Si alguien ha visitado Colombia o ha visto algún video promocional, como Colombia, el riesgo es que quieras quedarte, saben que la tierra, los recursos naturales y la biodiversidad son objeto de orgullo para sus nacionales y es lo que más cautiva a sus visitantes. Por esta razón parecería lógico que el gobierno fomentara medidas de protección para sostener el segundo puesto del ranking mundial de país con mayor biodiversidad. Sin embargo, señoras y señores, vivimos en el mundo al revés. Aquí, lejos de proteger, se criminaliza, estigmatiza y asesina a las lideresas y los líderes que luchan por sostener los recursos naturales.

Colombia alcanzó el lamentable segundo lugar como país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente al registrar 24 asesinatos en el 2018 según los últimos datos recopilados por Global Witness. A la misma conclusión llega Oxfam Intermón en su informe Defensoras de derechos agrarios, territoriales y medioambientales en Colombia: Arriesgando la vida por la paz, donde alerta que, desde el 2016 hasta agosto de 2019, 55 mujeres entregadas a su noble causa han sido asesinadas en el marco de su ejercicio profesional.

A excepción de Filipinas, los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos y ambientales se concentran en América Latina, y es que los problemas estructurales que afectan a estos países tienen raíces y características comunes. Oxfam en su informe “El Riesgo de Defender” atribuye la violencia a: la prevalencia de la cultura patriarcal que afecta a las mujeres defensoras de derechos humanos; la vinculación entre la expansión de los proyectos y actividades extractivas y el incremento de violaciones de derechos humanos en estos territorios; y la cooptación de las instituciones estatales por el poder fáctico.

Las seis décadas de conflicto armado, los intereses económicos y el crimen organizado, especialmente activo en el sector del narcotráfico, hacen de Colombia un país particularmente difícil y peligroso para trabajar en la promoción y protección de los derechos humanos, convirtiéndose en un laboratorio en busca de esa fórmula perfecta que se traduzca en desarrollo pacífico sostenible e inclusivo.

Desde que en noviembre de 2016 se firmara el Acuerdo Final para la Terminación Definitiva del Conflicto entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) se ha logrado una leve caída en los niveles de violencia, pero aún falta por materializar muchos de los compromisos adquiridos en dicho Acuerdo. A fecha de hoy, para muchas y muchos colombianos, especialmente en las zonas rurales, la paz sigue siendo un sueño anhelado que ven lejos de cumplirse.

Tras la firma del Acuerdo Final, se han abierto nuevos mercados y han surgido numerosos actores interesados en adquirir terrenos ricos en recursos naturales. Dentro de este nuevo contexto, en los últimos tres años, más de 285.000 personas han sido desplazadas como consecuencia de la violencia y presiones por el control de tierras. Por su parte, el Estado ha demostrado tener una alta capacidad para emitir leyes y normas, pero parece no saber implementarlas o ser muy selectivos con los casos en los que se aplican.

Esta nueva era de violencia afecta particularmente a las mujeres rurales defensoras de sus derechos y los de su comunidad. En un país de por sí patriarcal, dicho sistema es aún más acentuado en las zonas rurales donde a la mujer se le asigna el rol de reproducción y mantenimiento del hogar. Sin embargo, la cooperación internacional viene apostando últimamente por el empoderamiento de las mujeres rurales creando así una nueva generación de mujeres que conocen y saben exigir sus derechos individuales, colectivos y globales. El micrófono parece haber molestado a ciertos actores interesados en mantener el status quo.

Personalmente, siempre he trabajado en la promoción de los derechos humanos en América Latina, por ello conozco muy bien los retos y la estigmatización a la que se somete a las y los activistas, y en cierto modo lo he normalizado. Sin embargo, recientemente tuve la oportunidad de visitar Sudáfrica, donde aprendí que las desigualdades y la integración racial siguen siendo retos sociales, pero también vi un país donde se respeta, se celebra y se conmemora el trabajo de las personas que entregan su vida a la denuncia y promoción de los derechos humanos, y no me refiero únicamente a Nelson Mandela.

En ambos lugares he visto pobreza en la más cruda de sus expresiones, pero a diferencia de América Latina, por primera vez en mi vida salí con esperanza porque conocí un lugar donde los derechos humanos son algo más que el documento que se firmó en 1948, porque las instituciones (aunque lentas) hacen algo por brindar igualdad de oportunidades y que ser activista no es sinónimo de terrorista.

Actualmente, me preocupa ver cómo ciertos partidos se han apropiado del discurso de derechos humanos, llevando al terreno político unos derechos que ni pertenecen a los de izquierdas ni a los de derechas. En sociedades donde la política cada día está más polarizada, resulta imprudente fragmentar a la población en algo cuyo fin es promover y garantizar la dignidad del ser humano, fomentar la igualdad de oportunidades y una convivencia pacífica basada en el respeto, independientemente del sexo, raza, religión, opinión política etc…

Nelson Mandela tenía toda la razón cuando dijo que “nadie nace odiando a otra persona […] la gente aprende a odiar, y si se puede aprender a odiar, también se puede aprender a amar”. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil tienen la estoica labor de sensibilizar y promover una cohesión social basada en la convivencia respetuosa y pacífica.

Siguiendo este mandato, Oxfam junto a la publicación del informe, ha lanzado una campaña titulada Juntos somos Victoria, cuyo objetivo es doble: por un lado sensibilizar y crear una ciudadanía global cada vez más informada y solidaria, y por otro lado, ejercer una presión internacional que obligue al Gobierno de Colombia a tomar medidas eficaces para la protección de las personas defensoras del medio ambiente, e implemente las leyes nacionales e internacionales que protegen a las personas cuya labor es luchar por una sociedad más justa y equitativa.

Como sociedad no podemos salir a exigir medidas contra el cambio climático y al mismo tiempo darle la espalda a las personas que luchan por preservar los recursos naturales y mantener un medio ambiente sano. Por eso, debemos apoyar a todas las Victorias del mundo, especialmente a las de Colombia, para que ellas puedan continuar protegiendo la biodiversidad nacional en condiciones de seguridad y representando a todas aquellas personas cuyos terrenos son más que un trozo de tierra: el elemento principal de su cosmovisión.

¿Por qué entonces me saltó, tan rápido, ese “pues claro”? Nací en los ochenta. Desde que tengo uso de razón he vivido en países desarrollados, tengo la misma formación académica y acceso a los servicios básicos que mis amigos (chicos). Hasta el momento, no se me han cerrado oportunidades laborales por ser mujer, he cumplido con mi deber como ciudadana de votar, mi salario se mide con base en un baremo que Canadá establece según mi formación y experiencia laboral. Si me quedo embarazada tengo un año de baja maternal; y en caso de que cualquiera de mis derechos como mujer se me vulneren sé que cuento con mecanismos independientes e imparciales que garantizan la aplicación de la ley en condiciones de igualdad. La respuesta es evidente: soy una privilegiada, al igual que las mujeres de mi entorno más próximo.

La lucha de las mujeres la he ido aprendiendo, y sensibilizándome con ella, de forma vivencial. Por ejemplo, en Colombia aprendí que hay niñas en zonas rurales que no denuncian ser víctimas de violaciones, no porque no quieran o tengan miedos, sino porque, en cuanto llegan a cierta edad, lo habitual es que un hombre mayor de edad (dentro o fuera de la familia), las inicie en la actividad sexual.

En Honduras me alarma la cantidad de casos de mujeres víctimas de violencia basada en género o sexual. Las víctimas, a pesar de saber que se han vulnerado sus derechos, deciden no denunciar por miedo a ser revictimizadas o exponerse a mayores riesgos. El principal problema, y así lo registra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe Situación de Derechos Humanos en Honduras, es la tasa de impunidad para los delitos contra las mujeres que asciende a un 95%.

A finales del 2016, Lakshmi Puri, la Directora Adjunta para ONU Mujeres, cifró las pérdidas económicas a causa de la violencia contra las mujeres en 2% del producto interno bruto mundial, es decir, alrededor de 1.5 billones de dólares americanos. Nicholas Kristof, periodista del New York Times y coautor del Half the Sky (Mitad del cielo), ha dedicado su carrera a investigar, informar y sistematizar su experiencia en las vulneraciones a los derechos de las mujeres alrededor del mundo y cómo se puede revertir esa opresión en oportunidades. Resulta interesante aprender que cualquier cambio para mejorar las condiciones de las mujeres (por mínimo que sea) conlleva progreso en su entorno más próximo.

En este sentido, Oxfam tiene un eje de trabajo específico: “La desigualdad de las mujeres: lograr justicia de género para acabar con la pobreza”, que tiene dos objetivos. El primero es la investigación y denuncia de las vulneraciones de las mujeres alrededor del mundo, para así promover e incidir en el desarrollo integral de las mujeres. El segundo es trabajar directamente con las mujeres para generar cambios, un ejemplo de ello es la creación de un programa de ahorro comunitario que transforma la vida de mujeres indígenas de Guatemala a través de la creación de cooperativas y redes de apoyo.

En lo que va corrido de este 2018, he trabajado, copatrocinado por Oxfam, impartiendo un curso de capacitación sobre la problemática socioambiental de Honduras y los mecanismos de protección para las y los defensores de derechos humanos. Al finalizar las jornadas, una de las jóvenes participantes me escribió para, además de darme las gracias, decirme que tras el curso tenía claro que estudiará derecho porque entendía que así podrá ayudar a su comunidad a liberarse de las condiciones precarias e injustas de hoy.

En la defensa por los derechos de las mujeres siempre he tenido a Suecia como un referente por sus políticas de igualdad de género, especialmente en lo asociado con las condiciones laborales. Sin embargo, la Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT), en diciembre de 2017, publicó los datos anuales de agresiones sexuales en Europa situando a Suecia a la cabeza de las denuncias registradas por este tipo de delitos. Esto demuestra que, aunque algunas más privilegiadas que otras, la vulneración a los derechos de las mujeres es universal, no entiende de fronteras, nivel socio-económico, idioma, raza o religión.

Independientemente de la realidad y desarrollo de cada país, Oxfam se adapta a los contextos de cada región para realizar campañas de incidencia para garantizar y promover los derechos de las mujeres alrededor del mundo. Porque he podido apreciar personalmente el impacto positivo de sus programas, animo a todas y todos los que trabajan de manera diligente en Oxfam a seguir comprometidos en su noble labor.

En mi corta carrera profesional he conocido magníficas mujeres que trabajan para esta organización, en el que día a día ponen su conocimiento, experiencia y, lo más admirable, su corazón para luchar contra la pobreza, brindar oportunidades a mujeres para hacer de nuestra comunidades, ciudades y países un lugar más equitativo y de mayor cohesión social.

Llegó enero, el final de las fiestas y la vuelta a la rutina. A diferencia de muchas de las personas que ahora leen estas palabras, regresar a la rutina en mi caso implica mucho más que poner la alarma, planchar la ropa y desempolvar los tuppers para la comida.

Yo trabajo en Honduras, un país hermoso y de gente amable, pero también uno de los países más peligrosos del mundo al registrar, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Antes de viajar, me aseguro de que las maletas estén bien cerradas e identificadas, los papeles en regla, el nombre de la persona que viene a recogerme, así como la matrícula del vehículo. Una vez en terreno, llego a un piso con vigilancia 24 horas, cámaras de seguridad, códigos de acceso y alambrado eléctrico. Medidas de seguridad que también aplican a mi lugar de trabajo.

Por mi condición de extranjera, en el país tengo prohibido coger taxis en la calle y debo estar vigilante para evitar ser víctima de la delincuencia común. Por mi trabajo, parto de la base de que mi teléfono está intervenido, preciso usar rutas alternativas para llegar y salir de la oficina, así como aplicar la más alta discrecionalidad con los datos e información que se manejan.

La respuesta a lo que me imagino os estaréis preguntando es: trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos, gestiono proyectos y realizo investigaciones sobre el estado de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos internacionalmente. Como muchas y muchos en el sector, trabajo en esto por vocación, porque creo que, independientemente de la cuna y familia en la que se nace, todas y todos tenemos derechos a la igualdad de oportunidades, al acceso a la justicia y a un desarrollo sostenible.

No intento cambiar el mundo, lo sé, pero como bien señala Oxfam Intermón, organización con la que he venido colaborando en Valencia, creo que puedo contribuir positivamente a cambiar vidas que cambian vidas. Nuestro trabajo es digno, transparente y su misión es generar un cambio positivo, apoyar la universalización de los derechos que la comunidad internacional adjudica a todos los seres humanos por el mero hecho de nacer persona. Me pregunto: ¿Por qué entonces, ser defensora o defensor de los derechos humanos es una labor de alto riesgo? ¿Por qué mi condición de defensora de derechos humanos invade mi esfera privada y me obliga a vivir en estado de alerta las 24 horas del día los 7 días de la semana?

Personalmente, aún no he hallado una respuesta exacta, pero en su informe “El Riesgo de Defender”, Oxfam analiza y denuncia la agudización de las agresiones hacia activistas de derechos humanos en América Latina. Dicho informe identifica tres factores que inciden en las amenazas y la violencia a las que estamos sometidos las y los defensores de derechos humanos. En primer lugar, la prevalencia de la cultura patriarcal que afecta a las mujeres defensoras de derechos humanos. En segundo lugar, la correlación entre el incremento de proyectos y actividades extractivas y la violencia contra las y los defensores de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente. Por último, la cooptación de las instituciones estatales por el poder fáctico.

Defensores en Línea denuncia que Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para desarrollar la defensa de los derechos humanos. Por su parte, Global Witness señala que los 120 asesinatos de defensoras y defensores de derechos medio ambientales, desde el 2010 hasta la fecha, hacen que el país sea el más peligroso del mundo para el activismo ambiental. El caso más emblemático es el de Berta Cáceres, lideresa del pueblo indígena Lenca, quien denunció y se opuso a la construcción de la represa de Agua Zarca en un terreno ancestral. Su muerte, el 2 de marzo del 2016, internacionalizó la situación de riesgo que sufrimos las y los defensores de derechos humanos.

En el 2013, el Gobierno de Honduras se vio obligado a promulgar la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. El objetivo de la ley: reconocer, promover, y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, reconocidos y contenidos en los instrumentos de derecho internacional de toda persona natural o jurídica dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, a la libertad de expresión y a las labores jurisdiccionales en riesgo por su actividad. En el 2017, 63 defensores y periodistas se acogieron al mecanismo de protección. Tanto organismos internacionales, como sociedad civil aplauden los avances, aunque consideran que existe espacio para mejorar, e insisten en la necesidad de adoptar medidas preventivas eficaces para luchar contra esta realidad.

Con financiación de Oxfam se está trabajando, por un lado, en la capacitación de lideresas y líderes indígenas en los estándares internacionales de protección de los pueblos indígenas. Por otro lado, se realizan talleres de capacitación para diseminar los mecanismos de protección nacionales e internacionales de los que disponen frente a las amenazas y violencia de la cual son objeto. Este año seguiremos con esta labor y seguiremos analizando y denunciando los riesgos a los que están sometidos las y los defensores de derechos humanos.

Me imagino que muchas y muchos de vosotros os estaréis preguntando lo mismo que mi familia y amigos: ¿Qué necesidad de poner la vida en peligro por un trabajo? Mi respuesta es simple, me encanta mi trabajo, me permite analizar, aprender e interactuar con la gente y sus realidades. Transmitir conocimiento, generar cambios y empoderar a seres humanos me genera satisfacción personal y me alimenta la esperanza de seguir contribuyendo, aunque mínimamente, a crear un mundo más equitativo y justo.

Para finalizar, me gustaría extender una invitación a todas y todos para que nos apoyéis en la denuncia del riesgo que corremos las y los defensores de derechos, porque ir a trabajar no sólo es un derecho sino nuestra manera de aportar e inculcar valores en nuestros semejantes, especialmente los desposeídos, de nuestras ciudades, naciones y planeta.