Estos días ha dado mucho que hablar la propuesta de Más País–Verdes Equo de convertir el Monte de El Pardo en un Parque Nacional. No es una idea para nada novedosa. Fernando González Bernáldez, primer catedrático de Ecología de Madrid, ya lo propuso en 1981.

Algunos piensan que si el objetivo es proteger el valor ecológico del espacio, lo mejor es dejar las cosas como están, un coto cerrado en el que nadie puede entrar sin un permiso muy especial. Otros opinan que abrir el Monte al uso público supondría la pérdida acelerada de sus valores naturales. Otros más, que puestos a elegir hay figuras de conservación más adecuadas que la de Parque Nacional. Son opiniones todas muy respetables, y yo estaría casi de acuerdo si la gestión que se hiciera de este enorme cazadero real fuera ejemplar. Pero está muy lejos de serlo, y en todo caso no hay ningún organismo público que la fiscalice como correspondería a un monte público de estas características. Porque no olvidemos que, al contrario que las famosas propiedades de la Corona inglesa como Balmoral, el Monte de El Pardo es patrimonio público, pertenece a todo el pueblo español.

Recapitulemos un momento. El Monte de El Pardo son 16.000 hectáreas propiedad de Patrimonio Nacional, de las que se encuentran cercadas y, de acceso absolutamente restringido, 15.100. El resto están abiertas y cuentan con diversas urbanizaciones, entre ellas Mingorrubio, y varios complejos deportivos y de restauración. Como cazadero real que es desde tiempos de Felipe II, cuenta con un ecosistema de dehesa y bosque mediterráneo relativamente bien conservado, en el que habita una gran densidad de ungulados, ciervos, gamos y jabalíes, y otras especies muy interesantes de fauna y flora. La gran tranquilidad que proporciona lo restringido de su acceso ha propiciado, por ejemplo, la presencia de una importante fauna de carnívoros y rapaces, a destacar por su grado de amenaza el águila imperial y el buitre negro.

El Monte fue protegido como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) en 1987, pero quedó fuera del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (1985) que le “abraza” por el norte, este y oeste. La finca “hermana” del Soto de Viñuelas sí forma parte del Parque, pero El Pardo siempre se ha mantenido al margen de las sucesivas administraciones de medio ambiente, primero estatales y luego autonómicas. Esta anomalía se intentó paliar en 1997 con la aprobación de un Plan de Protección Medioambiental, dependiente de Patrimonio Nacional, en el que no interviene ninguna otra administración pública. Se desconocen sus resultados, pero hoy sabemos que en alguna de las fincas se han realizado actuaciones totalmente ajenas a este Plan.

Durante años se ha venido criticando por parte de las entidades conservacionistas la absoluta opacidad de Patrimonio Nacional al respecto. Existen evidentes signos de sobrepastoreo por el exceso de ungulados y, a pesar de la conservación del arbolado, el Monte no tiene ningún uso social o científico, más allá de servir de finca de recreo a la Familia Real. Esto genera una importante distorsión en los planes de conservación de la naturaleza a nivel regional, puesto que el más elemental intercambio de información, como puede ser el seguimiento científico de ejemplares marcados de rapaces, resulta tremendamente difícil por las restricciones impuestas, cuando no imposible.

Es evidente el anacronismo de que exista semejante superficie forestal pública, ajena por completo a la administración competente y sin utilidad social alguna, más allá de proporcionarle casa al Jefe del Estado y su familia, para lo cual evidentemente no necesita 15.000 hectáreas. Con ello se hurta un espacio natural de enorme interés científico y conservacionista de la labor de los investigadores. Podría también formar parte de algunos de los proyectos de conservación más importantes de nuestro país, como es el plan de recuperación del lince ibérico. Y podría suponer, en todo caso, un recurso natural público de primer orden para la educación ambiental de los escolares y jóvenes madrileños y de todo el público en general, que debería poderlo visitar con las limitaciones que estipulen sus órganos de gestión. Siempre con claros objetivos de conservación de sus valores naturales.

Efectivamente, somos conscientes de que, dada su extrema vecindad a la gran urbe de Madrid, sería crítico el plan de uso público. Por supuesto, es imprescindible preservar la tranquilidad del monte, algo que estaría garantizado, por ejemplo, con un régimen restringido de visitas guiadas como el que actualmente funciona perfectamente en Cabañeros o en Doñana, con vehículos todoterreno. Dada la extensa red de carreteras y caminos existente en el Monte, es perfectamente factible diseñar una ruta de visita que permita admirar los valores naturales del Monte sin perjudicar a la fauna, sin afectar por otra parte a la residencia real del Palacio de la Zarzuela y sus aledaños.

Por ello, desde Más Madrid–Verdes Equo proponemos la redacción de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales con vistas a su máxima protección bajo la legislación española como Parque Nacional. Desde nuestro punto de vista, el que sea un monte público de propiedad estatal, de gran extensión y perfectamente delimitado y protegido por una valla, permite que sea considerado un firme candidato a Parque Nacional, dentro de la Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares, y en cuyo patronato se deberían integrar los tres niveles de la Administración ambiental: Organismo Autónomo Parques Nacionales, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid.

Con ello abriríamos una nueva etapa en la larguísima historia de este hermoso espacio natural, garantizando su futuro y haciendo compatible su conservación para las futuras generaciones con su utilidad científica y educativa.

Poco más de un año lleva Isabel Díaz Ayuso gobernando la Comunidad de Madrid. Un mandato que empezó como un sainete, con Ciudadanos y Vox jugando al escondite mientras ella corría de un despacho a otro desesperada por conseguir que se entendieran. Que continuó como una comedia, con una “Ayusada” tras otra haciendo la delicia de tuiteros y espectadores de El Intermedio. Nunca Wyoming habría imaginado un recambio para sus sketch tras la retirada de Esperanza Aguirre y Rajoy como el que ha resultado ser Díaz Ayuso. Pero que puede terminar en tragedia si Ciudadanos no lo evita, porque puede llevar a la ruina a los ciudadanos de la que presume de ser la región más rica de España. Nunca los platillos del mono fueron más peligrosos.

Porque en este año escaso Ayuso ha demostrado ser, más que un escarnio para Madrid, un peligro público. Y no sólo por protagonizar los noticiarios con sus Ayusadas y desbarres de lo más pintorescos. Tantas que sería imposible glosarlas todas en un solo artículo. Sino porque todo ello solo disimula a una fanática ultraliberal de la peor especie, capaz de llevar al desastre a la educación y la sanidad públicas para demostrar que lo que ella llama “colaboración público-privada”, y que en realidad no es más que la privatización de servicios públicos, es la solución a todos nuestros males.

Lo vimos desde los primeros momentos de la pandemia. Lo que para el conjunto de la ciudadanía era un desastre de incalculables proporciones, para los ultraliberales de Ayuso, encabezados por Lasquetty y Ossorio, no era más que la mejor de las oportunidades para dar contratos por el procedimiento de emergencia a todos sus amiguetes, empezando por los menús de comida basura para las familias que se quedaron sin las ayudas de comedor, el pelotazo de Ifema, la surrealista “operación bicho” contra el colapso de las residencias, los contratos de emergencia para pruebas Covid que nadie necesitaba, colapsando los servicios sanitarios, el hospital de pandemias de Valdebebas, etc., etc., etc. Todo ello manteniendo los centros públicos de salud cerrados o sin personal, y a los centros educativos sin planes de contingencia frente al virus, para que resulte bien patente que los servicios públicos sin colaboración privada son un desastre.

Un terrible cóctel aderezado con imágenes obscenas de luto y lágrimas, que pasarán a los anales de la hipocresía política de este país.

Ayuso se ha convertido en la calamidad de Madrid.

Según el diccionario de la Real Academia, la palabra “calamidad” puede tener dos acepciones:

1. Desgracia o infortunio que alcanza a muchas personas.

2. Persona incapaz, inútil o molesta.

No creo que sea fácil encontrar otra circunstancia en la que estas dos acepciones se puedan ajustar mejor que a la situación que la ciudadanía madrileña está viviendo frente al gobierno de Ayuso. Una persona incapaz, pero que gobierna por obra y gracia de Ciudadanos y Vox para desgracia e infortunio de muchísimas personas.

Ha llegado el momento de que aquellos que la permitieron acceder a la Presidencia de la Comunidad, escuchen a sus votantes y a su conciencia y piensen en lo mejor para su pueblo.

No cabe duda que la crisis del coronavirus está suponiendo una tragedia social y económica, también para la Comunidad de Madrid. Pero resulta chocante que la primera iniciativa legislativa que anuncia el gobierno de la Sra. Ayuso para hacer frente a la pandemia no sea sobre el blindaje de la sanidad pública o el refuerzo de la atención primaria, ni para establecer una renta mínima vital de cuarentena para la gente que se ha quedado sin medio de vida, como hemos propuesto desde Más Madrid.

No, la primera iniciativa que traen a la Asamblea de Madrid es la reforma de la Ley del Suelo, para, según sus propias palabras, favorecer al sector de la construcción. Lo cual la verdad es que es toda una declaración de principios de lo que es y quién manda en el Partido Popular.

Sin embargo, la construcción no es un sector estratégicamente tan importante en la Comunidad de Madrid como lo era a principios de siglo. Tanto en el porcentaje de población activa como en el PIB ha caído por debajo del 5% del total, y aún así, hasta 2019 ha mantenido un crecimiento sostenido superior al 4% anual. Hay seguro otros sectores más prioritarios en la región, como el sector agrario, o los servicios públicos relacionados con la sanidad, la educación y los servicios sociales, donde como vemos cada día las necesidades son acuciantes.

Pero es que, además, la pretendida reforma de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid no es más que la desregulación pura y dura de una serie de licencias urbanísticas, eliminándolas y sustituyéndolas por declaraciones responsables para actividades como la explotación de áridos, el depósito de vertidos, las demoliciones, los cerramientos, las parcelaciones y la construcción de naves industriales. Incluso, pretenden eliminar las licencias de primera ocupación, dejando a los potenciales perjudicados solo con el derecho al pataleo a posteriori.

Ocultan deliberadamente que para agilizar las licencias, algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, lo más efectivo sería ayudar a los ayuntamientos a tener más personal en las gerencias de urbanismo, que es el auténtico cuello de botella de esta cuestión.

Claro que estamos a favor de la reducción de la burocracia y la mejora de la eficacia administrativa, pero eso no puede implicar la desaparición de controles y garantías urbanísticas que son necesarias para que prevalezcan los derechos de los consumidores y de los trabajadores y el medio ambiente.

Mientras en España y en Europa se habla de Green New Deal, de un pacto verde, de digitalización y reforzamiento de los servicios públicos, en Madrid lo único que nos proponen es un nuevo ladrillazo y tentetieso, apostando por un modelo de alto impacto ecológico, cuyo fracaso económico y social ya culminó en 2008. Para muestra, el nuevo hospital de pandemias que Ayuso ha empezado a construir en Valdebebas por 50 millones, cuatro veces más de lo que supuestamente nos ahorraríamos con esta reforma legal, según las cuentas de la patronal inmobiliaria de Madrid y adoptadas sin más por la Sra. Ayuso. La propia ASPRIMA (Asociación de Promotoras Inmobiliarias de Madrid) señala en su informe que la mayor parte de estos sobrecostes se originan en el retraso de las licencias de obra nueva residencial, que no pueden ser suprimidas por esta reforma, por ser obligatorias por la legislación estatal. También en ese informe de ASPRIMA se achaca a la falta de personal y de digitalización de los trámites buena parte de los retrasos.

Esta reforma es un ejemplo de libro de lo que Naomi Klein llama la doctrina del shock, el capitalismo del desastre, aprovechar la angustia económica de la sociedad como consecuencia de una causa sobrevenida, para desregular a saco en beneficio del capitalismo de amiguetes.

Pretenden, además, reformar una ley tan importante como la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid por artículo único mediante el trámite de urgencia y directamente en Pleno, por el procedimiento denominado de lectura única, modificando de un plumazo y sin las más mínimas garantías democráticas de debate y enmienda, nada menos que 13 artículos de esa ley, en un atropello democrático que desmiente una vez más los supuestos deseos de regeneración democrática del partido Ciudadanos, que parece dejarse avasallar una y otra vez por las veleidades ultraliberales de la señora Ayuso.

Este procedimiento tan acelerado, en plena pandemia y sin diálogo ni debate previo, ni político ni social ha provocado, la publicación de un manifiesto firmado por entidades sociales muy diversas, como la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, Ecologistas en Acción, la FRAVM, o la Coordinadora de Vivienda. Junato a ellas, los sindicatos CCOO y UGT, además de varios partidos políticos, incluidos Más Madrid y EQUO, reclamando un proceso de diálogo en especial con los ayuntamientos, que son los competentes para aplicar después estas normas.

El Partido Popular no tiene remedio y tropieza siempre en el mismo ladrillo, apostándolo todo a la construcción. Siempre propone la misma receta bajo el eufemismo de una colaboración público-privada de lo más sui géneris, en la que las empresas no arriesgan casi nada, ya sea vendiendo vivienda pública a fondos privados, liberando suelo público a precio de saldo para construir, otorgando concesiones de decenas de años a cambio de supuestos beneficios sociales en forma de infraestructuras sin estudios previos, o eliminando garantías y controles urbanísticos. Todo a cambio de unas etéreas promesas de crecimiento económico y creación de empleo que nunca se cumplen.

La materia gris que hay que fomentar en la Comunidad de Madrid ya no es ni cemento, ni hormigón. Es la inteligencia y el talento, la investigación, la ciencia y la cultura, el medio ambiente y la reindustrialización verde, la movilidad sostenible y la agroecología. Sólo así saldremos de la crisis con pie firme para afrontar un futuro incierto, en el que además del virus nos acecha el cambio climático.

Desde 2011, que fundamos Equo, hemos intentado introducir en la agenda política conceptos como la transición ecológica, el Green New Deal y la lucha contra el cambio cimático, en un marco de justicia social y respeto a los derechos humanos.

En este camino nos hemos asociado con otros partidos, a veces muy similares y otras veces bastante diferentes, con enfoques más globales o más locales, generando en el camino confluencias que han llegado a gobernar ciudades tan importantes como Madrid o Valencia, introduciendo así en la vida real de las personas aquellos conceptos que parecían tan utópicos y lejanos en 2011.

Ahora, primero como Más Madrid a nivel municipal y autonómico y en esta coalición electoral con Más País, respaldada por la mayoría de la militancia de Equo, hemos conseguido una confluencia de intereses políticos en busca de una transición ecológica justa que nos ponga en ruta hacia la España del futuro, un país más sostenible y con mayor justicia social. Porque, como siempre hemos dicho, nos interesan más las causas comunes que las casas comunes, o dicho de otra forma, los objetivos políticos frente a las siglas de partido.

A veces hemos tomado decisiones difíciles y ha habido compañeros y compañeras que nos han dejado porque no las compartían. Pero siempre lo hemos intentado hacer desde un escrupuloso respeto a la democracia interna y a los procesos reglamentarios y estatutarios. Que haya personas muy queridas que piensen que Equo ha equivocado su camino y que van a defender mejor la ineludible transformación ecológica de la sociedad desde otras posiciones y otras formaciones políticas es legítimo y respetable. Tan respetable como defender, como nosotros defendemos, que este proyecto verde crecerá y prosperará mejor cuanto más fértil sea el sustrato, y el mejor sustrato lo proporciona hoy por hoy, Más País.

Por eso hoy estamos felices de formar parte del proyecto de Más País-Equo, porque es una plataforma política de inequívoca vocación verde, como demuestra el documento programático conjunto “Un acuerdo verde para España”. Porque se respetan como iguales nuestras aportaciones y nuestros candidatos, y porque además coincidimos de nuevo en el camino con viejos amigos, como la gente de Compromís, o la CHA, con quienes nos unen muchas cosas, y con quienes ya montamos aquella candidatura de Primavera Europea para las elecciones europeas de 2015 que fue como un primer ensayo a nivel estatal de la cooperativa política que llevamos en nuestro ADN verde.

En Equo siempre hemos sido generosas en nuestras alianzas y creemos sinceramente que con ello hemos contribuido a que la agenda política verde sea por fin tan relevante que hoy se encuentre en disputa en España, al menos entre los partidos del bloque progresista. Pero efectivamente, un proyecto político verde, no es lo mismo que un eje programático verde. No hay más que mirar las posiciones que ocupan nuestros homólogos europeos en el espectro político. Mientras los partidos verdes se referencian en el Partido Verde Europeo e intentan desde el pragmatismo llegar a acuerdos para gobernar y poder avanzar en el necesario cambio de paradigma que asuma que los recursos del planeta son finitos, los partidos socialdemócratas y los de la izquierda unitaria europea (GUE) trufan sus programas de ecologismo para luego ofrecer un discurso económico que sigue fundamentado en el siglo XX.

Sin duda, nos interesa más lo que nos une que lo que nos separa de estas otras fuerzas políticas, no en vano llegamos a acuerdos con ellas todos los días en muchas instituciones, porque creemos firmemente en la inteligencia colectiva para superar la emergencia climática que amenaza a toda la humanidad. Pero en España, el proyecto verde reconocido y homologado a nivel europeo se llama Equo, y el 10N concurre en coalición con Más País.

Durante los últimos 30 años los organismos internacionales, desde la Agencia Europea de Medio Ambiente a la Organización Mundial de la Salud, han venido insistiendo en la necesidad de mantener la contaminación atmosférica por debajo de ciertos niveles para evitar la muerte prematura de miles de personas, especialmente entre los niños y la tercera edad, que son con diferencia los más vulnerables a las enfermedades respiratorias. Los datos son escalofriantes. Más de medio millón de personas mueren en Europa como consecuencia de la mala calidad del aire, siendo España el sexto país más afectado, y el área metropolitana de Madrid la peor zona. 

Un reciente estudio de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid estima que en 2015 fallecieron unas 5.400 personas en la Comunidad de Madrid a consecuencia de la contaminación. ¡Nada menos que 15 personas al día!

Lo peor de todo es que hace tiempo que se sabe quiénes son los contaminantes responsables de esta situación y las soluciones que se deben adoptar. Según el Plan Azul Plus de la Comunidad de Madrid, diseñado en teoría para luchar contra el cambio climático y la contaminación, “se aprecia cómo el sector transporte es el más relevante en cuanto a su contribución a los niveles de calidad del aire de NO2, O3 (ozono) y CO en toda la Comunidad de Madrid, con aportaciones que varían entre el 52 y el 84%. Por su parte el sector residencial, comercial e institucional aporta una contribución inferior al 9%” de esos contaminantes. O sea, no es un problema de calderas. La conclusión del Plan Azul Plus, aprobado por el Partido Popular en abril de 2014, era clara: hay que hacer “especial hincapié en objetivos y actuaciones dirigidas al sector del transporte”. De hecho, el plan autonómico le dedica al transporte el 33% de las medidas, y entre todas ellas destaca la medida 9: “Zonas de Bajas Emisiones y Áreas de Prioridad Residencial”, señalando que esta “es una opción altamente efectiva para la mejora de la calidad del aire en los núcleos urbanos”.

Hasta aquí el “sectarismo” y la “improvisación” de una medida puesta en marcha por Manuela Carmena, la zona de bajas emisiones Madrid Central, que ya estaba priorizada en el plan autonómico de lucha contra la contaminación de 2014 redactado por el Partido Popular. Ahora, además, estamos conociendo los primeros datos de hasta qué punto está resultando efectiva para reducir la contaminación, consiguiendo niveles de cumplimiento históricos de la normativa estatal y europea que, no lo olvidemos, está siendo objeto de escrutinio trimestral por parte de la Comisión Europea, después de más de diez años de vulneración sistemática de la legalidad vigente.

En consecuencia, el levantamiento de Madrid Central por motivos de puro sectarismo ideológico, sin ningún soporte técnico o científico, es absolutamente irresponsable desde el punto de vista político. Pero es rayano en lo criminal cuando consideramos el número de muertes y enfermos que se pueden estar evitando gracias a la reducción de los niveles de contaminación conseguidos en tan solo tres meses, no sólo en el ámbito de Madrid Central, sino en toda el área metropolitana. Los contaminantes que se generan en el centro de Madrid viajan por toda la Comunidad e incluso afectan a provincias limítrofes. Y la aceleración evidente que se ha producido en la descarbonización del parque móvil, al dispararse las ventas de vehículos híbridos y eléctricos, también supone una mejora para la ciudad, para la Comunidad y seguramente esté teniendo un efecto a nivel de toda España.

Madrid Central puede ser mejorable en sus elementos operativos y burocráticos de funcionamiento diario. No me cabe duda. Cualquier proyecto tan complejo como este se puede perfeccionar. Pero, para hacerlo bien, es necesario efectuar una evaluación técnica mínimamente rigurosa de sus resultados y, una vez realizada, escuchar a todo el mundo, no sólo a los que te apoyaron en campaña electoral. Muchos colectivos ya se están haciendo oír a través de una plataforma organizada en tiempo récord que ha convocado hoy una manifestación que se prevé multitudinaria a pesar del calor. Pero si no escucha, si se mantiene en su sectarismo ideológico, completamente ajeno al consenso científico, técnico e incluso político, el Gobierno municipal de Martínez-Almeida y Villacís puede encontrarse muy pronto respondiendo en los tribunales, por permitir que la gente siga enfermando y falleciendo cuando pudieron evitarlo. Porque la salud es lo primero.

El uso de cebos envenenados para el control de depredadores u otros animales considerados dañinos para la caza, la agricultura o la ganadería, es una actividad prohibida en España desde 1983. La legislación nacional y europea lo considera un método de control de fauna masivo y no selectivo, es decir, que puede afectar a muchos individuos de especies que no son objetivo, y por esa razón está terminantemente prohibido. Sin embargo el veneno se sigue utilizando ilegalmente en nuestros campos por parte de gente sin escrúpulos, de forma que continúa siendo una de las principales amenazas para nuestra biodiversidad, especialmente para las grandes rapaces y los carnívoros.

Según datos de SEO/BirdLife en la última década casi 7.000 ejemplares de especies amenazadas se han encontrado muertos en España a causa del veneno. Y eso es solo la punta del iceberg, ya que solo se detecta una pequeña proporción de todos los animales que mueren en el campo. Además, el veneno causa la muerte de cientos de animales domésticos cada año y supone un grave riesgo para la salud pública. Este es el caso del aldicarb, retirado del mercado desde 2007 por su elevado riesgo para la salud humana y que no obstante sigue siendo la sustancia más utilizada en los cebos.

Por esta razón, en 2004 la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente aprobó de acuerdo con las comunidades autónomas la “Estrategia Nacional contra el Uso Ilegal de Cebos Envenenados en el Medio Natural”. En dicha estrategia se estipulaba que las comunidades aprobaran planes de acción o estrategias regionales para luchar contra este delito.

La Comunidad de Madrid es una de las comunidades que menos acciones realiza contra esta práctica, hasta el punto de haber sido colocada en los últimos puestos en el ránking que periódicamente publica WWF España (La Lucha contra el Veneno en España 2011-2016), e incluso ha bajado puestos desde 2010. Madrid no tiene plan de lucha contra el veneno, ni tampoco legislación específica en la materia. Tampoco se toman acciones administrativas contra los cotos o fincas donde se ha detectado veneno como ocurre en muchas otras comunidades, a pesar de ser históricamente una comunidad con un alto número de envenenamientos de dos de las especies más sensibles: el águila imperial y el buitre negro.

Las autoridades madrileñas además dejaron de informar de los envenenamientos producidos en su territorio desde 2013, con lo que el seguimiento por parte de las ONGs se hacía imposible. Por esta razón, elevé al Gobierno de la Comunidad una serie de peticiones de información como diputado de la Asamblea de Madrid. Tuve que preguntar y repreguntar debido a las discrepancias entre las respuestas que recibía, y la escasa información que me remitían cada vez, muy lejos de la cacareada transparencia de la que presume cada día el gobierno. El resultado proporcionado por el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad fue de 35 ejemplares envenenados entre 2011 y 2016, entre ellos 2 águilas imperiales en 2016, 5 buitres negros y 9 milanos reales, 6 de estos en los últimos tres años lo que es un dato muy preocupante, dado que esta especie está en franco declive en toda España. Estos son animales en los que se han detectado sustancias tóxicas, pero muchos otros, seguramente cientos, habrán quedado sin analizar, por lo que en realidad nos encontramos ante solo una muestra de lo que debe ser una práctica bastante habitual. Más adelante he podido averiguar las fechas exactas y localización de cada uno de los envenenamientos de los 24 ejemplares de especies protegidas, siendo el resultado el que se puede ver en el mapa adjunto. 

Se percibe claramente que hay cuatro zonas donde se concentra este problema, coincidentes con las zonas más importantes para este tipo de aves en la Comunidad, tres de las cuales son además Zonas de Especial Protección. Además los envenenamientos se concentran en otoño-invierno, entre los meses de diciembre y marzo (62,5%), en plena temporada de caza. En el mes de marzo aparecieron un tercio de los animales (8 de 24). Nos parecen particularmente significativas las concentraciones de rapaces envenenadas en la comarca esteparia de Daganzo-Alcalá de Henares (ZEPA de las Estepas Cerealistas del Jarama y Henares), una zona teóricamente protegida que sirve de cazadero para muchas especies, donde se ha localizado el 25% de los casos, y en la comarca agrícola de Pinto-Valdemoro, al oeste del Parque Regional del Sureste, coincidente en parte con el Área Importante para las Aves ES393, denominada Secanos de Valdemoro y catalogada por SEO/BirdLife en 2009, con otro 25%. Se trata de dos zonas ricas en caza menor que acumulan el 50% de los casos y donde las especies más afectadas son los milanos, aunque también se han encontrado tres buitres negros y una de las águilas imperiales de 2016. Tal concentración de ejemplares en un reducido número de municipios y cotos de caza merece la apertura de una investigación en profundidad por parte de guardería especializada en este tipo de delitos.