Como portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política de la Asamblea de Madrid estoy acostumbrado a escuchar opiniones del resto de grupos, así como de medios de comunicación, que cuestionan no sólo la honradez de la mayoría de mis compañeros o la totalidad de mi partido, sino también el compromiso de mi grupo con los trabajos de esta Comisión. Son opiniones que, por principio democrático, respeto, aunque evidentemente no las comparta. Desde ese respeto, me gustaría aclarar algunas cuestiones.

No hay ningún hecho que demuestre que Cristina Cifuentes o el Grupo Popular hayan “hecho todo lo posible” por cerrar esta Comisión desde que se constituyó. En primer lugar porque parlamentariamente es imposible. No era posible evitar su constitución (pues sólo se requiere un número minoritario de firmas) ni es posible cerrarla mientras los tres grupos de la oposición no quieran terminar con su “juguete” reconvertido en máquina de triturar a cualquiera que deba sentarse a comparecer. Y en segundo lugar porque políticamente nunca ha sido voluntad del Grupo Popular de cerrarla. Desde el inicio (y ahí están las actas y las declaraciones a los medios) el Grupo Popular pidió que la Comisión se ajustara al Reglamento, se trabajara con rigor, se estableciera un plan de trabajo y se abordaran los temas que están dentro del ámbito competencial de la Asamblea.

El Grupo Popular no se ha opuesto a que se investigue nada. Nunca, ni en la Mesa de la Asamblea ni en la Mesa de la Comisión, el PP se ha opuesto a que se investigue ningún asunto, tampoco a que se investigasen otros que no estaban en el plan de trabajo y que no tenían nada que ver con los temas planteados (espías o cafetería de la Asamblea). Es más, mi grupo no se ha opuesto a ninguna de las comparecencias requeridas por el resto de grupos ni a ninguna petición de información. Sí que hemos mantenido que carecía de sentido práctico investigar asuntos judicializados o hacer comparecer a imputados que en un Estado de Derecho tienen unas obligaciones y derechos con la justicia que, entiendo, les importan más que comparecer ante una comisión en la que se pretenden dilucidar posibles responsabilidades políticas que ya no les afectan. El tiempo nos ha dado la razón.

El Gobierno ha dado cumplida respuesta a más del 95% de las casi 900 peticiones de información de los grupos parlamentarios. Entiendo que sea noticiable ese 5% restante, pero no lo es menos que muchas de ese otro 95% han sido formuladas al tiempo que se investigaba un asunto o incluso cuando ya había concluido la investigación, lo cual dice bastante de cuál es la voluntad de la oposición y cómo se trabaja en la comisión. El Gobierno no ha negado documentación (por ejemplo sobre el Canal de Isabel II) por evitar un “juicio paralelo”, el juicio paralelo comenzó el primer día de Comisión y ahí seguimos.

El Gobierno Autonómico ha trasladado consulta al Juzgado sobre la posibilidad de compartir informes que, a día de hoy, forman parte de causas que están bajo secreto del sumario. Puede que para la oposición y algunos medios sea un tema menor, pero uno entiende que el Gobierno, antes de cometer un delito, pregunte al juez o se someta a las apreciaciones de sus servicios jurídicos.

Nunca, como portavoz, he planteado en la Comisión la idoneidad o no de seguir con los trabajos de la misma. A raíz de la sentencia que tumbó la comisión general creada por Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, planteé (primero al resto los grupos y luego a la Mesa) repasar nuestro Plan de Trabajo y el funcionamiento de la Comisión para trabajar con todas las garantías y, en su caso, ajustar nuestros procedimientos para que nadie pudiera ver conculcados sus derechos y, por ello, poner en peligro el trabajo realizado. El informe jurídico que hicieron los letrados de la Asamblea de Madrid, sirvió precisamente para concretar el Plan de Trabajo hasta el final de la Comisión y ahondar en las limitaciones temporales y competenciales que tenemos. El informe, cuyas conclusiones compartimos casi en su totalidad, ha sido muy útil, otra cosas es que algunos grupos sigan pasándoselo por el “arco del triunfo”.

La Comisión de Investigación se ha convertido en una Comisión para el linchamiento político. Ser incisivo y duro no está reñido con el respeto, y la tensión propia de una comisión de esta índole no justifica los insultos al PP de Madrid o el acoso y el hostigamiento a unos comparecientes que no están en el mismo plano de igualdad (derechos y obligaciones) que quienes, como ellos dicen “los interrogan”. Hemos tenido numerosos ejemplos a lo largo de estos años pero, no sé si coincidiendo con el ecuador de la legislatura y con el estilo “Ruiz-Huerta García de Viedma” en Podemos, o con el eco mediático que tiene el “rufianismo”, pero el hecho es que las últimas sesiones están traspasando todos los límites, con la permisividad de la presidencia de la Comisión y la complicidad de resto de grupos por puro ventajismo político.

Las comparecencias, incluidas las de los cuatro Presidentes del PP que ha tenido la Comunidad, “no han aportado grandes revelaciones de los casos, pero sí que han servido para que se enfrentasen a las preguntas de los representantes de los madrileños”. Apuntarse el mérito de hacer comparecer a expresidentes Autonómicos, llevar a cabo videoconferencias desde la cárcel con dudosas consecuencias judiciales y procedimentales, o hasta hacer declarar a una exesposa que decía sentir “miedo” para luego disculparse con ella por hacerla venir, puede lograr un titular o abrir un telediario, pero no creo que sea un mandato prioritario de los ciudadanos.

Llegado a este punto, lo que le depare a la Comisión de Investigación no dependerá ni del Grupo Popular ni de Cristina Cifuentes. La Comisión será lo que el tripartito de oposición quiera. Que el Grupo Popular permanezca en ella tampoco dependerá de nosotros, sino de la actitud del resto, como tampoco dependerán de nosotros unas conclusiones que ya están escritas desde antes de que iniciáramos los trabajos. Podemos admitir errores, pero lo que no aceptaremos es que bajo el manto de una Comisión, se pretenda hacer una “causa general” contra el PP.

Algunos dirán que eso es entorpecer, bloquear o tratar de cerrar la Comisión. No es cierto. Lo que no vamos a hacer es contribuir al circo político y mediático al que otros se han abonado como única forma de hacer política, tener notoriedad pública y, quien sabe, si ganar puestos en la carrera de su lista electoral que parece ya ha empezado.