Lo acaba de recordar la actualización de la Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada hace poco: la Comunidad Valenciana se consolida como una de las comunidades autónomas de la España pobre; entre aquellas cuyo PIB por habitante es más bajo. La favorable, y tan publicitada, tasa de crecimiento en años recientes, ahora en desaceleración, no puede ocultar la realidad, por más que se intenta desde diversos frentes: el indicador más favorable del nivel de bienestar, el PIB por habitante, está anclado en las posiciones de cola de las 17 Comunidades Autónomas.

El cuadro siguiente del propio INE lo constata. En 2017 su nivel queda muy por debajo de las CCAA de cabeza, con la Comunidad de Madrid en primer lugar. Y a una distancia considerable: el PIB por habitante en ésta es un 53,5% superior al valenciano. No es todo: la media española sigue estando 13 puntos por encima y la de la UE 36 puntos porcentuales. Y eso que, como es conocido, de ella forman parte países de muy baja renta por habitante como la inmensa mayoría de los incorporados desde 2004. Sin este bloque del Este del continente; comparada con la Europa a la que siempre ha mirado la Comunidad Valenciana, la Europa que sigue siendo hoy nuestra referencia, la distancia es espectacular.

Los datos estadísticos se pueden retorcer todo lo que se quiera. Se puede, así, configurar bloques de regiones diversos para tratar de que el resultado de la comparación sea más benévolo. Pero no por ello se modifica la situación: desde hace décadas, y de modo sostenido, el nivel de PIB por habitante de los valencianos viene alejándose del de la España rica. Incluso en el más optimista de los escenarios de largo plazo con el que contamos, el elaborado recientemente por Ángel de la Fuente para BBVA Research, (Angel de la Fuente, 2018) la Comunidad Valenciana ha quedado fuera del mísero proceso de convergencia de la renta por habitante regional que ha tenido lugar entre 1955 y 2016. Al contrario: ha divergido. Al inicio del período, estaba un diez por ciento por encima de la media española. Hoy está un quince por ciento debajo de ella. Un hecho que ha sido poco o nada destacado y que la evolución demográfica (el divisor) no explica. Textualmente: “A mediados de los cincuenta [del siglo XX], la renta per cápita valenciana era casi diez puntos superior a la media y en suave ascenso. Tras 1960, la comunidad pierde terreno hasta alcanzar la media nacional, donde se mantiene casi tres décadas y luego pierde otros diez puntos en los quince años finales del período.” (p. 32).

Calificar esta trayectoria de preocupante no es alarmismo. A la misma, por otro lado, se la puede dotar de una perspectiva de muy largo plazo gracias a la investigación sobre las desigualdades regionales en el crecimiento de la economía española desde 1860 (Daniel A. Tirado, Alfonso Díez Minguela y Julio Martínez Galarraga, 2016). Y la conclusión es igual de poco tranquilizadora. La información demuestra que la negativa evolución relativa del PIB por habitante valenciano (tanto respecto a la media española como a la aquí denominada España rica) en las últimas décadas es excepcional. En los 130 años anteriores a 1990, no ha habido ningún otro período en el cual la pérdida de posición relativa haya sido ni tan continuada ni tan intensa. A la vista de esta tendencia, iniciada hace ya cuatro décadas, no es exagerado hablar de declive de la economía valenciana, por más que éste no sea absoluto. En esos cuarenta años la renta de los valencianos ha aumentado. Pero mucho menos que la de los habitantes de otras áreas geográficas. La consecuencia es que no ha dejado de alejarse del de aquellas donde el nivel de bienestar (medido por este indicador) es mayor.

A lo anterior se suma otro hecho relevante. Al no haber sido brillante la evolución española durante esos decenios, a pesar de la burbuja inmobiliaria, se ha producido una divergencia creciente de la media española respecto a la de los países más avanzados del continente europeo. Y por tanto un alejamiento todavía mayor de la cifra valenciana. Aquí, de nuevo, si se desea ocultar la realidad, las cifras pueden agruparse de formas diversas para tratar de moderar la trascendencia de este proceso de decadencia que amenaza el nivel de bienestar alcanzado. Pero la separación es incuestionable. Para simplificar y obviar todo cálculo, se ha elegido aquí un punto de comparación, si se quiere tosco pero ilustrativo: la trayectoria de Alemania desde el inicio del siglo. Es la recogida en el gráfico siguiente. Como refleja, la distancia entre el PIB por habitante de los valencianos y el de los residentes en Alemania, como con el de la España rica (media no ponderada de Madrid, Cataluña y el País Vasco) ya apuntada, ha seguido aumentando desde el año 2000.

La causa del declive

Si el objetivo es tratar de asegurar a los hoy jóvenes valencianos que no opten por la emigración un nivel de bienestar, al menos, similar al que han disfrutado hasta ahora sus mayores, la constatación resumida en los párrafos anteriores solo puede ser el primer paso. Tras él, parece imprescindible tratar de encontrar las razones de esa tendencia declinante y, si los gestores públicos tienen como objetivo real y no meramente propagandístico modificarla, poner en práctica medidas para revertirla.

En relación con la causa, existe unanimidad entre los economistas de que el problema de base es la baja productividad y su reducida tasa de aumento anual (como ejemplo reciente Salvador Gil-Pareja, Rafael Llorca-Vivero y Andrés J. Picazo-Tadeo, 2016). La productividad es una variable fundamental, como condición necesaria aunque no suficiente, para mejorar el bienestar. Si la economía valenciana no la aumenta a un ritmo destacado, y desde 1990 hasta hoy no lo ha venido haciendo, la consolidación del país como un territorio caracterizado, todavía más, por una renta por habitante baja en términos relativos con las áreas ricas del continente europeo, se va a consolidar como una realidad permanente.

La insistencia de los economistas en su trascendencia no es una cuestión trivial aunque en ocasiones se la descalifique atribuyéndole un carácter «economicista» y en otras se pretenda descubrir qué es la productividad cuando es una de las variables mejor definidas por la ciencia económica. El aumento del producto por unidad de factor de producción (capital, trabajo o ambos), es la mejor medida de la eficiencia de una economía, por cuanto denota la capacidad de obtener más producto de los recursos disponibles. Su crecimiento supone producir más con el mismo trabajo y el mismo capital (o lo mismo con menor cantidad de factores). Sin duda para ligarla al bienestar de la población se requieren medidas de redistribución, pero es el aumento de la productividad el que hace posible elevar los salarios sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas y reducir los precios. Y con ello, de forma indirecta, aumentar el empleo.

Aunque la competitividad de una economía, y por tanto la demanda para sus bienes y servicios, dependa de un conjunto más amplio de variables, los economistas han venido considerando la relación entre productividad y salarios (costes laborales) una de las más importantes. Y es cierto. Si la primera no crece, lo hace en escasa medida, o los salarios lo hacen en mayor proporción, los costes aumentan, los márgenes de la empresa, de los que depende la inversión futura y su propia supervivencia, se deterioran y los precios respecto a los competidores se elevan. El resultado es menor empleo y salarios más bajos. Por otro lado, difícilmente una sociedad democrática cuya economía tenga una baja productividad y escasa capacidad de generar empleo, como es hoy la valenciana, será capaz de recaudar ingresos públicos suficientes para mantener un Estado del Bienestar sólido. Y más teniendo en cuenta el proceso de envejecimiento de la población (y el aumento de la esperanza de vida).

Dentro de este contexto, lo que se suele subrayar menos es que la competitividad no es solo una cuestión de costes salariales. Las decisiones estratégicas de la empresa, desde su organización interna a las formas de integración en los mercados, no dependen de los trabajadores. Dependen de los empresarios. Y su evolución es sistemáticamente silenciada en el análisis de la situación valenciana (y española). Este silencio aprovecha como excusa una aproximación frecuente en los trabajos de medición de la productividad. Como la del trabajo es la menos compleja de calcular, es ésta la que con mayor frecuencia se mide.  

Esta forma de realizar el cálculo, facilita difundir entre el conjunto de la sociedad una falacia, no siempre desinteresada, la cual puede expresarse de la forma siguiente: si la productividad del trabajo es baja y la baja productividad es el principal problema de la economía, es el trabajo, y por asimilación la ineficiencia de los trabajadores, la causa de la situación. Ello es sencillamente falso. Cuando se calcula también la productividad del capital y la resultante de combinar capital y trabajo (la denominada productividad total de los factores) los resultados no avalan esa conclusión tan poco matizada.

Lo anterior no implica negar lo evidente: en la economía valenciana la productividad del trabajo es baja y ello es parte de la explicación de su declive. Pero no deja de sorprender que casi siempre se eluda la relevancia de la gestión empresarial como elemento central de la productividad cuando tiene un papel equivalente, como ya he citado en alguna ocasión recogiendo la metáfora de Chad Syverson, al del director de una hipotética orquesta formada por trabajo, capital e inputs intermedios. Un mal director, como una deficiente gestión empresarial, es el que transforma una sinfonía en una cacofonía por elevada que sea la calidad de la orquesta. Así pues, la baja productividad de la economía valenciana remite en última instancia a la modestia de la cualificación empresarial con la que contamos.

A pesar de lo que se acaba de indicar, pocas veces hasta ahora se ha considerado necesario bucear entre los motivos de una oferta tan limitada de talento empresarial, o capital intelectual, ni, menos todavía, en los obstáculos que impiden su aumento o explican una debilidad de las empresas tan elevada -aspecto éste último mostrado por el informe del IVIE para la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE, 2015)- mientras las cualificaciones de la población valenciana están en sus máximos históricos. Cuando se ha abordado el problema, se han obviado  aspectos decisivos como la distribución sectorial de las empresas, la estructura de mercado de los sectores de alto valor añadido o las interferencias en la eficiencia agregada resultado de la activa y continua actuación de los grupos de presión. Estos elementos clave desaparecen en los análisis para concentrar la atención en dos pilares. Por un lado, la educación y necesidad de aumentar la inversión en ella. Este es un elemento importante, pero con derivaciones menos obvias de lo que pueda parecer. En aras de la brevedad este aspecto va a quedar fuera de este comentario. Pero cabe apuntar que demasiado a menudo se parte del supuesto implícito de la inexistencia de movilidad de la mano de obra, como si el capital humano no pudiera importarse como todo indica que vienen haciendo las grandes empresas tecnológicas globales radicadas en Silicon Valley. O exportarse como parece estar haciendo la sociedad valenciana. Y por otro, y sobre todo, el reducido tamaño por número de trabajadores de la inmensa mayoría de las empresas como la causa principal del declive, que se aborda en los párrafos siguientes.

El tamaño [de empresa] no lo es todo

Es evidente que el tamaño liliputiense de las empresas valencianas (buena parte de las cuales no tienen asalariados) es parte del problema. Pero la diferencia con otras áreas geográficas de mayor PIB por habitante no es tan elevada. Lo cual hace dudar de que éste sea, sin más, el núcleo central del mismo. Más que repetir aquí las reflexiones suscitadas por la comparación homogénea entre España y Alemania (véase Jordi Palafox, 2016, pp. 197 y ss.) tal vez sea útil mostrar la magnitud de las diferencias porcentuales entre el País Vasco y la Comunidad Valenciana. Es el contenido del siguiente cuadro. E interrogarse a partir de ellas si su magnitud es suficiente para concluir que el tamaño (por número de trabajadores) de la empresa es la causa fundamental por la cual el PIB por habitante de los valencianos está a un 50% del de los vascos. Las diferencias porcentuales del cuadro permiten, al menos, apuntar a que la potencia explicativa de este argumento, tan reiterado por algunos gestores públicos hasta convertirlo en mantra, es más modesta de lo que pretenden.

Por otro lado, integrar el tamaño liliputiense de las empresas en la explicación del bajo nivel de renta de los valencianos, lo que hace es despejar hacia adelante el interrogante. Primero, al ignorar los sectores en los que se localizan, lo cual es un variable clave de la productividad agregada. Nunca será la misma la de una economía dominada por microempresas de las ramas de la metalurgia o de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática que la de un economía alternativa en donde la actividad dominante sean los servicios de alojamiento o el comercio al por menor de productos alimenticios bebidas y tabacos (por atenerse a la clasificación CNAE 2009).Y segundo, al desplazar la pregunta a contestar a por qué el tamaño de las empresas es tan reducido.

La pregunta es, pues, si esta diferencia de tamaño respecto a otras economías con menos dificultades que la valenciana para mejorar la productividad y crear empleo de salarios medios o elevados, es suficiente para atribuirle, tras un proceso de globalización y una revolución tecnológica que lo ha cambiado casi todo, la responsabilidad principal del declive. Recuérdese que, como se acaba de indicar, según la estimación del INE, en 2017 el PIB por habitante del País Vasco es un 50% (49.6%) superior al de la Comunidad Valenciana.

La tesis que se intenta plantear aquí es que la causa de la baja productividad valenciana, y de ahí el bajo nivel de renta por habitante, no es tanto el tamaño de las empresas, que también, sino las actividades que éstas desarrollan; esto es, los sectores en donde se localizan. Las conclusiones de un concluyente estudio (Enrique Moral-Benito, 2018) demostrando para España que las empresas son pequeñas porque tienen baja productividad, no que su baja productividad sea resultado de que sean pequeñas, puede ampliarse para la Comunidad Valenciana defendiendo que las empresas tienen baja productividad y por tanto son pequeñas en gran medida por localizarse mayoritariamente en sectores cuya característica central es ser de baja productividad. El corolario de esa especialización no puede ser otro que bajos salarios. No es casualidad, por tanto, que aún con la deflación salarial general desde 2008, su mediana sea, desde hace decenios, inferior a la española y esté alejada de aquellas áreas en donde la estructura sectorial de la actividad es diferente. En el último año disponible la mediana de los salarios en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, es un 17% más elevada que en la Comunidad Valenciana.

Todo apunta a que estamos ante la confirmación del dicho clásico según el cual se cosecha lo que se siembra. Si, como se viene haciendo desde hace décadas, se fomenta desde las políticas públicas a sectores de baja productividad como son la hostelería (con salarios medios inferiores en un 40% a la media), el turismo o el comercio de proximidad, no puede sorprender que el resultado sea el que es. A este respecto, cabe esperar que la pronta publicación de la sugestiva investigación diferenciando entre estructura productiva y modelo de crecimiento (Antonio F. Cubel, Mª José. Murgi y Ramón Ruiz-Tamarit, 2018) suscite un debate imprescindible hoy entre nosotros acerca de las consecuencias de la sesgada orientación de las políticas públicas.

Con ello, sería posible argumentar con rigor acerca de las nefastas implicaciones que puede estar teniendo la combinación entre la revolución tecnológica asociada a la globalización y las políticas económicas de la Generalidad Valenciana aferradas al conservadurismo de defender casi en exclusiva lo que existe (grandes infraestructuras, manufactura tradicional, construcción, turismo y hostelería) y olvidando, o si se prefiere situando en un plano muy secundario, el fomentar que se desarrolle también entre nosotros, aquellas actividades que son el futuro (los servicios del terciario avanzado). A quienes les parezca exagerada la anterior afirmación pueden, como ejemplo de los muchos existentes, comparar dos informaciones recientes de prensa: el presupuesto necesario para promocionar el turismo de la Comunidad en 20 ferias nacionales y 24 internacionales a lo largo de 2019 y el asignado para proyectos empresariales que contribuyan a la transformación del modelo económico.

Y las causas de la causa del declive

Por otro lado, la insistencia tan habitual entre los economistas acerca de la necesidad de modificar el modelo productivo para revertir la trayectoria descrita hasta aquí, permite retomar el eufemismo más utilizado para explicar lo que viene sucediendo con la trayectoria de la economía valenciana: su especialización productiva. La cual es considerada, al menos de manera implícita, consecuencia “natural” del funcionamiento de mercados competitivos. Ello es equivalente a considerar que la preponderancia de actividades, sea en la industria o los servicios, de modesta productividad tanto porque su actividad requiere empleos de baja cualificación como por las lagunas en la capacidad empresarial, es la consecuencia de una interacción libre de interferencias entre la oferta y la demanda a partir de una dotación de recursos dada.

Ello, de nuevo, es falso. En ese diagnóstico se ignora la presencia de intervenciones institucionales bien en forma de comportamientos clientelares bien de posiciones de dominio. Lo cual, a su vez, permite soslayar que en la economía valenciana funcionan con notable eficacia los grupos de presión (y las posiciones de dominio de algunas empresas). Por supuesto para defender sus intereses que no son otros que la permanencia de ese modelo de crecimiento de baja productividad que los ha llevado, y los mantiene, en su posición privilegiada. Las consecuencias negativas de su éxito para la mejora del bienestar general vienen a sumarse, además, a las provenientes de los triunfos de los lobbies presentes en el conjunto de España cuya capacidad de influir sobre las decisiones públicas ha demostrado Carlos Sebastián (Carlos Sebastián, 2016).

Lo cual remite a dos aspectos suplementarios que en la práctica han recibido muy poca atención desde mediados de 2015. Por un lado, la calidad de las instituciones de la gobernanza valenciana. Por otro, el avance en la transparencia en relación con la actuación de los grupos de presión existentes. Sobre el primero de ellos, a la reciente publicación del informe sobre los costes económicos del déficit de calidad institucional, además de la corrupción, en España (F. Alcalá Agulló y F. Jiménez Sánchez, 2018) no le ha seguido ninguna iniciativa para analizar cuál es el coste de las deficiencias de gobernanza entre nosotros y qué medidas son necesarias para corregirlas. Parecería como si en este terreno la Comunidad Valenciana fuera un oasis dentro del contexto español, cuando en su pasado reciente ha sido referencia de todo lo contrario. O como si el cambio de gestores públicos a finales de junio de 2015 hubiera corregido por sí solo todas las rémoras acumuladas desde julio de 1995. Pero ni la rendición de cuentas, ni la efectividad gubernamental, ni la calidad regulatoria, o el respeto a ley y los contratos mejoran automáticamente tras un cambio político.

Y sobre el segundo aspecto mencionado, la transparencia en la actuación de los grupos de presión que operan en torno a la administración autonómica, poco se ha conseguido desde el cambio de sus gestores. Hoy, como ayer, seguimos sin saber nada de sus fuentes de financiación. Tampoco se ha conseguido hacer realidad la inscripción de la inmensa mayoría como tales en el registro de la Comisión Nacional de los mercados y la Competencia (CNMC). En el terreno autonómico, la actual legislatura no sido tiempo suficiente para poner en marcha el registro previsto en la Ley reguladora de la actividad de lobby en el ámbito de la Generalitat y de su sector público instrumental. La iniciativa tuvo su origen en julio de 2016. Pero todavía a comienzos de 2019 sigue en fase de proyecto de ley.

Volviendo a la especialización sectorial de la economía. Ni ésta ni la tendencia negativa del PIB por habitante en términos relativos descrita que es su principal resultado, son fruto de la casualidad. En las investigaciones sobre los accidentes aéreos siempre se afirma que nunca tienen una única causa. Tampoco el escaso aumento de la productividad que resulta en este declive de la economía valenciana puede ser explicado en términos unicausales. Pero en la consolidación de una estructura productiva con fuerte predominio de sectores de baja productividad, habría que analizar la trascendencia desempeñada, al menos, por dos elementos habitualmente poco considerados. Por un lado, las políticas públicas puestas en práctica. Y por otro lado, la escasa vinculación de la inmensa mayoría de las empresas valencianas con las nuevas formas de producir surgidas con el avance de la globalización. Una deficiente adaptación que, al menos en parte, puede considerarse un efecto de esas políticas puesto que en ellas se fijan los incentivos y desincentivos a la actuación de los agentes privados.

Además, la valoración a realizar de las políticas seguidas hasta hoy, es inseparable de su incapacidad –cuando no desinterés- para articular un marco de incentivos, normativos tanto como presupuestarios, con el objetivo de orientar la inversión privada hacia actividades capaces de generar un mayor aumento de la productividad. La infrafinanciación no puede ser una excusa. La ordenación de prioridades con los disponibles es lo relevante. Ya se ha indicado que el liliputiense tamaño de la empresa valenciana es un obstáculo. Pero como se ha tratado de mostrar también lo es i) en qué sectores se localiza su creación y/o funcionamiento, y con ellos la del empleo, ii) explicar por qué la mayoría son de baja productividad, iii) a qué obstáculos institucionales para desarrollarse hacen frente las iniciativas empresariales en los sectores de mayor productividad y iv) la fuerte tasa de mortalidad de las iniciativas empresariales.

Las consecuencias negativas de la pasividad frente a los privilegios y las posiciones de dominio de mercado o de las deficiencias de producción y cumplimiento de disposiciones legales por la propia administración son difíciles de exagerar. Por muchos motivos como ponen de relieve para el conjunto de España los estudio de Sebastián y Alcalá y Jiménez mencionados. Pero además de ellos, por cuanto su funcionamiento desincentiva la entrada de emprendedores en el mercado al elevar las barreras a la entrada. Sin embargo, la ampliación del número de emprendedores que pasen a ser empresarios es imprescindible para elevar la eficiencia. La diferencia entre los empresarios existentes y los necesarios para poder superar las dificultades es otro aspecto también muy poco destacado.

Hoy, como ayer, los intereses y peticiones de las organizaciones y lobbies empresariales se siguen identificando con el interés general. En la situación valenciana actual, sin embargo, es menos cierto que nunca el tan repetido argumento según el cual lo que es bueno para los intereses de los miembros, y a quienes representan, de las organizaciones empresariales más influyentes (algunas de las cuales con un modestísimo número de empresarios por más que sean los más poderosos) es bueno para el país. A la vista está a qué ha llevado para el conjunto de los valencianos la eficacia de su actuación en tanto que grupos de presión.

En esa equiparación entre los empresarios necesarios para hacer frente con éxito a los retos para aumentar el PIB por habitante y los existentes, se ignora que las agrupaciones de empresarios pueden, como límite máximo, llegar a representar los intereses de quienes ya están presentes en el mercado. En el valenciano, repleto de insuficiencias como se ha tratado de argumentar hasta aquí. Al margen de que no debiera ignorarse que, como sabemos desde Adam Smith, el final inevitable de cualquier reunión de éstos es conspirar contra el público o maquinar para elevar los precios. Por tanto, es ingenuo esperar que entre los objetivos de estos grupos de presión se incluya el aumento de la oferta de empresarios. Los nuevos serían sus competidores lo cual es contrario a sus intereses.

En síntesis, estamos, también entre nosotros, ante la urgencia de reescribir las reglas del funcionamiento de las interacciones entre los grupos de intereses y el poder político sobre las cuales el Nobel Stiglitz ha aportado sugestivas intuiciones en relación con la trascendencia de que éste asegure la igualdad de oportunidades entre emprendedores (Joseph Stiglitz, 2016). Por tanto, si se pretende afrontar las causas del declive del PIB por habitante de la Comunidad Valenciana y no sólo tratar de poner remedio a sus consecuencias a través de una Generalitat asistencial, habrá que vencer, al menos, dos obstáculos. De un lado, la pleitesía de la administración autonómica hacia las presiones de esos grupos de presión. De otro, los sueños de una economía valenciana autárquica, capaz de progresar aislada de las tendencias dominantes en el mercado global. Una quimera que, con otras denominaciones, sigue  asentada en los despachos de quienes articulan aspectos clave de la actual política económica de la Generalitat.

Lo que está en juego en esa reformulación de las reglas es enderezar la tendencia decreciente del bienestar de la mayoría de los valencianos. Debe tenerse claro que su amplitud, si la divergencia respecto a las áreas geográficas ricas sigue aumentando, nunca podrá ser contrapesada mediante políticas sociales. Resulta por ello urgente, que de una situación como la actual centrada en paliar las consecuencias sociales del declive, se pase a otra en la cual en la agenda de la acción pública sea tan prioritario como lo anterior poner en práctica medidas para evitar las causas que hacen necesarias políticas sociales de tal intensidad.

Se trataría, al fin y al cabo, de que no quede solo en palabras ese nuevo contrato social propuesto por el President de la Generalitat en su último mensaje de fin de año en donde vinculaba la creación de empleo con la igualdad de oportunidades.último mensaje de fin de año Porque si a algo se oponen los grupos de presión que hoy operan con éxito en la sociedad valenciana es a que todos los emprendedores puedan consolidarse como empresarios y a que los empresarios de todos los sectores alcancen el mismo trato que ellos disfrutan. De no concretarse ese anuncio, como también apuntaba Ximo Puig, puede llegar a ponerse en peligro la propia democracia, tercer pilar del compromiso social propuesto. Porque hoy es un riesgo cierto que la exasperación de una parte creciente de los ciudadanos, a quienes se les viene pidiendo una paciencia infinita hasta ver mejorar su situación, acabe decantándose por el populismo. Es lo que ha ocurrido en otras sociedades con una densidad democrática muy superior a la valenciana, inmersas actualmente en una polarización social y un autoritarismo en las formas de gobernar impensables hace solo unos pocos años.

Referencias

Asociación Valenciana de Empresarios, (2015), Caminos para mejorar la competitividad de las empresas valencianas, Valencia.

Francisco Alcalá Agulló y Fernando Jiménez Sánchez, (2018), Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España, Madrid, Fundación BBVA.

Antonio F. Cubel-Montesinos, María José Murgui-García i J. Ramón Ruiz-Tamarit, (2018), L’endarreriment econòmic valencià, III Workshop d’Economia Valenciana, octubre.

Ángel de la Fuente, (2018) “La dinámica territorial de la renta en España, 1955-2016: Una primera aproximación” en BBVA Research, Situación Comunitat Valenciana - Segundo semestre, pp. 27-34.

Salvador Gil- Pareja, Rafael Llorca Vivero y Andrés J. Picazo Tadeo, (2016), “Crecimiento y productividad en la economía valenciana”, Papeles de economía española, nº 148, 2016, pp. 202-215.

Enrique Moral-Benito, (2018). “Growing by learning: firm-level evidence on the size-productivity nexus,” SERIEs: Journal of the Spanish Economic Association, Springer;Spanish Economic Association, vol. 9(1), pp. 65-90, marzo.

Jordi Palafox, (2017), Cuatro vientos en contra. El porvenir de la economía española, Barcelona, Pasado & Presente.

Carlos Sebastián, (2016), España estancada. Por qué somos poco eficientes, Madrid, Galaxia Gutemberg.

Joseph Stiglitz, (2016), Rewriting the Rules of the American Economy, Nueva York, W.W. Norton.

Daniel A. Tirado, Alfonso Díez-Minguela y Julio Martinez-Galarraga, (2016), “Regional inequality and economic development in Spain, 1860-2010”, Journal of Historical Geography, pp. 87-98

Una pandemia ni nueva ni distinta

Aun así, de  entrada debe subrayarse que las pandemias no han sido excepcionales en el pasado. Sólo, por tanto, desde la ignorancia se le puede hacer declarar al Jefe del Estado que “estamos haciendo frente a una crisis nueva y distinta, sin precedentes”. Éstas, han tenido, además, resultados letales muy superiores a los que hoy parecen más probables para el Covid-19. Es algo que pretende ignorar parte de la sociedad del “lo quiero y lo quiero ya” en donde ayer parece tan lejano como el planeta Neptuno y siglos pasados están, en el tiempo, próximos a la galaxia GN-z11, esa que, según los expertos, es la más alejada de la tierra.

Al menos sí se está mencionando la gripe 1918-19, conocida como la Gripe Española. Sin embargo, más para destacar sus enseñanzas –la eficacia de los confinamientos- que para subrayar su efecto más devastador: el número de los fallecidos, una cifra entre los 50 y 100 millones de personas. Una cifra, por tanto, sin comparación posible con los 15.000 de la pandemia actual a fecha de hoy.

Pero es que además, aquella no fue una situación única desde la perspectiva histórica. En el pasado, otros patógenos causaron desastres demográficos catastróficos, sin que existiera, ni de lejos, el nivel científico actual para luchar contra ellos. Las dos más demoledoras fueron la Peste Negra y, a escala muy inferior, la colonización española de México. La primera, transmitida a Europa a través de la Ruta de la Seda, redujo la población del continente entre un 45% y un 50% en solo cinco años (1347 -1351). En el caso de México, la ausencia de inmunidad frente a las “enfermedades europeas” llevó a una drástica reducción demográfica. Su impacto mortal varía entre el 50% y el 90% de la población existente, cuya cuantía sigue siendo desconocida y objeto de debate académico.

Y junto a estas pandemias, otras enfermedades provocaron igualmente grandes mortandades. Durante el siglo XIX, el cólera fue, quizá, el causante de las más importantes. En España, sus cuatro grandes oleadas provocaron 800.000 muertes. Por otro lado, como con la peste negra, su  causa y vías de transmisión eran desconocidas. En la mayor parte de los países incluso después de que el epidemiólogo británico John Snow la asociara en 1854 a la contaminación del agua y los vegetales cultivados con ella. Hasta 1884, esto es durante la última de las cuatro pandemias, Robert Koch no identificó el bacilo causante. Y a pesar de que el español Jaume Ferrán descubrió una vacuna casi de inmediato, y la provincia de Valencia fue la primera área del mundo en que se vacunó a un número elevado de sus habitantes, la comunidad científica, Ramón y Cajal entre ellos, no aceptó sus resultados. La vacuna sólo sería aprobada décadas después.

De todo lo anterior parece evidente concluir que, durante aquellos episodios, la población estaba mucho más desprotegida tanto frente a la enfermedad como frente a sus consecuencias psicológicas. Es posible que para una parte de ella el estoicismo ante la muerte o la fe religiosa fuera una ayuda. No para otros, como lo demuestran las matanzas de frailes (en 1834) y motines contra los médicos forenses (en 1854) acusados de propagarla. Comparada con la situación actual, dominada tal vez por la sobreinformación pero también por un contexto científico y sanitario sin parangón, la del pasado está muy lejos de resultar envidiable. Como acaba de afirmar el joven Edgar Morin a sus 98 años, “éste es un confinamiento de lujo”.

Recesión económica: esta vez va a ser diferente (y más grave).

Cuestión diferente es el impacto económico de la pandemia actual. La gran diferencia respecto a las anteriores no es tanto su impacto, global también en el pasado, sino la velocidad de propagación y que el conocer, y adoptar, las medidas para combatirla sin la existencia de una vacuna implica el cese de buena parte de la actividad económica. A ello se suma, como bien conocen los psiquiatras, la escasa resiliencia de una parte de la sociedad actual; esto es, su modesta capacidad para adaptarse positivamente a situaciones adversas, lo cual, sin duda, va a suponer problemas importantes de carácter psicológico. Una vez remita la epidemia, y en ausencia de un remedio de efecto inmediato y uso generalizado, no va a ser cuestión de un día (ni de un mes) la vuelta a la “normalidad”. La recuperación en V (una fuerte y rápida caída de la actividad seguida de una recuperación de una velocidad similar) parece más un deseo que una probabilidad (excepto, hay que insistir, si se descubriera la forma de eliminar o contener el virus a corto plazo).

Conviene, pues, recordar una vez más la constatación de Serrat: “Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”. Porque es difícil pensar cómo se va a evitar un colapso económico con gran parte de la población confinada y la mayor parte del sector mayoritario de la economía, los servicios, paralizado. Las advertencias de los organismos internacionales (FMI, OCDE, FED) apuntan en esa dirección. Tampoco parece probable esperar un impacto simétrico de la crisis; similar en todos los países. De nuevo parece más una ilusión, o un argumento para defender políticas supranacionales dentro de la UE, que una descripción de la realidad. Por ejemplo, es difícil pensar que economías, como la española o la italiana, con un empleo en hostelería, bares y restaurantes (NACE rev. 2 I) cercano al 8% del total vayan a tener un aumento del paro similar al de economías en donde estas actividades tienen menor relevancia (sobre el total del empleo). Y así, por no hablar de la recuperación del turismo, con el resto de los sectores paralizados.

El colapso, sin duda, se podrá moderar dotando de liquidez a empresas (y autónomos), pero en modo alguno va a poder ser evitado. Su gravedad dependerá, además de la estructura sectorial de cada economía,  de la duración de la pandemia y de la eficacia de las medidas adoptadas para conseguir mantener en funcionamiento, al menos, a una parte de la actividad impidiendo un aumento de las suspensiones de pagos a ritmo similar al de los contagios hoy.

Es posible que la UE salga de su letargo y articule políticas fiscales supranacionales. No parece esperable sin embargo, que tengan la importancia suficiente para detener el colapso del sur del continente. Por más que no nos guste reconocerlo, ni siquiera mencionarlo, la desconfianza acerca de la gestión eficaz de los fondos se mantiene entre los grandes paganos o potenciales avalistas. Son los costes de mantener intacto el crony capitalism (mal traducido por capitalismo de amiguetes).

Pero además, es mejor saber que por más que se inyecten recursos, incluso directamente a las familias como probablemente hará Donald Trump, (con el apoyo demócrata), la recuperación sólo será visible una vez regrese la normalidad y, con ella, la confianza. Entonces sí, medidas fiscales expansivas (mutualizando la deuda si fuera posible, que está por ver) podrán tener éxito. Si hubiera valentía, inyectar recursos directamente a los agentes económicos va a ser la única solución para evitar una nueva década de crisis.

Sin embargo, precipitarse sin establecer discriminaciones en función de la renta de las familias (no de los individuos) y de su impacto multiplicador, es repetir errores. Como el del Plan E de 2008, aquel  intento de evitar la destrucción de empleo por parte de ZP que condujo a una elevadísima morosidad, léase despilfarro de recursos, sin aumentar significativamente la ocupación. Porque mientras no vuelva la normalidad, serán, en gran medida, recursos sin posibilidad de ser gastados.  Y no debiera olvidarse que, como le gustaba recordar a Ch. P. Kindleberger a propósito de la depresión de los años treinta y comparando el fomento de la demanda con un caballo y al gobierno con su jinete; éste puede evitar que el equino abreve pero es imposible que lo haga si no tiene sed. Y más si ésta confinado en su cuadra, podría añadirse.

Ho acaba de recordar l’actualització de la Comptabilitat Regional de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) publicada fa poc temps: la Comunitat Valenciana es consolida com una de les comunitats autònomes de l’Espanya pobra; entre aquelles amb un PIB per habitant més baix. La favorable, i tan publicitada, taxa de creixement fa pocs anys, ara en desacceleració, no pot amagar la realitat, per més que s’intenta fer des de diversos fronts: l’indicador més favorable del nivell de benestar, el PIB per habitant, està ancorat en les posicions de cua de les 17 comunitats autònomes.

El quadre següent del mateix INE ho constata. El 2017 el seu nivell se situa molt per davall de les CCAA que van al capdavant, amb la Comunitat de Madrid en primer lloc. I a una distància considerable: el PIB per habitant en aquesta comunitat és un 53,5% superior al valencià. I això no és tot: la mitjana espanyola continua situant-se 13 punts per damunt i la de la UE 36 punts percentuals. I això que, com se sap, en formen part països de renda per habitant molt baixa, com la immensa majoria dels incorporats des del 2004. Sense aquest bloc de l’est del continent; comparada amb l’Europa a què sempre ha mirat la Comunitat Valenciana, l’Europa que continua sent actualment la nostra referència, la distància és espectacular.

Les dades estadístiques es poden retòrcer tant com es vulga. Es pot, doncs, configurar blocs de regions diversos per a tractar de fer que el resultat de la comparació esdevinga més benèvol. Però no es modifica la situació: des de fa dècades, i de manera sostinguda, el nivell del PIB per habitant dels valencians es va allunyant del de l’Espanya rica. Fins i tot en l’escenari de llarg termini més optimista que tenim, l’elaborat recentment per Ángel de la Fuente per al BBVA Research (Ángel de la Fuente, 2018), la Comunitat Valenciana ha quedat fora del miserable procés de convergència de la renda per habitant regional que ha tingut lloc entre el 1955 i el 2016. Al contrari: ha divergit. A l’inici del període, se situava un deu per cent per damunt de la mitjana espanyola. Hui se situa un quinze per cent per davall. Un fet que ha sigut poc destacat, o gens, i que l’evolució demogràfica (el divisor) no explica. Textualment: “A mitjan anys cinquanta [del segle xx], la renda per capita valenciana era gairebé deu punts superior a la mitjana i en suau ascens. Després del 1960, la comunitat perd terreny fins que arriba a la mitjana nacional, on es manté quasi tres dècades i després perd deu punts més en els quinze anys finals del període.” (p. 32).

Qualificar aquesta trajectòria de preocupant no és alarmisme. A aquesta trajectòria, d’altra banda, se la pot dotar d’una perspectiva de molt llarg termini gràcies a la investigació sobre les desigualtats regionals en el creixement de l’economia espanyola des del 1860 (Daniel A. Tirado, Alfonso Díez Minguela i Julio Martínez Galarraga, 2016). I la conclusió és poc tranquil·litzadora igualment. La informació demostra que l’evolució relativa tan negativa del PIB per habitant valencià (tant respecte de la mitjana espanyola com de l’ací anomenada Espanya rica) en les últimes dècades és excepcional. En els 130 anys anteriors al 1990, no hi ha hagut cap altre període en què la pèrdua de posició relativa haja sigut ni tan contínua ni tan intensa. A la vista d’aquesta tendència, iniciada ja fa quatre dècades, no és exagerat parlar de declivi de l’economia valenciana, per més que aquest declivi no siga absolut. En aquests quaranta anys la renda dels valencians ha augmentat. Però molt menys que la dels habitants d’altres àrees geogràfiques. La conseqüència és que no ha deixat d’allunyar-se del d’aquelles on el nivell de benestar (mesurat per aquest indicador) és més alt.

A tot això se suma un altre fet rellevant. Com que l’evolució espanyola no ha sigut brillant durant aquests decennis, malgrat la bambolla immobiliària, s’ha produït una divergència creixent de la mitjana espanyola respecte de la dels països més avançats del continent europeu. I, per tant, un allunyament encara més gran de la xifra valenciana. Ací, de nou, si es vol ocultar la realitat, les xifres poden agrupar-se de maneres diverses per a tractar de moderar la transcendència d’aquest procés de decadència que amenaça el nivell de benestar aconseguit. Però la separació és inqüestionable. Per a simplificar i obviar qualsevol càlcul, s’ha triat ací un punt de comparació, si es vol tosc però il·lustratiu: la trajectòria d’Alemanya des de l’inici del segle. És la recollida en el gràfic següent. Com reflecteix, la distància entre el PIB per habitant dels valencians i el dels residents a Alemanya, com amb el de l’Espanya rica (mitjana no ponderada de Madrid, Catalunya i el País Basc) ja apuntada, ha continuat augmentant des de l’any 2000.

La causa del declivi

Si l’objectiu és tractar d’assegurar als joves valencians que no opten per l’emigració un nivell de benestar, almenys, semblant al que han gaudit fins ara la gent més gran, la constatació resumida en els paràgrafs anteriors només pot ser el primer pas. Després, sembla imprescindible tractar de trobar les raons d’aquesta tendència declinant i, si els gestors públics tenen com a objectiu real i no merament propagandístic modificar-la, posar en pràctica mesures per a revertir-la.

En relació amb la causa, hi ha unanimitat entre els economistes quant al fet que el problema de base és la baixa productivitat i la seua taxa d’augment anual, que és molt reduïda (com a exemple recent Salvador Gil-Pareja, Rafael Llorca-Viver i Andrés J. Picazo-Tadeo, 2016). La productivitat és una variable fonamental, com a condició necessària encara que no suficient, per a millorar el benestar. Si l’economia valenciana no l’augmenta a un ritme destacat, i des del 1990 fins ara no ho ha fet, la consolidació del país com un territori caracteritzat, encara més, per una renda per habitant baixa en termes relatius amb les àrees riques del continent europeu, es consolidarà com una realitat permanent.

La insistència dels economistes en la transcendència que té això no és una qüestió trivial encara que, a vegades, se la desqualifique i s’hi atribuïsca un caràcter «economicista» i, d’altres, es vulga descobrir què és la productivitat, malgrat que és una de les variables més ben definides per la ciència econòmica. L’augment del producte per unitat de factor de producció (capital, treball o tots dos) és la millor mesura de l’eficiència d’una economia, ja que denota la capacitat d’obtindre més producte dels recursos disponibles. El seu creixement suposa produir més amb el mateix treball i el mateix capital (o el mateix amb menys quantitat de factors). Sens dubte per a lligar-la al benestar de la població es requereixen mesures de redistribució, però és l’augment de la productivitat el que fa possible apujar els salaris sense posar en risc la viabilitat de les empreses i reduir els preus. I amb això, de manera indirecta, augmentar l’ocupació.

Encara que la competitivitat d’una economia i, per tant, la demanda per als seus béns i serveis, depenga d’un conjunt més ampli de variables, els economistes han considerat la relació entre productivitat i salaris (costos laborals) com una de les més importants. I és cert. Si la primera no creix, ho fa molt poc o els salaris ho fan en més proporció, els costos augmenten, els marges de l’empresa, dels quals depén la inversió futura i la seua pròpia supervivència, es deterioren i els preus respecte dels competidors apugen. El resultat és menys ocupació i salaris més baixos. D’altra banda, difícilment una societat democràtica l’economia de la qual tinga una productivitat baixa i una capacitat de generar ocupació escassa, com és actualment la valenciana, serà capaç de recaptar prou ingressos públics per a mantindre un estat del benestar sòlid. I encara més tenint en compte el procés d’envelliment de la població (i l’augment de l’esperança de vida).

Dins d’aquest context, el que se sol subratllar menys és que la competitivitat no és sol una qüestió de costos salarials. Les decisions estratègiques de l’empresa, des de l’organització interna fins als sistemes d’integració en els mercats, no depenen dels treballadors. Depenen dels empresaris. I la seua evolució és sistemàticament silenciada en l’anàlisi de la situació valenciana (i espanyola). Aquest silenci aprofita com a excusa una aproximació freqüent en les tasques de mesurament de la productivitat. Com que la del treball és la menys complexa de calcular, és la que més sovint es mesura. 

Aquesta manera de fer el càlcul facilita la difusió entre el conjunt de la societat d’una fal·làcia, no sempre desinteressada, que pot expressar-se de la manera següent: si la productivitat del treball és baixa i la baixa productivitat és el problema principal de l’economia, és el treball i, per assimilació, la ineficiència dels treballadors, la causa de la situació. Això és, senzillament, fals. Quan es calcula també la productivitat del capital i la resultant de combinar capital i treball (la denominada productivitat total dels factors) els resultats no avalen aquesta conclusió tan poc matisada.

Tot això no implica negar el que és evident: en l’economia valenciana la productivitat del treball és baixa i això és part de l’explicació del declivi econòmic. Però no deixa de sorprendre que quasi sempre s’eludisca la rellevància de la gestió empresarial com a element central de la productivitat, malgrat que té un paper equivalent, com ja he dit alguna vegada recollint la metàfora de Chad Syverson, al del director d’una hipotètica orquestra formada per treball, capital i inputs intermedis. Un mal director, com una gestió empresarial deficient, és el que transforma una simfonia en una cacofonia, per més elevada que siga la qualitat de l’orquestra. Així doncs, la baixa productivitat de l’economia valenciana remet en última instància a la modèstia de la qualificació empresarial de què disposem.

Malgrat el que s’acaba d’indicar, poques vegades fins ara s’ha considerat necessari bussejar entre els motius d’una oferta tan limitada de talent empresarial, o capital intel·lectual, ni, encara menys, en els obstacles que n’impedeixen l’augment o expliquen una feblesa de les empreses tan elevada –aspecte mostrat per l’informe de l’IVIE per a l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE, 2015)– mentre les qualificacions de la població valenciana se situen en els màxims històrics. Quan s’ha abordat el problema, s’ha obviat aspectes decisius com la distribució sectorial de les empreses, l’estructura de mercat dels sectors d’alt valor afegit o les interferències en l’eficiència afegida resultat de l’actuació activa i contínua dels grups de pressió. Aquests elements clau desapareixen en les anàlisis i l’atenció es concentra en dos puntals. D’una banda, l’educació i la necessitat d’augmentar-hi la inversió. Aquest és un element important, però amb derivacions menys òbvies del que pot semblar. En honor de la brevetat, aquest aspecte quedarà fora d’aquest comentari. Però cal apuntar que massa sovint es parteix del supòsit implícit de la inexistència de mobilitat de la mà d’obra, com si el capital humà no poguera importar-se com tot indica que fan les grans empreses tecnològiques globals situades a Silicon Valley. O exportar-se com sembla que fa la societat valenciana. I d’altra banda, i sobretot, la reduïda dimensió per nombre de treballadors de la immensa majoria de les empreses com la causa principal del declivi, que s’aborda en els paràgrafs següents.

La dimensió [d’empresa] no ho és tot

És evident que la dimensió lil·liputenca de les empreses valencianes (bona part de les quals no tenen assalariats) és una part del problema. Però la diferència amb altres àrees geogràfiques amb un PIB més alt per habitant no és tan elevada. Això fa dubtar que aquest siga, sense més, el nucli central. Més que repetir ací les reflexions suscitades per la comparació homogènia entre Espanya i Alemanya (vegeu Jordi Palafox, 2016, pàg. 197 et seq.) tal vegada siga útil mostrar la magnitud de les diferències percentuals entre el País Basc i la Comunitat Valenciana. És el contingut del quadre següent. I interrogar-se a partir d’aquestes dades si la seua magnitud és suficient per a concloure que la dimensió (per nombre de treballadors) de l’empresa és la causa fonamental per la qual el PIB per habitant dels valencians se situa a un 50% del dels bascos. Les diferències percentuals del quadre permeten, almenys, apuntar al fet que la potència explicativa d’aquest argument, tan reiterat per alguns gestors públics fins a convertir-lo en mantra, és més modesta del que es pretén.

D’altra banda, integrar la dimensió lil·liputenca de les empreses en l’explicació del baix nivell de renda dels valencians, el que fa és aïllar l’interrogant cap avant. Primerament, en ignorar els sectors en què es localitzen, la qual cosa és un variable clau de la productivitat agregada. Mai no serà la mateixa la d’una economia dominada per microempreses de les branques de la metal·lúrgia o de la programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica que la d’una economia alternativa en què l’activitat dominant siguen els serveis d’allotjament o el comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabacs (per atindre’s a la classificació CNAE 2009). I segon, en desplaçar la pregunta que cal contestar a: per què la dimensió de les empreses és tan reduïda.

La pregunta és, doncs, si aquesta diferència de dimensió respecte d’altres economies amb menys dificultats que la valenciana per a millorar la productivitat i crear ocupació de salaris mitjans o elevats és suficient per a atribuir-hi, després d’un procés de globalització i una revolució tecnològica que ho ha canviat gairebé tot, la responsabilitat principal del declivi. Recordeu que, com s’acaba d’indicar, segons l’estimació de l’INE, el 2017 el PIB per habitant del País Basc és un 50% (49,6%) superior al de la Comunitat Valenciana.

La tesi que s’intenta plantejar ací és que la causa de la baixa productivitat valenciana, i d’ací ve el baix nivell de renda per habitant, no és tant la dimensió de les empreses, que també ho sé, sinó les activitats que aquestes desenvolupen; això és, els sectors on es localitzen. Les conclusions d’un estudi ben concloent (Enrique Moral-Benito, 2018) que demostra per a Espanya que les empreses són menudes perquè tenen baixa productivitat, no que la seua baixa productivitat siga el resultat de ser menudes, pot ampliar-se per a la Comunitat Valenciana defensant que les empreses tenen baixa productivitat i, per tant, són menudes en gran manera perquè es localitzen majoritàriament en sectors en què la característica central és que tenen baixa productivitat. El corol·lari d’aquesta especialització són els salaris baixos. No és casualitat, per tant, que encara amb la deflació salarial general des del 2008, la mitjana siga, des de fa decennis, inferior a l’espanyola i estiga allunyada de les àrees on l’estructura sectorial de l’activitat és diferent. En l’últim any disponible la mitjana dels salaris a la Comunitat de Madrid, per exemple, és un 17% més elevada que a la Comunitat Valenciana.

Tot apunta al fet que estem davant de la confirmació de la dita clàssica segons la qual es cull el que se sembra. Si, com es fa des de fa dècades, es fomenta des de les polítiques públiques els sectors de baixa productivitat com són l’hostaleria (amb salaris mitjans inferiors en un 40% a la mitjana), el turisme o el comerç de proximitat, no pot sorprendre que el resultat siga el que és. Referent a això, cal esperar que la ràpida publicació de la suggestiva investigació que diferencia entre estructura productiva i model de creixement (Antonio F. Cubel, M. José. Murgi i Ramón Ruiz-Tamarit, 2018) suscite un debat imprescindible actualment entre nosaltres sobre les conseqüències de l’esbiaixada orientació de les polítiques públiques.

Amb això, seria possible argumentar amb rigor les implicacions tan nefastes que pot tindre la combinació entre la revolució tecnològica associada a la globalització i les polítiques econòmiques de la Generalitat Valenciana aferrades al conservadorisme de defensar quasi en exclusiva el que existeix (grans infraestructures, manufactura tradicional, construcció, turisme i hostaleria) i oblidar o, si s’estima més, situar en un pla molt secundari el fet de fomentar que es desenvolupe també entre nosaltres les activitats que són el futur (els serveis del terciari avançat). Als qui els semble exagerada l’afirmació anterior poden, com a exemple dels molts que n’hi ha, comparar dues informacions recents de premsa: el pressupost necessari per a promocionar el turisme de la Comunitat en 20 fires nacionals i 24 d’internacionals al llarg del 2019 i l’assignat per a projectes empresarials que contribuïsquen a la transformació del model econòmic.

I les causes de la causa del declivi

D’altra banda, la insistència tan habitual entre els economistes sobre la necessitat de modificar el model productiu per a revertir la trajectòria descrita fins ací, permet reprendre l’eufemisme més utilitzat per a explicar el que passa amb la trajectòria de l’economia valenciana: la seua especialització productiva. Que és considerada, almenys de manera implícita, conseqüència “natural” del funcionament de mercats competitius. Això és equivalent a considerar que la preponderància d’activitats, siga en la indústria o en els serveis, de modesta productivitat tant perquè la seua activitat requereix ocupacions de baixa qualificació com per les llacunes en la capacitat empresarial, és la conseqüència d’una interacció lliure d’interferències entre l’oferta i la demanda a partir d’una dotació de recursos donada.

Això, de nou, és fals. En aquest diagnòstic s’ignora la presència d’intervencions institucionals bé en forma de comportaments clientelistes, bé de posicions de domini. La qual cosa, al seu torn, permet defugir que en l’economia valenciana funcionen amb eficàcia ben notable els grups de pressió (i les posicions de domini d’algunes empreses). Per descomptat, per a defensar els seus interessos, que són la permanència d’aquest model de creixement de baixa productivitat que els ha portat, i els manté, en una posició privilegiada. Les conseqüències negatives del seu èxit per a millorar el benestar general se sumen, a més, a les provinents dels triomfs dels lobbies presents en el conjunt d’Espanya la capacitat dels quals d’influir sobre les decisions públiques ha demostrat Carlos Sebastián (Carlos Sebastián, 2016).

Tot això remet a dos aspectes suplementaris que en la pràctica han rebut molt poca atenció des de mitjan 2015. D’una banda, la qualitat de les institucions de la governança valenciana. D’una altra, l’avenç en la transparència en relació amb l’actuació dels grups de pressió que hi ha. Sobre el primer punt, a la recent publicació de l’informe sobre els costos econòmics del dèficit de qualitat institucional, a més de la corrupció, a Espanya (F. Alcalá Agulló i F. Jiménez Sánchez, 2018), no hi ha seguit cap iniciativa per a analitzar quin és el cost de les deficiències de governança entre nosaltres i quines mesures són necessàries per a corregir-les. Semblaria que, en aquest terreny, la Comunitat Valenciana fora un oasi dins del context espanyol, malgrat que en el passat recent ha sigut referència de tot el contrari. O que el canvi de gestors públics a la fi del juny del 2015 haguera corregit per si sol totes les rèmores acumulades des del juliol del 1995. Però ni la rendició de comptes, ni l’efectivitat governamental, ni la qualitat reguladora, o el respecte a la llei i els contractes, milloren automàticament després d’un canvi polític.

I sobre el segon aspecte esmentat, la transparència en l’actuació dels grups de pressió que operen entorn de l’Administració autonòmica, s’ha aconseguit ben poc des del canvi de gestors. Hui, com ahir, continuem sense saber res de les seues fonts de finançament. Tampoc no s’ha aconseguit fer realitat la inscripció de la immensa majoria com a tals en el registre de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC). En el terreny autonòmic, l’actual legislatura no ha tingut prou temps per a posar en marxa el registre previst en la Llei reguladora de l’activitat de lobby en l’àmbit de la Generalitat i del seu sector públic instrumental. La iniciativa va tindre l’origen el juliol del 2016. Però encara ara, al començament del 2019, continua en fase de projecte de llei.

Tornant a l’especialització sectorial de l’economia. Ni aquesta ni la tendència negativa del PIB per habitant en termes relatius descrita, que és el seu resultat principal, són fruit de la casualitat. En les investigacions sobre els accidents aeris sempre s’afirma que mai no tenen una única causa. L’escàs augment de la productivitat que resulta en aquest declivi de l’economia valenciana tampoc no es pot explicar en termes unicausals. Però en la consolidació d’una estructura productiva amb un fort predomini de sectors de baixa productivitat, caldria analitzar la transcendència desenvolupada, almenys, per dos elements habitualment poc considerats. D’una banda, les polítiques públiques posades en pràctica. I d’altra banda, l’escassa vinculació de la immensa majoria de les empreses valencianes amb els nous sistemes de producció sorgits amb l’avenç de la globalització. Una adaptació deficient que, almenys en part, pot considerar-se un efecte d’aquestes polítiques, ja que s’hi fixen els incentius i els desincentius a l’actuació dels agents privats.

A més, la valoració que cal fer de les polítiques seguides fins ara és inseparable de la incapacitat –si no desinterés– per a articular un marc d’incentius, tant normatius com pressupostaris, amb l’objectiu d’orientar la inversió privada cap a activitats capaces de generar un augment més alt de la productivitat. L’infrafinançament no pot ser-ne una excusa. L’ordenació de prioritats amb el que hi ha disponible és la part rellevant. Ja s’ha indicat que la dimensió lil·liputenca de l’empresa valenciana és un obstacle. Però, com s’ha tractat de mostrar, també ho és: i) en quins sectors es localitza la seua creació i/o funcionament, i amb aquests la de l’ocupació, ii) explicar per què la majoria són de baixa productivitat, iii) a quins obstacles institucionals per a desenvolupar-se fan front les iniciatives empresarials en els sectors de més productivitat i iv) la forta taxa de mortalitat de les iniciatives empresarials.

Les conseqüències negatives de la passivitat enfront dels privilegis i les posicions de domini de mercat o de les deficiències de producció i compliment de disposicions legals per la mateixa Administració són difícils d’exagerar. Per molts motius, com posen en relleu per al conjunt d’Espanya els estudis esmentats de Sebastián i d’Alcalá i Jiménez. Però a més d’aquest, pel fet que el seu funcionament desincentiva l’entrada d’emprenedors en el mercat en elevar les barreres a l’entrada. Tanmateix, l’ampliació del nombre d’emprenedors que passen a ser empresaris és imprescindible per a elevar l’eficiència. La diferència entre els empresaris que hi ha i els necessaris per a poder superar les dificultats és un altre aspecte també molt poc destacat.

Hui, com ahir, els interessos i les peticions de les organitzacions i els lobbies empresarials es continuen identificant amb l’interés general. En la situació valenciana actual, no obstant això, és menys cert que mai el tan repetit argument segons el qual el que és bo per als interessos dels membres, i per als qui representen, de les organitzacions empresarials més influents (algunes de les quals amb un nombre d’empresaris modestíssim per més que siguen els més poderosos) és bo per al país. És evident què ha comportat per al conjunt dels valencians l’eficàcia de la seua actuació com a grups de pressió.

En aquesta equiparació entre els empresaris necessaris per a fer front amb èxit als reptes per a augmentar el PIB per habitant i els empresaris que hi ha, s’ignora que les agrupacions d’empresaris poden, com a límit màxim, arribar a representar els interessos dels qui ja estan presents en el mercat. En el valencià, ple d’insuficiències, com s’ha tractat d’argumentar fins ací. A banda que no hauria d’ignorar-se que, com sabem des d’Adam Smith, el final inevitable de qualsevol reunió d’aquests és conspirar contra el públic o maquinar per a apujar els preus. Per tant, és ingenu esperar que entre els objectius d’aquests grups de pressió s’incloga l’augment de l’oferta d’empresaris. Els nous serien els seus competidors, i això és contrari als seus interessos.

En síntesi, estem, també entre nosaltres, davant de la urgència de reescriure les regles del funcionament de les interaccions entre els grups d’interessos i el poder polític sobre les quals el Nobel Stiglitz ha aportat intuïcions ben suggestives en relació amb la transcendència que aquest assegure la igualtat d’oportunitats entre els emprenedors (Joseph Stiglitz, 2016). Per tant, si es vol afrontar les causes del declivi del PIB per habitant de la Comunitat Valenciana i no solament tractar de posar remei a les seues conseqüències a través d’una Generalitat assistencial, caldrà véncer, almenys, dos obstacles. D’una banda, l’homenatge de l’Administració autonòmica cap a les pressions d’aquests grups de pressió. De l’altra, els somnis d’una economia valenciana autàrquica, capaç de progressar aïllada de les tendències dominants en el mercat global. Una quimera que, amb altres denominacions, continua fixada en els despatxos dels qui articulen aspectes clau de l’actual política econòmica de la Generalitat.

El que està en joc en aquesta reformulació de les regles és redreçar la tendència decreixent del benestar de la majoria dels valencians. Cal tindre clar que la seua amplitud, si la divergència respecte de les àrees geogràfiques riques continua augmentant, mai no podrà ser contrapesada mitjançant polítiques socials. Per això és urgent que, d’una situació com l’actual centrada a pal·liar les conseqüències socials del declivi, es passe a una altra en la qual en l’agenda de l’acció pública siga tan prioritari com la mesura anterior posar en pràctica altres mesures per a evitar les causes que fan necessàries polítiques socials d’aquesta intensitat.

Es tractaria, al capdavall, de fer que no quede només en paraules aquest nou contracte social proposat pel president de la Generalitat en el seu últim missatge de Cap d’Any, on vinculava la creació d’ocupació amb la igualtat d’oportunitats. Perquè si a alguna cosa s’oposen els grups de pressió que hui operen amb èxit en la societat valenciana és al fet que tots els emprenedors puguen consolidar-se com a empresaris i al fet que els empresaris de tots els sectors aconseguisquen el mateix tracte de què ells gaudeixen. Si no es concreta aquest anunci, com també apuntava Ximo Puig, pot arribar a posar-se en perill la mateixa democràcia, tercer puntal del compromís social proposat. Perquè hui és un risc cert que l’exasperació d’una part creixent dels ciutadans, als qui se’ls està demanant una paciència infinita fins a veure millorar la seua situació, acabe decantant-se pel populisme. És el que ha passat en altres societats amb una densitat democràtica molt superior a la valenciana, immerses actualment en una polarització social i un autoritarisme en els sistemes de govern impensables fa només uns quants anys

Referències

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Francisco Alcalá Agulló i Fernando Jiménez Sánchez, (2018), Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España, Madrid, Fundació BBVA.

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Ángel de la Fuente, (2018) “La dinámica territorial de la renta en España, 1955-2016: Una primera aproximación” en BBVA Research, Situació Comunitat Valenciana - Segon semestre, pàgs. 27-34.

Salvador Gil-Pareja, Rafael Llorca Vivero i Andrés J. Picazo Tadeo, (2016), “Crecimiento y productividad en la economía valenciana”, Papeles de economía española, núm. 148, 2016, pàgs. 202-215.

Enrique Moral-Benito, (2018). “Growing by learning: firm-level evidence on the size-productivity nexus”, SERIEs: Journal of the Spanish Economic Association, Springer;Spanish Economic Association, vol. 9(1),pàgs. 65-90, març.

Jordi Palafox, (2017), Cuatro vientos en contra. El porvenir de la economía española, Barcelona, Pasado & Presente.

Joseph Stiglitz, (2016), Rewriting the Rules of the American Economy, Nova York, W.W. Norton.

Daniel A. Tirado, Alfonso Díez-Minguela y Julio Martinez-Galarraga, (2016), “Regional inequality and economic development in Spain, 1860-2010”, Journal of Historical Geography, pàgs. 87-98.

En el seu apassionant Pensar rápido, pensar lentamente, Daniel Kahneman, Premi Nobel d’Economia el 2002, ens recorda que la interpretació de la realitat econòmica està dominada per les fal·làcies narratives. En elles, el nucli de la nostra il·lusió és la creença d’entendre el passat i el present, suposant, per això, que també el futur pot conéixer-se. Però la veritat, segons aquesta aproximació tan convincent de la psicologia econòmica, és que entenem el passat i el present menys del que creiem. I que, per tant, la nostra capacitat de preveure el futur és també menor de la que habitualment estem disposats a acceptar.

La seua constatació és aplicable a l’anàlisi de la situació de l’economia valenciana després d’haver deixat arrere, igual que el conjunt d’Espanya, la recessió més greu d’era estadística com ha posat en relleu un treball recent de Pons i Betrán en analitzar la crisi financera en perspectiva històrica. Probablement ha estat la crisi més profunda dels dos últims segles. En aqueix context, a l’obstacle apuntat per Kahneman per a aconseguir un diagnòstic rigorós se n’afigen molts altres, específics de la situació valenciana. Tots són molt rellevants i, en conjunt, constitueixen una societat dominada per la desconfiança, el descrèdit institucional i l’absència de punts de trobada entre percepcions contraposades resultat de concepcions del món diferents.

Són, per esmentar-ne només alguns, els efectes negatius sobre la confiança social –un element determinant, com recorda l’OCDE, per a abordar amb èxit els reptes col·lectius– del saqueig dels recursos públics dut a terme pels anteriors governants de la Generalitat o les conseqüències sobre la credibilitat de la vigorosa i eficaç activitat dels grups de pressió a convéncer els gestors públics, abans i ara, de la pretesa coincidència entre els seus interessos i els generals. Però també hi influeixen les noves formes d’informació i l’eclosió d’opinadors, al·lèrgics a contrastar les seues asseveracions amb la informació quantitativa disponible.

Tot això són símptomes d’una greu crisi institucional en què el desconcert ciutadà es fon amb el descrèdit dels representants públics. Enganyar-se en aquest terreny no serveix sinó per a agreujar les coses: la informació continguda en l’Enquesta de Valors de la Comunitat Valenciana de juny del 2017 no dóna ocasió al matís. Més de 6 de cada deu valencians (el 62,6%) estan en desacord o molt en desacord amb el fet que es pot confiar que els governants actuen de manera adequada. No solament. Set de cada deu (el 72,2%) opinen que la majoria dels polítics estan en política només pel que puguen traure personalment (subratllat meu). En molt pocs països de la UE el resultat és tan preocupant.

Una crisi més?

Per concisió, ací es deixaran de banda aqueixes dificultats per a concentrar l’atenció en el terreny econòmic. I ací, les fites del que s’ha esdevingut per la combinació de la fi de la desenfrenada especulació i la crisi financera internacional són coneguts. La punxada el 2008 de la descomunal bambolla immobiliària, aquella que les autoritats econòmiques de l’etapa 2004-2011 es van negar a reconéixer i, doncs, a moderar, va tenir un efecte demolidor sobre l’activitat i l’ocupació en una economia com la valenciana tan fortament bolcada cap aqueixa activitat. En sumar-s’hi la crisi financera iniciada a l’agost del 2007 i consolidada amb la fallida de Lehman Brothers al setembre de l’any següent, la reducció de l’ocupació va ser espectacular. A mitjan 2013 havien desaparegut quasi un de cada quatre dels llocs de treball existents a l’inici del 2008. I moltes de les ocupacions creades a partir de llavors, gràcies a la reforma laboral del 2012, ho serien amb unes condicions, i retribució salarial, inferiors.

Durant la recessió, igualment, es va produir la desaparició, de cap manera inevitable si no s’haguera perdut tant de temps en idees i a negar l’evident, d’entitats financeres centenàries com ara Bancaixa i CAM, considerades fins poc abans icones imperibles de la societat valenciana. Al seu torn, com que la recessió afectava més l’ocupació no qualificada, associable als sectors socials de menys ingressos, la conseqüència seria la disminució dràstica del seu nivell de vida i un augment no menys elevat de la desigualtat. El recent llibre de Francisco Goerlich detalla la magnitud de l’empobriment dels valencians

Que els fets principals siguen coneguts, tanmateix, no suposa tenir a l’abast amb una explicació robusta i àmpliament acceptada sobre com va poder consolidar-se, en sectors socials tan amplis, el miratge que aquesta vegada el resultat d’una bambolla, negada fins a la sacietat també pels governants autonòmics d’aquella etapa, seria diferent; que l’alça espectacular dels preus del sòl i dels habitatges no tindria fi. Ni tampoc, i sobretot, tenim una interpretació indiscutible de la gravetat assolida per la recessió. En especial pel que fa a la pervivència d’unes seqüeles tan importants una dècada després del seu inici. Altres economies del vell continent la van superar fa molts anys i segons els eurobaròmetres, en un bon nombre de països de la UE la desocupació ha deixat de formar part de les principals preocupacions de la seua població.

Així, malgrat ser tan limitada la memòria col·lectiva entre nosaltres, és molt probable que tant a la Comunitat Valenciana com a Espanya la Gran Recessió passe a ocupar un lloc semblant al de la Gran Depressió dels anys trenta en la societat nord-americana: un esdeveniment que marca un abans i un després. No és fàcil trobar exemples en el passat del fet que una crisi haja tingut unes seqüeles tan negatives ni tan duradores. N’hi ha prou d’assenyalar que hui, deu anys després del seu inici, la renda per habitant (en euros corrents, és a dir, sense tenir en compte la pèrdua de capacitat adquisitiva per la inflació) continua sent inferior a la del 2007. No és una situació general en les economies avançades exemplificades a Alemanya en el gràfic següent.

La interpretació del que ha esdevingut que pot de considerar-se ortodoxa destaca, sens dubte, factors molt rellevants. Però subsisteix el dubte si no hi ha variables omeses igualment destacades. Com és conegut, en aquesta interpretació la bambolla especulativa hauria estat el resultat d’un còctel amb dos ingredients principals. D’una banda, la brutal expansió de l’endeutament. Un fet vinculat, sens dubte, a la caiguda dels tipus d’interés davant de l’entrada en circulació de l’euro, però també a la supervisió (del Banc d’Espanya) i regulació (del ministeri d’Economia) tan laxes i a l’auge de la titulització hipotecària, això és, la venda de les hipoteques concedides per les entitats a grans fons d’inversió internacionals, la qual cosa els permetia traure-les dels seus balanços i continuar augmentant el crèdit concedit.

CAM i Bancaixa van ser actors destacats d’aquella quimera, trufada de corrupció i balafiament, convertida en malson a partir del 2008 sense que per això es reduïra el mal ús dels fons públics. Ha de recordar-se, no obstant això, que l’actuació d’ambdues entitats va ser possible, fins i tot afavorida, per un marc normatiu que ningú no va proposar reformar. Unes normes que fomentaven el nomenament d’administradors ignorants en qüestions financeres i que eren més que permissives amb els conflictes d’interés. Però la desfeta de les dues caixes es va produir, sobretot, per l’actuació tan irresponsable dels seus directius, que eren els que juntament amb els seus presidents realment les dirigien, a l’hora d’avaluar riscos.

Al seu torn, en la gravetat de la crisi, haurien influït tant la mateixa grandària assolida pel sector de la construcció, tres vegades superior en termes de PIB a la mitjana dels països de la UE, com l’elevat nivell d’endeutament de famílies i empreses (molt en especial immobiliàries). També, la profunditat de la crisi financera a què se sumaria el 2011 la del deute, davant del molt raonable dubte dels inversors internacionals sobre la capacitat del Regne d’Espanya, com d’alguns altres països de la UE, de poder fer front als seus venciments.

Cap a una economia de salaris baixos

Com ja s’ha insinuat, el dubte davant de l’explicació anterior és si no hi falten variables. La primera, sens dubte, l’augment mediocre de la productivitat. I una segona, l’impacte de la profunda transformació de l’economia mundial provocada per la revolució tecnològica i l’entrada en el mercat de nous països, entre els quals sobreïx la República Popular Xinesa. Aspectes tots dos que hui, com llavors, estan absents de l’agenda del govern autonòmic.

Atesa la brevetat d’aquest comentari, no és possible tractar-ne ací les múltiples dimensions. Sobre l’enigma de l’evolució mediocre de la productivitat, el director d’investigació de l’Ivie, Francisco Pérez, ha esbossat una explicació ben suggestiva respecte de la del capital, quasi sempre ignorada per tal com se centra l’atenció només en la del treball. Però no sobra recordar la seua referència a les debilitats del teixit empresarial, perquè les decisions estratègiques i organitzatives de les empreses, decisives en la seua productivitat, no les adopten els treballadors; les prenen els directius i els empresaris.

Ningú, no obstant això, no sembla interessat a debatre com superar les llacunes en la capacitació de directius i empresaris equiparables, en paraules de Chad Syverson, els directors d’orquestra únics capaç de transformar una cacofonia en una simfonia. És el que passa també amb els costos del tracte de favor rebut per alguns grups de pressió que, imposant els seus interessos, potencien –com destaca la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)– el balafiament de recursos i bloquegen la superació d’aqueixes llacunes. Simplement l’una i els altres, són eliminats de l’anàlisi.

El mateix passa amb les transformacions radicals provocades per l’avanç de la globalització que han consolidat les cadenes de valor com un dels elements centrals de la producció de béns i serveis. La incorporació a aquests de components produïts en àrees geogràficament molt allunyades entre si gràcies a la revolució impulsada per les tecnologies d’ús general (TUG), el Made in the World, ha suposat un canvi dràstic en les maneres de produir i comerciar. I a la vista de l’evolució tan mediocre del comerç exterior de la Comunitat Valenciana, destacat per Gil i Llorca, no sembla que el gros de la seua economia estiga adaptant-se amb èxit a aqueixos reptes.

Sense prendre en consideració aquests dos aspectes, resulta difícil explicar no sols que, com s’ha indicat, hui l’economia valenciana tinga, fins i tot en euros corrents, una renda per habitant inferior a la de fa deu anys, sinó que continue allunyada de la xifra d’ocupats de llavors. Les xifres positives de l’ocupació des del 2015 no poden amagar que el total (4t trimestre del 2017) continua sent inferior en 230.000 persones al màxim del començament del 2008. Ni que dins d’una Espanya integrada en el grup de cua dins de la UE en creació d’ocupació (juntament amb Grècia i Letònia) la Comunitat Valenciana, acompanyada d’Astúries i la Rioja, forma part del grup de cua entre les CA espanyoles.

Aquesta dificultat per a crear ocupació és un símptoma clar del fet que, com havia passat en les dues grans etapes anteriors de transformació de l’economia mundial –la Revolució Industrial i la primera etapa de la globalització entre els anys 1870 i 1914–, aquesta creació no és homogènia en el planeta. Una part del vell continent, i de manera molt destacada Espanya i dins seu la Comunitat Valenciana, no està adaptant-se per a ser una de les àrees afavorides per la creació de llocs de treball. Ni menys perquè siguen compatibles amb salaris elevats. Però no és una casualitat ni un resultat inexorable. És la conseqüència de l’absència tant d’incentius per a fomentar activitats diferents de les que ens han conduït fins ací com de mesures per a posar límit als privilegis obtinguts per aqueixos sectors, responsables d’on estem.

En aquest terreny tampoc no convé enganyar-se. Perquè enganyar-se és argumentar sense matisos que aquesta escassetat de nous llocs de treball de salaris elevats siga conseqüència que les noves tecnologies acaben amb ells, oblidant els creats de nou pel seu desenvolupament. Les xifres són tan nombroses com contundents. Des de la fallida de Lehman fins al desembre del 2017, als Estats Units, per exemple, s’han creat 10,5 milions de llocs de treball, sent com és una economia plenament afectada per la revolució tecnològica. No cal detenir-se en les xifres de països d’Àsia, uns quants centenars de milions de nous ocupats en els últims decennis, per a constatar que l’afirmació tan repetida que la revolució tecnològica destrueix ocupació neta és falsa: depén d’on.

A més, la seua recuperació insuficient està produint-se sense alterar les insuficiències ja cròniques de l’estructura productiva valenciana i del seu mercat laboral. Hui, com abans del 2007, els principals sectors de creació d’ocupació tornen a ser construcció i hostaleria. El resultat és que els guanys de productivitat són modestos i, per tant, modestes són les possibilitats de millorar els salaris. D’altra banda, l’elevat nivell de temporalitat laboral, davant de l’abús d’aquests contractes i la falta de voluntat per a modificar les normes que ho permeten. A la Comunitat Valenciana, com en el conjunt d’Espanya, el percentatge d’ocupats temporals (contractes de durada limitada en terminologia Eurostat) és, juntament amb Polònia, el més elevat de la UE, quasi el duple de la mitjana.

Al mateix temps, l’economia ha experimentat una forta deflació salarial. Ha afectat, en especial, els que van perdre la seua faena i han tornat a trobar ocupació. Ha estat part de l’ajust asimètric impulsat pel govern conservador sorgit de les eleccions del 2011 (i de les del 2015). Dins dels nivells salarials, la Comunitat Valenciana continua situada dins d’Espanya en un lloc de cua. No és una sorpresa. És la conseqüència del pes assolit pel turisme i l’hostaleria i, en general, els serveis de baix valor afegit. Perquè de totes les activitats previstes en l’Enquesta de Salaris de l’INE, l’hostaleria és on els salaris són més baixos: quasi un 40% inferiors a la mitjana i, com es reflecteix en els gràfics següents, més de tres vegades inferiors als de les del cap.

A més dels costos socials, aquest èmfasi en aqueixos sectors de baixa productivitat amb abundància de contractes temporals i precaris, també en té d’econòmics (i mediambientals): desincentiva invertir en formació en el lloc de treball, la qual és essencial per a l’adaptació als requeriments canviants del món laboral derivats de la globalització. És, doncs, discutible defensar com a solució als reptes a què ens enfrontem fomentar l’augment del pes d’aqueixes activitats i subvencionar, sense introduir canvis normatius, la formació en aquestes discriminant-les enfront de les altres. És probable que l’efecte principal de les ajudes anunciades fa poc pel president de la Generalitat siga simplement augmentar la rendibilitat empresarial.

El que s’ha esbossat fins ací remet en última instància a la posició cap a la qual es va movent la Comunitat Valenciana dins del nou mercat global. L’avanç de la globalització ha concentrat la posició de les economies al voltant de dos pols. En l’un se situen aquelles on es generen les noves tecnologies definides en un sentit ampli. En l’altre, aquelles amb nivells de vida molt més baixos, però amb una mà d’obra amb prou preparació per a produir o acoblar (de moment no idear ni dissenyar) a un cost inferior la major part dels béns i serveis coneguts.

Dins d’aqueix nou mercat global, el futur de societats com la valenciana és amenaçat per la competència des d’ambdós pols. El primer té molta més productivitat i tots els avantatges per a idear, projectar i desenvolupar béns i serveis d’alt valor afegit. El segon, té un cost inferior a l’hora d’acoblar aqueixos béns o proveir aqueixos serveis. El resultat, si no es modifica la tendència que segueix l’economia valenciana ajudada per polítiques públiques més que discutibles en el seu ordre de prioritats, és el seu afonament en el pol la competitivitat del qual es basa en salaris baixos.

Tot l’anterior, configura un panorama infestat d’obstacles que dificulten superar el declivi econòmic iniciat en els anys 80 del segle XX i agreujat per la Gran Recessió. No pot ignorar-se que, com demostra la investigació dirigida per Daniel Tirado, en termes relatius tant respecte d’Espanya, com de les seues àrees riques (Madrid, Catalunya i el País Basc), el PIB per habitant valencià ha experimentat un deteriorament notable pel que fa a la seua trajectòria de llarg termini. De manera molt especial, dins de la trajectòria espanyola no gens brillant respecte de Madrid. El 1980 la diferència amb aquesta era de 21 punts percentuals. Hui, 36 anys després, les xifres de l’Eurostat mostren que és de més del doble. En pocs anys, el PIB per habitant dels valencians serà la meitat del dels madrilenys.

Tot i que siga una obvietat, convé recordar que superar els obstacles exigeix, primer de tot, identificar-ne les causes i, després, tenir voluntat de resoldre-les. És una tasca col·lectiva en què, en contra de l’opinió de segments molt destacats de ciutadans, el sector públic, tot i ser fonamental, no ho és tot. Però si el seu esforç, com fins ara, es concentra a pal·liar les conseqüències, consolidant una Generalitat assistencial, en compte d’atacar les arrels dels problemes, el resultat segur serà la continuïtat del deteriorament del nivell de vida, encara que siga a un ritme menys vertiginós que durant el quinquenni 2008-2013.

Sintetitzant per acabar. Continuar excloent dins dels eixos de les polítiques públiques les causes (la baixa productivitat i els privilegis d’alguns grups d’interés), per les quals l’economia valenciana té unes dificultats per a crear ocupació tan elevades o per què la que crea és majoritàriament de qualificació modesta i baix salari, farà impossible aturar-ne el declivi. Ans al contrari, multiplicarà aqueixes fal·làcies narratives sobre les quals ens adverteix Kahneman mentre el desastre esdevé inevitable. I amb ell, l’aprofundiment de la greu crisi institucional en què, per més que es pretenga esquivar, estem.

PER A SABER-NE MÉS

Gil Pareja, Salvador i Rafael Llorca Vivero, (2017), El comportamiento del sector exportador Comunitat Valenciana, Sèrie Estudis Econòmics, núm. 5, Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Goerlich Gisbert, Francisco J., (2018), El empobrecimiento valenciano, València, Alfons el Magnànim.

Palafox, Jordi, (2017), Cuatro vientos en contra. El porvenir de la economía española, Barcelona, Pasado & Presente.

Serrano Martínez, Lorenzo et al., dirs. (2017), “La productividad del capital y de la economía española”, en Acumulación y productividad del capital en España y sus comunidades autónomas en el siglo XXI, Madrid, Fundación BBVA, pp. 63-92.

En su apasionante Pensar rápido, pensar despacioPensar rápido, pensar despacio, Daniel Kahneman, premio Nobel de economía en 2002, nos recuerda que la interpretación de la realidad económica está dominada por las falacias narrativas. En ellas, el núcleo de nuestra ilusión es la creencia de entender el pasado y el presente, suponiendo, por ello, que también el futuro puede conocerse. Pero lo cierto, según esta convincente aproximación de la psicología económica, es que entendemos el pasado y el presente menos de lo que creemos. Y que, por tanto, nuestra capacidad de prever el futuro es también menor de la que habitualmente estamos dispuestos a aceptar.

Su constatación es aplicable al análisis de la situación de la economía valenciana tras haber dejado atrás, al igual que el conjunto de España, la recesión más grave de era estadística como ha puesto de relieve un reciente trabajo de Pons y Betrán al analizar la crisis financiera en perspectiva histórica. Probablemente ha sido la crisis más profunda de los dos últimos siglos. En ese contexto, al obstáculo apuntado por Kahneman para alcanzar un diagnóstico riguroso se añaden muchos otros, específicos de la situación valenciana. Todos son muy relevantes y en su conjunto, éstos, conforman una sociedad dominada por la desconfianza, el descrédito institucional y la ausencia de puntos de encuentro entre percepciones contrapuestas resultado de concepciones del mundo diferentes.

Son, por mencionar solo algunos, los negativos efectos sobre la confianza social –un elemento determinante, como recuerda la OCDE, para abordar con éxito los desafíos colectivos- del saqueo de los recursos públicos realizado por los anteriores gobernantes de la Generalitat o las consecuencias sobre la credibilidad de la vigorosa y eficaz actividad de los grupos de presión en convencer a los gestores públicos, antes y ahora, de la supuesta coincidencia entre sus intereses y los generales. Pero también influye en ello las nuevas formas de información y la eclosión de opinadores, alérgicos a contrastar sus aseveraciones con la información cuantitativa disponible.

Todos ellos son síntomas de una grave crisis institucional en la cual el desconcierto ciudadano se funde con el descrédito de los representantes públicos. Engañarse en este terreno no sirve sino para agravar las cosas: la información contenida en la Encuesta de Valores de la Comunitat Valenciana de junio de 2017 no deja resquicio al matiz. Más de 6 de cada diez valencianos (el 62,6%) está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que se puede confiar en que los gobernantes actúen de forma adecuada. No sólo. Siete de cada diez (el 72,2%) opina que la mayoría de los políticos están en política sólo por lo que puedan sacar personalmente (subrayado mío). En muy pocos países de la UE el resultado es tan preocupante.

¿Una crisis más?

Por concisión, aquí se van a dejar de lado esas dificultades para concentrar la atención en el terreno económico. Y en él, los hitos de lo sucedido por la combinación del fin de la desenfrenada especulación y la crisis financiera internacional son conocidos. El pinchazo en 2008 de la descomunal burbuja inmobiliaria, aquella que las autoridades económicas de la etapa 2004-2011 se negaron a reconocer y por tanto a moderar, tuvo un efecto demoledor sobre la actividad y el empleo en una economía como la valenciana tan fuertemente volcada hacia esa actividad. Al sumarse a ella la crisis financiera iniciada en agosto de 2007 y consolidada con la quiebra de Lehman Brothers en septiembre del año siguiente, la reducción de la ocupación fue espectacular. A mediados de 2013 habían desaparecido casi uno de cada cuatro de los puestos de trabajo existentes a inicios de 2008. Y muchos de los empleos creados a partir de entonces, gracias a la reforma laboral de 2012, lo serían con unas condiciones, y retribución salarial, inferiores.

Durante la recesión, igualmente, se produjo la desaparición, en modo alguno inevitable si no se hubiera perdido tanto tiempo en ocurrencias y en negar lo evidente, de entidades financieras centenarias como Bancaja y CAM, consideradas hasta poco antes iconos imperecederos de la sociedad valenciana. A su vez, al afectar más la recesión al empleo no cualificado, asociable a los sectores sociales de menores ingresos, la consecuencia sería la drástica disminución de su nivel de vida y un aumento no menos elevado de la desigualdad. El reciente libro de Francisco Goerlich detalla la magnitud del empobrecimiento de los valencianos

Que los principales hechos sean conocidos, sin embargo, no supone contar con una explicación robusta y ampliamente aceptada acerca de cómo pudo consolidarse, en sectores sociales tan amplios, el espejismo de que esta vez el resultado de una burbuja, negada hasta la saciedad también por los gobernantes autonómicos de aquella etapa, iba a ser diferente; que el alza espectacular de los precios del suelo y de las viviendas no iba a tener fin. Ni tampoco, y sobre todo, tenemos una interpretación indiscutible de la gravedad alcanzada por la recesión. En especial en lo que concierne a la pervivencia de unas secuelas tan importantes una década después de su inicio. Otras economías del viejo continente la superaron hace muchos años y según los Eurobarómetros, en un buen número de países de la UE el desempleo ha dejado de formar parte de las principales preocupaciones de su población.

Así, a pesar de ser tan limitada la memoria colectiva entre nosotros, es muy probable que tanto en la Comunidad Valenciana como en España, la Gran Recesión pase a ocupar un lugar similar al de la Gran Depresión de los años treinta en la sociedad estadounidense: un acontecimiento que marca un antes y un después. No es fácil encontrar ejemplos en el pasado, en que una crisis haya tenido unas secuelas tan negativas ni tan duraderas. Baste señalar que hoy, diez años después de su inicio, la renta por habitante (en euros corrientes; esto es sin tener en cuenta la pérdida de capacidad adquisitiva por la inflación) sigue siendo inferior a la de 2007. No es una situación general en las economías avanzadas ejemplificadas en Alemania en el siguiente gráfico.

La interpretación de lo sucedido que puede considerarse ortodoxa destaca, sin duda, factores muy relevantes. Pero subsiste la duda de si no hay variables omitidas igualmente destacadas. Como es conocido, en ella la burbuja especulativa habría sido el resultado de un cóctel con dos ingredientes principales. Por un lado, la brutal expansión del endeudamiento. Un hecho vinculado, sin duda, a la caída de los tipos de interés ante la entrada en circulación del euro pero también a la laxa supervisión (del Banco de España) y regulación (del ministerio de Economía) y al auge de la titulización hipotecaria; esto es, la venta de las hipotecas concedidas por las entidades a grandes fondos de inversión internacionales, lo cual les permitía sacarlas de sus balances y seguir aumentando el crédito concedido.

CAM y Bancaja fueron actores destacadas de aquella quimera, trufada de corrupción y despilfarro, convertida en pesadilla partir de 2008 sin que por ello se redujera el mal uso de los fondos públicos. Debe recordarse, sin embargo, que la actuación de ambas entidades fue posible, incluso favorecida, por un marco normativo que nadie propuso reformar. Unas normas que fomentaban el nombramiento de administradores ignorantes en cuestiones financieras y que eran más que permisivas con los conflictos de interés. Pero el descalabro de las dos cajas se produjo, sobre todo, por la irresponsable actuación de sus directivos, que eran quienes junto a sus presidentes realmente las dirigían, a la hora de evaluar riesgos.

A su vez, en la gravedad de la crisis, habrían influido tanto el propio tamaño alcanzado por el sector de la construcción, tres veces superior en términos de PIB a la media de los países de la UE, como el elevado nivel de endeudamiento de familias y empresas (muy en especial inmobiliarias). También, la profundidad de la crisis financiera a la que sumaría en 2011 la de la deuda, ante la muy razonable duda de los inversores internacionales sobre la capacidad del Reino de España, como de algunos otros países de la UE, de poder hacer frente a sus vencimientos.

Hacia una economía de bajos salarios

Como ya se ha insinuado, la duda ante la explicación anterior es si en ella no faltan variables. La primera, sin duda, el mediocre aumento de la productividad. Y una segunda, el impacto de la profunda transformación de la economía mundial provocada por la revolución tecnológica y la entrada en el mercado de nuevos países, entre los que sobresale República Popular China. Aspectos ambos que hoy, como entonces, están ausentes de la agenda del gobierno autonómico.

Dada la brevedad de este comentario, no es posible tratar aquí sus múltiples dimensiones. Sobre el enigma de la mediocre evolución de la productividad, el director de investigación del Ivie, Francisco Pérez, ha esbozado una sugestiva explicación respecto a la del capital, casi siempre ignorada al centrar la atención sólo en la del trabajo. Pero no está de más recordar su referencia a las debilidades del tejido empresarial porque las decisiones estratégicas y organizativas de las empresas, decisivas en su productividad, no las adoptan los trabajadores; las toman los directivos y los empresarios.

Nadie, sin embargo, parece interesado en debatir cómo superar las lagunas en la capacitación de directivos y empresarios equiparables, en palabras de Chad Syverson, a los directores de orquesta únicos capaces de transformar una cacofonía en una sinfonía. Es lo que sucede también con los costes del trato de favor recibido por algunos grupos de presión que imponiendo sus intereses, potencian -como viene destacando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)- el despilfarro de recursos y bloquean la superación de esas lagunas. Simplemente una y otros, son eliminados del análisis.

Lo mismo sucede con las radicales transformaciones provocadas por el avance de la globalización que han consolidado las cadenas de valor como uno de los elementos centrales de la producción de bienes y servicios. La incorporación a ellos de componentes producidos en áreas geográficamente muy alejadas en entre sí gracias a la revolución impulsada por las tecnologías de uso general (TUG), el Made in the World, ha supuesto un cambio drástico en las formas de producir y comerciar. Y a la vista de la mediocre evolución del comercio exterior de la Comunidad Valenciana, destacado por Gil y Llorca, no parece que el grueso de su economía se esté adaptando con éxito a esos desafíos.

Sin tomar en consideración estos dos aspectos, resulta difícil explicar no sólo el que, como se ha indicado, hoy la economía valenciana tenga, incluso en euros corrientes, una renta por habitante inferior a la de hace diez años, sino el que siga alejada de la cifra de ocupados de entonces. Las positivas cifras del empleo desde 2015 no pueden ocultar que el total (4º trimestre de 2017) sigue siendo inferior en 230.000 personas al máximo de comienzos de 2008. Ni que dentro de una España integrada en el grupo de cola dentro de la UE en creación de empleo (junto a Grecia y Letonia) la Comunidad Valenciana, acompañada de Asturias y La Rioja, forma parte del grupo de cola entre las CC.AA españolas.

Esta dificultad para crear empleo es un síntoma claro de que, como sucediera en las dos grandes etapas anteriores de transformación de la economía mundial -la Revolución Industrial y la primera etapa de la globalización entre 1870 y 1914-, su creación no es homogénea en el planeta. Una parte del viejo continente, y de manera muy destacada España y dentro de ella la Comunidad Valenciana, no se está adaptando para ser una de las áreas favorecidas por la creación de puestos de trabajo. Ni menos para que los compatibles con salarios elevados. Pero no es una casualidad ni un resultado inexorable. Es la consecuencia de la ausencia tanto de incentivos para fomentar actividades diferentes a las que nos han conducido hasta aquí como de medidas para poner coto a los privilegios obtenidos por esos sectores, responsables de donde estamos.

En este terreno tampoco conviene engañarse. Porque engañarse es argumentar sin matices que esta escasez de nuevos puestos de trabajo de salarios elevados sea consecuencia de que las nuevas tecnologías acaban con ellos, olvidando los nuevos creados por su desarrollo. Las cifras son tan numerosas como contundentes. Desde la quiebra de Lehman hasta diciembre de 2017 en Estados Unidos, por ejemplo, se han creado 10,5 millones de empleos siendo como es una economía plenamente afectada por la revolución tecnológica. No es necesario detenerse en las cifras de países de Asia, varios cientos de millones de nuevos ocupados en los últimos decenios, para constatar que la tan repetida afirmación de que la revolución tecnológica destruye empleo neto es falsa: depende de dónde.

Además, su insuficiente recuperación se está produciendo sin alterar las insuficiencias ya crónicas de la estructura productiva valenciana y de su mercado laboral. Hoy, como antes de 2007, los principales sectores de creación de empleo vuelven a ser construcción y hostelería. El resultado es que las ganancias de productividad son modestas y, por tanto, modestas son las posibilidades de mejorar los salarios. Por otro lado, el elevado nivel de temporalidad laboral, ante el abuso de estos contratos y la falta de voluntad para modificar las normas que lo permiten. En la Comunidad Valenciana, como en el conjunto de España, el % de ocupados temporales (contratos de duración limitada en terminología Eurostat) es, junto a Polonia, el más elevado de la UE, casi duplo de su media.

Al mismo tiempo, la economía ha experimentado una fuerte deflación salarial. Ha afectado, en especial, a quienes perdieron su empleo y han vuelto a encontrar ocupación. Ha sido parte del ajuste asimétrico impulsado por el gobierno conservador surgido de las elecciones de 2011 (y de las de 2015). Dentro de los niveles salariales, la Comunidad Valenciana sigue situada dentro de España en un lugar de cola. No es una sorpresa. Es la consecuencia del peso alcanzado por el turismo y la hostelería y en general los servicios de bajo valor añadido. Porque de todas las actividades contempladas en la Encuesta de Salarios del INE, la hostelería es en donde éstos son más bajos: casi un 40% inferiores a la media y, como se refleja en los gráficos siguiente, más de tres veces inferiores a los de las de cabeza.

Además de los costes sociales, este énfasis en esos sectores de baja productividad con abundancia de contratos temporales y precarios, también los tiene económicos (y medioambientales): desincentiva invertir en formación en el puesto de trabajo. La cual es esencial para la adaptación a los cambiantes requerimientos del mundo laboral derivados de la globalización. Resulta, por tanto, discutible defender como solución a los desafíos a los que nos enfrentamos fomentar el aumento del peso de esas actividades y subvencionar, sin introducir cambios normativos, la formación en ellas discriminándolas frente a las demás. Es probable que el efecto principal de las ayudas anunciadas hace poco por el presidente de la Generalitat sea simplemente aumentar la rentabilidad empresarial.

Lo esbozado hasta aquí, remite en última instancia a la posición hacia la que se va moviendo la Comunidad Valenciana dentro del nuevo mercado global. El avance de la globalización ha concentrado la posición de las economías en torno a dos polos. En uno se sitúan aquellas en donde se generan las nuevas tecnologías definidas en un sentido amplio. En el otro, aquellas con niveles de vida mucho menores pero con una mano de obra con preparación suficiente para producir o ensamblar (de momento no idear ni diseñar) a un coste inferior la mayor parte de los bienes y servicios conocidos.

Dentro de ese nuevo mercado global, el futuro de sociedades como la valenciana se ve amenazado por la competencia desde ambos polos. El primero tiene mucha más productividad y todas las ventajas para idear, proyectar y desarrollar bienes y servicios de alto valor añadido. El segundo, cuenta con un coste inferior a la hora de ensamblar esos bienes o proveer esos servicios. El resultado, de no modificarse la tendencia que viene siguiendo la economía valenciana ayudada por políticas públicas más que discutibles en su orden de prioridades, es su hundimiento en el polo cuya competitividad se basa en salarios bajos.

Todo lo anterior, configura un panorama plagado de obstáculos que dificultan superar el declive económico iniciado en los años 80’s del siglo XX y agravado por la Gran Recesión. No puede ignorarse que, como demuestra la investigación dirigida por Daniel Tirado, en términos relativos tanto respecto a España, como a sus áreas ricas (Madrid, Cataluña y el País Vasco), el PIB por habitante valenciano ha experimentado un deterioro notable respecto a su trayectoria de largo plazo. De forma muy especial, dentro de la nada brillante trayectoria española respecto a Madrid. En 1980 la diferencia con ella era de 21 puntos porcentuales. Hoy, 36 años después, las cifras del Eurostat muestran que es de más del doble. En pocos años, el PIB por habitante de los valencianos será la mitad del de los madrileños.

Aunque sea una obviedad conviene recordar que superar los obstáculos exige, primero, identificar sus causas y, después, tener voluntad de resolverlas. Es una tarea colectiva en donde, en contra de la opinión de segmentos muy destacados de ciudadanos, el sector público, siendo fundamental, no lo es todo. Pero si su esfuerzo, como hasta ahora, se concentra en paliar las consecuencias, consolidando una Generalitat asistencial, en lugar de atacar las raíces de los problemas, el resultado seguro será la continuidad del deterioro del nivel de vida aunque sea un ritmo menos vertiginoso que durante el quinquenio 2008-2013.

Sintetizando para finalizar. Seguir excluyendo dentro de los ejes de las políticas públicas las causas (la baja productividad y los privilegios de algunos grupos de interés), por las cuales la economía valenciana tiene unas dificultades para crear empleo tan elevadas o por qué el que crea es en su mayor parte de modesta cualificación y bajo salario, hará imposible detener su declive. Por el contrario, multiplicará esas falacias narrativas sobre las que nos advierte Kahneman mientras el desastre se hace inevitable. Y con él, la profundización de la grave crisis institucional en la, por más que se pretenda soslayar, estamos.

PARA SABER MÁS

Gil Pareja, Salvador y Rafael LLorca Vivero, (2017), El comportamiento del sector exportador Comunitat Valenciana, Sèrie Estudis Econòmics, nº. 5, Conselleria d’economia sostenible, sectors productius, comerç i treball.

Goerlich Gisbert, Francisco J., (2018), El empobrecimiento valenciano, Valencia, Alfóns El Magnànim.

Palafox, Jordi, (2017), Cuatro vientos en contra. El porvenir de la economía española, Barcelona, Pasado & Presente.

Serrano Martínez, Lorenzo et al., dirs. (2017), La productividad del capital y de la economía española, en Acumulación y productividad del capital en España y sus comunidades autónomas en el siglo XXI, Madrid, Fundación BBVA, pp. 63-92.