¿Qué es la Plataforma ALTO?

Es una plataforma civil, producto de algunos años de trabajo en los que las personas que la integramos nos dimos cuenta que la defensa de los animales tenía que ser un asunto ciudadano que fuera más allá del mismo animalismo. Como movimiento, el animalismo puede aportar muchas claridades, ser muy coherente, pero corre el riesgo de convertirse en un gueto. Pensábamos que era importante sacar la causa animalista de allí, llevarla a los ciudadanos y construir un espacio que no fuera una fundación o una ONG, sino la unión de algunas de ellas, y en la que quepan ciudadanos que no son animalistas las 24 horas al día pero se preocupan por los animales y sienten que pueden ir ayudando de alguna manera.

Nuestro enfoque desde el principio ha sido la incidencia de carácter institucional, haciendo gestión pública para que haya cambios en la legislación y existan políticas públicas por los animales. Sabemos que esa no es la solución, pero puede ser nuestra contribución a la liberación animal. Porque la Plataforma ALTO no fue creada para lograr la liberación animal sino para arar el camino hacia ese horizonte, que otros alcanzarán en el futuro. Nuestro fin es que haya Estado para los animales.

¿Qué posibilidades se abren para el animalismo en Colombia tras el fin de la guerra con la guerrilla de las FARC?

Colombia nunca ha vivido un cambio real. Hace 200 años se fueron los españoles pero se quedaron unas élites aplicando los mismos esquemas y cultivando las mismas guerras. Obviamente ser un país en guerra durante toda nuestra historia republicana ha impedido que reflexionemos y avancemos hacia una relación distinta con las otras especies. La existencia de la guerra ha bloqueado el avance de ciertas reivindicaciones sociales y las moralidades emergentes son engavetadas [se dejan en el cajón] porque el conflicto armado es el pan de cada día. El hecho de que la violencia deje de ser el mecanismo para mediar los conflictos es una oportunidad para que por fin se den nuevas discusiones. Lo mejor es poder proponer un nuevo modelo de país, pasar de una violencia entre nosotros, los homo-sapiens, que deriva en violencia contra las demás especies, a una sociedad en donde toda vida vale y se respeta.

¿Qué significa luchar contra las corridas de toros en tu país?

Aparte de ser una fiesta de tortura y absoluta crueldad, en Colombia las corridas de toros están cargadas de un simbolismo alrededor del cual se mueven las élites nacionales que han buscado siempre perpetuarse en el poder. Las personas que defienden esos espectáculos no lo hacen solo porque puedan lucrarse o porque sean aficionadas al evento, sino por el significado social que han tenido las corridas en la historia del país. Los defensores de las corridas de toros saben que la abolición abre la puerta para luchar contra otras formas de dominación en la sociedad colombiana. Por eso es tan difícil tumbarlas, porque son un bastión de los poderosos.

¿Qué mecanismos ha explorado el animalismo colombiano para abolir las corridas de toros?

Toda clase de mecanismos. La diversidad política e ideológica dentro del movimiento animalista ha redundado en una diversidad metodológica. Por supuesto está la movilización social, salir a la calle a gritar de distintas maneras, algunas más vehementes, aunque todas aportan a la causa. También eventos académicos y debates, que han contribuido a movilizar gente e introducir discusiones en las aulas. Sin duda, otra forma es la acción directa, que algunos no ejercemos, pero que para muchas personas en el movimiento es válida y puede estar aportando a la defensa de los animales. Otros nos enfocamos en convencer a los tomadores de decisiones para que consideren a las otras especies dentro de la jurisprudencia y la Administración pública, y creo que ha sido muy efectivo. Hay una combinación de métodos, prescindiendo siempre de la violencia, aunque desde algunos medios de comunicación se haya querido vincular ciertas manifestaciones antitaurinas a la violencia para deslegitimar nuestra lucha.

Recientemente, la Corte Constitucional colombiana hundió la llamada ‘Consulta antitaurina’. ¿Qué era esta Consulta?

Dentro de la búsqueda de estrategias para golpear las corridas de toros, en algún momento tuvimos muy pocas herramientas a la mano, con un Congreso que se negaba a discutir el tema y una orden de la Corte Constitucional para que las corridas de toros volvieran a Bogotá, después de que Gustavo Petro -siendo alcalde de la ciudad- librara una pugna jurídica y frenara la fiesta brava por unos años. Buscando que las corridas no volvieran a Bogotá, desde el animalismo consideramos apelar a la democracia participativa. Primero pensamos en un referendo, pero entendimos que la consulta popular en la ciudad era un mecanismo más viable. Pasamos todo el conducto regular, hasta que unos días antes de la consulta, en el año 2015, la demanda de unos toreros la tumbó.

Un año después, una terna de la Corte Constitucional avaló el ejercicio y dábamos por hecho que se iba a hacer la consulta. Siempre supimos que había actores a nivel institucional intentando torpedear el proceso porque los taurinos sabían que iban a perder en las urnas. Queríamos demostrar que en Bogotá no se cumple la condición de arraigo cultural que estipuló la Corte para la realización de corridas de toros en el país. Finalmente, tras un lobby taurino muy efectivo, la Corte Constitucional en Sala Plena y con nuevos magistrados decidió que la consulta no se podía hacer. No solo enterraron la posibilidad de que la ciudadanía expresara en las urnas su rechazo al maltrato animal, sino que cercenaron un ejercicio de participación ciudadana que está contemplado en la carta política del país. Quedó demostrado que en Colombia la democracia participativa no está permitida cuando choca con los intereses de los poderosos.

¿Cuál es el mayor obstáculo para abolir las corridas de toros en Colombia?

Es ese lobby taurino que a veces ni siquiera necesita moverse tanto. El lobby taurino está dentro del Estado. Para poner un ejemplo, en Colombia el reglamento del toreo se elevó a Ley de la República. Es absurdo que el reglamento de una actividad se vuelva ley, pero así se expresa el manejo que tienen los taurinos dentro de la institucionalidad y de los poderes económicos. De hecho, la Corte Constitucional, ante una demanda que corrió en sus salas, estableció hace poco que, pasados dos años, si el Congreso no legislaba en torno a las corridas de toros, esos espectáculos proscribirían. Eso va a ser muy difícil porque hay congresistas que escuchan la palabra “animales” en algún proyecto y entran a hacer proposiciones para blindar las corridas de toros, así no tengan nada que ver. Hay una infiltración histórica de los intereses taurinos y ganaderos en las institucionales colombianas.

¿El animalismo es un movimiento social?

Es una discusión fuerte en este momento. Hasta hace un tiempo se podía decir que éramos un “pre-movimiento”, pero pareciera que ya somos movimiento sin tener todavía procesadas algunas características propias de los movimientos sociales. La opinión pública ya nos referencia como movimiento, los medios y la gente ya saben qué es ser un antitaurino, ya saben qué es ser un animalista, tal vez aún no en detalle, pero sí es algo que ya existe en el imaginario. Por otra parte, mantenemos cierta vigencia política. A veces quieren hacer ver el animalismo como una moda y en ese sentido no podríamos ser ni movimiento ni nada parecido. No somos un asunto pasajero y tenemos garantizado el relevo generacional. Nos falta poder asegurar que, como en el ambientalismo o la defensa de los derechos humanos, nuestros activistas puedan hacer de esto su vida. Eso tiene un plano operativo, económico y político, tener sedes, desarrollar proyectos y, en últimas, que nuestros activistas no se vean obligados a elegir entre defender a los animales o trabajar para comer. Nos falta madurar esa parte.

¿Cuánto tiempo le quedan a las corridas de toros en Colombia?

Se habrían acabado hace mucho tiempo, pero precisamente todas esas movidas de los taurinos y su atrincheramiento en las instituciones colombianas ha implicado que el fin se posponga. Creo que las corridas están viviendo tiempo extra, como cuando una persona llega al fin de su ciclo vital y la conectan a una máquina. Las corridas de toros están conectadas en Colombia a una máquina, por eso hacen hasta lo imposible por renovarse, por hablar a los jóvenes y por tener la institucionalidad a su alcance. Yo no digo que ya no tengan público, porque lo tienen, pero proporcionalmente con la población del país son muy pocos. Y más allá de si son muchos o pocos, las corridas de toros no encajan con el imaginario de la gran mayoría de colombianos y colombianas. Ha habido momentos en que hemos estado muy cerca de la abolición, al final del camino, pero los taurinos han usado los poderes que aún conservan para destruirlo. Nos ha tocado desviar y alargar el camino, pero estoy segura de que les queda muy poco tiempo porque los taurinos ya están agotando todos sus trucos. Si en Colombia la jurisprudencia funcionara de verdad las corridas se acabarían en un año. Si contamos con la corrupción y las argucias jurídicas taurinas, ese tiempo extra puede ser de cinco años, no más.

¿Qué sigue para el movimiento animalista colombiano cuando desaparezcan las corridas?

Muchísimo. Nos queda la gran responsabilidad de poder demostrar que el desmonte de ese tipo de espectáculos abre el camino a pensar nuevas formas de relacionarnos con los animales. Tendremos más tiempo para defender a la fauna silvestre de este país y de estrechar el lazo entre nuestra causa y el ecologismo.

Es frecuente la afirmación de que el jaguar, como especie, es un indicador de conservación. Es decir, que la presencia del felino en los territorios donde pueda aparecer permite inferir que aquella zona se encuentra en muy buen estado y la estructura ecológica se halla sana y conservada.

Aunque lo anterior es confirmado por la biología y la ecología, en Colombia la presencia del jaguar en ciertas áreas puede estar directamente relacionada con lo que se podría llamar un desplazamiento forzado de carácter ambiental.

El informe ‘Terminó la guerra, el postconflicto está en riesgo. Un año del acuerdo de paz’, de la Fundación Franz Weber, La Iniciativa y la Fundación Paz y Reconciliación, encontró que muchas de las Unidades de Conservación del felino (categoría utilizada por biólogos para georeferenciar las áreas y ecosistemas cruciales para la preservación de esta especie) han sido rodeadas e incluso borradas por fenómenos como la deforestación, la minería legal e ilegal y, en general, el avance de la frontera agropecuaria. Las áreas de siembra y pastoreo crecen horizontalmente en detrimento de los ecosistemas por los que se mueve el jaguar en Caquetá, Guaviare y la Serranía de San Lucas, al norte del país.

El IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia) ha determinado en sus informes que el Caquetá es el departamento con mayor cantidad de hectáreas deforestadas en el país. Entre Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán aportan cerca del 20% de la tasa total de hectáreas deforestadas a nivel nacional. Lo anterior, unido a la cifra de 1.500.000 cabezas de ganado distribuidas en un total de 1.500.000 hectáreas (1 vaca por hectárea), pone en serios aprietos a diferentes especies que encuentran en los bosques del Caquetá su hábitat o un paso necesario en sus rutas migratorias.

Es el caso del jaguar. El avance de la ganadería sobre sus corredores ha generado que sean cercas y fincas las que deban ser esquivadas por el animal en su paso por el departamento. Así pues, el conflicto suscitado por el ataque del felino a ese ganado desemboca en una caza retaliativa ejercida por los mismos campesinos y propietarios de las vacas atacadas.

Precisamente desde la concentración de las FARC en las zonas destinadas para su desarme, la deforestación en el Caquetá ha estado directamente relacionada con el avance de las zonas de ganaderías sobre los bosques y la selva amazónica. Comunidades campesinas de la región han denunciado la llegada de grandes propietarios que llegan de otros municipios a patrocinar talas de 100 y 200 hectáreas para cercar la tierra. Esto desemboca en que el registro de felinos dentro de las fincas se multiplique, como es el caso de Montañita, Caquetá, municipio en donde hay un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de las FARC, y en el que se han llegado a registrar más de tres avistamientos del jaguar este año, según reportes de Corpoamazonía.

Lo anterior ha disparado las alarmas en torno a la vulnerabilidad en la que se encuentra esta especie ante la posibilidad del escalamiento del conflicto con los campesinos y ganaderos, al estar los rebaños y las fincas donde antes el jaguar encontraba senderos ecológicos y sus Unidades de Conservación. La seccional en Caquetá de Corpoamazonía ha declarado que no da abasto atendiendo las llamadas de ciudadanos que dicen haber visto individuos de jaguar cerca de sus propiedades. Se ha denunciado que a las fincas que han sido frecuentadas por el felino han llegado grupos de personas a ofrecer sus servicios para matar al animal culpable del ataque al ganado.

A un año de la firma del acuerdo de paz, la presencia del jaguar en la región del Caquetá no es un asunto nuevo. Sin embargo, el alza en el número de ataques de jaguar a potros y vacas puede entenderse en términos causales con el fenómeno de la deforestación. Las fincas que debe rodear el felino para cruzar sin riesgos el departamento son cada vez más grandes, las distancias cada vez más largas y, al acortar camino cruzando las fincas, el jaguar queda expuesto a los peligros del encuentro con los campesinos que han criminalizado su presencia en este territorio.

Uno de los objetivos principales de la Reforma Rural Integral negociada en La Habana tiene que ver con detener el avance de la frontera agropecuaria en el país y, como se ve en el caso del jaguar, este proyecto tiene mucho que ver con la vida y la conservación de especies y ecosistemas referentes de la biodiversidad en Colombia.