El calificativo “ideológico” se utiliza actualmente a menudo de forma peyorativa -como sinónimo de “sectario, fanático, fundamentalista”-, a pesar de que “ideología” significa “conjunto de ideas o creencias socialmente compartidas, que supone un modo de entender el mundo para el grupo que la profesa”; y, por lo tanto, simplemente identifica diversas aproximaciones a un paradigma no necesariamente dominante.

Se ha extendido mucho la expresión “ideología de género”, sobre todo desde los movimientos de extrema derecha, para descalificar cualquier planteamiento que tenga en cuenta las diferencias culturales o políticas relativas a la distinción entre géneros.

A esta interpretación peyorativa  -que lleva a negar la “violencia de género” como violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres-, se han añadido más recientemente las expresiones “ideología climática” (con el propósito de negar la emergencia climática“) o la ”ideología globalista“ (para descalificar la Agenda 2030, como supuesto producto de élites globales que imponen prácticas contrarias al interés real de la gente). Se trata de interpretaciones utilizadas por la extrema derecha a escala internacional, para denunciar el ”fundamentalismo ecológico“. Se pretende justificar así la urgencia de eliminar

(como se predica también respecto de la violencia de género) todos aquellos “chiringuitos” que se mantienen con dinero público, y cuya tarea sería la de llevar a cabo una suerte de “lavado cerebral”, en beneficio de oscuros intereses particulares.

Entre dichos “chiringuitos” se encontrarían, lógicamente, todas las ONG o colectivos de la sociedad civil que abogan por la mitigación y adaptación al calentamiento global. Pero, con motivo de la presentación de los programas electorales, hemos descubierto que Vox preconiza incluso la eliminación de las Agencias públicas de meteorología ( la AEMET y otras de ámbito autonómico), en su más osado intento de “matar al mensajero”.

La extrema derecha se acerca así, cada vez más, a la censura de la ciencia, que nos permite hoy prever y explicar los efectos del cambio climático en nuestra vida cotidiana, gracias también a la información rigurosa transmitida por los profesionales de la meteorología.

Es imposible saber cuántos potenciales votantes de Vox comparten la amplia concienciación sobre la gravedad del cambio climático y la necesidad de actuar, concienciación mayoritaria en la sociedad española de acuerdo con todas las encuestas de opinión. Pero es evidente que en un segmento de la población ha calado la idea de que el “fundamentalismo ambientalista” comporta un riesgo para su actividad económica, sus ingresos o su bienestar.

El programa electoral de Vox no ha podido recoger el último supuesto “chiringuito” del gobierno de España: el recién aprobado Observatorio de Salud y Cambio Climático, que seguramente será pronto objeto de ataque…,aunque su creación  responde a la urgencia de prevenir y mitigar los graves efectos del calentamiento global sobre la salud pública, a la vista del incremento de la frecuencia e intensidad de las olas de calor. Precisamente, hace pocos días conocíamos el informe de ISGlobal, según el cual en 2022 se produjeron 60.000 muertes prematuras en 35 países europeos, a causa de las consecuencias de las altísimas temperaturas sobre personas especialmente vulnerables. Italia y España registraron, respectivamente, 18.000 y 11.000 decesos, evidenciando el mayor impacto del cambio climático en el área mediterránea.

No cabe esperar que la ultraderecha integre en su compromiso electoral, de forma responsable, la emergencia climática. Pero más grave resulta aún que el Partido Popular, sin declararse “negacionista climático” ni calificar (hasta ahora) como “ideológica” a la política ambiental, se está acercando gradualmente a esas posiciones.

No puede interpretarse de otra forma la irresponsable actitud del presidente de la Junta de Andalucía, prometiendo un agua que no está disponible para los regadíos ilegales del entorno de Doñana; o el voto en el Parlamento Europeo, de todos los eurodiputados populares españoles, en contra de la Ley de Restauración de la Naturaleza, que dista mucho de representar un peligro para agricultores y ganaderos. Todo lo contrario, la aplicación de dicha norma permitirá recuperar biodiversidad y con ello mejorar la calidad de los suelos y la resistencia de los cultivos ante nuevas plagas, escasez de agua y otros efectos del cambio climático.

Engañar a quienes habitan en el medio rural -con actuaciones tan irresponsables como las descritas o como el incumplimiento de las normas sobre sanidad animal en el caso de la Junta de Castilla y León-, constituye un peligro cierto para la salud humana, la reputación y la prosperidad en estos espacios.

Y es que la ecología no es una ideología, sino una ciencia que debe ser tomada en consideración en la acción pública: lo contrario es precisamente fruto de ideologías contrarias al interés general.

“Ya disponemos de diagnósticos científicamente rigurosos. Ahora es apremiante la acción para inventar el futuro”

Federico Mayor Zaragoza

En 1879, año en el que un grupo de trabajadores e intelectuales liderado por Pablo Iglesias fundó el PSOE, la comunidad científica no era consciente aún de las consecuencias de la acción humana en la transformación del clima.

Sin embargo, a medida que la preocupación por el medio ambiente fue cobrando relevancia, primero en ámbitos científicos y académicos y más adelante en la esfera política y social, el PSOE fue incorporando una sensibilidad ecológica como parte sustantiva de su discurso y de su acción política.

Esta audacia y esta capacidad anticipatoria a la hora ocuparse de cuantos aspectos de la vida fueran susceptibles de transformar la sociedad para mejorar nuestro país siempre ha formado parte del ADN socialista, independiente del momento y del contexto histórico.  

De hecho, el PSOE siempre ha estado a la vanguardia de progresos sociales, impulsados por su acción política. Fue determinante en la consecución de los primeros derechos laborales, en el establecimiento del sufragio universal y en la aprobación del voto femenino como requisitos democráticos, y en la asunción política y social de los valores republicanos con la proclamación de la II República.

La ley del divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo o el reconocimiento de la identidad sexual que supuso la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo no habrían salido adelante sin el compromiso ideológico del PSOE, el partido que más se parece a España y que más ha contribuido al progreso de nuestro país.

La construcción de una cultura ecológica que ahora es transversal a todos los partidos, pese al coqueteo con las tesis negacionistas de la extrema derecha, también debe mucho al PSOE.  

Tras la aprobación de importantes leyes de contenido ambiental durante los gobiernos de Felipe González (Ley de Aguas, Ley de Costas, Ley de Montes,..), posteriormente con el gobierno de Zapatero se aprobaron diez leyes para potenciar la consideración de la ecología en la agenda política ( y, por primera vez, en 2005 se redujeron las emisiones de gases de efecto invernadero.). Con la llegada al gobierno de Pedro Sánchez, -un líder profundamente convencido de la importancia de la dimensión ambiental como garante de un progreso más justo, seguro y duradero,-y en el contexto del actual gobierno de coalición, se ha producido un importante salto cualitativo: la transición ecológica se ha situado en una vicepresidencia del gobierno, visibilizando así su carácter transversal, con una titular, Teresa Ribera, de reconocido prestigio internacional, gracias a su conocimiento y compromiso en materia ambiental, y en particular en la lucha contra el cambio climático. 

Ahora tenemos la ocasión de demostrar desde el gobierno nuestro compromiso en esta materia: ya tenemos en tramitación el proyecto de Ley de Cambio Climático y transición energética, (que establece la neutralidad climática en 2050 y las medidas para avanzar en una hoja de ruta gracias a la que se crearán nuevos empleos y se fortalecerá nuestro tejido industrial..), se ha aprobado un anteproyecto de ley de residuos, una estrategia de economía circular... y todo ello nos permitirá acceder a importantes cuantías del nuevo Fondo Europeo para la Recuperación.

Para alcanzar estos objetivos ambiciosos necesitaremos una transformación de las propias costumbres y hábitos de la ciudadanía, de nuestros sectores económicos, y, cómo no, de los propios partidos políticos.

Los cambios necesarios, pues, no afectan sólo a las normas y al conjunto de la sociedad, sino que interpelan de manera rotunda a los partidos políticos. El PSOE está decidido a asumir la responsabilidad de transformarse y a arrogarse el protagonismo de la transformación ecológica. Esta coherencia es la que nos exige la ciudadanía, cada día más implicada en cuestiones climáticas, especialmente los jóvenes, herederos de un mundo que será peor si no empezamos a actuar ya. 

Bajo estas premisas, en un mundo asolado por la pandemia del COVID-19 –que también tiene causas climáticas- y con la aspiración de ser partícipes de todas estas transformaciones de progreso, el 11 de mayo del 2020 la Ejecutiva Federal del PSOE aprobó un plan de transformación ecológica y digital (Plan Luz Verde) que aspira a ser el referente de la sostenibilidad dentro de los partidos políticos. 

Este plan abordará la huella de carbono de las sedes federales y las agrupaciones, así como la digitalización del partido, una acción política más sostenible y conseguir la implicación medioambiental de toda la militancia. 

En la celebración del Día Internacional contra el Cambio Climático, los socialistas hemos lanzado una campaña para dar a conocer nuestro plan y solicitar de la ciudadanía apoyo para obtener recursos económicos que permitan aplicarlo. La actual legislación de financiación de partidos políticos impide obtener ayudas económicas como las que facilitará el Gobierno de España con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española para la transformación ecológica y digital.

Los partidos políticos no podemos quedar al margen de esta transformación fundamental para el futuro de España y del planeta. Por eso, hemos puesto en marcha un sistema de financiación del plan: microcréditos verdes (donde los prestamistas podrán obtener el 3% de interés anual), donaciones verdes y una cuota verde para la militancia.

Ser pioneros implica autoexigencia, trabajo y conciencia de lo que nos rodea. Los socialistas queremos dejar un mundo mejor para aquellos que lo hereden; no queremos que nuestros descendientes, como diría Albert Camus, nos desprecien “porque pudiendo tanto, nos atrevimos a tan poco”. 

La celebración de la cumbre del clima, con motivo de la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha coincidido con la presentación del último informe del panel intergubernamental sobre cambio climático (IPCC), dedicado a la relación entre los océanos y el calentamiento global.

Una cuestión, por cierto, de la máxima trascendencia para un país como España, con más de 8000 kilómetros de costa y dos archipiélagos, que ya se ven afectados por tormentas tropicales e inundaciones de creciente frecuencia e intensidad, así como por la presencia notable de algas tóxicas...

Hace ya muchas décadas que la comunidad científica alerta, cada vez con mayor impacto mediático, sobre las causas y las consecuencias del cambio climático. Los últimos informes confirman que este proceso se está acelerando y agravando, comportando efectos incluso irreversibles, de forma que el coste económico y social de la inacción resulta cada vez más elevado: así lo ponen de manifiesto las grandes compañías aseguradoras, desbordadas por la envergadura de las “catástrofes naturales”, muy superior a las previsiones que hasta hace poco les garantizaban importantes márgenes de beneficio.

Una de las principales novedades, a mi juicio , es la masiva concienciación de los más jóvenes, impulsada por el carisma de Greta Thunberg; bienvenidos sean su indignación y su reproche a los líderes políticos y empresariales por no haber tomado antes medidas mucho más efectivas para frenar el calentamiento global. Su beligerancia obliga a ampliar el horizonte de las decisiones políticas y económicas, a tener en cuenta la responsabilidad de nuestra generación hacia quienes apenas han contribuido al cambio climático y sin embargo se enfrentan a sus graves efectos, ya evidentes en todos los rincones del planeta.

Debemos pues repensar todas y cada una de las políticas públicas –desde la política del agua a la agrícola y a la industrial, desde la energética a la movilidad y al urbanismo, desde la fiscalidad a la educación y la ciencia...– , para incorporar la perspectiva de las transformaciones de nuestro entorno, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y aumentar la resiliencia de los asentamientos humanos, en el medio rural y en las ciudades, en particular en los países y regiones más vulnerables.

El cambio climático es, ante todo, un desafío en términos de equidad global, una colosal injusticia para los ciudadanos más desfavorecidos y los países más pobres, escasamente responsables del uso masivo de los combustibles fósiles causantes del cambio climático.

Un desafío ético y por lo tanto político: desde luego, para los socialistas, para quienes nuestra principal seña de identidad es la lucha por la igualdad y la justicia. Por ello, en las resoluciones del 39 Congreso Federal en 2017, hemos incorporado definitivamente en nuestro ideario la sostenibilidad ambiental como garantía imprescindible para un progreso justo, seguro y duradero. El PSOE está por tanto comprometido con la necesaria transición ecológica de la economía, así como a la reducción de las desigualdades, dentro y fuera de nuestras fronteras, acorde con los objetivos de la Agenda 2030.

El gobierno de Pedro Sánchez ha tenido ocasión de comenzar a demostrar este compromiso; además de crear un ministerio encargado precisamente de promover la transición ecológica, con competencias en clima, agua, biodiversidad y energía, se han adoptado las primeras decisiones para incentivar la producción y consumo de las energías renovables –eliminando por ejemplo el injustificable “impuesto al sol”–; y se ha elaborado un paquete de medidas para cumplir con las exigencias de la Unión Europea en materia de transición energética y lucha contra el cambio climático, que define la hoja de ruta para alcanzar la total descarbonización en 2050. Para ello, es imprescindible potenciar al máximo el ahorro y la eficiencia energética –muy en particular en el sector residencial–, así como promover el uso masivo de electricidad producida con energías renovables. Ello requiere una reforma del mercado eléctrico, de forma que la creciente reducción en el coste de la utilización de dichas fuentes energéticas se traslade a los ciudadanos, generando la necesaria seguridad jurídica y los estímulos adecuados para los inversores.

El compromiso de nuestro gobierno frente a la emergencia climática se ha traducido también en las recientemente anunciadas contribuciones al Fondo Verde y al Fondo para la Adaptación de Naciones Unidas. Y por supuesto, queda mucho por hacer y el tiempo apremia: en particular, es urgente acometer los cambios regulatorios y las inversiones que faciliten la efectiva implantación de las energías renovables así como las actuaciones para la “transición justa”, que garanticen creación de empleo y actividad económica en los territorios y sectores más vulnerables. España puede beneficiarse, y mucho, de la prioridad otorgada a la emergencia climática por la nueva Presidenta de la Comisión Europea, que ha anunciado un marco normativo y financiero acorde con el Green Deal: un gran “pacto verde”, un nuevo contrato social para avanzar en esa senda de progreso justo, seguro y duradero, que la evolución del PIB no puede medir y que nos exigen, cada vez con más fuerza, los más jóvenes y los más desfavorecidos.

El Gobierno acaba de derogar el denominado “impuesto al sol”, uno de los disparates más absurdos heredados de la etapa de Mariano Rajoy. España, gracias a dicho disparate, se había convertido en el único país desarrollado en el que, en lugar de incentivar la generación de electricidad a partir de energías renovables, producida por los propios consumidores, se le establecían trabas y costes absolutamente injustificables. Ello se unía a los cambios regulatorios que, sobre todo a partir de 2011, habían afectado gravemente a las energías renovables en nuestro país, provocando la destrucción de 80.000 empleos en el sector, así como la ruina de pequeños y grandes inversores.

El Gobierno, una vez más, ha dado cumplimiento a una de las numerosas iniciativas parlamentarias apoyadas por la mayoría de los grupos del Congreso, cuya tramitación quedó varada por la negativa del anterior Ejecutivo -con la excusa de un supuesto impacto presupuestario inasumible-.

Pero, más allá del amplio consenso político y social suscitado por la derogación de dicha norma, conviene resaltar la importancia de la decisión del actual Gobierno, -incorporada en el Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética-  desde el punto de vista económico, social y ambiental.

La posibilidad de generar electricidad en el propio domicilio (o empresa, o centro comercial o edificio público), utilizando energía renovable, significa beneficiarse de tecnologías cuyo coste se ha reducido drásticamente durante los últimos años. En el caso de la energía fotovoltaica, dicha reducción ha sido del orden del 80% en los últimos diez años, acercando así el coste de su utilización al de la electricidad producida por otras fuentes convencionales; con la importante diferencia de que el sol es gratuito, mientras el precio de los hidrocarburos -que marcan el precio de la luz en el mercado mayorista de la electricidad-, tiende a crecer, y supone además una carga notable en la balanza comercial española. Consumir más energía solar, energía eólica, geotérmica o procedente de la biomasa será, por lo tanto, cada vez más barato que obtenerla a partir de las fuentes convencionales, y al mismo tiempo reducirá la dependencia económica y geopolítica de España respecto de terceros países.

Desde el punto de vista social, el autoconsumo eléctrico renovable permitirá disminuir la situación de “pobreza energética”, que hoy afecta a numerosas familias de nuestro país en situación de vulnerabilidad, de forma análoga a lo que ya está sucediendo en el continente africano, donde millones de personas están accediendo a la electricidad solar de forma asequible. El autoconsumo comporta, además, un empoderamiento de los ciudadanos frente al tradicional dominio del oligopolio, en línea con las directrices establecidas por la Comisión Europea, que exige a los gobiernos mayor protección de los consumidores en el sector de la energía, así como las máximas facilidades para que produzcan directamente la electricidad que necesiten. 

Y, por supuesto, la derogación del injustificable “impuesto al sol” permitirá a España reducir más rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Resulta paradójico que Alemania, con la mitad de horas de sol que España, disponga de una capacidad de generación de electricidad con energía solar diez veces superior a la de España, producida en gran medida  a partir de un millón de instalaciones de autoconsumo, frente al millar de instalaciones análogas existentes actualmente en nuestro país. Además, el autoconsumo va a favorecer un uso más eficiente de la electricidad, gracias a una participación más activa y responsable de los ciudadanos en la gestión de su propia demanda. Y va a contribuir, asimismo, a la urgente electrificación, con energía renovable, de los vehículos, que podrán recargarse en los domicilios, conforme a lo establecido en la Directiva europea sobre eficiencia energética de los edificios, aprobada el pasado mes de junio.

Uno de los elementos más importantes del citado Real Decreto Ley es la nueva definición del autoconsumo, que incorpora el factor de proximidad para dar cabida al denominado “autoconsumo compartido”. Hasta ahora, la instalación de placas fotovoltaicas podía resultar onerosa para una familia de ingresos medios, ya que no se contemplaba la posibilidad de compartir dicha instalación en una comunidad de vecinos, o de aprovechar la cercanía de un edificio público o privado con la suficiente capacidad de generación para compartirla con otras viviendas individuales o colectivas. Ello supone la posibilidad de reducir significativamente la inversión inicial en la adquisición de las placas fotovoltaicas, acelerando su amortización. Hay que tener en cuenta que, con los costes actuales, al disminuir  el coste  total de  la factura  de la luz -incluso para aquellas familias que complementan su autoconsumo con electricidad adquirida en el mercado a través de su conexión a la red-  la inversión inicial comporta una rentabilidad en torno al 5%, muy superior a la que garantizan otras opciones de colocación del ahorro.

Por último, el Real Decreto Ley elimina además la inseguridad jurídica que existía actualmente, al haberse eximido temporalmente a las pequeñas instalaciones de la aplicación del “impuesto al sol”, sin ninguna garantía frente a la eventualidad de un cambio normativo que encarecería el uso de la instalación.

Todo lo anterior demuestra la voluntad del gobierno socialista, comprometido con la transición energética -de la que el citado RDLey constituye el primer conjunto de medidas-, en el contexto de la implementación de la Agenda 2030, cuyo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 7 es, precisamente, el de garantizar el acceso universal a energía limpia y segura.

Escribo este artículo mientras regreso de Chile, todavía con mis pupilas impactadas por la luminosidad del verano austral y por la majestuosa belleza de la cordillera andina  Allí he tenido ocasión de entender, algo mejor, las claves de la encrucijada histórica a la que se enfrenta el país latinoamericano que mejor conozco, en el que los amigos de la Fundación Salvador Allende habían pedido mi participación en los debates previos a las elecciones del próximo domingo. 

Unas elecciones en las que Chile se juega, ni más ni menos, si continuar con el candidato socialista Alejandro Guillier en la senda trazada en el segundo mandato de Michele Bachelet -hacia mayores cotas de igualdad, libertad y justicia social, así como de transición ecológica en su modelo productivo-; o si, por el contrario, retroceder de nuevo hacia el ensueño neoconservador representado por Sebastián Piñera, reacio a aceptar los cambios culturales más recientes en materia de derechos civiles, y cuya propuesta estrella es la de promover un rápido crecimiento de la inversión privada, a costa de frenar los avances, -todavía insuficientes-, hacia un reforzamiento del sector público mediante reformas, entre otras, del sistema tributario, garantes de mayores recursos para la educación, la sanidad y las pensiones públicas. 

La primera vuelta de estas elecciones generales puso de manifiesto tres cuestiones: la desafección de la mayoría de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas -reflejada en más de un 50% de abstención-; la emergencia de una nueva fuerza política, el Frente Amplio -como respuesta a la obsolescencia de los partidos de centro izquierda agrupados hasta ahora en la denominada “Concertación”-; y el inesperado fracaso relativo de la opción de la derecha, “Chile vamos”, liderada por Piñera, que, en contra de todas las encuestas, solo obtuvo un 36% de apoyo del electorado, dejando así abierta la posibilidad de un triunfo de Alejandro Guillier en la segunda vuelta. 

Aunque algunos de los principales líderes del Frente Amplio han anunciado, a título personal, su voto a favor del candidato socialista, nada garantiza que la mayoría de ciudadanos que no votó por Piñera acudan el domingo a las urnas para apoyar dicha opción: ni siquiera está claro que en esta segunda vuelta no aumente, en cambio, la movilización de los votantes conservadores que no acudieron masivamente a votar a su candidato en la primera vuelta, convencidos de que obtendría, en todo caso, un magnífico resultado. 

Por otro lado, el Frente Amplio ha ratificado su intención de ejercer como partido de oposición, sea cual sea el veredicto de las urnas. No existe, por lo tanto, al menos de momento, ningún atisbo de coalición o de acuerdo para la gobernabilidad entre todos los partidos del arco progresista. 

Todo lo anterior podría conducir a una victoria de Sebastián Piñera, que asumiría así por segunda vez la presidencia de Chile; un país con un extraordinario potencial de progreso, lastrado hasta la fecha por la evidencia de una profunda desigualdad social, económica y territorial, que durante los últimos años se ha comenzado a corregir. 

El multimillonario Piñera demostró, ampliamente, durante su primer mandato, su apuesta en favor de los intereses privados frente al interés general, así como una absoluta falta de escrúpulos a la hora de camuflar las consecuencias sociales de sus políticas, modificando incluso indicadores básicos para evaluar la evolución del empleo, de las listas de espera o de las condiciones de la escuela pública. 

El crecimiento del PIB que caracterizó sus primeros años en La Moneda fue, sobre todo, el resultado de la reconstrucción del país tras los gravísimos terremotos y el tsunami acaecidos a pocos días del final del primer mandato de Bachelet, así como de la evolución del precio del cobre, principal recurso económico del país, sujeto a oscilaciones de la demanda internacional sobre las que los gobiernos chilenos apenas pueden incidir. 

Ha calado, sin embargo, en la opinión pública la idea de que con Piñera, Chile podría crecer y crear más empleo que con Guillier; sobre todo, porque los inversores privados confían en las promesas del primero en materia fiscal y regulatoria, y muestran explícitamente su preocupación por un eventual triunfo de Guillier . Y todo ello en un contexto social donde prevalecen el individualismo así como el creciente recurso al endeudamiento por parte de las clases medias y trabajadoras para satisfacer aspiraciones consumistas, absolutamente inasequibles con sus actuales niveles salariales. 

No obstante, el hecho de que Piñera no haya obtenido mejores resultados en la primera vuelta cabe ser interpretado como una demanda mayoritaria por parte de la sociedad chilena para que se consoliden y avancen ulteriormente las reformas emprendidas por Bachelet. La dificultad estriba en cómo articular, en el plano político, la respuesta a dicha demanda. 

Por eso resulta inevitable analizar las semejanzas entre Chile y España en cuanto al papel de los “nuevos” partidos políticos y su relación con los partidos socialdemócratas tradicionales. 

A favor del entendimiento, en Chile juega la inexistencia de un elemento que ha dificultado, y dificulta, las relaciones entre Podemos y el PSOE: me refiero a la defensa por parte de los primeros del denominado “derecho a la autodeterminación” que no tiene correlato en el Frente Amplio. 

Por el contrario, juega en su contra la absoluta falta de experiencia de gestión pública del recién nacido Frente Amplio, en comparación con la corta pero ya existente participación de Podemos en los gobiernos de ayuntamientos y de Comunidades Autónomas. 

En ambos países, no obstante, hay numerosas coincidencias en las propuestas de contenido social o ambiental, que permiten imaginar una agenda de iniciativas compartidas, como la que se ha ido configurando también en el parlamento y en otras instituciones españolas, en gran medida bloqueadas por el ejercicio abusivo por parte del gobierno del Partido Popular de sus prerrogativas frente al poder legislativo. 

Todo dependerá, pues, en primer lugar, de la decisión de los millones de chilenos que no acudieron a votar en la primera vuelta, así como de los que lo hicieron a favor del Frente Amplio. Cada uno de ellos tiene ahora la oportunidad de abrir un nuevo tiempo para la política chilena, en el que cabría ensayar la oportuna convergencia de las fuerzas progresistas, incluyendo un imprescindible proceso constituyente para superar la vigencia de una Carta Magna anterior a la democracia, verdadero obstáculo para la consolidación de un Estado social de derecho.