro deber histórico ayudar y facilitar que esto ocurra.

Por consiguiente, tenemos la oportunidad histórica de comenzar el camino para acabar con una de las mayores injusticias democráticas en nuestra Comunidad, que ha permitido que sigamos en la cola de numerosos indicadores sociales y a la cabeza de la pobreza y la exclusión social. Este camino comienza por esta reforma, que aunque parezca pequeña es en realidad un gran paso para poder democratizar nuestra Comunidad y poder acabar con tantos años de injusticias sociales y ambientales. Un voto al SI en esta consulta nos acerca un paso más a poder lograr construir una Comunidad más justa, más habitable, más solidaria, donde merezca la pena vivir y la gente pueda desarrollar una vida plena y digna.