El año ha comenzado con importantes noticias económicas para Catalunya. El país registró un récord de empleo a finales de 2025. Pero algo no encaja con la realidad de millones de personas del país. Bajo esta avalancha de titulares y esta apariencia de bonanza se esconden datos que hacen chirriar el relato triunfalista del Govern, ejemplificado en el Conseller de Presidència, Albert Dalmau, quien recientemente se jactaba en redes sociales del crecimiento de la economía catalana, que se sitúa por encima de la media europea.

El señor Dalmau confía en un espejismo. Y es peligroso, porque esta mejora no se ha traducido en una mejora real de las condiciones de vida. Ni mucho menos. Hace unas semanas conocíamos el informe FOESSA, presentado por Cáritas, con un diagnóstico contundente: el 38% de la población ocupada en Catalunya es pobre. Hablamos de 1,4 millones de personas que trabajan y cotizan, pero que no llegan a fin de mes con tranquilidad. Los últimos datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) muestran que Catalunya se encuentra entre los territorios con más pobreza de Europa (24,85%, a la altura de Bulgaria y Rumanía) y, especialmente, aumenta en los hogares con hijos (30,8%).

Este es el tabú económico del país para las élites económicas, que se niegan a reconocer que su modelo no funciona: trabajar ya no es una garantía contra la pobreza. Nos hemos acostumbrado a medir el éxito del país con variables macroeconómicas, pero no con la que realmente importa: si los salarios permiten vivir bien. Y estos datos no son flor de un día, sino que tienen raíces profundas.

Entre 2018 y 2024, el número de personas con empleo en Catalunya ha crecido un 13,8%, sobre todo en el sector servicios y en la construcción. Pero este impulso no se ha traducido en mejoras salariales. La inflación disparada desde 2021 ha engullido cualquier incremento, y el resultado es que miles de personas trabajan cada día por sueldos que no les permiten cubrir necesidades básicas.

Si lo miramos en clave europea, los casos de Italia y España son paradigmáticos. Un salario de 1.000 euros en 1991 hoy son 1.308 en la media de la OCDE o 1.284 en Francia. En cambio, son solo 1.028 en España y 1.005 en Italia. Es decir, hemos pasado treinta años trabajando, las grandes cifras hablan de un gran crecimiento, pero tú ganas prácticamente lo mismo. La causa principal la conocemos: un modelo productivo de bajo valor añadido y una dependencia desmesurada del turismo y de los servicios de baja productividad.

En este contexto, la única política que realmente ha impulsado los salarios al alza ha sido la subida del salario mínimo. Pero el impacto ha sido más limitado en Catalunya, donde los precios y el coste de la vida son mucho más elevados. Pero nada de esto es inevitable. Los salarios no son la ley de la gravedad: son una decisión colectiva y dependen de decisiones políticas.

Catalunya no está condenada a reproducir el modelo de crecimiento español: cada vez más puestos de trabajo y más trabajadores pobres. ¿Por qué debemos conformarnos con estas cifras de pobreza y con un país en el que ni siquiera funcionan los trenes que te tienen que llevar a tu lugar de trabajo? A menudo nos sorprende el ascenso de los discursos reaccionarios, pero si aceptamos con resignación que casi cuatro de cada diez trabajadores sean pobres, el futuro será suyo.

Necesitamos una agenda económica catalana con el compromiso de todos los actores: trabajadores, sindicatos y también la clase empresarial. Necesitamos encontrar un camino propio para escapar del modelo productivo basado en el monocultivo turístico y la economía “low cost”, y apostar decididamente por la reindustrialización, la innovación y los servicios de valor añadido. Y necesitamos el compromiso de todas las fuerzas políticas del país con un salario mínimo catalán que responda a los precios y al coste real de vivir en el país. Este es un mínimo imprescindible para empezar a revertir esta situación crítica.

En seis meses no había podido hacer otra cosa sino «volver siempre mañana», y que a la vuelta de tanto «mañana», eternamente futuro, lo mejor, o más bien lo único que había podido hacer bueno, había sido marcharse. En 1833 Mariano José de Larra publicaba Vuelva usted mañana. Un texto del siglo XIX para hablar de una política que se mantuvo en el siglo XX y que, sin haber cambiado apenas, sigue viva en pleno siglo XXI.

Ejemplos no faltan. Hace unas semanas vivimos el colapso de los sistemas informáticos para las ayudas de 2.000 euros a 10.000 autónomos en Catalunya. Una ayuda a la que se debería haber accedido en función del cumplimiento de unas características y requisitos, y no en función de la rapidez en rellenar una solicitud online de los más de medio millón de autónomos catalanes.

Seguimos: recientemente supimos que en la demarcación de Barcelona sólo el 15% de las personas en situación de desempleo a partir del mes de agosto habían cobrado la prestación. Muchas personas desocupadas no habían recibido su prestación de paro en los últimos tres meses por la saturación de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que se suman a muchas otras que llevan meses con los pagos de los ERTE varados en la maquinaria burocrática. 

Y por citar un último caso: el Tribunal de Cuentas Europeo, en un informe del pasado mes de septiembre, afirmó que dos de cada tres euros que España recibe de las ayudas de la UE no se aprovechan, no se gastan y se pierden por ineficiencia institucional. Entre los años 2014 y 2020 España sólo ha aprovechado el 39% de las ayudas europeas que recibía, siendo el tercer estado con menos capacidad de absorción, sólo por delante de Croacia e Italia. De hecho, la Comisión Europea ha recomendado a España y al resto de estados que recibirán fondos de reconstrucción invertir parte de estos recursos en la digitalización y la modernización de la Administración pública. 

Vivimos tiempos exigentes, que demandan respuestas rápidas por parte de la política. Pero las soluciones no son efectivas sin unas instituciones del siglo XXI. Somos una sociedad agotada que tras arrastrar los efectos de una década de crisis en la que la política no supo ofrecer las respuestas y soluciones necesarias, ahora se topa con una nueva. Una sociedad frustrada por las promesas incumplidas, que vive con recelo y con desconfianza cuál será la capacidad de respuesta de la política en esta etapa. Así lo indica el Centro de Estudios de Opinión en su último barómetro: sólo el 38% aprueba a los políticos.

Entender el mundo en que vivimos es más necesario que nunca porque son muchos los que en la última década han comprobado como, a pesar de seguir con obediencia la trayectoria y pautas que debían llevarlos a mejorar las condiciones de vida de sus padres, descubren lo difícil que es hoy sacar adelante un proyecto profesional o vital. Y como hemos podido comprobar en los últimos días, desde la perspectiva de un autónomo o de un pequeño empresario o, de hecho, de cualquier ciudadano que sufra los impactos de la crisis, seguir con unas instituciones del siglo XX tiene demasiados riesgos.

Somos testigos de un cambio de época. Hace más de veinte años que se está gestando, y se acelera con la crisis que hemos vivido. Nada volverá a ser igual. Y, por ello, la política no puede hacer como si nada. Y a diferencia de hace una década, para canalizar el sufrimiento provocado por esta nueva crisis, esta vez no podremos contar con la ilusión de la primera fase del proceso independentista, ni tampoco con la “apertura constituyente” que ofrecía el 15M. Para canalizar la decepción por las promesas incumplidas y la frustración por la falta de oportunidades, se necesitan respuestas al cambio de época por el que pasamos.

Ante “la nueva normalidad” del miedo, la incertidumbre y la frustración, necesitamos una política que sea empática, que conecte con el estado de ánimo de la gente. Una política empática no es sólo una actitud, es aquella que se demuestra útil para recuperar el control de nuestras vidas. Necesitamos más capacidad de adaptación y flexibilización para atender una sociedad cada vez más heterogénea y cambiante. Necesitamos unas políticas más transversales que amplíen la mirada sobre la realidad, la búsqueda de alianzas y la complicidad entre varios actores para llevarlas a cabo.

Debemos trabajar por una institución capaz de liderar, de gestionar redes, de monitorizar, evaluar, de arriesgarse, de rectificar, de rendir cuentas. Con nuevas fórmulas de participación adaptadas al siglo XXI, conectadas con la potencialidad de la transformación digital. Necesitamos una política transparente que muestre credibilidad y genere confianza. Y, también, una política que incentive los expertos más dinámicos del mundo académico, profesional o comunitario, los más activos y con más capacidad de ofrecer respuestas, para que se decidan a dar un paso temporal a las instituciones para ofrecer sus conocimientos y su compromiso para trabajar por la gente.

Porque necesitamos toda la convicción y ambición posible para modernizar las instituciones y el país y construir un nuevo futuro. El único camino hoy es ofrecer una política del siglo XXI. Toca Reiniciar la política, para actualizarla a los nuevos tiempos, para adaptarla a la complejidad, para que vuelva a ser útil. La situación pide un “reset” para reiniciar una política del siglo XXI.

Elisenda Alamany es concejal por ERC-NOVA en el Ayuntamiento de Barcelona. Xevi Montoya es concejal por Guanyem Girona en el Ayuntamiento de Girona. Marc Grau es presidente de NOVA y consultor político.

En los próximos días el president de la Generalitat podría decidir la fecha de las próximas elecciones al Parlament de Catalunya. Una decisión que se tome, o no, marcará la gobernabilidad de nuestro país durante los próximos meses. En política y, de hecho, esto se podría aplicar en la mayor parte de dimensiones de nuestra vida, la toma de decisiones no se basa en pasar de la situación actual a una situación ideal, sino en saber elegir la mejor opción de entre las opciones posibles. Es decir, cuando tenemos que elegir entre diferentes opciones disponibles, debemos decantarnos por aquella con la que salimos mejor y más fortalecidos.

En el momento en que escribimos estas líneas, el president Torra espera recibir noticias de una más que probable inhabilitación. Una inhabilitación por haber mantenido puesta unas horas una pancarta en la que se pedía la libertad de los presos políticos.

Una sentencia injusta que demuestra la debilidad democrática de un poder judicial que no investiga las corruptelas de la monarquía, ni ataca con firmeza las malas prácticas bancarias, pero no duda a la hora de atacar cualquier muestra de libertad de expresión. Una sentencia injusta que el Tribunal Supremo de seguro no rectificará, sino que avalará y aplaudirá.

Hasta que se confirme la inhabilitación, el president tiene la potestad de decidir la fecha de las próximas elecciones. En caso contrario, una vez que el Supremo ratifique la sentencia condenatoria, ésta será firme y se activará el procedimiento previsto que acabará con unas nuevas elecciones. Y esta situación nos lleva al peor escenario: Catalunya quedará sin president y con un gobierno en situación provisional durante un período que podría superar los cuatro meses.

Sea cual sea la decisión, parecería de sentido común tener en cuenta cuál es la que nos deja en mejor situación. La que deja en mejor situación al país; no a unos partidos o a la mitad de un gobierno. De lo contrario, estaríamos haciendo pagar una anomalía democrática a la ciudadanía.

Una anomalía democrática que nos llega en medio de una pandemia que ha hecho que vivamos en una situación de incertidumbre y de dudas generalizadas que no pueden encararse con unas instituciones débiles o un gobierno descabezado. No podemos parar el país y necesitamos un gobierno que dé respuesta a las necesidades y los retos de un nuevo tiempo. Somos una sociedad que ha cambiado mucho en los últimos años, unos cambios que se aceleran en cada crisis que vivimos. Ni las dinámicas sociales o económicas, ni la concepción del trabajo, ni las estructuras sociales y familiares o las formas de interacción son las mismas (ni lo volverán a ser) y no podemos poner el país en pausa.

En este contexto, es injusto e incomprensible estar hablando de un president inhabilitado por retirar una pancarta unas horas tarde. Y es un escándalo que los tribunales decidan quién es presidente, o no, de Catalunya. Pero si el Tribunal Supremo inhabilita Torra, no podemos quedar paralizados y no podemos permitirnos el lujo de bloquear las instituciones catalanas. Los próximos meses necesitaremos más que nunca un gobierno para dar respuesta a la situación delicada por la que pasamos. Quedarnos meses con un gobierno provisional no nos hace más fuertes como país. En plena pandemia y crisis económica no es momento de gesticulaciones ni de “jugadas maestras”, es momento de estar a la altura y tener un gobierno fuerte que haga políticas que protejan la ciudadanía e impulsen la economía catalana.

Después de todo, la política tiene sentido si es útil. En este sentido, cuando hablamos de la mejor estrategia soberanista no deberíamos hablar sólo de lo que deben hacer unos partidos, o una parte del país. Hablamos de cuál es la mejor estrategia para el futuro de Catalunya. Construir un país nuevo, tomar decisiones, encarar una pandemia, reactivar la economía y combatir la represión se hará con un gobierno fuerte, no con una situación de provisionalidad absoluta.

La fecha de las elecciones y la posibilidad de dejar el país durante meses con un gobierno provisional es algo demasiado serio como para que sea una decisión que tome el Tribunal Supremo o que se tome en función de los intereses internos de un partido. Hoy lo que está en juego, lo que depende del president de la Generalitat, es la decisión sobre la fecha de las próximas elecciones. La cuestión es si las convocamos ahora para tener un gobierno fuerte lo antes posible o nos resignamos a meses de provisionalidad. Lo que tenemos que valorar es si avanzamos o retrocedemos con cada opción disponible. Si salimos más fuertes o más débiles.

En el aniversario del 1 de octubre y con la mirada puesta en la eventual sentencia al procés se hace difícil no pensar en lo inmediato. Es decir, cómo dar respuesta a una eventual sentencia que no augura ninguna salida a un conflicto político.

No obstante, estoy convencida de que la estrategia del independentismo ha de saber combinar la reacción con la propuesta. Es decir, presente y futuro. Y no hipotecar lo segundo con lo primero. En este contexto, la situación reclama que a más represión, se responda con más iniciativa política.

Catalunya vivió en 2008 el inicio de una crisis social, económica e institucional que abrió un ciclo que tuvo como protagonistas el movimiento soberanista, la indignación hacia una clase política que había vivido de espaldas a la sociedad, movimientos sociales provivienda, mareas ciudadanas en defensa de los servicios públicos, el movimiento feminista, las demandas ecologistas, etc. Esos han sido los síntomas de un cambio de época al que las instituciones aún tienen que dar respuesta. Esos son retos a partir de los cuales tendría que construirse un proyecto nuevo de país. Y es, precisamente, en la medida que sepamos dar respuesta a esos retos que el proyecto soberanista podrá ser más fuerte.

Ante una política de regresión de derechos y libertades que no sólo afecta a Catalunya, sino al conjunto del Estado, algunos pueden pensar que vamos a tirar la toalla y que vamos a abandonar nuestras legítimas reivindicaciones para decidir y construir libremente nuestro futuro. Otros quizás querrán que avancemos a ciegas o que nos tiremos al monte.

No vamos a resignarnos. No vamos a renunciar a nada. Y queremos ser más y más fuertes, dando respuesta a los retos que afronta Catalunya en todas sus dimensiones. Buscando soluciones democráticas al conflicto y a la vez encarando las demandas de la ciudadanía. A más represión, más iniciativa política.

Llama un amigo de Madrid y me comenta que está totalmente enganchado a la actualidad catalana como si de una serie se tratara, que si vamos (o no) a tener gobierno y si realmente se puede investir a distancia un presidente. Le explico que sabemos poco y que quedan aún muchas incógnitas por resolver. .

Leo, también, sorprendida propuestas que entraron a registro esos mismos partidos marquetinianos de la política y que parecen hechas por un periodista, porque efectivamente fueron olisqueadas en un periódico para acabar ahí de nuevo como flamantes propuestas políticas.

El miércoles pasado se constituyó la Mesa del Parlament: el órgano responsable de hacer cumplir el reglamento y mantener el orden durante las sesiones parlamentarias. Y se hizo con sólo 4 de los 7 partidos que se presentaron a las elecciones (Cs, JxCat, ERC y PSC). Los 'comuns' quedaron fuera pese a la voluntad de ser garantía de que no volvíamos a presenciar una mesa de “bloques”.

La Mesa del Parlament es la institución democrática que ha de pretender la máxima neutralidad (esa a la que sólo se llega con pluralidad) para llegar a ser la Mesa de todos y no de una parte. Pero la fotografía mató las intenciones. La Mesa del Parlament no logró reflejar ni la pluralidad política que expresaron las urnas, como tampoco la paridad de género entre hombres y mujeres que toda institución tiene el deber de reflejar.

Ciertamente, andábamos tan ensimismados con lo urgente que olvidamos lo importante. El Parlament con más mujeres de la historia -59 en total- configuró una mesa con sólo una mujer. Nadie de los que pudieron intervenir en la configuración de la mesa lo vio venir (JXCat y Cs propusieron dos hombres como miembros de la mesa), nadie se extrañó al verlo, ni mucho menos se esmeró en corregirlo. La Mesa como síntoma. Una fotografía de lo que hemos vivido los últimos años donde no se ha avanzado, más que en lo simbólico, en términos nacionales y sociales.

Roger Torrent, el presidente de la Cámara electo, se acercó a nuestros escaños y se comprometió a enmendarlo. Su discurso posterior, lleno de buenas intenciones, destacó los valores de la convivencia y de la diversidad. Le tomo la palabra. Que la mesa no sea un presagio, sino un epílogo, y que seamos capaces de inaugurar realmente una nueva época para Catalunya.

En un tiempo donde parece que unos y otros hayan renunciado a la política para hablar de cumplimiento de leyes e interpretación de reglamentos, algunos creemos que ha llegado la hora de la política.