Está resultando una obviedad decir que para Ciudadanos la Educación es uno de los ejes sobre los que debe pivotar una sociedad; una obviedad porque hemos recogido la exigencia de un pacto educativo en todos y cada uno de los acuerdos que hemos firmado para apoyar la investidura de distintos gobiernos. Hasta ahora el tema venía siendo un capítulo en los discursos, pero lo hemos entronizado para que sea un capítulo en los acuerdos. Lo que ha marcado la diferencia, por tanto, no es la literalidad de las palabras, que pueden ser compartidas por otros, sino la exigencia de los compromisos, que es una singularidad de la que presumimos.

También hemos defendido con rigor la necesidad de evaluar las políticas públicas: la trazabilidad de las medidas que se implementan  para ver si alcanzan el objetivo previsto, el recorrido de los acuerdos para comprobar si se cumplen, la eficiencia en la Administración para conocer si satisface a la ciudadanía, también el devenir educativo para descubrir si responde a las necesidades de nuestro tiempo y somos capaces de lograr la excelencia que requiere esta época globalizada.  Y es aquí donde la inspección educativa tiene un papel ineludible. Por ello,en el Congreso Albert Rivera defendió la Proposición de Ley para desarrollar la alta inspección educativa mediante la creación de una agencia independiente. No obtuvo respaldo. Una vez más se demuestra que muchos grupos sufren vértigo cuando quieren trasladar las palabras a los hechos.

Las recientes situaciones vividas en Cataluña, con amenaza de mimetizarse en otros lugares, utilizando la educación para elaborar un discurso de división y fractura, es un hecho suficientemente grave para tomarse muy en serio la educación y para revisar la función inspectora.

Queremos una inspección que anime la función docente, que acompañe a la comunidad educativa en el recorrido de nuestros niños y jóvenes para sacar de ellos lo mejor que puedan dar; una inspección que impida aventuras al margen de la ley, creando una realidad paralela y haciendo de los alumnos objetos de control en lugar de sujetos de derecho; una inspección que permita a la escuela ser foco que ilustre el pensamiento y no texto cerrado sin posible enmienda.  Queremos una inspección cuya única lealtad se oriente a la ciudadanía en pro de mejorar la calidad educativa; una inspección que no esté obligada a mirar de soslayo a la Administración para no incomodar o, mejor, ojalá sea capaz de incomodar porque la complacencia es la puerta de entrada a la parálisis. La inspección no puede verse encorsetada más que por el respeto  a la Ley.

Es preciso dotarlade  los medios necesarios para desempeñar su función y dispensarle  el reconocimiento social que merece por realizar  una tarea enormemente digna: procurar una adecuada educación para los ciudadanos más vulnerables de hoy, para mejorar el mañana de todos.

Por la importancia que concedemos a los inspectores, no es suficiente una regulación dependiente de una Autonomía o fruto de una coyuntura específica, sino que exigimos una Ley de rango nacional que homologue el cuerpo en todo el País.

Esperamos que el Pacto educativo, que con dificultad va dando pasos, sea capaz de descubrir su importancia y fortalecer sus funciones porque educar es el verbo que todos debemos conjugar sin complejos.