La Carta Magna se tiene que adaptar a la evolución del mundo y al progreso del marco que ella mismo ofreció. La Constitución, como norma fundamental del Estado, debe integrar a la mayoría social más amplia posible. Debe ser el mejor símbolo del pluralismo, el mejor fruto del diálogo y la mejor interpretación de toda la sociedad. Por eso mismo, debe dar importancia a las necesidades del presente. La Constitución del 78 se ofrece al mundo como el éxito histórico de una generación. Una reforma de la misma debe ser capaz de hacer que las nuevas generaciones se sientan protagonistas de un nuevo acuerdo constitucional. Adaptarse a los nuevos tiempos es la mejor manera de legitimarse ante las nuevas generaciones. Con retraso, pero ha llegado el momento de hacer un gran cambio generacional y sensato.

La reforma, más allá de abrirse como un proceso de solución a la crisis territorial actual, debe ser amplia y abordar diversas materias. El debate de ideas, que es el primer paso, está servido. Rubalcaba defendía recientemente que la reforma no puede producirse sin “constitucionalizar” elementos como el sistema de sanidad universal o de educación. Estos ya están asumidos por toda la sociedad y si se recortan erosionan la aceptación de la Carta Magna. Algunos presidentes autonómicos han reivindicado el papel de las comunidades de cara a esta reforma. Se han presentado multitud de propuestas para modificar el encaje de les territorios en el Estado. Muchas ideas, desde todos los ámbitos, están alimentado las discusiones propias de la reforma, que se avecina para el 2018. El debate debe ser del todo inclusivo.

Los revolucionarios franceses ya tuvieron en cuenta que las mutaciones de la sociedad cambiarían los marcos constitucionales. En la Constitución de 1793 aparece un artículo, el 28, que dice: Un pueblo siempre tiene derecho de revisar, reformar y cambiar su Constitución. No puede una generación sujetar a sus leyes a las generaciones futuras. En un momento en el que el constitucionalismo empezaba a tomar forma, los franceses quisieron plasmar su precaución acerca de la aceptación de las normas en el futuro y no las quisieron plantear como inmutables. En España, las generaciones futuras, que ya son el presente, deben pronunciarse y formar parte de la transformación constitucional.

De la reforma de la Constitución de 1978 deben salir unas instituciones fuertes. Los ciudadanos deben confiar en ellas al máximo. Este debate constitucional, en pleno siglo XXI, debe aumentar la calidad democrática. Debe ser transparente y público para contar así con la complicidad de la ciudadanía. Esta reforma debe mostrarse también como una Reforma Generacional. Más de un 65% de la ciudadanía actual no pudo votar la Constitución en 1978. Ha llegado la hora en que muchos sientan como suyo el texto constitucional. Encaramos un cambio de ciclo al que tenemos que mirar de frente. La participación de los jóvenes es esencial para lograr que la Constitución obtenga la máxima complicidad y que, de esta manera, resulte la mejor fórmula para una convivencia entre diversos.