El último sismo político en Perú tuvo su origen en la otra orilla de Sudamérica, Brasil, el epicentro del Caso Lava Jato, el episodio de corrupción más impactante de los últimos tiempos en la región. Desde allí ha llegado una onda expansiva de revelaciones de tal magnitud que ha causado el envío a prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala y su esposa, una orden de captura internacional contra el también expresidente Alejandro Toledo, una investigación al exmandatario Alan García y en las últimas semanas estuvo a punto de causar la destitución del actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en lo que puede ser la crisis más grave de la era democrática iniciada a comienzos de este siglo.

El país que hasta hace poco era considerado una estrella de la economía latinoamericana se encuentra envuelto ahora en una compleja trama de intrigas políticas que, paradójicamente, ha terminado por beneficiar a quien un estudio de Transparencia Internacional del 2004 asignó el séptimo lugar en una lista de diez gobernantes corruptos del mundo: la víspera de Navidad, el exdictador Alberto Fujimori recibió un sorpresivo indulto humanitario que diversos observadores han señalado como fruto de un pacto político entre PPK y una facción de la poderosa bancada fujimorista que apenas tres días antes estuvo a punto de removerlo del poder.

El indulto ha causado un acomodo del tablero político, pero está lejos de ser el punto final de la crisis: por estos días, nuevas revelaciones del Caso Lava Jato siguen agitando a toda la clase política del país: el testimonio del magnate Marcelo Odebrecht, el principal inculpado del caso, ha reforzado indicios de la presunta entrega de dinero ilegal a las campañas políticas de candidatos presidenciales y congresistas; y el pago de sobornos a altos funcionarios públicos.

Destitución express

expressEl estallido de la crisis se produjo a mediados de diciembre pasado, cuando la presidenta de la comisión parlamentaria que investiga el Caso Lava Jato, la fujimorista Rosa Bartra, hizo pública una carta en que la constructora Odebrecht revelaba pagos por US$782 mil a una consultora de PPK. Según ese documento, entre 2004 y 2007 la constructora brasileña le había hecho transferencias por presuntas asesorías financieras vinculadas a los proyectos Trasvase Olmos y la carretera Interoceánica, dos gigantescas obras adjudicadas a Odebrecht. Ambos proyectos habían sido impulsados desde la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), que dependía del despacho de Kuczynski mientras fue ministro de Economía y Finanzas.

El documento reveló que una segunda consultora vinculada a Kuczynski -y a su socio, el banquero de inversión chileno Gerardo Sepúlveda-, también hizo varias asesorías a empresas de Odebrecht por algo más de 4 millones de dólares, durante 7 años.

La difusión de esos papeles -una respuesta de la mayoría opositora del Parlamento al allanamiento del local partidario de Keiko Fujimori por la Fiscalía, en el marco de la investigación Lava Jato- tuvo como efecto el instantáneo reclamo de la renuncia de Kuczynski por diversas bancadas, de izquierda a derecha, bajo la amenaza de declarar la destitución presidencial por “incapacidad moral permanente”. Algunos ministros también aconsejaron al presidente que renunciara. Sin embargo, a través de un mensaje en video, el mandatario informó que no dimitiría.

Kuczynski envió una carta a la comisión Lava Jato en la que ofrecía recibirla para dar sus descargos el viernes 22 de diciembre en Palacio de Gobierno. La oposición se le adelantó: aprobó iniciar el proceso de destitución en la sesión plenaria del jueves 21.

Ese día se movieron todas las fichas del tablero. En el Perú de estos días, eso incluía las fricciones al interior de la familia más disfuncional de la política peruana: los propios Fujimori. Al historial de conflictos internos -que incluye el ya lejano divorcio de los padres entre acusaciones mutuas de torturas y corrupción-, se sumaba ahora la aparente división de los dos hijos de Alberto Fujimori que participan en política: Keiko, la hija mayor y lideresa del partido Fuerza Popular, promotora de un implacable boicot al Gobierno gracias a su mayoría parlamentaria; y Kenji, el hijo menor y congresista de la República, quien llevaba meses en un abierto acercamiento al presidente Kuczynski y en posturas moderadas que con frecuencia lo habían enfrentado a las decisiones de su partido.

Lo que pasó entonces ha quedado registrado como una de la maniobras políticas más descarnadas de los últimos tiempos: mientras conseguía la adhesión de distintas personalidades ante lo que se consideraba un golpe de Estado incitado por el fujimorismo más recalcitrante, Kuczynski aceleró negociaciones secretas con Kenji Fujimori para obtener votos que lo salvaran de la destitución a cambio de acelerar el proceso de indulto que venía evaluando desde meses atrás. En un dramático mensaje a la Nación, el presidente llegó a decir que “la Constitución y la democracia están bajo amenaza” y, tras pedir disculpas por llevar en desorden sus cuentas -una excusa insólita en un antiguo banquero de Wall Street-, convocó a las fuerzas democráticas para evitar su remoción del poder.

El día del debate, el jueves 21 de diciembre, hubo ácidas intervenciones que reclamaban la cabeza del presidente por haber mentido reiteradamente sobre sus relaciones con la nave nodriza de la corrupción corporativa latinoamericana. En las redes sociales, el cálculo voto a voto se mantuvo por horas con una incertidumbre de infarto. Hacia media jornada, la intriga se agudizó con la aparición de un presunto certificado médico que recomendaba el indulto a Alberto Fujimori. Algunos pensaron que se trataba de un psicosocial salido desde el propio fujimorismo para acrecentar la indignación de la izquierda contra el presidente y así sumar sus votos a la moción de destitución. El Ministerio de Justicia y la propia premier Mercedes Aráoz respondieron de inmediato que la información no era cierta. En realidad era la primera señal de lo que pasaba entre bastidores.

En ese clima, cerca de la medianoche, la votación dio un giro sorprendente: la moción de destitución quedó diez votos debajo del mínimo requerido, precisamente los votos en abstención de diez congresistas fujimoristas encabezados por Kenji Fujimori. Por la televisión se vio un contraste decisivo en la mayoría fujimorista: mientras los partidarios de Keiko despotricaban de quien se les pusiera al frente, Kenji lucía conmovido y hasta derramó unas lágrimas. Era la segunda señal.

Indulto de Navidad

Horas antes de la última Nochebuena, PPK cumplió su parte del pacto y firmó el indulto a Alberto Fujimori “por razones humanitarias”. El proceso ha sido cuestionado por varias razones: desde la participación de un médico personal de Fujimori en la junta médica que recomendó su liberación hasta los presuntos síntomas que ponían en riesgo su vida. “Las arritmias cardiacas y los cuadros de depresión, evidentemente, se pueden presentar en ciertos internos, adultos mayores, como consecuencia del encierro. Pero, en ningún caso, estas características han justificado un indulto humanitario”, ha dicho Roger Rodríguez, quien renunció al cargo de director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al conocerse la noticia.

“El ex reo tenía las mejores condiciones carcelarias que podía tener un interno en el país”, dijo el funcionario en relación a otro de los argumentos de los promotores del indulto.

Las críticas arreciaron cuando Fujimori dio un mensaje desde la clínica donde había sido internado justamente en las horas previas a recibir el indulto. Se suponía que estaba en una unidad de cuidados intensivos, pero en medio de numerosas visitas tuvo ocasión de leer un texto ante alguien que registraba todo desde un celular al pie de su cama. “Antes de que grabe este video alguien debió avisarle a Fujimori que uno de los informes médicos por los que fue liberado dice que ‘su dolencia le limita la fluidez de una pronunciación correcta’”, ironizó José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Los comentarios paródicos han venido de todas partes.

También hay quien lo considera su primer anuncio de retorno a la política.

La paradoja de esta trama es que deja a Kuczynski más debilitado que al presunto autócrata en estado terminal. El estigma de haber traicionado a sus allegados más cercanos lo deja expuesto al endeble soporte de quienes estuvieron a punto de derrocarlo. “Yo nunca hubiera imaginado que tras la figura bonachona de ese tecnócrata benigno que parecía Kuczynski, se ocultara un pequeño Maquiavelo ducho en intrigas, duplicidades y mentiras”, escribió el Premio Nobel Mario Vargas Llosa, quien le advirtió en varias ocasiones sobre las consecuencias de que otorgara el indulto al responsable de 25 ejecuciones extrajudiciales y cabeza del gobierno más corrupto de la historia del Perú. El Nobel habla del presidente en un tono tan demoledor que era impensable una semana antes. Esa opinión está lejos de ser un encono personal: las críticas a esta decisión han venido hasta de las Naciones Unidas.

Kuczynski arranca el 2018 en un estado que empieza a parecer al de los últimos días de cualquier gobierno, con multitudes en las calles que piden su renuncia y una imagen internacional resquebrajada al nivel de los regímenes más polémicos de la región. Si algo no precipita las cosas en estos días agitados para la política peruana, la próxima escena clave ocurrirá el próximo 2 de febrero, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evalúe la validez del indulto en una audiencia a solicitud los familiares de las víctimas del régimen de Fujimori. Es una carambola de resultados impredecibles.