Hay mantras tan repetidos que acaban adquiriendo la categoría de verdades incuestionables con resultados que, como veremos, están lejos de ser inocuos. Una de ellas es que en España se pagan muchos impuestos, más que en otros países europeos. Nada más lejos de la realidad, la presión fiscal española es 6,9 puntos inferior a la media de la zona Euro y nuestro esfuerzo fiscal -entendido como lo que recauda un estado en relación a su capacidad recaudatoria potencial- está al nivel de Hungría y es la mitad que el danés.

En la última década, ha sido el impuesto de sociedades el tipo impositivo que ha arrastrado hacia abajo nuestra recaudación; muy especialmente en lo que respecta a la contribución los grandes grupos consolidados, cuyos tipos efectivos son más bajos que los de las empresas más pequeñas (6,14 vs. 15,4). En 2007, 22,3 de cada 100 euros recaudados provenían del impuesto de sociedades, ahora sólo son 12 de cada 100. Lo que ha subido es el peso de lo recaudado que cae sobre familias en forma de IVA e IRPF, lo que puede hacer compresible que haya quien crea que en España se pagan muchos impuestos¸ ya que una parte desproporcionada de ellos salen de sus bolsillos.

Recaudar poco sale caro, muy caro. Oxfam hace público hoy su informe anual denunciando la crisis de desigualdad global y coincidiendo con el inicio del Foro Económico de Davos. En él hablamos de cómo durante la crisis en España la desigualdad se desbocó y durante la recuperación no la hemos controlado; la distancia entre el 10% de la población con más ingresos y el 10% con menos es la segunda de la UE que más ha crecido desde 2008 tras Bulgaria. A diferencia de lo que pasa a nivel Global y en muchos otros estados en los que la desigualdad se explica por el acaparamiento de la riqueza en manos de un puñado de hombres muy afortunados (a nivel global, cada día durante del año pasado el patrimonio de los más ricos aumentó en 2.500 millones de dólares), en nuestro país lo que pasó es que se descalabraron las familias de menos ingresos que perdieron una parte desproporcionada de sus ingresos y que no han recuperado.

No sólo los más pobres son mucho más pobres; si no que hay un mayor porcentaje de población que vive por debajo del umbral de pobreza, un incremento que se ha hecho a consta de las clases medias, especialmente de la clase media baja. Acabada la crisis, una de cada seis familias de este nivel de ingresos había caído en la pobreza y muchas de ellas ahí siguen. La tasa de pobreza aumentó 4 veces más de lo que se ha reducido desde que se inició la recuperación.

Hasta la primera década de este siglo y con el estallido de la crisis, nuestra sociedad había sido capaz de ir reduciendo paulatinamente la desigualdad y la pobreza, cohesionándonos por el medio. Sin embargo, nos hemos polarizado a consta de un adelgazamiento de las clases medias. Es precisamente nuestra incapacidad de recuperar a muchas de las familias que se empobrecieron y rebajar la tasa de pobreza lo que sale especialmente caro de ese recaudar poco.

No es casualidad: si recaudamos menos no podemos invertir más; si nuestra presión fiscal es 6,9 puntos menor que la media de la zona euro, será comprensible que, igualmente, invirtamos 5,7 puntos de PIB menos que Alemania en protección social –pensiones excluidas- o 6,8 menos que Francia. Incrementar lo que recaudamos y aumentar los fondos dedicados a transferencias de lucha contra la pobreza y la exclusión, ayudas a la vivienda o protección a la familia, no es radical, no es insostenible, es simplemente europeo. 

Que no podamos dedicar más presupuesto a transferencias públicas del sistema de protección social es parte de la razón de que, sin contar las pensiones, nuestro sistema reduzca la pobreza 8 puntos menos que la media europea. Mientras que Finlandia, Dinamarca o Irlanda sacan de la pobreza gracias a transferencias públicas a 1 de cada 2 personas; nosotros no llegamos ni a 1 de cada 4. Habrá más crisis en el futuro y si no rescatamos a los que cayeron en esta última, tampoco podremos hacerlo con los que suframos las siguientes. Aprovechar los periodos de crecimiento para reformar y hacer más eficiente nuestro sistema de protección social contra la pobreza es prepararnos para cuidarnos los unos a los otros cuando las vengan mal dadas.

No reducir la desigualdad y la pobreza son malas ideas por muchas razones: menos cohesión social, menos crecimiento económico y, para muchos, un disfrute desigual de derechos y oportunidades. Precisamente es para estos hogares para quienes sale más caro que no nuestra reducida presión fiscal no nos permita invertir más en protección social contra la pobreza. Sin mecanismos que ayuden a las familias, la pobreza se convierte en una losa, una condena sine die que, en una sociedad más desigual, se hereda en mayor medida de una generación a la siguiente. Padres y madres del 10% más pobre de los hogares tendrán que esperar a sus tataranietos para que, tal y como estas las cosas a día de hoy, una generación de su familia llegue al nivel de ingresos medios.

Para borrar la falsedad de que se pagan muchos impuestos, que no pese sobre las voluntades y discursos de aquellos que tienen que reformar nuestro sistema fiscal en aras del bien común y lograr los fondos con los que desarrollar un mejor dotado y más eficiente sistema de protección social contra la pobreza, Oxfam Intermón lanza hoy no sólo un informe si no una campaña pública (www.elprivilegiodedecidir.org), donde mostramos el impacto que la desigualdad y la pobreza tienen en esas familias a las que no se las apoya como debiera. Para que las mentirijillas con importancia sean sustituidas por verdades inaceptables.

La crisis que azotó a España a partir del 2008 hizo que muchas personas se tuvieran que apretar el cinturón; pero si hubo a alguien al que el cinturón casi ahoga fue a las rentas más bajas, las que vieron que sus ingresos caían de forma desproporcionada por una combinación de desempleo, devaluación salarial y, en muchos casos, una ausencia de protección efectiva por parte de nuestro sistema de protección social contra la pobreza. 

A partir del inicio del crecimiento de nuevo y la creación del empleo, hay quien ha podido soltarse más las apreturas que otros. De nuevo, si la crisis fue asimétrica porque sufrieron más los de abajo, la recuperación lo fue porque una mayor parte del crecimiento fue a manos de los de arriba gracias a una evolución muy diferenciada de las rentas del trabajo y las del capital: mientras que los salarios no crecían, los aumentos en productividad se vieron dirigidos a beneficios que se transformaron en su mayoría en dividendos. A modo de ejemplo, los beneficios de las sociedades no financieras, crecieron en 2017 un 13,8%, acumulando 6 años de crecimiento. Por su parte el salario medio creció ese año un 0,4%. Como la mayoría de nosotros y nosotras vivimos de los salarios y las rentas del capital están muy concentradas (en 2015, el 5% de la población con mayores rentas de capital capturaban alrededor del 50% de ellas) la desigualdad se incrementa. 

De esta forma la decisión del pasado 21 de diciembre de subida el Salario Mínimo Interprofesional en un 22% hasta llegar a los 900 euros al mes en 14 pagas, no es baladí por su potencial en la reducción de la desigualdad al aumentar el peso de los salarios en la economía y reducir la desigualdad salarial. Se trata de empezar a canalizar la recuperación hacia las rentas más bajas. Nada menos que 1,34 millones de personas trabajadoras verán, a partir de enero, subir el sueldo que reciben cada mes. 

El análisis en términos de género y de mejora de la situación de la mujer es obvio: son ellas las sobrerrepresentadas en la parte más baja de la escala salarial y son ellas las que tienen en mucha mayor proporción contratos temporales. La mitad de las personas beneficiadas de esta subida del SMI tienen contratos parciales. 

Incertidumbre o hecatombe

Las voces normalmente contrarias a subir el SMI no se han hecho esperar alegando que el impacto que puede tener en el mercado laboral en forma de destrucción de empleo o de ralentización en la creación del mismo puede incluso aumentar la desigualdad de ingresos al incrementarse el desempleo, la posibilidad de que se trabajen menos horas o de que aumente la informalidad. 

La predicción de la hecatombe es una constante ante las subidas de los SMI y, si bien es cierto que una subida de tal magnitud abre la puerta a cierta incertidumbre en el impacto sobre el mercado laboral, la certeza con la que se hacen algunas de las predicciones más pesimistas recuerda a otros momentos de subida en los que, finalmente, no se acabó el mundo.  En 2015 Alemania y a pesar de la oposición de los economistas más ortodoxos, tomó la decisión de introducir un salario mínimo obligatorio por primera vez y su impacto en las rentas más bajas fue mayúsculo; se redujo la proporción de aquellas personas con bajos salarios y fue el país europeo que más redujo su desigualdad en 2015. La previsión de algún lobby empresarial de que se iban a perder hasta 570.000 puestos de trabajo se quedó en nada. 

Es cierto que no tenemos el mercado laboral alemán, tenemos un paro elevado y la precariedad es una constante en la vida de muchos y muchas. Las estimaciones en reducción de puestos de trabajo o ralentización en la creación de los mismos varían entre los 40.000 empleos de la Airef a los 150.000 del Banco de España; pero el argumento de que eso nos tiene que llevar a que los incrementos del SMI han de ser mucho más tímidos es una falacia. 

Si son aquellos con poca empleabilidad como las personas trabajadoras jóvenes o los mayores con baja cualificación los que según estas previsiones se van a ver afectados, la decisión a la que esto debería llevar es a complementar la subida del SMI con el incremento de las políticas activas de empleo dirigidas a estos colectivos; políticas que, en España, están infradotadas y son menos efectivas que en otros países vecinos al nuestro. Por un incierto e incalculable efecto sobre un colectivo de personas trabajadoras a las que, sin duda, hay que apoyar con otras medidas, no podemos justificar que 1,37 millones de personas sigan con el cinturón apretado.

Hay vidas que cuesta creer, hay injusticias que no parecen de este siglo. Y, sin embargo, son, tan cotidianas, tan cercanas, tan de todos los días, que no las vemos. La precariedad laboral tiene rostro de mujer, tiene el rostro de Lucía, y Lucía es invisible.

Lucía lleva 5 años trabajando para el mismo empleador y no tiene vacaciones pagadas, derecho que adquirieron los asalariados en nuestro país nada menos que en 1931. Si Lucía se pone enferma, no entra dinero en casa. Si Lucía se rompe un brazo, ese mes hay que endeudarse para pagar el alquiler. A Lucía le pueden decir “mañana no vuelvas” y se va con una mano delante y otra detrás, a pesar de que la prestación por desempleo se generalizó en España a partir de 1961. Lucía va a pasar 40 años rompiéndose la espalda y su pensión rondará los 380 euros de la actual pensión no contributiva. Exactamente la misma cantidad que si se hubiera pasado esas cuatro décadas sentada. Estamos en 2018 y Lucía tiene los derechos laborales propios del siglo XIX. En España se calcula que hay más de 600.000 Lucías, y seguro que todas las personas que lean esto conocen alguna. Lucía es trabajadora del hogar.

Cuando las mujeres salimos de casa para escribir en periódicos, diseñar edificios, ser profesoras de universidad o incluso ministras y nuestros compañeros no recogieron el guante de la corresponsabilidad, otras mujeres entraron en nuestros hogares: las cotidianas e invisibles. Y cuando nos fuimos, cerramos la puerta tras nosotras, no miramos atrás: no pensamos que Lucía, como cualquier trabajadora, debería cotizar. Y no lo hace no sólo porque la persona que la emplea ha decidido no mirar atrás, sino porque la normativa española no ayuda a ello. Las que cotizan (1 de cada 3 no lo hacen y las que lo hacen no suelen hacerlo por el total de las horas trabajadas) no están incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social y, por lo tanto, no tienen igualados sus derechos a los de otras trabajadoras.

De historias como la de Lucía está lleno el último informe de Oxfam ‘Voces contra la precariedad. Mujeres y pobreza laboral en Europa’ que analiza las causas y consecuencias de la pobreza laboral de las mujeres en nuestro continente, plantea algunas soluciones y arroja datos escalofriantes como que en nuestro país una de cada dos familias monoparentales (la inmensa mayoría monomarentales y altamente dependientes de la calidad del empleo de la mujer) viven por debajo del umbral de la pobreza.

La rápida incorporación de la mujer al mundo laboral no ha venido acompañada de un cambio igual de rápido en el valor que la sociedad da a nuestro trabajo. Lo que nosotras hacemos vale menos. Por si fuera poco, hemos salido de casa, pero “no del todo”. Las responsabilidades en el hogar y la maternidad juegan en nuestra contra y son en parte responsables de la brecha salarial de género (esa por la que por cada euro que gana un hombre, una mujer ingresa 84 céntimos); pero, también, de que sean más mujeres las que se concentran en la parte baja de la escala salarial y las que viven en mayor precariedad.

En España, las mujeres tienen el doble de posibilidades que los hombres de tener un trabajo con salarios bajos. Algo más de 7 de cada 10 salarios mínimos va a manos de una mujer y los contratos parciales de ellas multiplican prácticamente por tres a los firmados por hombres. El 87,9% de las personas que trabajan en el sector doméstico y de cuidados, uno de los más precarios del mundo, son mujeres. La segregación sexual del trabajo lleva a que las mujeres estén sobrerrepresentadas en los sectores menos valorados y peor pagados (hostelería, restauración, limpieza y agricultura).

Si el precariado está compuesto por mujeres, cualquier medida encaminada a reducir la precariedad laboral es, por lo tanto, un paso decidido en pos de la igualdad entre los sexos. Bastaría con repasar algunas recomendaciones recogidas en este informe: desde penalizar a empresas que abusan de la temporalidad a retocar algunos de los cambios introducidos por el Partido Popular en la contratación parcial y que limitan el poder de las personas trabajadoras para controlar el tiempo de su jornada. Por supuesto, cualquiera de las políticas públicas que pueden descargar de trabajo de cuidado a las mujeres beneficiarán especialmente a las más pobres, desde educación infantil de 0 a 3 años universal y gratuita a acabar con las listas de espera del sistema de atención a la dependencia.

Pero si hay algo que esta organización demanda y le vendría muy bien a Lucía es la ratificación por parte de España del convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los derechos de las trabajadoras de hogar. Durante su paso por la oposición, el PSOE hizo reiteradas declaraciones en el Congreso sobre la necesidad de ratificar este documento y adaptar en consonancia la normativa española. Sin embargo, desde que este partido tiene la responsabilidad de gobernar no ha vuelto a mencionar el convenio 189. Otros países de nuestro entorno ya han puesto en marcha medidas innovadoras para facilitar que los empleadores de estas mujeres paguen su cotización. Los actuales responsables del Ministerio de Trabajo sólo tienen que copiarlas y mejorarlas.

Luchar por el empleo digno es de lo más feminista que puede hacer el actual Gobierno. Esperemos que las ministras que tiene este Ejecutivo no se olviden de mirar atrás al salir de casa.

Hace unos pocos meses, cuando aún era presidente, Mariano Rajoy nos sorprendió haciéndose una foto en la Moncloa con las Kellys, uno de los colectivos laborales más afectados por la crisis. Por la misma razón, por ser legítimos demandantes de mejoras laborales tras una devaluación significativa de sus condiciones, Rajoy podría haberse visto con un grupo de teleoperadores, hacerse una foto con guardias de seguridad, con los técnicos que instalan los cables del teléfono o con el personal de soporte informático de muchas de las grandes empresas de este país. Y esa es la foto donde queremos ver al Presidente Sánchez y a la nueva Ministra de Trabajo.

Una foto con trabajadores y trabajadoras que han vivido en sus carnes la progresiva pauperización del empleo gracias a la subcontratación, utilizada como una vía rápida para la reducción de costes salariales y no como una forma flexible de acceder a servicios y profesionales especializados. Una tendencia en alza que se ha visto favorecida por las debilidades en la regulación de la subcontratación de nuestro Estatuto de los Trabajadores.

Los diputados y diputadas miembros de la Comisión de Empleo y Seguridad Social llevan tiempo debatiendo sobre una propuesta bastante modesta que el PSOE hizo en su día para mejorar la situación de las personas trabajadoras subcontratadas y que consistía en cambiar un artículo del Estatuto de los Trabajadores, el 42, para lograr la equiparación salarial de personas subcontratadas con las contratadas directamente por la empresa si hacían el mismo trabajo. Pedro Sánchez, en la primera entrevista en televisión que concedió como presidente, ya comentó que se podría llegar a un consenso y cito explícitamente el artículo 42; aunque es muy de agradecer sus intenciones, el problema no se arregla meramente con ese cambio. Es más, que ese sea todo el consenso que puede lograrse entre los distintos partidos políticos sería muy decepcionante.

La razón de porque queremos un cambio más ambicioso y que vaya a la raíz del problema se encuentra en un cambio de la reforma laboral de 2012 que permitió que los convenios de empresa establezcan sueldos inferiores a los negociados entre patronal y sindicatos en los convenios sectoriales. La consecuencia de esta modificación es que empezaron a reproducirse como hongos empresas con convenios precarios que ofrecen subcontrataciones muy baratas basadas en convenios de empresa ruinosos. Administraciones públicas y compañías mayores han azuzado la multiplicación de empresas multiservicio y otras subcontratadas capaces de ofrecerles mano de obra a menor precio. Las camareras de piso pasaron a subcontratas y perdieron con ellos unos 4 de cada 10 euros de su salario, a pesar de que seguían haciendo el mismo trabajo. Si sólo cambiamos el artículo 42, seguir teniendo camareras de piso baratas sería tan fácil como externalizarlas todas y que no haya nadie en la empresa originaria haciendo un trabajo equivalente, cuyo sueldo fuese mayor y con el que hubiera que equiparar el de las personas subcontratadas.

La oportunidad está servida en bandeja para modificar el Estatuto de los Trabajadores y devolverles a las camareras de piso su salario y su convenio sectorial. Pero, además, la subcontratación mal regulada ha tenido otros damnificados directos que, igualmente, son víctimas de la precariedad y una deficiente regulación. Mejorar sus condiciones debería ser posible con la aritmética parlamentaria actual si los distintos grupos parlamentarios son capaces, entre otras cosas, de consensuar una mejor definición de la llamada “cesión ilegal”; un delito que consiste en subcontratar a una empresa no por el servicio ofertado sino para acceder a empleados más baratos que, realmente, trabajan en la empresa cliente y cuya definición en el Estatuto de los Trabajadores es tan laxa que no puede perseguirse ni prevenirse como se debiera.

Estos dos cambios son de las primeras cosas que podría celebrar el nuevo gobierno socialista como avances contra la precarización del empleo.  Si se logran, el nuevo presidente y la ministra de trabajo podrán invitar a la foto de Moncloa a las Kellys, a los guardias de seguridad que protagonizaron las huelgas en el aeropuerto del Prat o los técnicos que ocuparon las sedes de Telefónica en Barcelona en 2015; conflictos laborales todos ellos que han llenado páginas y páginas de periódicos y que han sido posibles por las dos debilidades antes descritas de nuestro Estatuto de los Trabajadores. Sin duda, sería una foto muy agradable de ver y recogería las legítimas aspiraciones de muchas más personas trabajadoras que aquella que se hizo en su día Rajoy.

Al mantra frecuentemente escuchado de: “Es mejor un mal trabajo a que no tener trabajo” le falta un componente fundamental: la parte del pastel de la actividad económica que se convierte en beneficios empresariales. La precariedad laboral (poco salario, muchas horas, ningún control sobre tu vida) no sería necesaria si cambiamos la máxima que propone que salarios bajos suponen menos desempleo. La ecuación debería ser algo así como “menos de beneficios empresariales junto con salarios dignos construyen una economía que funciona para todos y todas, y no sólo para una privilegiada minoría”.  

¿No es la hora de que la recuperación económica deje de ser a expensas de las trabajadoras y trabajadores devaluados? Debemos entrar en otro escenario, en un círculo virtuoso que se sostiene en que profesionales mejor pagados aumentan la demanda y la producción, incrementan beneficios, y... eso supone de nuevo, volver a empezar: con trabajadores bien pagados, y aumento del empleo,, delos salarios y la demanda.  

La respuesta es un sí rotundo, y no por capricho o porque así lo afirmen Draghi o el Gobernador del Banco de España. Es un sí contundente porque así lo dicen los números, y los números no mienten. Tal y como recoge el informe ¿Realidad o ficción? La recuperación económica, en manos de una minoríaRealidad o ficción? La recuperación económica, en manos de una minoría, que Oxfam Intermón ha presentado hoy coincidiendo con el inicio del Foro Económico Mundial de Davos, la economía española ha crecido a pesar de que el peso que la masa salarial tiene sobre el conjunto del PIB haya caído. Mientras que la participación de los salarios en la renta disponible bruta cayó un 0,5% desde el año 2000 hasta el 2016, los dividendos incrementaron su participación un 60% respecto al año 2000.

La productividad se ha convertido casi exclusivamente en beneficios que han pasado casi íntegramente a ser rentas del capital. Y como el capital está muy concentrado, el crecimiento económico no contribuye a reducir la desigualdad como debiera. Sin un reparto más justo entre dueños del capital, una minoría, y trabajadores, la gran mayoría de la población, este año volveremos a ver algo parecido a lo que pasó en 2017, cuando el 40% de toda la riqueza generada cayó en las manos del 1% más rico. El 50% más pobre, 23 millones de personas, se llevaron apenas el 7%.

El rostro de la devaluación del empleo

Frente a ese 1% enriquecido, al otro lado tenemos a las personas trabajadoras pobres o vulnerables, la inmensa mayoría de ellas, mujeres. Más del 73% de las personas de los tramos salariales más bajos son mujeres y una de ellas es Dolores. Su historia es un ejemplo más de lo complicado que se hace vivir tras la gran devaluación salarial que se produjo durante la crisis económica entre quienes cobraban menos; y que aún no hemos revertido. De media, el 10% con peor sueldo de las personas trabajadoras han perdido desde el inicio de la crisis el 15% de su sueldo; Dolores, guardia de seguridad en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, perdió unos 300 euros al mes. Ella y sus dos hijos viven con algo menos de 700.

En parte fueron las grandes tasas de desempleo las que tiraron de los salarios a la baja, pero también contribuyeron algunas de las medidas incluidas en la reforma laboral de 2012. En aquel entonces se explicaba la devaluación salarial como medida necesaria para permitir que las empresas se adaptaran a la crisis sin tener que despedir. Tras cuatro años de crecimiento esa lógica ya no se sostiene, a pesar de que los cambios legislativos de entonces sigan permitiendo casos como el de Dolores.

El suyo es una combinación de la Ley de subcontratación pública, que prioriza las ofertas más económicas a la hora de resolver concursos públicos, con la reforma laboral que permitió que las empresas se “descolgaran” de los convenios sectoriales pactados por patronal y sindicatos. Antes, los convenios de empresa sólo podían mejorar las condiciones. A partir del 2012 la empresa en la que trabajaba Dolores pudo tener un convenio propio y pagar menos. Desde entonces ha venido reduciendo los salarios que pagaba y ganando así concursos públicos. De la noche a la mañana compañeros de Dolores empezaron a ingresar considerablemente menos por trabajar muchas más horas.

Cuando le preguntas qué le pediría al Gobierno en relación a su situación, ella contesta que hay que volver a que los convenios sectoriales sean los que marcan el mínimo a pagar. Añade también que las administraciones públicas deberían sembrar ejemplo y ser conscientes de que cuando contratan a la baja están generando trabajadores pobres. Asegura que el Estado paga tres veces: por su salario, por las ayudas que van a necesitar para vivir y por lo que dejan de ingresar en la Seguridad Social.

Pensar que la negociación colectiva solventará la devaluación salarial y la precariedad, en que los sindicatos lograrán pactar subidas salariales significativas con unos empresarios conscientes de lo que nos estamos jugado si no reducimos la desigualdad, es obviar que, desgraciadamente, el poder sindical en España no está en sus mejores épocas. El Fondo Monetario Internacional ya ha demostrado que a mayor tasa de sindicación hay menos concentración de la riqueza en manos de unos pocos, pero en España la sindicación es baja y su capacidad de negociación fue herida de gravedad con la reforma laboral de 2012.

Confiar en que se reducirá la precariedad en el marco de la negociación colectiva, es ser un tanto ingenuo. Es hora de cambios legislativos y de subir decididamente el Salario Mínimo Interprofesional. Por Dolores y por todos y todas ha llegado la hora de volver a modificar el Estatuto de los Trabajadores, recentralizar la negociación colectiva y asegurar que la subcontratación no sea una vía fácil de devaluación salarial.