Quizás sean estas las tres expresiones que mejor definen el carácter de Carlos Westendorp, que acaba de dejarnos: caballero, negociador y servidor público.

Madeleine Albright, la que fuera secretaria de Estado norteamericana, se refería a él como el spanish gentlemen, por sus modales exquisitos, su educación cultivada y su predisposición permanente para el entendimiento.

Ejerció funciones realmente difíciles, en contextos conflictivos. Fue ministro del Gobierno de Felipe González en su última etapa, entre 1995 y 1996, cuando el desgaste era apreciable y arreciaba la tormenta de la corrupción. Asumió el papel de Alto Representante de Naciones Unidas para Bosnia-Herzegovina, intercediendo entre los protagonistas del conflicto bélico más cruel en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Hasta presidió la Asamblea de Madrid en uno de los episodios más dramáticos y bochornosos de la presente etapa democrática, con el “Tamayazo” y la frustración del gobierno progresista que votaron los madrileños en el mes de mayo de 2003.

Pero nunca nadie le vio un mal gesto, ni le escuchó una palabra más alta que otra, ni faltó al respeto a adversario alguno. Ante las situaciones más complejas y explosivas, literalmente a veces, siempre respondió con el mejor talante del caballero español.

Su mayor cualidad fue, sin duda, la del negociador incansable, ponderado, eficaz. Westendorp fue uno de los primeros y mejores sherpas con los que España contó para ingresar primero y para triunfar después en las Comunidades Europeas. Como consejero ante La Haya, como embajador, como secretario de Estado y como ministro, desbrozó como nadie la maraña negociadora europea para sentar las bases de lo que hoy es la presencia exitosa de nuestro país en la Unión Europea.

Mención especial merece, desde luego, su papel en la resolución del conflicto de la antigua Yugoslavia. Llegó tan solo con un mandato de Naciones Unidas para lograr una paz duradera y unas instituciones legitimadas. Eso y su talante. Y acabó con el respeto y la consideración de todas las partes, habiendo dictado buena parte de la Constitución de Bosnia-Herzegovina y habiendo diseñado incluso su bandera.

Diplomático de carrera y de vocación, siempre fue más partidario de un mal acuerdo que de un buen conflicto.

Pero, sobre todo, Carlos Westendorp fue un gran servidor público, un hombre de Estado. Entendía la política como esa disciplina llamada a organizar el espacio público compartido para mejorar la vida de la gente, resolviendo problemas en lugar de crearlos, instigarlos o aventarlos. Entendía el respeto a las instituciones democráticas, el multilateralismo, la fuerza del derecho, como la única vía para evitar la arbitrariedad, la injusticia y la ley de la fuerza bruta.

Y si tuviera que señalar algo más, algo que me impresionó de su amistad y compañerismo, hablaría de su humildad. No debe ser cosa fácil la humildad con ese currículum y tal reconocimiento, en España y en el mundo. Era tan humilde que cuando en 2003 le propuse formar parte de la candidatura socialista a la Asamblea de Madrid, un parlamento regional, ni como número uno, ni como número dos, solo hizo una pregunta antes de aceptar: “¿Crees que puedo ser útil?”. Vaya gobernante se perdió Madrid.

Además, fue un hombre feliz, y es que, como dijo Cervantes, “en la llaneza y en la humildad suelen esconderse los regocijos más aventajados”.

La crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 ha de considerarse como una guerra, a juzgar por muchos analistas. Desde luego, nos enfrentamos a un enemigo que amenaza dramáticamente nuestras vidas y nuestro bienestar. Y no hay duda tampoco de que la victoria sobre tal enemigo requiere la movilización máxima de recursos y energías colectivas. Como en una guerra.

Democracia y escenario de guerra no son realidades que conjuguen bien, ciertamente. Pero nadie puede dudar de que, en tiempos de guerra, hasta el régimen más democrático ha de exigir a sus actores políticos, sociales y económicos, un ejercicio claro de responsabilidad, de unidad de acción y de lealtad. Lealtad crítica, sí. Pero lealtad.

¿Se está dando esa lealtad mínima exigible en la batalla vigente contra el virus? Sí, por parte de la gran mayoría de la población española. Y no, por parte de la derecha española, fundamentalmente.

Nadie podría reprochar el legítimo ejercicio del control al Gobierno, ni la razonable exigencia de eficacia a quien lleva las riendas de la crisis. Eso sí. El sabotaje deliberado, doloso y oportunista que practica la dirección nacional y madrileña del PP, no. Y, desde luego, el planteamiento pseudo-golpista de los ultras herederos del franquismo, tampoco.

El Gobierno de España administra la lucha contra el virus mediante tres ejes de acción: el fortalecimiento del servicio sanitario; la protección social de los más vulnerables; y el sostenimiento del aparato económico de cara a la reconstrucción post-virus. Y su actuación sigue, a su vez, tres constantes: el consejo de los expertos; la coordinación con las administraciones competentes; y la máxima transparencia informativa.

¿Son discutibles sus acciones? Claro que sí. ¿Podrían haberse planteado decisiones mejores y podría haberse ejecutado mejor lo decidido? Indudablemente. Pero nadie puede discutir que cada decisión y cada ejecución resisten cualquier comparativa seria con lo decidido y ejecutado en otros lugares del mundo con guerras semejantes. En contenido, en tiempos, en eficacia y consenso social. Es indiscutible.

Se entienden, no obstante, las críticas acerca de gestiones concretas: el nivel de confinamiento en cada etapa de la crisis; la llegada de material de protección a los profesionales en primera línea de batalla; las ayudas concretas a colectivos, trabajadores, empresas... Se comprenden las reivindicaciones, las exigencias, las impaciencias...

Lo que no se entiende es la mentira, la manipulación, el bulo consciente, la obstaculización deliberada, los palos en las ruedas... Esto se entiende menos. Algunos no lo entendemos nada, de hecho. Especialmente cuando viene de representantes públicos, de dirigentes políticos y hasta de gobernantes autonómicos, que tienen el deber moral de ejercer la responsabilidad, la solidaridad y la lealtad en favor del interés general.

Lo que no se entiende es el sabotaje.

Porque sabotaje es intentar responsabilizar al Gobierno de España de los eventuales contagios que hubieran podido producirse en la manifestación feminista del 8 de marzo. Cuando ningún experto, ninguna autoridad sanitaria, y ningún portavoz de la derecha española, por cierto, planteaban la suspensión de los actos públicos en aquella jornada. Y cuando la propia derecha multiplicó en aquellos días sus apariciones públicas y colectivas, incluidas las manifestaciones por la igualdad.

Sabotaje es pedir un día junto al presidente de la comunidad murciana paralizar la actividad productiva para ralentizar el contagio, y reprochar con crudeza al Gobierno de España cuando adopta tal decisión. Como sabotaje es salir públicamente media hora antes de la publicación en el BOE de un decreto, acusando falsamente de retrasos dolosos y luchas intestinas, cuando se conoce lo complejo y lo inédito de las medidas decretadas.

Sabotaje es utilizar el altavoz institucional de la Comunidad de Madrid para mentir respecto a falsas requisas y falsas interceptaciones por parte del Gobierno español, sobre material de protección destinado a los profesionales que se juegan la vida en los hospitales. Cuando el gobierno autonómico de Madrid sabe que la administración central provee de tal material con toda la profusión y celeridad que puede, en condiciones muy difíciles. Y cuando nadie del Gobierno central ha denunciado la década de recortes aplicados en la sanidad pública madrileña. Estos sí muy reales.

Sabotaje es también reprochar a los medios de comunicación que “están poniendo el foco en lo positivo”, “las recuperaciones de pacientes”, “los aplausos a los sanitarios”, en lugar de mostrar “las morgues y tal”. Cuando el jefe de la oposición sabe cuan importante es mantener una moral alta en la sociedad española, en estos momentos de gran sacrificio generalizado.

La salida televisiva del líder de la oposición, tras el anuncio del decreto del estado de alarma por parte del presidente del Gobierno, pasará a los manuales de la ciencia política como ejemplo de deslealtad en tiempos de congoja, y cuando más necesario resulta el respaldo aglutinador de los representantes de la ciudadanía.

Por sobrar, han sobrado las chanzas sobre el problema de los test chinos, que se han acallado abruptamente cuando tales problemas se han sufrido también en Alemania, en Italia, en Holanda... Claro. Y por faltar, han faltado los apoyos al Gobierno español ante los desmarques insolidarios de los gobernantes derechistas en Alemania y Holanda. Ha tenido que ser el socialista portugués Costa el que defendiera pública, clara y lealmente la posición del Gobierno y del pueblo español.

A la ultraderecha de Vox se le pueden reprochar muchas cosas. La incoherencia no, sin embargo. Están siendo fieles a sí mismos. Fieles a la tradición autoritaria de buena parte de la derecha española. Reivindicando el derrocamiento del gobierno legítimo salido de las urnas, y suspirando por un mando “cabal”, “de concentración”, y preferiblemente de uniforme, claro. Esta vez no lo conseguirán.

Esto es una guerra, en cierta manera. Y la población española entiende mal que alguien pretenda obtener rentabilidad política de su padecimiento y su sacrificio.

Cuando esto pase, deberemos obtener alguna enseñanza para la reconstrucción del espacio compartido. La defensa de lo público, de la sanidad especialmente. La confianza en la ciencia. La apuesta por la investigación. La imprescindible colaboración eficiente entre administraciones.

Y algo de lealtad entre semejantes con un enemigo común.

Durante estos días se han conocido dos noticias que demuestran hasta qué punto el Gobierno del PP mantiene su política de recorte de las pensiones, aún en un contexto de crecimiento de la economía española por encima del 3%. Se confirma, por tanto, que la derecha financia el crecimiento del PIB con el aumento de la desigualdad y la pobreza.

Efectivamente, los datos de la subida interanual de los precios a mes de noviembre llegaron hasta el 1,6%, mientras que el Gobierno sigue limitando la subida de las pensiones al 0,25%. Por tanto, los pensionistas españoles van a ver recortado el poder adquisitivo de sus prestaciones en más de un punto durante este año y en cerca de tres puntos si contabilizamos los dos últimos ejercicios.

A la vez, el Gobierno ha sometido a información pública un decreto mediante el que recorta de facto las pensiones de las viudas mayores de 65 años con menos ingresos. La ley de las pensiones de 2011 establecía una mejora progresiva para sus prestaciones, que debían pasar del 52% de la base reguladora en 2012 hasta el 60% en 2019, a razón de un punto por año. Pero el Gobierno del PP se ha negado a aplicar esta medida hasta ahora.

En este ejercicio 2017, las pensiones más reducidas de viudedad debían calcularse ya con el 58% de la base reguladora, lo que supondría más de un 10% de subida respecto a 2011, cerca de 90 euros mensuales extras para más de 600.000 viudos y, sobre todo, viudas. Pero el decreto del Gobierno niega esta actualización, plantea la subida de un solo punto (hasta el 53%) para 2018, y retrasa hasta 2019 el aumento legalmente establecido.

La suspensión de esta mejora de las pensiones de viudedad durante los años de la recesión económica, en 2012 y en 2013, fue un error, porque había otras partidas más prescindibles donde recortar. La suspensión durante los años 2014, 2015 y 2016, ya en etapa de crecimiento, fue una injusticia. Pero negar la subida legal de las pensiones mínimas en este año de crecimiento del PIB por encima del 3%, constituye sencillamente una inmoralidad.

El Gobierno engaña, además. Porque el martes 12 de diciembre el Pleno del Congreso mandató al ejecutivo para que mejorara las pensiones de nuestras viudas, conforme a lo establecido en la ley de 2011 y a propuesta del Grupo Socialista. Pero el miércoles día 13 el Gobierno dio a conocer un decreto que supuestamente cumple tal mandato, pero que en realidad niega la subida legal durante el presente año y demora su efectividad plena durante dos ejercicios más.

La verdad sobre la política de pensiones del Gobierno del PP desde el año 2012 es la verdad del recorte permanente y sistemático. Porque subir las prestaciones por debajo de lo que aumenta el coste de la vida, es recortar las pensiones. Porque subir las pensiones un 0,25% mientras se aumentan los copagos farmacéuticos y se retiran hasta 400 medicamentos del sistema nacional de salud, es recortar las pensiones. Y porque subir un 0,25% las pensiones mientras se hace crecer abusivamente la factura de los suministros básicos en la electricidad, el gas o el agua, es recortar las pensiones. Se recortan las pensiones cuando se niega una revisión racional de los ingresos de la Seguridad Social, al tiempo que se permite crecer el déficit anual hasta los 18.000 millones, se endeuda el sistema y se vacía irresponsablemente el fondo de reserva, que el Gobierno socialista elevó hasta los 68.000 millones de euros.

En consecuencia, exigimos que se retire el decreto que regula los cambios en las pensiones de viudedad, para cumplir el mandato del Pleno del Congreso del pasado 12 de diciembre. Las pensiones de más de 600.000 viudas mayores de 65 años han de mejorarse para este año 2017 hasta el 58% de la base reguladora (desde el 1 de enero, con carácter retroactivo), hasta el 59% en 2018 y hasta el 60% en 2019.

Por justicia social, porque las viudas necesitan y merecen esta subida. Porque está en la ley, y las leyes tienen que cumplirse, para el autogobierno en Cataluña, y para las viudas pobres de toda España también. Y porque hay que dignificar nuestras Cortes Generales, haciendo cumplir al Gobierno los mandatos de la mayoría de quienes allí representamos la soberanía popular.

Y reclamamos que, de una vez, el Gobierno se avenga a acordar en el Pacto de Toledo un futuro digno y viable para las pensiones de los españoles. Este Pacto ha de pasar necesariamente por derogar la reforma unilateral impuesta por el PP en el año 2013, con aquel índice de revalorización injusto (el límite del 0,25%) y con el aún más injusto factor de sostenibilidad, que castiga con recortes extras a los españoles en función de su esperanza de vida.

El Gobierno debe reconocer que el auténtico problema de nuestras pensiones no está en el crecimiento exiguo de sus prestaciones, ni en el peso del sistema de Seguridad Social sobre el conjunto del PIB, que se sitúa apenas por encima del 10% y muy por debajo de otros países europeos. Sino en sus ingresos insuficientes. El nuevo Pacto de Toledo tiene que pasar, pues, por una revisión a fondo y en paralelo de los gastos del sistema y, sobre todo, de sus ingresos. Unas prestaciones dignas y unos ingresos suficientes. Este es el reto.

Y ¿dónde está la dificultad para el acuerdo? Me temo que la derecha busca un sistema de pensiones ajustado (recortado) a la medida de su modelo económico, fiscal y laboral, mientras que el PSOE apuesta por ajustar el modelo económico, fiscal y laboral a la medida de un sistema digno de pensiones al que no estamos dispuestos a renunciar.