Hace siete años el terror se apoderaba de Francia. Como si de nuevo fuese 2002 y Jacques Chirac rogara, conmocionado, la concentración del voto para impedir que Le Pen, entonces padre, ganase las elecciones por primera vez, abocando a Francia a lo que habría sido una situación inhóspita en el país vecino.

Como Chirac, Emmanuel Macron agitaba en 2017 la carta del miedo y exprimía cada centímetro de su carisma e inteligencia para lograr la victoria de un partido recién cocinado, que no contaba con estructura territorial ni con nombres conocidos en la lista, más allá del fugaz ex ministro de Economía.

Apenas cinco años después Francia volvía a ser testigo de otro combate cuerpo a cuerpo entre Macron y la sempiterna candidata Marine Le Pen, hija, pero no heredera legítima del partido, que ha conseguido, gradualmente en cada elección, los mejores resultados de la historia del RN - Rassemblement National en francés- en gracias a la presunta dulcificación de su mensaje y al rechazo al legado de Jean Marie.

Este pequeño contexto nos ayuda a situarnos en el momento presente: no es, ni mucho menos, la primera vez que el partido de Marine Le Pen ha estado a punto de ganar las elecciones y nada de esto es ya una novedad para los franceses.

Sin embargo, en esta ocasión las alarmas se han disparado como nunca antes tras la decisión apresurada de Macron, que, ante los pobres resultados conseguidos por su partido en las elecciones al Parlamento Europeo (apenas consiguió el 14,6% del voto), decidió detonar la bomba de una nueva convocatoria y poner al país patas arriba.

El problema de todo esto es que, o bien el presidente no tuvo en cuenta la realidad sociopolítica actual- que en parte ha ayudado a crear él mismo manteniendo un partido presidencialista que basa sus victorias en la figura de Macron y no en una base territorial consolidada- o bien no calibró adecuadamente el descenso de su popularidad en los últimos años.

Emmanuel Macron ha querido ser, siempre, el presidente-rey, como lo fueran antes Charles de Gaulle y François Mitterrand. Pero parece ser el único que aún no se ha dado cuenta de que aquellos tiempos ya no existen. Y no solo en Francia, sino en el resto del mundo, en el que la intelectualidad está denostada en todas las esferas de la vida y las apuestas por nuevos partidos, con estructuras diferentes a las tradicionales, se han demostrado ineficaces para gobernar en el largo plazo.

Los franceses perciben a su presidente como una persona elitista y alejada de la realidad de su país. Ciertamente su desdén por las revueltas contra la reforma de las pensiones o la pésima gestión de la crisis de los llamados chalecos amarillos no han ayudado a suavizar su imagen distante.

El resultado de todo ello es un país desnortado y aturdido, que cada día se levanta con nuevas afrentas de Jordan Bardella, discusiones entre los líderes de Nuevo Frente Popular o ridículas riñas de patio entre los compañeros del partido conservador Los Republicanos.

Francia ha perdido la referencia de sí misma, por primera vez, y nadie sabe a ciencia cierta qué sucederá los días 30 de junio y 7 de julio.

El escenario más probable, dadas las débiles alianzas del partido Renacimiento- el nombre en sí solo daría para una tesis acerca de las aspiraciones alienadas de Emmanuel Macron- es que el RN de Le Pen y el Nuevo Frente Popular consigan pasar a la segunda vuelta, dejando al partido del actual presidente fuera de la batalla electoral.

Ante este escenario, Europa confía en que los franceses, asustados y horrorizados a partes iguales, votarán masivamente al Nuevo Frente Popular para evitar que Le Pen sume un numero significativo de escaños en la Asamblea Nacional francesa que pudiera facilitar una futura victoria a las presidenciales del año 2027.

Sin embargo, aunque una segunda vuelta con una ciudadanía concentrada en el voto a la izquierda es sin duda, el escenario “menos malo” de los posibles si Macron se queda fuera, esta situación entrañaría resultados catastróficos para la gobernabilidad del país. Y ello por cuanto que una derrota de tal calibre obligaría sin duda a adelantar las presidenciales en el medio plazo, dado el escenario ingobernable en el que se convertiría un parlamento fragmentado, con un partido que sustenta el gobierno en minoría menguante.

Por otro lado, no se puede obviar el caos que originaría la victoria del Nuevo Frente Popular, teniendo en cuenta que los candidatos de la coalición han conseguido ponerse de acuerdo para concurrir juntos, pero el programa, candidatos e ideas de cada partido de la coalición es tremendamente dispar.

Su victoria, además, redundaría en el progresivo debilitamiento de Macron y en la apresurada llegada del fin de su mandato, que más pronto que tarde, evidenciará el cambio de una era en Francia, y, por ende, en Europa.

La llegada, ahora sí, de los partidos de extrema derecha es una realidad y el RN se encuentra más fuerte y cohesionado que nunca. Una parte de la ciudadanía acepta implícitamente que la coalición a la que vote podría pactar con el partido de Marine Le Pen y ha perdido el miedo.

Una hipotética gobernanza de partido de extrema derecha en uno de los motores sociales, económicos e intelectuales del mundo pueda acarrear un terremoto de consecuencias inesperadas no solamente por la dureza de su discurso y sus políticas xenófobas, sino por la caótica puesta en practica que devendría de otorgarle tanto poder a un partido que nunca lo tuvo ni pensó tenerlo y que, ciertamente, se verá desbordado, como ya les ha sucedido a otros antes, entre su promesas y la, por suerte, difícil puesta en práctica de las mismas en un Estado democrático de Derecho.

Macron, a pesar de todo, ha sido un firme defensor de la Unión Europea y de los valores que representa. Su declive en las instituciones francesas supone no solamente la caída de un modelo de gobernanza patria, sino, asimismo, de la Unión Europea.

Gracias a Francia, entre otros países, se aprobaron los fondos de recuperación europea, se desatascó la nueva política de inmigración o se puso sobre la mesa el debate sobre un ejército europeo propio.

La desaparición de gobernantes pro Unión Europea en los respectivos espacios nacionales minará sin duda el proyecto común, que progresivamente se verá gobernada por políticos que buscan destruirlo, como Giorgia Meloni, Victor Orban o Marine Le Pen.

Las elecciones francesas, por tanto, no son solo un referéndum de los franceses a Macron, sino un referéndum a una visión fuerte y poderosa de la Unión Europea frente a las políticas de extrema derecha que la rechazan y hostigan.

Ante esta situación, que, por desgracia ya no es insólita, ¿veremos a Macron el próximo 14 de julio feliz y orgulloso escuchando a Daft Punk en la plaza de la Concorde o será este su último Día de la Bastilla? Pronto lo sabremos.

Hace años que al descrédito económico y político de la Unión Europea se le ha unido el descrédito social. En ocasiones, como consecuencia de sus propios errores y pequeñas hipocresías.

Y en otras, como consecuencia de su actitud extremadamente benevolente y laxa ante los incumplimientos latentes de sus socios. Sea la razón que sea, lo cierto es que en los últimos años hemos asistido a la desintegración de las principios y valores propios del modelo de Estado democrático de Derecho europeo, por parte de algunos países, como Hungría, Polonia y República Checa, que han dado un giro antidemocrático en sus políticas internas, sin que la UE pudiera hacer gran cosa más allá de meras advertencias.

Sin embargo, en el último año la situación ha degenerado gravemente. Los desafíos lanzados por Victor Orbán, por poner solo un ejemplo, han llegado tan lejos que la Comisión Europea se ha visto obligada a regular un instrumento específico con el objetivo de vigilar los índices de democracia en sus estados miembro.

Se trata de un mecanismo ad hoc ideado para controlar a los países en este sentido, al estilo de los mecanismos de control del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, mediante llamamientos bilaterales de la UE al Estado incumplidor, que, si bien parecen un buen comienzo, lo cierto es que no conllevan, al menos por ahora, multas o sanciones o ningún otro sistema coercitivo, lo que hace dudar seriamente de su efectividad final.

Y es que ya no es tiempo de mirar hacia otro lado; lo que a priori podría parecer exagerado, o incluso lejano, ya no lo es. Los movimientos de extrema derecha están creciendo y tomando fuerza en los últimos años y comienzan a invadir la vida cotidiana y la política.

Francia es un buen ejemplo de ello. Nuestro vecino, tercer país con mayor población judía del mundo, se está viendo sacudida por una ola antisemita, como si una parte importante de la población se vise imbuida por el espíritu de Le Pen padre repentinamente.

Italia por su parte formó gobierno con un partido de extrema derecha, del que escandaliza hasta las meras declaraciones de su Ministro del Interior, que a veces hasta nos hace pensar en el mafioso derechista de Berlusconi como un político moderado.

Y llegamos a España, un país que ha pasado de moverse en el binomio centro izquierda- centro derecha (con leves inclinaciones a uno u otro lado), a ampliar su espectro a cuatros ejes: izquierda- derecha- extrema derecha- extrema extrema derecha.

Sobre quién es extrema derecha y quién lo es, también, podrían decirse muchas cosas. En todo caso, más allá de los desvaríos ideológicos del nuevo líder del PP, la enorme repercusión del Vox en la sociedad y en el resto de partidos de derecha es un hecho muy preocupante y del que seguramente tomen nota en Bruselas si el partido e Abascal alcanza algún puesto público en los próximos meses.

No es para menos. A saber: se trata de un partido negacionista con la dictadura, los campos de concentración, la violencia de género, xenófobo, que aboga por el rearme ciudadano y el ojo por ojo, ultranacionalista, contrario a permanecer en la Unión Europea. Con estas credenciales apolilladas, ha atraído y reubicado a una parte del electorado que creíamos desaparecida tras el 20 de noviembre de 1975 o al menos, en proceso de extinción.

Pero para Vox lo vintage está de moda, por eso pasea su ideología antisistema y sus propuestas antidemocráticas (por decirlo de una manera elegante) ante todo aquel que les escuche; que por cierto, no es un público internacional, ya que ni Marine Le Pen, Geert Wilders o Salvini, entre otros, se dignan a reunirse con ellos.

Ante tal panorama, no es de extrañar que la UE haya decidido ponerse las pilas y crear un plan destinado íntegramente para luchar contra la proliferación de movimientos y partidos de extrema derecha en Europa.

Y por los últimos movimientos de los políticos europeos, parece que se trata de una decisión no solo externa, sino también interna, como ha demostrado el grupo PPE (Partido Popular Europeo), al suspender temporalmente la afiliación de Orbán en el Parlamento Europeo.

Sin embargo, la gran pregunta es, ¿pueden estas medidas, relegadas únicamente al campo normativo, verdaderamente cambiar el rumbo de las políticas antidemocráticas de una creciente parte de los dirigentes europeos?

Lo cierto es que las medidas de contraataque han tardado demasiado tiempo en llegar y aun se atisban como una herramienta muy débil. Parece que las instituciones y los gobiernos nacionales todavía no acaban de comprender el peligro de esta creciente deriva de movimientos de extrema derecha.

Y es que Bruselas tan solo se ha puesto las pilas cuando las aguas han llegado a los países más fuertes en la UE; como en el poema de Niemöller, cuando la deriva procedía de países del este, como Hungría o Polonia, la UE y gran parte de los ciudadanos lo observaba preocupados, pero con cierta distancia.

Cuando la ola comenzó a infestar Italia y Francia, comenzamos apregntarnos en qué diablos estarían pensando los italianos para dar el gobierno a semejantes individuos.

Y ahora ha llegado el turno de España. En nuestro caso, la influencia de Vox se ha multiplicado y extendido en nuestras fronteras y los españoles aún nos resistimos a hacer algo, como si pensásemos que con hacer aspavientos se convencerá del error a sus potenciales votantes.

Y mientras tanto, estos políticos sonríen, dan entrevistas y se burlan de nosotros, alienados que pretendemos decidir el futuro de un país y de sus consiguientes políticas sociales y económicas en virtud de quién recita mejor los artículos de la Constitución, como si el único problema de España fuese Puigdemont, o los comentarios de turno de Santiago Abascal, copia ibérica de la idea de súper-hombre que tanto fascina los seguidores de Putin y de sus fotografías de pecho descubierto peleando con una foca, un caballo o una rata.

No es alarmismo. El mismísimo Steven Bannon ya ha dicho que se encuentra en conversaciones con Vox para incluirles en la estimada liga de la extrema derecha internacional, The Movement.

Tampoco es casual que Ortega Smith interviniese, sin tener representación en el Parlamento Europeo, en un Pleno comunitario que le sirvió de perfecta carta de presentación en el panorama europeo.

Numerosos politólogos llevan tiempo alertando de la vuelta de distintos movimientos de raíz fascista, o lo que personalmente llamaría como un proceso progresivo de desprejuiciamiento: vergüenza de reconocer que las ideas de algunos – de momento pocos, eso sí- son racistas, machistas, antieuropeas y antidemocráticas.

Esas mismas ideas que hasta hace poco se ocultaban hasta a los amigos, ahora se corean sin pudor. Y ello es consecuencia de la enorme dimensión social que está adquiriendo este fenómeno.

Envolverse en una bandera y reducir los problemas a echar la culpa al inmigrante, al otro, es el pan de cada día en los políticos de extrema derecha, cada vez más unidos, cada vez menos diferenciarles por sus siglas.

Y la sociedad, española y europea, permanece cruzada de brazos ante el blanqueamiento de la extrema derecha en programa de prime time. No podemos consentir que esto pase. Tolerar al intolerante es un error sin vuelta atrás.

Si bien es cierto que este tipo de partidos tienen todo el derecho a estar en los parlamentos, en representación de los ciudadanos que les han votado, aun cuando su existencia en los mismos resulta toda una paradoja (Neil Farange defendiendo durante años el Brexit y cobrando de las arcas comunitarias por ello era una muy buena muestra), también lo es que los demócratas (aquellos que creemos en los derechos humamos, la igualdad y la libertad, y hablo sin referirme a ninguna ideología concreta), nos tenemos que poner las pilar ante el actual desvarío.

Primero, para ir votar en tropel en abril y mayo e impedir que gente que quiere meter armas en casa, salirse de la UE o cerrar las fronteras a las personas inmigrantes lleguen a tener algún tipo de poder público, en España y Europa.

Y segundo, para comenzar ya, de una vez, a analizar por qué un número considerable de ciudadanos, bien por desesperación, bien porque el sistema educativo y social ha fallado, se identifica con ideas de extrema derecha que contradicen la ética humana.

Y este segundo punto es tan importante o más que el primero. La educación no solo debe llegar a los colegios, sino también mediante los medios de comunicación, los políticos, y a través de cualquier canal social que tenga una mínima capacidad de divulgación y difusión.

Si no queremos que los próximos años nuestros parlamentos sean un nido de ideologías antidemocráticas, que destruyan lo conseguido en 70 años de proyecto europeo, salgamos a votar. Y al día siguiente, salgamos a trabajar contra todo lo que se ha viciado estos últimos años.

De lo contrario, como dijo Niemöller, cuando vengan a por nosotros, no quedará ya nadie que nos ayude.

El 52% de los votantes británicos dijeron 'sí' a la escisión de Reino Unido de la Unión Europea. Una victoria no aplastante, pero si lo suficientemente holgada para que no hubiera margen a la duda.

Dos años después, algunas voces comienzan a pedir que se realice un segundo referéndum, con intención de corregir los desastres que ya se sufren derivados de la aplicación práctica del primero.

Pero, más allá de que a los europeístas se nos rompiera el corazón con la inesperada (al menos, inesperada para mi) victoria del Brexit, y más allá de que el resultado supuso un fracaso para Europa, la mera consideración de volver a realizar un referéndum, esta vez con el objeto de lograr los resultados que nosotros queremos, entraña un cariz antidemocrático.

En primer lugar, el planteamiento de una nueva votación supone la absoluta subestimación del voto de aquellos ciudadanos que votaron por la salida, y una directa conclusión de que toda la información que supuestamente les llevó a adoptar esa decisión era errónea (si damos por hecho que todos ellos votaron condicionados por la línea populista del partido de Neil Farange, cosa que no tiene por qué ser cierta), asumiendo una visión en la que esos votantes son poco menos que ciudadanos de segunda, cuyas decisiones no son inteligentes, razonadas o válidas, o al menos, no tanto como las decisiones de los que sí abogaban por quedarse.

Este argumento, además de peligroso y dañino, es sumamente antidemocrático. Parte de la afirmación implícita de que el voto de los británicos pro-europeos y de la franja de votantes más jóvenes, que según las estadísticas son quienes en gran medida contribuyeron a la lucha por la permanencia en la Unión Europea, era un voto más informado y, sobre todo, con una mayor validez que el de aquellos que no querían continuar en el sistema comunitario.

Pero lo cierto es que, por mucho que nos duela que Reino Unido se escinda, y por mucho que personalmente no comparta esa decisión, no podemos hacer una distinción entre los ciudadanos, catalogando entre ciudadanos de primera y de segunda, según compartan o no nuestras ideas, y deslegitimando además el voto de más de la mitad de la sociedad que participó en el referéndum, de manera libre y voluntaria.

La reordenación de una parte de la sociedad según los parámetros imperantes de la otra parte comienza a constituirse en un fenómeno que observo en todas partes en los últimos meses, pero que en el caso del Brexit me resulta de una especial arrogancia.

Lo que se está diciendo es que los votos de los jóvenes, calificados, acertadamente o no como progresistas y europeístas, son superiores moral e intelectualmente a los de la gente de barrio, de los pueblos o de edades comprendidas entre los 50 y los 70, que, a su vez, es el perfil que se nos ha dado de los votantes pro-Brexit. Es decir, se les está llamando tontos y devaluando el resultado que, aunque no estemos de acuerdo, es legítimo desde el punto de vista democrático.

Dicho esto, y en segundo lugar, repetir ahora el referéndum significaría que las decisiones que toman los individuos y los países no son actos conscientes y racionales, sino impulsos irreflexivos susceptibles de continuos cambios.

De actuar siempre así, los países nunca adoptarían ninguna decisión que cambiase el curso de la historia, puesto que, como si de niños se tratase, tomarían una decisión para luego modificarlas y volver al principio, según les conviniera en cada momento.

Este comportamiento es sumamente irresponsable y denota una falta de compromiso y seriedad por parte de los políticos que, hasta cierto punto, se traslada en muchos aspectos también a la ciudadanía.

Siguiendo este razonamiento del constante cambio, si ahora se vuelve a votar y gana el sí a la permanencia, nada impide que en unos meses o años de nuevo se considere oportuno votar y vuelva a sumar mayoría el porcentaje de personas que quiere un nuevo Brexit, puesto que las circunstancias de ese momento aconsejen nuevamente una separación. 'And so on', que diría el filósofo Žižek en sus famosos vídeos.

Por tanto, la ciudadanía europea, la economía y, en general, el sistema se vería constantemente resentido y obligado a resetearse cada vez que se cambie de opinión en función únicamente de los beneficios y ventajas que se aprecien en cada momento.

Por no hablar del daño que todo esto provoca en la credibilidad europea, que se comporta como un amante abandonado, arrastrándose para que su pareja vuelva a sus brazos, sin importar el dolor causado con el proceso de referéndum, los recursos económicos y materiales gastados y la inoperatividad del mecanismo de activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que regula una de las circunstancias más serias que pueden producirse dentro del sistema comunitario: el abandono de un estado miembro.

Tengamos en cuenta además que el mayor inconveniente que ahora parece emitirse contra el Brexit es la cuestión monetaria, los daños económicos que comienzan a apreciarse, lo que de por sí desvirtúa de pleno el sentido de la Unión Europea, reduciéndola a un club en el que se decide la estancia en función de las ventajas económicas que le reporta al socio, vaciando el proyecto de todo contenido moral y social.

Nadie quería que Reino Unido se fuera. No beneficia ni social, ni moral, ni económicamente a la Unión Europea. Pero una vez que ha sucedido, respetemos lo que se ha elegido democráticamente y no menospreciemos las decisiones que, de manera legal, se han tomado por lo que constituye una mayoría.

No podemos forzar las votaciones hasta que salga el resultado que queremos. Y tampoco podemos ceder en las contraprestaciones hasta el punto de desdibujar las líneas del proyecto comunitario, otorgando más derechos y ventajas a quien amenaza con irse, puesto que supone privilegiar al que huye sobre el que se queda y saca adelante ese proyecto.

Por el contrario, sí podemos hacer todo cuanto esté en nuestra mano para mejorar esta situación, tratando de renegociar aquellos puntos que nunca estuvieron claros, porque no han sido objeto de consulta, y sobre los que legítimamente puede tratar de buscarse una solución de consenso que beneficie a todas las partes: los derechos y libertades de los ciudadanos en cada uno de los territorios, el sistema Schengen, las condiciones de permanencia en el mercado único, la permanencia en el sistema jurídico comunitario y sus consecuentes tratados sobre derechos humanos, o los sistemas de reparto de refugiados.

Eso es lo que legítima y moralmente nos corresponde ahora a quienes sí creemos en la Unión Europea, debiendo pelearlo con uñas y dientes para estar a la altura de los ideales que tanto defendieron los famosos “padres comunitarios”.

Es un hecho que la Unión Europea lleva años enfrentándose a la deslealtad de algunos de sus estados miembro, sin disponer apenas de un mínimo margen de maniobra para evitarlo, lo que es consecuencia tanto de la escasa normativa al respecto como de su excesiva benevolencia a la hora de imponer firmeza entre sus socios.

De nada han servido las continuas advertencias de la Comisión a lo largo de los últimos años a Hungría, Polonia y República Checa, entre otros, ya que han sido sistemáticamente desoídas, evidenciando un claro cuestionamiento de su autoridad.

El famoso mecanismo de coacción comunitaria del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que nunca hasta ahora había tenido que ser utilizado, se ha convertido en la única salida de una situación que se encontraba estancada desde hace meses.

Este artículo establece que los estados podrán decidir cuándo uno de sus miembros comete una violación grave de los valores constitutivos de la UE, procediendo, en su caso, y siempre que se adopte la decisión por mayoría cualificada del Consejo, a la suspensión de algunos de sus derechos comunitarios.

Pura ambigüedad que condena a Bruselas a requerir de la unanimidad de todos los países miembro, además de tener que concretar el alcance y consecuencias de un modelo de castigo completamente indefinido, cuya mera activación entraña ya de por sí una enorme complejidad.

En el caso de Polonia, la UE ha llegado al límite de su paciencia tras varios años soportando humillaciones de todo tipo; la última, la adopción de una modificación por la que prácticamente se prohíbe el aborto en el país.

Además, se ha aprobado una ley por la que se considerará delito cualquier afirmación sobre la participación de Polonia con el régimen nazi. Consideraciones históricas a parte, la nueva norma es un disparo en la frente a la libertad de expresión en un país que ha llegado a prohibir por homofobia hasta las retransmisiones televisivas de los teletubbies.

Este alejamiento de los principios más básicos del Estado de Derecho se ha manifestado también en decisiones como las reformas en el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional del Poder Judicial y los tribunales ordinarios, las restricciones a la libertad de prensa o los recortes generalizados de los derechos de las mujeres.

Pero los reiterados desplantes a la hora de cumplir con las cuotas de solicitantes de asilo han sido quizá la disputa más grave con Bruselas durante los últimos meses.

En el caso de Hungría, Orban siempre ha mantenido una actitud extremadamente beligerante con Europa y sus instituciones, manifestando una y otra vez que no cumpliría con el acuerdo de ninguna de las maneras. Recordemos, sin ir más lejos, el fallido referéndum organizado en 2016 con la intención de echar un pulso a Bruselas.

La República Checa por su parte, también se ha mostrado muy beligerante en los últimos tiempos, a pesar de haber mantenido un perfil más bajo que sus socios de cruzada. Además del rechazo absoluto a aplicar las cuotas de reparto, el país se negó a cumplir con las órdenes comunitarias de recuperar las toneladas de residuos trasladadas ilegalmente a Katowice. 

Prueba de este distanciamiento es que su recién elegido presidente, Andrej Babis, se ha presentado al mundo como un convencido anti-europeísta, lo que complica la posibilidad de restaurar unas relaciones fluidas con las instituciones comunitarias.

Desde un punto de vista estrictamente legal, resulta incomprensible que la UE no haya sido más contundente en su respuesta ante tan graves incumplimientos. El socavamiento al Estado de Derecho es una línea roja que no puede sobrepasarse nunca por un estado miembro, o de lo contrario el modelo comunitario queda despojado de su sentido.

Sin embargo, Bruselas se ha encontrado atada de pies y manos, resultado de su escasa autoridad práctica para imponer decisiones y límites a sus miembros. Y es que, más allá de las pertinentes advertencias y de la activación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, poco más puede hacer a nivel legal. Quizá por esa razón la Comisión ha tratado de evitar durante meses quemar su último cartucho, ese que evidencia precisamente la debilidad para imponer una solución más firme.

Tengamos en cuenta, por un lado, que se necesita unanimidad de los socios para privar a un estado miembro de alguno de sus derechos comunitarios y sería previsible que varios estados votaran en contra. Por otro lado, no se puede despreciar el coste político que supone mostrar que Bruselas no tiene autoridad ninguna sobre los estados.

Ante este desolador panorama, lo cierto es que la UE debería haber actuado antes, ya que no sólo está en juego la defensa de su autoridad, sino también la protección del interés de los ciudadanos europeos y la garantía del sistema democrático.

Nunca deberíamos haber llegado a este punto, pero quizá gracias a él podamos obtener importantes lecciones para el futuro. La UE no solo debe dar un toque de atención severo a sus socios cuando incumplen sus obligaciones económicas. También ha de estar muy pendiente de sus obligaciones democráticas y del estricto cumplimiento de la normativa comunitaria.

No puede permitirse que los estados que componen el proyecto europeo convivan con la ilegalidad, y no respeten los principios más básicos de separación de poderes, la garantía de los derechos y libertares de sus ciudadanos y el cumplimiento del estado de derecho.

Los desafíos constantes de Hungría, Polonia o República Checa constituyen una flagrante violación del modelo democrático que no se debe permitir y contra la que hace falta tomar medidas de mayor calado. Nos jugamos la credibilidad, la honestidad y la supervivencia del modelo a largo plazo.

Hace unos años visité Turquía y quedé muy impresionada con el país: además de espectaculares paisajes, ciudades maravillosas y una gastronomía increíble, comprobé lo avanzado, democrático y desarrollado que es, no solo en las grandes ciudades, sino también en los pueblos más recónditos.

Reconozco que desde aquel momento mi interés por el país y su cultura aumentó, y esta es la principal razón por la que siempre he defendido enérgicamente su entrada en la Unión Europea.

Precisamente por haber comprobado de primera mano la excepcionalidad de Turquía es por lo que me sorprenden tanto los perjuicios que tradicionalmente presentan algunos de los estados miembro de la Unión Europea en contra de la adhesión de un país, que, recordemos, ya en 1923 fundó una república democrática y secular que se ha mantenido desde entonces y que, hasta hace escasos años, constituía un modelo a seguir para numerosos países.

Las razones de este rechazo, materializado en una negociación con la Unión Europea en estado de permanentemente parálisis, son numerosas y variadas. Sin duda, el principal motivo de rechazo está condicionada por el factor temporal, ya que actualmente la relación no pasa por sus mejores momentos. Desde hace años, Erdogan ejerce un gobierno retrógrado y cuasi dictatorial, en el que la libertad de prensa no existe, la secularización en el ámbito público se persigue indisimuladamente, el conflicto kurdo se encuentra enquistado y sometido a altos niveles de violencia y las mujeres han sufrido enormes retrocesos legales y sociales en todos los ámbitos. Por no hablar del intento de golpe de Estado del pasado año, cuyo origen aún permanece dudoso y del que se ha beneficiado mayormente el propio presidente, que gracias a él pasó a otorgarse plenos poderes.

También añaden leña al fuego los continuos desprecios del Erdogan hacia Europa y todo aquello que ésta simboliza, lo que evidentemente dificulta avanzar en un tratado de adhesión sobre el que, en cualquier caso, nunca ha mostrado un verdadero interés.

Y es que Erdogan siempre se ha resistido a jugar el papel que la Unión le demandaba: el de mediador entre occidente y oriente, y el de guía político a seguir por el resto de países de religión musulmana. En su lugar, ha mantenido una actitud defensiva a lo largo de los años, salpicada de afirmaciones aquí y allá sobre el escaso sentido de entrar en un grupo al que considera no necesitar.

Bruselas no se ha quedado atrás tampoco, cambiando constantemente su postura sobre la integración turca, según quién se siente al frente de las instituciones; por de pronto, la reelegida presidenta de Alemania, Angela Merkel, en su arrogado papel de jefa suprema europea, ha renegado recientemente de la posibilidad de que Turquía vaya a convertirse en socio.

Junto con todo ello, en contra de la adhesión incide especialmente la supuesta vinculación de Turquía con Siria, tema candente que amenaza con romper cualquier tipo de relación diplomática entre los dos bloques, salvo aquella que verdaderamente parece interesarles: el infame intercambio de dinero por refugiados que acordaron hace año y medio.

Y finalmente, no se pueden dejar de mencionar las reticencias que presentan las instituciones comunitarias para con el país vecino, tanto en el ámbito social como en el cultural y el religioso. Muchas han sido las dudas acerca de la conveniencia de incorporar a un país cuya población profesa mayoritariamente la religión musulmana y que, a pesar de ser oficialmente laico, no se encuentra aún en el estadio de desarrollo social y económico que otros estados miembro han conseguido - o, al menos, no se encuentra en el que la UE desearía.

En cualquier caso, independientemente de las razones de fondo de este eterno impás negociador, y dando por hecho que este no es el mejor de los momentos, con un Erdogan cada vez más autoritario y hostil a Europa y unas instituciones absolutamente plegadas en sí mismas, no podemos perder de vista la importancia de esta adhesión, tanto por motivos de solidaridad como de pervivencia del modelo comunitario.

Para ello, el primer paso sería que la Comisión se esforzase en retomar unas relaciones prácticamente rotas, que estableciesen, por fin, un vínculo estable entre las dos partes. Resulta esencial exigir al presidente de Turquía el cumplimiento estricto de los valores y principios democráticos y el respeto a las libertades y derechos fundamentales que Bruselas demanda, marcando las líneas rojas para la integración de cualquier estado en el modelo que Europa defiende.

Hay que ser firme en este sentido y dejar claro que es requisito sine qua non para retomar cualquier negociación de adhesión. En este sentido, debemos recordar que Turquía no es Erdogan; el actual presidente es solo un elemento temporal que no ha de confundirse con el sentir y actuar de la ciudadanía turca.

El requisito de cumplir con estas exigencias no obedece al hecho de que estemos negociando la entrada de un país de religión musulmana, sino a tratar de evitar errores pasados: la UE ya ha realizado anteriormente adhesiones sin comprobar que los nuevos países cumplían con las exigencias democráticas requeridas, lo que le ha supuesto con posterioridad serias dificultades para reconducir a algunos de ellos en el cumplimiento de la legalidad comunitaria.

No estaría de más que la Comisión revisase también si Turquía cumple los requisitos de estabilidad económica y financiera que también debieron exigirse en el momento de valorar la entrada de otros países en la zona euro.

A cambio de todas estas exigencias, la entrada en el club comunitario supondría para Turquía, entre otras cosas, el disfrute de los beneficios del mercado común y del euro, la garantía de los derechos y obligaciones comunitarias, la integración en el territorio Schengen y la seguridad que proporcionan los estándares judiciales y legales del modelo europeo, factores todos ellos que sin duda supondrían el empujón final para el desarrollo social y económico del país vecino.

Por su parte, la Unión Europea sumaría a su lista de estados miembro uno que resulta esencial en la geopolítica del futuro, no solo por su enclave geográfico, sino por la importancia del estado turco en el mundo musulmán y por su enorme

potencial económico y político.

Además de no olvidar los fuertes lazos históricos, culturales y sociales que nos unen y por los que resulta natural admitir a Turquía dentro de la Unión. La adhesión de cada nuevo país al proyecto comunitario se ha llevado siempre a cabo bajo criterios de solidaridad y responsabilidad para con el progreso, desarrollo y crecimiento de los nuevos integrantes.

Ese es el verdadero sentido de unirse en una misma estructura supranacional, y para ello hay que pensar principalmente en que, más allá del comportamiento del actual presidente, el objetivo es beneficiar al pueblo turco y a los estados miembros. Pensemos, sin ir más lejos, en cómo y cuánto ha cambiado España gracias a la adhesión a la UE, y las sinergias positivas de negociación que resultó ser un win-win para ambas partes.

Eso es precisamente lo que debería suponer la unión de Turquía a la UE: un acuerdo que refuerce nuestros lazos como pueblos amigos, que nos ayude a crecer y progresar conjuntamente, y que posibilite la comprensión y coexistencia entre dos sistemas diferentes pero no incompatibles.

Fijemos ya un plazo; pongamos las condiciones encima de la mesa y establezcamos unas líneas básicas que Turquía haya de cumplir si quiere integrarse en la UE y todos nos veremos beneficiados. Bruselas ya no puede continuar mirando hacia otro lado con la cuestión turca, piense como piense Merkel.