Conocíamos recientemente las cifras sobre la evolución de la inversión en materia educativa en nuestro país desde el año 2009 hasta hoy y los datos son espeluznantes. Desde el año 2009, con un gasto de 53.000 millones de euros, hasta el año 2013, se produce una caída en picado de casi 9.000 millones de euros. A partir de ese año comienza a crecer la inversión de forma prácticamente insignificante hasta alcanzar los 49.000 millones de euros en el año 2017.

Este mínimo crecimiento coincide con los años de mayor inestabilidad política por las dificultades para formar Gobierno y la repetición de los procesos electorales con sus consiguientes campañas de captación de votos. Desde el año de la estabilización política, aunque sea con un Ejecutivo en minoría, hasta hoy, es decir, en poco más de un año, el gasto ha vuelto a decrecer de forma brutal con una caída de 3.000 millones de euros y, según los datos de previsión que se han enviado a Bruselas, se estima que la caída va a ser aún mayor, situándose el porcentaje de inversión en mínimos históricos, por debajo del 3,8 por ciento. 

Es curioso que, mientras nos hablan de recuperación y crecimiento macroeconómico, la inversión en educación sigue cayendo y la tasa de abandono escolar temprano, es decir, personas que no continúan su formación una vez conseguido el título de la ESO, va en aumento.

Es evidente que con menos no se puede hacer más, por mucha voluntad que pongan las y los docentes en el ejercicio de su profesión y por muchos esfuerzos que hagan las familias, a pesar de sus dificultades para llegar a fin de mes. La realidad es que con menos habrá menos docentes en los centros educativos, mayor número de alumnado en las aulas y, por tanto, peor atendidos, y mayor carga de trabajo para los docentes.

Esa carga no será ya solo en términos de burocracia y reuniones sino en cuestiones que tienen que ver con el agotamiento y el estrés que supone querer atender de forma integral a cada uno de los estudiantes y a sus familias, como realmente se merecen, con el objetivo de que cada uno de ellos llegue a alcanzar el máximo de sus posibilidades, lo que es su derecho y nuestra obligación.

La oferta de plazas educativas en niveles no obligatorios como la Educación Infantil, el Bachillerato y la FP también se verá mermada y por tanto muchas personas, especialmente aquellas que viven en núcleos más desfavorecidos o incluso en el mundo rural, no podrán continuar sus estudios, especialmente, si no cuentan con becas de comedor y transporte.

La formación permanente del profesorado a cargo de las administraciones públicas, o los planes y proyectos educativos de carácter innovador evidentemente también quedarán reducidos a la mínima expresión, lo cuál supone un deterioro de la calidad en la Educación Pública cada vez más sangrante.

Es en este contexto en el que los partidos políticos nos siguen engañando y manipulando a la opinión pública, haciendo que se reúnen para ponerse de acuerdo para mejorar la calidad de la educación, cuándo lo único que persiguen es un titular para seguir silenciándonos mientras ellos continúan con su hoja de ruta hacia el deterioro de lo público para favorecer intereses privados.

Ya es hora de que la sociedad les digamos que así no, que no nos pueden engañar más porque sabemos que están manejando a su antojo un derecho social básico. Es hora de despertar de la zozobra colectiva porque la trayectoria económica de la inversión en educación responde más a una estrategia neoliberal y privatizadora que a un compromiso real con la sociedad.