En el último cuatrimestre se está observando en las administraciones públicas españolas un movimiento inusitado en todo aquello relacionado con la depuración de aguas y obras de saneamiento.

No es el momento de juzgar si los trabajos llevados a cabo en Abanilla resultarán suficientes, ya que todavía faltaría comprobar la puesta en marcha, así como su comportamiento técnico, de unas “mejoras” que costarán unos 64.000€. En este sentido, todavía no conocemos en qué consistirán esos cambios ni nos han explicado su futuro alcance. A este respecto, las hipotéticas modificaciones deberán disponer de un mantenimiento eficiente y procurar un correcto funcionamiento y vigilancia de los lodos.

Suponemos que tiene mucho que ver en ello las constantes sanciones y advertencias procedentes de las denuncias de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Echando la vista atrás, comenzaron a llovernos las denuncias a partir del verano de 2018, donde 17 aglomeraciones urbanas tuvieron el dudoso honor de encabezar las listas por la inexistente o deficiente calidad de sus aguas. En este caso, y felicitémonos, no había ninguna señalada por este concepto en la Región de Murcia, la cual ya tenía bastante con sus afamados vertederos, precisamente uno en Abanilla y los otros dos restantes en Santomera y Águilas, igualmente también con el dudoso honor de verse reflejados en una sentencia condenatoria. Cabe destacar que la depuradora de Abanilla, localidad con una población de 6.500 habitantes, tiene una proyección para abarcar las exigencias de unas 16.500 personas, consecuencia del servicio que oferta a otras pedanías.

Este periódico ya se hizo eco de tal vergonzante situación respecto a la responsabilidad civil de las autoridades encargadas de que los comportamientos incívicos de determinados sujetos permanezcan sin apenas sanciones. Mientras tanto, esperaremos gozosos a que las noticias de la clausura y sellado lleguen ante nuestros ojos.

Esto es un síntesis del informe 1308 del Tribunal de Cuentas correspondiente a 2016 con un contenido de 286 páginas y publicado el pasado 20 diciembre de 2018. Se observan demasiados incumplimientos en materias medio ambientales y financieros respecto al Agua Región de Murcia

II. 6.2. Acumulación de deudas comerciales y retrasos en los pagos de las obligaciones contraídas por la Administración.

II. 6.4. Respecto al endeudamiento, por su importancia cuantitativa, destaca el saldo vivo de la deuda de la Administración Regional, que representa, un 97% sobre el endeudamiento total del sector público autonómico.

II 6.5. En cuanto al Gasto Sanitario, la condonación de deudas del FLA, juega un papel importante.

Figuran unos gastos de 2.132.361 miles de euros, e ingresos por valor de 1.519.590 miles de euros, y de explotación por valor de 81.872 miles de euros. La diferencia de carácter negativo es de 613.171 miles de euros.

Las mayores desviaciones se han producido en los gastos corrientes en bienes y servicios, y en concreto, en la rúbrica de conciertos de asistencia sanitaria y suministros de material sanitario y farmacia hospitalaria.

La evolución de las listas de consultas en el SMS han tenido un comportamiento heterogéneo en función del tipo de especialidad en estos últimos cuatro años, pero, a nivel global, se observa un incremento notable del tiempo medio de espera en especial en el año 2016.

Dicho incremento, también en 2016, pude observarse y de forma más acusada en el conjunto del Servicio Nacional de Salud, que contrasta con la tendencia que se observaba en los años anteriores de reducción generalizada de las listas de espera de consulta en el conjunto del Servicio Nacional de Salud.

El tiempo medio de espera en los procesos quirúrgicos, se encuentran situados por encima de la media del Servicio Nacional de Salud.

Respecto al gasto en Educación, 1.084,694, miles de euros, han correspondido a educación no universitaria y 259.659 miles de euros a la educación universitaria.

II. 6.8 En cuanto a transparencia se han ido incorporando sucesivamente nuevos contenidos no comprendidos inicialmente en el portal, cuya estructura se ha acomodado de forma progresiva al contenido previsto en la Ley.

A julio de 2018, no se habían incorporado al Portal de Transparencia Corporativo de la CARM, algunas Fundaciones y Consorcios, así como Universidades Públicas de la Región y sus Entidades dependientes.

II 6. 9. En la cuestión medioambiental, lo más tortuoso (nota del autor), se aprecia una inadecuada separación de funciones entre la DGCEA, concentrándose con otro órgano medioambiental.

Escasez de recursos humanos en funciones especializadas y una alta intermitencia de personas que ocupan los diferentes puestos.

Elevado número de expedientes en trámite, de gran complejidad.

A nivel operativo, necesidades de servicios especiales en materia de gestión informática.

En relación a las evaluaciones medioambientales se ha comprobado que no se han articulado procedimientos de coordinación e intercambios, sobre los programas de vigilancia ambiental integrantes de los proyectos evaluados.

No se han establecido con claridad qué instrumentos de ordenación del territorio e instrumentos de planeamiento urbanístico y sus modificaciones se encuentran sometidas a evaluación ambiental estratégica ordinaria y que se encuentran catalogados como instrumentos mayores, a pesar de no tener aspectos significativos al medio ambiente.

En las inspecciones llevadas a cabo por la DGCEA, no es elaborado un Plan de Inspección Ambiental, y debido a la ausencia de una programación anual, impide evaluar la eficacia de las evaluaciones e intervenciones de inspección llevadas a cabo, así como su grado de ejecución, careciéndose de una relación nominal con las inspecciones programadas.

En referencia a los Montes de Utilidad Pública, y a julio de 2018, a diferencia de otras CC.AA. la Región de Murcia no contaba con un Registro General de Infractores.

Tampoco se han elaborado programas de sensibilización, divulgación y educación, relativos a la conservación y protección de montes.

Por último, no existe constancia sobre reclamación de indemnizaciones para las reparaciones de los daños producidos sobre las superficies forestales.

II 6. 10. Aguas de la Región de Murcia. Centrándonos en la situación actual, se han tenido problemas judiciales y financieros de carácter grave.

Como resultado del traspaso efectivo de competencias y funciones del EPA A ESAMUR, la entidad pública: DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A.U. continuará con la labor de desalación de agua de mar, su distribución y venta.

La Sociedad ha continuado con pérdidas cuantiosas en 2016, alcanzando una cifra negativa de 18.570 miles de euros, situando su patrimonio neto negativo en 32.868 miles de euros, aun a pesar de aportaciones adicionales extraordinarias de los socios de 12.262 miles de euros.

Los gastos financieros por el contrato de arrendamiento de la Planta Desalinizadora en 2016 han ascendido a 9.979 miles de euros, es decir el 35% de los gastos de tal ejercicio.

Como consecuencia del método empleado para la amortización del arrendamiento financiero previsto entre 2017 y 2034, y de no modifica ascenderían al final de la última fecha citada a más de 26.000 miles de euros.

El Informe de Auditoría, ha señalado además las opiniones habituales de que la cuentas de 2.016, no expresan la imagen fiel del patrimonio

Con la empresa TEDAGUA, aparte de sus conflictos jurídicos, existen cantidades reclamadas y no atendidas.

Igualmente, la lista de adicionales conflictos Judiciales y falta de aprovisionamientos sobre cantidades reclamadas, figuran en el INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, del presente apartado.

II. 6. 11. Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia

En el presente apartado, el conflicto discurrió más favorablemente para los intereses de la Administración, al declarar el TSJRM, que existió incumplimiento culpable por parte de la mercantil recurrente.

Lamentablemente, también hoy nos toca escribir sobre el “Vertedero de Águilas”, igualmente en muy parecidas circunstancias de incumplimiento que sus compañeros de Abanilla y Las Rellanas, según Sentencia de la Sala Décima del Tribunal Internacional de Justicia (TJUE) de fecha 15-03-17, reiterada con fecha 8-06-2018.

Para una mejor comprensión de los lectores, en una aparente situación de laberinto en la que parecen encontrarse las autoridades españolas y europeas, vamos a intentar reflejar la supuesta situación del citado vertedero.

Resulta necesario percatarse que actualmente, y durante los últimos meses, surgen, entre los protagonistas, situaciones diametralmente opinables sobre un mismo tema.

La Directiva 2008/98 es abundante en conceptos y definiciones y muchos de sus artículos se identifican con nuestra particular situación. Para ello, vamos a reproducir para su interpretación genérica la redacción de su art. 13:

“Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realizará sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente…”

De otro lado, la Sentencia resulta muy contundente al igual que la referencia que realiza el TJUE, “al grado de detalle de los elementos aportados por la Comisión Europea, consistentes en documentos e informes oficiales elaborados por las propias autoridades españolas…”

Es muy importante a lo que se refiere el TJUE, cuando declara: “en el presente asunto, habida cuenta de las explicaciones dadas por El Reino de España, ha de concluirse que, al término del plazo fijado en el dictamen motivado complementario, no se habían adaptado aún las medidas necesarias para garantizar el pleno cumplimiento del Art.15.1. de la Directiva 2008/98 y debe considerarse fundamentado.”

Jurídicamente muy duro lo anterior....

Por ello, no cabe despreciarse la existencia de descoordinaciones propias al uso, igual que en otras ocasiones, pudiéndose entender por responsables de la ejecución del sellado del vertedero cara a la Comisión, quedando concluidos los trabajos, anunciándose “a bombo y platillo” la feliz finalización.

Posteriores controles y verificaciones de la Comisión Europea han opinado que no era tal la feliz conclusión, y sí el incumplimiento.

A partir de aquí, imagínense el cruce de opiniones en un sentido y otro, acumulándose en exceso el sumatorio de retrasos a los que se ha dado lugar, hasta situarnos casi en una situación surrealista.

Tan surrealista como el silencio que rodea a los 61 vertederos. No olvidemos que dicho silencio es la peor de las respuestas.

Es una pregunta, ¿estarán negociando nuestras autoridades una honrosa rendición?

No vamos a entrar por supuesto en valoraciones políticas y/o burocráticas, solamente indicar que las discrepancias no solventadas en tiempo y forma, más bien por parte española, nos conducen a estas vicisitudes.

Estimo que no son pertinentes muchas explicaciones para comprender auténticas realidades. Cuando el TJUE, en marzo 2017, dicta Sentencia, previa denuncia por parte de la Comisión Europea, hay que saber a qué atenerse.

Finalmente, ¿saben lo que les digo? Que todo esto me recuerda en ocasiones a la obra del insigne Antonio Buero Vallejo “El Concierto de San Ovidio” y a su personaje central.

En esta ocasión, y por cuestiones de espacio, vamos a comenzar por citar lo más relevante sobre el vertedero de Abanilla, dejando para más adelante continuar con los dos siguientes.

Iniciaremos la columna respecto a las manifestaciones recogidas en el diario de sesiones del 12.5.2016.

Parece ser que las incidencias comienzan a notarse por supuestas negligencias de ‘Proambiente’, las cuales suspenden las actividades en 2011, volviendo aparentemente a reanudarlas en 2013, para finalmente comprobar a mediados de 2015 que la mercantil incumple sistemáticamente con el cronograma de ejecución previsto, procediéndose en octubre de dicho año a la ejecución subsidiaria forzosa a través de la Consejería de Agricultura.

Como consecuencia de lo anterior, se declaran de emergencia las obras pertinentes en dos fases con un coste de 2 y 5 millones de euros.

Por otro lado, significativos protagonistas, resultan los incendios en las instalaciones de la Planta.

La incautación de las fianzas a la mercantil, por un valor de 410.000 euros, poco contribuirá a reparar la sucesión de daños ocurridos a la Planta, así como el tiempo que transcurrirá en los Juzgados de Cieza a través de un proceso penal, lo cual supondrá un sumatorio de tiempos, con un retraso amplio, con el agravante de los cambios de los responsables en todo este el tiempo transcurrido. Tortuosos son los caminos por recorrer…

Es decir, y volviendo al tema de la sanción, han transcurrido 18 meses desde la fecha de dicha sentencia, y parece que en breve España estaría en condiciones de comunicar a la Comisión Europea la finalización de los trabajos, debiendo atenerse en su momento a la resolución final de carácter económico que adopte el T.J.U.E.

En cuanto a estas optimistas noticias que se hacían públicas en marzo de 2016, respecto a su inminente sellado, chocan abruptamente con la situación real las mencionada anteriormente. Además, se encuentra la fecha de la sentencia (2017), y las cuentas no van a empezar a cuadrar y surgirán lógicamente problemas de liquidez.

Contaba con un presupuesto inicial de 1.846.837 euros y es más que probable que la refinanciación de la Planta de Abanilla suponga llegar a los 5 o 6 millones de euros.

Periódicamente, la Comisión Europea suele amonestarnos y sancionarnos como si se tratara de un reloj suizo en lugar de belga. Y es que, observándolo fríamente, tiene razón en ruborizarnos y exprimirnos la cartera, ya que son muchas veces los incumplimientos cometidos y los plazos de gracia concedidos.

Si mi maltrecha memoria no vuelve a fallarme, creo que fue en diciembre de 2017, mediante comunicado de prensa, cuando se anunció la sanción de unos 200.000 euros por no haber introducido España en plazo la normativa sobre contratos y concesiones públicas, que no tiene nada que ver con lo que nos ocupa, pero ha sido la última.

El tema medio ambiental suele ser de carácter riguroso en la Comisión y a nuestro país parece que le gusta practicar “el triple salto mortal sin red”.

Igualmente difícil parece que lo tienen las cuatro CC. AA que nos preceden en estrados: Aragón, Canarias, Ceuta y Madrid, que podrían encontrarse en mora en esta obligación.

Pero que no cunda el pánico, pues es sabido que no siempre los Estados miembros cumplen con lo establecido en las directivas, al imperar otro principio comunitario: se ha dejado libertad a éstos para la regulación de efectos, cumplimiento y extinción.

Es decir, una especie de “buffet frío” al gusto, donde hay que esperar a que aparezca el plato denominado ‘Abanilla’.

Caso contrario, abonaremos las sanciones.  ¿Será por dinero en este país?

En esta ocasión se trata de un Informe de la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado a la Fiscalía Anticorrupción sobre relaciones irregulares que infringirían entre otros Principios, EL DE IGUALDAD DE TRATO, uno de los principios generales básico en el marco de la legislación contractual de la Unión Europea, junto al de Publicidad y Concurrencia. EL DE IGUALDAD DE TRATO,

Se tratarían de las Entidades Municipales: FUNDACIÓN TURISMO VALENCIA CONVENTION BUREAU; ASOCIACIÓN CENTRO DE ESTRATEGIAS Y DESARROLO DE VALENCIA, Y POR ÚLTIMO, FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INNOVACIÓN URBANA Y LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO.

Por otro lado, se encontrarían las consultoras en comunicación: CITY MARKETING CONSEIL Y LATERNE con una cifra de negocio general de unos 750.000 euros

A raíz de la ultima Directiva 2014/24/UE y su transposición al Derecho español, ha venido a destacarse por un lado, un nuevo protagonismo: la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y por otro, Los Principios Generales del Derecho, citados anteriormente.

El PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO O EN EL DE NO DISCRIMINACIÓN, surge cuando no ha existido por parte del Poder Adjudicador el debido cumplimiento de cualquier norma de contratación que rigen el mercado público de obras y servicios y que consiste en que la totalidad de los concursantes, gocen o dispongan de las mismas oportunidades al formular sus ofertas, limitándose de esta forma el riesgo de arbitrariedad o favoritismos por los poderes adjudicadores.

En el caso que nos ocupa, parece que hubo ciertas restricciones, entre ellas las de otros Principios, como el de Publicidad y Concurrencia al omitirse a otros posible licitadores.

En nuestra opinión, respecto al Principio de Igualdad, podría valorarse el refuerzo en su aplicación, como pueda ser la Sentencia de dicho Tribunal (Comisión / Dinamarca / C243 / 89), que afirmó certeramente “que el deber de respetar el principio de igualdad responde a la propia génesis de la Directiva que faculta el desarrollo de una competencia efectiva en el sector de los contratos públicos”

Por la fecha de dicha Sentencia (1989),entendemos que se debería haber tenido en cuenta por los poderes adjudicadores esta fecha anterior y su posible influencia en relación con las posteriores adjudicaciones a CITY MARKETING CONSEIL y LATERNE. (años 2005 a 2008 inclusive).

Da la impresión que la propiedad parece inclinarse hacia la segunda, pero ninguna opción constructiva, garantiza a priori la ausencia de problemas o calamidades en una obra. O, por el contrario, un final feliz.

Toda obra aparenta ser sencilla hasta que deja de serlo. Generalmente, por causas sobrevenidas( Rebus sic stantibus ) o imprevistas, y que casi nunca ocurren al principio de los trabajos.

En esta época que nos ha tocado vivir, concurso y subasta, cada vez tienden más a parecerse entre sí, sobre todo por la atribución de puntos o porcentaje otorgados a la valoración económica en el total de la oferta.

Nos permitimos apuntar que uno de los principales problemas que pueden surgir durante la licitación, es el relativo al aspecto financiero, ya que según El Economista, las Administraciones Públicas contratan con un una baja  media del 29,8%,con respecto a los Presupuestos de Licitación de 2016.

El Ministerio de Medio Ambiente se erige como el más bajo en contratar. En 2016, obtuvo unos descuentos medios del 41,2%.

¿Qué ocurrirá si a la obra licitada por Geursa, los contratistas acuden con bajas salvajes, esperando resarcirse  lo antes posible ?

No olvidemos que cuando una empresa entra en pérdidas, es muy normal que reclame al poder adjudicador : desequilibrios económicos, o bien modificados de obras tan común en nuestros Tribunales, y que posiblemente resulte ajeno el contratista, ya que del “riesgo y ventura” que generalmente se pretende responsabilizar al contratista, no siempre responde él mismo.

¿Quién respondería de los daños producido por un temporal marítimo ?

La única solución viable sería la de blindaje jurídico sobre este tema, auspiciando los controles de eficacia, eficiencia, economía e integridad a ejercer por el propio poder adjudicador, resultando primordial la garantía de eficiencia de los fondos públicos y actuaciones profesionales, mediante una publicidad adecuada, transparencia e imparcialidad en los procedimientos de adjudicación.

La evaluación de le eficacia de una gestión no puede plantearse seriamente si no se dispone plenamente de una planificación asentada en unos programas en los que los objetivos aparezcan claramente establecidos y cuantificados en la medida de lo posible.

Es decir, a través de la eficacia medimos la relación entre los recursos obtenidos y los objetivos esperados.

El control de la eficiencia supone el poner disponer de unas pautas o valores de referencia, frente a los cuales sea posible establecer comparaciones´

Siguiendo a Ramón Tamames, la misión de la eficiencia es estrictamente económica; mientras que la eficacia es organizativa o administrativa.

Finalmente, indicar que los controles comentados son considerados a priori como una auto tutela de las administraciones públicas, encuadrándose como una enérgica de la actuación pública a través de la calidad d los servicios prestados.

Por imperativos de espacio, en otra ocasión argumentaremos sobre la cobertura legal de los citados principios en Tribunal Constitucional, Constitución...